Feijóo dibuja una España en ruinas y carga contra Sánchez pero esquiva concretar qué país quiere

Alberto Núñez Feijóo compareció este miércoles en la sede nacional del Partido Popular para hacer balance del curso político antes del parón estival y anunciar que España ha entrado en la “cuenta atrás para el cambio”. Sin embargo, la intervención sirvió principalmente para hacer un balance contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y especialmente de los procedimientos judiciales que afectan al entorno del líder socialista.

El líder del PP estructuró su discurso alrededor de tres grandes ideas: devolver la “decencia” a las instituciones, conseguir que el país vuelva a “funcionar” y lograr que “trabajar valga la pena”. Pero su intervención no se limitó a la corrupción. Habló de vivienda, sanidad, infraestructuras, inmigración, seguridad, salarios, incendios, energía y política exterior. Pero el reparto del tiempo y el contenido de sus propuestas revelaron otro balance.

Feijóo fue extraordinariamente concreto al acusar, señalar responsables y anticipar el futuro de las investigaciones judiciales. En cambio, fue mucho más impreciso a la hora de explicar cómo respondería un Gobierno suyo a algunos de los principales problemas del país ni tampoco concretó cómo resolvería algunas de las contradicciones del PP.

Tribunales y ataques a Sánchez

Feijóo dedicó buena parte del primer bloque de su intervención a presentar la corrupción como la característica definitoria del Gobierno. Enumeró procesos, investigados y delitos, afirmó que la corrupción había llegado al “corazón del Estado”, identificó a Sánchez como el “señor X” y el “nexo político corruptor” y aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no habría podido delinquir sin el respaldo del actual Ejecutivo.

El presidente del PP no se limitó a exigir responsabilidades políticas. Anticipó acontecimientos judiciales aún no producidos, habló de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, sentada ante un jurado popular, de las hijas de Zapatero en un juzgado, de posibles confesiones de investigados y de una eventual financiación ilegal del PSOE. “Sánchez no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país”, sentenció. Ese nivel de detalle y contundencia contrasta con la vaguedad de su promesa de “limpieza a fondo”, ni tan solo cuando fue preguntado por propuestas concretas sobre regeneración. “No será un relevo, será una limpieza total”, se limitó a asegurar.

Tampoco sometió a examen los estándares internos de su partido. El discurso no incluyó un balance sobre la respuesta del PP ante las polémicas, investigaciones o responsabilidades políticas que afectan a sus propios dirigentes. El expresidente valenciano Carlos Mazón —que mantiene su acta como diputado en Les Corts— no fue mencionado y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, únicamente cuando fue preguntado por él en el turno de preguntas. “En esta casa, tiene un expediente informativo abierto. Y el partido en la Comunidad de Madrid tiene una posición confiando en su inocencia. Veremos lo que dicen los tribunales”, señaló. No explicó qué criterio utilizará para exigir dimisiones en el PP ni si será el mismo que reclama para el PSOE.

Los derechos laborales tras la polémica de las bajas

Feijóo dedicó un bloque importante a defender que “trabajar valga la pena”. Habló del encarecimiento de los alimentos, de la pérdida de poder adquisitivo, del pluriempleo, de los salarios reales y de la situación de los jóvenes. También criticó la presión fiscal, el gasto público, la productividad y el absentismo laboral, cuestiones que afectan directamente a millones de trabajadores, pero el problema aparece al buscar las soluciones.

Tras la polémica por las bajas, únicamente señaló que “el absentismo laboral es preocupante” y que “hoy es más del doble que el que teníamos en 2018”. Según datos oficiales, 1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días. La mayoría, eso sí, lo hace porque cuenta con una baja médica acreditada (el 80%, según Randstad) o porque disfruta de un permiso retribuido, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor. Feijóo no diferenció entre fraude, bajas médicas, enfermedades profesionales y problemas derivados de unas condiciones laborales deficientes. 

La principal propuesta económica del discurso fue conseguir que el salario medio aumente y que el crecimiento beneficie más a los ciudadanos que a Hacienda. Pero Feijóo no explicó mediante qué instrumentos conseguiría elevar los sueldos ni si para ello quiere involucrar al diálogo social. No planteó compromisos sobre negociación colectiva, salarios mínimos, inspección laboral, temporalidad, jornadas, conciliación, formación o participación de los trabajadores en los beneficios empresariales. Es más, las propuestas que se han planteado desde el Gobierno como la reducción de jornada han sido rechazadas por la formación.

Tampoco hizo balance de la posición mantenida por el PP ante las reformas laborales del último curso. No explicó su alternativa a la reducción de la jornada, ni qué propone para reforzar el derecho a la desconexión o mejorar el control horario. Su idea de que trabajar debe ofrecer una vida mejor se apoyó, principalmente, en rebajar impuestos y favorecer el crecimiento privado. “Vivimos un infierno de impuestos”, señaló, una de las consignas falsas que más ha repetido a lo largo de estos años.

Vivienda: jóvenes, impuestos y okupación

La vivienda fue uno de los asuntos sobre los que Feijóo sí formuló compromisos identificables “Tomar decisiones sin medir las consecuencias ha ocasionado que hoy la vivienda sea el primer problema de este país”, señaló. Prometió desbloquear suelo para construir un millón de viviendas, reducir un 60% los impuestos que pagan los jóvenes al adquirir una casa y reforzar la seguridad jurídica frente a la okupación. Pero su planteamiento dejó muchas preguntas relevantes sin contestar.

No detalló cuántas de esas viviendas serían públicas ni tendrían protección permanente o en qué plazo se construirían. Tampoco explicó cómo evitaría que las ventajas fiscales terminen incorporadas al precio de venta, qué medidas aplicaría para contener los alquileres en las zonas más tensionadas o qué haría frente a la proliferación de pisos turísticos.

La vivienda fue presentada esencialmente como un problema de falta de oferta y de inseguridad para los propietarios. No mencionó la especulación, los desahucios — como el caso de Paquita, una mujer de 82 años a la que quieren echar de su casa para convertir el bloque en apartamentos turísticos—, la escasez de parque público y la dificultad de acceder a una vivienda incluso para quienes tienen empleo.

Violencia machista desde el punitivismo

Feijóo apenas mencionó la violencia machista. Afirmó que actualmente hay más víctimas que hace ocho años y prometió una España “más segura para las mujeres”. Su propuesta concreta fue ampliar la prisión permanente revisable a los agresores sexuales reincidentes y encuadró este tipo de violencia estructural dentro de un bloque general sobre inseguridad, junto con los homicidios, el narcotráfico, las agresiones sexuales y los ataques contra las fuerzas de seguridad. La respuesta planteada fue fundamentalmente penal: endurecer las condenas y reforzar la capacidad de actuación policial.

No habló de prevención, ni de atención psicológica, recursos de acogida, dependencia económica de las víctimas, juzgados especializados, formación de policías y operadores jurídicos o protección de los menores expuestos a la violencia vicaria. Tampoco analizó el funcionamiento de los mecanismos de valoración del riesgo ni explicó qué reformas introduciría para impedir que una mujer amenazada quede fuera del sistema de protección.

Incendios sin emergencia climática

El presidente del PP también habló de los incendios. Trasladó su solidaridad a los afectados por el fuego en Guadalajara y reprochó al Gobierno que no exista una estrategia para prevenir unos riesgos naturales que, según reconoció, se sufren “con mayor intensidad” que antes. Feijóo habló de “riesgos naturales”, como los incendios, las inundaciones y las sequías como fenómenos ante los que la Administración debe reaccionar, pero eludió explicar cómo el aumento de las temperaturas y los episodios meteorológicos extremos multiplican su frecuencia y gravedad. Es más, en privado fuentes de la dirección incidían en que la “emergencia climática” no puede ser “el argumento” del Gobierno para todo. 

No desarrolló una política de prevención forestal durante todo el año, ni explicó cómo garantizaría la estabilidad de las plantillas de extinción, cómo combatiría el abandono rural o qué coordinación establecería entre el Estado y las comunidades autónomas. Tampoco habló de ordenación del territorio, adaptación climática, urbanismo en zonas de riesgo o financiación de los municipios más expuestos, cuestiones clave para los expertos.

Su alternativa energética quedó resumida en defender la prórroga de las centrales nucleares y en reclamar más redes para conectar viviendas e industrias. “¿Cuánto más vamos a esperar a decidir la prórroga de las nucleares?”, preguntó retóricamente. “No hay ni la red eléctrica que se necesita para conectar nuevas viviendas o nuevas industrias. ¿Puede haber mayor despropósito en la gestión que esto?”, añadió. Feijóo también reclamó una estrategia energética “sostenible”, pero no definió qué entiende por sostenibilidad ni cómo compatibilizaría sus objetivos industriales con la reducción de emisiones.

Inmigración, la prioridad nacional y la vuelta a la “ley de nietos”

La inmigración ocupó un espacio considerable en la intervención. Feijóo denunció una regularización “masiva”, alertó sobre la concesión de derechos a millones de personas con la “falsa ley de nietos” y pidió que se paralicen las nacionalizaciones. También exigió al Gobierno que revoque la instrucción ministerial que desarrolla la Ley de Memoria Democrática de 2022. Defendió una inmigración con “humanidad”, pero también con “orden”, “reglas” y “capacidad”.

No concretó, sin embargo, las vías legales y seguras que ofrecería, los mecanismos de integración, la respuesta a la explotación laboral de los migrantes, el funcionamiento del sistema de asilo o el reparto de menores entre comunidades. Detalles, dijo, que ya dará el PP en el futuro. Tampoco aclaró hasta dónde asumiría el marco de Vox sobre “prioridad nacional” para mantener sus alianzas, tras el reciente acuerdo para convertir esa consigna en ley en la Comunitat Valenciana.

Política exterior: sin rastro de Gaza

Feijóo cerró su discurso con una referencia a la política internacional. Reclamó que los acuerdos sobre defensa, Gibraltar, Marruecos o China se sometan al Congreso, y defendió como principios el europeísmo, el atlantismo, la relación con Iberoamérica y el Estado de derecho. No mencionó Gaza ni a Israel en ningún momento.

La ausencia resulta significativa en una comparecencia de balance político. Feijóo no explicó qué posición mantendría ante el Gobierno de Israel, qué medidas apoyaría para proteger a la población palestina, qué política seguiría sobre el comercio de armas ni cómo compatibiliza el atlantismo con una política exterior propia dentro de la Unión Europea.

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También evitó concretar el gasto en defensa que asumiría un Gobierno del PP. Criticó que el Ejecutivo haya comprometido miles de millones sin votación parlamentaria, pero no aclaró qué cifra considera adecuada ni qué partidas presupuestarias ajustaría para financiarla.

Vox y Junts, ni contigo ni sin ti

El discurso de Feijóo tampoco resolvió la principal dificultad parlamentaria del líder del PP, sus alianzas, si bien ha dejado claro en entrevistas recientes que deberá entenderse con la extrema derecha y ha abierto la puerta a gobernar con Santiago Abascal en coalición, emulando lo ocurrido en las comunidades autónomas en las que los han necesitado.

El líder del PP presentó al Ejecutivo como políticamente agotado y parlamentariamente bloqueado. Recordó que una mayoría del Congreso había reclamado la dimisión de Sánchez y elecciones, y afirmó que la legislatura no da más de sí. Pero no mencionó la moción de censura ni mostró una mayoría capaz de investirlo. Su alternativa continúa atrapada entre dos fuerzas incompatibles. Necesita a Vox para sumar por la derecha, pero esa alianza dificulta cualquier entendimiento con los partidos nacionalistas. Al mismo tiempo, reivindica votaciones coincidentes con Junts mientras acusa a Sánchez de someterse a sus exigencias.