El desahucio de Paquita como síntoma de la especulación sin fin en el centro de Madrid

Francisca López Ruiz, “Paquita”, tiene 82 años y ha vivido los últimos 28 en la calle Santa Ana de Madrid. Lleva más de medio siglo en el barrio de La Latina, a donde llegó desde su Huelva natal. Hasta este miércoles, que es cuando estaba prevista la ejecución del desahucio sobre la vivienda que comparte con su hijo Carlos, de 47 años. "He cumplido siempre con el pago de mi alquiler y esta es mi casa. A mis 82 años, lo único que quiero es poder seguir viviendo aquí, en el barrio donde he hecho mi vida", declara a través de la asociación de vecinos La Chispera, que la ayuda en este trance.

Paquita y su hijo conviven con el pesar de saber que van a tener que irse de su casa, pero también con la extrema incertidumbre que generan los procesos judiciales de desahucio. En la mañana del martes, esperaban a una comitiva judicial que aparecería hoy miércoles en su casa, pero poco después de las ocho de la tarde, coincidiendo también con una presión social y mediática en aumento, su abogado informaba de que el lanzamiento se posponía. "Lo tomamos como gran noticia", señalan sus vecinos, quienes a su vez pedían mantener el pulso: "Seguimos necesitando que Paquita no esté sola, porque un aplazamiento sin alternativa habitacional deja intacto el problema".

"Pedimos un poco de tiempo"

El edificio era propiedad de una única persona, pero pasó a sus herederos tras el fallecimiento de la dueña y ahora va camino de convertirse en un bloque destinado a la vivienda turística, según afirman desde la asociación. La sociedad propietaria del edificio, Tolesanta SL, tiene "docenas de viviendas en la zona", detallan, y por eso su intención es que les den "un tiempo razonable antes de echarla" para poder buscarle una alternativa en el barrio a la mujer. “No pedimos ganarles, porque judicialmente se han agotado las vías, pedimos un poco de tiempo para poder encontrar otra casa en el barrio”, señala Daniel Piedrabuena, portavoz de la agrupación vecinal.

Tras fracasar en sus intentos ante los tribunales, Paquita y su hijo saben que tendrán que abandonar el piso, pero piden tiempo para poder encontrar una casa en su vecindario de toda la vida. “Es una persona de 82 años para la que son importantes los vínculos con el barrio: salir a merendar con su amiga, darse su paseo por el barrio, ir a las tiendas de siempre que quedan…”, señala el portavoz. “A su edad, esas pequeñas relaciones de proximidad no son un detalle menor, sino un elemento fundamental para mantener la autonomía”.

Pero salir al mercado del alquiler en un barrio como La Latina, y más siendo una persona mayor que podría ser considerada vulnerable —está diagnosticada de parkinson—, es casi una garantía de no poder encontrar nada. “No son insolventes económicamente; entre los dos tienen ingresos suficientes y han pagado religiosamente el alquiler siempre”, detalla Piedrabuena, pero por el momento no tiene un sitio al que ir y tampoco los resortes sociales han sabido darle una solución.

Paquita pagaba "religiosamente" 1.150 euros de alquiler, pero si algo ha demostrado el mercado es que el arrendamiento se ha hecho inaccesible también para las personas que pueden pagar. Entre quienes abonan una renta, cuatro de cada diez hogares ya destinan más del 40% de sus ingresos solo al pago de la mensualidad, según el Consejo General de Economistas. Si se observan los cuartiles de población con menos renta, la cosa se complica más y el bocado a los presupuestos alcanza el 70% de los ingresos medios. Es decir, de todo el dinero que ganan, solo un 30% queda libre para comer, vestirse, desplazarse o afrontar gastos corrientes.

La historia de Paquita tiene paralelismos con otras en las que un cambio de manos en la propiedad y la espectacular rentabilidad del mercado inmobiliario han hecho que la balanza se decante hacia el negocio turístico. Porque mantener los alquileres de larga duración no resulta una opción tan lucrativa. En Madrid la ley dicta que para poder tener una licencia de vivienda turística, todo el edificio debe estar dedicado a ese fin, de forma que estos pisos no convivan con otros de uso residencial. La normativa del Ayuntamiento estipula que no se den licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico “para garantizar una oferta turística ordenada y legal”, recoge una nota del consistorio madrileño. Algo que, lejos de hacer retroceder a los inversores, ha provocado que se fuerce la salida de muchos vecinos que llevan tiempo en los inmuebles.

Pese al aplazamiento del desahucio de Paquita, la asociación vecinal ha mantenido una convocatoria de protesta este miércoles a las 10:30 h ante su vivienda, a la vez que hace un llamamiento a los vecinos del barrio con viviendas en alquiler para que le ofrezcan una alternativa a la familia. “En un barrio gentrificado como este, donde compites con cientos de personas por un piso, conseguir una casa requiere tiempo”, señala Piedrabuena. Pero tiempo es justo lo que no tienen, porque el plazo para abandonar la vivienda expira ya y el aplazamiento no establece ningún margen específico de tiempo.

Acción vecinal para "salvar" edificios

“Mientras el Plan Reside —la norma del consistorio madrileño que regula el uso de las viviendas— siga facilitando la especulación en los barrios en vez de defender los hogares de la vecindad, este tipo de prácticas seguirán campando a sus anchas”, protestan desde la agrupación. “Las empresas seguirán desarrollando estrategias de expulsión de las vecinas para poder hacer negocio con sus hogares”, concluyen. De hecho, hartos de que estas situaciones se repitan, han decidido unirse para denunciar las viviendas turísticas ilegales que detectan en el barrio.

Sobre la empresa propietaria, La Chispera señala que se dedica de manera profesional a explotar viviendas turísticas: "Se dedica a la reforma de inmuebles para su explotación turística, en muchos casos, como el que nos ocupa, mediante la expulsión de los antiguos inquilinos", apuntan en una nota de prensa. Por otro lado, mencionan también que la empresa ha tenido una sanción reciente tras un pleito con vecinos que se dirimió en la Audiencia Provincial de Madrid. Tal como relata elDiario.es, la sentencia llevó a clausurar cinco pisos de Tolesanta por molestias y ruidos que afectaban a los inquilinos habituales.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Tolesanta para recoger su versión, aunque a fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.

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La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) lleva tiempo protestando por el fenómeno de las viviendas de uso vacacional y denunciando que hay una alta cantidad de pisos que operan sin las licencias oportunas. Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

Desde la Chispera también han decidido tomar la iniciativa contra este fenómeno. "Estamos organizando diferentes actividades para hacer barrio, pero una parte de nuestra actividad va por la lucha contra los pisos turísticos, a los que además estamos empezando a denunciar ya", explica Piedrabuena. Lo que han hecho es mapear el barrio e ir presentando denuncias ante el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda. "Hemos detectado más de 800 pisos turísticos ilegales solo en nuestro barrio", señala el portavoz.

Por ahora, solo notifican su presencia a las Administraciones para que hagan algo, pero no siempre reciben respuesta. La Comunidad ha sido la única en contestar, señalan, aunque solo para pedirles más documentación y, pese a que llevan poco tiempo con esta iniciativa de denuncias, esperan que sirva para mostrar la magnitud del problema. "Es lo único que podemos hacer por ahora sin tener que meternos en juicios", apunta el portavoz de La Chispera. "Cuando en un bloque hay pisos turísticos y aún quedan vecinos viviendo tratamos de pelear —porque eso es ilegal—, pero si ya solo quedan viviendas vacacionales damos el edificio por perdido", concluye.