Vox incendia la 'vía andaluza' de Moreno

Solo han pasado tres semanas desde que Juanma Moreno fue investido por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía, y ya ha tenido que lidiar con más de un “incendio”, tanto en el sentido literal como en el figurado. La coalición con Vox, a la que Moreno accedió sin demasiadas resistencias después de perder la mayoría absoluta, no solo ha incorporado a la extrema derecha al Consejo de Gobierno, sino que también ha introducido en la Junta un foco permanente de contestación interna que pone a prueba la capacidad del presidente para dirigir a su propio socio.

Moreno había reconocido que su preferencia era gobernar en solitario, pero no lo consiguió. La formación de Santiago Abascal rechazó desde un primer momento facilitar su investidura sin un acuerdo pese a que el candidato del PP solo necesitaba dos votos y exigió una vicepresidencia, competencias de gestión, capacidad para realizar nombramientos y una plataforma institucional desde la que defender su agenda, como ya había hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente andaluz aceptó esas condiciones tras una primera votación fallida. Desde entonces, cada conflicto protagonizado por Vox ha dejado de ser un problema externo para convertirse en uno interno, del que Moreno ya no puede marcar distancias. La formación de Abascal necesita demostrar que su entrada en San Telmo no ha servido para acomodarse al PP, sino para corregirlo. Así, trata de presentar cada cesión como una victoria propia, mantiene activas sus guerras ideológicas y conserva la libertad de criticar cualquier decisión que considere demasiado “moderada”.

Dos versiones sobre una tragedia

La coalición empezó a caminar bajo el impacto de una tragedia. El día previsto para la toma de posesión de los nuevos consejeros, Andalucía amaneció golpeada por el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. Moreno se desplazó al puesto de mando avanzado instalado en el municipio de Turre y señaló que el cambio climático estaba influyendo de manera importante en la violencia de los incendios “cada vez más complejos”, distintos de los conocidos hasta ahora y en ocasiones casi “inabordables”. Su diagnóstico se aproximó más al expresado sobre el terreno por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al defendido por el nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El dirigente de Vox respondió pocos días después en una entrevista en El Debate. Se declaró “harto” de los políticos que recurren al cambio climático para “eludir sus responsabilidades” cuando se producen catástrofes. Sus palabras estaban dirigidas contra Sánchez, pero alcanzaban también a Moreno, que había utilizado prácticamente el mismo argumento. Este lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, secundó esa idea y, aunque señaló que el cambio climático es una realidad, puso en duda que sea culpa “de la acción del hombre”.

Una discrepancia que pone en solfa la coherencia del acuerdo de coalición. Moreno admite que el cambio climático intensifica los fenómenos extremos, mientras que el programa pactado con Vox propone eliminar impuestos ecológicos, rechaza las zonas de bajas emisiones y describe determinadas políticas ambientales como imposiciones ideológicas. El episodio mostró además que Gavira no considera necesario proteger la autoridad del presidente andaluz y que sigue actuando como portavoz de Vox.

Los incendios también han estado muy presentes en la audiencia del presidente andaluz con el rey Felipe VI este martes en la Zarzuela. Según Moreno, el monarca se mostró “preocupado por la situación de las altas temperaturas, estas olas de calor cada vez más largas, más extensas, más intensivas”. Y ese punto fue el protagonista del encuentro mantenido. En Vox no han entrado a valorar esas declaraciones, pero han dejado claro que no comparten el mismo punto de vista.

El pasado falangista del 'número dos' de Gavira

El segundo ‘incendio’ llegó en la primera hornada de nombramientos. Gavira eligió como viceconsejero de su macrodepartamento con competencias sobre Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local a Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, antiguo rector de la Universidad CEU San Pablo (de financiación privada) y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Un currículum que se completa con el hecho de que Sánchez Saus formó parte durante la Transición del consejo nacional de Falange Española y aspiró a dirigir la organización.

Aunque Sánchez Saus ha situado aquella militancia en el pasado y ha relegado aquella etapa a su “memoria sentimental”, su incorporación al Ejecutivo andaluz provocó críticas de la oposición y una visible incomodidad en el PP. Otros dirigentes de la formación ultra, como el eurodiputado y jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, consideran perfectamente normal ese pasado, ya que él mismo se presentó en 1995 en una candidatura de Falange Española de las JONS y en las elecciones generales de 1996 fue candidato por Barcelona de Falange Auténtica.

Pero el conflicto no se explica solo por su etapa falangista. Sánchez Saus lleva años vinculado al entorno intelectual de Vox, ha cuestionado el Estado autonómico y ha combatido la interpretación de Al-Ándalus como espacio histórico de convivencia cultural. Además de mostrarse crítico con el modelo autonómico, ocupa el segundo puesto de una consejería responsable, entre otras materias, del turismo y de la proyección exterior de una comunidad que utiliza el legado andalusí como uno de sus principales activos culturales.

 El escaño de Zancajo y su salida de Canal Sur

A esto se le suma la elección de Álvaro Zancajo como senador autonómico. El actual responsable de comunicación de Santiago Abascal forma parte del Consejo de Administración de la RTVA y está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El organismo examina si su actividad orgánica para Vox resulta compatible con el régimen de dedicación de su puesto en la radiotelevisión pública. 

La formación de extrema derecha defiende que no existe incompatibilidad porque Zancajo no cobra por su trabajo para el partido ya que recibe 60.000 euros brutos al año por su puesto en Canal Sur, pero evita aclarar si seguirá ejerciendo sus labores de director de comunicación una vez sea designado. La ley electoral (LOREG) establece que diputados y senadores ejercen con “dedicación absoluta” y prohíbe, como regla general, desempeñar simultáneamente otra actividad pública o privada remunerada. La formación ultra podría recurrir, de nuevo, al argumento de que Zancajo no cobra por llevar la comunicación del partido, pero difícilmente puede justificar que ofrezca “dedicación absoluta” al Senado si mantiene los dos cargos.

El hecho de que el expresentador de televisión pueda tener un asiento en la Cámara Alta se debe a que el PP cedió a su socio uno de los cinco senadores autonómicos que inicialmente le correspondían por los resultados electorales. Gracias a esa concesión, Vox ha dispuesto de dos puestos y ha podido utilizar uno de ellos para impulsar la carrera institucional de Zancajo en plena investigación sobre Canal Sur. La misma televisión que Vox ha calificado durante años como una administración prescindible y que ha terminado utilizando como espacio para colocar perfiles propios.

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El presidente andaluz trató de presentar la coalición como un Gobierno procedente de dos partidos, pero sometido a una única dirección. Los primeros pasos del Ejecutivo cuestionan esa promesa, ya que Vox ha entrado en la Junta sin renunciar a comportarse como una oposición interna. Moreno, por el contrario, ha perdido la posibilidad de tratar sus polémicas como excesos de una fuerza ajena.

El presidente se enfrenta ahora a decisiones que siempre entrañarán un coste. Si obliga a Vox a retirar un nombramiento, puede desencadenar una crisis y dar una imagen de subordinación o de inestabilidad, todo lo contrario de la “vía andaluza” que había vendido todos estos años y con la que confiaba en librarse de los “líos” de Vox, tal y como señaló en campaña.

La disputa por la autoridad que empieza a manifestarse en Andalucía no es excepcional. En otras autonomías donde PP y Vox han vuelto a compartir el poder aparece la misma dificultad, aunque todavía no se haya producido una sucesión de polémicas tan visible. En todas las autonomías en las que ha habido pacto Vox ha presentado la “prioridad nacional” incluida en el acuerdo como una preferencia para los españoles en el acceso a ayudas, vivienda y servicios públicos. El PP, en cambio, lo ha limitado al arraigo, la igualdad y el respeto a la legalidad.