Cuando denuncias acoso laboral ante la Xunta y es tu jefe quien se encarga del caso o nadie te responde

La Valedora do Pobo lleva años advirtiendo del problema “lamentablemente recurrente” del acoso laboral en la Xunta, con actuaciones incorrectas por parte de la administración ante una denuncia, más allá de que cada caso sea o no acoso laboral. Así lo vienen reflejando también sentencias judiciales que constatan que el Gobierno gallego no está aplicando sus protocolos como debería, provocando nuevas victimizaciones de las personas afectadas.

En esa línea, ahora la Valedora acaba de hacer públicas dos resoluciones que, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre si hubo o no acoso laboral, constatan nuevas deficiencias en la tramitación de dos denuncias recibidas por la Xunta.

La Valedora, que lleva años alertando de todo tipo de deficiencias en la atención del problema por parte del Gobierno gallego, revela otros dos casos de actuaciones incorrectas tras denuncias por supuesto acoso laboral

El primero de los casos ahora revelados por la Valedora es el de una trabajadora que presentó una denuncia ante el Comité de Intervención contra el acoso laboral de la Xunta, conformado por ocho personas, la mitad designadas por la Administración y la otra mitad representantes sindicales. El protocolo contra el acoso de la Xunta establece que ese comité debe dar audiencia a las personas implicadas en cada denuncia. Sin embargo, tras su denuncia quien entrevistó a la mujer fue el director territorial de la consellería implicada, en este caso la de Cultura.

Tras la entrevista, en la que la mujer se sintió interrogada y revictimizada, el director territorial emitió un informe que remitió al Comité de Intervención, con el que este “decidió por unanimidad archivar la denuncia por no entrar dentro del ámbito material competencial del protocolo”.

“La entrevista realizada por una persona superior jerárquica de la denunciante puede ser percibida por esta como revictimización”, dice en un caso la Valedora, que constata que la Consellería de Cultura incumplió el protocolo contra el acoso laboral

Tras analizar el caso, la Valedora subraya que “la entrevista realizada por el superior jerárquico de la persona interesada no figura dentro del procedimiento preestablecido ni puede sustituir a la audiencia prevista en el protocolo”. Sin embargo, la resolución subraya que “el procedimiento establecido, como marco formal de actuación de la administración, se configura como una garantía fundamental para la ciudadanía [...] evitando arbitrariedades y garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia y, en el presente caso, de los principios informadores del protocolo a aplicar”.

La resolución de la Valedora considera que “la entrevista realizada por una persona superior jerárquica de la denunciante puede ser percibida por esta como revictimización al no tener amparo en el procedimiento establecido y, consecuentemente, dar lugar al incumplimiento de los principios informadores del propio protocolo”. Así, termina recordando a la Xunta que el protocolo contra el acoso laboral “obliga a todas las partes implicadas en la tramitación de denuncias, no procediendo la realización de trámites no contemplados que suponen una vulneración del procedimiento establecido como garantía de los derechos para personas afectadas”.

La otra resolución que acaba de hacer pública la Valedora do Pobo analiza una denuncia presentada contra una trabajadora del Sergas en situación administrativa de servicios especiales para dar clase en una universidad, puesto en el que supuestamente habría acosado laboralmente a una compañera. La denuncia se presentó ante la Consellería de Sanidade, pero esta la remitió a la Consellería de Educación e Universidades y llegó también a la universidad implicada. Pasados cinco meses, la denunciante preguntó formalmente a Sanidade sobre el estado de la tramitación “y dicha solicitud no fue contestada”.

En otro caso, la Valedora critica que la Xunta no respondiese a una petición de información de una denunciante de acoso

Según respondió Sanidade a la Valedora cuando esta le pidió explicaciones, esa consellería considera que “los hechos que se describen son ajenos a la vinculación profesional [de la denunciada] con el Servizo Galego de Saúde”, ya que actuaba como profesora y no como sanitaria.

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Sin embargo, la Valedora subraya que Sanidade nada dice de la petición de información que le hizo la denunciante cinco meses después de formular la denuncia. “Ante la no contestación de esta solicitud presentada, debemos recordarle que el marco jurídico vigente configura un sistema de garantías de la ciudadanía en su relación con la Administración”, dice la Valedora, que subraya que “la solicitud presentada por la persona interesada debería haber sido contestada”.

Antecedentes

Como viene contando Praza.gal desde hace años, la Xunta no se dotó de su primer protocolo de lucha contra el acoso laboral hasta 2016, pero solo para la administración general, dejando fuera entre otros al personal de Educación o al de Xustiza, este último con un procedimiento específico solo desde abril de 2023. En Sanidade hay diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo, pero son varios los casos en los que la justicia o la Valedora do Pobo vienen constatando deficiencias, principalmente por no actuar ante las denuncias. Y en Educación se está terminando la negociación con los sindicatos de un protocolo específico para ese ámbito, pero sin que esté aún aprobado la Xunta acaba de restringir expresamente su protocolo general para dejar fuera de él al personal docente tras varias sentencias que consideraron que sí les era de aplicación.

Vienen siendo reiterados los casos en los que la Valedora o la Justicia constatan que la Xunta no actúa correctamente ante denuncias de acoso laboral

Los expertos y la Valedora do Pobo vienen reiterando que en muchos casos el hecho de que la administración inicie algún tipo de actuación ante una denuncia, aunque no se pueda acabar confirmando una situación de acoso, supone que el ambiente laboral mejore. Sin embargo, son reiterados los casos en que Educación —y la Xunta en general— demora “meses o años” sus actuaciones frente al acoso laboral o, cuando las inicia, no aplica como debe los procedimientos normativos. Una situación que se reproduce también en el acoso escolar, como acaba de subrayar el último informe anual de la Valedora do Pobo. [Sin confidencialidad, sin hablar con la víctima y obviando a médicos: deficiencias en la lucha contra el acoso escolar].