Reformas y limpiezas Feijóo S.L

Un cambio en la composición del Gobierno, bien por la vía de una moción de censura o por la vía electoral, supone siempre una variación de la organización del Gobierno precedente, bien de forma estructural (número de ministerios) o un cambio de algunas normas jurídicas, siempre que no afecten a derechos fundamentales consolidados por el refrendo del Tribunal Constitucional apoyado además por acuerdos o tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.

La tensión política que estamos viviendo, desde que el 23 de julio de 2023 se vieron frustradas las expectativas que algunas encuestas y una gran parte de la opinión publicada otorgaban al Partido Popular como vencedor indiscutible e inquilino del Palacio de la Moncloa, se ha incrementado hasta llegar a límites asfixiantes que ponen en peligro la supervivencia del propio sistema democrático. La derecha política y otros centros de poder empresarial y mediático e incluso la salida de tono del presidente de la Conferencia episcopal se han unido a los ataques y a la presión sobre el Gobierno de coalición centrados en la persona de su presidente, acudiendo a excesos dialécticos rayanos en el puro delirio. La colaboración para alimentar este clima se ha visto reforzada por la actuación selectiva de algunos sectores de la judicatura que aisladamente o en bloque bastante numeroso se han posicionado en abierta rebelión contra las normas de procedimiento.

No se trata de un simple cambio de Gobierno. Feijóo en su momento habló, ante el asombro de los constitucionalistas, de la celebración de una “moción de censura instrumental” con el objetivo de hacer una “limpieza” y convocar elecciones. Ya estaba en su mente la creación de una empresa de “Reformas y limpiezas” con unos objetivos que alcanzan, en estos momentos, a unas cien leyes. Como es lógico tiene prioridades que ha trasladado a la opinión pública, lo que siempre es de agradecer.

Su secretario general Miguel Tellado ha dado algunas pistas en una reciente entrevista concedida a Esperanza Aguirre en el diario digital The Objective: “Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”. El catálogo es amplio: reducir prestaciones por desempleo, limitar la representación sindical de los trabajadores, volver a considerar enfermas a las personas trans, limitar el acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital o acabar con las ayudas a víctimas del franquismo y personas migrantes. Por supuesto la derogación de las leyes de Memoria Democrática y la de Amnistía.

Sr. Feijóo, como jefe de una empresa de reformas, le recuerdo que hay columnas y muros que no se pueden derribar sin que se venga abajo el edificio

Espero que las urnas eviten que puedan acceder al poder, pero los presagios que nos proporcionan las encuestas son reiterados y por tanto habrá que estar preparados para cualquier eventualidad. La única ventaja radica en que el PP se ha despojado de sus veladuras y se ha fundido con la extrema derecha de VOX con la que ya gobierna en varias Comunidades Autónomas, luego el elector no puede llamarse a engaño.

Si desgraciadamente se confirman los malos augurios, alguien debería entregar al futuro Consejo de Ministros un manual de instrucciones. Con el desparpajo que les caracteriza, Feijóo y Tellado han afirmado rotundamente que la primera decisión que adoptarán será la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Para su ilustración les recuerdo que el artículo 2º. 2 del título preliminar del Código Civil establece que las leyes sólo se derogan por otras posteriores.

Si insisten en llevarla a afecto, saben que tanto el Relator de Naciones Unidas como otros organismos internacionales ponen en cuestión su compatibilidad con los textos internacionales de derechos humanos y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En todo caso, el Preámbulo debe incluir la referencia histórica a que el golpe militar contra la democracia encarnada en la Constitución republicana comenzó con los Bandos de guerra (Mola y Queipo de Llano 18 de julio de 1936) en los que se ordenaba “pasar por las armas sin necesidad de juicio a todos los componentes del Frente Popular y a las personas que les ayudasen”. Como puede comprobarse, un “buen comienzo para una reconciliación”.

Feijóo, en su afán por las reformas, se apunta a la ley de la Comunidad de Madrid y anuncia que: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. Si se trata de ayudar a la mujer, sin exclusiones, y a las familias, en principio nada habría que objetar jurídicamente y salvo que se derogue el artículo 29 del Código Civil en el que ya está previsto que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Mantiene, como impone la biología, que solamente el nacimiento determina la personalidad y por tanto la titularidad de derechos. Todo lo que precede son expectativas e incluso ficciones. De momento ha manifestado que no tiene intención de reformar la vigente ley del aborto.

Cercenar derechos o reducirlos no es gobernar. Es más bien una tarea de iconoclastas y no de políticos. A nadie deben extrañar los excesos oratorios de los líderes políticos. Mientras se mantenga la permanencia de España en la Unión Europea deben tener en cuenta la supremacía de las normas emanadas de sus órganos y las decisiones del Tribunal de Justicia como máximo intérprete de la normativa europea.

En su frenesí derogatorio pretenden eliminar la Ley de Amnistía, misión imposible, por ser radicalmente inconstitucional. Por más que lo intento no consigo ensamblar el rechazo de la amnistía con el propósito de pasar página sobre la ilegal condena a los líderes independentistas. Por favor, lean con ojos limpios y mente lúcida las resoluciones del Tribunal de Justicia. Les recuerdo un pasaje: “En conclusión esta ley busca proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección de los derechos fundamentales”.

Sr. Feijóo, como jefe de una empresa de reformas, le recuerdo que hay columnas y muros que no se pueden derribar sin que se venga abajo el edificio.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Si último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).