La nueva ley de dependencia reconocerá por primera vez la atención temprana como un derecho de los menores

“La atención temprana es clave, hasta el punto de que un niño o una niña que nace con algún tipo de dificultad tenga autonomía o no la tenga, que su desarrollo sea más o menos saludable, que vaya a necesitar más o menos apoyos”, explica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este tipo de atención recoge un conjunto de intervenciones, ya sean físicas o psicológicas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años que presentan trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de desarrollarlo.

Hasta ahora, solo estaba contemplada en la Ley Orgánica 8/2021 como una petición a las administraciones públicas para que se garantizara de forma “universal y con carácter integral”, pero no como una obligación, y era cada comunidad autónoma la que decidía sobre su aplicación. Con la nueva reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad, que va a ser votada este martes en el Congreso de los Diputados, esto podría cambiar por primera vez en la historia. El texto impulsado por el ministerio del ramo incluye el reconocimiento de la atención temprana en menores como derecho subjetivo, según confirman fuentes de esta cartera a infoLibre.

Esto significa que, si un niño o niña recibe un diagnóstico y los servicios competentes valoran que necesita atención temprana, la familia puede exigir que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas. 

En el caso de que la Administración no garantice estas ayudas, la familia puede reclamar por la vía administrativa e incluso judicial para que se reconozca y se haga efectivo ese derecho, por lo que la atención temprana pasaría de ser considerada una ayuda opcional a un derecho individual de los menores que cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente.

“El cambio sustancial es que ahora damos a las familias un arma jurídica para poder exigir la atención temprana en cualquier territorio del Estado. Seguirá habiendo diferencias organizativas entre comunidades autónomas porque la competencia es suya, pero damos poder a la ciudadanía para que, viva en Extremadura, Murcia o el País Vasco, si una niña o un niño que cumple los requisitos no recibe la atención temprana que le corresponde, pueda acudir a la Justicia para reclamar ese derecho”, defiende Blanco en conversación con este periódico. Hasta este momento, solo cuatro comunidades tenían una ley concreta que declaraba la atención temprana como derecho: Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Sobre la importancia de este tipo de atención, explica que “cuando un niño nace, su cerebro es más plástico, por lo que cualquier intervención temprana tiene un efecto muy transformador en su desarrollo. Por ejemplo, si empieza una fisioterapia de manera precoz tendrá más posibilidades de ganar autonomía y movilidad. Lo mismo ocurre con los aspectos cognitivos, sensoriales o auditivos”.

“Por tanto, cuanto antes empecemos, mayores serán los éxitos que vaya a tener ese niño cuando sea adulto y menos apoyos y menos dependencia necesitará. Por eso hemos trabajado tanto, durante la pasada legislatura y esta, para que la atención temprana sea un asunto de Estado”, añade. Blanco, que nació con una discapacidad congénita, describe la medida como “clave” y recuerda que estos servicios no estaban implantados durante su infancia. “Ojalá mi país hubiera tenido atención temprana porque seguramente mi vida, mi salud y mi respiración habrían sido mejores”.

Paralelamente, el ministerio señala que el pasado jueves se aprobó un Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 41,87 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus, que Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos.

El objetivo, según explican, es destinar este dinero a que los territorios refuercen sus servicios, reduzcan tiempos de espera, mejoren la detección precoz, elaboren planes individualizados, formen a profesionales y creen sistemas comunes de información y seguimiento. Sin embargo, en la reunión solo Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra accedieron a recibir esta financiación, que funciona más como una cofinanciación, en la que cada comunidad debe poner una parte y, una vez han certificado el gasto, se les devuelve el dinero. Esta es la razón de la negativa de la mayoría de territorios

“En cualquier caso, ese dinero no se va a perder. Buscaremos la manera de canalizar los fondos que no hayan sido utilizados mediante otras convocatorias para seguir impulsando la atención temprana”, matiza Blanco sobre esta situación.

La reforma de la ley de dependencia

La reforma de la ley, que, tras su paso por el Congreso, tendrá que ser también votada en el Senado, incluye otras medidas destinadas a mejorar la vida de las personas dependientes y de su entorno. Entre ellas figura la ampliación del concepto de cuidadores no familiares al reconocer a nivel normativo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que existen. 

Esto permitirá que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de otra en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin mantener una relación familiar, indican desde el ministerio.

Penúltimo paso del Gobierno para blindar por ley la financiación estatal del 50% para la dependencia

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En materia de discapacidad, la reforma prohibirá la discriminación en los contratos de seguros para personas con discapacidad, ya que actualmente algunas pólizas de vida y de salud encarecen sus precios cuando la persona solicitante tiene una discapacidad, una práctica que ahora quedará prohibido por ley.

El texto también pretende eliminar incompatibilidades entre prestaciones para que las personas dependientes puedan combinar diferentes ayudas y servicios en función de sus necesidades. Asimismo, reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo, garantizando su acceso cuando esté prescrita, y simplificará los procedimientos administrativos para reducir la burocracia y agilizar el acceso a las prestaciones.

La reforma incluye, además, un importante refuerzo de la financiación pública. El Gobierno se compromete por primera vez a que la Administración General del Estado asuma, como mínimo, el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un porcentaje que nunca se ha alcanzado desde la aprobación de la ley en 2006 y que quedará blindado por ley para que no se reduzca en el futuro. Para avanzar hacia ese reparto paritario de la financiación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha anunciado ya una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, destinada a reforzar los servicios y reducir las listas de espera.