Más de 13.500 personas han fallecido en lo que va de año en las listas de espera de la dependencia

La mujer de Emilio lleva cinco años sufriendo problemas cognitivos y hace tres le diagnosticaron alzhéimer. En un primer informe, la Comunidad de Madrid indicó que solo sufría un deterioro leve, porque, según explica Emilio, “no han querido mirar todos los informes”. “Mi mujer ya no se acuerda de cuando nos casamos ni de cuándo nacieron sus hijos”, pero no consigue que le den el grado 2 de dependencia, el que le corresponde según la neuróloga que la trata, porque llevan más de dos años esperando su evaluación debido a la saturación en las listas de espera de dependencia.

“En Madrid ahora mismo hay más de 25.000 personas en lista de espera porque solo tienen dos centros bases con cinco equipos de valoración”, relata Emilio en conversación con infoLibre. Como presidente de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, convocó el pasado viernes una concentración que reunió a unas 300 personas a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Desde la asociación, sus denuncias se centran en las valoraciones insuficientes, como en el caso de su mujer; la falta de personal en los centros; y, sobre todo, unas listas de espera que en muchos casos superan los dos años.

Según los últimos datos recogidos en los primeros cinco meses de 2026 por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que calcula el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente, la espera media en la Comunidad de Madrid se sitúa en 346 días. Es decir, algo más de 11 meses, por encima de la media nacional, que está en 320 días.

Sin embargo, el problema no es solo regional y se repite en diferentes puntos de España. Por encima de Madrid se encuentran Murcia con una media de 552 días, Andalucía con 446 y Asturias con 411. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis comunidades y Ceuta (86) por debajo de ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171).

Aunque estos datos muestran ya una situación muy preocupante, existe una realidad mucho más difícil de asimilar. En estos cinco meses, 13.503 personas han fallecido estando en las listas de espera de la dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos de media. De esta cifra, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.

“Es una tendencia muy preocupante porque ya son cinco meses y sigue aumentando la lista de espera, y siguen muriendo 90 personas al día”, denuncia a este periódico el portavoz de esta asociación, José Manuel Ramírez, haciendo referencia a una tendencia que no mejora, ya que en 2025 fallecieron 32.704 personas mientras seguían en estas listas.

El problema de la infrafinanciación

Para Ramirez, existen dos realidades que se deben revertir si se quiere poner final a esta situación. Por una parte, la simplificación de los procedimientos, es decir “poder hacer los trámites en un solo acto administrativo de valoración”. Por otra, la financiación. “El Gobierno de España y algunas comunidades autónomas no financian adecuadamente el sistema de dependencia”, explica.

Actualmente, la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) viene establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, conocida como Ley de Dependencia. Esta normativa establece tres niveles. El primero es el denominado “nivel mínimo”, financiado íntegramente por el Estado en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. 

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A ello se suma el “nivel acordado”, que se articula mediante convenios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con fondos que se reparten según criterios como la población potencialmente dependiente, las personas efectivamente atendidas, la inversión autonómica realizada o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las comunidades pueden establecer un nivel adicional de protección financiado exclusivamente con recursos propios.

En los datos de la financiación de 2025, los últimos a los que se tiene acceso, la inversión pública alcanzó los 13.734 millones de euros, de los que las comunidades autónomas asumieron el 72,6% del gasto (9.976 millones) y la Administración General del Estado el 27,4% restante (3.758 millones). Aunque la aportación estatal aumentó un 8% respecto al año anterior, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideran que el esfuerzo sigue lejos de compensar las necesidades del sistema.

“Ese 8% sigue siendo la mitad de lo que destinan de media los países de la UE”, denuncia Ramírez, que también se queja de que el plan de choque que el Gobierno acordó entre 2021 y 2023 para inyectar 600 millones de euros cada año está paralizado desde que no se han aprobado presupuestos. Esto, sostiene, ha supuesto un duro golpe que se ha visto reflejado “en la limitación de las prestaciones y servicios”.