Aragón libra de la evaluación de impacto ambiental a uno de los mayores centros de datos de España

Aragón, la región que tiene extendida una alfombra roja a los centros de datos desde 2019, acaba de liberar a Blackstone (Calanza-QTS) de uno de los exámenes cruciales para garantizar la protección del medioambiente. El campus Rhodes, ubicado en Calatorao (Zaragoza), que aspira a ser uno de los mayores proyectos de data center de España, no tendrá que someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, sino que bastará con una evaluación simplificada que ya ha sido aprobada. Otros proyectos similares en Aragón ya han disfrutado de esta vía que, básicamente, da "carta blanca", según los expertos, a las grandes tecnológicas para construir proyectos de gran consumo de agua y electricidad.

La resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) se publicó el pasado 23 de julio, en pleno verano, y recoge que el campus Rhodes no necesita someterse a una evaluación ambiental ordinaria –el examen habitual de cualquier macroproyecto industrial– porque "no implica una alteración sustancial de los usos y clasificación del suelo" y porque "supone un incremento en las zonas verdes y un menor consumo de agua" respecto al plan municipal de 2010 que hay actualmente sobre esos terrenos, que permanecen sin construir.

En concreto, el Inaga ha determinado que no tendrán que someterse a evaluación estricta ni el plan integral del proyecto Rhodes, ni el plan de urbanización del polígono donde estará situado. Aunque, para seguir adelante, sí reclama a los promotores medidas adicionales genéricas, como "garantizar la disponibilidad de recursos (agua, energía y cualquier otro) para otras actividades en el término municipal de Calatorao" o que en las siguientes fases del proyecto se impulse "el ahorro y eficiencia en el uso del agua y de la energía".

El mismo texto, del 23 de julio, aprueba también las evaluaciones ambientales simplificadas de ambos del plan integral y del plan de urbanización, de manera que Blackstone ya ha superado el grueso del proceso administrativo que necesita para ponerse a construir. Solo necesita ejecutar el proyecto de construcción de las naves y del centro de datos –y someterlos a una evaluación también simplificada– antes de iniciar las obras.

Fernando Follos, consultor y experto en evaluaciones ambientales, afirma que este es un caso más de la simplificación extrema que Aragón aplica a estas inversiones, que ya causan estragos en ciudades de todo el mundo donde también fueron recibidas con los brazos abiertos. En este caso, da vía libre a uno de los mayores campus proyectados actualmente en España, con una potencia total de 648 MW si se construyen los ocho edificios de centros de datos que figuran en sus planos, de 81 MW cada uno. Por tamaño, sería la cuarta empresa con más megavatios instalados en el país.

El consultor explica que el modus operandi de estos macrocentros es siempre el mismo. El Gobierno regional declara el proyecto como PIGA (Proyecto de Interés General para Aragón), una figura que simplifica las exigencias urbanísticas y ambientales, "los principales escollos" para estas instalaciones, acelera los tiempos para conceder los permisos necesarios y bonifica drásticamente los impuestos del negocio cuando se ponga en marcha. "El PIGA da carta blanca para hacer básicamente lo que quieras, incluso sobre suelos no urbanizables. Si tuviesen que recalificar el suelo por la vía habitual, modificando el plan de ordenación urbana, tardarían una eternidad", valora.

Además de aplicar el PIGA, el Inaga ha sustituido ahora la evaluación ambiental estratégica ordinaria por una simplificada, y Follos asegura que este cambio supone una rebaja radical de la transparencia del proyecto. "Al cambiar a una evaluación simplificada, las compañías solo necesitan entregar un documento muy sencillo que se resuelve en tres meses, mientras que una estratégica llevaría un año e incluiría un análisis detallado de cada impacto del centro de datos", subraya el profesional.

Carlos López, de Ecologistas en Acción de Aragón, asegura que otros centros de datos, como el de Microsoft, también han disfrutado de este examen ambiental simplificado. "Esta gente funciona así. Creemos que están tratando de acelerar al máximo la construcción porque ven que la oposición es cada vez mayor. Lo que esperamos es que aquí la gente se rebele antes de que los proyectos estén ya funcionando, como ha pasado en Estados Unidos", opina.

La evaluación ambiental simplificada es un capítulo más de la absoluta falta de información que hay alrededor de los centros de datos, explica López. Desde que comenzó el goteo de proyectos, no está claro cuánta electricidad ni cuánta agua demandarán estas instalaciones, y la experiencia en otros países hace saltar las alarmas sobre el riesgo real al que se expondrán los municipios cuando termine de construirse todo lo planificado. Hasta ahora ya hay ocho proyectos con su PIGA probado, incluyendo el de Amazon Web Services, que tiene tres centros en operación desde 2022.

Sobre el agua, la mayor preocupación, López afirma que las compañías mienten sistemáticamente asegurando que necesitarán menos de la que finalmente consumen, y que, cuando está todo construido y en funcionamiento, solicitan una ampliación al Gobierno regional para abastecerse. "Amazon dice que sus nuevos centros de 300 MW demandarán 56.000 m3 al año. Es mentira porque los que ahora mismo tiene consumen 60.000 en sus centros de 45 MW. Solo sabemos ese consumo y el del proyecto Samca porque los ayuntamientos y la Comunidad han decretado el secreto sobre esta información", valora.

Sobre el consumo eléctrico, las estimaciones que hacen los expertos independientes –porque el Gobierno de Aragón no publica esta información en informes sectoriales– apuntan a que la demanda de energía se va a multiplicar en la Comunidad. Fernando Follos, sumando los ocho PIGA ya aprobados y uno pendiente (Vantage), estima, a partir de los proyectos declarados por las compañías, un consumo inicial de 14.410 GWh anuales, que crecería hasta los 24.501 GWh cuando todos se expandan a su máximo tamaño anunciado. La primera cifra ya supera a la demanda actual de la comunidad autónoma (11.000 GWh al año) y la segunda superaría la producción de la región, que ahora mismo genera el doble de lo que consume (22.400 GWh).

Dentro de la alfombra roja también hay que incluir los grandes beneficios fiscales de los que disfrutarán estas inversiones. Según un informe de la Fundación Basilio Paraíso, publicado en 2025, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento donde se instale aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En la práctica, todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto se instale en su municipio. La bonificación del IBI solo se aplica durante los primeros cinco años de operación.