El mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de compras navideñas, según informa EFE.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso de la afiliación deja el total de cotizantes en 21,82 millones, la cifra más alta para un noviembre.

En cuanto al paro, el descenso de noviembre, similar al del año pasado, deja el total personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En el último año la afiliación suma 522.771 ocupados de media (2,5 % más), mientras que el paro se ha reducido en 161.057 personas (6,23 % menos).

En el detalle de la evolución del empleo, por sectores el mayor descenso fue para la hostelería con 116.662 afiliados menos, mientras que los mayores incrementos fueron para comercio, 23.905 afiliados más, y educación, con una subida de 29.483.

Entre los hombres, el empleo se moderó en 5.005 afiliados, hasta 11,5 millones, y entre las mujeres, en 9.354 con un total de 10,33 millones de afiliadas.

Entre los autónomos, subió ligeramente el empleo en 2.045 hasta los 3.424.479.

La Seguridad Social también destaca que la cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos y roza los 3,1 millones de afiliados representando el 14,1% del total.

"El empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Elma Saiz. "Y lo hace de forma continuada en sectores de alto valor añadido como son Información y Comunicación y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas", añade.

Por su parte, el paro se redujo en todos los sectores económicos, con mayor fuerza en los servicios (13.013 personas menos), seguido por la industria (1.552 menos), la agricultura (1.332 menos) y la construcción (881 menos), así como entre el colectivo sin empleo anterior (2.027 menos).

El paro cae entre las mujeres tres veces más que entre los hombres, con 14.370 desempleadas menos, y aunque sigue habiendo 1,47 millones de paradas, está en datos de 2008.

Mientras, en noviembre se registraron 4.435 desempleados varones menos, hasta un total de 958.866 personas.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en 5.476 personas, hasta los 188.322, la menor cifra para ese mes de la serie histórica.

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203, de los que 534.997 fueron de carácter indefinido (41,27% del total) y el resto, temporales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "donde antes había precariedad hoy hay esperanza" y ha destacado "la transformación profunda que está experimentado España impulsada a la reforma laboral".

"Ahora toca repartir los beneficios de una economía que funciona, que va bien", ha dicho, al tiempo que ha apuntado a que seguirá subiendo el salario mínimo, aprobará el registro horario, ampliará los permisos por duelo y actualizará la ley de prevención de riesgos laborales.

El paro descendió el pasado mes de noviembre en 11 comunidades autónomas, más en Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119), mientras que subió en las otras seis restantes, especialmente en Baleares (2.534) y Castilla y León (1.035). 

Según los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en el citado mes en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%).

Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas, un 6,23 por ciento, de forma que el paro registrado, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, se sitúa en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En términos absolutos, el paro bajó más en Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque también lo hizo en la Comunidad Valenciana (2.641), Galicia (1.814), País Vasco (1.123), Canarias (1.030), Extremadura (807), Murcia (782), Castilla La Mancha (349) y Aragón (57). También bajo en la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente en 374 personas.

Por contra, subió, además de en Baleares y Castilla y León, en Navarra (253), Asturias (107), Cantabria (88) y La Rioja (6), al igual que en la ciudad autónoma de Melilla, donde el desempleo aumentó en 105 personas.

El Gobierno ha impulsado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa, que sustituye a las cestas de alimentos, "para que las familias no tengan que ir a las colas del hambre". Con este nuevo sistema, el Ejecutivo prevé llegar, a partir del próximo mes de abril de 2024, a unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas, según ha informado Europa Press.

"Hoy damos un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos e hijas a cargo no tengan que ir a las colas del hambre", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para ello, el Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un Real Decreto que regulará una concesión directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias, de una subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha este programa de tarjetas monedero durante el año 2024.

El importe máximo de la subvención es de 100,2 millones de euros (95,5 millones de destinan a los gastos en alimentos y resto de productos básicos y 4,7 millones a los gastos técnicos para la implantación del programa) y se implantará en el conjunto del Estado.

Según han explicado fuentes ministeriales, el Gobierno asumirá este 2024 la gestión de estas tarjetas de forma "transitoria y excepcional" y, a partir del 1 de enero de 2025, deberán de ser las comunidades autónomas las que se encarguen de su gestión.

Esta decisión se ha tomado ya que existía el riesgo de no llegar a tiempo, ya que la última compra de alimentos se hizo el pasado mes de octubre de 2023 y durará hasta el próximo mes de abril de 2024. En esa fecha, se dejarán de entregar cestas de alimentos y deberán estar ya operativas las tarjetas monedero, según han precisado las mismas fuentes.

Con este nuevo modelo, se pasa de proveer alimentos y productos de higiene físicamente a entregar unas tarjetas o vales canjeables en determinados establecimientos, con el objetivo de "dignificar y normalizar" el acceso a productos básicos por parte de las familias más vulnerables, para que puedan decidir en función de sus preferencias, y evitar así también las conocidas como 'colas del hambre'.

"Hoy desde el Consejo de Ministros impulsamos un cambio de modelo por el que se va a facilitar a las familias vulnerables unas tarjetas monedero o vales canjeables por productos de alimentación y otros productos de primera necesidad como los productos de higiene en lo que será un modelo menos estigmatizante para las familias que podrán comprar estos productos directamente en el supermercado", ha explicado Bustinduy.

El propósito, según las mismas fuentes, es que los propios supermercados puedan hacer la selección en caja, informando a las familias de los productos que se pueden cargar o no en la tarjeta. Tal y como ha precisado Bustinduy, este nuevo modelo "permitirá a estas familias acceder directamente a productos frescos como la fruta y la verdura que por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no era una opción posible".

"Este cambio de modelo en definitiva dignifica la asistencia material básica en nuestro país, va a mejorar su funcionamiento, se dirige específicamente a paliar la pobreza infantil en España, va a mejorar la nutrición de los niños y niñas más vulnerables y también va a incidir en una mayor calidad de vida para sus familias", ha remarcado el ministro de Derechos Sociales.

Para este programa, que se financia con el tramo estatal del Fondo Social Europeo, el Gobierno destinará unos 660 millones de euros para los próximos siete años -una cantidad "muy superior" al 3% que exige la Comisión Europea, según señalan- y esperan que beneficie a unas 70.000 familias. Con el modelo anterior, se repartían en torno a 1,5 millones de bolsas de alimentos.

Estas tarjetas monedero irán dirigidas a familias con niños a cargo, que cobren menos del 40% de la renta media. La valoración y selección de los beneficiarios, así como la entrega de las tarjetas, correrá a cargo de los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma.

"Respecto a la estimación de beneficiarios es de momento nada más que una estimación, las 70.000 familias, y será a través de los servicios sociales de las comunidades autónomas cuando se puedan canalizar las demandas de participación y, por tanto, tener una orientación más fiable sobre el número final de destinatarios. Nos movemos con esa estimación de 70.000 familias que en su composición variada pues estará por encima de las 100.000 personas", ha precisado Bustinduy.

Por tipología de hogar, aquellos formados por un adulto y un menor recibirán 130 euros al mes; los de tres personas (dos menores y un adulto, o dos adultos y un menor), 160 euros; los de cuatro personas, 190 euros, y los formados por cinco o más miembros, 220 euros.

Según señalan fuentes ministeriales, estas cuantías son superiores a lo que recibían estas familias a través de la entrega de alimentos, ya que calculan que recibían 6 euros por persona al mes, una cantidad que, según advierten, no cubre las necesidades de atención de una persona.

La nueva tarjeta monedero será recargable por un máximo de tres meses y, una vez pasado ese tiempo, las familias deberán volver a recargarlas.

Según señalan las mismas fuentes, este es un fondo con unos recursos limitados que no va a cubrir las necesidades de todas familias. En todo caso, precisan que esta herramienta no excluye que haya otros programas, acciones o líneas de financiación.

Con este nuevo modelo, cesará la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) -que se encargaba junto a Cruz Roja de hacer llegar los alimentos comprados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)-. Si bien, desde el Ministerio han precisado que los bancos de alimentos van a seguir funcionando y recibiendo apoyos públicos.

El Gobierno estudia endurecer los requisitos en la concesión de permisos de residencia para las fortunas extranjeras que compren una vivienda en España por valor de 500.000 euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes de los Ministerios de Asuntos Económicos y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos permisos se conocen con el nombre de visados de oro o golden visa y, según publica el diario El País, se estaría barajando o elevar el mínimo de inversión requerida para obtener el visado de oro o directamente su supresión, que es lo que precisamente demandó Más País en una proposición de ley presentada el pasado mes de febrero.

Según la formación de Íñigo Errejón, los golden visa fomentan la "especulación" de los precios de la vivienda en España, no benefician a la economía nacional y "expulsan a la población local", generando un efecto en cadena "muy negativo" sobre el mercado de la vivienda.

En la propuesta presentada por Más País, se señala que estos permisos, introducidos en el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 con la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, han facilitado la residencia en España a 100.000 extranjeros ricos que invierten en la adquisición de bienes inmuebles con valor igual o superior a 500.000 euros.

Los golden visa también han sido cuestionados por la Unión Europea, pues se conceden sin revisar el origen de los capitales invertidos.

En este contexto, Más País, que negocia con el Gobierno qué hacer con estos visados, ha propuesto una reforma legislativa para garantizar que estas inversiones extranjeras en vivienda se hagan "garantizando sus efectos en la economía real y sin distorsionar el mercado inmobiliario en España".

A cambio de la ley en vigor, Más País quiere que los extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital puedan solicitar el visado de estancia, o en su caso, de residencia para inversores.

En este sentido, el partido propone una nueva redacción de lo que se entendería como "inversión significativa de capital": aquella que se realice por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública; por un valor de un millón de euros en acciones o participaciones de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras del país.

La iniciativa de Más País sería similar a la emprendida por el Gobierno de Portugal, donde se puso fin a estos visados en el marco de un plan de choque para "combatir la especulación inmobiliaria".

En una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a Íñigo Errejón, el Gobierno cifró en 4.940 los visados de inversores o golden visa expedidos entre 2013 y 2022, incluyendo en esta cantidad no sólo a los que se conceden por invertir en inmuebles, también por inversiones en capital y proyectos empresariales.

En dicha respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno afirmaba que el 45% de estos visados se expidió a favor de ciudadanos chinos, con un total de 2.263.

Por su parte, los inversores procedentes de Rusia acapararon el 19,6%, con 969 visados. El Ejecutivo también destacaba los visados expedidos a ciudadanos de Ucrania, que consiguieron el 2,7% de los permisos, con un total de 136.

PP y Vox llevan varias semanas culpando al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, de la muerte de miles de personas en las residencias de mayores de toda España como consecuencia de la pandemia del covid-19. Las dos derechas, la de Pablo Casado y la de Santiago Abascal, intentan hacer creer que la decisión del Gobierno, tomada el 19 de marzo, de poner a Iglesias al frente de las operaciones para intentar frenar el drama que ya se estaba produciendo en estos centros exime de responsabilidad sobre lo ocurrido a los ejecutivos autonómicos, incluidos aquellos de los que son responsables desde hace décadas.

Tal es el caso de Galicia, que preside con mayoría absoluta Alberto Núñez Feijóo desde 2009. O de Castilla y León, ahora en manos de una coalición integrada por el PP y Ciudadanos pero cuyas políticas sociales las deciden los conservadores desde hace 33 años. Lo mismo suceden en Madrid y Murcia, dos comunidades gobernadas por coaliciones PP-Ciudadanos que acumulan un cuarto de siglo de ejecutivos de derechas. Y de Andalucía, aunque en este caso la coalición de derechas tiene menos historia —gobierna desde hace apenas año y medio—. En Madrid, Murcia y Andalucía, además, la presidencia está en mano del PP gracias a la ultraderecha de Vox.

La situación de las residencias de mayores en estas cuatro comunidades, como en las del resto de España, es responsabilidad exclusiva de los gobiernos autonómicos. Y no desapareció con el estado de alarma.

Sobre la competencia, hay pocas dudas. Es del todo autonómica. El texto constitucional no hace una referencia explícita a las residencias de mayores pero sí incluye la asistencia social en el artículo 148 como una de las competencias cedidas a las comunidades autónomas. Es este precepto el que dio soporte al sistema de servicios sociales español, de naturaleza descentralizada, política y administrativamente, y que se ha articulado a través de 17 leyes autonómicas de servicios sociales, una por territorio. Así lo reconoció además el Tribunal Constitucional, que en su día avaló la posibilidad de que los Estatutos de cada territorio asumiesen la totalidad de las potestades públicas sobre esta materia.

Como competencia autonómica que es, no existe un marco estatal que lo defina a diferencia de otros que sí cuentan con una legislación básica estatal. Históricamente se han realizado varios e infructuosos intentos de redactar y promulgar una ley estatal de servicios sociales. Las únicas normas estatales que afectan a la atención a los mayores son la 33/2011, de 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública, que regula la promoción de la salud en hospitales y residencias. O la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Más allá de ese marco, lo que sucede en las residencias de mayores es competencia de los gobiernos autonómicos.

Serán los jueces quienes en última instancia determinan quién es el responsable de los miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de toda España. Pero para conocer cuál es la responsabilidad política de la Vicepresidencia de Derechos Sociales no hace falta esperar: basta con leer el contenido de los decretos aprobados por el Gobierno en esta materia, que en ningún momento privaron a los ejecutivos autonómicos de sus competencias.

No lo hizo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y que sigue en vigor gracias a las prórrogas autorizadas por el Congreso de los Diputados.

Diez días antes de la declaración del estado de alarma, el 5 de marzo, Vox se disponía a celebrar su multitudinaria asamblea en Vistalegre (Madrid) y el PP acusaba de alarmismo a quienes advertían del riesgo del virus —la Comunidad de Madrid, uno de los focos de la enfermedad, aseguraba tener todo bajo control—. Aquel día, con tres muertos y 261 contagios confirmados, el Gobierno central aprobó un protocolo de recomendaciones —no podía hacer otra cosa al carecer de competencias— para que las Comunidades Autónomas tomasen medidas y previniesen la llegada de la infección a las residencias de mayores.

Medidas para actuar

Aquel protocolo proponía medidas para actuar en caso de que los trabajadores o los internos desarrollasen síntomas respiratorios así como para pedir a familiares y visitantes que no acudiesen a los centros, limpiar y desinfectar espacios y hasta gestionar los residuos.

Aquellas medidas no debieron cumplirse demasiado porque el 19 de marzo, ya bajo el paraguas del estado de alarma, Sanidad se vio obligada a convertirlo en una orden ministerial de obligada obediencia. orden ministerial Fue ese el día en el que la máxima autoridad delegada durante la pandemia, el ministro Salvador Illa, encargó al vicepresidente Pablo Iglesias la coordinación e implementación de nuevas medidas para tratar de proteger a los mayores, cuya mortalidad en las residencias claramente desbordaba a las comunidades autñónomas y alarmaba a las administraciones y al conjunto de la sociedad.

Una orden ministerial que el Gobierno se vio obligado a complementar con otra del fechada el 23 de marzo para asegurarse de que las comunidades le suministran de lo que está pasando en las residencias.

Entre las principales medidas adoptadas durante las últimas semanas por la Vicepresidencia segunda se cuentan la elaboración, junto al Ministerio de Sanidad, de recomendaciones y órdenes sobre cómo tratar los casos de covid-19 en las residencias de mayores; la declaración como “esenciales” de los Servicios Sociales o la flexibilización de los criterios de contratación para facilitar la incorporación de personal a estos centros siguiendo el modelo implantado por el Servicio Nacional de Salud.

El Gobierno transfirió también 300 millones de euros a las Comunidades Autónomas, para destinarlos entre otras cosas a las residencias de mayores, y emitió una orden para que las Comunidades Autónomas considerasen a los residentes y al personal de estos centros prioritarios a la hora de la distribución de pruebas diagnosticas y materiales de protección, como ya ocurría con el persona sanitario.

Una de las medidas más llamativas está siendo la movilización, en colaboración con el Ministerio de Defensa, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos han participado en la desinfección de más de 4.000 residencias en todo el país.

Lo cierto es que, cuando el Gobierno se implicó en las residencias, sus plantillas estaban desbordadas y en muchos casos carecían de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas afectadas por el coronavirus. Los protocolos previos para episodios de gripes epidémicas, responsabilidad también de las comunidades, estaban desfasados y no fueron actualizados para hacer frente a crisis como la actual.

A pesar de todo ello, y de que las comunidades nunca han perdido el control de los centros de mayores, PP y Vox han seguido insistiendo en la responsabilidad de Iglesias. La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás llegó a culpar a Iglesias de la muerte de 15.000 personas. Esas muerte, dijo, se deben a la “negligencia” y las “decisiones inmorales” del Gobierno, al que acusó de haber tomado “la decisión de encerrar allí a los mayores” y decretar que nadie pudiera entrar ni salir de las ni enviar a los residentes a los hospitales públicos.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no se quedó a la zaga. Atribuyó al vicepresidente que “bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores”. anteponer “la ideología a la salud y su interés personal al bien de todos” y “olvidarse de los mayores”.

Una pista de aterrizaje repleta de vehículos que impedía el descenso. Es el panorama con el que se topó la tripulación del avión de Iberia que partía de España dispuesto a traer de vuelta a un grupo de españoles en Ecuador. "Nos enteramos de la noticia de que la alcaldesa de la ciudad había tomado el aeropuerto, había colocado coches y furgonetas a lo largo de la pista de aterrizaje y había impedido que nuestro vuelo de Iberia y otro de KLM pudieran aterrizar". La ciudad a la que se refiere es Guayaquil y quien habla es Laura Martínez, una de las españolas atrapadas en suelo ecuatoriano en plena crisis del coronavirus. Y uno de los muchos ejemplos que se reparten por todo el mundo en situaciones similares.

Martínez pertenece a un grupo de voluntarias sanitarias, formado por enfermeras, médicas, farmacéuticas y fisioterapeutas, entre otras, que integran la Asociación Internacional de Sanitarios en España (AISE). Desde el pasado 24 de febrero, un total de 63 personas repartidas en siete grupos llegaron al país con el propósito de "hacer campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en aldeas y pueblos alejados donde no se tiene un fácil acceso a un centro médico". Charlas, consultas y suministro de medicación eran los tres pilares de su tarea.

Los planes tras finalizar la tarea eran variados. Hay quien había organizado su regreso a casa, otras habían planeado viajes turísticos. "Pero el país cerró sus fronteras el domingo pasado", rememora Martínez. Ahí empezaron los problemas. "Se nos notificó que la campaña sanitaria había sido suspendida por parte de AISE, nos avisaron de que las medidas contra el coronavirus iban a empezar a ser más fuertes y se nos recomendó cambiar vuelos para volver a España", narra la voluntaria.

A partir de entonces la suerte de cada voluntaria también fue diversa. Algunas de sus compañeras consiguieron billetes, pero parte del grupo ni tan siquiera tuvo la posibilidad de planificar la vuelta. Los vuelos empezaron a ser cancelados en cadena, por lo que las profesionales iniciaron sus contactos con el Consulado de España en Guayaquil. En medio de las gestiones, el grupo de sanitarias decidió ir a la ciudad porque el martes a las 00:00 horas se cerraban las fronteras entre provincias, se suspendía el transporte y se restringía el paso de vehículos particulares. "Ya instalados en Guayaquil, en un hotel cerca del aeropuerto, estuvimos pasando el aislamiento y el toque de queda esperando a la salida del avión, cuando nos enteramos de la noticia de que la alcaldesa de la ciudad había tomado el aeropuerto".

Desde entonces, la alcaldesa sólo ha hecho dos comunicados: el primero asumiendo su responsabilidad sin pedir disculpas y el segundo reconociendo que se había contagiado del virus. "No se ha dirigido a los españoles afectados en ningún momento y no creemos que pida perdón", asiente Martínez, quien recalca que "desde Ecuador se ve esto un acto terrorista y se están pidiendo responsabilidades legales".

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmó este viernes que en este "momento de mucha tensión en todas partes del mundo" se están viendo "a muchos responsables políticos reaccionar no necesariamente con la calma, la sobriedad y la seriedad que se espera", en este país y en otros "como ha sido el caso de Ecuador". La ministra aseguró igualmente que este sábado saldrá del territorio español un vuelo hacia Ecuador con intención de traer de vuelta a los españoles atrapados al otro lado del charco. Actualmente, confirma Martínez, el Consulado en Guayaquil busca transporte para el desplazamiento a Quito e Iberia está organizando el viaje. "En principio el vuelo sí que sale, ahora tenemos que saber si nosotros en él o no", resume la voluntaria.

"A todos les estamos dando una respuesta"

En rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, González Laya lanzaba un mensaje a los españoles en el extranjero: "Poneos en contacto con agencias de viajes proveedores de servicios lo antes posible porque las conexiones aéreas y marítimas se hacen cada vez más difíciles". Entonces, la ministra aseguraba haber reforzado "más de 200 consulados y embajadas", además de haber habilitado números de teléfono específicos, en concreto una línea disponible las 24 horas del día: +34 913948900.

González Laya también insistió en priorizar en los más vulnerables: niños, estudiantes o quienes se estén quedando sin alojamiento. "A todos les estamos dando una respuesta" expresó, no sin antes pedir "paciencia y responsabilidad". Por último, la responsable de Asuntos Exteriores recordó que aquellos españoles residentes en el extranjero, en buenas condiciones de salud y seguridad, deben quedarse en su residencia, en línea con lo indicado en la guía [disponible en este enlace] publicada por la cartera. Fuentes del ministerio reiteran a infoLibre que el consejo para las personas sin "un motivo grave para desplazarse" es que "no viajen en estos momentos debido a la complejidad de las conexiones".

Las mismas fuentes sostienen que todo ciudadano está siendo atendido por las embajadas, los consulados y a través del teléfono de emergencia, "reforzado con más de un centenar de funcionarios voluntarios". Todos los casos, remarcan, "se tratan individualmente" y favoreciendo el traslado de las personas "en una situación de mayor vulnerabilidad".

Respecto a los medios para llevar a cabo la vuelta, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explican que en determinados casos son las propias instituciones las que preparan el viaje en coordinación con las aerolíneas españolas, mientras que en "otros casos como en Malta han sido las autoridades locales las que han fletado aviones para permitir la salida de los españoles".

Residentes en el extranjero

Pero no todos los residentes en el extranjero quieren quedarse. Una de las trabajadoras del Instituto Cervantes, que declina dar su nombre y revelar el país en el que reside, relata a este diario que tanto ella como sus compañeros se encuentran teletrabajando de forma mayoritaria y siguiendo las medidas de seguridad. "En esta situación, hemos solicitado trasladarnos a España, pero las instrucciones que han recibido los directores son que el Ministerio de Asuntos Exteriores indica que todo personal al servicio del Estado español en el exterior tiene que permanecer en sus puestos", lamenta.

Para la trabajadora consultada, resulta "comprensible que el personal en las oficinas consulares o en las embajadas" permanezca en sus puestos, dado que "es un servicio con una función que no se puede dejar de cumplir". Sin embargo, denuncia, "lo que no tiene sentido es que el Instituto Cervantes" se guíe por la misma lógica, teniendo en cuenta que su prioridad es "la difusión de la lengua y la cultura". A juicio de la empleada, la misma labor que están efectuando en el extranjero se podría realizar en suelo español. "La mayoría de nosotros está contratada bajo la legislación española, somos empleados públicos del Estado español con estatus de desplazados", insiste, no sin antes remarcar que el sistema sanitario de muchos de los países donde se encuentran desplazados presenta importantes deficiencias.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, recuerda en conversación con infoLibre que el organismo cuenta con "87 centros repartidos por el mundo", que actualmente están "cerrados en su mayoría" y que siguen "las directrices de los gobiernos locales y del Ministerio de Exteriores". Los empleados, subraya García Montero, están esforzándose por mantener la actividad en la medida de lo posible y de manera telemática. "Estamos teniendo una respuesta muy positiva de la plantilla y estamos en contacto directo con los centros", explica el director de la institución. 

Aunque "en caso de excepcionalidad se estudiarán todas las situaciones", la dinámica del Instituto Cervantes pasa por "seguir con las directrices del Ministerio de Exteriores, que tiene como urgencia facilitar el regreso de españoles que se encuentren en el exterior por turismo o viajes ocasionales". En base a ese criterio, "en principio se pide que permanezcan en su sitio los trabajadores que tienen residencia propia".

Lagunas y trabas burocráticas

Residente en el extranjero es también María Almena, portavoz y cofundadora del movimiento Marea Granate. El principal problema, comenta a este diario, está en "la gente que se ha quedado atrapada, como los residentes temporales o quienes estaban de vacaciones". Por el contrario, detalla, los residentes permanentes "se quedan en el país donde estén".

A Marea Granate llegan consultas continuas de quienes quieren regresar a sus hogares y se encuentran con vuelos cancelados. "Aunque la mayoría de las aerolíneas han anulado los viajes", la respuesta de los consulados sigue siendo "que se pongan en contacto con las compañías", con las trabas burocráticas que ello conlleva.

Lo difícil de la situación bebe además de un escenario previo de por sí complejo: los recortes, explica la portavoz del movimiento, han hecho mella también en consulados y embajadas. Los organismos "tienen muy poca dotación de personal en relación a la gente que hay fuera", lagunas que "se evidencian también en este tipo de situaciones".

Planes. Proyectos. Escenarios. La actividad en el núcleo del Gobierno que se ocupa de la crisis es frenética. Y la comunicación también. Este jueves dos ruedas de prensa. Por la mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente Pablo Iglesias. Por la tarde, el titular de Transportes y la también vicepresidenta Teresa Ribera.

La evolución de las cifras —la famosa curva de contagios— es mala, como estaba previsto. Y va a ir peor, mucho peor, como se encargó Illa de recordar por la mañana. Así que el Ejecutivo, presionado por los Gobierno autónomos, el personal sanitario, la comunidad científica, los empresarios más afectados, los sindicatos y los medios de comunicación se esfuerza en preparar nuevos paquetes de medidas. El miedo aumenta y todos los profesionales que prestan servicio en la calle, no sólo los sanitarios, reclaman equipos de protección, desde los transportistas a las fuerzas de seguridad.

En el terreno sanitario, al margen del refuerzo personal y material que ya está teniendo lugar y que los hospitales necesitan con urgencia, la prioridad es la puesta en marcha de pruebas diagnósticas sin esperar a a realizar a demanda para intentar establecer el alcance real del virus.

Sobre ellos se conocen pocos detalles. Estarán listos “en unos días”, según Fernando Simón, el médico epidemiólogo que dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio Sanidad. Serán tests rápidos capaces de identificar infectados pero no podrán ser utilizados más que personal entrenado. Una de las posibilidades que, según algunas fuentes, se está considerando es aplicarlos siguiendo criterios de representatividad territorial y por edades —como si fuese una encuesta— para que los resultados permitan obtener conclusiones y no poner en marcha un procedimiento masivo de pruebas al conjunto de la población.

Alimentada por la expansión del virus, en los últimos días son cada vez más las voces que reclaman la necesidad de proceder a un parón total de la actividad, incluidos los sectores que siguen trabajando presencialmente y no son esenciales, como la construcción o la industria, para así reducir a cero la movilidad y con ella las posibilidades del virus de seguir prosperando. Pero el Gobierno, a la espera de que las durísimas medidas de confinamiento ya puestas en marcha den frutos —lo que debería ocurrir esta semana— no se decide todavía a decretar el cierre total de toda la actividad económica. Como tampoco a clausurar por completo el espacio aéreo. La utilización del ferrocarril y de los aeropuertos, así como el tráfico por carrtetera, han caído a cifras muy bajas, según Transportes, y eso nos acerca al confinamiento casi total, aseguran.

Donde se sigue trabajando es en medidas sociales para atajar las consecuencias de la parálisis económica provocada por el decreto de alarma del pasado sábado. Y una de ellas es una moratoria el pago de alquileres para que las personas más vulnerables no vean peligrar su derecho a la vivienda, una medida que una parte del Gobierno —formada por los ministros de Unidas Podemos pero también por varios del PSOE— ya intentó sacar adelante, sin éxito, el pasado martes.

Fuentes del Ministerio de Economía dejaron ese asunto, el pasado martes, en manos de la buena voluntad en tiempos de adversidad para justificar que no se hubiese aprobado ese día laa moratoria de alquileres. Este departamento confía en que arrendadores y arrendatarios apliquen el sentido común y sean capaces de llegar a acuerdos amistosos durante las semanas de duración de la crisis. Hay que desarrollar redes de solidaridad, remarcan las mismas fuentes, sin que tenga que intervenir el sector público. Lo que esperan es que la sociedad encuentre formas de ayudarse los unos a los otros en medio de una situación extrema que afecta a todo el mundo y de la que, subrayan, sólo saldremos actuando de manera conjunta.

Todavía sin acuerdo

La visión del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es muy disinta. Ambos confirmaron por separado que la cuestión sigue encima de la mesa, aunque todo indica que todavía no hay un acuerdo para hacerla realidad. “Se trata de garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez lo de siempre”, enfatizó Iglesias, sino “que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado”.

Este Gobierno “tiene que responder a la necesidad de cualquier persona que se vea en una situación de vulnerabilidad” y “es perfectamente consciente de lo que implica la situación de mucha gente que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, se puede ver en la situación de no poder pagar el alquiler”. La Constitución, remarcó, dice que la vivienda es un derecho, así que “este Gobierno va a trabajar para proteger ese derecho”.

También Ábalos se refirió a este problema en una comparecencia celebrada horas más tarde. Este Gobierno, explicó, “va a ser especialmente sensible con aquellos que más tienen que perder con la situación actual. Ya teníamos en estudio una moratoria”, reconoció. Y “evidentemente vamos a seguir estudiando cómo extender estas ventajas a aquellas personas que en la situación actual hayan agravado sus condiciones para hacer frente no sólo al pago hipotecario sino incluso al propio alquiler”.

El paquete de medidas “que aprobamos el martes no es un punto y final”, subrayó Iglesias. “Estamos trabajando para poner en marcha nuevas medidas que refuercen el escudo social y proteger a todos los colectivos sin excepción durante esta crisis”. “Tendremos que seguir dando pasos adelante y ya les transmito el compromiso de este Gobierno y del presidente de no dejar a ningún ciudadano atrás”.

El vicepresidente quiso además situar la coyuntura en un contexto más relevante: “Esta semana”, dijo, “marca un punto de inflexión en la política económica de Europa. España, pero también otros países de Europa, han decidido dejar atrás los dogmas de la austeridad fiscal que ya fracasaron en la anterior crisis y emprender un camino diferente”. El real decreto del martes fue es “un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino”, pero “ahora es necesario hacer más cosas. Teniendo algo muy claro: es imprescindible responder a esta situación con todos los instrumentos de los que disponemos sin escatimar esfuerzos”.

En el escenario de crisis en el que estamos el Gobierno no descarta nada. Industria, lo reveló este jueves Salvador Illa, se prepara para poner a trabajar fábricas españolas en la producción masiva de material sanitario. Y Transición Ecológica, de la que depende energía, se asegura de que no hay ningún riesgo de desabastecimiento de combustibles y que el suministro eléctrico, en especial a la industria pero también al conjunto del país, está garantizado.

Vienen los “momentos más duros”. El Gobierno insiste, siempre que tiene ocasión, en preparar a la población para un incremento en el número de infectados y de fallecidos. Este jueves el encargado de hacerlo ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia en la que subrayó que ese es el escenario previsible en tanto no alcancemos “el pico de la curva” de contagiados.

Illa anunció nuevas medidas: la distribución de 210 millones de euros a las Comunidades Autónomas para afrontar necesidades sanitarias, una orden para que Justicia prepare escenarios de servicios mínimos para mantener en marcha las urgencias judiciales y medidas para garantizar el suministro eléctrico a las grandes empresas.

El Gobierno trabaja además para elevar el rango de las medidas de atención a los usuarios de las residencias de mayores que en los últimos día han revelado su peligrosidad para las personas de mayor riesgo. Desde el 5 de marzo, explicó Illa, existía un protocolo de recomendaciones que según sus datos la mayoría de las Comunidades Autónomas ya estaban aplicando. Ahora ese protocolo se convertirá en una orden de obligado cumplimiento.

En ese contexto, y a petición de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, Sanidad trabaja para facilitar a los empleados de las residencias los equipos de protección personal que están reclamando.

El titular de este último departamento, Pablo Iglesias, compareció junto al responsable de Sanidad por primera vez desde que inició una cuarentena voluntaria tras el positivo por coronavirus diagnosticado a su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y, además de recordar y reivindicar las medidas sociales aprobadas en el Consejo de Ministros del martes, Iglesias anunció el refuerzo de la atención domiciliaria de las personas más vulnerables, especialmente nacionales y dependientes, así como la protección de las personas sin hogar, en este caso en colaboración con las Fuerzas Armadas.

Pero, más allá de las medidas concretas, Iglesias no desaprovechó la oportunidad para reivindicar la labor del Gobierno en el levantamiento de “un escudo social” frente a las consecuencias económicas del virus y celebró la apuesta de España y de toda la Unión Europea por afrontar la crisis “de manera opuesta” a 2008, cuando la austeridad se convirtió en a prioridad. “Los esfuerzos que no hagamos hoy serán las desgracias de mañana ”, enfatizó.

Alquileres

En respuesta a las preguntas de los periodistas, filtradas previamente por la Secretaría de Comunicación —la rueda de prensa se celebró de manera telemática—, Iglesias eludió polemizar en torno a la moratoria en el pago de alquileres de las personas vulnerables que Unidas Podemos trató sin éxito de incorporar a las medidas del Consejo de Ministros del martes pero sí anunció que “el Gobierno va a buscar fórmulas para proteger el derecho a la vivienda” porque no se va a “dejar a nadie atrás”.

Y, en relación a las caceroladas contra la supuesta fortuna familiar de Juan Carlos I en el extranjero, que Unidas Podemos ha apoyado, Iglesias defendió la libertad de expresión de los ciudadanos que libremente decidieron ayer criticar a la monarquía desde ventanas y balcones de toda España respetando las medidas de confinamiento. Eso sí, precisó: “Como secretario general de Undias Podemos todos conocen mi posición”.

El vicepresidente también redujo a un “debate interno” necesario las discrepancias internas entre miembros del Gobierno en torno al paquete de medidas económicas y sociales aprobado el martes. “Un Gobierno debate”, subrayó, pero “a partir de ahí todos somos corresponsables de las decisiones tomadas. Un Gobierno que no debate no es un Gobierno”, concluyó.

Durante la rueda de prensa el ministro de Sanidad facilitó también algunos datos sobre las medidas tomadas en los últimos días. En primer lugar, la movilización de 30.000 nuevos profesionales sanitarios entre residentes, enfermeros y estudiantes de diferentes especialidades sanitarias. En segundo lugar, la distribución masiva de mascarillas para el sistema de salud: 1,7 millones en los últimos días y 327.000 en las últimas horas. El Gobierno trabaja además para garantizar la adquisición de los equipos necesarios y poner la industria española al servicio del esfuerzo de fabricación de estos materiales.

El Ministerio de Defensa ha avisado este jueves del riesgo de que se produzcan atentados contra ciudadanos españoles en Tinduf, Argelia, según informa el diario El País. Un aviso que se une al mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores que desaconsejó este miércoles viajar a los campamentos saharauis ante la inestabilidad que se vive en el norte de Malí.

"Es una amenaza real que está contrastada por Servicios de Inteligencia extranjeros que operan en la zona. El riesgo de atentado es inminente contra ciudadanos españoles que pueda ir al campamento de Tinduf", ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Robles ha señalado que se ha informado a los cooperantes españoles que trabajan actualmente en la zona. "El riesgo es inminente y es una situación que preocupa mucho", ha reiterado.

En este sentido, fuentes de Defensa han confirmado que hay "constancia" de que se puede producir "de forma inminente" un grave atentado en Tinduf.

Exteriores desaconsejó este miércoles viajar a los campamentos saharauis de Tinduf porque "la creciente inestabilidad en el norte de Malí" y el "incremento de actividad de los grupos terroristas en la región" pueden "afectar a la situación de seguridad en la zona".

Argelia no es un destino habitual para el turismo español pero sí se producen con cierta frecuencia viajes de solidaridad a los campamentos saharauis de Tinduf, organizados en colaboración con administraciones autonómicas o locales, ONG y otras entidades.

El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis (2008). No obstante, con octubre, ya son ocho los meses consecutivos en los que el crecimiento interanual del gasto en pensiones se mantiene por debajo del 3%.

La mayor parte de los 8.316 millones de euros destinados a pagar la nómina de las pensiones en octubre fue a parar a las pensiones de jubilación, con 5.817,8 millones de euros (+3,6%), seguido de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.488 millones de euros (+1,19%).

Por su parte, a las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 863 millones de euros (+1,5%), las de orfandad supusieron 126,2 millones de euros (+3,1%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron algo más de 20 millones de euros (+3,4%).

También el número de pensiones avanzó en octubre a uno de sus menores ritmo de la última década, con un repunte interanual del 1,03%, hasta situarse en la cifra récord de 9.335.224 pensiones, según datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Del total de pensiones, más de la mitad, 5.666.728, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,39% respecto a octubre de 2014, mientras que 2.355.555 eran pensiones de viudedad (+0,1%), 933.976 de incapacidad permanente (+0,69%), 339.811 de orfandad (+2,34%), y 39.154 a favor de familiares (+1,5%).

La pensión media de jubilación sube un 2,2%

La pensión media de jubilación alcanzó a principios de este mes los 1.026,66 euros mensuales, lo que supone un 2,19% más respecto a octubre de 2014.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse este mes en 890,88 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual de casi el 1,9%.

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en octubre en 632 euros mensuales, un 1,06% más que en igual mes del año pasado, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 924,51 euros mensuales, con un incremento interanual del 0,8%.

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 371,46 euros mensuales, un 0,75% más que en octubre de 2014, mientras que la de favor de familiares se situó en 519,68 euros al mes, con un repunte del 1,9%.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al II Plan contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, que contará con un presupuesto de 104 millones de euros ampliable con fondos de la oficina de incautación de los efectos del delito cuya creación ultima el Ejecutivo.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para dar los detalles de este plan que reemplazará al que venció en 2012 y que se ha venido prorrogando desde entonces.

Según ha explicado, contará con 143 medidas agrupadas en cinco ejes prioritarios que hacen especial incidencia en la sensibilización, detección, formación y persecución de este delito que conforme los datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, tiene 45.000 víctimas en España y mueve al día 5 millones de euros.

Alonso ha detallado además de la previsión de más de 100 millones de euros para financiar el plan hasta 2018, se introduce como novedad la posibilidad de que "los bienes que se incauten a los criminales que se lucran de la trata se destinen a la lucha contra este delito, a la protección de las víctimas y al apoyo de las organizaciones que vienen ayudando". Sólo entre 2013 y 2014 lo incautado a estas redes ascendió a 23 millones de euros, conforme ha señalado.

El ministro ha explicado que la transferencia se realizará a través de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos incautados de actividades delictivas, cuya regulación se encuentra pendiente de aprobación definitiva en el Senado. El objetivo, conforme ha dicho, es que el dinero de las mafias repercuta en el bienestar de las víctimas y en la lucha contra el delito, igual que lo incautado del narcotráfico se utiliza en la erradicación del tráfico de drogas y en la prevención y tratamiento de adicciones.

En cuanto al plan en sí, Alonso no ha detallado las medidas que contiene y ha avanzado que organizará una presentación pública el próximo miércoles. Sí ha esbozado las líneas generales de actuación y ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y administraciones, especialmente con el Ministerio del Interior, porque él es el competente en "la mitad" de las iniciativas que conlleva el plan.

Sobre el primero de los objetivos, la detección y prevención de situaciones de riesgo de trata, Alonso ha mencionado que se contemplan medidas como "protocolos donde los médicos de atención primaria puedan detectar qué mujeres están en riesgo y se puedan identificar", junto a iniciativas para "actuar y concienciar a la sociedad española de que estas situaciones se producen". En octubre se lanzarán las primeras campañas.

En este sentido, ha dicho que se trabajará sobre la demanda y en particular, la de los más jóvenes tanto colaborando con las instituciones públicas como con los medios de comunicación en lo que respecta a la publicidad. "Apostamos por fórmulas de autorregulación, códigos que se puedan establecer y una reflexión conjunta para ir reduciendo la demanda y reduciendo esa situación de normalización que esconde una tragedia detrás y una vulneración de los derechos humanos", ha destacado.

En materia de protección y asistencia de las víctimas, ha señalado que el plan contempla "mejorar procedimientos y protocolos" como el de documentación de víctimas, "y hace hincapié en los grupos más vulnerables, como mujeres con discapacidad, menores o con hijos menores de edad", revisando "las pautas para las víctimas extranjeras en situación irregular y el esfuerzo después para tratar de recuperarlas y favorecer su integración".

Perfil trata en España

El ministro ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectaron el año pasado a 14.000 víctimas potenciales de trata, la mayor parte de las cuales eran rumanas, españolas, dominicanas, brasileñas, colombianas y paraguayas. En general, la mayor parte de las víctimas proceden de Nigeria, Rumanía y Bulgaria "y son captadas a través del engaño y trasladadas a España para ser explotadas sexualmente".

De las ONG especializadas también ha recopilado algunos datos del perfil de estas mujeres, el 80% de las cuales tienen 35 años o menos. El 40% son menores de 25 y un 1% menores de edad. "Esa es la realidad de la trata en España", ha añadido Alonso, para incicidir en que es una realidad que está "tras las luces de neón" y no se puede "mirar para otro lado".

El presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, ha recordado este martes que con la crisis económica los usuarios de la entidad han aumentado hasta cerca de dos millones y medio de personas, "ciudadanos y familias que son probablemente los del vagón de cola en salir de esta situación".

En el marco de la reunión, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del pleno que aprueba anualmente los presupuestos de la institución humanitaria, Suárez del Toro ha agradecido el apoyo de instituciones, ciudadanos que marcan la casilla solidaria del IRPF, socios y donantes al desarrollo de su labor.

"Todo lo que hacemos de nuestros programas que tienen más que ver con la crisis no van de ayuda sin más, no es sólo entregar comida, ropa o un kit de higiene, sino que tratamos de que sean políticas activas, procuramos que las personas sigan formándose, que no bajen la guardia, que sigan apuntándose a los servicios", ha explicado.

En este sentido, ha destacado la importancia de una respuesta integral, pues "no es sólo la materialidad de las carencias", sino que es importante proporcionar atención a aspectos que "son muy importantes para la autoestima de las personas y para que la gente se sienta integrada en un sistema".

La reunión ha sido presidida por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, quien ha puesto en valor la labor de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja dentro y fuera de España y ha dado cuenta del reparto autorizado por su departamento este año de lo recaudado con la casilla solidaria del IRPF en el último ejercicio, 220 millones que irán a parar a 468 proyectos.

Para la secretaria de Estado, "el IRPF es la muestra de solidaridad más importante de los españoles porque cuando tienen la opción de marcar la casilla solidaria en la declaración de la renta demuestran la solidaridad y valores que impregnan esta sociedad".

De estos fondos, conforme lo acordado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, 42,7 millones de euros irán a parar a Cruz Roja que los empleará en 59 proyectos tanto de cooperación y voluntariado social como ayuda a domicilio, atención urgente a necesidades básicas, centros de día, integración de inmigrantes y transporte en vehículos adaptados.

Camarero ha destacado que este año lo recaudado con el IRPF ha aumentado en diez millones de euros "que han sido destinados especialmente a la pobreza y, en concreto, a la lucha contra la pobreza infantil". "Es algo que nos une a entidades y Gobierno, algo en lo que estamos trabajando y colaborando de la mano", ha señalado.

En esta línea, ha recordado que también se han repartido 27,5 millones de euros a proyectos de apoyo a la familia y la infancia y 24,4 millones de euros a programas de inclusión social y acceso al empleo. "Son 468 proyectos que se van a ver beneficiados de estos 220 millones, destinados a niños, niñas, mujeres y hombres españoles que más necesitan la colaboración activa de las entidades y este Gobierno, sensible con los que más nos necesitan y preocupado por mantener el bienestar social", ha apuntado.

Desglose del IRPF

Además, Sanidad destinará 23,8 millones de euros –cuatro más que la cuantía de este año– a programas de urgencia social, es decir, proyectos de organizaciones sociales dedicados a facilitar la entrega de alimentos, ropa o productos de higiene; a favorecer el pago de recibos derivados del consumo en los hogares o del alquiler de la vivienda; o a comprar material escolar, pagar los comedores de los colegios o el transporte, según ha informado después su departamento.

Por otro lado, se repartirán 47,2 millones de euros –1,5 millones más que hace un año– a los proyectos dirigidos a personas mayores y 41,3 millones a personas con discapacidad. En ambos casos, según apunta Sanidad, se pretende lograr una mayor autonomía a través de la formación y profesionalización de los cuidadores o por medio de la potenciación de las nuevas tecnologías.

Asimismo, en el marco de las actuaciones en apoyo de las personas con discapacidad, se hará hincapié en su inserción sociolaboral, sobre todo de mujeres con discapacidad, según señala. Los proyectos orientados a la inserción sociolaboral de las mujeres y los programas de inserción sociolaboral de jóvenes, recibirán tres millones de euros y 2,5 millones, respectivamente.

Por otra parte, se mantendrá la dotación a los proyectos de asistencia a víctimas de violencia de género (6,5 millones de euros), para personas inmigrantes (11,5 millones), atención a personas con drogodependencias (5,4 millones), con VIH (3,2 millones) y de inserción sociolaboral de personas reclusas y exreclusas (3,6 millones). Mientras, aumenta ligeramente la dotación de los programas de ayuda al pueblo gitano, hasta los 5,6 millones de euros.

Poco antes de que Miguel Pajares fuera repatriado, Rafael, enfermo de cáncer de próstata de 68 años tratado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), denunció públicamente que tras un año de trámites burocráticos, el Sergas le había denegado la Abiraterona solicitada por su urólogo.  Abiraterona

Este mismo medicamento, de eficacia probada, les fue denegado dos años antes a, al menos, cuatro enfermos tratados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, tras no responder a la quimioterapia convencional.

A Manuel, uno de los afectados, se le suministraba Ketoconazol como única opción terapéutica. Si buscan en el Vademecum qué es el Ketoconazol encontrarán que se trata de un “antimicótico para el tratamiento de hongos y levaduras”. Sí, han leído bien. Y no, no estamos en África.

Hay más casos. Está M. González, enfermo de cáncer de próstata a quien se le denegó el tratamiento con Abiraterona, tras haber dejado de funcionar los inhibidores hormonales previos a la quimioterapia. En su caso, la decisión la tomó la sanidad madrileña, la misma que decidió desalojar a los pacientes de la sexta planta del desmantelado Hospital Carlos III para alojar a los dos religiosos y dispensarles todos los cuidados necesarios para devolverles la salud. Está Mikel Z., un hombre de 50 años a quien el servicio de salud del País Vasco le denegó el acceso la Pirfenidona, el único medicamento capaz de retardar el avance de la fibrosis idiopática que padece, mortal de necesidad, pese a haber sido aprobada hace tres años por la Agencia Europea del Medicamento y estar actualmente dispensada en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia.

Están Mario Cortés y los miles de enfermos de hepatitis C, privados del acceso a Sofosbuvir, un medicamento capaz de erradicar esta enfermedad en el 95% de los casos, pero cuyo uso compasivo se está denegando en la mayoría de las CCAA pese a las recomendaciones de la Asociación Española de Medicamentos y Productos Santiarios (véase la denuncia de la Asociación Española para el Estudio del Hígado).

Tras el efectivo despliegue de medios para repatriar y tratar a los dos religiosos españoles, cualquiera diría que a los responsables del Sistema Nacional de Salud no les duelen prendas con tal de salvar una vida. Pero, visto lo visto, cualquiera diría que según qué vida. Porque los otros enfermos- los de cáncer, los de hepatitis C, los de fibrosis idiopática, los de esclerosis múltiple…-, esos ciudadanos anónimos que pagan religiosamente sus impuestos en España, esperan con la vida en vilo a que se les dispensen los tratamientos que tan urgentemente necesitan. Estos otros enfermos, que no valen ni un titular del telediario, también se van a morir sin que las autoridades sanitarias aceleren el movimiento de un solo papel para impedirlo.

Sabemos que las razones no confesadas de esta situación son de índole económica. Estos tratamientos son caros y en el balance de las gerencias hospitalarias y de los servicios públicos de salud pesa mucho el resultado de la ecuación coste-beneficio en un momento en que la deuda pública- o privada nacionalizada- alcanza ya el 93% del PIB. Pero después del esfuerzo económico y logístico realizado para tratar sanitariamente a dos personas, va a ser muy difícil explicar por qué los otros enfermos no son merecedores de un trato semejante.

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Montserrat Recalde es presidenta de la Asociación de Usuarios del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago de Compostela (AUSO-CHUS)

La emigración juvenil ha crecido un 40.9% desde que empezó la crisis en 2008. El Consejo de la Juventud de España presentó, este martes, una campaña para frenar la fuga de cerebros e impulsar el regreso de los que se han ido y quieren volver.

La iniciativa, apoyada por organizaciones como Juventud Sin Futuro o Marea Granate, difundirá a través de su canal de Youtube testimonios de españoles exiliados en el extranjero hasta el 8 de noviembre, Día Europeo de la Juventud, cuando se dará por concluida la campaña. 

Juventud migrante.Con la vista puesta en casa,

dará voz a los jóvenes españoles que han tenido que emigrar al extranjero, de los cuales, un 80% se plantea volver. El Consejo de la Juventud pedirá al Gobierno que apruebe medidas para frenar le emigración juvenil y otras que impulsen el regreso de los que están fuera.

En 2008, el número de jóvenes emigrantes se situaba en 33.500 personas, y cuatro años más tarde, en 2012, la cifra de las personas que abandonaban el país ascendía, al igual que el número de parados, a 59.700, según los últimos datos del INE en materia de emigración. Pablo Padilla, portavoz de Juventud sin Futuro, señala que estas cifras no se corresponden con la realidad y Marea Granate calcula que hay unos 700.000 españoles exiliados que se han visto "obligados a abandonar" el país por unas "políticas antijóvenes”.

“El 80% de los jóvenes emigrantes creen que han sido expulsados de España”. Es una de las conclusiones extraídas del informe elaborado por Juventud Sin Futuro, en 2013. Con 4.500 testimonios de jóvenes exiliados en la mano, la organización contradice el discurso del Gobierno que relaciona la emigración juvenil con el “espíritu aventurero”: “A pesar de que el 50% de los emigrantes trabajan en situaciones precarias, tan sólo el 15% de los entrevistados creen que volver a España mejoraría su situación laboral”, explica Padilla.

Juventud Sin Futuro denuncia que la precariedad se ha convertido en una tendencia a nivel europeo. “Los países de Centroeuropa cada vez ponen más restricciones a la movilidad. Alemania o Reino Unido han comenzado a reducir las prestaciones destinadas a inmigrantes lo que, en muchos casos, se traduce en un incremento de la discriminación”, subraya el portavoz de la organización. 

Situación laboral en España

Las perspectivas de futuro para los jóvenes que se queden en nuestro país continúan siendo desfavorables. Solamente el 20% de la población entre 16 y 29 años puede permitirse emanciparse y un 42% está en situación de desempleo, según el último Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud. El salario medio de los jóvenes españoles entre 30 y 34 años se sitúa en los 1.333 euros mensuales frente a los 833 que cobra la franja de los 16 a los 29 años.

El Consejo de la Juventud de España es un organismo a nivel estatal formado por sus homónimos de las comunidades autónomas y 76 organizaciones juveniles de ámbito estatal. 

El Gobierno de Rajoy aprobó su eliminación a principios de año con el objetivo, según el Ejecutivo, de acabar con las duplicidades y aumentar la eficiencia de la Administración. Aunque el proceso de supresión sigue adelante hasta que se apruebe la ley en el Congreso, el organismo continúa con su labor en defensa de los intereses juveniles y tampoco cesa su lucha en impedir el cierra a manos del Ejecutivo.

Juventud Sin Futuro inaugurará el nuevo curso con un informe más preciso y actualizado sobre emigración. Asimismo, presentará una serie de propuestas al Gobierno con el objetivo de alzar la voz de los jóvenes españoles que se encuentran en una dificil situación laboral ya sea en España o fuera de ella.

El Consejo de Ministros –a propuesta del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– aprobó esteo viernes los anteproyectos de Ley y de Ley Orgánica de Protección de la Infancia, que modificarán o ampliarán media docena de normas vigentes para introducir la perspectiva del interés superior del menor en áreas dispares. 

los condenados por delitos sexuales, lejos de los menores

La futura ley obligará a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor por parte de las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan estos hechos en el ejercicio de su profesión. 

Paralelamente, para acceder a profesiones en las que haya que estar en contacto con menores no se podrá haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata o explotación. De este modo, España asume el convenio de Lanzarote del Consejo de Eruopa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual que ya firmó en 2010 y que exigía que profesionales de los sectores de la educación, la sanidad o la protección social, entre otros, no puedan trabajar con niños si han sido condenado por estos actos.

El Ministerio asegura que, con esta legislación, España pasará a ser "el primer país del mundo en incluir en su ordenamiento el derecho a la defensa del interés superior del menor".

Derechos y deberes de los menores

A través de la reforma se promueve la participación de los niños en la resolución de procedimientos judiciales. Así, un niño menor de 12 años –siempre que tenga madurez suficiente– tendrá derecho a manifestarse en un proceso aunque, eso sí, la ley también contempla que no tenga que repetir testimonio ante diferentes instancias judiciales y que sea asistido por expertos.

Por otro lado, incluye una serie de deberes para los menores en las esferas familiar, escolar y social. Lo que se traduce, según el organismo, en respeto a los padres, hermanos y profesores, así como a la dignidad, la integridad y la intimidad de las personas con las que se relacionen.

Definición de riesgo de desamparo

El abandono, el riesgo para la vida, salud o integridad física, o la inducción a la mendicidad, la delicuencia y la prostitución son algunos de los factores que determinan la situación de desamparo por las que el menor pasaría a ser custodiado por la entidad que corresponda. Además, y como novedad, cuando pasen dos años desde que se declare este desamparo los padres biológicos no podrán pedir la impugnación del caso. En ese momento serán los organismos competentes los que decidirán el futuro del menor.

DERECHO A ACCEDER A SUS ORÍGENES

Entre otras medidas para primar las estancias permanentes sobre las temporales de los niños acogidos o adoptados, el Ministerio ha introducido la figura de la adopción abierta, que consistiría en mantener el contacto con la familia biológica pese a estar legalmente conviviendo con otro núcle familiar.

También existirá la opción de que los adoptados accedan a información de sus familiares biológicos una vez cumplan la mayoría de edad o antes si sus representantes legales así lo admiten. Así, los organismos públicos se verán obligados a conservar la información de las familias biológicas durante al menos 50 años.

Familias numerosas por más tiempo

Se reformará la ley de familias numerosas para que no se pierda el derecho a las prestaciones correspondientes hasta que el hermano menor de la familia cumpla 21 años o 26 si cursa estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo. En la actualidad, si uno de los hermanos cumple 21 años (ampliable hasta 25 en caso de que esté estudiando) la familia pierde el derecho a esta categoría.

Urbanizaciones sin vecinos en Toledo, casas abandonadas en Galicia o locales cerrados en la costa levantina son algunos de los datos que podemos encontrar en la plataforma casastristes.org, un proyecto que pretende denunciar a través de sus usuarios la especulación en el mercado inmobiliario español.

Son muchos propietarios de viviendas que están esperando tiempos mejores para sacar sus viviendas al mercado. La bajada de precios y la falta de demanda han hecho que no sea un buen momento para vender. Por este motivo, el eje principal de esta iniciativa es la localización de inmuebles en desuso. Además, parte con el objetivo de proporcionar una visión amplia y general de la situación inmobiliaria en España y denunciar sus abusos.

Además de un gran mapa donde se puede localizar las viviendas vacias, en Casas Tristes se puede encontrar diferentes visualizaciones sobre la evolución de las constructoras en bolsa, el mercado hipotecario, la capacidad a consumo de los hogares españoles o una comparación entre el salario mínimo y el precio de las viviendas. Asimismo, disponen de un blog donde publican informaciones divulgativas, que pretenden explicar de forma clara los conceptos más complejos sobre la situación económica y el mercado inmobiliario.

Desde sus inicios en noviembre de 2007, sus autores, el colectivo Derivat –inicialmente promovido por Mar Canet, Jordi Puig y Gerald Kogler– apostaron por un proyecto abierto y colaborativo, donde los datos aumenten gracias a la participación colectiva de los usuarios con los que pretenden buscar soluciones y sobre “denunciar el altísimo porcentaje de casa vacías en España”.

Sus fuentes son muy variadas. A parte de la aportación de los usuarios, Casas Triste cuenta con datos oficiales procedente de más de medio centenar de fuentes nacionales e internacionales, como el Banco de España, la Dirección del Catastro, el Ministerio de Economía y Hacienda o el Eurostat.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112, el aviso a la Policía se produjo sobre las 6.00 horas en la calle Agustín de Foxá e inmediatamente dos unidades UVI móviles se desplazaron al domicilio donde comprobaron que la mujer presentaba una herida por arma de fuego en la región temporal de la cabeza y solo pudieron confirmar su muerte. Su pareja, que también tenía una herida por arma de fuego en la sien pero aún estaba consciente, fue estabilizado e intubado por los sanitarios, que lo trasladaron al Hospital La Paz en estado muy grave. El supuesto autor del disparo mortal tenía un arma de fuego porque había sido militar de profesión.

Según los datos publicados por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este caso se suma a la lista de un total 15 víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2013. Con este nuevo caso, ya son cuatro las mujeres fallecidas por este delito en la Comunidad de Madrid después de que el pasado sábado una mujer angoleña fuera degollada a manos de su expareja.

Tan solo el 20% del total de las mujeres asesinadas a lo largo de este periodo en España había presentado una denuncia. El numero de casos registrados de victimas mortales por esta causa en lo que va de año coincide con los datos que se refieren al mismo periodo del pasado año

Con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, Save the Children denuncia que cerca de 5 millones de niños realizan trabajos en condiciones de esclavitud.

En base a los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo, actualmente en el mundo hay 215 millones de niños trabajadores, con edades comprendidas entre los 5 y 17 años. Más de la mitad de ellos, 115 millones, realizan tareas peligrosas y unos 5 millones lo hacen en condiciones de esclavitud, de forma ilegal y que les denigra como persona.

Esta lacra no solo se da en países del Sur, sino también en Europa, donde los menores son obligados a ejercer la mendicidad, la prostitución o la delincuencia. Según los últimos datos de Eurostat, entre 2008 y 2010 fueron identificados 23.632 víctimas de trata en los 27 países de la Eurozona, aunque la ONG sospecha que la cifra es aún mayor.

"Los niños son muy difíciles de detectar. Todos en algún momento los hemos visto ejerciendo la mendicidad en Europa, pero no sabemos cuántos son”, explica Liliana Orjuela, coordinadora de la organización a Europa Press. Algunos estudios confirman que se tratan de menores romaníes que son trasladados por toda Europa y, debido a la facilidad que tienen de traspasar las fronteras, no hay forma de detectar quién es el adulto con el que viajan, detalla Orjuela.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en España entre los años 2001 y 2004, un total de 9.117 menores inmigrantes no acompañados llegaron al país, procedentes mayoritariamente de Marruecos, Argelia y Rumania.

Las ocho formas más frecuentes de esclavitud infantil

En su último informe sobre el tema en 2006, Save The Childre describe ocho tareas ilegales que los menores son obligados a realizar, explicando el impacto que esto acarrea en la vida de los menores y recomendaciones sobre cómo combatir estos abusos. Estas son:

Una cosa es el trabajo de un menor y otra la explotación

Orjuela señala que “en la mayoría de las sociedades se da el trabajo infantil como una actividad del niño que implica colaborar en casa”, sin embargo, en los países más pobres las tareas son mucho mayores y en peores condiciones. La responsable de Save the Children diferencia entre la labor de un menor de edad "en condiciones dignas de acceso a la educación, la salud y la vivienda" y la explotación que daña gravemente la salud física y emocional del niño para siempre.

Para evitarlo, Save the Children recomienda a los gobiernos de todo el mundo combatir y luchar contra la esclavitud infantil.