La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna ha destacado este lunes en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que los acusados eran "conscientes" de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se "ocultó el estado real" de las cuentas, perjudicando así a los inversores. Por esto mismo, no ha descartado que en su acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, incluya el delito de falsedad contable.

Así lo ha dicho Laúna —que ha estado acompañada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se encargó de esta causa durante la instrucción— durante su exposición en las cuestiones previas a la vista oral en la que ha realizado una serie de de "precisiones" con el fin de "evitar futuras alegaciones de indefensión por errónea interpretación del Ministerio Fiscal en el proceso". La fiscal, que sólo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que en dicho folleto se "ocultaron el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores".

Más de 66.000 acciones de Bankia

Ha añadido que si esto llega a ocurrir "podría afectar a aquellas personas que en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado (el equivalente al auto de procesamiento) ha dirigido aquella responsabilidad". Mientras que el juez instructor, Fernando Andreu, propuso juzgar a 32 personas y a Bankia y a su matriz —Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ( BFA)— por el delito de falsedad en las cuentas anuales en los años 2010 y 2011 y por fraude de inversores; el Ministerio Público decidió acusar solo a Rato y tres de sus directivos, José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella y Francisco Verdú Pons, por el último de estas conductas penales.

Aún así, ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas. Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares —hoy han asistido 13 de las 26 personadas—, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente. En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.

El juicio por las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional pasadas las 11 de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, con una imagen no del todo frecuente: la del antiguo consejo de administración de la entidad al completo sentado en el banquillo de los acusados. Rato es quien se enfrenta a una condena mayor: la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de cárcel, mientras que las acusaciones populares y particulares reclaman penas de hasta 12 años y medio.

En caso de ser condenado, Rato sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. De hecho, el expresidente de Bankia ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en furgón de la Guardia Civil desde la prisión. El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado antes de las nueve de la mañana, pero la primera imagen que se ha visto de él ha sido ya dentro de la sala de vistas. Lo mismo ha ocurrido con José Antonio Moral Santín, Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero, Jorge Gómez Moreno y José María de la Riva, quienes también cumplen condena por las tarjetas black.

Tras Rato, el resto de procesados han ido llegando progresivamente a la Audiencia Nacional, donde han tenido que pasar el obligatorio control de seguridad. Entre ellos, los otros tres ex altos cargos de Bankia, aparte de Rato, a los que acusa la Fiscalía Anticorrupción: el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, al igual que para los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. El resto de ex altos cargos de Bankia que hoy se sientan en el banquillo lo hacen a propuesta de las acusaciones particulares y populares. Entre ellos, un antiguo compañero de Rato en el Gobierno de José María Aznar, el exministro del Interior Ángel Acebes —en tercera fila—, y el empresario Javier López Madrid —en segunda fila—.

La lista se completa con Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj. De éstos, también algunos fueron condenados en el caso de las tarjetas black, aunque en su caso las penas fueron inferiores a los dos años de prisión y, al carecer de antecedentes, están en prisión: Fernández Noriella, Sánchez-Barcoj, Romero de Tejada, Bedía, Arturo Fernández, López Madrid, Pedroche Nieto y Mercedes Rojo.

El auto de la Sección Cuarta, aprobado justamente con el voto en contra de su presidenta, Ángela Murillo, da así la razón al magistrado Pablo Ruz frente a Sepúlveda, que intentó abortar con su recurso la continuidad de unas pesquisas que, amén de comprometerle penalmente, colocan de nuevo a su exmujer, Ana Mato, en el ojo del huracán.

El nombre de la titular de Sanidad ni siquiera aparece mencionado

en el auto de la Sección Cuarta como tampoco constaba en el de Ruz que recurrió Sepúlveda. Pero los informes policiales la señalan como usuaria de los billetes de avión y tren abonados por la misma trama societaria que logró millones de euros en contratos de administraciones gobernadas por el PP, preparó campañas electorales del partido y sobornó, presuntamente, a algunos de sus dirigentes, Sepúlveda entre ellos. El recuento policial de los regalos con que el entramado Gürtel agasajó a los Sepúlveda-Matos entre 2000 y 2004 incluye desde un viaje a Quito para la empleada de hogar de la familia a una fiesta infantil de cumpleaños con payasos, arcos flotantes, globos, flores y un cartel con el nombre de la niña homenajeada.

Aunque ninguna imputación judicial pesa sobre Mato, las revelaciones del sumario la atenazan políticamente. Ya en marzo de 2009, apenas un mes después del estallido del caso, la hoy ministra dijo ignorar que Sepúlveda hubiera recibido un Jaguar de Correa en 1999, fecha en que ambos permanecían casados. En febrero de este año, cuando un nuevo informe policial desmenuzó la lista de regalos que la trama archivó cuidadosamente -incluido uno de la lujosa marca Louis Vuitton con la leyenda "Obsequio Ana Mato" y adquirido en noviembre de 2003- , la dirigente conservadora insistió en que nada de lo investigado le afecta y se quejó de las "insidias vertidas con algunos medios de comunicación" contra su persona.

Una vez que Hacienda envió al juez Ruz su informe de febrero en el que daba por zanjada la cuestión bajo el argumento de que no hay delito fiscal, el magistrado acordar pedir una ampliación sobre el origen de los fondos y la justificación documental con facturas que dos empresas de la trama, Special Events y Pasadena Viajes, dieron a los "servicios turísticos" de la familia Sepúlveda-Mato.

En su esfuerzo por impedir que Hacienda prosiga investigando los regalos, la defensa de Sepúlveda se opuso al auto de Ruz alegando la inutilidad de un nuevo informe. Ahora, la Sección Cuarta pone el dedo en la llaga y hace un recordatorio a Sepúlveda: "Consta en las actuaciones recibidas que al recurrente [Sepúlveda] no solo se le investiga por la presunta perpetración de hechos con apariencia delictiva relacionados con el tipo del articulo 305 del Codigo Penal [fraude fiscal] , sino por otros hechos, algunos de los cuales relacionados con actos de posible corrupción".

Ángela Murillo, presidenta de la Sección Cuarta y a quien correspondía proponer la posición del tribunal,  se ha desmarcado del auto con  un voto particular. Es decir, con una opinión contraria a la que obtuvo el respaldo de los otros dos magistrados de la Sección: apoyar la petición de Ruz. Murillo viene a sostener que no hacen falta más informes de Hacienda. Llegado el caso, y al tratarse de diligencias probatorias de carácter pericial, la magistrada aduce que "los funcionarios de la Unidad de Auxilio Judicial de la AEAT, autores de los informes referidos [aquellos cuya ampliación pretende el juez Ruz], podrán aclarar por activa y por pasiva en el acto del juicio oral todos los extremos pretendidos por el Ministerio Fiscal".