Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.

La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

Como consecuencia de la explosión ha muerto una persona y otra ha resultado herida de gravedad, por lo que ha sido trasladada por el helicóptero de Osakidetza al Hospital Cruces, en Bizkaia, con quemaduras en al menos un 60% de su cuerpo.

Al lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, quien ha explicado, en declaraciones a EFE, que la explosión se ha registrado en una caseta de labor de la empresa, y no en el almacén que guarda los productos pirotécnicos. El primer edil ha detallado que en esta empresa trabajan cuatro personas -su propietario y tres empleados- y que la explosión no ha afectado a más operarios. Salbidea ha explicado que la situación en la empresa está controlada ya que no hay incendio en las instalaciones.

FML es una empresa familiar que inició su actividad en 1875 y que se dedica a la fabricación de todo tipo de material pirotécnico como tracas, cohetes, antorchas y bengalas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha anunciado que apoya el comunicado emitido por el Comité y los trabajadores del Diario de Noticias de Álava tras la publicación de noticias generadas con Inteligencia Artificial en su página web, según ha informado la propia organización.

En su comunicado, los periodistas y el comité del citado diario denuncian la “falta de ética absoluta" y donde expresan su "preocupación tras tener conocimiento de la publicación en la web de Diario de Noticias de Álava de informaciones generadas por Inteligencia Artificial", que están siendo publicadas en la versión digital del medio.

En el comunicado, los periodistas aseguran que esta forma de actuar es un fraude "porque es una manera de engañar al lector haciéndole creer que hay un trabajo periodístico detrás mientras que es una Inteligencia Artificial la que hace los textos." Situación que se agrava teniendo en cuenta que en 2024 Diario de Noticias de Álava recibió una ayuda de 337.500 euros del Gobierno Vasco para "paliar los efectos de la IA".

Aseguran también ser conscientes de que "ChatGPT está muy presente a día de hoy", pero que consideran que su uso "debe limitarse a un mero complemento al trabajo, en ningún caso para la redacción de noticias" y que bajo ningún concepto debe suponer la sustitución de periodistas. En el comunicado, los trabajadores aseguran estar seguros de que muchos lectores desconocen que una noticia ha sido escrita por una inteligencia artificial, dado que "no figura en ningún sitio cómo ha sido su elaboración". Hecho que, declaran, genera aún más incertidumbre entre los propios periodistas, dado que la plantilla de DNA lleva desde el pasado 2 de diciembre en huelga y "sin firmar los artículos que escribimos por un convenio propio".

Por último, denuncian que la plantilla lleva con los sueldos congelados desde 2013 y que el diario no cumple el convenio estatal de prensa, además de la "reducción drástica" que han sufrido, hasta apenas superar hoy en día los 30 trabajadores, siendo esta "sustituida en muchos casos por mano de obra más mucho más barata”.

El militante del PP de Álava Ander García Oñate se ha ratificado este lunes, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz, en su denuncia por la agresión que sufrió el pasado sábado en la entrada de una discoteca de la capital alavesa, cuya presunta autora, una joven de 20 años, también estaba llamada a declarar este lunes ante la juez que instruye el caso, según informa Europa Press.

García Oñate ha llegado pasadas las nueve de la mañana al Palacio de Justicia de Vitoria, del que ha salido alrededor de las diez sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Fuentes del Partido Popular de Álava han confirmado a Europa Press que el joven militante de esta formación se ha ratificado en la denuncia que presentó la semana pasada, en la que indicó que había sido agredido por una joven que, al parecer, le propinó un puñetazo al grito de "¡facha!" y "Gora ETA!". Además de García Oñate, este lunes estaba llamada a declarar la presunta agresora, una mujer de 20 años de edad. También se ha tomado declaración a tres testigos de los hechos.

Aunque inicialmente la causa se tramitó como un delito de lesiones e iba a resolverse en un juicio rápido, finalmente será investigada en un procedimiento ordinario, dado que la Fiscalía pretende determinar si la agresión constituye un delito de odio.

Los tres miembros que quedaban en la Ejecutiva de Ciudadanos Álava tras la destitución de Javier Gómez Calvo por parte de la dirección nacional han anunciado este sábado su dimisión, al entender que el partido −que acusa a Gómez Calvo de buscar un trasvase de afiliados al PP− ha actuado de forma "desleal" con el ya ex número dos de la formación en Euskadi, informa Europa Press.

La decisión de los tres integrantes de la Ejecutiva alavesa que aún permanecían en este órgano −el cuarto era el propio Gómez Calvo− ha sido dada a conocer a través de un comunicado, en el que han denunciado que el partido "está actualmente capitaneado por personas que han perdido completamente el rumbo".

Los ya exdirigentes de Ciudadanos Álava han explicado que, en estas condiciones, su continuidad en la formación resultaba "inviable". Además, se han posicionado a favor de la apuesta de Gómez Calvo para que Ciudadanos conformara una alianza electoral con el PP en Euskadi, dado que consideran que "cuando los constitucionalistas se dividen, los nacionalistas se multiplican".

"Si no sumamos, nos restan", ha asegurado el propio Gómez Calvo. Han asegurado que continuarán trabajando desde la sociedad civil "para fortalecer una alternativa constitucionalista al nacionalismo obligatorio, por encima de egos y personalismos". "Nadie se va a marchar a ningún otro lado que no sea aquel del procede: la sociedad civil", han asegurado.

Tras la renuncia de los integrantes de la Ejecutiva de Álava, Ciudadanos deberá convocar una asamblea para elegir a los nuevos miembros del órgano rector de la formación en el territorio alavés.

La secretaria general del PSE de Álava, Cristina González, ha expresado este sábado su "sorpresa" por la decisión del edil del PSE en Samaniego (Álava) de romper el acuerdo para la gobernabilidad alcanzado con el PNV, y ha avanzado que le exigirán su acta de concejal por dar su apoyo a EH Bildu, que gobernará los próximos cuatro años, según informa Europa Press.

El único edil del PSE-EE en el Ayuntamiento alavés de Samaniego se ha desmarcado del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre su partido y PNV, y ha dado su voto a EH Bildu, que gobernará el municipio durante los próximos cuatro años.

En las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, el PNV fue el partido más votado en Samaniego, localidad con 290 habitantes, y consiguió 3 escaños, los mismos que EH Bildu, mientras que los socialistas lograron un representante.

En declaraciones a Europa Press, Cristina González ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre PSE y PNV y ha subrayado que los socialistas "siempre cumplen sus pactos". En este sentido, ha avanzado que el PSE de Álava va a exigir su acta de concejal al edil que con su voto ha facilitado este sábado que EH Bildu gobierne en Samaniego.

Una prima segunda del rey Felipe VI, Olivia Ana Garrigues Borbón, figura como la tercera suplente en la candidatura que Vox ha presentado por Ávila al Congreso de los Diputados para los comicios del 28 de abril. Así consta en las listas que este miércoles publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) con todas las candidaturas presentadas para las próximas elecciones generales, consultadas por Europa Press. Las listas definitivas una vez revisadas por la Junta Electoral Central serán publicadas el 2 de abril.

La candidatura de Vox por la provincia de Ávila está encabezada por la empresaria y experta en inteligencia emocional Georgina Trías, a la que acompaña como número dos el ciclista Francisco Mancebo y el presidente provincial del partido en la provincia, Germán Sánchez, en el tercer puesto.

En tercer lugar entre los suplentes aparece Olivia Ana Garrigues Borbón. Se trata de una de las hijas del economista José Miguel Garrigues Walker y Elena de Borbón, prima del rey emérito Juan Carlos. La mayoría de nombres que completan las listas de Vox son caras desconocidas para el electorado, pero también aparecen algunos nombres conocidos como el del exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que permaneció secuestrado por ETA durante 532 días, cerrando de manera simbólica la candidatura por Madrid.

También en la lista por Madrid, en el puesto número ocho, Vox ha incluido a Ana María Velasco-Vidal Abarca, hija del comandante Jesús Velasco, asesinado por ETA, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Continuando con las víctimas del terrorismo, el candidato al Senado por Mallorca es Antonio Salvá, padre del guardia civil Diego Salvá asesinado en Palma en 2009 en el que fuera el último atentado perpetrado por ETA en territorio español.

Familiares de Abascal en las listas

La mayoría de candidatos son fieles a Vox desde el origen del partido, pero incluso figuran varios familiares del líder del partido, Santiago Abascal. Entre ellos figuran su tía Begoña Conde como cabeza de lista por Orense y su hermana Iria Abascal como suplente al Senado por Álava.

Además, entre los centenares de nombres que rellenan las listas se encuentran varios militantes que antes de sumarse a las filas de Vox ocuparon cargos en el PP, como el alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, número tres al Senado; o el presidente de Intereconomía y exdiputado del PP en el Parlament, Julio Ariza, en el puesto 32 de la candidatura por Barcelona.

Una víctima de violencia machista solicitó este domingo ayuda por carta al lehendakari, Iñigo Urkullu, tras denunciar la falta de protección que siente ante el permiso penitenciario de 24 horas concedido por la Audiencia Provincial de Álava a su agresor, condenado por amenazarla de muerte y por el asesinato de su anterior novia hace doce años.

Según informa la Cadena Ser, María recibió el pasado jueves una alerta del Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco informando de que su ex marido Catalin Poplan disfrutaría este lunes de un permiso penitenciario concedido por la Audiencia Provincial de Álava. La victima conoció a su ex pareja en prisión cuando este cumplía condena por el asesinato de su novia. Se casaron y tuvieron dos hijas mellizas. 

María se siente desprotegida ante esta situación. Por un lado, la orden de alejamiento contra Catalin caducó en diciembre del año pasado y cuando acudió a la Ertzaintza para solicitar protección, no le fue concedida por considerar que no corre peligro porque se ha cambiado de domicilio. Y por otro lado, la víctima no comprende que la Audiencia Provincial de Alava le haya concedido un permiso penitenciario pese a la negativa de la dirección de la cárcel. 

Este domingo, María le envió una carta lehendakari Urkullu en la que le contaba su historia y le pedía ayuda, a la vez que cuestionaba "dónde están sus derechos y los de sus hijas", según recoge la Cadena Ser. 

Dos de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 han ingresado este viernes en la prisión de Zaballa, en Álava, tras autorizarse y completarse el traslado desde la cárcel madrileña de Soto del Real.

Según informan a Europa Press en fuentes penitenciarias, se trata de Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, que partieron este miércoles de la prisión de Soto del Real para un "traslado ordinario" al País Vasco, donde seguirán cumpliendo su condena a 9 años de prisión por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

La sentencia, dictada el pasado 1 de junio, suscitó polémica pues si bien la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que lo ocurrido el 15 de octubre en Alsasua "no se trató, sin más, de un simple altercado o, como se dice vulgarmente, de una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión", no constituyó un delito de terrorismo como sostenía el Ministerio Fiscal, que pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel.

De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrido el fallo ante la Sala de Apelaciones, pues sostiene que los hechos debieron ser calificados como terroristas ya que, conforme defendió el fiscal José Perals, "se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el 'pensamiento único' y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos".

El Parlamento Vasco ha aprobado una propuesta del PNV y el PSE-EE en la que se insta al Gobierno autonómico a crear un grupo de trabajo, junto a "todas las instituciones implicadas", para elaborar una propuesta de ley orgánica que permita incorporar a Álava el enclave burgalés de Treviño.

El pleno de la Cámara ha vuelto a debatir este jueves, en este caso a propuesta de EH Bildu, sobre la situación del Condado de Treviño y La Puebla de Aragnzón, los municipios que conforman este enclave, ubicado en el territorio de Álava pero que depende administrativamente de Burgos.

Los ciudadanos de estos municipios, en las diversas consultas que se han celebrado en torno a esta cuestión, se han mostrado partidarios de integrarse en Álava, aunque todas las iniciativas institucionales llevadas a cabo hasta la fecha para lograr este objetivo –la última en 2014– han acabado fracasando.

EH Bildu ha vuelto a plantear este jueves el debate en torno a este asunto, a través de una iniciativa en la que proponía instar a los gobiernos vasco, castellanoleonés y español a que "acepten la voluntad libre y democráticamente decidida de la ciudadanía de Trebiñu", sobre la que se afirmaba que "debería ser la única condición para la integración de los municipios de Trebiñu y Argantzun en Araba y para la decisión de su futuro". Esta iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PNV, el PSE-EE y el PP, mientras que Elkarrekín Podemos se ha abstenido en la votación.

"Aspiraciones legítimas"

En lugar de esta propuesta, se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE, en la que se insta al Gobierno Vasco a "dar respuesta a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos del enclave de Treviño", para lo que le piden que cree un grupo de trabajo "con todas la instituciones implicadas", con el fin de elaborar "una propuesta de resolución que incluya una ley orgánica para su aprobación en Cortes Generales".

Dicha ley –se añade en el texto– tendría el objetivo de "modificar los actuales límites territoriales permitiendo la incorporación [de Treviño] en el Territorio Histórico de Araba". Esta enmienda ha sido aprobada con la mayoría que suman el PNV y el PSE en el pleno, mientras que EH Bildu ha votado en contra y Elkarrekin Podemos y el PP se han abstenido.

En el pleno también se han debatido sendas enmiendas de Elkarrekin Podemos, en las que se pedía la convocatoria de un referéndum "legal y con garantías" en Treviño, y del PP, que defendía abordar este asunto "en el marco institucional del diálogo, el respeto estatutario y la colaboración entre Euskadi y Castilla León", aunque ambas han sido rechazadas.

"Oportunidad histórica"

En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, ha asegurado que con el cambio de gobierno en el Estado español se abre una "oportunidad histórica" para resolver este conflicto "estancado" atendiendo a la voluntad mayoritaria de los treviñeses.

Por parte de Elkarrekin Podemos, Edurne García ha considerado "incomprensible" que en 2018 aún se mantenga "anacronismo administrativo", para cuya resolución ha propuesto la convocatoria de "un referéndum completo y aceptado por todos".

El parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero ha recordado que su grupo defiende la integración de Treviño en Álava, pero ha considerado que resulta "utópico" plantear que la "única condición" para lograr ese objetivo es atender a la opinión de los treviñeses, puesto que esta es una cuestión que afecta hasta a cinco niveles institucionales de Euskadi, Castilla y León y del propio Estado.

Desde el PSE-EE, Txarli Prieto ha destacado que su grupo "comparte" el objetivo de que Treviño forme parte de Álava. No obstante, ha rechazado que en este debate se plantee que la "única legitimidad" a la que hay que atender sea la de los treviñeses, puesto que también hay que tener en cuenta la opinión de las instituciones burgalesas y estatales.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha recordado que el Partido Popular de Euskadi también está "a favor" de que Treviño se integre en Álava, aunque ha señalado que la realidad institucional que afecta al enclave es "complicada", y ha valorado los "avances" que han supuesto los convenios suscritos entre las instituciones alavesas y burgalesas para coordinar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de Treviño.

Urkullu participó este sábado, en Vitoria, en un homenaje a Luis Álava Sautu, responsable de la Red Álava de la resistencia antifranquista, que fue fusilado hace 75 años en Madrid, tras la caída de la organización como consecuencia de la ocupación alemana de Francia.

El lehendakari, en una breve intervención durante la ceremonia, se refirió a la disolución de ETA, sobre la que afirmó que supone el cierre "definitivo" de una actividad terrorista "que solo ha causado dolor innecesario y sufrimiento injusto".

"El terrorismo ha terminado", destacó, para añadir que con la actividad terrorista "nadie ha ganado nada", puesto que "todos hemos perdido".

"Aprender del pasado"

Urkullu, que reivindicó la memoria de Luis Álava y de la "ejemplar" red de resistencia antifranquista que dirigía, subrayó que "también las heridas de la guerra de 1936", iniciada con el golpe de Estado del bando franquista, "duraron demasiadas décadas". Por ese motivo, apeló a "aprender del pasado".

El lehendakari afirmó que en el momento actual, tras la desaparición de ETA, "lo importante es preservar y honrar la memoria de las víctimas", así como "fortalecer la cultura de la paz y la convivencia", con el fin de que "la violencia no vuelva a formar parte de nuestra vida".

"Esta es nuestra esperanza y determinación de cara al futuro. El ejemplo de la Red Álava nos da fuerza para seguir trabajando por el encuentro social y la convivencia", manifestó.

En el acto también intervino el diputado general de Álava, Ramiro González, y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran. Este último destacó que todas las víctimas merecen "reconocimiento, reparación y justicia", tanto las causadas por el régimen franquista, como las originadas por ETA o los abusos de las fuerzas policiales.

Urtaran destacó que Vitoria es una ciudad que siempre ha defendido la memoria de todas las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos, y reafirmó el compromiso de la capital alavesa con "la libertad y la igualdad", unos valores "simbolizados" por la Red Álava.

"Dieron su libertad"

González, por su parte, subrayó que todos los miembros de este grupo de resistencia antifranquista desempeñaron una labor "trascendental", y "dieron su libertad por la libertad de todo un pueblo".

El diputado general, que dedicó un agradecimiento especial a las mujeres que participaban en la red, explicó que el homenaje de este sábado es "un paso más en la recuperación de la memoria de quienes sufrieron la barbarie de la dictadura franquista".

Además, emplazó a "preservar" los valores que representan estas personas "para seguir construyendo una sociedad en paz, solidaridad y convivencia".

La Red Álava

Luis Álava Sautu, responsable-delegado de la Red Álava de la resistencia antifranquista, fue fusilado hace 75 años en Madrid, tras la caída de la organización como consecuencia de la ocupación alemana de Francia.

Durante la Guerra Civil y comienzos de la dictadura franquista, entre 1936 y 1940, la red bautizada con el apellido de Luis Álava realizó acciones solidarias y de asistencia a favor de los presos, exiliados y sus familias.

Los miembros de esta organización actuaron como correos entre los dirigentes presos y exiliados, y también fueron espías al servicio de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Para llevar a cabo sus acciones, la Red Álava llegó a contar con casi medio centenar de integrantes. En esta organización participaron mujeres y hombres de toda clase social de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, con una media de edad cercana a los 40 años, siendo Luis Álava, con 49, el mayor.

Luis Álava Sautu nació en Vitoria-Gasteiz el 18 de noviembre de 1890. Ingeniero agrónomo y químico de formación, estuvo ligado desde joven al mundo nacionalista, fue candidato a diputado a Cortes y, al estallar la sublevación militar franquista de julio de 1936, era presidente de la Junta Municipal del PNV en Vitoria.

Tras la ocupación de Francia en junio de 1940 por el ejército alemán, la información recabada por policías españoles y alemanes en la delegación en París del Gobierno Vasco presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre hizo posible la caída de la red.

Los miembros de la organización fueron detenidos en el invierno de 1940-1941 y juzgados sumarísimamente. Como resultado, Luis Álava fue ejecutado el 6 de mayo de 1943, en el cementerio del Este de Madrid, y 19 miembros más resultaron condenados a largas penas de prisión.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha rechazado los argumentos de la defensa para reclamar la nulidad del proceso por el caso De Miguel caso De Miguelcaso De Miguel, en el que están acusados varios exdirigentes del PNV, y ha asegurado que existen pruebas sobre la existencia de una "trama" de corrupción que actuaba con "desvergüenza" y que contaba con el apoyo del "establishment"establishment para reclamar el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos a empresa privadas.

Izaguirre ha repasado este jueves, en la cuarta sesión del juicio por el caso De Miguel, las investigaciones realizadas en la fase de instrucción de este procedimiento, en el que hay 26 acusados, entre ellos el ex número dos del PNV de Álava y antiguo diputado foral, Alfredo de Miguel, que se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel.

El fiscal ha rechazado los argumentos planteados por las defensas de los acusados para reclamar la nulidad total del procedimiento por las supuestas irregularidades y la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados en la fase de instrucción.

Izaguirre ha defendido el "magnífico trabajo" del juez instructor, así como la "impecable" labor realizada por la Ertzaintza, y ha asegurado que todo el proceso se ha desarrollado de forma absolutamente "garantista" con los derechos de los investigados.

Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en 2009 por la empresaria Ainhoa Alberdi por el "acoso" y "amenazas" que estaba sufriendo para el pago de unas comisiones irregulares por un contrato relacionado con el Parque Tecnológico de Álava que se había adjudicado a la empresa de la que era administradora, según ha recordado el propio fiscal.

"Una trama real"

El representante del Ministerio Público ha subrayado que aquella denuncia estaba acompañada de varios correos electrónicos y grabaciones de sonido que acreditaban las presiones dirigidas contra Alberdi, unas evidencias a las que ha otorgado "veracidad". De hecho, ha subrayado que las pruebas aportadas por la empresaria "ponen de manifiesto que estamos ante una trama real".

Izaguirre ha recordado que la empresaria denunció haber sido víctima de "acoso y coacciones" por parte de De Miguel, el también exdirigente del PNV alavés Aitor Telleria y el exgerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Arriola —también imputados en la causa—, con las que estas personas habrían tratado de reclamarle el pago de comisiones ilegales por un contrato que se había concedido a su empresa en relación con la ampliación de este complejo, ubicado en Miñano.

"Sé más discreto"

El fiscal ha explicado que, antes de presentar la denuncia y de empezar a registrar con una grabadora las conversaciones que mantenía con estas personas, la empresaria recurrió al presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julian Sánchez Alegría, otro de los acusados en este proceso.

Izaguirre ha subrayado que, en lugar de denunciar los hechos, tal y como era su "obligación" como empleado público, Sánchez Alegría se puso en contacto con De Miguel para decirle: "sigue haciendo lo que tienes que hacer; pero, por favor, sé más discreto".

El grupo parlamentario de Podemo en Álava ha anunciado que los cuatro junteros que en la votación de los Presupuestos Forales del pasado mes de diciembre "no respetaron la decisión de abstenerse que había decidido el partido", los procuradores Koldo Martín, Daniel Trujillano, Juanjo Celorio y Javier Bizarro, han recibido este lunes la notificación de su suspensión cautelar.

En un comunicado, la formación ha explicado que tras esta notificación, están suspendidos como inscritos en el partido y "no podrán ejercer ningún tipo de representación o portavocía orgánica hasta que se conozca la resolución de la Comisión de Garantías", decisión que fue adoptada este pasado fin de semana por la Comisión de Coordinación de Podemos en Euskadi, según ha informado Europa Press.

El grupo junterino de Podemos ha recordado que a dos de ellos, Koldo Martín y Javier Bizarro, ya se les retiró la liberación como junteros en pasado mes de enero.

En este sentido, ha explicado que en el caso de Martín, "la suspensión viene dada además por un cobro indebido de dietas de 4.000 euros no justificados y por realizar gastos fuera de la actividad parlamentaria sin estar aprobados por el órgano competente".

Respecto a Javier Bizarro, miembro de la Mesa de Juntas Generales, Podemos cree que ha hecho "dejación de sus funciones, según establece en su expediente la Comisión de Corrdinación de Euskadi, al no informar de los asuntos tratados en la misma al resto del Grupo Juntero".

"Queda probado que desde que se le retiró el sueldo como liberado, su actuación como procurador no ha sido acorde con los intereses del partido al que ha representado hasta la fecha", ha insistido.

División en el grupo

Por otro lado, ha defendido que la división del Grupo Juntero de Podemos en la Cámara Foral "nunca ha tenido que ver con corrientes políticas, sino con formas de entender el trabajo dentro de una institución como las Juntas Generales de Álava".

"Podemos llegó a la esfera pública con el claro objetivo de trabajar para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, y por ello, espera que el trabajo en esta Cámara pueda seguir desarrollándose con normalidad a partir de este momento", ha defendido la actual portavoz del Grupo, Arantxa Abecia, quien ha insistido en que "es a lo que vinimos, a trabajar por y para la gente de este territorio".

La Diputación Foral de Álava, las Juntas Generales de este territorio y el Ayuntamiento de Vitoria presentaron este miércoles en un juzgado de la capital alavesa una querella criminal por los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que cinco trabajadores murieron por disparos de la policía armada durante una protesta obrera.

Las instituciones alavesas pretenden que se determinen las "responsabilidades penales y de cualquier otro tipo" que correspondan por lo ocurrido aquel día, en el que, además de los cinco fallecidos, hubo más de cien heridos por los disparos de la policía.

La Diputación, las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Vitoria denunciaron, a través de un comunicado, que los sucesos del 3 de marzo de 1976, por los que ninguna persona ha sido condenada, es un "crimen contra la humanidad".

Las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava han presentado una querella conjunta, mientras que el Ayuntamiento ha registrado una querella en su propio nombre. De esta forma, las tres instituciones cumplen con los acuerdos adoptados por sus respectivos plenos y Consejo de Diputados.

"Crímenes franquistas"

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó el 18 de marzo de 2016 un texto en el que se acordaba "iniciar acciones judiciales en los tribunales del Estado español". De esta forma, se pretendía que "se esclarezcan los hechos", por lo que se exigía que se determinen "las responsabilidades penales y de cualquier otro tipo que correspondan, derivadas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, incluida la masacre del 3 de marzo de 1976".

Las Juntas Generales de Álava, por su parte, aprobaron un texto idéntico el 27 de abril de 2016, mientras que la Diputación Foral de Álava ratificó la misma resolución el 7 de junio.

Estas instituciones ya habían acordado personarse en la causa judicial abierta en Argentina contra los crímenes del régimen franquista, en la que se incluye la investigación de los sucesos del 3 de marzo de 1976. No obstante, ahora han decidido presentar en un juzgado de la capital alavesa una querella criminal por aquella matanza.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado ilegal la privatización de los servicios tributarios que una veintena de ayuntamientos vascos decidió poner en marcha en los últimos años. En dos sentencias de diciembre de 2015 y febrero de este año, anula los decretos de los ayuntamientos de Legutio y Amurrio (Álava) que subcontrataban las tareas de inspección fiscal a dos empresas privadas, Gesmunpal y Servicio de Colaboración Integral (SCI). Ambos fueron recurridos por la Abogacía del Estado, a la que los tribunales han dado la razón: una empresa privada no puede “invadir” las competencias reservadas a los inspectores fiscales; es decir, a funcionarios, los únicos cuyo trabajo implica el ejercicio de autoridad.

La falta de medios de muchísimos ayuntamientos les ha forzado a poner en manos privadas sus servicios de recaudación municipal. Hay un puñado de empresas especializadas en esa tarea: la citada Servicios de Colaboración Integral (SCI), Recaudación Gestión y Servicio de Apoyo o Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), dos de cuyos directivos fueron detenidos este martes como parte de la operación Térmyca, que ha destapado una trama que desviaba fondos públicos municipales.

De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmó el año pasado un acuerdo marco con cinco de estas empresas para que los ayuntamientos elijan entre ellas si quieren privatizar sus servicios de recaudación. El precio, un porcentaje sobre el dinero que recauden: desde el 14% hasta el 30% según la empresa. Una de ellas es precisamente la citada CGI, que tienen contratos con los ayuntamientos de Amorebieta y Mungia (Vizcaya) y Pasaia (Guipúzcoa). También fueron homologadas por la FEMP otras dos empresas vascas: las ya citadas Gesmunpal y Servicios de Colaboración Integral (SCI).

Los pliegos de condiciones de ese acuerdo dejan claro que las empresas contratadas deben limitarse a realizar “tareas meramente formales” que no impliquen “el ejercicio de autoridad pública, ni un menoscabo de funciones reservadas a funcionarios públicos”.

Sin embargo, algunos municipios vascos fueron más allá en sus respectivos concursos públicos y no sólo subcontrataron la recaudación sino también la inspección y la posterior gestión de los tributos que cobran: el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTN o plusvalía municipal), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) las tasas de abastecimiento y saneamiento de aguas y recogida de basuras, etcétera.

Ejercicio de autoridad

Y aunque presentaron la contrata como una cesión de tareas de “colaboración”, la Abogacía del Estado sostiene y los jueces han dictaminado que, en realidad, las funciones encargadas a la empresa privada exceden con mucho lo que podría considerarse apoyo y asistencia técnica. De hecho, destacan ambas sentencias, la empresa externa tramita expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de pago, también de infracción; comprueba la exactitud de las autoliquidaciones e informa a los contribuyentes sometidos a investigación. Es decir, concluyen los jueces, “se trasladan al adjudicatario potestades exclusivas de la inspección municipal que implican per se el ejercicio de autoridad y que, por tanto, requieren la intervención de los funcionarios adscritos a la oficina inspectora”. Es el contratista, resaltan, quien va a decidir “a qué contribuyente, en qué concepto y en qué cuantía se le liquidan y exaccionan los tributos”.

Así, las sentencias tachan de “intromisión ilegal en el ejercicio de las potestades propias de la Administración” que incoen, tramiten e instruyan expedientes tributarios “sujetos no integrados órganica y funcionalmente en la Administración tributaria”. También hablan de “una total quiebra de la fe pública administrativa y de los deberes funcionariales”.

Por esos servicios, además, las empresas cobran a los ayuntamientos un 49% de la recaudación, casi la mitad de lo que ingresan, “un indicio más que razonable de que su tarea no es de mera asistencia técnica o colaboración en el desarrollo de la función inspectora”, dice el Tribunal Superior del País Vasco.

Serán suplidos por la Diputación Foral de Álava

“Nosotros estábamos muy contentos con el servicio”, explica Nekane Garaigordobil, alcaldesa de Legutio, un municipio de sólo 1.700 habitantes que cedió la gestión del IAE, el IBI y el ICIO a Gesmunpal en 2013. Ahora, con la sentencia en la mano y tras estudiar si redactaban de nuevo los pliegos del concurso, para adaptarlos a la doctrina de los tribunales, o pedir ayuda a la Diputación Foral de Álava, el consistorio de Legutio se ha decantado por la segunda opción. Lo mismo hará el Ayuntamiento de Amurrio, según ha indicado un portavoz municipal. Y hasta una quincena de consistorios, confirma la propia Diputación.

La institución foral alavesa se ha ofrecido a estos ayuntamientos para ayudarles a gestionar el IAE y el ICIO. A cambio de un 35% de la recaudación, pondrá a disposición de los consistorios el personal necesario.

En la misma situación que Legutio y Amurrio, pero a la espera de que se les comunique la anulación de sus respectivos concursos, se encuentran otros ayuntamientos como Astigarraga y Pasaia (Guipúzcoa), Elorrio (Vizcaya) y Agurain (Álava). Habían encargado sus servicios tributarios a Gesmunpal y CGI.

“Somos meros administrativos que colaboramos en apoyo de los ayuntamientos por su falta de recursos, pero siempre firma un tesorero o un interventor, es el Ayuntamiento el que dirige a la empresa colaboradora, nosotros no tomamos ninguna iniciativa”, describe su operativa un responsable de CGI a infoLibre. Dice que toda su actividad se realiza bajo un control muy estricto: “Se trabaja con cuentas restringidas del Ayuntamiento, no hay cuentas de la empresa colaboradora, todas son cuentas públicas y nunca se maneja dinero físico público, todo va por ficheros”.

No obstante, CGI ofrece a los ayuntamientos en su página web todo un catálogo de actuaciones complejas que incluyen la detec-ción del fraude y las sanciones: “Detectamos la defraudación fiscal, ayudamos a elaborar un Plan de Inspección y organizamos la asistencia en procesos de comprobación e investigación, así como en procedimientos sancionadores, con un equipo de inspectores y especialistas, y herramientas informáticas de análisis de datos”.

Los recaudadores sobreviven en Baleares y Galicia

La falta de medios de los ayuntamientos no ha sido subsanada en todos los casos acudiendo a manos privadas. En Baleares y Galicia, pervive una figura peculiar no exenta de polémica. Sobre todo en las islas. Un antiguo inspector de Hacienda reconvertido en empresario autónomo lleva desde 1988 ejerciendo de recaudador de casi todos los ayuntamientos. Gabriel Alzamora Torres ganó un concurso-oposición hace 28 años que le faculta para recaudar tributos municipales. Cobra un 3% de lo que recaude en fase voluntaria, y hasta el 12,5% del principal de la deuda que ingrese en vía ejecutiva. Es el servicio que la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) ofrece en convenio a los ayuntamientos. Todos los mallorquines menos tres (Calvià, Artà y Sóller), y el de Formentera han contratado los servicios de Gabriel Alzamora. A cambio, según reconoce el propio Govern y publicó en su día el periódico El Mundo, se llevó 17,21 millones de euros en 2014.

El caso es que Alzamora contrata a su propio personal, unos 200 trabajadores repartidos por las 26 oficinas que ha abierto en el archipiélago. Es decir, no son funcionarios, pero gestionan tributos. La Sindicatura de Comptes balear ya expresó en dos informes de 2014 y 2015 sus reparos a la gestión del recaudador, pues faltaban facturas de sus honorarios en algunos expedientes.

Es más, ni siquiera entiende la razón de su existencia: “No constan justificadas en los expedientes las razones de economía, eficacia y eficiencia que hacen aconsejable la utilización de la figura del encargo de los servicios complementarios encargados al recaudador de zona, en lugar de las normas generales previstas en la Ley de Contratos del Sector Público”, asegura el órgano fiscalizador. Ante las críticas de Podemos en el Parlamento balear, el nuevo Gobierno se comprometió el pasado mes de noviembre a revisar el contrato del recaudador.

Los problemas de Calvià y Sóller

Por lo que respecta a los tres municipios mallorquines que no trabajan con Alzamora Torres, Artà mantiene al cargo de funcionarios su servicio de inspección tributaria, pero Calvià y Sóller privatizaron los suyos. El primero lo dejó, ya en los años 80, en manos de Balear de Datos y Procesos, que también gestiona los tributos del Ayuntamiento de Ibiza. Hasta que en 2014 un recurso de su competidora SCI contra los pliegos del concurso municipal anuló, por decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, la adjudicación. Entre recuperar el servicio para que lo atiendan funcionarios municipales o volver a convocar un concurso, el Ayuntamiento ha preferido la primera opción. Así que Balear de Datos ha despedido a sus 21 empleados en Calvià, alguno de los cuales llevaban trabajando allí más de 30 años. Mientras la plantilla pleitea en el Juzgado de lo Social –fueron despedidos en un ERE e indemnizados con el mínimo legal de 20 días por año–, el Ayuntamiento asegura que ahorrará un millón de euros al año. A Balear de Datos le pagaba dos millones.

En Sóller es CGI la que tiene contratado el servicio de inspección tributaria. Precisamente en ese ayuntamiento se personó este martes la Guardia Civil para reclamar documentación relacionada con la operación Térmyca.

También en Galicia existen cinco recaudadores, antiguos funcionarios de carrera reconvertidos en empresarios autónomos tras aprobar el correspondiente concurso-oposición. Se distribuyen por zonas: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. Pero no recaudan en todos los municipios. Según el Estatuto del Recaudador de Galicia, aprobado en 2000, pueden dedicarse a esta tarea los técnicos e inspectores de Hacienda con al menos cuatro años de antigüedad. Deben pedir la excedencia voluntaria por interés particular. Sus retribuciones son un porcentaje del dinero que recauden al año, pero cuentan con una asignación mínima equivalente a la remuneración de un funcionario autonómico gallego del grupo A, nivel 28A, con su complemento específico pero sin trienios.

Este tipo de recaudadores dejó de existir en el ámbito estatal en 1987, cuando su labor se trasladó a las recién creadas delegaciones de Hacienda.

Las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava reclamarán que los crímenes cometidos por el régimen franquista en este territorio sean investigados por los tribunales de justicia, con el fin de acabar con la "impunidad" que rodea a estos delitos. La decisión de las instituciones forales alavesas ha sido apoyada por todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra.

Se suman así al Ayuntamiento de Vitoria, que el pasado mes de marzo ya decidió emprender acciones judiciales por los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que cinco trabajadores murieron y cientos de personas resultaron heridas por disparos de la Policía Armada durante una protesta obrera en la capital alavesa.

El Parlamento foral ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, que había trasladado al pleno una propuesta de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo.

La Ley de Amnistía impide que se haga justicia

El texto aprobado por la Cámara foral denuncia que la Ley de Amnistía de 1977, que impide la persecución judicial por parte de los tribunales españoles de numerosos delitos cometidos antes de esa fecha, "erosiona los principios fundamentales de la legislación internacional". Por ese motivo, las Juntas Generales se personarán en la causa judicial abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo. Además, a través de la propuesta aprobada este miércoles, las instituciones forales se comprometen a emprender acciones judiciales en los tribunales alaveses para esclarecer los crímenes cometidos por el régimen franquista en el territorio.

Con ese fin, las Juntas y la Diputación elaborarán una lista con los nombres, edades y la profesión de las víctimas de esos delitos, en la que se detallará también la fecha del crimen y el tipo de vulneraciones de derechos humanos que padecieron estas personas. El objetivo es "concretar" las circunstancias que rodearon dichos crímenes, identificar a sus responsables "directos e indirectos"; y, "si es necesario, que se les impute, se les procese, se les juzgue y se les condene".

El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, ha destacado a través de un comunicado la necesidad de "acabar con la impunidad y que se abran vías para poder juzgar los crímenes y los actos ilícitos de la dictadura franquista".

El único representante de Ciudadanos en las Juntas Generales de Álava, Miguel Ángel Carrera, interpuso una denuncia en el juzgado contra tres compañeros de su propio partido por, presuntamente, espiarle su teléfono móvil, según informa el digital Norte Exprés. Como resultado de la denuncia han sido expedientados siete afiliados.

Los hechos ocurrieron el pasado día 2 de febrero en la sede de las Juntas Generales, donde Carrera se entrevistó con dos representantes políticos de Ciudadanos "a nivel nacional" para "hablar de los problemas que hay en el partido" en Euskadi. Se da la circunstancia de que C's cuenta solo con tres representantes públicos en el País Vasco: el propio Miguel Ángel Carrera y dos ediles, uno en Getxo, Santiago Sainz, y otro en Laguardia, José Antonio Mateo.

Al parecer, en esa reunión Carrera salió de su despacho en un momento dado para atender otro asunto y durante el tiempo que estuvo fuera dejó su móvil sobre la mesa. Según la denuncia, sus compañeros le sustrajeron "todos los datos e información personal y confidencial" del dispositivo. En su denuncia,  Carrera añade que  sus compañeros sacaron incluso fotografías de un grupo de Whatsapp y que a raíz de los contenidos "confidenciales y personales". Ciudadanos ha abierrto una investigación interna para aclarar lo ocurrido.

El presidente del PP de Álava, Javier De Andrés, asegura tener la "convicción" de que la central nuclear de Garoña "no se va a reabrir" por las condiciones de seguridad impuestas por el Gobierno del PP y el Consejo de Seguridad Nuclear.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha dicho, ante la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que Garoña "lleva tres años cerrada y no hay ningún indicativo real objetivo de que se vaya a reabrir".

"Lleva tres años cerrada porque económicamente no era viable, porque las exigencias que el Gobierno central, y, particularmente, el Consejo de Seguridad Nuclear, pusieron hace tres años no hacen viable esa operación, no resulta rentable reabrir Garoña", ha reiterado.

En ese sentido, ha indicado que, "así como la prórroga que dio el Gobierno socialista no le puso ninguna condición de seguridad adicional, el PP sí estableció hace más de tres años una serie de condiciones que hacían inviable la continuidad de Garoña, y se cerró en ese momento".

De Andrés ha señalado que la empresa "ha planteado las reformas" que se le han pedido y "va organizando una a una", pero "eso no hace viable Garoña".

"Yo tengo la convicción de que no se va a reabrir porque las exigencias de seguridad que no cumple en este momento hacen que sea tan caro reabrirla como para que la decisión final sea la de cierre, que realmente es la situación que ya estamos viviendo", ha insistido.

De Andrés ha reiterado que Garoña "ya está cerrada, aunque algunos parece que lamentan esta situación y quisieran que estuviera abierta para tener motivo de queja". "Yo creo que Garoña está cerrada y va a seguir cerrada", ha concluido.

La Fiscalía de Menores estudia adoptar medidas de protección para cuatro hermanas residentes en Álava que sufrieron una ablación de clítoris cuando estaban de vacaciones en Mali, país del que son sus padres. Así lo ha confirmado a Europa Press el Fiscal Superior, Juan Calparsoro.

Los hechos ocurrieron en 2013 y fueron denunciados un año después por la mayor de las hermanas, de 14 años. Fue entonces cuando los servicios sociales informaron a la Fiscalía de lo ocurrido, después de que los médicos forenses comprobaran que las menores habían sido mutiladas.

En todo caso, Calparsoro dice que la investigación penal "es complicada porque los sucesos han ocurrido en Mali y porque los responsables directos" de la mutilación estarían allí, aunque, al parecer, fueron los abuelos los que, aprovechando el viaje, decidieron someterlas a la ablación.

Además, el representante del ministerio público ha señalado que tampoco se sabe si en Mali esto es delito, y en todo caso, ha destacado que la Audiencia Nacional sería la responsable de abrir el procedimiento, al haber ocurrido los hechos en extranjero.

No obstante, ha precisado que la Fiscalía del País Vasco "es competente para promover las medidas de protección" de las menores y de garantías de salvaguarda y custodia.

Sémper, en una rueda de prensa en el Parlamento vasco, fue preguntado por los periodistas acerca de su opinión respecto a este asunto, dado el debate abierto sobre la exigencia de ejemplaridad a los cargos públicos y las dimisiones que se han reclamado para miembros de Ahora Madrid que han mantenido comportamientos cuestionables.

El dirigente del PP vasco aseguró que no conoce el vídeo en el que aparece el subdelegado del Gobierno en Álava. No obstante, afirmó que "todas las personas deberían guardar la ejemplaridad" en sus comportamientos. Además, indicó que no tendrá problema alguno en pronunciarse sobre este asunto una vez haya visto las imágenes.

El vídeo, difundido por la televisión pública vasca EiTB y que generó numerosas críticas en las redes sociales, muestra a una persona identificada como el subdelegado del Gobierno en Álava encarándose con las personas concentradas frente al consistorio vitoriano para celebrar el nombramiento de Gorka Urtaran (PNV) como alcalde y la salida del PP del Gobierno municipal.

Gritos y reproches

Además de los detractores de Maroto, frente al Ayuntamiento de Vitoria se concentraron numerosos partidarios del exalcalde del PP. Los reproches y gritos entre ambos bandos, así como los insultos y alabanzas al exregidor, fueron numerosos y, en algunos casos, la Ertzaintza y la Policía Local tuvieron que intervenir para impedir enfrentamientos físicos.

El vídeo emitido por la radiotelevisión pública vasca muestra varios momentos de tensión registrados en la plaza del consistorio vitoriano. Entre ellos, uno protagonizado por Sáenz de Santamaría, que aparece haciendo una peineta y llamando "hijos de puta" a los detractores del exaldalde del PP.

El País Vasco siempre se le ha atragantado al Partido Popular en lo electoral. Pero mantenía en Álava su pequeño reducto de poder gobernando el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava. El pasado 24-M, los resultados del partido que preside Arantza Quiroga no fueron nada buenos. Pero Álava seguía ofreciendo los mejores datos, manteniendo el tipo. Este viernes, un día antes del pleno de constitución de los ayuntamientos se confirmaban todos los temores de la dirección nacional del partido. Si nada falla, ni Javier Maroto será alcalde de Vitoria ni Javier de Andrés presidirá la Diputación de Álava. Una oferta de EH Bildu al PNV para desalojar a los conservadores entregará a los nacionalistas, la tercera lista más votada tras PP y EH Bildu, la alcaldía de la ciudad vasca. La oferta fue lanzada hace una semana y presentada como un "compromiso para el funcionamiento ético y democrático" del consistorio y este viernes tomó forma definitiva.

A media tarde, el PNV decidió presentar la candidatura de Gorka Urtaran a la Alcaldía de Vitoria, un hecho que garantizará su proclamación. Contará con el apoyo de EH Bildu y del PSE.

La decisión del PNV se produce después de que EH Bildu haya asegurado que facilitará también la investidura de Ramiro González como diputado general de Álava.

En esta semana, las negociaciones entre PP, PNV y PSE para lograr un acuerdo de cara a la investidura han sido muy intensas. En ellas, además de Arantza Quiroga, presidenta de los conservadores vascos, ha estado presente Alfonso Alonso, presidente del PP de Álava y ministro de Sanidad. Se da la circunstancia, además, de que Alonso fue alcalde de Vitoria antes de dar el salto a la política nacional, concretamente entre 1999 y 2007.

Los diez votos que suman EH Bildu y el PSE en el Consistorio, unidos a los cinco escaños logrados por el PNV, garantizan la proclamación de Urtaran como alcalde, al superar la mayoría absoluta, fijada en 14 escaños. Además, podría recibir el voto a favor de los dos ediles de Sumando y del único representante de Irabazi.

Javier Maroto encabezó la lista más votada logrando con nueve ediles.

Coalición con el PSE

El anuncio se hizo oficial en una rueda de prensa en la que Xabier Agirre, presidente del PNV, confirmó que su formación integrará  junto al PSE-EE con un gobierno de coalición y presentará a Urtaran al pleno de constitución del Ayuntamiento e acuerdo con los socialistas". Según dijo, EH Bildu "ha hecho una alarde de generosidad", informa Europa Press.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada tras escuchar a la Asamblea Interjuntas del PNV de Vitoria, Agirre sostuvo que el PP "ha sido incapaz de lograr los apoyos necesarios para ampliar" su respaldo de nueve concejales y propiciar los acuerdos para lograr la estabilidad que la ciudad "necesita".

"Maroto no tiene credibilidad ni ha conseguido generar la confianza necesaria. Es su actitud, con su acción en el Ayuntamiento y su estrategia electoral, ha propiciado su pleno aislamiento político", añadió.

Asimismo, indició que "su nula voluntad para propiciar el entendimiento entre diferentes conduce a la inestabilidad y ha abierto la puerta al cambio". "La alternativa es posible", señaló, para recordar que la necesidad de cambio es compartida sin fisuras por el resto de grupos "que han obtenido una representación de 18 concejales".

Resultados en el País Vasco

En el País Vasco, el PP sólo supera en Álava el 10% en porcentaje de voto. Los conservadores alaveses, presididos por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, lograron en 2011 un total de 82 concejales en el territorio, una cifra que ahora bajó a 46. No obstante, el porcentaje de voto descendió menos de un punto, del 25,34% al 24,63%. La ciudad de Vitoria fue clave en este resultado. La candidatura encabezada por Javier Maroto pasó en porcentaje de voto del 29,81% al 29,19%.