La última ocurrencia de Alberto Núñez Feijóo y su equipo para agitar el anticatalanismo e intentar convertir el supuesto agravio comparativo con Cataluña se llama “ruta por la igualdad”. En Génova han pensado que es una buena idea contratar dos autobuses y ponerlos a circular por las principales capitales de provincia —el recorrido exacto aún no ha sido precisado— como “símbolo de resistencia” frente a los acuerdos del Congreso que incluyan la participación de Junts y así “parar los pies”, dice literalmente el líder del partido, a los que quieren “trocear” España.

Serán, en realidad, dos rutas, una norte y una sur, con las que el PP quiere llevar a “pueblos, plazas y ciudades” la idea de que “el PSOE ha elegido que esta sea la legislatura de la extorsión y la humillación”. Un mensaje con el que Génova aspira a atraer votantes de otras formaciones, en particular de Vox, aunque el foco lo siguen poniendo en los electores socialistas que puedan estar más incómodos con la decisión de Pedro Sánchez de sostener la legislatura sobre el diálogo y la negociación.

El prólogo de esa doble ruta será una nueva gran manifestación en Madrid, convocada para el domingo 28 de enero. La primera que convoca el PP desde la que tuvo como escenario el Templo de Debod, también en la capital, hace casi dos meses. En esta nueva cita en la calle Génova pondrá a prueba hasta qué punto sus militantes —y los de Vox, que acuden a todas sus convocatorias— siguen movilizados. En aquella ocasión reunieron a 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno (15.000, según los organizadores). Una cifra significativamente menor que en las movilizaciones de las semanas precedentes.

Más allá de la protesta callejera, esta vez el PP ha optado por mover autobuses y realizar actos políticos con sus dirigentes en vez de recoger firmas, el modelo elegido por el partido en 2005, y que Pablo Casado intentó repetir sin éxito en 2021, en un momento en el que, según él, también España se estaba rompiendo.

En realidad, Feijóo apenas tardó unos pocos meses en abandonar el proyecto de catalanismo constitucional con el que llegó a Madrid y subirse al carro de la explotación de Cataluña con fines electorales. Su primera campaña de agitación social con Cataluña como tema central comenzó en noviembre de 2022 con la reforma del delito de sedición como excusa.

Perpetuaba así la estrategia iniciada por Mariano Rajoy en 2005 para utilizar la política catalana como palanca con el objetivo de conseguir votos fuera de Cataluña. Especialmente en la España monolingüe, donde los electores tienen a menudo más dificultades para entender las demandas identitarias que los que tienen una lengua diferente al castellano.

Todo comenzó hace casi 20 años, en 2005, cuando el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, anunció una campaña con un coste de medio millón de euros para denunciar ante los ciudadanos “la gravedad” de la situación en Cataluña, donde el Parlament había aprobado por amplísima mayoría —y siguiendo escrupulosamente todos los requisitos marcados en la Constitución— un nuevo Estatut.

Mientras el tesorero del partido de la época, Luis Bárcenas, pagaba sobresueldos en dinero negro por importes que iban de los 5.000 a los 15.000 euros mensuales a altos cargos del PP —seguiría haciéndolo durante otros cuatro años—, Mariano Rajoy ordenaba poner en marcha la campaña y la justificaba en la defensa de la Constitución española, supuestamente amenazada por la reforma estatutaria. Una línea argumental muy parecida a la que ahora sirve de andamiaje al discurso de Feijóo.

En pleno mes de octubre de 2015, el PP pagó anuncios en prensa escrita, radio e Internet, todos de ámbito nacional. Y en una segunda fase extendió la publicidad a los medios de comunicación regionales y locales e imprimió cientos de miles de trípticos que se repartieron en actos del partido por todo el país.

Ya entonces el PSOE —en aquel momento estaba José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España— advertía de que “la cruzada” del PP lo único que conseguiría es enfrentar a los españoles y romper el espíritu de la Constitución. El president de la Generalitat de la época, el también socialista Pasqual Maragall, exigió sin éxito al PP que pusiera fin a su estrategia. “Todo el mundo tiene derecho a discrepar y disentir sobre el Estatut, y a combatirlo democráticamente, pero el PP tiene la obligación moral de pararlas campañas que se están alentando contra Cataluña y contra los catalanes, dejar de sembrar vientos de discordia”, proclamó en el Parlament el 27 de octubre de 2005, seis días antes del debate sobre la toma en consideración del texto de la propuesta de reforma del Estatut en el Congreso.

A aquella iniciativa siguió una movilización del partido por toda España para recoger firmas contra el nuevo Estatut. Fue en 2006 y trataba de conseguir que, en contra de lo que dice la Constitución, todos los españoles pudiesen votar en referéndum la nueva norma catalana. “Todos tenemos derecho a opinar”, defendía entonces Rajoy.

Aquella iniciativa pedía a los ciudadanos que dijesen sí o no a una pregunta que ni siquiera mencionaba el Estatut: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”

La recogida de firmas, que no cumplía los requisitos de autenticación que prevé la ley para poner en marcha iniciativas legislativas populares, fue anunciada el 25 de enero de 2006, hace ahora 18 años. Y comenzó oficialmente en la ciudad de Cádiz —elegida a propósito por ser cuna de la Constitución de 1812— el día 31 en un acto protagonizado por el propio Rajoy.

En el plazo de una semana, según anunció a los pocos días Acebes en una comparecencia en la que también acusó al Gobierno de Zapatero de “entreguismo” y de estar siendo “humillado” por el Govern catalán —los mismos términos que ahora usa Feijóo—, la iniciativa había conseguido reunir 800.000 firmas. El Estatut, acusaba entonces Acebes, abría la puerta a exigir “la capacidad de decidir o, en otras palabras, el derecho a la autodeterminación en perjuicio de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles”.

La recogida de firmas se prolongó durante dos meses. El 25 de abril, Mariano Rajoy se presentó a las puertas del Congreso con diez furgonetas transportando 876 cajas apiladas en palés. En su interior, según los datos facilitados por el propio partido, 4.020.000 firmas.

Con ellas el PP quería respaldar una proposición no de ley que, a pesar del despliegue frente a la puerta de los leones, ampliamente recogido por la prensa de la época, acabó siendo rechazada por el Pleno del Congreso. No sabiendo qué hacer con semejante volumen de papel, la Cámara acabó decidiendo su traslado a un almacén en las afueras de Madrid, donde llevan 18 años acumulando polvo.

La recogida de apoyos contra el Estatut no logró su objetivo porque la nueva norma completó su tramitación en el Congreso y el Senado y acabó siendo aprobada en referéndum en Cataluña, tal y como ordena la Constitución. Pero tampoco dio muchos réditos electorales al PP, que en las elecciones generales de 2008 vio cómo el PSOE de Zapatero mejoraba su holgada posición en el Congreso.

Con el tiempo, algunos de los protagonistas del partido en aquella época acabaron reconociendo que aquella estrategia fue un error. Lo dijo años después el entonces líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, hoy fallecido, en una entrevista publicada por El Periódico y recogida por el diario Ara: “El PP, no diré que conscientemente, alimentó la idea de que la recogida de firmas era contra los catalanes”. Otro dirigente de la época, Manuel Milián, escribió en La Razón: “Fue una tontería descomunal, hundió el partido en Cataluña”.

Hasta Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, admitió en su momento que la recogida de firmas “podía tener muy buena voluntad e intención, pero aquí en Cataluña no se entendió y fue percibida como una agresión. Con el tiempo se ha demostrado que esa acción fue muy poco afortunada”.

Pablo Casado, elegido sucesor de Rajoy en 2018, recurrió con frecuencia a esta estrategia para movilizar a sus votantes fuera de Cataluña, aunque también obtuvo escaso éxito electoral, especialmente en las provincias catalanas, en las que llevó al partido a los peores resultados de su historia y lo situó al borde de convertirse en fuerza extraparlamentaria.

Firme partidario de la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155, incluso cuando la declaración unilateral de independencia ya había sido desactivada, Casado implicó al PP en las movilizaciones de la madrileña Plaza de Colón de los años 2019 y 2021. No le hizo desistir ni la evidencia de que aquella protesta estaba inspirada por organizaciones afines a Vox, ni que la ultraderecha buscara esa imagen de unidad para ponerla al servicio de sus propios intereses.

La primera manifestación tuvo lugar en 2019 para denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había hecho “cesiones” y había protagonizado "bandazos” frente al “chantaje” de los “secesionistas catalanes”. “Constantes cesiones intolerables” cometidas durante meses. Según la alianza tripartita de la derecha, el Gobierno había cometido “traición” y había sometido al Estado a una “humillación sin precedentes” —de nuevo los mismos términos que repite Feijóo en la actualidad— porque “decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia, aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.

En realidad, el Gobierno de Sánchez no solo no había ofrecido a la Generalitat nada ilegal, sino que había rechazado todas y cada una de las propuestas que el Govern, el entonces presidente Quim Torra, el PDeCAT o Esquerra le habían hecho llegar en aquellos días y que se salían del ordenamiento constitucional, desde la negociación de un referéndum de autodeterminación hasta el envío de instrucciones a la Fiscalía para que retirase la acusación de rebelión contra los dirigentes independentistas que iban a ser juzgados en el Tribunal Supremo. Tal fue el desacuerdo que los independentistas catalanes se negaron a apoyar el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo, forzando a Sánchez a convocar unas elecciones en las que los electores dieron la espalda al PP, que estuvo a punto de ser superado por Ciudadanos.

Casado, sin embargo, no cambió de rumbo. Repitió la foto de Colón en 2021, en aquel entonces porque también la situación era “gravísima”. La excusa fue la decisión del Gobierno de indultar parcialmente a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

Y no solo eso. El PP decidió añadir a aquella protesta una nueva recogida de firmas con el objetivo de movilizar a los ciudadanos en contra de las medidas de gracia. Pero aquello acabó en un estrepitoso fracaso. El esfuerzo del PP apenas consiguió sumar el apoyo por escrito de los ciudadanos y Génova terminó corriendo un tupido velo sobre esta iniciativa. Las firmas nunca se llegaron a presentar.

Después de algunos titubeos, Feijóo abrazó la estrategia de Rajoy de Casado cuando vio, en la reforma del delito de sedición de 2022, una oportunidad para atraer hacia el PP a los ciudadanos opuestos a Pedro Sánchez, en particular a los que en las elecciones de 2019 habían votado las candidaturas de Vox.

El PP puso entonces en marcha una campaña de hostigamiento a los diputados socialistas y a los barones del PSOE, llamándoles a rebelarse contra la dirección de su propio partido. Y, en paralelo, aunque no lo llamó “ruta por la igualdad”, como ahora, Feijóo comenzó una gira por España para denunciar los acuerdos del Gobierno con ERC y Bildu —entonces faltaba Junts en la ecuación— y acusar a Sánchez de incumplir la Constitución y ofrecer al independentismo catalán la posibilidad de convocar otro referéndum sin consecuencias penales.

El primer mitin tuvo lugar en Badajoz. El segundo, en Madrid. En días sucesivos siguieron otros en La Rioja, la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.

El líder del PP recuperó esta senda en septiembre, superado por los llamamientos de los medios afines al espacio político de la derecha, por la alianza con Vox y sus invocaciones a tomar las calles, y empujado por influyentes líderes del ala más radical de su partido de ahora y de antes, como Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar. Feijóo no tuvo más remedio que ponerse a la cabeza de la manifestación y alimentar movilizaciones que el año pasado se prolongaron durante casi tres meses en un intento inútil de impedir la investidura de Pedro Sánchez.

Y añadimos a estas fechas el enardecimiento de la bandera tricolor, roja, amarilla y morada, en la 86ª celebración de la II República española, 14 de abril de 1931. Todo un mes rojorojo, “rojeras”, como suelen despotricar las malas lenguas de la derecha y de los fachas, sobre todo.

Desde todo el arco parlamentario, quién no se ha cuestionado, un día tras otro, la monarquía, tanto la del rey emérito como la de su sucesor Felipe VI. Pero no porque uno sea republicano tiene ya un marchamo de excelencia democrática. El republicanismo no siempre tiene que ver con el régimen de Gobierno. “Por republicanismo cívico no se entiende la reivindicación unilateral de la forma 'república' para la Jefatura del Estado. Por el contrario, resulta necesario pensar en toda su complejidad esta idea política, que atraviesa nuestra tradición desde el siglo XV. Tener un presidente de República no mejora milagrosamente el déficit de espíritu republicano” (Villacañas, J.L., en Populismo).

Desde comienzos de 1500, en la España reconquistada, surge la res pública como opción política y social. Pero no nació para oponerse solo a las monarquías, sino sobre todo, a las estructuras feudales del poder y el absolutismo, lógicamente emanados de los imperios, reinos, principados y señoríos medievales.

Hay unas repúblicas de derechas, neoliberales, otras comunistas y algunas dictatoriales, y no siempre son modelos de democracia. El republicanismo es otra cosa. Hoy, ser republicano consiste, no tanto en luchar por ese régimen, como en elevarlo a una categoría de reserva natural que sirva para purificar la vida pública. El republicanismo está muy vinculado a la acción popular de los ciudadanos gobernándose a sí mismos como pueblo soberano. Según la esencia del republicanismo, el soberano es el pueblo (o nación). La representación no coincide nunca con la soberanía popular. Pues, mientras el representante en Cortes, aún elegido democráticamente, actúa cumpliendo su voluntad, realmente no la encarna, como pretenden el poder neoliberal y la oligarquía, con bastantes deficiencias democráticas.

El republicanismo defiende una democracia económica, social y cultural comprometida con los derechos, defensora del Estado social, protectora de las mayorías y promotora de una res pública de hombres y mujeres libres e iguales. Frente a las peligrosas derivas del populismo de todo tipo, sostenemos que el peligro no es el populismo asociado al espíritu republicano. El mayor enemigo es el populismo asociado al nacionalismo identitario. Y respecto al comunismo, este no garantiza la República democrática, pues la valores de la República (res pública) no están en el comunismo.

Como es natural, todo el mundo interpreta el pasado como le dicta su ideología o conciencia política. Así, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se atreve a criticar a sus antepasados políticos, al PCE, a S. Carrillo: “No como traidor al comunismo, pero creo que se equivocó al apostar por la moderación”. El líder de IU ha asegurado, en una reciente entrevista, que el Partido Comunista de España (PCE) "hizo lo que pudo durante la Transición, pero no lo que debía, porque tuvo que ocupar un papel de izquierda domesticada por los intereses de los poderes fácticos políticos financieros y militares. El PCE de la Transición se autoengañó y engañó a los militantes”.

Pablo Iglesias, también con sus mariposeos con el comunismo pecero, ataca a Carrillo pero no a Anguita, al que salva de la quema. La razón de eso es la crítica de la Transición. Y sí es verdad que la estructura económica, legislativa y política actual es heredera de esa Transición y Constitución del 78, inacabada e insuficiente. Pero no es cuestión de demonizarla continuamente. Tuvo sus partes buenas y sus muchas malas.

Por eso, debemos reclamar un republicanismo, ecosocialista y pacifista, que ponga fin a las políticas neoliberales. Pero tampoco, hoy día en España y Europa, se dan los elementos necesarios para una violenta revolución social, para la ruptura total con el antiguo Régimen (a pesar de los deseos y legítimas reivindicaciones de Anticapi, Alternativa e Izquierda Republicana y todos peceros radicales y grupúsculos adláteres).

Dice Garzón, el de IU, que la izquierda se puede aglutinar entre un 22% y 29% del electorado español, pero siempre que se tienda a formar una alternativa progresista a las derechas del PP, C´s y PNV, PDeCat, partidos nacionalistas, etc. La cuestión no está tanto en restar o no los votos entre partidos de la Izquierda, sino encontrar luego una coalición electoral o postelectoral, progresista y popular, emblema del republicanismo.

A veces, cómo no por el bien de España, se ha justificado esa traición de que Carrillo obligase a su Comité Central y a miles de afiliados del PCE a aceptar la unidad de España y la monarquía parlamentaria. Muchos de esos militantes habían arriesgado su vida en la clandestinidad de la dictadura franquista, y también habían sufrido torturas y cárcel. Y miles de ellos tienen aún familiares directos asesinados en las cunetas de las carreteras, en las laderas de los montículos o en las tapias de los cementerios. Ahora, algunos analistas acérrimos del bipartidismo afirman que debemos agradecer al líder comunista y al expresidente Suárez ese gesto de osadía política por el que ambos pagaron un alto precio. Lo que no dicen cuál es el precio que han pagado y están pagando cientos de miles de españoles del bando republicano.

Recordemos que no hubo sábado santo, ni rojo ni azul, para los republicanos. No fueron legalizados los que no tragaron ni con la bandera ni con la monarquía, herederas y legitimadas por la dictadura franquista. Por eso no pudieron estar en la Cortes de la Constitución del 78.

Y por eso, hoy día más que nunca, se echan en falta los valores del republicanismo democrático frente al cortocircuito de pactos que el neoliberalismo “trama” con el nacionalismo identitario y el populismo xenófobo.

La construcción republicana es dispersa, plural, diseminada, donde prima la división institucional de poderes. El espíritu del republicanismo profesa siempre una función estabilizadora a través de las instituciones, huyendo de las obstinaciones invasoras del poder ejecutivo de instrumentalizar los organismos educativos, sanitarios, socio-culturales, económicos y legislativos. __________________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre

La llamada nueva política ha irrumpido con paso firme en el panorama político estatal para, cuanto menos, desplazar a los viejos partidos que tradicionalmente han alimentado al sistema bipartidista predominante en el país. La oposición ha dejado de tener un solo rostro, el juego político ha dejado de estar formado por dos únicos equipos, y los medios de comunicación han dejado de hablar de derecha e izquierda, para dar protagonismo a las cuatro formaciones que lideran ahora la pluralidad de candidaturas.

La irrupción de nuevos partidos producto de los movimientos sociales protagonistas del 15-M ha traído consigo una mayor dosis de pluralidad que ahora se plasma en el Congreso de los diputados. Pero, ¿es el multipartidismo la mejor alternativa frente a un sistema bipartidista?

Esta es una de cuestiones que plantea Ignacio Urquizu en su libro La crisis de representación en España (Catarata), donde analiza el panorama político actual, hasta las últimas elecciones del 20 de diciembre, que derivaron en la incapacidad de crear Gobierno y en la celebración forzada de comicios anticipados.

Tras meses de pactos fallidos, Metroscopia cuantificó en marzo de este año las preferencias de los españoles respecto al tipo de sistema de partidos más adecuado. Los resultados fueron contundentes: el 30,3% estaba a favor del bipartidismo sacrificando la pluralidad, mientras que el 67% de los españoles apoyaba el multipartidismo.

Origen y escenario actual

"A dos de cada tres españoles les gusta el multipartidismo, desde hace muchos años", explica Ignacio Urquizu en conversación con infoLibre. Además, continúa, existe cierta brecha generacional: "Entre los mayores de 55 y los menores de esa edad, con una diferencia de 20 puntos".

Para explicar este fenómeno, el sociólogo se remite directamente a la eclosión del 15-M. "En aquellos años todo el mundo coincidía en que había que hacer algo ante problemas como la desigualdad o los desahucios", señala. Entonces "un conjunto de movimientos sociales pequeños decide ir a la Puerta del Sol y tomar las riendas de su destino porque estaban pagando las consecuencias de la crisis y la política económica resultante". Pese a todo, añade, "el 15-M no es más que un espejo en el que la sociedad dice lo mal que lo han hecho los gobiernos".

En un marco de descontento social evidente, el cronómetro que marcaba la cuenta atrás del bipartidismo se puso en marcha. En este sentido, el sociólogo Fernando Vallespín sostiene que "es evidente que se han acabado los partidos de masas que tenían la capacidad de conseguir el voto de sectores muy amplios de la población".

Ni siquiera en los sistemas bipartidistas, continúa Vallespín, "como EE.UU o Francia –donde se fuerza al bipartidismo tras la segunda vuelta–, los partidos mayoritarios logran los resultados que antes tenían los grandes partidos tradicionales". Para el sociólogo es una evidencia que "cada vez se están fragmentando más los sistemas de partidos, como hemos visto ya en países como Alemania o Grecia".

En España, prosigue, "a lo que estamos asistiendo es a un cambio social donde el ciudadano no se adscribe a un partido concreto, lo que genera cierta distancia entre los ciudadanos y sus representantes, pero sobre todo produce una mayor volatilidad, porque ningún partido puede dar por hecha la conquista del voto de un sector de la población".

Es por ello que la existencia de un mayor número de opciones abiertas a la elección de la ciudadanía "responde a una nueva visión de lo político donde se trata de que haya pluralidad de opciones". España ha entrado en esta dinámica, según Vallespín, "por el cansancio, la crisis y los escándalos" de corrupción política sucedidos en los últimos años.

Para Urquizu, el multipartidismo "como idea de democracia que representa una foto fija de la sociedad, funciona bien". No obstante, añade el sociólogo, la democracia no se sustenta únicamente sobre esa idea de representación, sino que cuenta con toda una serie de matices que ponen en cuestión la eficacia real de un sistema formado por multitud de partidos políticos.

La oposición se fortalece

Uno de los rasgos principales del bipartidismo es, según Urquizu, la capacidad de los ciudadanos para "deshacerse de políticos y partidos impopulares mandándolos a la oposición" se debilita. En un sistema bipartidista, el partido gobernante ostenta el poder mientras que la oposición queda relegada a un segundo plano, quedando su voz notablemente reducida. En un sistema multipartidista, por el contrario, el partido menos votado, "a pesar de perder votos, siempre encuentra socios para seguir en el poder". De modo que la ciudadanía "pierde su capacidad de castigar", explica.

Esta limitación de la capacidad de castigo por parte de los ciudadanos se traduce, a juicio de Urquizu, en una pérdida de poder de los mismos. Es por ello que un sistema multipartidista, contra lo que pudiera parecer, aumenta la distancia entre políticos y ciudadanos. En este sentido, los electores pierden en parte su capacidad para asignar responsabilidades, debido a que la diversidad otorga a los partidos mayor libertad para actuar independientemente.

Los dirigentes políticos ganan, de este modo, relevancia en sus capacidades de maniobra para seguir en el poder, señala el sociólogo, de modo que la ciudadanía pierde influencia y además se encuentra con "déficits a la hora de controlar a sus representantes".

"Es habitual la idea de que los representantes van por libre, que no tienen en cuenta los intereses de la población", continúa Urquizu, "y el multipartidismo aumenta esa brecha porque los políticos son mucho más autónomos".

Por otro lado, Fernando Vallespín entiende que "el problema está en identificar la representación exclusivamente con el número de opciones que se nos ofrecen". Para este experto, la crisis de la representación está en otro lugar: "Primero, en que quien quiera que nos gobierne no representa a los ciudadanos, sino a los imperativos del sistema económico mundial o a los grupos de presión dominantes", explica. "Por otro lado, la representación es un mecanismo pensado para situaciones en las cuales una minoría tiene que decidir en nombre de una mayoría, o dicho de otra forma, representar significa hacer presente a quien está ausente". Añade el politólogo que, sin embargo, "ahora nadie está ausente, todo el mundo está presente, de forma que el ciudadano rompe enseguida el vínculo con el representante cuando éste se toma ciertas libertades, como hablar en su nombre".

Los riesgos de las alianzas

Otra de las posibles consecuencias de un sistema multipartidista son los pactos postelectorales. En este contexto, pasan a ser los políticos y no los ciudadanos los que deciden el Gobierno, por lo que "no es descartable que el desencanto y la desafección sigan entre nosotros", tal y como sostiene Urquizu en su libro.

Tras los resultados del 20 de diciembre se ha hablado en numerosas ocasiones de la posibilidad de un gobierno de Gran Coalición. Un posible Ejecutivo de estas características, compuesto por diversas formaciones, podría acarrear toda una serie de consecuencias. "La principal inestabilidad es que se forme el Gobierno que menos desea la gente, de modo que la desafección aumentaría", señala Urquizu. "Sólo el 4% de la gente quiere una gran coalición, por lo que la inestabilidad vendría por la parte social".

Por otro lado, añade, "si la gran coalición está formada por partidos ideológicamente dispares, que no comparten electorado, tendría cierta estabilidad". Como ejemplo de ello, el sociólogo señala al Gobierno de Aragón, que lleva cuatro legislaturas funcionando a través de coaliciones –PP y Partido Aragonés (PAR), PSOE y PAR, y finalmente PSOE y Chunta Aragonesista (CHA)–. Por contra, alude al tripartito catalán –Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)–, como ejemplo de Gobierno inestable, fundamentalmente por estar compuesto por formaciones de ideologías similares.

"La ventaja de los gobiernos de coalición es que permiten no tener que aplicar el programa electoral", ironiza Vallespín. El motivo, continúa, es que "todos ceden, entonces ninguno representa de verdad a quienes le han votado". Únicamente representa a un porcentaje mínimo de cada uno de los partidos, "pero como tienen que llegar a un consenso, a ninguno de le puede echar en cara que no haya llevado a cabo una parte de su programa electoral".

Con él coincide Urquizu, que entiende como una de las principales desventajas del multipartidismo el pacto de nuevas medidas y propuestas que en muchos casos puede diferir de los programas defendidos en campaña.

Inestabilidad

"Los nuevos actores no sólo son novatos, sino que además representan intereses distintos. Esto hace a la democracia más vulnerable, abriéndose un periodo de inestabilidad e ingobernabilidad". Así de categórico se muestra Ignacio Urquizu en su libro, y con él coinciden otros expertos consultados por este diario.

"El dilema es que el multipartidismo es mejor en cuanto a la representación, pero el coste que se paga tiene que ver con la estabilidad y las dificultades para formar Gobierno", subraya Belén Barreiro, directora del observatorio My Word y expresidenta del CIS.

En esta línea se expresa también el sociólogo Fermín Bouza, quien entiende como desventaja principal el predominio de "cierto desorden". En este punto Bouza se pregunta si vale la pena incrementar este desorden en favor de la representación, y él mismo responde a la cuestión planteada: "Probablemente sí".

No obstante, continúa, "existe otra observación paralela que hace inútil esta reflexión", y es que "la tendencia natural de la política es la de economizar la representación, no multiplicarla". El sociólogo gallego advierte, en este sentido, que "actualmente hay un polo, que sería el PP, y otro que sería Podemos". Se trata, observa, de una tendencia de la gente a "agruparse en polos diáfanos", por lo que, después de todo, "lo que realmente se propicia es un proyecto más bien bipartidista".

La Delegación del Gobierno en Madrid sancionará a los organizadores de la manifestación del quinto aniversario del 15-M del pasado domingo porque no se comunicó a la institución, motivo por el que la Policía identificó a una serie de personas y les interpondrá la correspondiente multa.

"La Delegación ha cumplido con su obligación y les impondrá una multa. Siempre que hay una concentración no autorizada se identifica a los organizadores y tendrán la sanción correspondiente", ha reiterado este miércoles la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, en la rueda de prensa ofrecida para informar del dispositivo de seguridad por el partido de la Copa del Rey de fútbol que se celebra el domingo en Madrid.

Algunos millares de personas marcharon el domingo por la tarde entre la plaza de Cibeles y la puerta del Sol sin cabecera oficial y sin incidentes. Las reivindicaciones más importantes que se proclamaron fueron las de los antidesahucios de la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH), las plataformas en defensa de la renta básica universal y las mareas ciudadanas contra los recortes.

Da la casualidad de que yo también cumplo años ese mismo día.

La cuestión que planteaban los que tomaron la Puerta del Sol, gente de diferentes pelajes, edades e ideologías, era que la política, establecida como clase, con los partidos políticos como única vía de expresión de la voluntad popular, totalmente profesionalizados, se había acomodado en el bipartidismo. La falta de operatividad, de toma de decisiones en favor de los ciudadanos más desfavorecidos se había agudizado con la llegada de lo que llamaron y que siguen llamando crisis y que no es tal, en una clara dejación de funciones ante situaciones dramáticas de una injusticia palmaria que requerían soluciones urgentes, medidas de choque. Abandonaron a su pueblo, soberano en el período electoral, demonizado y reprimido con crueldad cuando protesta en el período entre urnas.

La crisis, como término, hace referencia a un episodio puntual, a una coyuntura susceptible de evolución provocada por factores externos y que revierte cuando estos desaparecen. Esto que nos está tocando vivir no tiene nada que ver con eso, es un cambio de modelo, un nuevo orden social. Los que lo pergeñaron, ya en los años setenta, así como los que lo han impuesto, no tienen la menor intención de revertirlo y, además, está fabricado desde dentro, lo llaman “Reformas Estructurales Profundas”, y es lo que son. Un cambio profundo en la estructura de un sistema político no tiene nada que ver con una crisis y su tratamiento paliativo, que requiere medidas puntuales, transitorias.

En este cambio profundo de las estructuras, puede haber periodos de crisis, pero cuando se resuelvan, los problemas que acucian a los ciudadanos –como la pérdida de poder adquisitivo, la temporalidad de los trabajos, la indefensión de los trabajadores frente al poder absoluto de las grandes corporaciones que deciden su vida, la falta de estabilidad para poder diseñar un plan de vida, la pérdida de derechos sociales y libertades– no se van a solucionar. Cuando los analistas den por concluida la crisis, como de hecho proclaman cada vez que se acercan las elecciones, ni siquiera cuando demuestran con cifras que la economía repunta, mejora la situación de los ciudadanos. Nos cuentan el cuento de la micro y la macroeconomía. Nos crían con cuentos, nos duermen con cuentos. Se llama redistribución y está diseñada para una desigualdad creciente.

A este drama hay que sumar la deriva tomada por los socialdemócratas. No siempre fueron así. Hasta mediados del siglo XX caminaban en dirección opuesta a los de ahora. Su función en nuestros días parece ser ocupar el espacio de la izquierda inhibiendo de forma competitiva movimientos sociales espontáneos en lugar de hacer lo que les correspondería: ponerse a la cabeza. Me hacen recordar un juego infantil de mis tiempos en que cantábamos: “A tapar la calle que no pase nadie”.

Estas maniobras, que culminaron el sueño de los llamados neoliberales, que pretenden la abolición del Estado eliminando cualquier tipo de control o intervención en la llamada economía, aunque las maniobras de los potentados tiendan a esclavizar a esa población que los dirigentes políticos deberían proteger, se llevaron a cabo sin ningún tipo de debate, simplemente con la conjunción de la clase empresarial y la política. Para ello también se urdieron una serie de maniobras necesarias como son la concentración de medios de comunicación en esas mismas manos, así como la demonización de los sindicatos que, dicho sea de paso, también se estaban acomodando a las pretensiones de la clase dominante.

Contra esta tesitura, llevada a cabo en una época en la que el paro amedrentaba a la clase trabajadora, donde se eliminaron prácticamente los contratos indefinidos como medida de coacción, y donde la juventud fue desplazada del mercado laboral, dejándola solamente como mano de obra complementaria, obligándola a aceptar contratos de aprendizaje que representan un nivel de explotación desconocido desde mediados del siglo XX, se revelaron los ciudadanos en lo que se conoció como “movimiento de los indignados”.

La doctrina del shock implantada a un pueblo amenazado con la pérdida del trabajo, y criminalizado por quienes les causaban el quebranto, acusándoles de vivir por encima de sus posibilidades, no encontró alivio en la acción política, no encontró respaldo en sus representantes, que sumidos en debates de otra índole, consentían los despidos masivos, los ERE, los desahucios y las estafas de los bancos. Manos Limpias representaba la única acción en los tribunales ante tanto desmán delictivo: manda huevos. Los partidos no eran partidarios de judicializar la política. La impunidad se había establecido.

Bueno, no todo fue inactividad. Ante el latrocinio perpetrado por los consejeros de bancos y cajas de ahorros, ahí sí, tomaron la iniciativa con medidas de choque que vendidas como un crédito para evitar el “rescate” se convirtieron por arte de magia en otra carga para las arcas del Estado, anunciándonos que esos millones pagados a los bancos eran un regalo que tendríamos que restituir entre todos: ¡ahí sí interviene el Estado! Nacionalizaron parte de la banca para, una vez reflotada, devolvérsela a los que ellos entienden que son sus legítimos propietarios.

No tomaron medidas de choque para frenar la desgracia que afectaba a la inmensa mayoría de los ciudadanos. No se pusieron de su lado. De ahí surgió un eslogan muy acertado: No nos representan.

Como ya hiciera Sarkozy en Francia ante la estafa de Lehman Brothers y aquellas hipotecas subprime que se usaron de coartada para la implantación de este cambio de modelo, cuando salió en defensa de los ciudadanos atacando al “capitalismo salvaje” –¡¡Sarkozy!! anunciando que había que refundarlo–, en España también los líderes políticos desplegaron los capotes para recibir a portagayola, con alegría, a este movimiento de indignados y darle más tarde un par de pases cambiados con la muleta, tras manifestar su alegría con el despertar del pueblo y asegurar de forma unánime: "¡Los indignados tiene razón! ¡Estamos de vuestro lado!".

No les gustó la respuesta que encontraron cuando desde el movimiento de indignados les anunciaron que ellos no estaban del suyo, señalando a la clase política como parte del problema y no de la solución. Perdieron la gracia de esa clase política que demostraba su anquilosis ante la falta de reacción frente al drama social que se vivía, así como a la hora de atajar una corrupción que rebasaba las alcantarillas de la política para rezumar por los sumideros e invadir las calles de pestilencia y, entonces sí, tras constatar que era imposible la alianza con el enemigo, les calificaron de antisistema, les demonizaron, al tiempo que les invitaban a participar en las generosas instituciones que nos gobiernan desde el fin de la dictadura. A jugar con las mismas herramientas que ellos y no limitarse a criticar a los toros desde la barrera: les invitaron a saltar al ruedo de la política.

Así lo hicieron y entonces esa anquilosis, esa artrosis del Sistema se activó, pero no para solucionar los problemas de los ciudadanos sino para evitar que el cambio del modelo social que habían llevado a cabo con alevosía y sin contar con el beneplácito del pueblo, pudiera revertirse.

Este movimiento de indignados, convertido en fuerza política alternativa entró en el Congreso de los diputados, y desde el primer momento quedó manifiesto que aquello de que nadie les representaba era cierto. La mayoría de fuerzas políticas del hemiciclo, y con especial virulencia los dos partidos mayoritarios, aunque con diferente estilo, claro está, les mostraron un desprecio que superó las normas de la educación elemental y, sobre todo, pisotearon eso que tanto habían reclamado, el respeto a los representantes del pueblo que exigían cada vez que se les cuestionaba su condición de casta que vivía de espaldas a la realidad social. A Podemos, esa fuerza que se estrenaba, también la habían votado ciudadanos españoles para los que no se aplicó el principio de respeto que siempre han exigido los representantes del Congreso para sus votantes. Fueron tratados como chusma. Y sus votantes también, por extensión: solo chusma pudo llevar hasta allí a esa chusma. Mal olor, peligro de parasitosis pedicular, marginarlos con triquiñuelas de las Mesas del Congreso y Senado y sentarlos en la andanada fue su democrática, educada y peculiar forma de darles la bienvenida.

Mientras, la otra fuerza emergente, fue recibida de una forma mucho más civilizada, tal vez como consecuencia del poco peligro que representan para las estructuras del poder establecido que, dicho sea de paso, no cuestionan los impolutos, aseados y bellos miembros de Ciudadanos.

Tras la última jugarreta, tras una votación pactada entre PP, PSOE y Ciudadanos para dejarles fuera de la Diputación Permanente del Congreso, comentaban con sorna la falta de picardía y estrategia parlamentaria de los advenedizos pardillos: “No saben dónde están”. Sí lo saben, por eso han ido. En fin, la esperanza de sus votantes es que no olviden “para qué están”.

Especial sorpresa causó en los días posteriores al 20-D la actitud de Pedro Sánchez, que tras prometer diálogo con todos, izquierda y derecha, mientras escribo este artículo el 14 de mayo, le escucho en la radio volver a decir lo mismo, a pesar de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, convirtiéndose en aliado indisoluble y exclusivo de Albert Rivera, al que nombró único interlocutor válido para acceder a su persona. Los suyos, al parecer, lo entienden. Sus votantes, lo dudo.

Los ciudadanos que no se veían representados, por primera vez en muchos años, han tomado la iniciativa y se han plantado en el hemiciclo para decir allí lo que nadie escuchaba cuando lo hacían en la calle los profesores; los profesionales de la sanidad; las mujeres que vinieron desde todos los puntos de Europa a traer el manifiesto que elaboraron las Comadres de Gijón para protestar por la reforma de la ley del aborto; para exigir la dación en pago, esa de la que ya disfrutan los promotores inmobiliarios, para todos los ciudadanos; para pedir la reforma de la ley electoral que anula cientos de miles de votos que no encuentran representante y van a parar, por la cara, al candidato rival; para que se revise la situación del modelo de país; para exigir el derecho a decidir; para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar al extranjero dejando a sus familias y sus estudios atrás como en la España negra de la dictadura; para que no se suprima el derecho al voto de los que viven fuera; para que las grandes corporaciones paguen impuestos, escaqueo que representa la inmensa mayoría del fraude fiscal; para que dejen de existir los paraísos fiscales; para que se consulte a los ciudadanos cuando se vayan a hacer cambios políticos que empeoren sus condiciones de vida; para que no nos impongan el TTIP gestionado con desprecio a la democracia, en secreto e impidiendo que nuestros representantes, tratados como delincuentes cuando quieren verlo, lo estudien y nos informen; para que la deuda y el déficit puedan ser estudiados por agentes independientes que nos certifiquen su legitimidad; para que se puedan debatir en Bruselas unas condiciones dignas de la salida de esta situación económica; para acabar con esta política de recortes exclusivamente en lo social; para acabar con la impunidad de la clase que opera al servicio del Gran Capital; para prohibir las puertas giratorias; para abolir los sobornos a los diputados que promulgan leyes en lo que ahora llaman lobbismo; para evitar por ese mismo método la privatización del Estado… Para crear desde la voluntad popular una democracia real con gobernantes al servicio de los ciudadanos y no de aquellos que los esclavizan.

Así es: bienvenidos los ciudadanos al mundo de la política entendida como el arte de mejorar las condiciones para una mejor convivencia.

Esperanza Aguirre ha sido, como siempre, clara y dice que ha vuelto para evitar que gane Podemos. Y lo ha dicho donde se dicen las cosas importantes en este país: el programa de Bertín.

Están jodidos… y lo saben. Ya era hora.

Ha merecido la pena. Gracias a todos los que hicieron lo que había que hacer.

Por aquellos que no arrojan la toalla

, que piensan en términos de “nosotros”, no de “yo”, que no renuncian a la esperanza en un mundo mejor, grito una y mil veces: ¡viva el 15 M!

Manque pierda.

No estamos solos es un documental que intenta explicar las claves del 15-M y cómo este movimiento ha servido de espoleta para activar otros muchos movimientos ciudadanos. ¿Por qué miles y miles de personas decidieron tomar las calles y plazas de toda España para expresar su indignación frente a los recortes, las privatizaciones, los desahucios, la corrupción política y la degradación de la democracia? El filme intenta responder a estas preguntas a través de los testimonios de algunos de sus protagonistas.

Estrenada fuera de concurso en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, la película es una suerte de versión audiovisual del libro homónimo de El Gran Wyoming No estamos solos (Planeta), un cóctel donde aparecían a lo largo de sus páginas algunos de los principales protagonistas de los movimientos sociales que no aceptaron rendirse a la espiral derrotista de la crisis económica. "Hay una gran cantidad de gente que está haciendo cosas, pero que no sabe que existe el de al lado", nos explicaba en septiembre el presentador de El Intermedio y colaborador de infoLibre. "Sobre el título original de No estamos solos articulamos distintos movimientos de gente que está haciendo cosas para los demás, gente que no depende de gobiernos, de instituciones", continuaba. Son gente como David Alegre, director de la Solfónica, la orquesta que ameniza gran parte de las manifestaciones en Madrid desde 2011; Begoña Piñero, que forma parte de Les Comadres, que llevaron el Tren de la Libertad hasta el Congreso para intentar parar la reforma de la ley del aborto; Martín Sagrero, el fabricante de las pancartas que se lucen en las concentraciones de la capital; el historiador Josep Fontana o el actor y dramaturgo Juan Diego Botto.

"Queríamos mostrar que los diferentes movimientos no eran un grupo determinado que tiene un problema, sino que estamos ante una protesta generalizada", explicaba el director del documental, Pere Joan Ventura. El equipo estuvo rodando durante más de un año (todo 2014 y parte de 2015) por todo el país distintos conflictos, desde los despidos de Panrico o Coca-Cola hasta el movimiento por la conservación del barrio del Cabanyal en Valencia o las Marchas de la Dignidad, que reunieron a miles de personas el 22 de marzo de 2014 en Madrid.

Wyoming y Ventura —que ya realizaron en el pasado dos películas juntos— decidieron publicar el libro de entrevistas del primero, y sufragar con las ganancias el rodaje de este documental que ahora te hace llegar infoLibre como gesto de agradecimiento por tu apoyo a este proyecto de periodismo independiente. 

Uno de los carteles propuestos para la concentración del día 5                              de octubre en Sol

Bajo el lema “Fuera mafia, hola democracia” se ha convocado el próximo 5 de octubre a las 19,00 una nueva concentración en la Puerta del Sol, donde el movimiento 15-M volverá a demandar un cambio en el sistema político porque el “actual falla y no defiende los intereses del pueblo”.

Toda la maquinaria del 15-M se ha puesto a trabajar para organizar una concentración que espera que sea una de las más numerosas de los últimos meses. Además, tienen la intención de que se propague por toda la geografía española a través de las redes sociales y de lo que denominan “difusión 1.0”. El miembro de Democracia Real Ya!Kike Castelló explicó a infoLibre el motivo de convocar la movilización con dos meses de antelación: “Nos hemos dado cuenta que en las últimas manifestaciones y concentraciones se han preparado en pocos días y con demasiada precipitación. Por ello, hemos preferido tener más tiempo para organizarlo y contar con el mayor número de colectivos posibles. Nos hemos emplazado a una reunión a principios de septiembre seguir trabajando y poner en marcha una difusión 1.0, porque queremos llegar a ese segmento de la población que no usa redes sociales a través de las formas tradicionales como carteles y el boca a boca”.

En pocas horas desde su anuncio en las redes sociales, cerca de un millar de personas habían confirmado su asistencia a través del evento creado en Facebook por el colectivo #Acampadasol. Mientras que en Twitter, bajo el hashtag #5oct se ha comenzado a dar difusión a la concentración del día 5 de octubre, a lanzar ideas y propuestas de carteles.  

El objetivo de esta movilización viene marcada por el caso Bárcenas. “Estamos siendo testigos de la actuación del PP. Han encubierto al extesorero hasta que han podido para evitar que se destape el escándalo de los sobresueldos. Todo ello, mientras están pidiendo grandes sacrificios a la sociedad, que no para de ver recortados sus derechos y de perder calidad en servicios esenciales como la sanidad y la educación”, argumentó Castelló. Además añadió que el “PP se está comportando como una verdadera mafia y se chantajean entre ellos para no perder su estatus”. Por ello, exigió “una democracia de verdad y no una pantomima”.

La propuesta de los colectivos que conforman el 15-M es que en este tiempo se unan el mayor número de asociaciones, entidades y asambleas locales para que sea una de las concentraciones más grande de los últimos meses. Para ello pretenden hacer algo diferente de lo que han hecho hasta ahora. “Ya hay varias propuestas pero hasta que septiembre nos volvamos a reunir y estudiar todas ellas, prefiero no dar más detalles”, confirmó Castelló.

“Animo a la gente a salir para expresar su descontento con el actual sistema político. Para presionar hay que salir a la calle y pedir que el gobierno dimita y convoque elecciones. Además, hay que ir más allá, porque seguimos bajo un sistema que está fallando. Necesitamos que haya gente que mire realmente por el pueblo y no por el poder económico”, concluyó Castelló.

"En dos años ha empeorado todo. Todo. Hay menos servicios sociales, menos becas de comedor, menos profesores en las escuelas, menos médicos en los hospitales...". Lo cuenta Maribel, 48 años, empleada del hogar. A su lado, mientras apura un trozo de bocadillo asiente Mariela, de 37, en el paro y con dos hijos. Se dice "algo cansada" de tirar del carro y "profundamente indignada". Pero nunca resignada. 

Ambas descansan sentadas en un parterre cercano al Puente de Toledo, cerca del Manzanares, en la zona sur de Madrid. Han pasado más de tres horas marchando a pie desde Leganés, ciudad del cinturón metropolitano de Madrid en la que viven, en una marcha a la que se han unido manifestantes de otros municipios como Parla, Móstoles, Valdemoro, Getafe o Fuenlabrada y también de barrios como Carabanchel. En general, todos más golpeados por la crisis y el desempleo que otras zonas tradicionalmente más ricas. No quieren perderse el aniversario de un movimiento que hace dos años les lanzó a la calle y que, dicen, ha contribuido a recuperar el tejido social de municipios en los que la resistencia vecinal del principio de la democracia contribuyó a crear modelos de ciudad más igualitarios. 

Como el 19 de junio de 2011, en la primera gran movilización de los indignados después de la del 15 de mayo, los activistas del 15-M de Madrid han recuperado para su segundo aniversario esta fórmula de columnas que, dicen, visibiliza la protesta desde los barrios y los pueblos a los que el movimiento extendió sus tentáculos cuando se recogió el campamento. La del sur no es la única, y aunque con asistencia de manifestantes bastante modesta, otras marchas han ido recorriendo varias zonas de la ciudad en este domingo. Tres columnas han convergido en el Templo de Debod, la plaza de Colón y las inmediaciones de la estación de Atocha en las primeras horas de la tarde. Y está previsto que todas avancen hacia la Puerta del Sol, donde se juntarán alrededor de las 20 horas. 

¿Hay más motivos ahora que entonces? "Por su supuesto. Los había, y muchos, hace dos años. Ahora hay más. Están dejando a los pobres sin ningún tipo de protección", señala Mariela. Y sin pensarlo medio segundo habla de la vivienda, el frente con más victorias del 15-M, pues junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han frenado más de 600 desahucios desde junio de 2011 y han logrado colar la lucha antidesahucios en la agenda política y mediática. "¿Por qué no ponen las viviendas vacías a disposición de la gente que no tiene nada?", se pregunta. A continuación, denuncia que la Empresa Municipal del Suelo Leganés (EMSULE) tiene viviendas que no están ocupadas y que el Ayuntamiento mantiene cerradas. "Hemos intentado tener algún encuentro con el alcalde pero nada, no nos hacen ni caso", se queja. 

Se saben menos que hace un año –en esta columna a medio día no superan el centenar cuando en convocatorias similares sobre todo en los primeros meses del 15-M llegaron a ser miles– y atribuyen este bajón en la asistencia de manifestantes a la descentralización en la que anda inmerso el movimiento. "Estamos muy dispersos. Hay muchos grupos cada uno trabajando por su cuenta. Este día debería servirnos para reflexionar sobre si es necesario que volvamos a ser una piña", dice Mariela. “Tenemos que volver a juntarnos, al sistema le viene bien la dispersión”, añade, por su parte, Maribel. 

A la conversación se une Teo, de 59 años y trabajador de la enseñanza. También ha llegado andado desde Leganés. "Después de un tiempo con un pico de bajada hay que aprovechar el tirón del aniversario para retomar la lucha más agrupados. Para ser eficaces hay que unir fuerzas", sentencia. 

El movimiento ciudadano Toque a Bankia ha iniciado desde este jueves a las 8.15 de la mañana una campaña para bloquear por un día y de forma pacífica las 2.764 sucursales que la entidad tiene repartidas por todo el mundo. Los convocantes aseguran que más de 25 sucursales han echado el cierre durante algunas horas para evitar las protestas. La entidad reduce a 17 cierres los momentáneos. 

Estas interrupciones ya han comenzado en la capital, entre otras oficinas, en las que la entidad tiene en el barrio madrileño de Lavapiés. A primera hora de la mañana, la oficina situada en la calle Duque de Alba sufría una interferencia por parte de una docena de jóvenes ataviados con máscaras, trajes y sombreros de copa, emulando a los banqueros. “Hemos entrado a la entidad y hemos bailado y cantado con las máscaras puestas”, explica Mónica Hernández, componente del movimiento a infoLibre. “Incluso hemos visto una sonrisa entre los trabajadores, quienes nos han agradecido que la acción haya sido tan pacífica”, comenta.

Minutos más tarde, los activistas coreaban por las calles del barrio consignas como "¡Bankia un crédito me prestó para un piso hipertasado en pleno boom del hormigón!”, o “¡Bankia con el piso se quedó y ahora en deuda me reclama la mitad de su valor!" y se dirigían hasta su segundo destino: la plaza de Lavapiés.

Allí, el movimiento ha leído un manifiesto a las puertas de la oficina. “Las hipotecas, los desahucios, los despidos, el rescate, el enriquecimiento de unos pocos a costa del resto, el Estado salvando al capital privado… Todo esto en una sola palabra: Bankia”, rezaba el escrito. En él acusan al banco de ser el responsable de gran parte de los desahucios que se producen en España y que, a pesar de haber sido rescatado con dinero público, ha estafado a miles de personas firmando hipotecas con cláusulas abusivas. “Bankia ha abusado de su poder, engañando también a otras miles de personas con las preferentes” y, con la complicidad del Estado, “se ha enriquecido a costa de nuestro dinero”, criticaban. “Ya no confiamos en ellos”.

En el marco del segundo aniversario del Movimiento 15-M y aprovechando que de forma simultánea se está dando un toque de atención a la entidad, los activistas han escenificado un juicio popular y, con una guillotina, han parodiado la muerte de los banqueros. “Sois culpables de delitos de estafa, robos, daños y perjuicios entre otros”, sentenciaban.

Finalmente una docena de personas ocupaban la entrada de la oficina y comenzaban su particular flashmob: bailes y cantes con consignas contra la entidad.

Promover el 'Cansinismo'

"Se trata de eso, de ser cansinos y creativos para interferir y paralizar la actividad habitual de las sucursales con el objetivo de llamar la atención sobre los desmanes cometidos por Bankia y los políticos que la han diseñado y construido", explican el Grupo de intervención GILA, una formación activista surgida en Lavapiés que emplea la creatividad y el humor para hacer activismo.

El objetivo de estas reivindicaciones es paralizar de forma total los desahucios, utilizar las viviendas de Bankia para alquiler social, recuperar las preferentes, entre otros.

En su página web, el movimiento incluye un mapa interactivo que pone en contacto a personas interesadas en participar en la acción.