Cerca del 44% de los hogares de la Unión Europea tienen al menos un animal de compañía, de los cuales más del 90% son perros o gatos.

La tendencia de incorporar mascotas a nuestras vidas no ha parado de crecer en las últimas décadas, pero se disparó a partir de la pandemia de la covid-19. En concreto, se estima que la población europea de animales de compañía creció un 11% en 2022, alcanzando los 340 millones, principalmente gatos (127 millones) y perros (104 millones).

Y se sabe que, a medida que crece la población humana en contacto con los animales de compañía, aumenta también el interés por el bienestar animal en la sociedad. Algo similar sucede con la vida salvaje: cuando las poblaciones de las especies silvestres disminuyen, la preocupación por la conservación de la biodiversidad se intensifica.

Pero esta confluencia no siempre convive en armonía. Aunque existe cierto solapamiento entre los objetivos del bienestar animal y los de la conservación de la fauna silvestre, es evidente la existencia de un sesgo a la hora de priorizar entre los animales de compañía y los silvestres, especialmente cuando ambos grupos interactúan.

Un estudio reciente identifica las claves del conflicto entre los defensores del bienestar animal de las mascotas y los partidarios de la conservación de la naturaleza. El trabajo analiza las oportunidades legales en el marco de la Unión Europea para reducir el impacto de las primeras sobre los animales silvestres.

La Unión Europea cuenta con una sólida legislación ambiental, en la que las directivas sobre aves y hábitats han sido claves para proteger la vida silvestre. En cambio, la legislación sobre bienestar animal —sobre todo la relativa a animales de compañía— es mucho más reciente y aún está en incipiente desarrollo.

Lógicamente, el bienestar animal se ha vinculado únicamente a las especies domésticas, dejando a las silvestres bajo la legislación ambiental. Sin embargo, este desequilibrio ha generado un vacío normativo importante: ¿qué ocurre cuando las mascotas causan daños a la fauna silvestre?

Entre los tipos de impactos más importantes de las mascotas sobre la vida silvestre están los derivados de las que se asilvestran. Los animales abandonados o escapados pueden formar poblaciones autosuficientes en la naturaleza, con consecuencias graves para las especies autóctonas.

Los loros que se escapan de los hogares son un buen ejemplo de ello. Especies como la cotorra de Kramer o la cotorra argentina han establecido colonias en muchas ciudades europeas. Aunque existe cierto consenso en considerarlas como especies invasoras, su gestión representa un complejo conflicto socioambiental.

No hay dudas de que los loros compiten con especies nativas por lugares de nidificación y recursos, pero representan especies carismáticas y apreciadas por parte de la ciudadanía, por lo que su control genera fuertes controversias sociales.

No obstante, si existe una mascota asilvestrada como centro de las preocupaciones es el gato doméstico, considerado como uno de los depredadores invasores más dañinos del planeta, responsables de alrededor del 25% de las extinciones contemporáneas de reptiles, aves y mamíferos en todo el mundo.

A pesar de las evidencias, en Europa sigue existiendo una gran resistencia a reconocer a los gatos asilvestrados como especies invasoras, lo que limita las opciones legales para gestionar su impacto.

Muchas mascotas con propietario pasan parte de su tiempo sin supervisión en el exterior. En el caso de los perros, los impactos se centran en la depredación de la fauna silvestre y la transmisión de enfermedades.

Por su parte, los gatos que deambulan libremente desde sus hogares también depredan, incluso cuando están bien alimentados, afectando especialmente a aves y pequeños vertebrados en entornos urbanos y periurbanos.

Un caso particular es el de las colonias felinas. El control de las poblaciones de gatos callejeros suele recaer en los Estados miembros de la UE, lo que da lugar a enfoques muy dispares, que van desde la retirada de animales hasta los programas de captura, esterilización y retorno (método CER).

Aunque se trata de un método socialmente aceptado, la evidencia científica muestra que, en la mayoría de casos, no es eficaz para reducir la población de gatos ni tampoco el impacto sobre la fauna silvestre a corto plazo.

Pasear al perro en la naturaleza se ha convertido en una de las actividades de ocio más comunes. Un buen ejemplo de esta tendencia es la creciente popularidad de las playas para canes. Un tipo de gestión que probablemente sea positiva para la salud de las mascotas y de sus propietarios, pero no para la fauna silvestre.

En playas naturales, por ejemplo, los perros pueden afectar gravemente a aves que nidifican en el suelo, como los chorlitejos patinegros. Incluso cuando no hay depredación directa, la simple presencia de un perro puede provocar que las aves abandonen sus nidos o reduzcan el tiempo de incubación, con efectos negativos sobre el éxito reproductor.

A medida que la biodiversidad disminuye y la población de animales de compañía aumenta en los hogares europeos, el conflicto entre la conservación de la fauna silvestre y la defensa del bienestar animal se intensifica. Por eso resulta tan urgente reconciliar estas perspectivas divergentes y alinear sus respectivos marcos jurídicos.

La Unión Europea tiene margen legal para actuar. Las directivas ambientales ya obligan a los Estados miembros a prevenir daños a especies protegidas, lo que podría traducirse en restricciones más claras sobre la libre deambulación de mascotas, especialmente en espacios naturales protegidos.

Al mismo tiempo, el desarrollo de una nueva legislación sobre bienestar animal ofrece una oportunidad para reforzar la responsabilidad de los propietarios a la vez que reduce el impacto de la libertad de movimientos y previene el abandono o el asilvestramiento.

Es necesario que las autoridades se tomen en serio la necesidad de regular los impactos de las mascotas y que sus propietarios se impliquen en la tarea de evitarlos. Sólo así no llegaremos al punto irreversible en el que los únicos animales silvestres que observemos en nuestros paseos por la naturaleza sean nuestras propias mascotas.

Miguel Ángel Gómez-Serrano es profesor ayudante doctor del departamento de Microbiología y Ecología de la Universidad de Valencia. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

En un conocido poema de Federico García Lorca, Romance sonámbulo del Romancero gitano, el verde encarna a la vez la vida y la muerte. Esa dualidad se repite hoy en muchos paisajes agrícolas que llamamos verdes, pero donde no se escucha un insecto ni crece una sola mala hierba. Detrás de ese mar uniforme de clorofila se esconde la misma paradoja que intuía Machado en sus versos: un campo que parece vivo, pero está exhausto.

Este 24 de octubre, día mundial contra el cambio climático, vuelve a recordarnos que el verdadero enemigo de la vida no son las renovables, sino el cambio climático que intentan frenar. En plena moda de la “Rural-Guerrilla Fashion”, donde se confunde rebeldía con rechazo a la transición energética, hace falta recuperar una defensa valiente y racional de las renovables. Hoy se habla más de los impactos de una planta mal gestionada que de los estragos diarios de los combustibles fósiles. Que el árbol no nos impida ver el bosque: las renovables son una oportunidad para la biodiversidad y sin renovables no hay futuro posible.

En los últimos cinco años, los estudios por la consultora EMAT en más de una docena de parques solares han documentado una recuperación real de la biodiversidad dentro de los recintos. Allí donde antes había fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, hoy proliferan herbazales naturales, insectos, aves (incluso esteparias) y pequeños mamíferos. La tranquilidad —sin cazadores ni tractores— y la ausencia de productos químicos crean un entorno inesperadamente fértil.

Para ponerlo negro sobre blanco, nada mejor que dar ejemplos y números concretos: en la planta de Talayuela Solar, por ejemplo, se detectaron un 35% más de especies de aves que en los terrenos agrícolas colindantes. En Magascona-Trujillo III reaparecieron ánades y garzas tras recuperar pequeñas charcas. En El Quintillo, las cámaras registraron zorros, ginetas y conejos donde antes solo había monocultivo de cereal.

Pero estas plantas no son las únicas: en las plantas fotovoltaicas de Minglanilla I y II (Cuenca), el seguimiento ambiental realizado tras su puesta en marcha ha documentado un cambio radical. El estudio —basado en censos de fauna, flora e insectos dentro del perímetro de la planta— contabilizó 417 especies distintas, de las cuales un 42% son plantas, 38% insectos y 14% aves. No se trata de un entorno virgen: antes de la construcción, el terreno era agrícola intensivo, sin vegetación natural ni refugios para fauna. Hoy, gracias a un manejo sin pesticidas, la recuperación de suelos y la creación de refugios específicos, los paneles solares comparten espacio con lavanderas, cernícalos, abejas, reptiles y pequeños mamíferos. En menos de dos años, un área monótona y empobrecida se transformó en un ecosistema funcional con vegetación autóctona y presencia de especies polinizadoras y depredadoras naturales.

Esto no es una metáfora: son datos objetivos. Entre 2021 y 2025, los estudios de EMAT en plantas solares de toda España mostraron un patrón inequívoco: cuanta más antigüedad y mejor gestión ambiental, más biodiversidad. En los proyectos con varios años de funcionamiento, la variedad de aves ya alcanza niveles considerados altos según los índices científicos. El manejo adecuado —pastoreo controlado, nidales, refugios, charcas, apicultura— multiplica las especies y convierte terrenos antes degradados en corredores vivos donde energía y naturaleza coexisten. No es una promesa teórica, sino una constatación de campo: una planta solar bien diseñada puede albergar más vida que el terreno previo.

Pero el efecto positivo de las plantas no se limita solo al interior de las platas: existe un desborde del impulso positivo de la biodiversidad más allá del vallado, guiados por los programas de compensación ambiental bien diseñados.

Un ejemplo que vale más que mil campañas comunicativas: en el Nudo Zarzón (Extremadura), los promotores destinaron unas 1.000 hectáreas de superficie a restaurar hábitats esteparios, conectados con zonas ZEPA cercanas. En menos de dos años, las mediciones de campo muestran una recuperación de la cubierta vegetal de hasta el 60%, el retorno de aves esteparias como el sisón, la ganga y la avutarda, y el asentamiento de polinizadores y pequeños mamíferos en zonas donde antes no existían. Además, el programa ha permitido generar una red de hábitats conectados con las ZEPAs vecinas de La Serena y Campiña Sur, creando un corredor ecológico funcional en una de las regiones con mayor densidad fotovoltaica del país.

Los resultados sobre la AVUTARDA común (Otis tarda) han sido contundentes: se ha demostrado una presencia estable en las reservas de pasto y márgenes agrícolas restaurados; las zonas de exhibición y reproducción (leks) identificados pasaron de 1 a 3 en dos campañas (frente a uno antes de las obras), con incremento del número de machos territoriales y un uso regular del área por avutardas durante los meses cálidos, con 2 ejemplares adultos censados en 2024. La especie usa la sombra de apoyos eléctricos y transformadores como refugio térmico, lo que confirma adaptación funcional del hábitat restaurado.

En cuanto al SISÓN común (Tetrax tetrax), el seguimiento post-obra confirmó una recolonización efectiva de las áreas restauradas del Nudo Zarzón. Entre 2023 y 2024 se registraron seis machos territoriales —uno de ellos radiomarcado— y tres hembras en vuelo y alimentación en zonas donde no existían registros desde 2014. Estos individuos utilizan la planta de Puerta Palmas como espacio reproductor (lek), evidenciando la recuperación del hábitat. A escala regional, el programa de seguimiento contabiliza 30 sisones marcados entre 2021 y 2024, con densidades estables y aumento del número de cantaderos activos respecto a los censos de 2016, lo que confirma la eficacia de las medidas compensatorias.

También se han conseguido resultados positivos sobre la GANGA ortega (Pterocles orientalis) donde también se ha registrado una recolonización (más lenta que la del sisón, pero sostenida). Se han confirmado entre 3 y 5 ejemplares reproductores, frente a la ausencia total de registros entre 2014-2021. La Ganga ortega se ha detectado dando uso regular de las parcelas compensatorias y charcas ganaderas del Nudo Zarzón; observada en vuelo, posada y en alimentación, indicador de hábitat funcional.

En paralelo, la campaña de conservación de la carraca europea, impulsada por la Junta de Extremadura con fondos de compensación de proyectos renovables, ha obtenido excelentes resultados. Después haber experimentado una drástica reducción del 80% en su área de distribución en las últimas décadas, y un descenso poblacional de 700 parejas reproductoras a principio de los noventa a 173 parejas en 2019, las medidas tomadas en la Planta Solar Fotovoltaica Arenales (Cáceres) han conseguido un aumento de la población reproductora del 25% en dos años. Hoy el 75% de las parejas reproductoras de Carraca en Extremadura se reproducen en cajas nido instaladas como medidas compensatorias.  

Al final, todo se reduce a una evidencia que cuesta decir en voz alta: las renovables no matan la vida, la devuelven. Donde antes el verde era solo fachada —un campo de monocultivo sin insectos ni canto—, hoy crece un verde nuevo, más silencioso, más honesto. El de la hierba que vuelve a brotar bajo los paneles, el de las aves que regresan, el de los suelos que respiran otra vez. Es hora de entenderlo sin prejuicios: la energía limpia no es una moda, es una forma de reconciliar al ser humano con la tierra. Y defenderla no es un gesto ideológico, es un acto de sentido común. Porque si algo ha demostrado este país es que cuando se deja espacio a la luz, la vida siempre encuentra la manera de volver.

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Martín Behar es Director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

Ayer sábado, mientras esperaba el comienzo del concierto que Jaraíz ofrecía con motivo de la 53ª edición del Festival Folk “Tablas de Daimiel”, un último vistazo al móvil me dejó con un escalofrío que me acompañó durante toda la actuación: el cauce seco del río Guadiana ardía a menos de cinco kilómetros del Parque Nacional.

Triste paradoja: fuego en el Parque el mismo día en que se celebraba un festival que nació hace más de medio siglo para defender el agua y la vida en Daimiel.

Miré mi aplicación meteorológica favorita. El viento, como se había anunciado, soplaba con fuerza desde Levante. Bastaba conocer el terreno para temer lo peor. El cauce seco del Guadiana, cubierto de vegetación, podía convertirse en una mecha de pólvora natural. Un cauce donde antes corría el agua se transformaba ahora en un cañón para el fuego. Lo primero que pensé fue en las quemas de rastrojos tradicionales en estas fechas. Pero, ¿al lado del cauce? ¿Con este viento? ¿Qué habría pasado?

El incendio, según lo que he podido comprobar, se inició en un barbecho entre la ribera del Guadiana y el camino de Moledores, a la altura del antiguo molino del Nuevo. Desde ese punto, el fuego encontró el cauce como vía de expansión y avanzó rápidamente, alimentado por la materia seca del fondo del río. En pocos minutos se formó una gran lengua de fuego que amenazaba con extenderse hacia Griñón y, con ello, poner en peligro la seguridad del Parque Nacional y de los habitantes de la zona. La rápida actuación de los servicios de emergencia consiguió controlar el avance y evitó que las llamas siguieran cauce abajo. Pero lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado.

Desde hace años, muchos venimos alertando del riesgo que supone el abandono del cauce del Guadiana entre los Ojos y el Parque Nacional. Aunque el río ya no aporte agua de manera constante, su cauce sigue siendo un elemento esencial para la estabilidad ecológica del Parque. El Guadiana no ha desaparecido: se ha transformado. Y su papel, en ausencia de agua, puede ser el de canalizar el fuego. Baste recordar los incendios de autocombustión de turba producidos en 2009.

Hoy domingo recorrí el tramo afectado y tomé fotografías del terreno. El paisaje quemado era desolador. Pero lo más inquietante era la sensación de fragilidad. Bastó un descuido —una chispa en el barbecho, una colilla, una quema mal controlada— para que el fuego corriera por el cauce como si lo hubiera estado esperando.

¿Qué hacer? Ante la desidia reinante cuando se habla del cauce del Guadiana manchego, hay que actuar. Y algunos lo hemos hecho este año con la celebración de una serie de encuentros que, con el nombre 'Resilvestrando el Guadiana', y de los que se han hecho eco medios como Infolibre o La 2 de RTVE, ha reunido a ciudadanos —agrupados o no en asociaciones—, propietarios, empresas y técnicos de la administración, con el objetivo de volver la mirada al Guadiana.

De esos encuentros ha surgido un proyecto de custodia del territorio que pretende recuperarlo, comenzando por el tramo más cercano al Parque: el cauce entre Griñón y Molemocho. Precisamente, una de las primeras propuestas fue crear un camino-cortafuegos ecológico, que sirviera a la vez como vía de mantenimiento, espacio de observación y barrera natural contra los incendios. Este episodio demuestra, tristemente, la urgencia de actuar.

Otra de las medidas que se están estudiando, buscando siempre el asesoramiento científico basado en datos, es humidificar el cauce, como ya se hace en el interior del Parque. Acequias de careo, utilización de pozos o cualquier otra medida contraincendios que sea crea conveniente y que impida el avance del fuego.

No podemos seguir protegiendo las Tablas de Daimiel como si fueran una isla. Su supervivencia depende del conjunto del sistema fluvial del Guadiana, de su entorno agrario y de su memoria ecológica. Cuidar el cauce seco también es cuidar el Parque. Ignorarlo es invitar al fuego a regresar.

El incendio de este fin de semana ha sido, por fortuna, contenido. Pero el aviso está claro: si el Guadiana ya no es entrada de agua, se ha convertido en entrada de fuego. Y ese fuego, además de devorar vegetación, libera CO₂, degrada el suelo y destruye los últimos refugios de biodiversidad que el río aún conserva.

Recuperarlo no es una cuestión de nostalgia, sino de supervivencia ecológica. Si no hacemos nada, el próximo incendio no será una sorpresa. Será, una vez más, una crónica de un incendio anunciado.

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Alberto Celis es geógrafo e historiador.

Las llamas han arrasado aldeas, explotaciones agrícolas y ganaderas y más de 90.000 hectáreas en Galicia, pero también dejan un "desastre ambiental" en la comunidad autónoma, donde se han llevado por delante parte de enclaves como Pena Trevinca, los parques naturales de O Invernadeiro y Enciña da Lastra y el bosque Ridimoas, informa EFE.

En Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia (2.127 metros, Ourense), el fuego avanzó tiñendo de negro lo que encontraba a su paso tras irrumpir el fin de semana pasado procedente de Porto de Sanabria (Zamora), aunque no apareció en los balances oficiales de la Xunta hasta el martes.

Este espacio natural del macizo Galaico-Leonés de casi 25.000 hectáreas cuenta con lagos glaciares como la Lagoa da Serpe, arrasada por las llamas.

El incendio sigue activo tras quemar 4.000 hectáreas y mantiene en vilo a los vecinos porque ha llegado al Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa, con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario, fresnos, acebos y avellanos.

La mayor parte de los árboles ha aguantado el embate de las llamas y ha ardido sobre todo vegetación de suelo, cuenta a EFE el guarda de montaña Pedro Domínguez, que explica que el sábado apagaron pequeños focos dentro del bosque, pero no han podido todavía recorrerlo al completo para evaluar daños porque el fuego sigue activo.

Los vecinos defendieron solos el enclave natural durante días hasta que el lunes empezaron a llegar medios.

Pero la situación en Trevinca "es un desastre ambiental en todos los sentidos", con gran impacto sobre su biodiversidad, ya que es la mayor zona de parejas de águila real de Galicia y tiene una especie endémica de la planta genciana.

El escenario se repite en otros espacios protegidos como O Invernadeiro (Ourense), el único parque natural de Galicia sin poblaciones humanas y donde entró el fuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño, según imágenes de Copernicus.

"Toda esa zona del macizo central es de altos valores, hay representación de especies muy escasas en el resto de Galicia. Por ejemplo, hay parejas de águila real", explica a EFE el representante de SEO Birdlife en Galicia, Gustavo Ferreiro.

Allí se emplearon máquinas pesadas para mejorar los cortafuegos perimetrales y también se llevaron a cabo ataques manuales contra el fuego, al igual que en el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, informó esta semana la Xunta.

Encajada en los valles del río Sil, esta sierra ourensana se vio afectada en un porcentaje "bastante grande", avisa Ferreiro, que destaca que tiene la peculiaridad de conservar vegetación mediterránea, con encinares únicos en Galicia y especies como águilas culebreras y alimoche.

La sierra de O Courel (Lugo), Reserva de la Biosfera que ya ardió en 2022, fue asediada por las llamas del mayor fuego de Galicia, el de Larouco, estabilizado este sábado tras quemar más de 30.000 hectáreas.

También han ardido hectáreas en los parques de Baixa Limia-Serra do Xurés (Ourense) y Fragas do Eumes (A Coruña).

Ferreiro alerta sobre el impacto del fuego en la biodiversidad gallega.

"Aunque hayan sobrevivido al incendio, es posible que el año que viene no tengan un hábitat como para poder alimentarse y criar bien, y entonces las perdamos", lamenta.

Él asegura que "se está produciendo un desastre ambiental con tintes de que va a ser muy largo en el tiempo poder recuperarse".

El fuego entró incluso en Ridimoas, un bosque comunitario de la comarca de O Ribeiro (Ourense) referente por su modelo de gestión y conservación.

Se calcinaron sobre todo pinares y han sucumbido las crías del alcotán, que estaban en un nido a 22 metros de altura que ardió, pero el robledal adulto aguantó y controló el incendio, explica a EFE el impulsor de este proyecto, Pablo Rodríguez Oitabén.

El profesor asegura que el incendio fue intencionado y critica los cortafuegos que quemaron parte del bosque, así como la falta de medios.

Aun así, considera que la resiliencia demostrada por gran parte de este bosque debería tomarse como ejemplo para preparar los espacios forestales.

"En Galicia se están talando robledales adultos para plantar eucaliptos. Es una locura", denuncia.

Un incendio invisible. Continúa desde el viernes 8 de agosto la 51ª ola de calor registrada en Francia desde 1947. Cinco departamentos siguen en alerta roja por ola de calor hasta mediados de agosto, y dos tercios del país están en alerta naranja. Según Météo-France, se espera incluso un nuevo pico para el fin de semana del 15 de agosto.

Pero estas intensas olas de calor también podrían provocar en los próximos días un aumento de la temperatura superficial del agua del Mediterráneo hasta los 30 °C frente a la Costa Azul o Córcega, según las previsiones meteorológicas. Un nivel comparable al registrado en agosto de 2003.

Una ola de calor marino se produce cuando, durante más de cinco días, la temperatura de la superficie del mar es superior al 90% del tiempo. La que afecta actualmente a la cuenca mediterránea se está intensificando, mientras que el primer semestre de 2025 ya se considera el más caluroso jamás registrado en este mar.

Además, según Mercator Ocean International, un centro de predicción oceánica que trabaja para la Unión Europea, durante la primera ola de calor del pasado mes de junio, el Mediterráneo rozó los 24 °C, superando su anterior récord, registrado en junio de 2022.

Al mes siguiente, registró el mes de julio más cálido jamás observado: la temperatura media de la superficie del Mediterráneo alcanzó un nivel sin precedentes de 26,68°, con anomalías en el mercurio que afectaron al 95 % de su superficie.

Estas excepcionales olas de calor marino son cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

“Las aguas se calientan cada vez más de un año a otro, especialmente en el Mediterráneo, donde se estima que el calentamiento aumenta en 0,4 °C por década, frente a una media mundial de 0,2 °C. Esto se explica, en particular, por el hecho de que se trata de un mar semicerrado que tiene pocos intercambios con las aguas atlánticas”, explica a Mediapart Thibault Guinaldo, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Meteorológicas.

Dos causas principales explican estas olas de calor marino. Las razones son, en primer lugar, atmosféricas: las temperaturas muy elevadas del aire, la fuerte radiación solar sin cobertura nubosa y la ausencia de viento —un actor importante en la mezcla mecánica de las aguas— provocan una acumulación de calor en la superficie de los océanos.

A esto se suma el cambio climático, que acentúa la diferencia de temperatura entre las aguas superficiales y las profundas. “Como consecuencia, se observan menos intercambios verticales entre estas aguas, lo que las calienta”, continúa Thibault Guinaldo. “En resumen, hay mucha energía que llega al sistema oceánico y, al mismo tiempo, condiciones desfavorables para la redistribución de este calor.”

Los científicos estiman que, por el momento, las capas superiores del océano han absorbido alrededor del 90 % del exceso de calor generado por las actividades humanas. En este sentido, las aguas del planeta están en primera línea del caos climático debido a su función de reservorio de calor. Como resultado, el número de olas de calor marinas se ha duplicado desde 1982 en todo el planeta.

Peor aún, las olas de calor marinas serán 20 veces más frecuentes con un aumento de las temperaturas de 2 °C, y 50 veces más frecuentes si las emisiones siguen aumentando considerablemente, según un informe especial sobre los océanos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de 2019.

Al igual que las olas de calor en tierra, estas olas de calor marinas son cada vez más frecuentes y prolongadas: según el IPCC, el número de días de olas de calor bajo el agua ha aumentado un 54 % desde principios de siglo.

Por último, estas olas de calor en el mar son catastróficas para la biodiversidad marina. “Actualmente estoy estudiando comunidades de fitoplancton y se observa claramente una migración hacia los polos, ya que las aguas se vuelven más favorables para su desarrollo, especialmente hacia el mar de Barents, bordeado por el océano Ártico”, indica Thibault Guinaldo.

En el Mediterráneo, según un estudio publicado en 2022 en Global Change Biology, el cambio climático ha provocado “mortalidad masiva de organismos marinos” en miles de kilómetros de costa, desde la superficie del agua hasta 45 metros de profundidad.

Entre 2015 y 2019, las olas de calor marinas provocaron la desaparición recurrente de unas cincuenta especies de esponjas, moluscos y corales con largos ciclos de regeneración. “El mar Mediterráneo está sufriendo una aceleración de los impactos ecológicos de las olas de calor marino, lo que constituye una amenaza sin precedentes para la salud de sus ecosistemas y su funcionamiento”, alertaron los científicos en sus conclusiones.

Thibault Guinaldo resume: “Lo que durante la ola de calor de 2003 se consideraba excepcional se está convirtiendo, lamentablemente, en algo recurrente año tras año”.

Traducción de Miguel López

Alrededor de una cuarta parte de las especies que viven en agua dulce corren un alto peligro de extinción, según un estudio publicado este miércoles en la revista Nature. El 24% de las más de 23.000 especies analizadas en la publicación podrían desaparecer en las próximas décadas debido principalmente a la contaminación, la construcción de azudes y presas y al impacto de la agricultura intensiva. La península ibérica es uno de los puntos negros del planeta, según los autores, puesto que alberga decenas de especies de agua dulce que viven amenazadas. En concreto, el 16% de las especies de agua dulce de la península ibérica van camino de desaparecer, y en España, el 12% del total, según reconocen los autores a infoLibre.

Los decápodos (cangrejos, langostas, langostinos…) son los animales más expuestos a la extinción, según los autores, puesto que el 30% de las especies van camino de desaparecer en el mundo. También están en riesgo muy alto el 26% de los peces de agua dulce y el 16% de los odonatos (diferentes especies de libélulas y caballitos del diablo). La contaminación amenaza al 54% de las especies que van camino de la extinción; las presas y la extracción de agua al 39%; la agricultura y los cambios del suelo al 37%; y la entrada de especies invasoras y enfermedades al 28%.

Para poner en contexto estas cifras, los autores recuerdan que en los últimos 500 años se han extinguido 89 especies que habitan en agua dulce (82 peces, 6 decápodos y 1 odonato), mientras que la lista actual de especies en peligro elevado de desaparición supera las 5.800. De hecho, se cree que de esa cantidad, 187 ya están extintas, aunque los biólogos todavía no tienen pruebas fehacientes de ello, y 49 de ellas se ubicarían en el Lago Victoria (en Uganda, Tanzania y Kenia).

"Es urgente reducir el impacto de estas actividades sobre los hábitats y las especies de agua dulce para evitar nuevos descensos y extinciones en las poblaciones" , subraya Eresha Fernando, coautora del estudio e investigadora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). "Y esas medidas deben ser específicas para las especies de agua dulce, en lugar de dar por sentado que las medidas de conservación de los tetrápodos terrestres (anfibios, aves, mamíferos y reptiles), en los que suelen centrarse las políticas de conservación, bastarán para conservar a las especies acuáticas".

La investigación publicada este miércoles ha sido realizada por más de 70 académicos y se centra en los humedales de agua dulce porque en ellos la biodiversidad se reduce mucho más rápido que en otros ecosistemas. Según los autores, entre 1970 y 2015 se perdió el 35% de la superficie de humedales continentales, un ritmo tres veces más rápido que la desaparición de los bosques. De los humedales que quedan, el 65% está amenazado de manera moderada o grave, mientras que el 37% de los ríos del planeta que superan los 1.000 kilómetros tienen algún tipo de obstáculo que frena a los peces y anfibios.

El análisis se ha realizado a partir de los datos recogidos previamente por la IUCN Red List, la lista de referencia de especies en peligro de extinción, y considera como en elevado riesgo de extinción aquellas especies catalogadas como "en peligro crítico", "en peligro" o "vulnerable". Los autores no han incluido los moluscos porque el IUCN solo monitoriza a la mitad de las especies conocidas de estos invertebrados, pero sí especifican que un tercio de los moluscos que reciben seguimiento por parte del IUCN están en peligro de extinción, por lo que el estudio publicado en Nature "es conservador y la lista podría crecer si los moluscos fuesen incluidos".

El mapa publicado junto a la investigación sitúa a la península ibérica como el punto del planeta donde más especies de agua dulce están en peligro de extinción, junto con el mar Caspio. Dentro de España, especies como la anguila europea, el esturión europeo o el visón europeo están en peligro crítico de extinción. En el caso de la anguila, la construcción de las presas han provocado que no pueda remontar muchos de los ríos donde antes se alimentaba, como el Tajo, lo que limita sus hábitats y su capacidad de crecimiento.

"La península ibérica aparece como una de las zonas con mayor riqueza de especies acuáticas amenazadas a nivel mundial, sin duda debido al elevado número de peces endémicos con distribuciones restringidas que habitan en sus cuencas fluviales, de los que aproximadamente el 85% se encuentra amenazado de extinción", comenta Graciela Gómez, profesora de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, a través de Science Media Center, una agencia de comunicación científica. 

Además de la contaminación y las presas, Gómez cita la sobrepesca, la expansión de especies invasoras y los impactos del cambio climático como las causas de la posible extinción. Ignacio Doadrio, profesor de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales, añade que otro problema específico de la península es el "aislamiento geográfico que representan los Pirineos y los procesos internos de reordenamiento de cuencas, que han favorecido una notable diversificación de estas especies a lo largo del tiempo".

Hace dos semanas que la Comisión Europea propuso acabar de facto con la mayor parte de la pesca de arrastre española al plantear a los Estados miembros reducir un 79% los días en los que pueden faenar en el Mediterráneo occidental los barcos que emplean redes de arrastre. Se trata de un órdago de Bruselas para garantizar que las especies afectadas por la pesca de arrastre quedan protegidas, pero tan extremo que provocó el enfado de los pescadores, el Gobierno e incluso de los conservacionistas. Más allá de que la medida sea desproporcionada, los análisis demuestran que las poblaciones de peces capturados con arrastre están muy mermadas, y que las medidas preventivas de los últimos cuatro años apenas han mejorado la situación. El consejo científico que asesora a la UE estudia cada año nueve puntos de la costa española, y solo en cuatro ha habido un incremento de los ejemplares entre 2021 y 2023.

En concreto, este panel de expertos mide la situación de seis especies pescadas por redes de arrastre en cuatro lugares diferentes de la costa española. Entre 2021 y 2023 han crecido en población la gamba blanca, el salmonete de roca (en Baleares), el salmonete (Golfo de León) y la gamba roja (Andalucía y Baleares). Pero paralelamente se ha reducido la población del salmonete (Andalucía y Cataluña) y se ha mantenido estable la de la merluza y la cigala (Cataluña), mientras la gamba roja (Cataluña y Golfo de León) y la cigala (Baleares) han fluctuado.

El problema es que, aunque unas especies evolucionen mejor que otras, la captura con arrastre es muy poco selectiva. Las redes que se arrastran por el fondo en general capturan todo lo que tocan, de manera que la normativa europea ha optado por poner el límite de pesca en el necesario para salvar a la especie más dañada: la merluza. Aunque su número de ejemplares se mantenga estancado desde 2021, los expertos recuerdan que esto no es una buena noticia, puesto que ahora viven en la región unas 1.800 toneladas de merluzas adultas, mientras que en 2010 había más de 4.000.

Con estos datos, el panel de científicos que asesora a la UE planteó en octubre recortar la pesca de merluza mediante arrastre en un 91% a partir de 2025, mientras que para otras especies propuso una rebaja menor. Por ejemplo, del 74% en el salmonete de Cataluña, o del 25% en la gamba roja de Andalucía. En algunos casos donde ha crecido la población, los expertos incluso plantearon incrementar las capturas, como en el salmonete de roca de Baleares (+32%) y la cigala de Baleares (+11%).

El trabajo de los científicos es calcular las poblaciones y recomendar en Bruselas medidas para equilibrar el ecosistema, pero queda en manos de la Comisión proponer un reglamento para hacer frente al problema. Con esa información, la directora general de Pesca, Charlina Vitcheva, planteó el 27 de noviembre a los Estados miembros —antes de que el nuevo Comisario de Pesca, Costas Kadis, tomase el mando— un recorte del 79% de los días de faena para los barcos de arrastre del mediterráneo occidental. 

Tanto el sector pesquero como el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se opusieron tajantemente a la propuesta. Incluso los grupos ecologistas o los expertos en oceanografía reconocen que la solución no puede ser acabar de un día para otro con la pesca de arrastre. Unas 3.000 personas en España trabajan de forma directa en el sector, y hay 557 arrastreros en el país que pescan en el mediterráneo.

Miquel Ortega Cerdà, experto en pesca del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), explica que la propuesta de Bruselas es exagerada, aunque es cierto que se escuda en la normativa vigente. "La Comisión ha seguido el mandato que establece la Política Pesquera Común de 2013, que fijaba que en 2020 había que alcanzar un rendimiento máximo sostenible de estas especies", señala. El problema es el programa para cumplir con esa meta —el Plan plurianual para las poblaciones de peces demersales del mar Mediterráneo occidental— no se aprobó hasta 2019, y era técnicamente imposible alcanzar el objetivo en 2020.

Por ello, se decidió reducir parcialmente los días de pesca de arrastre a partir de 2020, y se pospuso la meta de alcanzar un equilibrio a 2025. De nuevo, se ha esperado a última hora para establecer los recortes, y la Comisaria de Pesca pretende que de un día para otro —a partir del 1 de enero de 2025— España y sus vecinos empiecen a cumplir con una cuota pesquera inasumible. Pasarían de faenar 129 días al año a apenas 27, una quinta parte.

No obstante, Ortega añade que el Gobierno español y las comunidades autónomas no están libres de culpa: "Durante décadas las administraciones no tomaron medidas adecuadas de planificación para evitar que se fabricaran y trabajasen más barcos de pesca de los que el recurso puede sostener", recuerda el experto.

De hecho, el Gobierno español, junto al italiano y francés, mandó el 18 de noviembre una carta a la Comisión para que congelase durante dos años más el mandato que obliga a alcanzar un equilibrio en la pesca de arrastre, es decir pasarlo de 2025 a 2027. "Esta postura es igual de triste porque no beneficia a nadie. Es como si un paciente que está en la UCI empieza a mejorar y le damos el alta. Aunque estemos mejor, paralizar los objetivos nos devuelve a la casilla de salida", opina el doctor en Ciencias Ambientales.

Desde WWF, una de las ONG más presentes en la política pesquera europea, proponen sustituir la solución drástica de la Comisión por otras que no arruinen a la pesca, ya que la inmensa mayoría de los barcos son familiares. Plantean por ejemplo instalar redes más grandes con cuadrados de 52 milímetros para evitar la captura de juveniles. Sobre el exceso de barcos de arrastre que hay en España, los ecologistas reclaman también un programa de pagos por desguace para que los pescadores reciban una compensación por desmontar su barco. Esto sirve para garantizar que las embarcaciones no se vendan o se cambien de bandera para que sigan pescando en otro lugar del mundo.

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) rastrea más de 150 000 especies para guiar los esfuerzos globales de conservación. Esta incluye nueve categorías, de las que tres se refieren a seres vivos amenazados: "en peligro crítico", "en peligro" y "vulnerable". Sus criterios son globales y se basan en evidencias científicas para evaluar el riesgo.

Un estudio, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Biology, ahonda más en esta cuestión al utilizar un nuevo modelo para detectar las especies que están en peligro de extinción mediante técnicas de IA y aprendizaje automático.

“Las evaluaciones directas del riesgo de extinción, según los procesos de la UICN, son las más precisas, pero requieren mucho tiempo y recursos. En 2024, la Lista Roja de la UICN habrá evaluado 163.000 especies. Sin embargo, más de 21.000 de estas no disponen de datos suficientes para determinar su riesgo por falta de datos, y muchas de ellas (más de 1,8 millones) no han sido evaluadas en absoluto. Los modelos ofrecen una forma más rápida y asequible de predecir estos riesgos”, dice a SINC Nicolas Loiseau, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés).

Con esta metodología han determinado que el 38% de las especies de peces marinos (o 4.992 especies en el momento de esta investigación) no tienen datos suficientes recabados y no reciben un estado de conservación oficial ni las protecciones asociadas.

“Utilizamos una red neuronal artificial que forma parte de la familia de la IA. Entrenamos modelos para predecir los riesgos de extinción con datos insuficientes y no evaluadas a partir de datos de presencia, rasgos biológicos, taxonomía y usos humanos de 13 195 especies”, continúa el científico.

De esta forma, determinaron que el 12,7 % de las especies de peces teleósteos marinos están en riesgo de extinción, cinco veces más que la estimación anterior de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza del 2,5 %.  

Clasificaron el 78,5 % de las 4.992 especies como “no amenazadas” o “amenazadas” (que incluye las categorías “en peligro crítico”, “en peligro” y “vulnerable” de la UICN). Las especies amenazadas previstas se quintuplicaron (de 334 a 1.671) y las especies no amenazadas previstas aumentaron en un tercio (de 7.869 a 10.451).

“Solo la UICN puede determinar la situación de una especie determinada. Algunas especies del mar Mediterráneo que hemos predicho como amenazadas por nuestros modelos son: el falso abadejo (Epinephelus costae), el mero lobo o chernato (Epinephelus caninus), el gobio tortonés (Pomatoschistus tortonesei), el pez piedra Scorpaenodes arenai o el góbido Didogobius bentuvii”, apunta el científico.

Para solucionar este problema, los científicos proponen la creación de un nuevo índice de “predicción del estado de la UICN” basado en las últimas técnicas de modelización predictiva. “Esto funcionaría junto con el sistema actual y proporcionaría más datos a los expertos, gobiernos y público general para comprender mejor y responder a la crisis de biodiversidad”, asegura Loiseau.

Las especies amenazadas identificadas tienden a pertenecer a un área de distribución geográfica pequeña, con un tamaño corporal grande y una tasa de crecimiento baja. El riesgo de extinción también se correlacionó con hábitats poco profundos.

El Mar de China Meridional, los Mares de Filipinas y Célebes, así como las costas occidentales de Australia y América del Norte, se identificaron como puntos calientes para las especies amenazadas.

Asimismo, los investigadores encontraron el mayor número de especies amenazadas no reconocidas en el Triángulo de coral, una región con el mayor número de especies y endemismos.

La biodiversidad se encuentra en medio de una grave crisis medioambiental y cada vez preocupa más el papel de la IA. “Sin embargo, pensamos que su capacidad para procesar cantidades ingentes de datos ayudaría realmente a proporcionar evaluaciones más precisas del riesgo de extinción y poner de relieve qué especies y regiones necesitan una evaluación urgente para mejorar la fiabilidad de estos modelos”, enfatiza el científico.

“Al ofrecer estimaciones fiables del riesgo de extinción de especies aún no evaluadas por la UICN, la IA puede ayudar a identificar qué especies, sus atributos y zonas necesitan atención urgente. Esto orientaría los esfuerzos de conservación y dirigiría mejor los recursos para reducir los riesgos de extinción en todo el mundo”, indica Loiseau.

Los investigadores señalan que los modelos no pueden reemplazar las evaluaciones directas de las especies en riesgo, pero la IA ofrece una oportunidad única para proporcionar una evaluación “rápida, extensa y rentable del riesgo de extinción”.

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Un quebrantahuesos ha muerto por primera vez en España golpeado por un aerogenerador, según ha informado la ONG Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y ha recogido Europa Press. Además, este ejemplar era el último de la especie en la zona.

Así, la FCQ ha detallado que técnicos de la organización y agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón han hallado el cadáver mutilado de la quebrantahuesos Masía bajo las aspas de uno de los aerogeneradores del complejo eólico Refollas (Castellón, Comunidad Valenciana). En concreto, el cuerpo ha aparecido en el municipio turolense de Luco de Bordón (Aragón), a tan solo 15 metros de la muga con Castellón y a 40 metros del aerogenerador.

La baliza satelital que portaba el ejemplar, que era monitorizada a diario por la FCQ, alertó de una anomalía de actividad que hizo sospechar que Masía había sufrido un accidente. Cuando los profesionales se personaron en el lugar, solo pudieron confirmar la muerte de la quebrantahuesos, que presentaba "signos evidentes" de impacto. De hecho, tal y como recoge la ONG, el equipo forense del Centro de Recuperación de Fauna silvestre del Gobierno de Aragón ha confirmado a primera hora de este martes 11 de junio la muerte de Masía por politraumatismos severos.

A juicio de la organización, este suceso evidencia "el impacto mortal que los complejos eólicos mal concebidos tienen sobre la biodiversidad española". La entidad, que dirige el proyecto europeo LIFE, ya prepara la denuncia de los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel (Aragón).

"Mientras las empresas invierten ingentes cantidades de dinero en grandes campañas de autopromoción para convencer a la sociedad de la sostenibilidad del proceso de producción de energía eólica, los hechos demuestran que la realidad es otra: la de la muerte diaria de cientos de animales en España, muertes que suceden de forma anónima y que solo son evidenciadas cuando se dispone de balizas con tecnología satelital como las empleadas en el seguimiento de especies amenazas", ha criticado el presidente de la ONG, Gerardo Báguena.

Masía había sido liberada en el Maestrazgo en julio de 2022 junto al macho Sabino. Solo cuatro meses después, Sabino murió electrocutado en una línea eléctrica.

Con la muerte de Masía, desaparece el último quebrantahuesos que sobrevolaba los cielos de Teruel. Según Báguena, "el actual despliegue eólico en España en áreas de gran valor ecológico, sin las pertinentes medidas tecnológicas que reducen la mortalidad de las aves, pone en riesgo los esfuerzos invertidos por instituciones europeas y nacionales, centros de investigación y oenegés en el propósito de recuperar especies amenazadas".

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se celebraban en España incontables manifestaciones que reivindicaban la lucha por mantener la biodiversidad que el planeta necesita para combatir la degradación del calentamiento global. Si hace medio siglo ya se buscaba en el entorno de la gran urbe de Madrid el mantenimiento de zonas emblemáticas para el desarrollo de “microclimas” como las montañas de La Cabrera y su abundancia de lepidópteros, con estudios científicos para su desarrollo y conservación, hoy día la lucha se acerca a la ciudad, que crece sin detenerse a contemplar si conviene a sus residentes el conservar su gran nivel de mantenimiento verde que constatan informes de la Unión Europea. Si en distintos barrios madrileños se lucha contra la destrucción de zonas verdes, desaparición de árboles y vegetación para la construcción de un suburbano o una gran avenida, en localidades vecinas la lucha tiene menos repercusión mediática pero quizá sea más importante para combatir la destrucción letal de ámbitos verdes que mantienen esa biodiversidad con la que soñamos al constatar el avance de la edificación masiva, una ambición de empresas constructoras con la aquiescencia de corporaciones gobernadas por conservadores y no conservacionistas. Un ejemplo lo tenemos en la localidad de Alcobendas donde en un entorno “regulador de temperaturas, sumidero de carbono, filtro de agua pluviales”, como razonaba su manifiesto, y hábitat de casi más “especies de mariposas que en todo el Reino Unido”, hábitat donde existen encinas centenarias, majuelos, sauces, almendros, en los que viven gran número de aves, entre ellas, interesantes rapaces y distintos tipos de pájaros, el Ayuntamiento se plantea la edificación de casi 9.000 viviendas para más de 25.000 personas y la circulación de miles de vehículos.

Investigadores y científicos que han estudiado el entorno de Los Carriles de Alcobendas han señalado que es un enclave fundamental para mantener la biodiversidad y los “servicios ecosistémicos”. Los residentes en esta gran población del norte de la urbe madrileña quieren proteger, nada menos que, el futuro de sus hijos y nietos.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

¿Sabías que en tu ciudad también hay mariposas? Es el llamativo reclamo con el que observatorio ciudadano de mariposas urbanas o UBMS (del inglés Urban Butterfly Monitoring Schemes) intenta hacernos mirar con otros ojos a los parques y jardines de nuestras ciudades. Porque en esos entornos naturales urbanos es donde viven al menos 35 especies de mariposas. Como la blanquita de la col (Pieris rapae), la maculada (Pararge aegeria) o la violetilla (Zizzeria Knysna)." Las mariposas son consideradas por la UE como bioindicadores. Eso quiere decir que lo que les pase a ellas será un reflejo de lo que les suceda a otros animales más difíciles de identificar como abejas, coleópteros o libélulas”, resume Yolanda Melero, doctora en Biología de la Universidad de Barcelona, investigadora en UBCREAF y coordinadora del observatorio. Pero también dan información de la presencia de plantas y flores de las que se alimentan y de sus potenciales depredadores, como aves insectívoras o pequeños reptiles. En definitiva, una zona con presencia de muchas mariposas indica que el ecosistema en cuestión cuenta con una buena biodiversidad.

Si bien es cierto que el monitoreo de mariposas no es algo nuevo, -Reino Unido fue el primer país en desarrollar un esquema de seguimiento de mariposas en 1970-, lo interesante del UBMS es que pone el foco en aquellas especies que conviven con nosotros en la ciudad, entre el humo de los tubos de escape de los coches y la presión humana. Desde 2018 el observatorio cuenta con cerca de 50 voluntarios repartidos entre Barcelona y Madrid. Las campañas de muestreo se llevan a cabo de marzo a octubre, dado que la mayoría de las mariposas necesitan como mínimo temperaturas de entre 18 y 19 grados centígrados para activarse. Durante los meses de frío las adultas pasan a un estado de hibernación escondidas, como la cleopatra (Gonepteryx cleopatra) o la limonera (Gonepteryx rhamni). Como mínimo dos veces al mes, los voluntarios recorren 40 parques seleccionados entre las dos ciudades para hacer un monitoreo de las poblaciones de lepidópteros. “El objetivo es doble. Por un lado queremos conocer lo que tenemos a nuestro alrededor, la presencia y la abundancia de las especies de mariposas. Y por el otro, divulgarlo, dar a conocer lo que tenemos”, repone Francisco José Cabrero, profesor del departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid y responsable del UBMS en Madrid.

El censo, que este año ha empezado el 1 de marzo, consta de dos tipos de observaciones. En la primera los voluntarios siempre recorren el mismo transecto (una franja de terreno acotada de unos 300 metros) en donde apuntan el número de individuos de cada especie que lleguen a identificar dentro de un margen comprendido entre los 2,5 metros a izquierda y derecha. La segunda consta de un paseo libre, -más largo-, en el que deben apuntar todas las especies diferentes que visualicen. En Barcelona los voluntarios cubren casi una treintena de parques, como: el de la Ciutadella, Montjuïc, el Guinadó o els Jardins de Pedralbes. De los 200 parques oficiales que hay en Madrid, de momento se están monitorizando unos 14. Entre ellos algunos tan emblemáticos como: el Retiro, la Casa de Campo, el de Atenas o Valdebebas.

Almudena Cepero se encarga de la recogida de datos del parque de Pradolongo, en el madrileño barrio de Usera. Con 72 hectáreas de extensión, sus observaciones son de una hora. Ella siempre va pertrechada de papel, lápiz y un cazamariposas. “Es muy fácil que involuntariamente, con la grasa natural que todos tenemos en la piel, si las quisiéramos coger con los dedos acabaríamos por arrancarles las escamas de sus alas y ya no podrían volar. Por eso mejor observarlas con la redecilla o en una placa de Petri”, explica esta bióloga profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Es importante anotar las condiciones ambientales (lluvia, viento, nubosidad) y si fuera posible también el sexo de los individuos. En el caso de la blanquita de la col, muy común, es relativamente fácil. La hembra tiene dos puntos en las alas por dentro y el macho tiene uno.

Jordi Sánchez, programador informático, lleva siete años siendo voluntario en Barcelona, primero en el parque de La Pegaso y ya últimamente en el de la Trinitat. Él acostumbra a llevar una cámara de fotos para luego identificar a los ejemplares en casa con una guía. “Yo en un día con mucha actividad puedo ver hasta 50 individuos. Por ejemplo, a la canela estriada (Lampides boeticus) le gusta la alfalfa, y a las orugas de la ícaro (Polyommatus icarus) les encantan devorar los tallos del lotus o el trébol, plantas muy extendidas en Barcelona”, cuenta. Toda la información recopilada por los voluntarios se vuelca en una base de datos que, gracias a los conocimientos informáticos de Jordi, se ha reconvertido en un visor de fácil consulta. A su vez todos, los muestreos son añadidos a la red internacional de Programas de Seguimiento de Mariposas BMS (Butterfly Monitoring Schemes), vigente en más de 25 países europeos.

En estos seis años de estudio el UBMS ha registrado episodios destacados que han hecho variar mucho los resultados. En 2020, primero el temporal Filomena en Madrid, y luego la pandemia de covid-19, de impacto mundial, provocó un aumento en el número de las poblaciones de mariposas en las dos ciudades debido a que no se podaba ni se segaba. “En 2020 en Barcelona llovió mucho y además estábamos confinados, con lo que no hubo gestión de parques y jardines, y había muchas flores y plantas espontáneas”, cuenta Melero. Cuando ya se permitió salir a la calle, en la capital catalana, -entre mayo y julio-, se contabilizaron 5.500 ejemplares, cuando normalmente se suelen ver unos 4.000. Los investigadores aseguran que fue la campaña en la que se observaron más mariposas que en ningún otro año.

La naturalización en la gestión de las zonas verdes urbanas empieza a ser una realidad en nuestras ciudades, gracias a iniciativas como el Plan Natura 2021-2030 impulsado por el ayuntamiento de la capital catalana, o a la siega diferenciada que ya se lleva a cabo en algunos de los parques y jardines de Madrid y también de Barcelona. En los últimos años se ha conseguido que no se sieguen todos los prados a la vez para favorecer la supervivencia de larvas, orugas y pupas de mariposa, entre otros animales. “Un césped recién cortado es muy bonito pero es un desierto para mariposas y otros polinizadores”, asegura la voluntaria Cepero. A la bajá (Charaxes jasius) le encanta la flor del madroño o a la macaón (Papilio machaon) le gusta mucho el hinojo, la típica mala hierba, que aparece espontáneamente en los arcenes y que todo el mundo arranca. Cada larva y oruga se alimentan de una planta nutricia diferente. Y luego, en su etapa adulta, cada mariposa necesitará depositar sus huevos en una planta concreta para asegurar el ciclo reproductivo. Por eso es tan importante realizar un gestión consciente de las zonas verdes urbanas, para mejorar su la calidad y biodiversidad.

La práctica totalidad de la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la contaminación y el cambio climático está afectando a todas las especies (en entornos naturales), sobretodo en zonas del Sur, como la Península Ibérica. Estudios como el UBMS pretenden esclarecer de qué manera tanto el aumento de la temperatura como las sequías, cada vez más recurrentes, afectan a las poblaciones urbanas. A pesar de que todavía no hay datos extensos, los investigadores especulan con que los efectos para plantas y animales en la ciudad también son negativos y que aquellas especies más sensibles son las peor paradas. “En los meses de verano del año pasado en los que hubo una gran sequía en Catalunya y se dejó de regar hubo un descenso de entre el 40-50% en las poblaciones de mariposas en comparación con años anteriores”, comenta Melero.

“Fue bastante dramático, en el parque de la Trinitat todo el césped se secó enseguida. Hubo días en que salía y no encontraba ni una sola mariposa durante junio o julio, que son considerados los meses de mayor actividad, cuando lo normal hubiera sido ver unas veinte”, se lamenta Jordi Sánchez. En Madrid no se dejó de regar y la situación fue algo mejor, aunque Cabrero señala que también influyó el efecto ciudad como refugio. “Las ciudades actúan como islas donde las condiciones ambientales son mucho más estables. Lo que sucede en Madrid es que sales de la ciudad y el entorno es un secarral. Con lo que las mariposas acudieron a refugiarse a la ciudad donde no afectó tanto la sequía”. Aún así, a pie de campo los voluntarios también notaron el descenso en las poblaciones. “En mayo prácticamente no llovió en Madrid y estaba todo agostado. Por ejemplo, en un día normal de 2022 veía a 30 individuos de blanquita de la col, y durante el mismo mes de 2023 casi no observé a ningún ejemplar”, relata Cepero.

Otros efectos causados por la acción humana sí se han demostrado más determinantes en la salud de las poblaciones de mariposas. Como por ejemplo la prohibición del glifosato, un fitosanitario que afectaba a muchos artrópodos que tenían su ciclo reproductivo en los pastos. Con su retirada se vio un aumento en las poblaciones de la violetilla (Lycaenidae helle) que desde hacía una década se daba por desaparecida en entornos urbanos. Otra evidencia es el caso de la lobito de banda blanca (Pyronia bathseba) de la que se tenía constancia de su presencia en el propio Paseo de la Castellana, -después de la Guerra Civil-, y de la que hoy en día solo se ve en ciudad una de sus tres especies, la Pyronia tithonus. O el grave retroceso de la pánfila (Coenonympha pamphilus) en todo el sureste de la península. “Con el aumento de la temperatura lo que sucede es que se ha avanzado el agostamiento de su planta nutricia, con lo que ha pasado de dos ciclos reproductivos a solo uno, diezmando mucho su población”, lamenta Cabrero.

De momento, lo que sí arrojan los seis años de recogida de muestras del observatorio es que cada vez más se observan las mismas especies de mariposas, las llamadas generalistas, que se alimentan de todo y son más resistentes. Ante esta certeza y teniendo en cuenta que las mariposas son bioindicadores del estado del resto de la biodiversidad de un ecosistema, los científicos han determinado que existe una creciente homogenización y una pobreza de biodiversidad en las zonas verdes urbanas en comparación con las áreas periurbanas o rurales. Como sociedad tenemos bastante inculcado la importancia de preservar la biodiversidad en medio natural, pero también deberíamos esforzarnos por mantener la biodiversidad de nuestras zonas verdes urbanas. De ella depende que los ecosistemas se mantengan sanos y estables. “Al fin y al cabo, un ecosistema sano es imprescindible para que el ser humano pueda vivir y obtener todos los recursos necesarios para la pervivencia de nuestra especie. Desde la agricultura hasta la protección contra enfermedades”, recuerda Melero.

De acuerdo con la ONU, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático son las tres principales emergencias medioambientales que amenazan el planeta. El punto clave es que ninguna de las tres actúa de forma aislada, sino que todas ellas están estrechamente relacionadas y su coexistencia agrava los efectos causados, pero, ¿y cómo se produce ese efecto dominó?

El cambio climático, consecuencia del calentamiento global del planeta, incide directamente sobre la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas, al modificar sus condiciones físico-químicas, causando perturbaciones en estos que dificultan su supervivencia. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucede con los arrecifes de coral, un tipo de ecosistema submarino de gran diversidad biológica y que está siendo sometido a un enorme estrés, causado, entre otros factores, por el incremento de la temperatura de los océanos y por su acidificación, consecuencia directa del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Desde 2009 hasta 2020 se ha perdido el 14% del coral del mundo, según la Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes de Coral (GCRMN).

El cambio climático no solo provoca pérdidas directas de biodiversidad en los ecosistemas. La existencia de ecosistemas frágiles y degradados debido a la intervención humana hacen que los efectos del cambio climático sobre ellos aumenten exponencialmente. Esto se entiende mejor con otro ejemplo, los manglares: un tipo de ecosistema costero, de áreas intermareales, vinculados a la desembocadura de los ríos presentes en zonas tropicales y subtropicales del planeta. Están formados por especies arbóreas de porte medio y resistentes a altos niveles de salinidad, cuya función principal es la de protección costera contra la erosión eólica y el oleaje, además de ser una zona de refugio y cría de especies marinas y actuar de filtro natural favoreciendo la mejora de la calidad de las aguas.

En muchos países, estos ecosistemas están desapareciendo por la corta indiscriminada del mangle, al ser utilizada su madera directamente como combustible o para la fabricación de carbón vegetal. Se estima que se pierde un 2% de la superficie mundial de manglares al año (The Blue Carbon Iniciative). Esta destrucción provoca que este tipo de ecosistemas se debiliten, perdiendo su capacidad de resiliencia ante perturbaciones, es decir, pierden su capacidad de adaptación al cambio, como puede ser la subida del nivel del mar o episodios extremos de sequías y/o inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes y virulentos debido a la elevada concentración de humedad en la atmósfera y que causarán, a su vez, un impacto mucho mayor sobre las infraestructuras, los ecosistemas y las comunidades que los habitan. 

Es por todo lo anterior que la restauración de ecosistemas se ha convertido en una pieza más del puzle de medidas que buscan frenar el cambio climático, logrando un triple objetivo. Por un lado, se obtendría la recuperación de la propia biodiversidad y complejidad estructural de los ecosistemas, logrando que estos sean más resistentes y resilientes ante perturbaciones como las causadas por el cambio climático. Por otro, con la restauración ecológica se estaría frenando la deforestación, evitando así más emisiones de GEI a la atmósfera y, finalmente, se aumentaría la capacidad de captura y posterior almacenamiento del CO2 atmosférico en los propios ecosistemas, mitigando el cambio climático.

No es casualidad que la ONU haya declarado la década 2021-2030 como la ‘Década para la Restauración de los Ecosistemas’, y que varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estén vinculados a la protección de los mismos. Aunque no solo la ONU apunta a la pérdida de la biodiversidad como un elemento central sobre el que trabajar desde ahora y durante los próximos años para luchar contra el cambio climático. El Global Risks Report 2023 que publica a principios de cada año el World Economic Forum apunta a que seis de los diez principales riesgos globales a los que nos enfrentaremos en los próximos diez años están vinculados al medio ambiente. De esos seis, cuatro ocupan los primeros puestos, en este orden: el fracaso en la mitigación, el fracaso en la adaptación al cambio climático, desastres naturales y eventos climáticos extremos y pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas.

Y ante tal panorama, ¿se está haciendo algo? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que tuvo lugar en Egipto el pasado noviembre, no logró un mayor compromiso de descarbonización de los países firmantes del Acuerdo de París. Teniendo en cuenta que dichos compromisos no permitirán alcanzar, de acuerdo con el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), los objetivos marcados para 2030 y 2050, no podemos hablar de una COP exitosa. La parte positiva la aportó el gran número de jóvenes activistas climáticos allí presentes en representación de diversas organizaciones climáticas, así como las numerosas iniciativas y acuerdos bilaterales entre instituciones públicas y privadas, ONG y empresas, que “salvaron” la imagen de una cumbre que, año tras año, se caracteriza por su lentitud en términos de avances y por su inacción ante la magnitud de los efectos que está produciendo la crisis climática.

Atendiendo a las medidas tomadas en los últimos tiempos, es imposible no pensar que la mayor parte del esfuerzo en la lucha contra el cambio climático recae en los ciudadanos comunes, que somos quienes menos responsabilidades tenemos en todo este proceso y los que más vamos a sufrir sus consecuencias, en especial las comunidades más desfavorecidas de los países en desarrollo y de los pequeños países insulares. Vista la gravedad de la situación, ¿se están tomado estos aspectos en cuenta en la toma de decisiones y en el diseño de políticas climáticas? Si nos atenemos a las conclusiones de la COP27, poco. Pero tampoco necesitamos ir tan lejos.

En nuestro país la protección ambiental nunca fue una prioridad, y las continuas multas de la UE por incumplimientos de directivas ambientales europeas lo demuestran. La defensa del medio ambiente y la lucha para frenar el calentamiento global no pueden depender de bandos políticos, ni de diseñar políticas, planes y programas no vinculantes y sin obligaciones legales y cuyo cumplimiento dependerá de la buena voluntad de las empresas adheridas. Si las políticas locales, autonómicas o nacionales no están alineadas con las políticas europeas y los principales acuerdos internacionales en materia de protección ambiental —lucha contra el cambio climático y lucha contra la pérdida de biodiversidad de los que España es parte firmante—, poco vamos a poder conseguir.

Y en medio de toda esta negrura, de todo este pesimismo, hay aún lugar para la esperanza y para creer que no todo está perdido. A pesar del fiasco de la COP27, hubo otra COP a finales de diciembre en Montreal, conocida como la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) y que tiene como objetivo abordar la pérdida de biodiversidad, la restauración de ecosistemas y proteger los derechos de los pueblos indígenas, donde se logró un acuerdo histórico entre los 188 gobiernos presentes. Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), el acuerdo, denominado Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (GBF), recoge medidas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida la protección de, como mínimo, el 30% del planeta y de restaurar el 30% de los ecosistemas degradados del mundo para 2030. El plan incluye también propuestas para aumentar la financiación destinada a los países en desarrollo y reducir a cero la pérdida de áreas de elevada biodiversidad, entre otros objetivos.

Ojalá acuerdos como estos sirvan para que las naciones firmantes tomen nota y adapten al derecho nacional de sus respectivos territorios medidas concretas, vinculantes, ambiciosas y ejecutables que permitan cumplir con los objetivos acordados. La sociedad está preparada para afrontar esta crisis sin precedentes, y la juventud lleva años movilizándose para remover conciencias, pero se necesitan compromisos reales y creíbles tanto de las instituciones públicas, con políticas y financiación adecuadas, alineadas con la lucha contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas, como del sector privado, de las grandes multinacionales e industrias, que están llamadas a hacer grandes cosas no solo por su elevado grado de responsabilidad en esta crisis, sino también por su enorme capacidad de hacerle frente con una toma de decisiones valiente. Sin todos los actores implicados remando hacia el mismo lado, los esfuerzos serán en vano.

Estamos en los minutos de descuento, ¡pero lo podemos conseguir! ¡Vamos a por ello! Los jóvenes, especialistas capacitados y actores involucrados en dar soluciones al cambio climático estamos poniendo todo de nuestra parte para que iniciativas con un impacto positivo se materialicen y dejemos a nuestros descendientes un planeta mejor que el que nosotros conocimos.

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Saleta Ameixeiras Rodríguez es consultora de Cambio Climático-ALLCOT, líder climática en The Climate Reality Project y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La temperatura media del agua del Mar Menor registró la pasada semana la temperatura más elevada de la serie histórica, alcanzando los 31,25 grados centígrados. Es la principal consecuencia extraída durante la celebración del Comité de Seguimiento del Mar Menor presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, según ha informado Europa Press.

Las anteriores temperaturas máximas registradas desde el año 2016, gracias al sistema de monitorización, eran de 30,85 grados el 8 de agosto de 2017, de 30,54 grados en las mismas fechas de 2018 y de 30,22 grados el 20 de julio de 2022.

En cuanto al resto de parámetros analizados, y a fecha 28 de julio, la salinidad asciende a 42,01 PSU, la clorofila se sitúa en 0,72 ug/l, la oxigenación media es de 5,99 miligramos por litro y la turbidez es de 1 FTU, tal y como explicó el portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Emilio María Dolores.

En cuanto a la retirada de biomasa, la cantidad extraída del Mar Menor en lo que va de año asciende a 14.718 toneladas, gracias a la labor de los operarios y pescadores.

 Esto ha permitido eliminar del ecosistema 307 toneladas de nitrógeno y 10,2 de fósforo, lo que supone un 33,71% de lo entrado en lo que va de año en el primer caso y un 44,14% extra a todo lo entrado este año, en cuanto al fósforo.

Por otro lado, y en relación a la entrada de agua por la rambla del Albujón, en lo que va de año ha entrado un 61,88% más de agua que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando ahora los 7,3 hectómetros cúbicos, lo que ha conllevado la entrada de un 22,98% más de nitratos y el triple de fósforo.

Pocos europeos habrían creído, hace unos meses, que la Unión Europea se vería inmersa en un drama político sobre la regulación de los plaguicidas parecido a House of Cards. Pero esa es la situación en Bruselas desde marzo, cuando la Comisión decidió posponer la presentación del Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, que busca reducir a la mitad su utilización. La Comisión desveló finalmente sus planes el pasado 22 de junio, pero la partida aún no ha terminado.

El aplazamiento se produjo en plena campaña de relaciones públicas de la gran industria química, que cuenta con una fuerte maquinaria de presión, apoyada por la poderosa federación europea de asociaciones de agricultores, denominada Copa-Cogeca.

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la actuación de las empresas y grandes organizaciones del sector. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El asunto es serio y delicado. Esto quedó claro cuando Investigate Europe entrevistó al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, responsable de conducir Europa hacia una transformación verde. El Pacto Verde de la UE tiene su propia estrategia para transitar hacia una agricultura ecológica, denominada De la granja a la mesa. El Reglamento sobre productos fitosanitarios es el primer intento de plasmar esa estrategia en una ley. "Por supuesto, el complejo agroindustrial se moviliza, y tenemos un debate muy, muy enfrentado, como siempre parece que tengo con ellos", confesó Timmermans [puedes leer aquí la entrevista].

El lobby de los pesticidas en Bruselas no es parco en gastos. Según datos de la UE, la multinacional alemana Bayer es el fabricante de pesticidas con mayor presupuesto, más de 4,25 millones de euros al año. Sólo Google, Facebook y Microsoft destinan más dinero anual a labores de cabildeo.

Bayer, BASF, Corteva y Syngenta son las mayores empresas de pesticidas del mundo. Aunque son competidoras, las compañías aúnan esfuerzos a la hora de hacer lobby, de forma que impulsan y financian la actividad del grupo de presión Crop Life. Esta organización financió un estudio académico de la Universidad de Wageningen, publicado en 2022, en el que se concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "darán lugar a una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE de una media del 10 al 20%".

Las empresas competidoras están presionando en Bruselas de forma unida, según Nina Holland, investigadora de Corporate Europe Observatory, una ONG que ha publicado varios informes sobre la industria de los pesticidas y los lobbies. "Todos presionan para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas en materia de evaluación de riesgos o para que se pospongan determinadas medidas. Si se observan estas organizaciones, se puede ver que Bayer, BASF, Corteva y Syngenta ejercen su liderazgo", sostiene Holland.

Copa-Cogeca también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, declaró a Investigate Europe que su organización "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para sembrar la incertidumbre entre los eurodiputados sobre los efectos de la nueva legislación. Copa-Cogeca identificó varios estudios realizados por agrónomos que defendían posiciones cercanas a las de la industria, así como un análisis crítico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Copa-Cogeca se ha reunido en 26 ocasiones desde 2019 con los comisarios europeos o su equipo para tratar estos temas. Crop Life Europe ha mantenido 12 reuniones. Bayer, BASF, Syngenta y Corteva tuvieron en total 69 reuniones, una media de dos por mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

"Creemos que los objetivos obligatorios, como tales, no son realistas, son objetivos que van a ser muy difíciles de alcanzar. Y podrían tener consecuencias negativas no deseadas", advierte Anika Gatt Seretny, portavoz de Croplife Europe.

Investigate Europe solicitó entrevistas con los cuatro gigantes de los pesticidas: Bayer, BASF, Syngenta y Corteva. Los dos últimos no respondieron a la solicitud, mientras que Bayer y BASF declinaron las entrevistas. Bayer envió una declaración genérica y BASF aceptó responder a preguntas escritas.

BASF reconoce el deseo de la sociedad de reducir la dependencia de los plaguicidas, y entiende por qué la Comisión de la UE quiere una reducción del 50% en el uso y el riesgo de los plaguicidas para 2030, asegura Holger Kapp, del departamento de relaciones con los medios. Pero añade: "La cuestión clave es cómo se hará esto. Estos ambiciosos objetivos por sí solos no reducirán la necesidad de protección de los cultivos en un 50%, así que habrá que hacer algo en su lugar. No vemos sentido cuestionar el Pacto Verde o la estrategia De la granja a la mesa, pero sí vemos la necesidad de encontrar formas que hagan que la agricultura sea más sostenible y respetuosa con el clima mientras el suministro de alimentos en Europa y otras partes del mundo sigue asegurado".

Los Gobiernos tendrán la última palabra sobre el Reglamento de plaguicidas en el Consejo de la UE y, a nivel estatal, los intereses de las asociaciones de agricultores y de la industria de los plaguicidas también son notorios. En Francia, el ministro de Agricultura del primer gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el jefe de esa federación lo elogió públicamente en Twitter como un "buen portavoz de la causa". El antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se incorporó recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como jefe de relaciones públicas.

El negocio también es grande. En 2019, el mercado de los plaguicidas facturó 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se comercializaron en Europa. Las cuatro grandes empresas controlan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer, cuyo negocio global de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones el año pasado. Luego vienen Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por una empresa estatal china; Corteva, fundada por DuPont y Dow en Estados Unidos, y otro gigante químico alemán, BASF.

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de cinco fondos de inversión estadounidenses: Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity. Estos también poseen entre el 10% y el 30% de las principales empresas alimentarias mundiales, como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Sin embargo, la facturación combinada de los cuatro principales fabricantes de pesticidas cayó de 46.000 millones de dólares en 2014 a 40.000 millones en 2020. Esto se debió principalmente al aumento de las ventas desde China de productos químicos genéricos, según estudios de mercado.

Las multinacionales han respondido a la pérdida de cuota de mercado centrándose en parte en la comercialización de semillas transgénicas, modificadas genéticamente para que sean inmunes a los pesticidas.

Aunque un pesticida químico esté prohibido en la UE, ello no impide que pueda producirse y exportarse. Así que los venenos prohibidos en la UE, y las semillas tratadas con ellos, pueden venderse a países donde todavía están autorizados. Y puede tratarse de países que también exportan productos agrícolas a la UE. Esta es una queja de casi todos los agricultores con los que habló Investigate Europe: la UE debería aplicar las mismas normas europeas a los productos agrícolas importados de Brasil, Chile, Marruecos o cualquier otro lugar.

No es de extrañar que los cambios en la agricultura sean tan discutidos en Bruselas: la Política Agrícola Común (PAC) es la mayor partida del presupuesto de la UE. Representa el 31% del presupuesto total en 2022, lo que equivale a 53.100 millones de euros. Sin embargo, los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media –sin contar las subvenciones–, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

La estrategia De la granja a la mesa quiere que todos los países aumenten la agricultura ecológica hasta alcanzar una cuarta parte de las tierras cultivadas en 2030. Hoy en día, la agricultura sin pesticidas químicos ocupa sólo una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. Representa el 8,5% de media en la UE. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España está en el 10%.

En los próximos meses, la primera propuesta legal de ese plan –el objetivo de reducción de plaguicidas– va a ser objeto de batalla política.

Los grupos de presión contrarios a la estrategia señalan en particular los riesgos que una política restrictiva en el uso de pesticidas conlleva para la seguridad del abastecimiento alimentario en Europa. Los críticos con el Reglamento sobre productos fitosanitarios hablan de una posible crisis alimentaria, principalmente con el argumento de que la invasión rusa de Ucrania creó un problema de abastecimiento de grano.

Este argumento ha llegado a varios despachos de parlamentarios europeos y funcionarios de Bruselas, a pesar de que la UE es un exportador neto de alimentos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), ningún Estado de la UE se encuentra entre los 50 países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas de trigo.

Los intereses de determinados grupos buscan asustar a los agricultores haciéndoles creer que las políticas De la granja a la mesa les costarán su sustento, denuncia el vicepresidente de la UE Frans Timmermans. "Pero estoy profundamente convencido de que si no hacemos lo que proponemos, dentro de 10 o 15 años el problema de la biodiversidad será tan grave que la agricultura no será sostenible en Europa. Y entonces sí que tendremos una crisis alimentaria en Europa.", replica.

Mientras el lobby de los pesticidas sigue extendiendo su alcance a todos los rincones del sector agrícola y de la vida política europea, muchos agricultores de a pie se sienten atrapados. Dependientes de los plaguicidas para mantener los niveles de producción, aunque con rendimientos cada vez más escasos, confían en que lleguen soluciones que les saquen del laberinto. Esperan noticias de Bruselas.

Greenpeace ha colgado en la puerta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid un tiburón de cinco metros para denunciar las capturas incontroladas de ejemplares con motivo del Día de los Océanos, según informa Europa Press.

Dos activistas han escalado las verjas de la entrada al Ministerio y han colgado redes de pesca reutilizadas, además de diferentes imágenes que muestran sobreexplotación pesquera, además del tiburón que representa a los 100 millones de ejemplares que mueren anualmente y "los cientos de miles que España captura de manera descontrolada en aguas internacionales".

Los activistas han desplegado varias pancartas con los mensajes:

"Ministro, protege los océanos y no sus negocios" o "Los océanos sin tiburones sí que dan miedo". Para Greenpeace, la pesca de tiburón es uno de esos ejemplos de por qué se necesita un Tratado Global de los Océanos ambicioso, que se negociará en agosto en Naciones Unidas, al no estar regulada su captura que se considera pesca "accidental".

Según la organización ecologista, España ha ratificado el compromiso para asegurar la protección de, al menos, el 30% del océano global a través de una red de áreas marinas altamente protegidas para 2030. Pero según un documento al que tuvo acceso Greenpeace tras la pasada ronda de negociaciones de marzo, la Secretaría General de Pesca del Gobierno español estaría "valorando positivamente" excluir la actividad pesquera del Tratado Global de los Océanos, algo que, en su opinión, "no tiene sentido puesto que la desenfrenada actividad pesquera es uno de los principales problemas que atraviesan".

Para Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, "es conocida la ideología del Ministerio de Agricultura y Pesca que está, históricamente y con independencia del color político, unida a las políticas que favorecen la explotación de los recursos naturales, en este caso los pesqueros, frente a la conservación marina, con un objetivo más cercano a la industria pesquera".

Pero, Marcos ha subrayado que "si el Ministerio de Pesca quiere mantener el statu quo y defender el interés de unos pocos señores del negocio marino, no hay mucho que celebrar en el Día Mundial de los Océanos y se producirá la desaparición de especies emblemáticas para la mar como son los tiburones".

Greenpeace ha recordado que hay 17 especies de tiburones en peligro de extinción, entre ellas el tiburón marrajo. Se calcula que 100 millones de tiburones mueren cada año, ya que son capturados por la pesquería como captura accidental en el Atlántico, sin cuotas ni seguimiento. A pesar de que el objetivo regulado de la pesquería es de pez espada, según Greenpeace, por cada pez espada capturado, se pescan 8 tiburones y España es líder mundial en el comercio de carne de tiburón con el mayor número de exportaciones entre 2009 y 2019.

Un número muy limitado de países se benefician de la pesca en alta mar y el 86% de la misma se realiza por cinco países: China continental, Taiwán, Japón, Corea del Sur, y España. Tan sólo 100 grandes empresas son las responsables de un tercio de la pesca en alta mar.

Según Greenpeace más del 70% de la flota española es artesanal (barcos con menos de 12 metros de eslora), que no depende de la pesca de tiburones, por lo que "regular la pesquería de tiburones en alta mar no afectaría al sector pesquero tradicional".

Por ello, la organización reclama a al Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, "que defienda y apoye públicamente un Tratado Global de los Océanos ambicioso, que esté totalmente facultado para proteger toda la biodiversidad marina, incluyendo los peces y su pesca".

Asimismo, considera que España debe alinearse con las demandas de otros países del ámbito europeo para no rebajar la ambición del texto de la UE de cara a la quinta y última ronda de negociaciones en Naciones Unidas en Agosto de 2022.

El Mar Menor, la delicada albufera de agua salada y emblema de la Región de Murcia, sigue en estado crítico. Esta semana, los científicos han alertado de una nueva eutrofización que puede desembocar en otro episodio de mortandad masiva de la flora y la fauna del otrora santuario de biodiversidad de la Península Ibérica. El Gobierno de la comunidad autónoma, junto a un comité científico que lleva años acusado de parcialidad, ha vuelto a cargar las tintas contra el Ejecutivo central por su supuesta inacción; obviando que, según los últimos estudios, el 80% de la contaminación de la laguna proviene de las aguas superficiales, no del acuífero causante de todos los males según el presidente, Fernando López-Miras, y sus acólitos.

El Mar Menor sufre por el exceso de nutrientes (fosfatos y nitratos) que se originan en los cientos de hectáreas de agricultura y ganadería industrial que rodean la laguna desde hace décadas, aunque la urbanización masiva también ha puesto su granito de arena. Estos nutrientes caen a la albufera principalmente por dos vías de entrada: la superficial (cuando llueve, los torrentes arrastran los abonos de los cultivos) y por el acuífero Cuaternario, adyacente a la albufera, en el que se infiltran los nitratos y de ahí acceden al ecosistema.

La extensa literatura científica sobre la crisis del Mar Menor muestra, así, que hay un origen principal de la contaminación: la actividad del sector primario. Y dos vías de entrada principal: la superficial y la subterránea. Dos estudios independientes, con metodología distinta, ejecutados el pasado año –uno por la empresa pública Tragsatec y otro por la Universidad Católica de Murcia– concluyeron que en torno al 80% de los nutrientes entraron por la primera vía: la superficial. Sin embargo, en su comparecencia del pasado miércoles, el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y el polémico miembro del comité científico, Ángel Pérez Ruzafa, ignoraron tanto el origen como la puerta de acceso prioritaria de los elementos que matan la albufera.

Nadie mencionó en la rueda de prensa, cuenta El País, que el regadío intensivo y la ganadería industrial son las actividades que ponen entre la espada y la pared a la laguna. Y las culpas se echaron exclusivamente al acuífero, que es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, y por donde entra el 20% de los nutrientes, según la evidencia científica. "El que quiera sumar, que siga trabajando con nosotros y el que no quiera, que se quite", dijo el consejero, que le pide al Gobierno una obra hidráulica de extracción del acuífero para rebajar su nivel.

La obra, sin embargo, ha sido descartada desde el principio por el Gobierno, por su alto coste y porque su aplicación no garantiza que se baje el nivel del acuífero para siempre, explica un especialista que participó en la redacción del plan de actuaciones prioritarias de Transición Ecológica sobre la albufera. El Ejecutivo prefiere actuar en origen, en línea con las recomendaciones del Instituto Oceanográfico: evitando que los nitratos lleguen al acuífero y a la laguna mediante las aguas superficiales, con medidas para que los regadíos circundantes reduzcan sus abonos y para crear murallas, basadas en la vegetación circundante, que retengan los nutrientes antes de que caigan al agua.

El presupuesto de las medidas ha sido recientemente ampliado con 100 millones de euros. El bombeo, explica la bióloga murciana y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Julia Martínez, es una actuación conocida como "de fin de tubería": mucho más ineficaz que las medidas que van al origen del problema. Mejor que el acuífero no esté contaminado, en vez de evitar que el acuífero y la laguna se comuniquen, considera.

"Si se asume que la entrada principal es subterránea, eso es muy conveniente para el Gobierno de la Región de Murcia", ataca. Porque el acuífero es competencia del Gobierno central y porque así pueden argumentar, en la investigación del caso Topillo –que intenta esclarecer judicialmente la muerte del ecosistema– que el estado del Mar Menor no es su culpa, ya que el acuífero está contaminado tras décadas de excesos.

Fuentes de Transición Ecológica muestran su hartazgo y su cansancio por el enésimo ataque del Gobierno regional, ignorando los estudios que señalan que el 80% de la entrada de nitratos y fosfatos es superficial. "Nuestra tesis es la de siempre. Una situación de tantos años no se puede revertir en dos días", y menos si se mantiene la "dejadez" por parte del Ejecutivo de López Miras, explican. La ministra, Teresa Ribera, no ha hecho referencia explícita al conflicto, aunque sí implícita: el Mar Menor se encuentra "en grave peligro" por las "grandes amenazas que vienen de tierra firme", ha dicho en su mensaje por el Día de la Tierra, el 22 de abril. "De tierra firme", no bajo tierra.

El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa, uno de los protagonistas de la rueda de prensa del pasado miércoles, era hasta febrero de 2022 el portavoz del Comité Científico del Mar Menor. Y es uno de los más entusiastas defensores de la extracción del acuífero como principal medida contra la muerte de la albufera. Fue sustituido por Emilio María Dolores Pedrero, jefe del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma. Es decir, un cargo político. Emilio María Dolores también es portavoz del Comité de Seguimiento del Mar Menor, en el que también participa Ruzafa. El científico ha sido acusado por asociaciones locales, ecologistas y otros investigadores de parcialidad manifiesta, siendo la cara visible de varios organismos creados por el Ejecutivo regional ad hoc.

En 2019, Martínez y Miguel Ángel Esteve, también catedrático de Ecología de la misma universidad, firmaron un manifiesto en el que explicaban las razones de su salida del comité. En junio de 2018 se fueron otros cuatro expertos. Pérez Ruzafa, explicaban, mantenía la hipótesis del acuífero como portavoz del grupo sin consensuar la posición y daba opiniones sobre la crisis sin consultar a sus compañeros; el órgano se reunía a instancias de Agricultura y con notas de prensa que se mandaban antes de que terminara el encuentro; y, en definitiva, no se tenían en cuenta las voces críticas con la gestión del Ejecutivo regional.

Todo sigue igual, lamenta Martínez, que descarta, por el momento, la vuelta al comité, a pesar de los llamamientos públicos del portavoz. "Mientras no se aprueben protocolos de comunicación que garanticen que lo que se transmite ha sido previamente aprobado por el pleno del comité", y normas que garanticen la independencia del órgano a semejanza de otros comités del estilo que funcionan en otros países de Europa, su vuelta no tiene sentido, asegura la bióloga.

En Murcia, aseguran las fuentes consultadas, el Gobierno regional se escuda en la ciencia utilizando a investigadores afines para justificar sus decisiones políticas, dirigidas a mantener el estatus y la actividad económica del sector primario. Este jueves, el presidente, Fernando López Miras, citó un tuit de un investigador de la laguna para asegurar que los científicos mandaban un "mensaje claro" favorable al bombeo del agua subterránea. Sin embargo, la publicación original no recomendaba ninguna actuación concreta.

La organización WWF ha desplegado tres pancartas gigantes de forma simultánea en los humedales "en peligro" de Doñana, Tablas de Daimiel y el Mar Menor para exigir el "fin de la impunidad" en el "robo del agua" en España, según informa Europa Press.

WWF ha llevado a cabo esta acción de denuncia con motivo del Día Mundial de los Humedales, en el que alerta de que estos tres humedales "icónicos" se encuentran en riesgo por la "sobreexplotación ilegal de agua subterránea".

Con el lema "STOP robo del agua", que se puede leer en las pancartas, la organización advierte de la situación crítica en los ecosistemas de estos "puntos negros". Asimismo, reclama el cierre de los pozos ilegales, sanciones para los que se "saltan la ley" y, en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica una Estrategia Nacional de Humedales que aborde esta problemática e incluya un plan de restauración de ecosistemas acuáticos.

Mientras en España ya han desaparecido el 60% de los humedales y lagos naturales en las últimas cuatro décadas, según WWF, el problema se ve agravado por el impacto del cambio climático y las decisiones del ser humano.

La situación es especialmente "crítica, en Doñana, "como nunca antes, ha alertado en un comunicado la organización, que advierte del impacto de la propuesta de ley presentada por el PP con Cs y Vox en el Parlamento andaluz para "amnistiar una superficie de unas 1.460 hectáreas de regadío ilegal".

Para WWF, esto supone un "grave ataque directo" al "corazón del humedal de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, por lo que este lugar ha acogido una pancarta de denuncia de más de 13 metros.

Asimismo, la organización pide, en una recogida de firmas, al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que suspenda "de inmediato" la tramitación de la "amnistía para los agricultores ilegales que secan Doñana".

De forma simultánea, otro equipo de WWF ha desplegado otra pancarta en El Parque Nacional Tablas de Daimiel, "epicentro del robo de agua en España, y el Mar Menor, escenario del "grave" desastre ecológico "como consecuencia del vertido de nitratos procedentes de la agricultura intensiva y que continúa en grave estado de conservación".

La responsable del programa de Agua de WWF, Teresa Gil, ha subrayado que estas acciones de denuncia quieren poner el foco en el efecto "grave" que supone el "robo de agua" para la conservación de los humedales.

"Actualmente se encuentran en un estado de colapso ecológico sin precedentes y que ya tiene consecuencias negativas para la biodiversidad y para muchas actividades económicas que dependen de ellos", ha avisado Gil.

En datos, WWF calcula, según una investigación, que entre las tres zonas se riega "ilegalmente" una superficie superior a 64.000 hectáreas, lo que ha llevado a estos ecosistemas "al límite".

En concreto, en las Tablas de Daimiel, al menos 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con "agua extraída ilegalmente", mientras la superficie regada con agua de la misma forma en Doñana y Aljarafe, es de más de 4.700 hectáreas. Por su parte, en el Mar Menor se han detectado 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, detalla la organización ecologista.

En 1973, cuando el niño que yo era tuvo el inmenso privilegio de salir al monte con el añorado Félix Rodríguez de la Fuente, faltaba más de una década para que naciera el término “biodiversidad”, y casi tres para que fuera pronunciado en un telediario. Pero, aunque fuese sin nombre y sin eco, la biodiversidad ya estaba allí. Siempre estuvo allí. La naturaleza, el conjunto armónico de todo lo viviente, la vivacidad, como le gusta decir al maestro Joaquín Araújo, ya nos arropaba entonces, como llevaba arropando a la Humanidad desde antes de la cuna. En España daba sus primeros y precarios pasos el movimiento ecologista, y con él nos asomábamos a puertas y ventanas que no sabíamos exactamente adónde conducían, pero que olían bien, porque traían el aroma de las plantas y de los animales, de los campos silvestres que, pese a grandes adversidades, nos han acompañado hasta hoy, y que ahora nos preocupan seriamente.

Cuenta el más ilustre de los biólogos vivos, Edward Osborne Wilson, fundador de ciencias como la biogeografía de islas y la sociobiología, que en 1986 un colega suyo, Walter Rosen, convocó un seminario académico para debatir si las categorías que la ciencia utilizaba al clasificar y estudiar las relaciones entre los seres vivos y su ambiente (biotopos, ecosistemas, biomas...) daban respuesta cabal a la variedad de la naturaleza, y en especial a su carácter sinérgico, es decir, al hecho de constituir un todo mayor y más complejo que la suma de las partes. En el transcurso del simposio, buscando aunar el retrato global y la economía del lenguaje, Rosen acuñó por primera vez el término “biodiversidad”, y dos años más tarde un Wilson ya famoso lo popularizó de forma irreversible al titular con él uno de sus libros más conocidos.

El concepto nació con un sesgo inequívocamente científico, pero quienes le dieron vida eran conscientes desde el principio de su dimensión extraordinaria, y de la carga de valores de otra clase que llevaba aparejada. Muchas veces, desde aquellos días pioneros, ha defendido Edward Wilson que la conservación de la biodiversidad es un imperativo ético que nos implica a todos como seres humanos. Al afirmarlo, no hace sino recoger, revitalizar y derramar sobre el pensamiento de Occidente las voces ancestrales de tantos pueblos originarios e indígenas, cuya sabiduría se sustenta en un pilar de gratitud y reciprocidad en las relaciones con la naturaleza; en una manera milenaria de relacionarse con el entorno que nuestra sociedad quiere imitar hoy con el llamado “aprovechamiento sostenible”. Tomar solo lo que se nos ofrece. Nunca lo primero. Nunca lo último. Nunca más de la mitad. Nunca dañando. El respeto como guía de nuestro uso imprescindible de otras especies.

La biodiversidad colma nuestras necesidades básicas, y es lógico que podamos acercarnos inicialmente a ella de modo utilitario. Me viene a la memoria la metáfora que suele emplear otro conocedor maestro de la biología, Miguel Delibes: la lavadora. Un día se le cae una tuerca, no sabemos ni de dónde, y no pasa nada, no le damos importancia, la máquina sigue lavando la ropa. Al cabo de varios días se desprende el tornillo que había quedado flojo, y tampoco nos alarma porque, aunque traquetea un poco, la lavadora sigue cumpliendo su función. Pero en las semanas y los meses siguientes, como hacemos caso omiso de la máquina tocada, se rompe un manguito que tampoco arreglamos, se agrieta una goma pero no la vemos, se desajusta una polea que nos sorprende con un ruido raro... y se acaba desequilibrando el tambor, que golpea la carcasa y rompe el mecanismo, dejando un charco sucio, un rastro de grasa y un olor a quemado. Adiós lavadora. La tuerca era importante. Los ecosistemas son nuestra lavadora. Las distintas especies son las piezas. Cada extinción es una seria avería. La biodiversidad nos sirve, pero solo podrá seguir haciéndolo mientras funcione, mientras se mantenga intacta y sana, mientras le devolvamos conciencia y cuidado. Aunque solo sea por puro egoísmo, nos interesa preservar el andamiaje de la vida y su funcionamiento.

Por eso es importante comprender que la biodiversidad no es sólo aquello que llama la atención, lo emblemático o espectacular. Está en los parques nacionales y en las reservas, desde luego, pero también, incluso más, fuera de ellos, en los campos y montes corrientes, en los cultivos, en los pueblos y hasta en las ciudades. En todo el territorio, los paisajes que habitamos, entendemos, usamos y alteramos son edificios construidos con ladrillos de biodiversidad. La biodiversidad es la herramienta que consigue la regulación de los procesos naturales, en su visible faceta trófica de predadores y presas, sí, pero también en niveles más ocultos o profundos, como los equilibrios de energía y los intercambios de información que determinan la dinámica de los seres vivos.

Cuando hablamos de biodiversidad no estamos ante una cuestión decorativa, ni solamente estética, por placentera que nos resulte su contemplación. No es un adorno ni una broma. Es un asunto vital. La variedad de las especies es la clave de nuestra capacidad de adaptación a los muchos y grandes cambios (climático, oceánico, sociodemográfico, económico) que definen nuestra época. Nos guste o no, la biodiversidad determinará la supervivencia de nuestras civilizaciones.

En consecuencia, y en contra de lo que parecen pensar (aunque no lo digan) casi todos los políticos y muchas otras personas, empresas y administraciones, tampoco es una hermana menor de los otros factores ambientales, sino que debe abordarse en pie de igualdad y en combinación con la acción climática y energética.

Parezca cara o barata (¿son caras o baratas las inversiones en aquello que nos da la vida?), la defensa de la biodiversidad, y de la urgencia de frenar su pérdida y lograr su restauración, es políticamente costosa, por el hecho de que no es cortoplacista, ni directamente monetarizable. Aunque apenas queda tiempo y es preciso actuar ya, la mayoría de sus efectos no son visibles de manera inmediata, mientras que exige negociaciones con poderosos aquejados de la miopía del beneficio instantáneo (que además piensan que el acceso a la biodiversidad para ellos y sus círculos cercanos estará siempre garantizado).

Ignoran (o desprecian) que se trata de una cuestión íntimamente ligada a la excelencia de la condición humana, a la dignidad de nuestro paso por la vida, al respeto que debemos a todas y cada una de las especies que comparten el planeta con nosotros, y que literalmente hacen posible nuestra existencia. Más allá del pragmatismo egoísta de nuestra propia subsistencia, nos reclama, aunque no lo reconozcamos, el agradecimiento a la vida no humana, la comprensión profunda (tanto científica como espiritual) de la hermandad de todo lo viviente. Por eso, detener el ecocidio y reparar la biodiversidad es una prioridad irrenunciable, aunque hacerla valer exija coraje y determinación.

El respaldo social a la conservación de la biodiversidad ha crecido mucho, pero ni de lejos lo suficiente. Ni Jane Goodall ni Sylvia Earle predican ya en el desierto como tuvo que hacer Félix, pero sigue habiendo líderes indígenas o vecinales, periodistas, ecologistas, guardaparques, personas anónimas de toda condición, que se juegan y acaban entregando la vida por defender la biodiversidad; héroes y mártires a su pesar que engrandecen la lucha de todos por lo que es vital y éticamente inaplazable: la recuperación de la diversidad biológica y ecológica del planeta Tierra.

Esta lacra solo cesará cuando aceptemos y apliquemos, cada uno desde su lugar, que la biodiversidad es, para nuestras sociedades, el sinónimo más claro de potencia, de alegría, de capacidad creadora y evolutiva, de futuro. El sinónimo de humanismo. El sinónimo de juventud. Biodiversidad, divino tesoro.

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Eduardo Crespo de Nogueira y Greer es doctor ingeniero de Montes

Este lunes arrancó la 15º edición de la Cumbre Mundial de Diversidad Biológica. La primera parte de este encuentro, abreviado como COP15 a semejanza de las cumbres del clima, durará hasta el 15 de octubre. En los encuentros contra el calentamiento global, las organizaciones de la sociedad civil suelen albergar algunas esperanzas de acuerdos realmente ambiciosos que luego, casi siempre, se chocan con la realidad: pero en esta ocasión y con motivo del encuentro para evitar una extinción animal y vegetal masiva y las consecuencias que conlleva para las sociedades humanas, las expectativas están por los suelos.

En la historia de la acción climática existen ejemplos de victorias parciales, como la COP de 2015 que albergó el Acuerdo de París. Su incumplimiento sistemático muestra que no es una herramienta perfecta, ni mucho menos, pero se considera una victoria del multilateralismo al conseguir el consenso en una materia tan compleja y vinculada al modelo productivo de las sociedades desarrolladas. Sin embargo, en cuanto a las cumbres sobre biodiversidad, la historia de la última década es una historia de fracaso. En el encuentro de esta semana se dirime la aplicación de un nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, el documento que debe regir la acción de los Gobiernos del mundo contra la pérdida irremediable de millones de especies animales y vegetales. El anterior, firmado en 2010 y que caducó a finales del pasado año, solo logró cumplirse en un 30%. 

La cifra no proviene del cálculo de ninguna organización ecologista, sino del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la institución que alberga la COP15. Los objetivos del anterior marco son denominados "Metas de Aichi" y el análisis es claro. "En el plano mundial, no se ha logrado plenamente ninguna de las 20 metas, aunque seis metas se han logrado parcialmente. (...) "Aunque los indicadores relacionados con las políticas y medidas en apoyo de la diversidad biológica (respuestas) muestran tendencias casi unánimemente positivas, aquellas relacionadas con los impulsores de pérdida de diversidad biológica y con el estado actual de la diversidad biológica en sí misma muestran tendencias con un importante deterioro".

Es decir: los países han avanzado mucho en explicar que van a luchar contra la pérdida de biodiversidad, pero muy poco en luchar contra la pérdida de biodiversidad. 

Las metas que se han alcanzado parcialmente son las relacionadas con la identificación de especies invasoras, el número de espacios marinos y terrestres con protección sobre el papel, el acceso a recursos genéticos, la creación de planes de acción (sin que se apliquen necesariamente), el aumento ligero de la financiación y la mejora de la evidencia científica. Se han logrado escasos o nulos avances en otras materias como el fin de los incentivos y subsidios a actividades "perjudiciales para la diversidad biológica", la aplicación del respeto a la biodiversidad en las políticas de cada país o la reducción del "ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales". 

"La tasa de deforestación reciente es más baja que aquella del decenio anterior, pero solo ha disminuido alrededor de un tercio, y la deforestación puede estar acelerándose nuevamente en algunas áreas. La pérdida, degradación y fragmentación de hábitats sigue siendo elevada en los bosques y otros biomas, especialmente en los ecosistemas con mayor diversidad biológica de las regiones tropicales. Las áreas naturales silvestres y los humedales mundiales siguen disminuyendo. La fragmentación de los ríos sigue siendo una amenaza crítica para la diversidad biológica del agua dulce", concluye la ONU. La mayoría de los países está destruyendo los entornos naturales, en los que se sustenta la vida y sus economías, a un ritmo demasiado alto, aunque al menos inferior al de décadas pasadas. 

Parece obvio que, ante este fracaso, el marco que debe regir las políticas globales contra la biodiversidad a partir de ahora y hasta 2030 debe ser mucho más ambicioso, radical y vinculante que el firmado hace una década. Pero, a juicio de las organizaciones ecologistas, el borrador que hay sobre la mesa es "muy similar" al defenestrado. Aún quedan meses para una resolución final, ya que la segunda parte de la COP15 se celebrará a principios de 2022, pero el punto de partida, consideran los activistas, no es bueno. 

"En el borrador se definen objetivos similares a los que se regían antes. Hay un leve aumento de ambición pero no se explica cómo se va a cumplir lo que se propone", asegura Jesús Martín, de Ecologistas en Acción. El marco se propone "estabilizar" la pérdida de especies animales, vegetales y de sus ecosistemas en 2030, para en 2050 lograr "un mundo en el que se vive en armonía con la naturaleza" donde "la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza de forma racional". 

Cuatro objetivos para 2050 y 21 metas para 2030

El borrador establece cuatro objetivos de cara a 2050, con varios "hitos" que permitirán analizar, en una década, el progreso alcanzado. Así, se propone revertir el aumento de la tasa de extinción y llevar la financiación necesaria a los 700.000 millones de dólares anuales. Para 2030, hay 21 "metas", como la restauración del 20% de los ecosistemas degradados o la protección del 30% de las zonas biodiversamente relevantes. Esas son de las pocas que tienen aparejadas una cifra concreta. El resto se ha redactado en términos generales, como la reducción de la contaminación "hasta llegar a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad biológica", o la gestión de "las interacciones entre seres humanos y fauna y flora silvestres", que debe ser "eficaz". 

"Estos objetivos tienen que ser cuantitativos y tienen que ir a las causas de la pérdida de biodiversidad", reclama Luis Suárez, portavoz de WWF España. No puede llamar a acabar con la contaminación sin, al menos, detallar los procesos que la generan y la vía exacta para terminar con esas dinámicas. Coincide Martín, cuya organización pide más claridad sobre qué está causando la extinción masiva y la degradación de espacios naturales. "Echamos de menos que se recalque el papel del sistema económico actual. No se atreven a tratar las causas base". 

Las negociaciones, por causa de la pandemia, han sido más opacas que de costumbre. No se sabe cuál es la posición de cada país, como sí pasa con las cumbres del clima: quién bloquea y quién presiona para conseguir un texto mejor. A ello se le suma que este acuerdo debería estar ya en vigor, pero se atrasó por el covid, por lo que son muchos los interrogantes a resolver de un acuerdo que ya llega tarde. "Estamos todavía al principio del proceso", reconoce Suárez. 

La biodiversidad no va solo de animales y plantas

La protección a la biodiversidad no es solamente una cuestión de mantener un mundo con una multitud abrumadora de especies animales y vegetales, viviendo en entornos sanos y libres de contaminación. Tal y como recuerdan habitualmente los expertos, la diversidad biológica es la base de todas las economías. El ser humano tiene una razón egoísta para mantenerse en esta empresa.

Están en juego elementos tan vitales como la agricultura y la ganadería, base de nuestros sistemas alimentarios. Y, por supuesto, los impactos no serán para todos por igual. "La disminución prevista de la diversidad biológica" si se mantiene el escenario actual "afectará a todas las personas, pero tendrá un efecto especialmente perjudicial en los pueblos indígenas y las comunidades locales y en las personas pobres y vulnerables del mundo, considerando que su bienestar depende de la diversidad biológica", asegura Naciones Unidas. Además, la destrucción de entornos naturales, acercando a especies silvestres a las comunidades humanas, es el caldo de cultivo perfecto para nuevas pandemias, como se ha demostrado y aseguran los científicos del Ipbes, el mayor panel de expertos mundial sobre el tema. Aún no es tarde para evitarlo pero, una vez más, se necesita un cambio de rumbo. 

Los ecologistas piden al Gobierno, concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica, que de un paso adelante y lidere, dentro del marco de la Unión Europea, la búsqueda de una mayor ambición en el nuevo marco post-2020. No solo por convicción ideológica y moral: también por interés propio, dado que se trata del país con mayor biodiversidad del continente. También de puertas para adentro. El Ejecutivo ha dado un paso adelante con la estrategia de infraestructura verde para recuperar espacios degradados e interconectarlos, generosamente financiada con 4.583 millones de los fondos europeos. WWF celebra los avances, pero pide más. "Necesitamos una plan estratégico. El actual caducó en 2017".