El PSOE de San Lorenzo del Escorial (Madrid) solicitó este viernes la suspensión de un homenaje a Primo de Rivera, fundador de Falange Española, previsto este domingo en la Parroquia de San Lorenzo Mártir.

En un comunicado, el portavoz del PSOE en la localidad, Francisco de Gregorio, considera que dicho acto, convocado por La Falange, no "representa los lazos de convivencia democráticos y de tolerancia que rigen" en el municipio.

En este sentido, el PSOE local "conmina a la parroquia y Arzobispado de Madrid a la suspensión del acto religioso mencionado por no representar los lazos de cohabitación de nuestro municipio".

"Violencia y fe son dos términos irreconcialibles", enfatiza De Gregorio, quien ha añadido que "resulta incomprensible que la Iglesia Católica se alinee con ideas extremistas, anacrónicas y no inclusivas, como las manifiestas por la agrupación falangista" y apunta que la Iglesia parece "más proclive a retroceder a tiempos dictatoriales donde parece que se siente cómoda".

En este sentido, De Gregorio solicita la "suspensión inmediata del acto" y que desde la parroquia "den explicaciones de esta provocación y de por qué apuestan por ideas tan retrogradas y totalitarias".

infoLibre ha tenido acceso a este recurso, en el que los servicios jurídicos del Ayuntamiento piden la anulación de la sentencia, que incidía en que, pese a haberse eliminado los símbolos franquistas de la cruz, esta sigue siendo una reliquia franquista debido a que "desde entonces no se ha colocado ninguna placa que recuerde a todos los caídos, ni se ha celebrado ante la cruz ningún acto de desagravio".

En el recurso, el ayuntamiento señala que "no tiene porqué existir un nuevo valor simbólico de reemplazo, basta con que desaparezca el componente de exaltación de la dictadura que tenía cuando se construyó". Además, recuerda que en un pleno de julio de 1981 se acordó la eliminación del simbolismo franquista entre todos los partidos presentes —UCD, PSOE, Coalición Democrática, Unidade Galega, Partido Comunista y BNG— en una moción que mostraba el "deseo de que no existan vencedores ni vencidos y no vuelva otra guerra fraticida en este país".

El Ayuntamiento que dirige Abel Caballero también rememora distintas actividades a favor de la memoria histórica impulsadas desde la corporación: retirada de simbología fascista en monumentos y edificios, cambio del nombre de calles con cargos franquistas por la de nombres de represaliados o la creación del Jardín de la Memoria, donde anualmente se celebra un acto institucional público por la recuperación de la memoria histórica.

"Una cruz latina no enaltece nada"

La asesoría jurídica del consistorio vigués considera un "error" valorar como símbolo fascista la cruz, ya que consideran que su "estética y diseño corresponden a una cruz latina de líneas rectas sin adornos y sin emblemas", añadiendo que "solamente figura un escudo de la ciudad en la parte trasera".

El argumento de autoridad también es utilizado en el recurso, al que adjunta un informe del historiador José Ramón Rodríguez Lago, citado en varias ocasiones en el documento, así como diversa jurisprudencia de casos similares.

Asimismo, en el recurso sostiene que "una cruz latina no conmemora ni enaltece, por sí misma, nada" y que "no es patrimonio exclusivo de ninguna ideología política, forma de estado o de gobierno. Y mucho menos de una dictadura militar". Unas líneas más adelante matiza, citando al mencionado historiador, que tampoco "es un símbolo eclesiástico porque no fue erigido por la Iglesia" y, actualmente, "es un símbolo de la religión católica que forma parte de la cultura cristiana".

También alega el Ayuntamiento vigués que "la estética y estilo del monumento coincide con otros, como el edificio de Nuevos Ministerios en Madrid, y no por eso se derrumban". Del mismo modo, se afirma que "el territorio nacional está repleto de innumerables monumentos y elementos arquitectónicos que, situados en zonas de titularidad pública, tienen por su principal (o, incluso, único) protagonista simbólico una cruz latina", por lo que "no cabe duda de que, a día de hoy, el significado de estos elementos artísticos trasciende el valor religioso que originalmente puede ir asociado" a ellos.

La Policía ha detenido a un miembro de Falange Española y de las JONS, cuyas iniciales son D.V.G., como presunto responsable de los ataques informáticos y las amenazas de muerte sufridos por infoLibre y otros medios digitales. Para generar los ataques, según explica la Policía, "se valió de redes botnet, conjuntos de ordenadores comprometidos y diseminados a nivel mundial que se controlan remotamente desde cualquier punto del planeta".

El joven ultraderechista ha sido arrestado en su domicilio de Torrevieja (Alicante) por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía. El detenido, de 19 años, "tenía en su domicilio banderas nazis y franquistas, que han sido incautadas por los investigadores, así como dos ordenadores portátiles y dos discos duros", explicó la Policía este miércoles.

Tras difundirse públicamente la noticia este miércoles, Falange Española y de las JONS aseguró a través de las redes sociales que el detenido tenía carné de "simpatizante", pero no de "militante" de la organización ultraderechista. Además, negó que D.V.G. actuase "con el consentimiento" de Falange. "Condenamos este tipo de delitos cuyas consecuencias conocemos perfectamente pues somos objetivo de los mismos de forma habitual", aseguró el partido en Facebook.

la reivindicación en nombre de Falange

El 16 de octubre, a media tarde, en la redacción de infoLibre se recibió un correo electrónico amenazando con un ataque informático. "Falange Española de las JONS está interesada en que dejéis de publicar y por eso me han contratado para dicha tarea", se leía en el email, en el que también se comunicaba la intención de obtener "información personal" de los redactores del periódico. "Huele a fuego y a pólvora", concluía el mensaje. Minutos después, empezó el primer ataque informático, que logró tumbar la web durante varias horas.

El correo se envió desde la cuenta anónima pandabear77@outlook.com. La misma que había sido utilizada cuatro días antes para anunciar las acciones contra otros medios digitales, como nodo50 o Diagonal, que fueron los primeros atacados. Las actuaciones de la ultraderecha contra dichos medios se iniciaron el 12 de octubre, fiesta nacional de España. Esa cuenta de correo sirvió como hilo para iniciar la investigación y también para bautizar la operación policial, conocida como Bambú, Bambúen alusión al oso panda.

infoLibre recibió otros ataques informáticos los días 17, 20 y 22 de octubre. Este último fue de tal intensidad que en algunos momentos el volumen de tráfico recibido en el servidor del periódico fue de 4 gigas por segundo. La web estaba alojada en una conocida empresa del País Vasco, especializada en prestar servicios de internet. Como consecuencia de las acciones de la ultraderecha, fue imposible acceder a infoLibre desde el extranjero durante una semana y desde España durante cerca de 40 horas en total. 

El ataque informático perpetrado se conoce como DDoS (denegación de servicio distribuida) y consiste en que un gran número de ordenadores se comuniquen con un sistema informático de manera simultánea, por ejemplo que todos ellos visiten una página web y soliciten datos al unísono hasta conseguir que el objetivo se sature y deje de estar accesible. Además de los medios citados, también fueron tumbadas las webs de Periodismo Humano y El Plural. 

"un explosivo cerca de la redacción"

Además de los ataques informáticos, en la redacción de infoLibre se recibieron dos correos electrónicos con amenazas de muerte. En uno de ellos se afirmaba que militantes de Falange Española colocarían un "explosivo cerca de la redacción".

El miércoles 23 de octubre, a través de una cuenta de Twitter, se lanzaron amenazas de muerte explícitas contra un responsable de infoLibre. Esta vez la reivindicación la hacía un grupo denominado Comando Cibernético Fascista del Imperio Español.

Un día antes, el 22 de octubre, la empresa editora de infoLibre ya había presentado una denuncia policial relatando los hechos ocurridos hasta entonces y cuantificando los daños económicos sufridos en cien mil euros. La detención del presunto culpable se produjo sólo 48 horas después, el jueves 24, aunque la Policía no ha informado sobre la operación hasta hoy. La investigación judicial la dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Torrevieja.

La operación policial

En una nota de prensa difundida por la Policía se indica que el ultraderechista arrestado "había creado varios perfiles en distintas redes sociales desde los que reivindicó los ataques en nombre del Comando Cibernético Fascista del Imperio Español. Tres redes de ordenadores infectados en todo el mundo han servido para saturar las webs de más de cinco periódicos online españoles". Además de los daños económicos y de imagen sufrida por los medios, la Policía destaca que los hechos supusieron "la privación del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos".

Durante la entrada y registro de la vivienda, añade la Policía, "los agentes se han incautado de dos ordenadores portátiles, dos discos duros y diversa parafernalia nazi y ultraderechista como banderas o prendas de vestir".

Tras la difusión del texto, Falange presentó una denuncia, ahora aceptada por el juez, en la que acusa a Rivas de buscar el "menoscabo del honor de Falange con vejaciones injustas, imputándole a FE-JONS, con temerario desprecio hacia la verdad, la comisión de delitos para menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización".

Ante la imputación del articulista, Jueces para la Democracia ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su disconformidad "ante el hecho de que un periodista que constate una verdad histórica sea imputado judicialmente". Jueces para la Democracia recuerda que se ha demostrado "científica y suficientemente" la implicación de Falange en la represión ejercida desde el golpe de Estado de 1936 contra la democracia republicana "hasta bien avanzada la posguerra, ya consolidada la dictadura franquista".

La asociación subraya que son los propios documentos oficiales del Ejército, la Guardia Civil, la Policía e incluso la propia Falange las que evidencian dicha implicación, y conluye: "Esta es una verdad científica cimentada en decenas de investigaciones que no admite discusión". En el mismo comunicado, se señala que la imputación de Rivas resultaría incompresible en otro país: "Sería com si en Alemania un tribunal aceptara una denuncia del partido nazi contra periodistas que escribieran sobre los crímenes contra la Humanidad cometidos por miembros de su partido durante los años treinta y cuarenta".

Finalmente, se recuerda que la libertad de expresión está reconocida en el artículo 20 de la Constitución, y que en este caso se trata no sólo de un ejercicio de libre manifestación de ideas u opiniones, sino "del derecho a la verdad difundida desde la historiografía o el periodismo, recibida por el resto de la ciudadanía que tiene derecho a conocer lo sucedido en su propio país".

Al igual que Jueces para la Democracia, casi 400 personalidades, en su mayoría historiadores, han expresado su repulsa ante la imputación de Rivas en un texto, encabezado con el título "Manifiesto por la verdad histórica y la libertad de expresión".