El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena que declaró que Cecosa Hipermercados S.L. -sociedad perteneciente a Eroski- vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por incumplir su obligación de custodia de una grabación en la que aparecía la exdirigente con un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas.

En un fallo, recogido por Europa Press, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por la cadena de hipermercados, que tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a Cifuentes por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración de su derecho a la intimidad.

Cabe recordar que la que fuera presidenta autonómica interpuso una demanda contra Cecosa en la que solicitó que se declarara que su conducta constituyó una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, y se la condenara a indemnizarle en 450.000 euros y a publicar la sentencia en dos diarios de tirada nacional.

Las pretensiones formuladas en su demanda se basaban en el incumplimiento por la demandada de sus obligaciones, derivadas de la normativa sobre protección de datos personales, respecto de la grabación de que fue objeto la demandante en un establecimiento de Eroski el 5 de mayo de 2011, del que era titular, que posteriormente fue filtrado a la prensa y fue objeto de una amplia difusión en 2018.

En la fecha de la grabación, Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y cuando se hizo pública, siete años después, era presidenta de la Comunidad, cargo del que dimitió tras difundirse el vídeo.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó en parte la apelación planteada por Cifuentes y declaró que Cecosa había incumplido las obligaciones que le imponía la normativa sobre protección de datos personales respecto de la custodia de la grabación, fijando una indemnización de 30.000 euros.

El Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de casación de Cecosa que, entre otros argumentos, consideraba que la Audiencia Provincial realizó una incorrecta ponderación en el conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, pues se trataba de la divulgación de unos hechos veraces y de enorme interés público al ser constitutivos de un ilícito penal y cometidos por un personaje público.

Al respecto, el TS contesta que la sentencia recurrida discurre totalmente al margen del conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, "pues la condena de la recurrente se basa en *los incumplimientos en que incurrió la entidad demandada en la custodia de la grabación efectuada en un establecimiento de su titularidad* que le impone la normativa de protección de datos.

La propia recurrente pone de manifiesto, según añade el Supremo, que no hizo uso de estas libertades públicas pues "no fue ella la que difundió el vídeo, sino que lo hizo un medio de comunicación que no está demandado".

En cuanto a la discrepancia de la recurrente con la cuantía de la indemnización por considerarla desproporcionada, el tribunal destaca la gran repercusión que el conocimiento público de la grabación, propiciada por el incumplimiento por la demandada de su obligación de custodia y posterior destrucción de la grabación, tuvo en la opinión pública, lo que "muestra con toda claridad que los daños morales fueron muy importantes". Por ello, entiende que la Audiencia no estableció de forma arbitraria la cuantía, que ratifica.

La primera cadena de perfumerías de España, Bodybell, ha anunciado a sus 2.500 trabajadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que empezará a negociar con el comité de empresa el próximo 13 de mayo. Bodybell pretende ejecutar despidos, modificar las condiciones laborales de la plantilla resultante y descolgarse, por tercer año consecutivo, del convenio colectivo. Las medidas afectarán a las cuatro sociedades que componen la empresa, incluidas Iberdroper –sus 330 tiendas– y Cadyssa –su mayorista–, según informan fuentes sindicales.

La medida supone el estreno del fondo de capital riesgo HIG como accionista mayoritario de la cadena. El estadounidense sucede a otro fondo, aunque español, N+1, que se hizo con la empresa en 2005 por 65 millones de euros. Bodybell ha pasado ya por tres operaciones de refinanciación de su deuda, de 150 millones de euros, que ha terminado en manos del fondo HIG. La crisis, con el consiguiente hundimiento del consumo, no fue el mejor aliado de la agresiva política de expansión que ha caracterizado a Bodybell durante la última década.

Con 38 años de historia a sus espaldas, la empresa familiar que nació como Eurodroguer y se rebautizó como Bodybell en 1995 llegó a facturar 328 millones de euros en 2009. De la mano de N+1 creció a base de comprar las tiendas de sus competidoras. Pagó 100 millones por los 86 locales de la madrileña Juteco en 2007 y en 2013, ya en plena crisis, adquirió las 44 establecimientos que la andorrana Gala Perfums tenía en España. También se hizo con locales de la cadena If –propiedad de Eroski– y la alemana Douglas, o de Green Perfumerías y Disperfum.

Pero si en 2007 Bodybell aún soñaba con salir a Bolsa y duplicar su valor, el recorte de los márgenes obligado por la competencia de las marcas blancas encogió sus cuentas durante la crisis hasta acumular pérdidas de un centenar de millones de euros en los últimos cuatro años. Ni la entrada de otro fondo español, Mercapital, en 2008, ni los intentos de refinanciación de su deuda con los bancos dieron los resultados esperados. Cuando se anuncia la recuperación del consumo, Bodybell tira la toalla y prepara el repliegue tras haber duplicado su cifra de tiendas desde 2008. Según publicó El Confidencial, los bancos acreedores han terminado vendiendo su deuda al fondo HIG, que ahora se convertirá en el primer accionista de la cadena de perfumerías. HIG es también el dueño de la cadena de panaderías Panaria y de la de cafeterías Café&Té, así como de la productora audiovisual Tres60.

Despidos y cierres en el sector de perfumerías

Al tiempo, los problemas económicos se han traducido para la plantilla en dos años de descuelgue de sus respectivos convenios sectoriales –el de comercio para los dependientes y el de mayoristas de productos químicos para el personal de almacén–, en una plantilla con un elevado porcentaje de contratos a tiempo parcial en las tiendas.

Bodybell comparte así el destino del resto de sus competidores. La cadena Marionnaud, propiedad del grupo hongkonés Hutchison Wampoa, cerró 70 tiendas –tenía 160 en España y Portugal– y despidió a 327 de sus 900 trabajadores en febrero de 2014. Ocho meses antes la alemana Douglas presentó un ERE para 99 de sus 500 empleados, además de cerrar nueve de sus 80 locales. Eroski echó el candado en 71 establecimientos de su cadena If el pasado año. Y la también alemana Schlecker vendió a los supermercados Dia en septiembre de 2012 sus 1.127 tiendas en España y 41 en Portugal por 70,5 millones de euros. Un año después las rebautizó como Clarel.

Son sus primas hermanas y comparten el 99% de los genes, pero hasta ahora han quedado solapadas por el ruido de las demandas judiciales y las protestas ciudadanas contra las preferentes. La deuda subordinada no es más que otro producto financiero de los llamados híbridos –capital y deuda al mismo tiempo–, tan complejo y arriesgado como las preferentes, pero menos conocido. La debacle de las cooperativas vascas Eroski y Fagor, sin embargo, la ha aupado a los titulares. Desde 2002 unos 40.000 ahorradores han adquirido las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) del grupo guipuzcoano, comprometidas ahora por el concurso de acreedores de Fagor y la crisis de deuda de Eroski.

Se trata de un caso único en España: la Ley de Cooperativas aprobada por el Gobierno vasco en 2000 permitía a este tipo de sociedades financiarse mediante las AFS, que pasaban a computarse como recursos propios en las cuentas. Son, por tanto, anteriores a la campaña que las entidades financieras emprendieron en 2008 para vender preferentes y deuda derivada a clientes particulares para recapitalizarse.

Pero desde luego no fue la vasca la única empresa que acudió a estos instrumentos para financiarse obviando el crédito bancario. Mapfre lanzó una emisión de 700 millones en 2007, con bonos que no vencían hasta 2037 y prometían unos intereses del 6%.

Grandes corporaciones como Repsol, Telefónica, Endesa o Gas Natural FenosaGas Natural Fenosa optaron por las participaciones preferentes. También son emisiones anteriores a la burbuja financiera y del ladrillo: desde 2001 la petrolera hasta 2003 las dos eléctricas. Y todas ellas resolvieron el colapso del mercado secundario –donde debían venderse estos productos para obtener liquidez– con unos canjes que incluían quitas mínimas de entre el 5% y el 7%. Por el contrario, la pérdida de valor que han debido afrontar los preferentistas –y tenedores de deuda subordinada– de las cajas de ahorro nacionalizadas oscila entre el 13% y el 61%, dependiendo del tipo de producto y de la entidad.

Otras empresas más pequeñas y con un perfil bien distinto se lanzaron igualmente a la financiación mediante híbridos: la cadena turística Sol Meliá emitió preferentes por importe de 90 millones y las canjeó en 2012 por bonos al 93,5% de su valor. En 2006 fue SOS Cuétara la que colocó 300 millones de euros en deuda subordinada, que ofrecían un interés del 7% los primeros seis meses y que debió canjear por acciones en 2010 tras reconocer unos números rojos de 193 millones en 2008. La pérdida de valor se cifró entonces en un 21% respecto al importe de compra.

El 62%, en manos de particulares

Pero los casos más sangrantes y polémicos llevan la firma de las cajas de ahorros. Caja Madrid, Bancaja sumaron 1.800 millones de euros en deuda subordinada entre 2009 y 2010, que compraron unas 50.000 personas. Sus descuentos en el canje por acciones fue del 14% al 46%. Catalunya Banc emitió otros 1.400 millones más; las quitas alcanzaron el 40%. Y Liberbank tiene 200 millones de una emisión de Cajastur en 2009, que ofreció canjear por acciones y obligaciones convertibles con devaluaciones que, según Adicae (Asociación de Usuarios de Banca), alcanzan el 35%.

Según las cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el año récord de emisiones de bonos subordinados fue 2007, con un total de 47.158 millones de euros. En 2006 la cifra sólo fue un poco inferior: 40.518 millones. En 2011 se redujo a 29.198 millones y desde entonces las emisiones han sido muy limitadas. El año pasado se quedaron en sólo 4.036 millones de euros. Los cálculos de Reuters apuntan a que los bancos mantienen aún en circulación unos 31.000 millones de euros en deuda subordinada. Además, Barclays cifra en el 62% el porcentaje de deuda subordinada emitida por bancos que estaba en manos de particulares –sin contar la de Santander y BBVA–. Por establecer una comparación: el total de las participaciones preferentes vendidas desde 1999 hasta 2011 asciende a 26.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Adicae.

Venta defectuosa y sin documentos

Esta asociación prepara ya una batería de denuncias ante los jueces por lo que ellos llaman las “preferentes vascas”, las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. Pueden ser hasta 800. La primera, colectiva –71 afectados–ya la ha ganado en un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao.

Los argumentos del juez repiten casi como un calco los de otros cientos de magistrados en las sentencias sobre preferentes que han dado la razón a los ahorradores en el resto de España. La venta fue “defectuosa”, dada la “complejidad” del producto, porque los comerciales del banco –en este caso el BBVA– “no advirtieron a los clientes de forma clara y comprensible del riesgo que corrían de perder total o parcialmente el importe invertido”. Además, no se les entregó “ningún documento” donde se explicaran las características de esas aportaciones financieras. Por tanto, el juez declara la nulidad de los contratos por “vicio del consentimiento”. En cualquier caso, la sentencia condena al BBVA, el banco que vendió las AFS, no a Eroski. Santander, La Caixa, Caja Laboral –igualmente del grupo Mondragón–, Caja Madrid, Caja Vital, Kutxa, BBK y Sabadell también colocaron aportaciones de Eroski.

Eroski puso en el mercado 660 millones en aportaciones subordinadas a partir de 2002 y hasta 2007. Fagor, otros 185 millones de 2003 a 2006. Ofrecían un interés estratosférico del 7%, con el que consiguió atraer a ahorradores que de media invirtieron unos 22.000 euros. Pero, a día de hoy, la cadena de supermercados acumula una deuda de 2.600 millones para la que acaba de firmar un acuerdo de refinanciación con 22 bancos –uno de ellos el BBVA–. Y Fagor se encuentra en concurso de acreedores y con un ERE en marcha para 106 trabajadores. Desde el pasado 16 de enero está suspendida la negociación en el mercado de renta fija de las emisiones de AFS de Eroski. Los ahorradores quieren recuperar su dinero ante el futuro incierto del mayor grupo cooperativo del mundo y no pueden. Nadie quiere comprar en el mercado de renta fija las aportaciones subordinadas de una empresa en crisis.

Diferencias vascas

Pese a su crisis, Mondragón destaca que no ha dejado de pagar los intereses debidos, los últimos el pasado 31 de enero. A diferencia de las preferentes, el rendimiento de estas aportaciones no está vinculado a la obtención de beneficios por parte de la empresa. Ésta calcula que hasta el momento ha abonado en concepto de intereses 270 millones de euros. El problema estriba en que, como desvela el responsable de Adicae en el País Vasco, Francisco Javier Alvarado, ese pago no se ha hecho con cargo de las cuentas de la empresa, sino del dinero de los ahorradores. “Es una estafa piramidal”, resume.

Otra diferencia con las preferentes es que en el caso de Eroski y Fagor no ha habido arbitraje. Alvarado lamenta que la implicación del Gobierno vasco en el conflicto se ha limitado a “poner en contacto” a las partes. Adicae, que rechaza el arbitraje, siempre ha reclamado una solución “universal” para los preferentistas y aboga por recuperar el 100% del dinero invertido.

De forma que también denuncia la oferta de canje anunciada por Eroski, que implicará una quita del 30% al cambiar las aportaciones por bonos subordinados a 12 años.

En cualquier caso, el escándalo no ha matado a las subordinadas como sí ha herido de muerte a las preferentes. Caixabank lanzó el pasado mes de octubre la primera emisión de deuda subordinada de un banco desde 2010. Y con éxito. Fueron 750 millones de euros con un vencimiento a 10 años. Poco antes, Telefónica había puesto en el mercado 1.750 millones, con el fin de reunir fondos para comprar una operadora alemana, E-Plus. Claro que ambas operaciones estaban destinadas sólo a “inversores cualificados”, el único “público” natural al que deberían haberse limitado en su día bancos y empresas, tanto para vender deuda subordinada como participaciones preferentes.

La resulución del magistrado Marcos Bermúdez ha sido notificada a las partes después de que la semana pasada se celebrara el juicio por la demanda colectiva de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que representaba a 68 personas que adquirieron aportaciones financieras subordinadas (AFS).

En la vista, Adicae solicitó la nulidad de los contratos y la devolución de los ahorros al considerar que se hizo una "comercialización indebida" de este producto y hubo "publicidad engañosa" y "vicio en el consentimiento".

Por su parte, Eroski defendió la legalidad de la emisión y la publicidad que se remitió sobre el producto, mientras que el BBVA afirmó que se comunicó a los clientes de las características y del "riesgo" de las aportaciones con una información "clara".

La fiscal, en la última sesión del juicio, se mostró favorable a que Eroski fuera absuelta y, en cambio, consideró que deberían ser declarados nulos por "falta de transparencia e información" los contratos formalizados por el BBVA y la entidad ser condenada a devolver las cantidades invertidas.

“El Peñón es nuestra única industria”, se arranca Salvador Molina, presidente de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg). ¿A quién le preocupa la soberanía y los tratados internacionales cuando la tasa de paro supera el 41%?. Aunque no lo cita, Molina alude a un dato: el 12% del PIB del Campo de Gibraltar, formado por siete municipios, lo genera la colonia británica. Lógico, si se tiene en cuenta que los escasos 30.000 habitantes del Peñón –sólo La Línea tiene 70.000– producen riqueza por valor de 1.417 millones de euros al año, según las cifras de 2011 que el Gobierno gibraltareño publica en su página web.

Es decir, la renta per cápita de los llanitos es de 44.966,84 eurosllanitos. A este otro lado de la Verja no supera los 11.822 euros, una de las más bajas de España. El máximo jamás alcanzado por la renta nacional, en 2008, fue de 23.900 euros.

Claro que la interdependencia marca a las dos partes. La web de la Cámara de Comercio de Gibraltar, lo mismo que presume sin complejos de su gran potencia económica tampoco oculta sus debilidades. Y responde con un brutal y escueto “ninguno” en el epígrafe reservado a revelar sus “recursos naturales”. Así que España es, con un volumen de 141,6 millones de euros, el segundo país exportador al Peñón, después de Reino Unido. En concreto, el 22% de lo que se produce en el Campo de Gibraltar lo compran los llanitos, resalta Lorenzo Periáñez, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell).

Uno de cada seis empleos, en Gibraltar

La Cámara de Comercio de Gibraltar está trabajando ya en la actualización del estudio que en 2009 elaboró un catedrático de la Universidad de Bournemouth (EEUU), John Fletcher, sobre El impacto de la economía de Gibraltar en el Campo de Gibraltar. Ese informe cifraba en 200 millones de euros el valor de los bienes y servicios adquiridos en España por las empresas del Peñón en 2007. Al tiempo, la colonia proporciona trabajo a uno de cada seis trabajadores de la comarca circundante, que ganaron unos 145 millones ese año. Salvador Molina dice que 4.370 españoles trabajan ahora en Gibraltar. En La Línea hay registrados 10.287 parados. En el Peñón, la tasa de desempleo es del 3%.

Así que no sólo las empresas que suministran la arena –GC Ingeniería y Obra Civil, de Vejer de la Frontera– y las rocas –Compañía General de Canteras, de Málaga– a Gibraltar para ganar terreno al mar son españolas. En La Línea y los municipios vecinos viven de sus negocios con la colonia empresas de carpintería metálica y PVC, pequeñas constructoras, empresas de materiales de construcción… El 90% de los proveedores de la hostelería llanita son españoles, recuerda Apymell. Además, el suministro de alimentos frescos procede de España. Da igual que sea para los supermercados Morrisons, la cuarta firma del sector en Reino Unido, como para las cadenas españolas allí instaladas. La cooperativa vasca Eroski aterrizó en diciembre de 2012 y la granadina Covirán cuenta con tres tiendas en la colonia.

Conscientes de la mutua dependencia, tanto el anterior primer ministro, Peter Caruana, como el actual, Fabian Picardo, no han tenido reparo alguno en vender los atractivos fiscales y comerciales gibraltareños a los empresarios de la comarca vecina en las cenas que fueran necesarias. En una de esas reuniones, Caruana cifró en 200 millones de euros el valor de las obras adjudicadas a constructoras españolas por el Ejecutivo del Peñón. Aunque su suerte ha sido dispar.

Grandes constructoras, obras problemáticas

OHL consiguió en 2009 la construcción de la autovía que debía convertirse en la principal conexión entre España y Gibraltar y que incluía un túnel de 350 metros de longitud bajo el aeropuerto. Un contrato de 35,78 millones de euros. Sin embargo, las obras se paralizaron en 2011, cuando la constructora descubrió unas filtraciones contaminantes en las obras del túnel que aumentaban su coste. El Gobierno gibraltareño no aceptó el nuevo presupuesto y rescindió el contrato a la española. OHL terminó denunciando en los tribunales británicos al Ejecutivo de la colonia, al que reclamaba 32 millones de euros. Tras volver a licitar la obra, el Gobierno de Picardo cree que no estará lista hasta 2015.

Dragados, del grupo ACS, fue la encargada de construir la nueva terminal del polémico aeropuerto del Peñón, presupuestado en 59 millones de euros. Adjudicadas en julio de 2008, las obras deberían haberse terminado en abril de 2010 pero, tras acumular año y medio de retraso, las instalaciones no comenzaron a operar hasta noviembre de 2011 y no fueron inauguradas oficialmente, por el príncipe Eduardo, hasta junio de 2012.

El grupo donostiarra Bruesa también fue contratado por el Gobierno de Gibraltar, en su caso para construir 400 viviendas por 58 millones de euros. En febrero de 2010 la empresa presentó concurso de acreedores y echó parte de la culpa de su mala situación económica a la falta de acuerdo con el Ejecutivo del Peñón para cerrar la obra mediante un arbitraje. Los trabajadores dejaron de cobrar y la obra fue paralizada. La terminó la constructora pública gibraltareña, Gibraltar Joinery Building Services (GJBS). El pasado mes de marzo, el juez levantó el concurso.

Gibraltar carece de red eléctrica, por lo que depende de grupos electrógenos para producir energía. La murciana Himoinsa le ha suministrado cuatro de estos grupos a Gibelec, la eléctrica pública del Peñón para reforzar su planta de generación.

Sin problemas para hacer 'bunkering'

Son sólo unos ejemplos. En la Cámara de Comercio gibraltareña se han integrado también firmas españolas como la petrolera Cepsa, que vende el 31% del combustible utilizado para el repostaje flotante o bunkering en la bahía de Algeciras, y la consignataria de buques Marítima del Estrecho, en el Peñón desde 1986.

Al otro de la Verja, las pequeñas y medianas empresas de la Línea de la Concepción aún no se han parado a sumar las pérdidas que el penúltimo conflicto sobre Gibraltar les está ocasionando. Los pescadores sí: 1,5 millones de euros. Por eso, Apymell pide para la comarca “un régimen fiscal especial, que atraiga a empresas y al capital”. La Línea, zona franca.