La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tramita un recurso interpuesto por el partido Soberanía en el que se reclama el cese de la percepción de las remuneraciones obtenidas por el sustituto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, Francisco Riquelme. Asegura la demanda que este funcionario cobra simultáneamente tres sueldos.

Soberanía, detrás de la cual se encuentra en abogado de Murcia José Luis Mazón, ha interpuesto este recurso tras el silencio administrativo obtenido del Ministerio de Justicia por la denuncia que esta formación política presentó el pasado mes de febrero ante el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón. En el decreto dictado por el TSJ, que tiene fecha del pasado 24 de junio, se admite a trámite el recurso y se requiere al Ministerio de Justicia para que en el plazo de 20 días entregue el expediente administrativo original sobre este asunto y emplace ante el órgano judicial a los interesados.

Los denunciantes reclaman la devolución de los derechos o aranceles de la Oficina Liquidadora de Santa Pola desde 1990. Calculan que Riquelme ha debido percibir al menos 2 millones de euros anuales de forma incompatible, un millón de euros por registro y otro por oficina liquidadora, por lo que debe reintegrar, unos 28 millones de euros, cuyas remuneraciones de Santa Pola, son incompatibles con el arancel de la oficina sita en Elche.

Una jueza de Murcia ha condenado al abogado José Luis Mazón a pagar 30.000 euros de multa por opinar que Mariano Rajoy y su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) tienen un "apaño" para repartirse los ingresos. La jueza no admitió ninguna de las pruebas presentadas por Mazón "para acreditar la veracidad de sus opiniones".

Los hechos se remontan a enero de 2012, cuando José Luis Mazón concedió dos entrevistas al periódico La Opinión de Murcia y a la revista Atlántica XXII, hablando sobre las relaciones entre Rajoy y su amigo Riquelme. En el primero declaró su sospecha de que, "unidos por su amistad", ambos "pudieron llegar a un acuerdo" para que Riquelme constase como registrador pero Rajoy continuase "percibiendo parte de su sueldo". En la segunda, Mazón manifestó lo siguiente: "Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?".

José Luis Mazón se refería a la peculiar situación que tiene el presidente del Gobierno, que es titular del Registro de Santa Pola desde el año 1987, aunque desde marzo de 1990 ocupa la plaza Riquelme en calidad de sustituto. El pasado mes de septiembre, infoLibre desvelóel expediente que permanecía oculto del registrador Rajoy.

Las declaraciones de Mazón llevaron a Riquelme a presentar una demanda contra el abogado murciano en la que reclamaba una indemnización de 100.000 euros por intromisión en su derecho al honor.

La argumentación de la jueza

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, explica en su sentencia que es necesario distinguir entre información y opinión: a la primera se le impone constitucionalmente la exigencia de veracidad, requisito que no se pide a la segunda. Pues bien, la jueza considera que las declaraciones de Mazón no contienen "ningún elemento informativo", de forma que el objeto del proceso "lo será exclusivamente la adecuación del contenido de las opiniones emitidas por el demandado en el ejercicio de la libertad de expresión, que no de información, que al no quedar sometida al canon de veracidad justificó la inadmisión de toda la prueba propuesta por el Sr. Mazón preordinada a acreditar la veracidad de sus opinions o juicios de valor". 

En otras palabras: la jueza considera irrelevante saber si realmente Rajoy percibe algún ingreso del Registro de Santa Pola a la hora de decidir si las palabras de Mazón violan el derecho al honor de Riquelme.

Una vez acotado el terreno de juego, la jueza concluye que las opiniones de Mazón supusieron un "manifiesto descrédito" para la "integridad personal y profesional" de Riquelme. "El mensaje es claro –razona en la sentencia–. Amistad entre el Sr. Rajoy y el actor, supuesta cesión de los derechos de la titularidad de registro público a favor del amigo, acuerdo privado entre partes para decidir sobre el destino de una plaza pública e indebida percepción de sueldo por parte del cedente".

La jueza da a entender que, si las palabras de Mazón se hubiesen referido a Rajoy, el fallo hubiese sido otro. "Es innegable que cualquier manifestación que afecte a la actividad pública del presidente del Gobierno es de interés general [...]. Pero resultan en todo punto innecesarias las acusaciones vertidas frente al actor si lo que se quería era criticar o poner en tela de juicio la situación administrativa de don Mariano Rajoy".

En consecuencia, la jueza condena a Mazón al pago de 30.000 euros –frente a los 100.000 que pedía Riquelme– y a la publicación del fallo en los dos medios donde realizó las declaraciones. La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. Mazón confirmó ayer a infoLibre que presentará el recurso en los próximos días.

El registrador Rajoy

El presidente del Gobierno se ha negado sistemáticamente a aclarar su situación como registrador. Este periódico desveló que, al menos entre 1981 y 1985, Rajoy cobró como cargo público de la entonces Alianza Popular y como registrador. Al conseguir su primer escaño, Rajoy tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción.

En 1984 se aprobó la Ley de Reforma de la Función Pública, que prohibía que un cargo público pudiese percibir también cualquier retribución relacionada con el puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección. Pero, en realidad, hasta el año 1998 existió legislación contrapuesta en el caso de los registradores. En esa fecha se retocó el Reglamento Hipotecario para dejar claro que los registradores interinos cobrarían "la totalidad de los honorarios" de un registro, sin tener que ceder una parte de sus ingresos a los titulares de la plaza ¿Recibió Rajoy ingresos, entre 1990 y 1998, del Registro de Santa Pola mientras cobraba como diputado en las Cortes? El presidente del Gobierno siempre se ha negado a aclararlo, lo que lógicamente ha incrementado las sospechas al respecto.

Pero no es el único aspecto llamativo sobre el registrador Rajoy que descubrió infoLibre. En los últimos 32 años, Rajoy sólo ha sido registrador en ejercicio durante dos, mientras que en los otros 30 ha estado en servicios especiales pero manteniendo su plaza de titular de un registro. Pues bien, ese bienio, de 1987 a 1989, incumplió su obligación legal de residir en la localidad donde estaba el registro. Rajoy vivía en Galicia, donde desarrollaba una intensa vida política, pero trabajaba oficialmente a más de mil kilómetros, en la localidad alicantina de Santa Pola.

Una historia, la del registrador Rajoy, que también tiene casualidades llamativas. En 1990, cuando había sido elegido diputado, propuso que el sustituto en el Registro de Santa Pola fuese su amigo Francisco Riquelme. Pues bien, el 20 de febrero de aquel año, la víspera de que Rajoy pidiera al Ministerio de Justicia que su amigo se quedase con el registro de Santa Pola, Riquelme constituyó una empresa denominada Inlimur. Con fincas en la localidad murciana de Abanilla, ha multiplicado por 20 su capital social desde entonces: pasó de 90.000 euros a 1,8 millones. Rajoy tampoco ha aclarado si tiene o ha tenido algún vínculo, de forma directa o indirecta, con dicha empresa.

Todo lo relacionado con la situación administrativa de Rajoy ha estado marcado por la opacidad desde hace años. Y no sólo porque el presidente del Gobierno se niegue a ofrecer cualquier dato. En 2001, el Gobierno de José María Aznar dio instrucciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Rajoy como registrador de la propiedad.

Las preguntas esenciales sobre cómo compaginó a partir de 1981 Mariano Rajoy sus cargos públicos con la titularidad de sucesivos registros, preguntas cuya respuesta se localiza en su expediente como registrador de la propiedad, seguirán sin respuesta. El Gobierno contestó la semana pasada una pregunta de Izquierda Unida (IU), pero logró cumplir el trámite sin responder a ni una sola de las cuestiones planteadas. La primera de ellas, la de por qué el Ejecutivo de José María Aznar ordenó en 2001 ocultar el expediente como registrador del entonces ministro Mariano Rajoy, como ya desveló infoLibre.

El pasado 11 de septiembre, el diputado de IU Gaspar Llamazares registró una batería de preguntas en las que inquiría expresamente por qué el Gobierno ordenó en 2001 trasladar el expediente a un archivo de seguridad. El Gobierno, que respondió el día 21 de este mes, elude la cuestión y se limita a exonerar a Rajoy, que -alega- "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no divulgarse.

El historial "ha obrado" en el Ministerio de Justicia

Redactada como si cada sílaba y cada coma hubieran sido objeto de medición previa, la respuesta del Gobierno utiliza el pretérito perfecto y no el presente para responder dónde se localiza ese expediente: "Ha obrado -dice el texto- en los archivos correspondientes del Ministerio de Justicia, sin que conste que su custodia haya impedido en ningún momento su conocimiento de acuerdo cn las reglas de acceso aplicables al efecto, cuestión a la que en todo caso ha sido siempre ajeno el señor Rajoy". 

¿Significa lo anterior que el expediente "ha obrado" pero ya no en los archivos del Ministerio de Justicia, del que depende la Dirección General de los Registros y del Notariado? Y si sigue en las dependencias de Justicia, ¿por qué la respuesta evita hablar en presente? ¿Qué norma exacta regula la posibilidad de acceso al expediente de un registrador que ocupa el máximo cargo del Gobierno? Las preguntas, como ya viene sucediendo desde que en 2012 IU lanzó la primera pregunta parlamentaria sobre la materia, continúan en el aire. 

Como en las ocasiones anteriores, IU volvió a preguntar en septiembre si Rajoy percibió alguna vez dobles ingresos, como registrador y político, en algún momento de su carrera. Ahora, el Gobierno ha elegido una fórmula que nada aclara pero que tampoco niega nada: "Don Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".

En 1984, la ley de reforma de la función pública pasó a prohibir que los funcionarios que accediesen a un cargo político obtuviesen doble remuneración. De hecho, entre 1981 y hasta que en 1985 registró su primera solicitud de pase a servicios especiales como funcionario con cargo público, Rajoy recibió durante ese cuatrienio ingresos como registrador y como cargo público: primero diputado gallego, luego alto cargo de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. Fue ese último puesto, uno de los más preciados para la hoy extinta Alianza Popular gallega, el que le llevó a pedir servicios

Pero los registradores, que poseen rango de funcionario pese a que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, se rigen por una legislación específica: la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario, que en su artículo 541 autorizaba a los registradores que entraban en política a repartirse con su sustituto los beneficios que reportase la plaza registral . Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario no prohibió la doble percepción de retribuciones para los registradores que se incorporasen a la vida pública, bien como parlamentarios, bien como cargos de designación.

Tanto el PSOE como IU han pedido oficialmente al Gobierno que les facilite el expediente de Rajoy. El Ejecutivo tiene dos opciones: atender las peticiones de los dos grupos de oposición o denegarlas, pero si elige esa segunda vía tendrá que explicar qué motivo impide que el Parlamento sepa, por ejemplo, hasta cuándo compatibilizó Rajoy los ingresos registrales con los de sus puestos de representación o designación política. O cuántas solicitudes de excedencia especial -la que, al menos hasta 1985, le permitía cobrar de las dos fuentes, la registral y la del cargo público- solicitó hasta su elección como presidente del Gobierno en 2011.

La batería de preguntas formulada en septiembre por Llamazares incluía algunas de las otras incógnitas que el PP se ha negado a resolver. Entre ellas, estas dos: por qué el presidente nunca ha solicitado excedencia en sentido estricto -lo que habría forzado la salida a concurso de su actual plaza, Santa Pola- pese a que en los últimos 32 años solo ha ejercido dos años como registrador. Por qué nunca, y en la casilla destinada a puestos públicos a los que ha renunciado, reflejó Rajoy en su declaración de bienes el cargo de registrador.

Riquelme interpuso la demanda –civil y no penal- después de que Mazón hiciera públicas sus sospechas de que el hoy presidente y su sustituto en Santa Pola podían haber llegado a “un apaño” para repartirse los beneficios del registro.

Salvo que la vista previa quede anulada por incomparecencia del fiscal –a Mazón no le conta que esté sobre aviso-, el demandado pedirá hoy al juzgado que desestime la demanda de Riquelme bajo el argumento de que sus palabras no entrañan la menor difamación. Pero no solo eso. El abogado, que hace dos años fundó el denominado partido Soberanid, aprovechará la comparecencia de hoy para formular tres solicitudes que considera cruciales: la declaración del hoy presidente en calidad de testigo; la aportación de su expediente como registrador para conocer en qué momentos y en qué condiciones solicitó pasar a servicios especiales como funcionario con cargo público, y la entrega tanto del libro de socios como de cuentas de la empresa inmobiliaria Inlimur, constituida por Riquelme y su esposa en febrero de 1990, un día antes de que Rajoy le propusiera oficialmente como sustituto para llevar el registro de Santa Pola en calidad de interino. Ese dato consta en el expediente de Rajoy, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. Es el mismo cuyo traslado a un "archivo de seguridad" ordenó en 2001 el Gobierno de Aznar. 

Como publicó este diario, Rajoy cobró como político y como registrador al menos entre 1981 y 1985. Es decir, mientras la ley se lo permitió. A partir de esa última fecha y hasta noviembre de 1987, el líder conservador dejó en manos de interinos la gestión de los registros cuya titularidad fue sucesivamente alcanzado.

En noviembre de 1989, y tras lograr un escaño en el Congreso que nunca más volvió a perder, Rajoy pidió su pase a servicios especiales y recomendó que el registro de Santa Pola quedase bajo la atención de Riquelme. El interinato, que como su nombre indica debía ser provisional, ha cumplido ya 23 años, dado que Riquelme fue nombrado sustituto en marzo de 1990.

En su escrito de defensa, Mazón invoca la compleja legislación sobre registradores para concluir que lo de Santa Pola es un “misterio” equiparable al de Elche, donde Riquelme es titular de otro registro. Pero las connotaciones de este misterio son por completo ajenas al campo de la religiosidad popular: el “arcano” que el abogado -como la oposición parlamentaria- pretende desentrañar guarda relación con una parcela contante y sonante: cómo se han repartido los beneficios del registro de la propiedad de Santa Pola.

Aunque el artículo 29 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública ya prohibió en septiembre de 1984 que los funcionarios con cargo público pudiesen cobrar del registro al mismo tiempo que de la política, el reglamento aplicable al peculiar cuerpo funcionarial de registradores mantuvo hasta 1998 un artículo abiertamente contradictorio. Ese precepto, el 541 del Reglamento Hipotecario, autorizaba a los registradores en servicios especiales –una especie de excedencia propia para los funcionarios con cargo público- repartirse con el interino los beneficios de su registro.

Mazón sostiene que, lejos de constituir una intromisión ilegítima en el honor de nadie, la pregunta de si “se reparte Rajoy los aranceles con su interino” centra un “debate de alto interés público”.

El abogado llega más lejos cuando mantiene que el artículo del Reglamento Hipotecario que permitía a los registradores con cargo público repartirse los beneficios con el interino “nunca ha sido ni derogado ni modificado”. Los expertos consultados por infoLibre entienden, en cambio, que ese precepto fue invalidado en la práctica por la reforma de 1998, que introdujo una cláusula legal según la cual aquellos registradores que ocupen un cargo público incompatible con la llevanza de su registro quedarán en situación de servicios especiales. Y la parte de los ingresos del registro que les hubiera correspondido iría a partir de ese momento y de manera automática al bolsillo de su sustituto.

El silencio del Gobierno sobre las circunstancias en que Mariano Rajoy ejerció como registrador de la propiedad mientras ocupaba sucesivos cargos públicos ha encontrado una nueva respuesta en la oposición. Ayer, Izquierda Unida presentó en el Congreso una amplia batería de preguntas entre las que figura una que busca respuesta clara  l interrogante de si Rajoy percibió alguna cantidad como registrador en 1990-1998. Es decir, durante el periodo comprendido entre el momento en que obtuvo su definitivo pase a servicios especiales y aquel en que el Reglamento Hipotecario, el aplicable a los registradores, prohibió ya taxativamente y sin los ambages anteriores que quienes accedan a un cargo público puedan seguir cobrando un solo euro de su registro. Aunque operan como profesionales en régimen de monopolio, los registradores son funcionarios.

En las elecciones de octubre de 1989, Rajoy consiguió un escaño al Congreso que ya nunca ha perdido. En 1996 se incorporó al primer Gobierno de José María Aznar como titular de Administraciones Públicas. El firmante de la iniciativa, Gaspar Llamazares, sostiene que esos dos cuatrienios permanecen bajo la “larga sombra” que rodea la “doble carrera” de Rajoy como registrador y político. La exposición de motivos del bloque de preguntas lo expresa así: “Hasta ahora sabemos que un Gobierno del qué él [Rajoy] formaba parte, en 2001, escondió en un archivo de seguridad el expediente que registraba su historial; y sabemos que cobró como político y como registrador a un tiempo mientras la ley se lo permitió”.

Como desveló infoLibre, el expediente de Rajoy fue trasladado en 2001 por orden de la entonces directora general de Registros y no regresó a los despachos del Servicio de Registradores hasta que el PSOE descubrió en 2004 lo sucedido.

Es en ese expediente donde consta que el presidente se acogió a la norma legal que le permitía cobrar como registrador y como cargo público.Entre 1981 y 1985 compatibilizó ingresos dobles: como registrador con aquellos otros que le fueron reportando sus sucesivos cargos públicos: diputado en el Parlamento gallego, luego director general de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. 

Ese último cargo, el de la disputada corporación provincial pontevedresa, es el que le llevó a pedir en noviembre de 1985 su pase a  servicios especiales, una variante de excedencia exclusiva para los funcionarios.

Pidió servicios especiales, no obstante, con 15 meses de retraso.En agosto de 1984, se había aprobado ya la Ley de Reforma de la Función Pública, cuyo artículo 29 ya preveía la figura de servicios especiales y prohibía la doble percepción como cargo público y como funcionario . Ahora, Llamazares insta al Gobierno a confirmar cuánto cobró de los registros por los que fue pasando entre 1981 y 1985  -el coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y uno en la alicantina Elche- y le requiere que explique cómo “justifica” la doble cobranza del presidente.

Pero, sin duda, la almendra de esta batería de preguntas parlamentarias se localiza en el lapso de tiempo transcurrido entre marzo de 1990, cuando Rajoy pasó a servicios especiales, y septiembre de 1998. Llamazares ya planteó en febrero una pregunta sobre las retribuciones de Rajoy entre 1990 y 1998. Pero la respuesta del Gobierno fue de nuevo inconcreta. El Ejecutivo contestó invocando, sin citar la fecha, un cambio legal que no se aprobó justamente hasta septiembre de 1998, con lo que en la práctica dejaba un vacío de siete años y medio en su respuesta.

La reforma incorporó al Reglamento Hipotecario un nuevo artículo, el 552, que anulaba, ya sí de forma inequívoca, la prerrogativa que hasta entonces contenía el Reglamento Hipotecario. Plasmado en el artículo 541 del Reglamento, ese privilegio confería a los registradores con cargo público la opción de repartirse los ingresos de su registro con el sustituto encargado de su llevanza. Había una segunda opción: pedir lisa y llanamente la excedencia y permitir así que la plaza saliera a concurso. Desde que en 1987 aterrizó en el registro de Santa Pola, Rajoy ha ocupado cargos públicos de forma ininterrumpida salvo en el paréntesis 1987-1989. Nunca ha solicitado la excedencia pese a que su trayectoria vital muestra que la principal vinculación de Rajoy con Santa Pola es la amistad que le une a quien desde marzo de 1990, hace 23 años, es su sustituto en ese registro, Francisco Riquelme.

El Ejecutivo prescinde del calendario

Riquelme asumió la gestión del registro de Santa Pola en marzo de 1990 a propuesta de Rajoy, que pasó a servicios especiales. Pero, al explicar ese episodio en su respuesta a la pregunta formulada por Llamazares en febrero, el Gobierno se comió de un bocado nada menos que los ocho años de limbo y contradicciones legales que transcurrieron hasta que en 1998 se produjo la reforma del Reglamento Hipotecario.

En marzo de 1990, dice aquella respuesta, la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia nombró un registrador accidental, “al que corresponden, de acuerdo con la normativa hipotecaria, la totalidad de los beneficios que se devenguen”. El entrecomillado pertenece a la respuesta del Gobierno a la pregunta formulada por Llamazares en febrero.

Pero su afirmación solo es netamente válida para los años que siguieron a la reforma de 1998. Hasta la publicación del reglamento modificado, el 2 de septiembre de 1998 , caben al menos dudas sobre si se mantuvo la distribución de beneficios entre el titular y el interino. Expertos consultados por este diario sostienen que, en caso de dilema entre la legislación general sobre incompatibilidades y la específica sobre registradores, prima la específica.  

A modo de apostilla tajante, el Ejecutivo concluyó entonces su respuesta escrita reprendiendo a Llamazares por insistir sobre el asunto: “Como ya se informó a su señoría en anterior pregunta, el registrador titular que se encuentra en excedencia por servicios especiales no puede recibir del mismo ninguna remuneración, como así sucede”.

El uso del presente como tiempo verbal en la respuesta del Gobierno deja otro rastro de duda. Porque, en efecto, ya en agosto de 1984 entró en vigor la nueva ley de función pública que en su artículo 29 prohibía a los funcionarios en servicios especiales cobrar remuneración alguna de la plaza que habían aparcado para asumir un cargo público.

Pero lo cierto es que el Reglamento Hipotecario, con rango de legislación específica, no se modificó hasta 14 años más tarde. Qué ocurrió en aquel largo intervalo en el que convivieron normas legales contradictorias sigue siendo un misterio que tanto PSOE como IU se proponen resolver.

El PSOE la semana pasada al Congreso una petición formal para que el Gobierno aporte el expediente completo de Mariano Rajoy como registrador.

Ahora, IU hurga en la llaga y acaba de solicitar también una parte del expediente: la relativa al bienio 1987-1989, el primer y único periodo desde 1981 y hasta ahora en que Rajoy no ostentó ningún cargo público y se dedicó oficialmente a gestionar el registro de Santa Pola.

Rajoy , entonces con una agitada vida orgánica en la organización gallega de la extinta Alianza Popular, nunca residió en el municipio alicantino. Además de reclamar el expediente de Rajoy, IU plantea una pregunta específica sobre el bienio 1987-1989: Llamazares quiere que el Gobierno valore el siguiente hecho: que el presidente “haya incumplido” el artículo del Reglamento Hipotecario que le imponía residir en la ciudad donde tuviese su sede el registro. Es decir, en Santa Pola.

Las revelaciones de infoLibre sobre cómo el expediente funcionarial de Mariano Rajoy indica que al menos entre 1981 y 1985 cobró como registrador de la propiedad y como cargo público han movilizado al principal partido de la oposición. El miércoles, el PSOE presentó en el Congreso una petición para que la Dirección General de los Registros y del Notariado le facilite el expediente “completo” de Rajoy como registrador, el mismo cuyo traslado a un archivo secreto ordenó el Gobierno de Aznar en 2001. La devolución del historial a las dependencias del Servicio de Registradores del Ministerio, donde se custodian los de todos los funcionarios de ese cuerpo, se produjo en 2004, cuando el equipo del entonces nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, descubrió lo sucedido.

Firmada por el diputado por Alicante Gabriel Echávarri en nombre de su grupo, la solicitud de documentos planteada por el PSOE se suma a las nuevas preguntas de Izquierda Unida formuladas hace tres semanas y en las que Gaspar Llamazares insta al Gobierno a explicar por qué ordenó ocultar el expediente de Rajoy. 

Al requerir ahora el historial completo de Rajoy los socialistas cierran al Gobierno todas las vías utilizadas hasta ahora para esquivar una respuesta que definitivamente aclare el asunto. ¿Servirá la iniciativa para resolver pronto la incógnita? No. El artículo 7 del Reglamento del Congreso, que es el invocado por los socialistas, concede al Gobierno un plazo “no superior a 30 días” para facilitar los documentos requeridos o manifestar “las razones fundadas en derecho que lo impiden”. Y, pese a que la norma es inequívoca en cuanto a plazos, las fuentes parlamentarias consultadas avisan de que el tiempo de espera real puede convertirse en un largo limbo. En el último mes, Moncloa ha declinado contestar a las preguntas que infoLibre le fue formulando por escrito antes de publicar cada nueva información sobre el historial del presidente como registrador y cargo público. 

Pero, tarde lo que tarde ahora la respuesta, el requerimiento del PSOE no admite lugar a dudas sobre qué documentos deben aportarse: “Expediente con todas las incidencias, fecha de alta, fecha de baja, situaciones administrativas que se han dado en la plaza de Santa Pola desde que el señor Rajoy adquirió la misma, totalidad de los ingresos percibidos por el señor Rajoy como registrador de Santa Pola desde que ocupó dicha plaza y finalmente actual situación administrativa de la plaza de Santa Pola y actual situación de Mariano Rajoy como registrador”.

Hasta la fecha, la compleja legislación vigente para los registradores hasta 1998 ha permitido hasta ahora al PP zafarse de las preguntas sobre esa materia. Por ejemplo, en febrero de este año, el diputado de IU Gaspar Llamazares preguntó por cómo había compaginado Rajoy entre 1981 y 1985 su plaza de registrador con los sucesivos cargos públicos que durante ese periodo desempeñó en Galicia. La respuesta fue la siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros”.

El Ejecutivo tenía otra opción: responder que, entre el otoño de 1981 y el de 1985, Mariano Rajoy había hecho uso de una excepcional prerrogativa que solo beneficiaba entonces a uno de los cuerpos más raquíticos del funcionariado español: los registradores, los únicos funcionarios que, junto con los notarios, cobran aranceles y no salario y los únicos que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio.

Incrustada en el artículo 541 del Reglamento Hipotecario y solo anulada por otro artículo de la misma norma en 1998, esa prerrogativa iba dirigida a los registradores que accedieran a un cargo público. El articulo 541 les autorizaba a repartirse con su sustituto las ganancias que deparase el registro. Para optar a esos “beneficios”, debían formular una solicitud a la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia en el plazo de un mes “a partir de la aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas o por el Organismo de que se trate”. Si esa solicitud no se producía en los términos estipulados, la plaza quedaría vacante y saldría a concurso. Rajoy tenía, por tanto, también una segunda opción: haber pedido excedencia en Santa Pola, una ciudad en la que nunca residió de modo estable pese a que la legislación le obligaba a ello y en la que no se localiza ninguno de sus cinco inmuebles, adquiridos justamente a partir de 1987, es decir, del año en que tomó posesión de la plaza alicantina.

El registro de Santa Pola, el único ahora en activo después de que el Ministerio de Justicia congelase en febrero el segundo de la localidad, nunca ha quedado vacante desde que Rajoy desembarcó en él en noviembre de 1987.

Antes, el líder conservador había ido compatibilizando el escaño en el Parlamento gallego, el cargo como director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta y la Presidencia de la Diputación de Pontevedra con la titularidad sucesiva de otros tres registros: Padrón, en A Coruña; el barcelonés Berga; y el alicantino de Elche. Cuando Rajoy logró destino en esa ciudad, ya tenía allí plaza propia en otro registro Francisco Riquelme, quien en marzo de 1990 se convirtió en “registrador accidental permanente” –sustituto, en la terminología del momento- del registro de Santa Pola.

La decisión de Riquelme de hacerse empresario parece que ha sido acertada. Inlimur SL nació con un capital social de 90.000 euros y ya va por 1,8 millones de euros. España para algunos va bien. Y al empresario-registrador no le afecta demasiado la crisis: desde 2008, ha invertido más de medio millón en la sociedad de inversión inmobiliaria. 

Seguro que el político-registrador no tiene nada que ver con Inlimur SL. El nombre de Rajoy no aparece por ningún lado en los documentos que figuran en el Registro Mercantil y tampoco en la declaración de bienes realizada por el presidente ante el Congreso. Como mucho, los malpensados podrán argumentar que algo tendrá que ver en la prosperidad de Inlimur SL la decisión de Rajoy de recomendarlo como heredero del registro de Santa Pola.

Los malpensados no suelen tener razón. Pero estaría bien que Rajoy, además de aprobar leyes de transparencia, diese ejemplo en algún momento. Y ahora tiene sobre su mesa siete preguntas muy fáciles de responder. Se contestan con un "sí", un "no" o una cifra.

1. ¿Cuánto ingresó entre 1981 y 1985 en su doble faceta de político y registrador?

2. ¿Cobró de forma irregular durante 464 días del Registro de Berga?

3. ¿Tuvo algún ingreso procedente de los Registros de Berga, Elche-4 y Santa Pola desde la aprobación de la ley 30/1984, que prohibía a los políticos con cargo público cobrar como funcionarios, hasta el año 1998?

4. ¿Cuántos meses tardó en adaptarse a dicha ley 30/1984?

5. ¿Incumplió la legislación entre 1987 y 1989 al residir en Galicia mientras ejercía como registrador a mil kilómetros de distancia, en Santa Pola?

6. ¿Tuvo conocimiento de que su expediente como registrador se envió a un archivo secreto durante el Gobierno de Aznar, del que él mismo formaba parte?

7) ¿Ha tenido algún tipo de relación, directa o indirecta, con la empresa Inlimur SL?

Si todas estas preguntas se responden con un "no" o con un "cero", el político-registrador no tiene ningún problema. En caso contrario, debería empezar a dar explicaciones detalladas a la opinión pública sobre sus actividades privadas.