Este 18 de febrero, la Constitución se ha convertido en la más longeva de nuestra historia constitucional: 47 años, dos meses y quince días transcurridos desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Atrás quedaron dos tumultuosos siglos de asonadas y amotinamientos que clausuraban sucesivos episodios constitucionales mayoritariamente conservadores. La democracia apenas vio la luz en dos momentos puntuales (1868 y 1931) rápidamente cortocircuitados por un sedicioso estamento militar al servicio de la reacción oligárquica.

Casi medio siglo de dictadura dura y pura en el siglo XX pone a las claras el hecho diferencial español respecto de las democracias constitucionales europeas y norteamericana. Habiendo alumbrado uno de los precursores textos constitucionales de la historia contemporánea (1812), ha habido que esperar a cumplirse el primer cuarto del siglo XXI para contemplar, con perspectiva, la plena (y envidiada) homologación del régimen constitucional español en el seno de las democracias occidentales.

La legítima satisfacción no debe traducirse en autocomplacencia que nos impida formular un juicio severo sobre los sempiternos enemigos que, desde siempre, han amenazado al constitucionalismo democrático español y que siguen tan presentes entre nosotros. Ejército e Iglesia fueron durante siglos muy útiles herramientas para abortar los sucesivos conatos de libertad y democracia. Hoy ya no lo son: las fuerzas armadas cumplen impecablemente con las funciones legalmente atribuidas bajo la dirección del poder constituido y la Iglesia católica –como estamento– ya no goza de una entidad social que le permita interferir en la política –aunque en no pocas ocasiones lo sigue intentando– para imponer su vetusta moral a una sociedad moderna y avanzada.

El principal enemigo de la Constitución sigue siendo el virus confrontativo inoculado en nuestra sociedad por élites cuyas ansias de patrimonialización del poder se han extendido a lo largo de siglos. La oligarquía que instrumentaliza a la “España que embiste” no reconoce en la Constitución sino una arquitectura formal al servicio de su propia supervivencia y no admite más constitucionalismo democrático que el representado por las instituciones representativas de la democracia formal.

El pacto constituyente de 1978 no fue virtud sino necesidad para quienes han usufructuado secularmente el poder político. Las derechas españolas no tenían otra alternativa tras el inevitable desmoronamiento de una dictadura unipersonal. Las izquierdas estrenaron un inequívoco patriotismo constitucional al constatar la oportunidad de constitucionalizar un programa ideológico democrático de avance, progreso y justicia social. La técnica constituyente sustentada en el loado consenso se materializó a través de numerosas vías y, sin duda, supuso un cúmulo de transacciones y cesiones de todo el espectro político que acabó posibilitando gobiernos de todos los colores bajo el paraguas de una Constitución abierta a múltiples interpretaciones ajena a la univocidad partidista.

El principal desafío de la Constitución más longeva de nuestra historia no reside ni en el texto ni en el espíritu de la Constitución sino, como siempre, en el talante leal/desleal de la política respecto del orden constitucional. La acción política española ofrece numerosos ejemplos de cruenta confrontación institucional que evidencian la ausencia absoluta de voluntad de convergencia. A principios de los 90 la política española inició un camino sin retorno hacia una confrontación fratricida ajena a los mandatos constitucionales preñados de valores y principios: sin reglas, con “el todo vale”, con el “quien pueda hacer que haga”. La antipolítica, sin matices ni límites. La Constitución volvía a ser mero ornamento dialéctico como siglos atrás.

La Constitución pervive y pervivirá porque, afortunadamente, el constitucionalismo normativo de esta era procura mecanismos jurisdiccionales que garantizan su efectividad por encima de la deslealtad constitucional de la política que sirve a intereses ocultos. Y porque los poderes invisibles ya no pueden recurrir al uso de la fuerza bruta para perpetuar su preeminencia social. Pero la confrontación política basada en la idea de negar al adversario y promover su exterminio cual enemigo está en las antípodas de un concepto de Constitución identificado como marco de convivencia pacífica capaz de cumplir las aspiraciones de toda la sociedad. El emponzoñamiento de la dialéctica y la acción política, cegando cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo, desvirtúa absolutamente los valores constitucionales y –que nadie lo dude– deteriora brutalmente la vida en común de los españoles hasta extremos insospechados aunque no llegue a ponerse en riesgo el orden constitucional.

Una efeméride como la que se ha cumplido este 18 de febrero nos interpela y obliga a recordar que la España de nuestra esperanza, a veces madre y siempre madrastra, dulce y amarga, dejó atrás en 1978 una reseca historia buscando cielos donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar…

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Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Las Cortes Generales y extraordinarias celebran su primera sesión el 24 de septiembre de 1810 en el Teatro Cómico de la Real Isla de León (actual ciudad de San Fernando, Cádiz). A partir del 24 de febrero de 1811y hasta el 25 de septiembre de 1813 se reúnen en el Oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz; formaron parte de ellas 702 diputados, que son eclesiásticos, abogados, catedráticos, militares, nobles y el estado llano. 

La constitución de un nuevo Régimen conlleva reformas legislativas importantes. Destaca, en primer lugar, el decreto que establece la soberanía nacional y la división de poderes, brillantemente defendido y entre los primeros decretos debatidos, está el de «libertad política de la imprenta», aprobado en la Real Isla de León el 19 de noviembre de 1810.

La Constitución fue promulgada el 19 de marzo de 1812 (conocida como La Pepa). Pero Fernando VII la deroga en 1814, de nuevo, está en vigor durante el Trienio Liberal (1820-1823) y, brevemente, en 1836.

En la última sesión del 10 de mayo de 1814, se da cuenta de la llegada de Fernando VII a Játiva en su camino de regreso de Francia a España. El 2 de abril, 69 diputados firmaron el conocido como «Manifiesto de los Persas» solicitando a Fernando VII la vuelta al Antiguo Régimen y la abolición de la Constitución de 1812. El Manifiesto toma el nombre de la costumbre de los antiguos persas de tener cinco días de anarquía tras la muerte del Rey, cuando volvió de Francia, parte de sus seguidores se abalanzaron a los caballos de su carroza y unos voluntarios hicieron de cuadrúpedos a la vez que gritaban "¡¡Vivan las cadenas!!". Mayor elogio al absolutismo y rechazo a la Constitución es difícil de encontrar en la Historia de España, iniciándose una brutal represión sobre los liberales y decretos aprobados en 1812 y por supuesto a su Capítulo I artículo 2º, en la imagen.

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José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre.

Así, lo que en principio fue una plataforma cívica nacida a la vida política en Cataluña para luchar contra lo que ellos consideraban “nacionalismo obligatorio” y que, al amparo de su posterior éxito, se convirtió en franquiciado en el resto de España, ha encontrado en el otro extremo peninsular su razón de ser.

Casualmente, cuando leo la noticia estoy en Rota, a un tiro de piedra de un Cádiz presente siempre en el horizonte de este pueblo cuando te asomas al mar.  Entiendo la decisión de Albert: es imposible no sucumbir a la luminosa seducción de esa ciudad y su gente, imposible resistir la tentación de establecer con ella algún vínculo. Antonio Burgos, por ejemplo, lleva años queriendo ser de Cádiz pero no le sale. En lugar de conseguirlo, sus intentos perpetrados habitualmente mediante el remedo de una gracia que en él se convierte en  pringue rancia, obtienen siempre el resultado contrario al deseado. Buscando ser de Cádiz, Burgos consigue transformarse en lo peor que en Cádiz se puede ser: un malaje. En la pura acepción del diccionario: “Desagradable, que tiene mala sombra”.

La aproximación a Cádiz de Rivera también tiene su peligro. Su referencia a los “valientes” constitucionalistas gaditanos y su intención declarada a la prensa de liderar gobiernos desde el centro político y con un ideario liberal progresista heredado de ellos, me han recordado el libro de Miguel Herrero de Miñón Cádiz a Contrapelo. 1812-1978 dos constituciones en entredicho, publicado en 2012 coincidiendo con el bicentenario de la Pepa. Desde entonces se ha convertido para mí en un libro de cabecera. Y digo de cabecera porque cada vez que intento leerlo me quedo frito. No es culpa del libro. Soy yo, que madrugo y luego me acuesto tarde.

Aunque tal vez no sea esa la única razón. Herrero de Miñón es un personaje lúcido, culto, deslumbrante, al que la llegada de Aznar a la presidencia del PP alejó de los populares para mal no sólo de ellos sino de la política en general. Tengo por él la más alta consideración, la misma que me obliga a admitir leyendo este libro que no estoy a su nivel y, en consecuencia, no soy capaz de pasar del prólogo. He encallado en la página 9 cuando, tras explicar que sobre la Constitución de 1812 se ha tejido un relato mitológico que deforma la realidad histórica dice: “En los mitos antropológicos, incluidos los religiosos, superado el racionalismo ingenuo suele prevalecer la interpretación metafórica y precisamente sobre ella se construye la empresa, crítica primero y hermenéutica después, de la desmitologización”. Ahí ya me duermo.

En ocasiones he intentado saltarme esa parte por ver si avanzo pero no hay manera porque, de pronto, te encuentras: “Cuando el significante se cosifica en la certidumbre de los hechos termina por excluir al significado que los hechos, reales o no, sugieren. Para utilizar términos procedentes de otros pagos, cabe decir que la pesadumbre del mito llega a sepultar el kerigma”.  En kerigma, caigo muerto. Lo he comprobado.kerigma A partir de las doce de la noche, tres conceptos abstractos seguidos de Kerigma tienen para mí el mismo efecto que un Valium.

Lo que quiere decir Herrero de Miñón en este libro, por lo que he podido colegir de su contraportada, es que sin discutir la importancia y relevancia de la Constitución de 1812, “su progresiva mitificación ha llevado a desconocer sus defectos […] y a imputar a factores exógenos el fracaso de sus diferentes experiencias en España, Europa y América”. También se detiene en señalar que ese mito que sitúa en Cádiz el germen de la identidad nacional española no sólo es erróneo sino “lesivo para dicha identidad”, llegando a afirmar que “la Constitución de 1812 no surgió del consenso nacional sino de la opción de media España sobre la otra media, y semejante tajadura todavía gravita sobre nuestra conciencia colectiva”.

¿Debe Albert Rivera sentirse preocupado por la interpretación que este prestigioso jurista y padre de la Constitución del 78 hace de unos acontecimientos que, desde el pasado domingo, inspiran ideológicamente el partido que preside? ¿Corre el riesgo Ciudadanos de que su referente gaditano que, recordemos, establecía la soberanía popular, la división de poderes y la libertad de imprenta pero no abolía la esclavitud, ni permitía el voto a las mujeres y consagraba la religión católica como oficial del estado español prohibiendo además cualquier otra, les represente más allá de lo deseable? Esto es, que contribuya a reafirmar esa imagen atribuida por algunos a Ciudadanos de indefinida conveniencia como disfraz de su verdadero ser conservador. Y, sobre todo, ¿es legítimo que alguien que no ha leído un libro lo utilice para dar solidez a sus argumentos?

Sobre este último particular me siento avalado por lo acontecido en el año 2005 cuando, ante la inminencia del referéndum de la Constitución Europea, surgió alentada por el gobierno la Plataforma Cívica por Europa para incentivar el voto afirmativo; plataforma que integraban intelectuales y artistas entre quienes, sorprendentemente para algunos, se encontraban los miembros del dúo sevillano Los del Río. En uno de sus actos, un periodista les transmitía su extrañeza a verles formar parte de esa entidad promotora del sí, a lo que uno de ellos manifiestamente indignado respondía con inapelable lógica: “¡Hombre, por Dios! ¡¿Cómo vamos a estar en contra de algo que no hemos leído?!”.

Volviendo a Rivera, la sensación, tras esa repentina conversión al liberalismo gaditano del presidente de la formación naranja, es algo parecido a la actitud de esos nuevos ricos que, tras la mudanza a un hogar más amplio, deciden encargar un estudio heráldico para tapar con un escudo de armas un hueco en la pared de salón.

Hay, además del libro citado, una lectura que encarecidamente recomiendo a Albert Rivera. Se trata de un artículo publicado hace un par de años en El País por el catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid José Álvarez Junco –éste sí leído al completo en una noche de insomnio–. Lleva por título Cuando éramos libres y felices y en él se refiere a esa candidez interesada con que la retórica política viaja al pasado en busca de antecedentes que justifiquen un presente determinado, sin pudor a deformar a su antojo en el camino el tiempo histórico que visita.

Según el autor, también los constitucionalistas gaditanos, que no podían acudir ni al racionalismo ni a los conceptos revolucionarios importados de una Francia a cuyo ejército combatían, para dar razón de su empeño constitucional, encontraron en el historiador de la época Martínez Marina, y en su invención de una imaginaria monarquía medieval cuyo poder embridaban unas cortes, el pasado feliz al que la Pepa les llevaba de vuelta.

Resulta paradójico que Rivera, tan contrario a ciertos nacionalismos, muestre ahora una debilidad que Álvarez Junco atribuye, sobre todo aunque no en exclusiva, a ellos. Concluye el artículo con un párrafo que a continuación les retuiteo.

“No hay el menor indicio de que haya habido tiempos felices en el pasado humano. Lo que constatan los documentos existentes son constantes quejas de nuestros ancestros por los malos tiempos que les ha tocado vivir. Tampoco es cierto que los reinos peninsulares vivieran bajo un régimen “liberal” o “constitucional” en la Edad Media; ni que Cataluña fuera “independiente” antes de 1714; ni que los vascos lo hayan sido siempre (ni nunca)… Las propuestas políticas son legítimas en sí mismas, sin necesidad de apoyarlas en mitos. Debatámoslas, considerando simplemente sus ventajas e inconvenientes actuales. Quizás así nos entendamos mejor.”

Amén, o como dirían los liberales gaditanos para mostrar su conformidad con lo escrito por José Álvarez Junco: “¡Qué arte, Pepe, picha!”

El Tribunal de Cuentas ha sometido al consorcio que se encargó de impulsar y coordinar las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 a una auditoría que ha arrojado unas conclusiones devastadoras sobre la gestión pública de estos actos. En un extenso informe, el organismo fiscalizador del Estado acredita el despilfarro y descontrol con el que los responsables públicos manejaron un presupuesto de alrededor de veinte millones de euros, el 47% de ellos procedentes de Administraciones públicas. 

El principal órgano de dirección y gestión del evento estaba capitaneado por representantes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando y de la Diputación gaditana. A lo largo su seis años de vida la entidad estuvo presidida por los socialistas Gaspar Zarrías (2007-2009) y Luis Pizarro (2009-2012) y por el conservador José Luis Ayllón (2012-2013).

En su informe, el Tribunal de Cuentas denuncia numerosas irregularidades, deficiencias e incumplimientos en materia de contratación, subvenciones y gastos, así como falta de control interno y descoordinación. También subraya que no se facilitaron las memorias anuales de las actividades realizadas que, según los estatutos, debía elaborar la Comisión Ejecutiva. Y que al margen del consorcio varias Administraciones públicas realizaron actuaciones propias de conmemoración. Esta circunstancia provocó que no hubiera una "adecuada coordinación" y ha "dificultado" verificar si los gastos realizados se adecuaban a la finalidad para la que se constituyó.

El informe cita, por ejemplo, el caso de uno de los actos centrales de la conmemoración del bicentenario de La Pepa, un concierto organizado por la cadena de televisión MTV que se celebró el 16 de octubre de 2010 –es decir, dos años antes del bicentenario– y que contó con la participación de Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, el grupo malagueño Efecto Mariposa y los puertorriqueños Calle 13.

El evento tuvo un coste de 1.198.600 euros y fue adjudicado a la empresa publicitaria Carat España –que no fue la organizadora– a través de un procedimiento negociado sin publicidad que el consorcio justificó por "razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva". El tribunal señala que el consorcio no contrató directamente con la empresa organizadora la celebración del concierto porque esa contratación requería condiciones incompatibles con la legislación de contratos públicos, como la exigencia de cuantiosos adelantos sin garantía y de avales para asegurar el pago total. La opción que siguió, entonces, fue la de celebrar un contrato privado con otra empresa (Carat España). 

El organismo fiscalizador denuncia que "no hay información sobre los costes reales del concierto, ni sobre las cantidades que la empresa organizadora exigió a la adjudicataria y esta le abonó". También se desconoce si la organizadora recibió además los ingresos resultantes de otros patrocinios contratados para ella por la adjudicataria, que era una posibilidad expresamente prevista en el pliego del contrato. 

El Tribunal de Cuentas subraya, además, que los 1,2 millones de euros que abonó el consorcio para la celebración del concierto representaron el 6% del total de las obligaciones reconocidas entre 2007 y 2012 por todos los conceptos por lo que, a su juicio, "no está acreditada la justificación de un gasto tan elevado" a pesar de que la entidad lo justificara en la supuesta promoción publicitaria que lleva aparejada la posibilidad de ofrecer un espectáculo "de primer nivel". En este sentido, el organismo fiscalizador cuestiona la capacidad de promoción del Bicentenario que pudo tener este concierto teniendo en cuenta que se celebró dos años antes del evento que se pretendía conmemorar. 

Comisiones por captar patrocinadores 

El informe detalla, además, que Carat España –la adjudicataria del concierto de MTV– también fue contratada por el consorcio para que captara patrocinadores privados a cambio de quedarse con una comisión de hasta el 10% del importe de cada contrato de patrocinio de hasta tres millones de euros que lograra firmar. Por este concepto el consorcio abonó a esta empresa un total de 663.500 euros tras firmar un contrato que también fue adjudicado por un proceso negociado sin publicidad. 

El tribunal denuncia que no hay memoria justificativa de la necesidad de esa contratación y que tampoco hay "certificados de recepción que acrediten la correcta prestación de los servicios contratados". En sus alegaciones, José Luis Ayllón –que fue nombrado presidente del consorcio en enero de 2012– señala que, en relación a este contrato, la gestión a partir de 2012 "se limitó a negociar una quita para liquidarlo, lo que supuso un ahorro para el Consorcio superior a 300.000 euros". 

Hay que tener en cuenta que, en 2008, la celebración de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 fue catalogada como un "acontecimiento de excepcional interés público", lo que favoreció que en el periodo 2009-2012 el consorcio contara con aportaciones realizadas por patrocinadores privados, que podían acogerse al sistema de beneficios fiscales establecido en la ley de mecenazgo.

Otro de los contratos que han llamado la atención al Tribunal de Cuentas es el que suscribió el consorcio –ya con José Luis Ayllón (PP) como presidente– con el cantante brasileño Carlinhos Brown, que recibió 295.024 euros por organizar un desfile carnavalesco por la avenida principal de Cádiz. El organismo detalla que "no consta" ninguna documentación que acredite la ejecución del contrato conforme a lo previsto y tampoco fiscalización alguna sobre este gasto. 

Señala, además, que en el expediente no se hizo constar formalmente la relación de este acto con los fines institucionales del consorcio, mientras sí se remarcó "la repercusión nacional del evento", así como su cobertura por numerosos medios de comunicación y la gran participación ciudadana, lo que, según los organizadores de los actos del bicentenario, "convertirían a la ciudad de Cádiz en referente nacional". 

El consorció también firmó un contrato de patrocinio publicitario por valor de 290.000 euros con el Cádiz Club de Fútbol del que, según argumenta el tribunal, no consta el acto de conformidad con los trabajos realizados que debía realizarse al término del contrato.

Además, el ente público también suscribió otro contrato publicitario de 106.200 euros con la empresa Centenario de Cádiz, cuyo cuyo objeto social estaba limitado a la organización, fomento y realización de actos relacionados con la celebración del centenario del equipo de fútbol de la ciudad. Esta sociedad pidió al consorcio el patrocinio para la organización de un museo-exposición de la historia del club cuyo presupuesto coincidía con el del contrato. La empresa se limitó a colocar el logotipo de los actos de La Pepa y reservar un sitio para el consorcio en la exposición, por lo que el tribunal entiende que su participación en la colaboración en la publicidad del bicentenario "no tuvo entidad suficiente para constituir una contraprestación".

Irregularidades en las subvenciones 

El capítulo de subvenciones también es llamativo. En este punto, el Tribunal de Cuentas alude directamente al que fuera presidente del consorcio entre 2007 y 2009, Gaspar Zarrías (PSOE), por haber convocado subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en los ejercicios 2008 y 2009 pese a que "no está acreditado" que tuviera competencia para ello. Los estatutos del consorcio señalan que esa competencia correspondía a la Junta de Gobierno y que "no hay constancia de la delegación a favor del presidente".

En 2008 se concedieron 14 subvenciones de concurrencia competitiva a 13 beneficiarios por importe total de 186.000 euros. El Tribunal de Cuentas determina que no consta por qué se desestimó al resto ni el detalle de las actividades subvencionadas. Tampoco hay documentación sobre la constitución de la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas –cuyo número también se desconoce– al igual que los criterios aplicados para la valoración de las beneficiarias.

El organismo analizó cuatro de esas 14 subvenciones y detectó irregularidades en todas. A una de las beneficiarias, el centro de día de mayores de San Fernando, se le adjudicaron 6.000 euros para realizar un taller de ropa de época a pesar de que no reunía "los requisitos exigidos". A otra, la Asociación Qultura, se le otorgaron 32.000 euros, cantidad que el organismo considera que "no está justificada" y de la que "debió exigirse su reintegro". Por otro lado, ante el "desorden del expediente, duplicidades de documentos, mezcla de originales y fotocopias y ausencia de relaciones completas y clasificadas de los gastos", al tribunal le fue imposible "verificar" la justificación de otra subvención de 80.000 euros que recibió la Asociación de Empresas de Publicidad y Diseño para promover un mercadillo de artesanía. 

En 2009 el consorcio modificó las bases reguladoras de las subvenciones con el objetivo de que las actividades subvencionadas guardaran relación con la la época y valores de los actos que se estaban conmemorando. Pero las irregularidades no cesaron. El Tribunal de Cuentas también señala que "no está justificado" utilizar el procedimiento de subvención directa como el que utilizó para, por ejemplo, otorgar 108.230 euros para la formación de una orquesta de músicos jóvenes y concluye que "los gastos no debieron ser subvencionables" al tiempo que no descarta "exceso de financiación".

2,1 millones en convenios con "deficiencias"

El Tribunal de Cuentas también examinó una muestra de cinco convenios, que supusieron en conjunto un gasto de 2.122.412 euros. En todos se encontraron "deficiencias". Entre ellas, que no constara justificación acerca de la contribución de las actividades previstas a la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz, requisito que los estatutos exigen en relación con los proyectos realizados por el consorcio; la falta de aprobación previa del gasto por el órgano competente; la omisión de los informes de la Intervención o de la Abogacía del Estado; y la falta de indicación del presupuesto o del coste de las actividades programadas. 

Entre los convenios está el firmado con el Ayuntamiento de Cádiz y por el que el consorcio se comprometía a financiar con 1.010.000 euros diversas acciones relacionadas con el bicentenario de La Pepa. Pues bien, el Tribunal de Cuentas denuncia que ese gasto no se aprobó por la Junta de Gobierno; que no hay constancia documental de la realización de las actividades; y que hubo pagos a empresas con las que no consta vinculación jurídica con el consorcio.

Además, el organismo fiscalizador señala que el hecho de que el convenio no especificara el presupuesto asignado a cada una de las actividades previstas ha impedido verificar la corrección de los gastos finalmente abonados. Por otro lado, señala que se encontró el abono duplicado de un justificante por importe de 7.623 euros.

El Telediario de mediodía de la festividad de la Constitución ha protagonizado el milagro, y, al tercer día, Ciudadanos y Podemos resucitan en TVE. ¡Albert Rivera y Pablo Iglesias hablando en el informativo, inmediatamente después de los líderes de PP y PSOE, y precediendo al resto de formaciones políticas! Si no me creen, entren en rtve.es a la carta y veánlo por ustedes mismos.

Efectivamente, tras dos jornadas de campaña en que ambas formaciones emergentes no aparecían o tenían una presencia meramente testimonial, la dirección de TVE se reviste de espíritu constitucional y otorga un tratamiento equilibrado a las fuerzas políticas: En la apertura, y a continuación de unos segundos institucionales de bandera, himno y desfile, se da paso al bloque electoral con una redactora a las puertas del Congreso, que se refiere a los cuatro partidos con posibilidad de ganar las elecciones según el CIS; sigue una pieza sobre el PP (con dos intervenciones de Mariano Rajoy), otra protagonizada por el PSOE (también con dos parlamentos de Pedro Sánchez); y una tercera donde salta la sorpresa: se inicia con Podemos y una declaración de Pablo Iglesias, sigue con Ciudadanos y Albert Rivera, para continuar con UPyD, IU-UA, PNV, Democracia y Libertad, Unió, Ezquerra. Es decir, lo contrario de lo perpetrado en las dos primeras jornadas, en las que los partidos emergentes eran tratados como debutantes de presencia fugaz y "sin frase".

Y no se trataba de una "resurrección" casual, no. La siguiente información, que recogía el ambiente de la mañana en el Congreso, la encabeza su presidente, Jesús Posada, al que sigue, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Andrés Herzog, Alberto Garzón, y cierra Mariano Rajoy –¡maldita técnica del emparedado, que permite que inicie y termine el mismo partido!–.

He hablado antes de "milagro" y "resurrección" de los partidos emergentes, y es que no sé llamar de otra manera al giro de 180 grados que se ha protagonizado esta jornada. ¿Se mantendrá el criterio el resto de la campaña, o lo de este domingo será una excepción? No tengo respuesta, pero saludo con esperanza el cambio. Pedir que se hubiera recogido en el informativo el "Vais muy bien" de Rajoy a Iglesias (que encabeza todas las portadas) hubiera sido rizar el rizo.

Posdata:

quizá me he contagiado de espíritu constitucional, pero, puesto a señalar virtudes del Telediario de este domingo, quiero aplaudir la información ofrecida sobre el último asesinato por violencia de género: luto, opiniones de condena de autoridades competentes, apelación al 016 de ayuda a las víctimas, y ausencia total de opiniones –tan tristemente frecuentes– de conocidos que glosen "lo buena persona que era hasta ahora" el más que presunto asesino.

Ahora solo pienso en mí. ¿El título de una versión egoísta de la famosa canción de Víctor Manuel? No. Fueron las claras y directas palabras pronunciadas por el rey Juan Carlos durante su viaje a Marruecos el pasado julio. Ahora solo pienso en mí, un buen lema para la divisa borbónica. La verdad es que no se le puede acusar de falta de coherencia en su trayectoria vital. Ni una sola acción en contra de sus intereses se puede encontrar en su biografía. Don Juan Carlos llegó a España, enviado por su padre, con siete años en 1948, un año después de que el general Franco transformara España en reino. Juró bandera con tan solo quince años y comenzó a participar en el desfile de la victoria a partir de 1959 y a presidirlo a partir de 1964. En 1969 aceptó la propuesta del general Franco de sucederle a título de rey. La trayectoria política del rey Juan Carlos desde que fue designado sucesor por el General Franco estuvo siempre ligada de forma explícita a la del dictador. Recomiendo leer todos los discursos pronunciados por el entonces príncipe en territorio nacional en los que no ahorraba elogios a la cruzada emprendida por el General Franco el 18 de julio. El mal carácter que ha desarrollado al cabo del tiempo, del que han sido víctimas, que sepamos, el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez o el pobre alcalde de Martorell no se le desató nunca contra el dictador.

Desde que fue investido sucesor del General Franco por la Ley de Sucesión en 1969, el príncipe Juan Carlos tuvo claro que uno de los motivos fundamentales de la aceptación del cargo era la oportunidad que le brindaba para reinstaurar la dinastía borbónica en España. Así se lo declaraba a su padre en la carta que justificaba la aceptación de la invitación franquista: “Queridísimo Papá: Acabo de volver del Pardo, a donde he sido llamado por el Generalísimo……me ha comunicado su decisión de proponerme a las Cortes como sucesor a título de rey……como español y como miembro de la Dinastía, me siento obligado a aceptar el nombramiento para que vuelva a España la Monarquía…” y así lo ha confesado en sus únicas declaraciones publicadas sobre el asunto: “Siempre he tenido el mayor respeto por los que han sido leales a mi padre hasta el último minuto… Hacía tiempo que la cuestión no era saber quién sería ó quién no sería el rey; la única cosa importante era traer de nuevo la Monarquía a España”. Lo importante no era devolver la democracia a los españoles, lo esencial era reinstaurar la monarquía, para él y su familia.

También aprovechó el discurso ante las Cortes franquistas de aceptación de la sucesión para, además de ensalzar la labor del general Franco y el inevitable golpe de Estado del 18 de julio de 1936, defender la legitimidad histórica de su familia: “Pertenezco por línea directa a la Casa Real española y en mi familia, por designios de la providencia, se han unido las dos ramas. Confío en ser digno continuador de quienes me precedieron”. Sobre lo que estaba dispuesto a ceder para alcanzar su preferencia inicial de la institucionalización de la Monarquía son suficientemente expresivos sus comentarios a Torcuato Fernandez-Miranda en 1973: “La Monarquía tiene que ser democrática. Es la única manera de que pueda ser aceptada en Europa y por el mundo y que pueda subsistir”.

Es un comportamiento racional, como el que de su padre D. Juan, al querer asegurar para él y su descendencia la jefatura del estado español. El entonces príncipe alcanzó su objetivo de proteger y garantizar la corona en el nuevo entramado constitucional, no así el mantenimiento de algunos privilegios y competencias que fueron rechazadas por la oposición política gracias a su lucha dentro de las Cortes Constituyentes. La Corona no tuvo una presencia material ni en la ponencia, ni en la comisión constitucional. Nunca se planteó la posibilidad de estar representada durante los trabajos constituyentes, aunque pudo seleccionar a 40 representantes que colaborarían en la redacción de la constitución desde el Senado. Aunque distintos autores no han dejado de resaltar el comportamiento altruista del Jefe de Estado español durante el proceso de elaboración constitucional, existe suficiente evidencia que demuestra que el rey tenía intereses políticos, personales e institucionales en la nueva constitución. No solo consiguió que se constitucionalizara su irresponsabilidad ante la ley o la falta de control parlamentario de las cuentas de la casa real, sino la protección especial de su familia. Pero pudo haber sido peor. Creo que vale la pena recordar cuales eran las primeras preferencias de la Casa Real sobre las atribuciones que debía conservar la Monarquía.

A partir de la llegada de Sabino Fernández Campo como secretario general de la Casa Real en 1977 se comenzaron a elaborar documentos sobre el diseño institucional de la Monarquía. El método elegido para que los informes de la Casa Real llegaran a los encargados de elaborar la Constitución fue la celebración de reuniones periódicas con el Presidente de las Cortes que había nombrado el rey Juan Carlos sin el consenso de las fuerzas de la oposición. El mismo Sabino Fernández Campo relató en su biografía autorizada que asistió como miembro de la Casa de su Majestad el rey a reuniones con el presidente de las Cortes Constituyentes para trasladarle de manera oficiosa (fiel al espíritu del proceso constituyente, opaco y sin explicaciones públicas) la idea de Monarquía que tenía la Casa Real, para que así fuera incluida en la Constitución.

Si destapamos la cortina del consenso, se puede demostrar que desde la Casa Real trabajaron en la defensa de la posición del Monarca dentro de la Constitución para dotar de contenido a sus atribuciones simbólicas y de arbitraje. Según ha dejado escrito el propio Sabino Fernandez Campo se intentaron conservar principalmente cinco atribuciones para asegurar la supervivencia política del monarca:

1) La posibilidad del rey de disentir abiertamente de una disposición legal sometida a su sanción. Esta disposición es semejante al trámite establecido en la constitución de 1812. Esta facultad, que está incluida en algunas constituciones democráticas europeas, fue utilizada por ejemplo en Bélgica para no obligar al rey a sancionar la ley del aborto. La UCD trasladó el encargo de la Casa Real a la Ponencia y esta postura fue defendida por Herrero de Miñón con el pretexto de salvaguardar al rey de firmar alguna ley que contrariara a sus principios.

2) La posibilidad del rey de tomar la iniciativa para convocar un referéndum sobre temas trascendentales para la Nación. El rey había convocado las Cortes y este mecanismo le permitía desatarse, siempre que lo estimara necesario, de las decisiones tomadas por el gobierno. Se pretendía situar a la Corona por encima de los programas, las promesas y los acuerdos de los partidos políticos. Esta válvula de seguridad permitía al rey, en última instancia, revelarse contra cualquier decisión de la mayoría parlamentaria que pudiera poner en peligro su supervivencia política. En entrevista con el autor de este artículo, las cabezas visibles del Ministerio de Justicia que dirigían el proceso constituyente, Landelino Lavilla y Miguel Herrero de Miñón, coincidían en la importancia de esta medida para permitir al rey impedir cualquier cuestionamiento de la unidad de España o de la estabilidad institucional.

3) La creación de un Consejo Real. Sería una continuación del Consejo del Reino que permitiría al rey tener un núcleo de personas con la función de generar su propia información para el ejercicio de la función monárquica sin tener que depender de los distintos gobiernos de España. El Consejo Real fue defendido hasta el final por Alianza Popular, que no retiró su enmienda hasta que fue derrotada en sede parlamentaria, ni renunció a defender su postura en boca de su diputado Laureano López Rodó. El argumento empleado desde la Casa Real era el siguiente: ya que la oposición se negaba a dar continuidad a la figura de los senadores por designación real, podría consolidar un espacio de autonomía política de la Monarquía en torno a figuras de reconocido prestigio.

4) La facultad del rey de dirigirse a los españoles mediante mensajes especiales en ocasiones muy puntuales. Esta atribución finalmente el rey la ha venido ejerciendo tanto en los mensajes de Navidad como en la Pascua Militar. La intención inicial era también crear espacios de autonomía mediante los que pudiera mantener públicamente posiciones políticas cercanas a la mayoría para no sufrir el desgaste de una política gubernamental abiertamente impopular.

5) La conservación de los cuarenta senadores reales. Mediante esta prerrogativa, el rey conservaba otro espacio de acción política. Al tener delegados permanentes en las Cortes, dificultaba la consecución de mayorías de la oposición política. De hecho, varios senadores reales fueron aleccionados para presentar enmiendas que mejoraran la posición del monarca en la constitución, según ha contado Miguel Herrero en sus memorias.

Si el rey hoy posee menos atribuciones y privilegios que los que le hubiera gustado tener, no es por su altruismo o generosidad, sino porque los principales partidos de la oposición democrática, entre ellos el PSOE, lucharon en condiciones mucho más adversas que las de ahora para que la constitución fuera lo más democrática posible. Hoy el problema no es que tengamos un rey egoísta, que ni confía en su hijo para que se haga cargo de su negocio, ni, lo más importante, confía en los españoles para que puedan decidir en libertad si quieren seguir manteniendo a su familia como una institución del Estado. El problema es que actualmente el principal partido de la oposición, el PSOE, no es capaz de apoyar ni la celebración de un referéndum para que los ciudadanos decidan la forma del Estado, ni de adherirse a la abdicación que pide a gritos el sentido común. Y si no hay una oposición fuerte, el rey va a seguir pensando en él.

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Braulio Gómez es investigador en ciencia política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro O controlo político dos procesos constituientes (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), co-autor de La calidad de la democracia en España (Ariel, 2011) y de La encuesta deliberativa (CIS, 2009). Es el director del Regional Manifestos Project.