El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, investiga quién es la "magistrada amiga de la casa" que supuestamente chivó que los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González —en prisión incondicional—, y otros investigados en la Operación Lezoestaban intervenidos.

Este juez de Plaza de Castilla (Madrid) ha tramitado la denuncia presentada por Contrapoder, formación política tras la que se encuentra el abogado José Luis Mazón, en la que se indica que una juez "amiga de la casa" alertó al consejero delegado de La Razón y presidente de Inassa —filial en América Latina del Canal Isabel II—, Edmundo Rodríguez Sobrino —también en prisión incondicional—, de que tenía el teléfono pinchado. Esta circunstancia hizo que González tomase medidas de precaución.

En un auto fechado el día 12 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, el juez De Dios Ferreiro ha decidido investigar qué "magistrada de la Audiencia Nacional" está detrás de esta filtración y, por tanto, ha podido incurrir en un presunto delito de revelación de secretos. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", dice el auto.

Asimismo, el juez instructor de Madrid apunta que se abre este procedimiento para determinar "la naturaleza y circunstancias de tales hechos", así como "las personas que en él hayan participado". El primer paso ha sido citar el próximo 13 de junio al abogado de Contrapoder para que ratifique su denuncia.

El escrito de Mazón también denuncia que el juez de la Audiencia Nacional encargado hasta el momento de instruir el caso Lezo, Eloy Velasco —que ha sido ascendido a la Sala de Apelaciones de este mismo órgano judicial, donde comenzará el próximo 1 de junio—, habría solicitado un trabajo para su mujer, Beatriz Saura, a GonzálezBeatriz Saura, por lo que el CGPJ ha incoado diligencias informativas al respecto.

No obstante, el ex promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, excluyó de estas diligencias el supuesto chivatazo denunciado porque, a su juicio, no guarda "relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia". Aún así, dedujo testimonio para que se investigase quién es esta magistrada y si se cometió algún delito de revelación de secretos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tramita un recurso interpuesto por el partido Soberanía en el que se reclama el cese de la percepción de las remuneraciones obtenidas por el sustituto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, Francisco Riquelme. Asegura la demanda que este funcionario cobra simultáneamente tres sueldos.

Soberanía, detrás de la cual se encuentra en abogado de Murcia José Luis Mazón, ha interpuesto este recurso tras el silencio administrativo obtenido del Ministerio de Justicia por la denuncia que esta formación política presentó el pasado mes de febrero ante el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón. En el decreto dictado por el TSJ, que tiene fecha del pasado 24 de junio, se admite a trámite el recurso y se requiere al Ministerio de Justicia para que en el plazo de 20 días entregue el expediente administrativo original sobre este asunto y emplace ante el órgano judicial a los interesados.

Los denunciantes reclaman la devolución de los derechos o aranceles de la Oficina Liquidadora de Santa Pola desde 1990. Calculan que Riquelme ha debido percibir al menos 2 millones de euros anuales de forma incompatible, un millón de euros por registro y otro por oficina liquidadora, por lo que debe reintegrar, unos 28 millones de euros, cuyas remuneraciones de Santa Pola, son incompatibles con el arancel de la oficina sita en Elche.

La Audiencia Nacional ha pospuesto hasta principios de julio su decision sobre si admite a tramite la querella presentada por el abogado José Luis Mazón contra Juan Carlos I por su presunta participacion en la trama civil del golpe de estado del 23-F.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal había fijado para este martes la deliberación sobre el recurso presentado contra la inadmisión de su primera querella, que fue rechazada por el juez Santiago Pedraz.

Sin embargo, los magistrados no han abordado el fondo de la cuestión porque también tendrán que estudiar una ampliación de la querella que fue rechazada a comienzos de este mes de junio por el juez instructor argumentando que Don Juan Carlos seguía siendo inviolable hasta que las Cortes Generales aprobaran la ley orgánica que regula su abdicación de la Corona.

La querella, que se sustenta en el relato del 23-F que realiza la escritora Pilar Urbano en su libro La gran desmemoria,La gran desmemoria también está dirigida contra el exdiputado socialista Enrique Múgica y el antiguo político del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. En la ampliación se incluyó un facsímil del documento que firmó el rey para comunicar su abdicación.

La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que el rey Juan Carlos sigue siendo inviolable hasta que las Cortes Generales aprueben la ley orgánica que regule su abdicación de la Corona y, por ello, su situación "institucional y procesal" sigue manteniéndose igual.

Así lo expone el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que rechaza la ampliación de la querella que interpuso el partido Soberanía contra el monarca, el expresidente del Gobierno Felipe González, el exdiputado socialista Enrique Múgica y del antiguo político del PCE Ramón Tamames en la denominada 'trama civil' del 23-F. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 reproduce los argumentos que esgrimió para rechazar en un primer momento esta acción judicial, entre los que citaba la inexistencia de indicios delictivosy la prescripción del delito de rebelión que se atribuía. "En lo que se refiere a la inviolabilidad de la figura del Rey, hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley Orgánica que regule la abdicación del Rey Juan Carlos I, su situación institucional y procesal no se ha modificado", añade.

El abogado querellante José Luis Mazón ha recurrido esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha adjuntado el facsímil en el que el rey Juan Carlos comunicaba su decisión de abdicar de la Corona. Añade que la inmunidad de los actos del Rey no alcanza a la "presunta colaboración" en esta trama y se sustenta en el libro de la escritora Pilar Urbano La gran desmemoria.

Rechazo de la querella

El magistrado Santiago Pedraz rechazó a principios de mayo esta querella al negar que los hechos recogidos en el libro fueran constitutivos de un delito de rebelión y recordó que la figura del Rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Apuntó que la Constitución "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".

En relación con el exjefe del Ejecutivo, su auto señaló que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añadió "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".

La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron". La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".

Una jueza de Murcia ha condenado al abogado José Luis Mazón a pagar 30.000 euros de multa por opinar que Mariano Rajoy y su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) tienen un "apaño" para repartirse los ingresos. La jueza no admitió ninguna de las pruebas presentadas por Mazón "para acreditar la veracidad de sus opiniones".

Los hechos se remontan a enero de 2012, cuando José Luis Mazón concedió dos entrevistas al periódico La Opinión de Murcia y a la revista Atlántica XXII, hablando sobre las relaciones entre Rajoy y su amigo Riquelme. En el primero declaró su sospecha de que, "unidos por su amistad", ambos "pudieron llegar a un acuerdo" para que Riquelme constase como registrador pero Rajoy continuase "percibiendo parte de su sueldo". En la segunda, Mazón manifestó lo siguiente: "Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?".

José Luis Mazón se refería a la peculiar situación que tiene el presidente del Gobierno, que es titular del Registro de Santa Pola desde el año 1987, aunque desde marzo de 1990 ocupa la plaza Riquelme en calidad de sustituto. El pasado mes de septiembre, infoLibre desvelóel expediente que permanecía oculto del registrador Rajoy.

Las declaraciones de Mazón llevaron a Riquelme a presentar una demanda contra el abogado murciano en la que reclamaba una indemnización de 100.000 euros por intromisión en su derecho al honor.

La argumentación de la jueza

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, explica en su sentencia que es necesario distinguir entre información y opinión: a la primera se le impone constitucionalmente la exigencia de veracidad, requisito que no se pide a la segunda. Pues bien, la jueza considera que las declaraciones de Mazón no contienen "ningún elemento informativo", de forma que el objeto del proceso "lo será exclusivamente la adecuación del contenido de las opiniones emitidas por el demandado en el ejercicio de la libertad de expresión, que no de información, que al no quedar sometida al canon de veracidad justificó la inadmisión de toda la prueba propuesta por el Sr. Mazón preordinada a acreditar la veracidad de sus opinions o juicios de valor". 

En otras palabras: la jueza considera irrelevante saber si realmente Rajoy percibe algún ingreso del Registro de Santa Pola a la hora de decidir si las palabras de Mazón violan el derecho al honor de Riquelme.

Una vez acotado el terreno de juego, la jueza concluye que las opiniones de Mazón supusieron un "manifiesto descrédito" para la "integridad personal y profesional" de Riquelme. "El mensaje es claro –razona en la sentencia–. Amistad entre el Sr. Rajoy y el actor, supuesta cesión de los derechos de la titularidad de registro público a favor del amigo, acuerdo privado entre partes para decidir sobre el destino de una plaza pública e indebida percepción de sueldo por parte del cedente".

La jueza da a entender que, si las palabras de Mazón se hubiesen referido a Rajoy, el fallo hubiese sido otro. "Es innegable que cualquier manifestación que afecte a la actividad pública del presidente del Gobierno es de interés general [...]. Pero resultan en todo punto innecesarias las acusaciones vertidas frente al actor si lo que se quería era criticar o poner en tela de juicio la situación administrativa de don Mariano Rajoy".

En consecuencia, la jueza condena a Mazón al pago de 30.000 euros –frente a los 100.000 que pedía Riquelme– y a la publicación del fallo en los dos medios donde realizó las declaraciones. La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. Mazón confirmó ayer a infoLibre que presentará el recurso en los próximos días.

El registrador Rajoy

El presidente del Gobierno se ha negado sistemáticamente a aclarar su situación como registrador. Este periódico desveló que, al menos entre 1981 y 1985, Rajoy cobró como cargo público de la entonces Alianza Popular y como registrador. Al conseguir su primer escaño, Rajoy tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción.

En 1984 se aprobó la Ley de Reforma de la Función Pública, que prohibía que un cargo público pudiese percibir también cualquier retribución relacionada con el puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección. Pero, en realidad, hasta el año 1998 existió legislación contrapuesta en el caso de los registradores. En esa fecha se retocó el Reglamento Hipotecario para dejar claro que los registradores interinos cobrarían "la totalidad de los honorarios" de un registro, sin tener que ceder una parte de sus ingresos a los titulares de la plaza ¿Recibió Rajoy ingresos, entre 1990 y 1998, del Registro de Santa Pola mientras cobraba como diputado en las Cortes? El presidente del Gobierno siempre se ha negado a aclararlo, lo que lógicamente ha incrementado las sospechas al respecto.

Pero no es el único aspecto llamativo sobre el registrador Rajoy que descubrió infoLibre. En los últimos 32 años, Rajoy sólo ha sido registrador en ejercicio durante dos, mientras que en los otros 30 ha estado en servicios especiales pero manteniendo su plaza de titular de un registro. Pues bien, ese bienio, de 1987 a 1989, incumplió su obligación legal de residir en la localidad donde estaba el registro. Rajoy vivía en Galicia, donde desarrollaba una intensa vida política, pero trabajaba oficialmente a más de mil kilómetros, en la localidad alicantina de Santa Pola.

Una historia, la del registrador Rajoy, que también tiene casualidades llamativas. En 1990, cuando había sido elegido diputado, propuso que el sustituto en el Registro de Santa Pola fuese su amigo Francisco Riquelme. Pues bien, el 20 de febrero de aquel año, la víspera de que Rajoy pidiera al Ministerio de Justicia que su amigo se quedase con el registro de Santa Pola, Riquelme constituyó una empresa denominada Inlimur. Con fincas en la localidad murciana de Abanilla, ha multiplicado por 20 su capital social desde entonces: pasó de 90.000 euros a 1,8 millones. Rajoy tampoco ha aclarado si tiene o ha tenido algún vínculo, de forma directa o indirecta, con dicha empresa.

Todo lo relacionado con la situación administrativa de Rajoy ha estado marcado por la opacidad desde hace años. Y no sólo porque el presidente del Gobierno se niegue a ofrecer cualquier dato. En 2001, el Gobierno de José María Aznar dio instrucciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Rajoy como registrador de la propiedad.

Riquelme interpuso la demanda –civil y no penal- después de que Mazón hiciera públicas sus sospechas de que el hoy presidente y su sustituto en Santa Pola podían haber llegado a “un apaño” para repartirse los beneficios del registro.

Salvo que la vista previa quede anulada por incomparecencia del fiscal –a Mazón no le conta que esté sobre aviso-, el demandado pedirá hoy al juzgado que desestime la demanda de Riquelme bajo el argumento de que sus palabras no entrañan la menor difamación. Pero no solo eso. El abogado, que hace dos años fundó el denominado partido Soberanid, aprovechará la comparecencia de hoy para formular tres solicitudes que considera cruciales: la declaración del hoy presidente en calidad de testigo; la aportación de su expediente como registrador para conocer en qué momentos y en qué condiciones solicitó pasar a servicios especiales como funcionario con cargo público, y la entrega tanto del libro de socios como de cuentas de la empresa inmobiliaria Inlimur, constituida por Riquelme y su esposa en febrero de 1990, un día antes de que Rajoy le propusiera oficialmente como sustituto para llevar el registro de Santa Pola en calidad de interino. Ese dato consta en el expediente de Rajoy, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. Es el mismo cuyo traslado a un "archivo de seguridad" ordenó en 2001 el Gobierno de Aznar. 

Como publicó este diario, Rajoy cobró como político y como registrador al menos entre 1981 y 1985. Es decir, mientras la ley se lo permitió. A partir de esa última fecha y hasta noviembre de 1987, el líder conservador dejó en manos de interinos la gestión de los registros cuya titularidad fue sucesivamente alcanzado.

En noviembre de 1989, y tras lograr un escaño en el Congreso que nunca más volvió a perder, Rajoy pidió su pase a servicios especiales y recomendó que el registro de Santa Pola quedase bajo la atención de Riquelme. El interinato, que como su nombre indica debía ser provisional, ha cumplido ya 23 años, dado que Riquelme fue nombrado sustituto en marzo de 1990.

En su escrito de defensa, Mazón invoca la compleja legislación sobre registradores para concluir que lo de Santa Pola es un “misterio” equiparable al de Elche, donde Riquelme es titular de otro registro. Pero las connotaciones de este misterio son por completo ajenas al campo de la religiosidad popular: el “arcano” que el abogado -como la oposición parlamentaria- pretende desentrañar guarda relación con una parcela contante y sonante: cómo se han repartido los beneficios del registro de la propiedad de Santa Pola.

Aunque el artículo 29 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública ya prohibió en septiembre de 1984 que los funcionarios con cargo público pudiesen cobrar del registro al mismo tiempo que de la política, el reglamento aplicable al peculiar cuerpo funcionarial de registradores mantuvo hasta 1998 un artículo abiertamente contradictorio. Ese precepto, el 541 del Reglamento Hipotecario, autorizaba a los registradores en servicios especiales –una especie de excedencia propia para los funcionarios con cargo público- repartirse con el interino los beneficios de su registro.

Mazón sostiene que, lejos de constituir una intromisión ilegítima en el honor de nadie, la pregunta de si “se reparte Rajoy los aranceles con su interino” centra un “debate de alto interés público”.

El abogado llega más lejos cuando mantiene que el artículo del Reglamento Hipotecario que permitía a los registradores con cargo público repartirse los beneficios con el interino “nunca ha sido ni derogado ni modificado”. Los expertos consultados por infoLibre entienden, en cambio, que ese precepto fue invalidado en la práctica por la reforma de 1998, que introdujo una cláusula legal según la cual aquellos registradores que ocupen un cargo público incompatible con la llevanza de su registro quedarán en situación de servicios especiales. Y la parte de los ingresos del registro que les hubiera correspondido iría a partir de ese momento y de manera automática al bolsillo de su sustituto.