El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet (Barcelona, 1935), fallecido el miércoles a los 87 años, fue un empresario catalán que presidió la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana de 1990 a 2009, año en el que dimitió tras confesar el desvío de 2,29 millones de euros de fondos de la institución, según informa Europa Press.

Descendiente del músico y confundador del Orfeó Lluís Millet (1867-1941) e hijo del empresario Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), en 1978 fue elegido presidente del Orfeó, desde donde emprendió la restauración del Palau, entonces en un estado de deterioro considerable.

En 1983 impulsó con este objetivo el Consorci del Palau de la Música, formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, al que se sumó en 2001 el Ministerio de Cultura, y en 1990 se creó la Fundació Orfeó Català y se impulsó una ampliación del Palau de 1999 a 2004.

Ocupó cargos en una treintena de instituciones y entidades, siendo presidente de Agrupació Mútua y de su fundación, de la inmobiliaria AMCI Habitat, de Bankpime, vicepresidente de la Societat del Gran Teatre del Liceu, miembro del patronato de la Fundació Conservatori del Palau, vicepresidente de la Fundació FC Barcelona o patrón de la Asociación Española de Fundaciones, y recibió numerosos premios, pero le retiraron muchos cargos y galardones tras el caso.

El juicio por el desvío de fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, el conocido como caso Millet o caso Palau, empezó el 1 de marzo de 2017 tras acumular un sumario de más de 60.000 folios.

Tras un juicio de cuatro meses y medio por el desfalco del Palau, en 2017 fue condenado a nueve años y ocho meses de prisión por cuatro delitos distintos de malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra Hacienda Pública.

La sentencia también incluía una multa de 4,1 millones de euros y la obligación de devolver de manera conjunta con el resto de condenados 23 millones de euros a las estructuras del Palau: hasta noviembre de 2022, la Audiencia de Barcelona ha recuperado 12 de esos 23 millones.

El fallo, que el Supremo confirmó en 2020 haciéndola firme, le supuso la entrada en la cárcel de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona) en junio de 2020, donde ingresó voluntariamente el último día del plazo que tenía para hacerlo.

Ya antes de entrar en prisión pidió el indulto alegando su edad y enfermedades como impedimento para entrar en prisión, pero el Gobierno descartó indultarlo a él ni su exnúmero dos Jordi Montull.

Una vez en la cárcel, pidió el tercer grado apelando a su edad y estado de salud, pero la jueza de vigilancia penitenciaria lo rechazó hasta finales de octubre de 2022, y luego se lo concedió por "enfermedad incurable", una opción que prevé el reglamento penitenciario para presos con enfermedades muy graves independientemente de otras variables.

Millet consiguió así la semilibertad pero siguió ingresado en el Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona) hasta enero de 2023, cuando fue trasladado a una residencia con asistencia médica elegida por su familia.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el ingreso será inmediato y serán conducidos desde el Palau de Justicia, donde se les ha comunicado la decisión, hasta la prisión de Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En sendos autos, recogidos por Europa Press, el tribunal señala la fecha límite de esta medida: en el caso de Millet el 3 de diciembre de 2022 y para Jordi Montull el 10 de noviembre de 2021, ya que se trata de medidas cautelares a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación y la sentencia sea firme.

Tras comunicarles la decisión, pasadas las 15.00 horas, los dos condenados han sido trasladados a los calabozos del Palau de Justícia por los Mossos d'Esquadra, y ha podido verse cómo salía el asistente de Millet con su silla de ruedas vacía y se reunía con la mujer de Millet, Marta Vallès.

El tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, ha celebrado una vista este lunes para abordar posibles medidas cautelares para Millet, Montull, su hija Gemma y Daniel Osàcar, previas a que la condena por el saqueo del Palau sea firme, y tras la vista les ha citado para comunicarles la decisión.

La Fiscalía pidió este mismo lunes el ingreso en prisión provisional para Millet y Jordi Montull durante la mitad del tiempo de condena ante el evidente riesgo de fuga; y comparecencias periódicas para los condenados Gemma Montull y Daniel Osàcar.

"No sé cómo va a huir"

Las defensas lo rechazaron, alegando que siempre han respondido ante la justicia, además del estado de salud y edad de los acusados.

La defensa del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, por su parte, se opuso a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción: "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir".

Castro negó que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento".

Opinó que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, "incluso" se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.

Así, ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Catalunya, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado. Alegó además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia".

Por su parte, la defensa de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional, alegando la edad de Montull —75 años—, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Judit Gené, su abogada se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los 82 años y estado de salud de su cliente —insuficiencia renal y cardíaca—, serían gravosas y difíciles de llevar.

"Alta probabilidad" de fuga

En sendos autos, el tribunal considera que hay una "alta probabilidad de riesgo de fuga" ya que la situación de Millet y Montull no es la misma que antes de ser condenados, teniendo en cuenta las elevadas penas: nueve años y ocho meses para el primero y siete años y medio para el segundo.

El tribunal cree que no puede descartarse en el caso presente la posibilidad que, de no adoptarse la medida solicitada por las acusaciones y pese a que hasta la fecha el penado ha estado a disposición de la Sala, tanto Fèlix Millet como Jordi Montull opten por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia: "Esta hipótesis no resulta irrazonable, ilógica o arbitraria".

Tanto en el caso de Millet como de Montull, no considera que dispongan de suficiente arraigo en España que pueda conjurar el riesgo de fuga pues, en cuanto a la situación familiar del primero, pese a tener un hijo que presenta una minusvalía psíquica, "no parece que el mismo dependa de los cuidados del penado", y en el segundo, su hija es mayor de edad y también ha sido condenada.

Además, el tribunal no descarta que dispongan de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida, pese a haberles embargado todos sus bienes durante el procedimiento, y respecto a su situación de salud y su edad (Millet tiene 82 años y Montull, 75) considera que no son tan graves como para evitar una posible huida.

Osàcar y Gemma Montull

Para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y que se persone una vez al mes en el juzgado —el fiscal pedía cada 10 días— ya que entiende que hay riesgo de fuga debido a la condena impuesta de cuatro años y cinco meses de prisión.

Para Gemma Montull también se ha acordado la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencia cada mes, una medida cautelar que ya tenía antes del juicio, también al considerar que existe riesgo de fuga derivado de la pena de cuatro años y medio de cárcel.

Estos hechos están considerados como probados por los jueces de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que este lunes dictaron sentencia sobre un caso que se inició hace ocho años y medio, en el verano de 2009, cuando los Mossos d’Esquadra registraron el Palau buscando evidencias del supuesto desvío de fondos cometido por Millet y Montull, sobre los que han recaído penas de nueve años y ocho meses y de siete años y medio de cárcel, respectivamente. También ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión el extesorero de CDC Daniel Osácar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

Ferrovial, sin embargo, ha conseguido salir indemne del caso. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran acreditada la participación en la trama de los dos únicos responsables de la constructora encausados, Pedro Buenaventura, que fue director territorial de zona en Cataluña hasta mayo de 2000 y estuvo en la empresa hasta 2006, y Juan Elízaga, director de Relaciones Institucionales hasta al menos julio de 2009. Los magistrados creen que ambos son responsables de un delito continuado de tráfico de influencias por el que se enfrentaban a una pena de hasta un año y seis meses de prisión, pero entienden que su responsabilidad penal ha prescrito.

En el momento en el que se produjeron estas mordidas y para este tipo de delito, el Código Penal fijaba en tres años el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción de los hechos. Pues bien, en el caso de Buenaventura pasaron cinco años y un mes entre su última actuación como empleado de Ferrovial (febrero de 2006) y su imputación el caso (marzo de 2011). Por su parte, el último ingreso efectuado por la constructora al Palau con Elízaga como directivo fue en junio de 2009, justo antes del registro de los Mossos, pero su citación en calidad de imputado no llegó hasta abril de 2013. Pasaron, por tanto, casi cuatro años. 

Tras la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015, el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción, en el caso de estos hechos, sería de cinco años. No obstante, para hacer este cálculo se tiene en cuenta la legislación vigente en el momento en el que se produjeron las actuaciones que son objeto de la investigación judicial. En este caso, la prescripción estaba fijada en los citados tres años. 

"Sistema organizativo" 

En un comunicado difundido este lunes, la empresa aseguró haber sido "ajena" al "destino final" de los fondos entregados al Palau por contratos de patrocinio y reiteró su convencimiento de que las adjudicaciones en las que participaba "se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica". En la sentencia, los jueces subrayan que no consta "ni el conocimiento ni la aquiescencia" de las actuaciones deBuenaventura y Elízaga por parte los órganos colegiados o los accionistas de la entidad. 

Según los jueces, la posición directiva de Buenaventura y la intervención de Elízaga, director de Relaciones Institucionales, les permitió obtener de los máximos responsables de la empresa a nivel estatal el asentimiento del patrocinio del Palau, tanto para su puesta en marcha como para su posterior mantenimiento anual. Por otro lado, consideran probado que Buenaventura acordó con el extesorero de CDC Carles Torrent –fallecido en 2005– que Ferrovial pagaría anualmente "por anticipado" una comisión del 4% del volumen de obra pública que "le debía ser adjudicada por los organismos [de contratación] controlados por CDC". 

No obstante, según el tribunal, en torno al año 2002 se cambió el "sistema organizativo" para el pago de las comisiones, que dejaron de ser por adelantado y se llevaron a cabo una vez Ferrovial obtenía la "correspondiente adjudicación". Para la Audiencia, este cambio de sistema se acordó "quizás" porque Buenaventura "se cansó de pagar y luego tener que, encima, reclamar", o incluso debido al mayor volumen de obra prevista a licitar con el "consiguiente fraccionamiento del pago de las comisiones en varios años".

Para llevar a cabo ese propósito Millet y Montull crearon un ciclo de conciertos, llamado Palau 100, cuyo objeto "no era auxiliar económicamente al Palau" para poder desarrollarlo, "sino dotar de los suficientes fondos a Millet y Montull para que pudieran abonar las comisiones pactadas a CDC y quedarse parte de la comisión". Según la sentencia, sólo por estos acuerdos de patrocinio, Ferrovial aportó al Palau más de 12,6 millones de euros entre 1997 y 2009. 

Después, para que ese dinero fluyera hasta Convergència, Millet y Montull pusieron a disposición de los directivos Ferrovial y de los miembros de Convergència "toda la estructura jurídico-financiera" del Palau. El objetivo, relata la sentencia, era que "pudieran ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio, los primeros, y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau, los segundos". 

Al final, el dinero de las mordidas acabó llegando a la formación que entonces dirigía Jordi Pujol a través de tres formas: 3,7 millones a través de entregas en efectivo a los extesoreros Torrent y Osácar, 2,3 millones con la emisión de facturas "mendaces" por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin y 630.000 euros por convenios de colaboración cultural con la Fundació Trias Fargas, vinculada al partido.

El pacto era que Ferrovial pagaba "por el ejercicio de aquel influjo para la obtención de obra pública" el 4% del importe de todas las adjudicaciones obtenidas. El 2,5% se lo quedaba el partido y el 1,5% restante era para los intermediarios, Millet y Montull, que a su vez se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo, dejando en algunas ocasiones una pequeña parte para la Fundació Orfeó Catalá. El tribunal sostiene que esos pagos eran "la efectiva retribución de la influencia ejercida para obtener las adjudicaciones".

La sentencia determina que la influencia de los tesoreros sobre los miembros de las mesas de contratación a favor de Ferrovial "consiguió su objetivo", pues la compañía pasó de no tener volumen de obra pública en Cataluña a conseguir algunas de las mayores obras por cuantía económica que se efectuaron en aquellos años en esa comunidad: la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona y de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. 

Según el fallo, durante el juicio, Buenaventura y Elízaga no ofrecieron explicación alguna sobre este trasvase de fondos. Ambos manifestaron que lo desconocían, explicaron que el patrocinio era correcto y que se efectuó sin relación alguna con posibles adjudicaciones de obras. La sentencia revela que el tribunal no ha creído su versión, pero la laxitud de la legislación respecto a la conducta de los corruptores les ha permitido quedar absueltos. 

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet justificó durante el registro de su casa que tenía unos 58.000 euros en casa en billetes de 500 para "gastos diarios", ha desvelado este martes en el juicio uno de los investigadores.

Según ha detallado este mosso d'Esquadra, el expoliador confeso del Palau tenía durante el registro dos sobres en la caja fuerte en la primera planta de su casa de l'Ametlla del Vallès (Barcelona): uno con 13.000 euros y otro con unos 45.000, todos en billetes de 500.

Pero ésta sólo era una mínima parte del dinero que Millet guardaba en efectivo, ya que disponía de una caja de seguridad en Caixa Catalunya donde contaba con 1,8 millones de euros, también en sobres y en billetes de 500, según ha informado Europa Press.

A diferencia de los sobres incautados en su casa, en los de la caja de la entidad bancaria sí tenían escritos algunos conceptos: unos ponían el nombre del Palau de la Música, otros el de la entonces secretaria personal de Millet, Elisabeth Barberà, y algunos el del propio Millet.

Otro Mosso que ha declarado este viernes ha dicho que dirigió la entrada y registro en el domicilio del que era número dos del caso Palau, Jordi Montull, y que encontraron unas cuarenta obras de arte.

Según este policía, la investigación estimó que el precio de los cuadros rondaba los 800.000 euros y que eran de artistas "de renombre" catalanes, aragoneses y valencianos, pero no de primera línea.

En concreto, Marta Vallès, ha declarado este lunes ante el juez que pensaba que el dinero era de la familia, tras ser preguntada por el expolio de la institución.

El expresidente de la Generalitat Artur MasArtur Mas se declaró este martes "inocente" de los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación por la organización del 9N y confió en que el juicio sirva para ampliar la base social del independentismo.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el también presidente del PDC sí se siente responsable, con las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau y el exconseller Francesc Homs, de haber escuchado y permitido que los catalanes pudieran votar: "Si esto es delito, apaga y vámonos".

Ante la posibilidad de que le inhabiliten, aseguró que lo volvería a hacer en las mismas condiciones y avisó de que, en caso de que le condenen, se evidenciaría que España tiene una democracia de "bajísima calidad" y los catalanes habrían de reaccionar con coraje y haciendo piña.

Al preguntársele si hay que impedir físicamente que se celebre el juicio, que apuntó que se podría celebrar a partir de septiembre del año que viene, Mas destacó que no espera esto, pero sí que confía en que sirva para ampliar la base independentista, sin concretar si es una llamada a Sí Que Es Pot y a los socialistas.

Para Mas, lo que diferencia el 9N del referéndum propuesto por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si no hay pacto con el Estado, es que se formulará una sola pregunta sobre la independencia de Cataluña y que será "vinculante política y jurídicamente".

En su opinión, es "prácticamente imposible" que haya pacto con el Estado, pero defendió que Cataluña debe tener la mano tendida hasta el último momento, y ha resaltado su defensa del referéndum propuesto por Puigdemont.

Legalidad catalana

Al preguntársele si sopesa presentarse a unas elecciones en una Cataluña independiente, evitó aclararlo y apuntó que sería bueno, desde muchos puntos de vista, que una supuesta legalidad catalana fuera "más moderna y con más sentido democrático" que la española.

Tras reiterar que llevará su causa al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si le condenan, avisó de que la UE no actuará en el desencuentro entre Cataluña y el resto de España hasta que no vean que hay una mayoría clara por un Estado catalán.

Si esta mayoría independentista se evidencia en el referéndum, Mas explicó que espera que Europa presione a España "para que haga lo inevitable en un proceso así, negociar".

"Cuanto antes mejor"

Sobre que ya haya fecha del juicio por el expolio del Palau de la Música y la financiación de CDC, el 1 de marzo, Mas aseguró que ya era hora de que llegara: "Tendrá lugar ocho años después de la confesión de Millet y Montull. Cuanto antes se haga mejor".

Mas aseguró estar convencido de que no hubo financiación irregular en CDC, por lo que no contempla una condena por esta cuestión.

También se refirió a la decisión del Ministerio de Interior de registrar Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) como nuevo nombre para la extinta CDC, al recordar que los asociados tendrán que avalar en una consulta esta denominación, en la que él votará a favor.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha pedido en su escrito de acusación una pena de 27 años y seis meses de cárcel para el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, por el saqueo de la entidad.

Solicita penas de entre tres y 27 años para un total de 17 acusados, entre ellos la exdirectora financiera Gemma Montull para la que pide 26 años, y nueve años y seis meses para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano.

También pide siete años y seis meses de prisión para el extesorero de CDC Daniel Osàcar y un año y seis meses de cárcel para el abogado y exdiputado de CiU en el Parlament Jaume Camps.

Además, solicita decomisar 6.676.105 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial "y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero".

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios" –desde su incorporación como directa financiera en 2003–, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las "ostentosas" bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos –Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo–, y otros gastos suntuosos.

El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron "como mínimo" el tesorero Carles Torrent –fallecido en 2005– con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

"La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado", dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar "el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas", llevándose una mordida de los mismos.

Comisiones del 4%

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas "de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya" como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC –entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-– y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.

Según un auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, el juez ha acordado bloquear las tres presuntas cuentas en Lausanne, Zurich y Ginebra porque Millet y Montull podrían ser sus "titulares, autorizados o apoderados".

El juez lo ha acordado después de que el diario Abc publicara el 7 de octubre una información relativa a tres posibles cuentas de los dos imputados, en las que podría haber 3,2 millones de euros.