Se interrumpe la emisión. Telemadrid estaba retransmitiendo un programa taurino cuando, de repente, una transición coloca en las pantallas de los madrileños una imagen de la Puerta del Sol con un texto sobreimpresionado: "avance informativo". La noticia no es ninguna última hora, ni ninguna noticia de alcance internacional, sino la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con la aristócrata Teresa de Urquijo, que se ha producido este sábado en la iglesia de la parroquia de San Francisco de Borja, en plena calle Serrano, una de las zonas más distinguidas de la capital.

"Fíjense en esta imagen porque, contra toda información, que se había dado en estos días, el rey Juan Carlos, está llegando, lo están viendo ahora mismo en directo fotografiándose con el aún novio", comenzaba el presentador a decir cuando llegaban las primeras imágenes después de la interrupción, que mostraban a Almeida charlando con el rey emérito, el cual insistía al alcalde de Madrid para que se hicieran una foto juntos. El regidor madrileño aceptaba y los medios tomaban la instantánea de ambos, Almeida sonriente y Juan Carlos I también, apoyado sobre un bastón y abrazando por detrás al alcalde. Después, el monarca emérito era ayudado para subir las escaleras para entrar en la ceremonia, a la cual no tenía previsto acudir, ya que en un principio solo se pensaba que asistiría al banquete.

En ese momento, la emisión se trasladaba a los platós de Telemadrid, donde Pedro J. Rabadán y Nieves Herrero presentaban el avance informativo. Detrás de ellos, una imagen gigantesca del interior de la iglesia donde se estaba celebrando el enlace, rodeada de flores y con un título donde se podía leer "la boda del alcalde". Los presentadores calificaban el acontecimiento como "la boda del año" y recordaban que era la vez que un regidor se casaba durante su mandato y que, por tanto, es una ocasión muy especial para los madrileños. "Es un soltero de oro que en este momento va a romper la soltería", comenta Herrero.

La cadena autonómica se ha volcado con el enlace del alcalde, una boda que han calificado como "austera y con detalles mínimos", pero para la que han desplegado un amplio dispositivo de seguimiento. La mañana ha estado marcada por los dos avances informativos desarrollados por Telemadrid, uno antes de que comenzara la ceremonia, y en el cual se han visto llegar a la mayoría de invitados, y otro después del enlace, con la salida de Almeida y Urquijo y el esperado beso entre ambos. Dentro de la iglesia no ha habido cámaras.

En ambos espacios Telemadrid ha contado con la narración desde plató de los presentadores, pero también con conexiones en directo desde la calle Serrano y desde la finca de la familia Urquijo donde se iba a celebrar el convite. Desde allí, la cadena autonómica informaba que el menú estaba valorado en 150 euros por persona mientras las cámaras enfocaban a los purasangres propiedad de los parientes de la novia, a su vez emparentados con la Casa Real. Por ello, han acudido al enlace, además del rey emérito, las infantas Cristina y Elena, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, del que los presentadores han destacado "la complicidad" que siempre ha tenido con Juan Carlos I.

Durante los minutos que han durado las retransmisiones, los telespectadores han podido ver una de las imágenes del día, las risas y los resoplidos nerviosos del novio a su llegada a la iglesia. "Genio y figura ¿no?" ha dicho el presentador de Telemadrid al ver al alcalde tan emocionado por su boda. También la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, tras saludar a Almeida se ha dirigido a saludar a los madrileños congregados en la calle Serrano. "Vamos a ver a la presidenta hacer algo que siempre hace que es acercarse a los madrileños", decía la presentadora, mientras desde el público gritaban "viva España" a la presidenta. Además de Ayuso, también han asistido muchos otros políticos de la plana mayor del PP, como el propio líder del partido, Alberto Núñez Fejóo, los exdirigentes madrileños Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón o el expresidente del Gobierno José María Aznar.

La retransmisión ha suscitado numerosas críticas, tanto desde la oposición como desde los usuarios de redes sociales. "Telemadrid le está dedicando más tiempo a la boda de Almeida que a las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. No hace falta añadir mucho más", decía una persona en X (antes Twitter). "Telemadrid interrumpe la emisión de toros para retransmitir la boda de Almeida. No hay anticaspa en toda la región que salve esta televisión pública", continuaba otra usuaria en la misma línea.

Otros han criticado el mal uso del dinero público que, en su opinión, lleva aparejada la retransmisión de la celebración: "Si eres de los que no llegas a final de mes, no olvides que el PP de Madrid se gasta tus impuestos en retransmitir la boda de Almeida en Telemadrid".

Las críticas de las redes sociales se suman a las que también hacía durante la retransmisión la líder de Podemos, Ione Belarra, que comparaba el enlace del alcalde con el de la hija de Aznar, en la cual algunos de los asistentes fueron acusados en diversos casos de corrupción durante los años posteriores. "El novio de Ayuso en realidad es su testaferro y la boda de Almeida es una reunión de contactos, incluido el emérito, como lo fue la boda de la hija de Aznar. El PP es una mafia, gobiernan para sus amigos que siempre meten la mano en la caja. Y todo retransmitido por Telemadrid", escribía en redes Belarra.

Además de la exministra, los partidos políticos de la oposición madrileña también se lanzaron a criticar a la televisión. "A la boda de Almeida se le suma un invitado de última hora: la televisión pública, que se pone al servicio de un evento privado, eso sí, lo pagamos tod@s", escribía en X la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Se sumaba así a las críticas de su partido, que calificaba de "vergüenza" el uso de la televisión pública para "retransmitir en directo un evento privado sin más interés informativo".

Por su parte, Más Madrid, el principal partido de la oposición en la capital, publicaba el viernes un meme en X donde reprochaban a Telemadrid no haber retransmitido la masiva manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada en la ciudad, pero sin embargo si destinar recursos a hacer lo propio con la boda de Almeida.

La secularización avanza sin freno. Con datos de 2018 del CIS en la mano, el 68,7% de los españoles se definen como católicos. Son casi 10 puntos menos que hace una década. Pero, de estos, más de la mitad, un 56,2% no van "nunca" a misa (si no contamos bodas, bautizos y comuniones). Hay resultados que apuntan a una secularización aún más frenética. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Tomando como referencia el CIS, la adscripción a las opciones de conciencia no religiosa –ateos, agnósticos, no creyentes– no para de crecer: 8,5% en 1980, 9,8% en 1990, 13,2% en 2000 y 27% en 2018, su máximo histórico. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%, casi 30 puntos más que en los mayores de 65 años. Es decir, que la religión va desapareciendo inexorablemente de los convencimientos íntimos de los españoles.

Ante estos datos se suele oponer que existe –y es cierto– una arraigada religiosidad popular, más cultural que espiritual, que es difícil de cuantificar y que incrementa la influencia de la Iglesia católica en España más allá de donde llegan los números de filiación. No obstante, hay indicios que indican también un relajamiento en la práctica social de los usos religiosos. Es fácil observarlo con las bodas y los nacimientos.

En ambos aspectos, matrimonio y maternidad, se ha detenido en su último informe la Fundación Ferrer i Guàrdia, un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. La conclusión que se extrae de su informe Laicidad en cifras: el retroceso de las bodas religiosas, acompañado por la cada vez mayor propensión a tener hijos fuera del matrimonio, demuestra que la posición de la Iglesia en la institución social de la que se dice principal valedora, la familia, ha quedado fuertemente minada.

  Maternidad: 46,79% fuera del matrimonio

Los nacimientos fuera del matrimonio no paran de crecer. Según los datos del Movimiento Natural de Población del INE, utilizados por el informe de la Fundación Ferrer i Guàrdia, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie, eran el 2,02%. La evolución sigue así:

– 1980: 3,92%.

– 1985: 7,96%.

– 1990: 9,6%.

– 1995: 11,09%

– 2000: 17,7%.

– 2005: 26,64%.

– 2010: 35,52%.

– 2015: 44,48%.

– 2017: 46,79% (último año del que hay datos).

El 46,79% es el porcentaje de todos los hijos nacidos en España fuera del matrimonio. El INE hace una distinción entre hijos de madres españolas y extranjeras. Las españolas dan a luz fuera del matrimonio más que las extranjeras: 48,14% frente a 41,08%.

En toda la serie, desde 1975, el porcentaje sólo ha bajado en 1994 con respecto a 1993, aunque de forma casi insignificante: del 10,75% al 10,74%. Todos los demás años ha subido. España está cerca de que más del 50% de sus bebés nazcan de madres no casadas.

  Matrimonio: La Iglesia, minoritaria

La Iglesia defiende un modelo de familia "tradicional", en el que la paternidad se retrase hasta después del matrimonio; de hecho, el sexo también debería retrasarse hasta después de pasar por el altar. Que casi la mitad de los niños que nacen en España lo hagan fuera del matrimonio demuestra el retroceso claro de su influencia.

A ello se suma que la boda religiosa está quedando arrinconada. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según una elaboración realizada por la fundación a partir de datos del INE. La serie histórica muestra una fuerte reducción del número de matrimonios religiosos, fórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta a la actual: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3% de los matrimonios eran religiosos. Han caído en 30,8 puntos en diez años. A la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 79,3%, 30 puntos más. De los matrimonios confesionales, cerca de un 97% siguen siendo católicos.

Los matrimonios son un indicador fiable del grado de secularización, porque constituyen una práctica fuertemente vinculada a lo que se podría llamar "religiosidad cultural". El paso por el altar suele marcar no sólo una adhesión a la Iglesia, sino también una voluntad de criar a la descendencia con una cierta vinculación con la institución y su campo de valores. La caída de las bodas religiosas, que además es una fuente de ingresos para las iglesias y parroquias, es común a todas las comunidades, pero no igual. Hay ocho autonomías con porcentajes de bodas religiosas por encima de la media:

– Extremadura: 31,5%.

– Castilla La Mancha: 30,2%.

– Andalucía: 28,7%.

– Región de Murcia: 26,6%.

– Aragón: 23,3%.

– Castilla y León: 22,1%.

– Comunidad de Madrid: 21,6%.

– Navarra: 20,4%.

Y nueve que están por debajo de la media:

– Cataluña: 9%.

– Islas Baleares: 10,4%.

– País Vasco: 11,1%.

– Cantabria: 13,1%.

– Canarias: 13,2%.

– Asturias: 15,6%.

– Comunidad Valenciana: 15,6%.

– Galicia: 18,3%.

– La Rioja: 18,6%.

La diferencia en el porcentaje de las bodas religiosas entre Cataluña (9%) y Extremadura (31,5%) asciende a 22,5 puntos.

  Un fenómeno imparable

El avance de la secularización no está impidiendo que la clave religiosa marque la dinámica política en España. Los posicionamientos de raíz católica están determinando la posición de PP y Vox en temas como la interrupción del embarazo y el fin de la vida. La Conferencia Episcopal ha pedido el voto para los partidos contrarios al aborto y la eutanasia, sin mencionar a PP y Vox. Y ambos partidos han convertido el catolicismo en seña de identidad política, incorporando el elemento religioso entre los rasgos definitorios del ser español. En paralelo, los datos reunidos en su informe por la Fundación Ferrer i Guàrdia nos muestran una sociedad que cada vez da más la espalda la Iglesia católica.

El fenómeno no es nuevo. El franquismo taponó por la fuerza un proceso de secularización que era previo a la Segunda República. Ya en democracia, la Conferencia Episcopal ha venido constatando su retroceso en la vida moral española en sus sucesivos planes pastorales. A la bajada de asistencia a misa se vienen sumando la pérdida de importancia de los sacramentos. Y, para colmo, hay una "extraordinaria escasez" de sacerdotes, como ha reconocido el propio Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. Hoy hay 6.117 sacerdotes menos que parroquias, según un informe publicado por Elindependiente.com.

No es fácil medir la religiosidad de una sociedad. Los sentimientos recónditos se resisten a la tipificación. Y además la formulación de la pregunta puede ser deteminante para obtener un resultado u otro. Con datos de 2018 del CIS en la mano, el 68,7% de los españoles se definen como católicos. Son casi 10 puntos menos que hace una década. Pero, de estos, más de la mitad, un 56,2% no va "nunca" a misa (si no contamos bodas, bautizos y comuniones). Hay resultados que apuntan a una secularización aún más drástica. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Son más de 30 puntos de diferencia entre el CIS y Win/Gallup. La coincidencia cualitativa es clara: la secularización avanza al galope. Pero su cuantificación es más complicada. Ahora bien, hay indicadores que son elocuentes, incluso más que la respuesta a una pregunta sobre adscripción religiosa. Por ejemplo, el porcentaje de bodas pasando por el altar.

El santo sacramento del matrimonio trae malas noticias para la Iglesia católica española La Fundación Ferrer i Guàrdia, un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, ha hecho este martes público su informe Laicidad en cifras 2018, en el que pone el foco –entre otros– en el porcentaje de matrimonios por tipología. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según una elaboración de la fundación a partir de datos del INE.

La tendencia ha sido a la reducción drástica del número de matrimonios religiosos, fórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3 de los matrimonios eran religiosos. Han caído en 30,8 puntos en diez años. A la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 79,3%, 30 puntos más. De los matrimonios confesionales, cerca de un 97% siguen siendo católicos.

Los matrimonios son un indicador fiable del grado de secularización, porque constituyen una práctica fuertemente vinculada a lo que se podría llamar "religiosidad cultural". El paso por el altar suele marcar no sólo una adhesión a la Iglesia, sino también una voluntad de criar a la descendencia con una cierta vinculación con la misma. La caída de las bodas religiosas, que además es una fuente de ingresos para las iglesias y parroquias, es común a todas las comunidades autónomas, pero no igual. Hay siete comunidades autónomas con porcentajes de bodas religiosas por encima de la media:

– Extremadura: 31,5%.

– Castilla La Mancha: 30,2%.

– Andalucía: 28,7%.

– Región de Murcia: 26,6%.

– Aragón: 23,3%.

– Castilla y León: 22,1%.

– Comunidad de Madrid: 21,6%.

– Navarra: 20,4%.

Y diez que están por debajo de la media:

– Cataluña: 9%.

– Islas Baleares: 10,4%.

– País Vasco: 11,1%.

– Cantabria: 13,1%.

– Canarias: 13,2%.

– Asturias: 15,6%.

– Comunidad Valenciana: 15,6%.

– Galicia: 18,3%.

– La Rioja: 18,6%.

La diferencia en el porcentaje de las bodas religiosas entre Cataluña (9%) y Extremadura (31,5%) asciende a 22,5 puntos.

Más de 20.000 niñas en el mundo son obligadas a casarse cada día sin haber alcanzado la edad mínima permitida por la ley, según revela una investigación de Save the Children con motivo del Día Internacional de la Niña.

Alrededor de 7,5 millones de niñas en todo el mundo se casan por obligación al año y cerca de 100 millones no están protegidas contra el matrimonio infantil por las leyes de sus países, según recoge el informe.

Save the Children ha indicado que más de dos tercios de los matrimonios infantiles tienen lugar por debajo de la edad permitida por la legislación nacional y ha explicado que cada vez hay más países que imponen barreras legales a este tipo de uniones, pero que su implementación supone todavía un gran desafío para los gobiernos.

La ONG ha señalado que la debilidad de las autoridades y la falta de conexión entre las leyes nacionales y las costumbres religiosas son las barreras más importantes a la erradicación del problema.

"Las leyes que prohíben esta práctica son un primer paso muy importante, pero millones de niñas vulnerables seguirán estando en peligro a menos que se aborde de forma contundente el problema del matrimonio infantil. Necesitamos cambiar la actitud de las diferentes comunidades para que podamos acabar con esta práctica tan dañina", ha manifestado la directora ejecutiva de Save the Children Internacional, Helle Thorning Schmidt.

África: el conteninente más afectado

La investigación indica que la mayor parte de los países con tasas altas de matrimonio infantil pertenecen a África, donde se celebran 1,7 millones de uniones de este tipo al año. Además, algunos países de la región se ven afectados por altas tasas de adolescentes embarazadas, en muchos casos consecuencia de la violencia de género o de la explotación.

"Tenía 15 años cuando conocí a mi marido. Ahora mismo no estoy muy feliz porque no tuve la oportunidad de hacer lo que quería en la vida y ahora estoy embarazada", manifestó en declaraciones a la ONG una adolescente que se casó en 2016 en Sierra Leona, Fatmata.

Save the Children ha exigido, de forma previa a una cumbre que abordará la cuestión en África en pocos días, que se tomen medidas urgentes para fijar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, sin ningún tipo de excepciones. Además, la ONG ha reivindicado la importancia de que las niñas consideren la escuela una alternativa real al matrimonio.

"No veremos un mundo donde las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades de tener éxito en la vida hasta que erradiquemos el matrimonio infantil. Cuando una chica se casa demasiado joven, se hace cargo en seguida de su papel como esposa y madre, lo que aumenta las probabilidades de que abandone la escuela, se quede embarazada o pueda sufrir cualquier tipo de abuso", ha denunciado Thorning Schmidt.

La población española registra de nuevo un saldo vegetativo negativo, con 256 defunciones más que nacimientos en 2016 y la edad para ser madre asciende a los 32 años. Tanto la natalidad como la mortalidad han bajado un 2,8% y un 3,2%, respectivamente, comparado con el año anterior, según los datos provisionales del Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística, publicado este jueves 22 de junio.

En 2016 en España nacieron 408.384 niños, es decir, 11.906 menos que el año anterior, la cifra más baja desde 2008la cifra más baja desde 2008, cuando se contaron 519.779 nacimientos, consolidándose así la tendencia a la baja iniciada ese año en el que se alcanzó el máximo en 30 años. Además, la tasa bruta de natalidad se situó en 8,8 nacimientos por cada mil habitantes, dos décimas menos que la registrada en 2015.

El número de nacimientos disminuyó en todas las comunidades autónomas durante 2016. Los mayores descensos respecto a 2015 se dieron en Castilla y León (-4,3%), Aragón (-3,8%) y Comunidad Valenciana (-3,7%).

A pesar de la reducción del número de nacimientos, el indicador coyuntural de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, se mantuvo en 1,33 en 2016. Entre las españolas, este dato se redujo una centésima (1,27), mientras que en las extranjeras aumentó cuatro centésimas (1,70).

La edad media para ser madre asciende de nuevo y se sitúa en los 32 años. En términos medios, las madres españolas (32,5 años) tuvieron sus hijos tres años más tarde que las extranjeras (29,6 años).

Menos muertes y más esperanza de vida

Durante 2016 fallecieron en España 409.099 personas, lo que supuso un 3,2% menos que en el año anterior y 8,8 defunciones por mil habitantes, frente a 9,1 de 2015. En concreto, la tasa de mortalidad infantil fue de 2,6 defunciones por cada mil nacidos vivos, una décima menos que en 2015, y se mantiene por debajo del umbral del 3 por mil desde 2013.

El número de defunciones disminuyó en todas las comunidades autónomas, salvo en la ciudad autónoma de Ceuta (1%), la Comunidad Foral de Navarra (0,7%) y en Galicia (0,1%). Los mayores descensos anuales de defunciones se registraron en Aragón (-6,1%), la ciudad autónoma de Melilla (-6,0%) y Castilla-La Mancha (-4,5%).

La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 2016 en 0,5 años y se situó en 83,2 años. Por sexo, en los hombres alcanzó los 80,4 años y en las mujeres se situó en 85,9 años, medio año más en ambos casos. De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 2016 espera vivir de media, 19,2 años más si es hombre y 23,1 más si es mujer.

Más bodas

La estadística del INE indica también que un total de 172.243 parejas contrajeron matrimonio en 2016, un 2,0% más que en el año anterior. La tasa bruta de nupcialidad aumentó una décima, hasta 3,7 matrimonios por mil habitantes.

La edad media al matrimonio mantuvo su tendencia creciente: 37,5 años para los hombres y 34,7 años para las mujeres. En el 15,2% de las uniones celebradas con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos era extranjero, mientras que un 2,5% del total de matrimonios registrados en 2016 correspondieron a parejas del mismo sexo (4.259).

Firmados en Roma poco después del referéndum constitucional de 1978 –previa negociación entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano, con Pablo VI como pontífice– los acuerdos entre España y el Estado de la Santa Sede son los que hacen que la Iglesia católica mantenga todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos jurídicos, económicos y educativos. También regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos. 

Estos acuerdos –que parten de la reforma, que no derogación, del Concordato nacionalcatólico de 1953– tienen naturaleza concordataria y, en consecuencia, son considerados un tratado internacional. Esto implica que el legislador español, al regular las cuestiones que recogen, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado. 

Sin embargo, parte de las prerrogativas o de la situación preeminente de la que sigue gozando la Iglesia católica en España en la actualidad deriva del acatamiento a la interpretación que la jerarquía eclesiástica ha hecho de esos tratados, que en ocasiones va más allá del escrupuloso respeto a su literalidad. Al menos, así lo corroboran los expertos consultados por infoLibre para la elaboración de este reportaje. Conviene recordar, además, que los citados acuerdos han sobrevivido indemnes –salvo alguna excepción– al paso de gobiernos de uno y otro color. Y aunque la disputa religiosa vuelve de vez en cuando, los cambios de calado se siguen haciendo esperar. 

El PSOE abrazó la laicidad como uno de los ejes de su programa para las elecciones de 20-D. Su programa electoral recogía la promesa de cambiar la Constitución para suprimir las menciones a la Iglesia y de denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Asimismo, aludía a la necesidad de buscar la autofinanciación de las organizaciones religiosas, así como de de eliminar su presencia en los centros educativos públicos. Las propuestas de Podemos era muy similares. En el pacto de Gobierno entre los socialistas y Ciudadanos se incluía la aprobación de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia y una revisión de los acuerdos para "buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica". 

Financiación 

Punto angular de las prebendas de la jerarquía es la financiación de sus actividades pues, sean o no católicos, todos los contribuyentes sostienen con sus impuestos a una religión concreta a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado "aconfesional". Además, tal y como recuerda Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y experto en financiación de la Iglesia, su autofinanciación –a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979– no deja de ser una utopía.

En 2016, según se recoge en los Presupuestos Generales, el Estado entregará cada mes a la Iglesia católica 13,2 millones de euros (158,4 en total este año) a cuenta de la asignación tributaria mediante el IRPF. No obstante, la cantidad total que recibirá este año por esta asignación, que se complementa con la liquidación de lo recaudado el año anterior, será de alrededor de 250 millones. Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Así, los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta el 100% de su cuota fiscal a Hacienda.

Cerca del 80% de esos 250 millones de euros los dedica la jerarquía a sostener su estructura, el culto y el clero. Ahí va incluido, por ejemplo, el pago de la seguridad social de sacerdotes y religiosos, la retribución de los obispos o el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esta semana, el diario El País publicó detalles de las cuentas de 2013, según las cuales la Iglesia católica incluyó en la partida de "actividades pastorales nacionales" una partida de seis millones de euros dedicada a financiar la cadena de televisión 13TV, campañas contra el aborto (162.522 euros) o beatificaciones (100.000 euros). 

Fiscalidad 

El catedrático Alejandro Torres señala que, desde un punto de vista histórico, lo que más llamó la atención durante años fue el hecho de que la Iglesia no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales como consecuencia de una "aplicación extensiva" de los acuerdos. Este privilegio se resolvió en 2006 para cumplir con una airada exigencia de la UE, que llevaba tiempo reclamándolo porque suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal.

De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia. No obstante, esta modificación se produjo a cambio de un incremento del porcentaje del IRPF que pueden dedicar los ciudadanos de forma voluntaria a la Iglesia, que pasó del 0,52% al 0,7% actual. "La Iglesia pasó de recaudar 144 millones a 250", señala Torres. 

Los obispos sí mantienen el descargo del IBI, algo que Torres considera "lógico" en el caso de los templos porque allí "se ejerce un derecho fundamental", pero no en las viviendas de los ministros de culto y los huertos y jardines de titularidad eclesiástica. Los autores y asociaciones laicistas, citados por Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI.

Por otro lado, pagar una entrada por acceder a visitar catedrales y basílicas españolas es casi la norma en España. Acceder a esas instalaciones tiene un precio y, si no se paga, no se entra. Sin embargo, estas transacciones no están sujetas a tributo alguno y en las localidades no suele constar la palabra precio ni el desglose del IVA. Estos ingresos permanecen ocultos a la Hacienda Pública –que no recauda nada por ellos– y a cualquier inspección por parte del Estado. En este sentido, Torres considera que sería oportuno abrir un debate "sereno" sobre si sería oportuno someter a un gravamen estas actividades "mercantiles y no religiosas" y que sí entrañan un lucro. 

También la conservación del patrimonio trasciende a los acuerdos. Por ejemplo, sólo 510.261 euros de los 22,16 millones ya asignados para las obras de reforma de la catedral de Santiago proceden de aportaciones de fieles o mecenas. Aunque el cabildo lo justifica porque no se cobra entrada y asegura que la catedral aporta el 30% del PIB turístico de Galicia. El catedrático Alejandro Torres no es tan crítico con el hecho de que el Estado financie la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico porque trasciende al hecho religioso, si bien considera que quizá habría que plantearse si el Estado es "igual de generoso" con otras confesiones.

Educación 

A lo largo de la historia democrática, los obispos también han intentado tomar la base de los acuerdos con la Santa Sede para imponer sus tesis en materia educativa. En este punto, la asignatura de Religión –y, de forma más concreta, su carácter evaluable y su materia alternativa fuerte– ha sido motivo de polémica. El Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales recoge que "los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". De este precepto se sirvió la jerarquía para reclamar al PP que la materia confesional contara para la media y para acceder a becas, una prerrogativa eliminada con la LOGSE en 1990, y a la que los conservadores dieron pábulo en la llamada ley Wert. 

La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. Además de lo mencionado anteriormente, esta ley también blinda los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Y prevé que las autonomías tengan en cuenta la "demanda social" a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública, y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos.

Movimientos de base como Redes Cristianas también se muestran críticos con el papel de la religión confesional en las aulas. Uno de sus portavoces, el teólogo y sacerdote Evaristo Villar, considera que el catecismo debería estar fuera de los centros educativos financiados con fondos públicos. A su juicio, sí sería interesante implantar una asignatura en la que se estudiara el hecho religioso desde una perspectiva científica dentro de un modelo cultural-no confesional, tal y como se hace en países como Finlandia, Suecia o el Reino Unido. El contenido de esta materia debería estar determinado por las autoridades educativas y sus docentes deberían tener un estatus académico equivalente al del resto del profesorado, no como ocurre ahora, que son seleccionados por la Conferencia Episcopal.

Villar también se muestra muy crítico con los centros educativos ultracatólicos que segregan a los niños en las aulas en función de su sexo y que reciben fondos públicos para su mantenimiento. "Es una discriminación que va en contra de cuestiones fundamentales del mundo en el que vivimos, no tiene sentido alguno", señala.  

Simbología religiosa 

La congelación del proyecto de Ley de Libertad Religiosa por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aparcó también la posibilidad de regular de forma expresa el establecimiento de símbolos religiosos en instituciones públicas o la participación de autoridades en actos religiosos, como pueden ser las procesiones de Semana Santa. En este sentido, España sigue sin legislar, por ejemplo, sobre los crucifijos en las escuelas públicas que, aunque minoritarios, son los que más polémica han creado en los últimos años.

Y tampoco lo ha hecho en el caso de los hospitales o los aeropuertos, donde la presencia de símbolos religiosos institucionales es "contraria al principio de laicidad" porque puede "propiciar la confusión entre los fines religiosos y los fines públicos o porque de su exhibición exclusiva pueda inferirse una cierta desigualdad respecto al resto de creencias o afectar a la sensibilidad de quienes no profesan ninguna", señala Fernando Amérigo, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense.

Por otro lado, la manera en que el hecho religioso está presente en determinadas ceremonias que tendrían que tener un carácter civil en el seno de un Estado aconfesional es otro de los signos de confesionalismo que de forma más clara perviven en la sociedad española. Por ejemplo, no resulta extraño ver a ministros jurando su cargo ante un ejemplar de la Constitución, un crucifijo y una Biblia. Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, recuerda que ni la simbología en instituciones públicas ni estas actuaciones de responsables públicos están avaladas por los acuerdos suscritos con la Santa Sede. A su juicio, responden más a una cuestión de "usos y costumbres" que debería regularse en base al principio de aconfesionalidad y mediante el respeto a la libertad religiosa y de conciencia. 

Valero atribuye a una "falta de voluntad política" el hecho de que estos aspectos no se hayan regulado, especialmente por parte del PSOE, que ha sido el partido que los ha reivindicado cuando ha estado en la oposición, pero que ha sido incapaz de ponerles freno cuando ha estado en el Gobierno. 

Sumando-Hemen Gaude, la marca de Podemos en Vitoria-Gasteiz,  denunció este miércoles el "favoritismo" que supone que la boda de portavoz municipal del PP y vicesecretario nacional del partido, Javier Maroto, se celebre un viernes y no un sábado, día de la semana fijado en el consistorio para oficiar matrimonios. El exalcalde se casa este viernes por la tarde en el consistorio, en una ceremonia civil a la que asistirá como invitado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En un comunicado, critica que Maroto "eche mano de su estatus" para poner el consistorio "a su disposición y poder casarse un viernes por la tarde y no un sábado". Esta formación preguntó si ha sido el actual alcalde, el nacionalista Gorka Urtaran, el que dio el visto bueno, y reclamó que todos los gastos que se deriven de la apertura del edificio consistorial el viernes por la tarde corran a cargo de Maroto.

Según el Ayuntamiento de Vitoria, el día establecido para estos enlaces que ofician los concejales es el sábado, en horario de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 19.30 horas. Pero existen excepciones. 147 bodas se han celebrado en los últimos años fuera de las horas determinadas por el decreto que las regula. De esas 147 ceremonias, 11 no se oficiaron en sábado.

El Tribunal Supremo ha ordenado a un hombre que continúe pagando una pensión compensatoria a su exmujer a pesar de que el Obispado de Málaga declaró la nulidad de matrimonio, según informó Europa Press.

En una resolución hecha pública este sábado el alto tribunal explica que el afectado se divorció de su esposa en 2005 y fijó con ella de común acuerdo el pago de una cantidad de 600 euros mensuales.

Cuatro años después de la separación, la Iglesia decidió concederle la nulidad matrimonial por "falta de grave discreción de juicio en el esposo", es decir, por desconocimiento de los deberes que implica casarse. La resolución canónica obtuvo, meses después, eficacia civil.

El divorciado solicitó, un año después, que se le dispensara de continuar pagando esta cantidad debido a que el Código Civil solo prevé que exista compensación en casos de divorcio y separación.

La resolución precisa que fue el marido quien instó el divorcio y que se mostró conforme con la pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino a los eclesiásticos para postular la nulidad.

El error

No obstante, cometió un error fundamental que le obligará a continuar abonando los 600 euros mensuales acordados: no reclamó la adopción de medida ninguna y siguió pagando la pensión durante un año.

"Aceptó la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior", dice la sentencia.

A pesar de la aconfesionalidad que consagra la Constitución, en las diferentes estructuras del Estado español persisten todavía claros signos de confesionalismo. Pueden verse en centros educativos, en la simbología que persiste en instituciones o actos públicos, en los beneficios ante el fisco que tienen las confesiones religiosas, en las tomas de posesión de representantes políticos o en los actos litúrgicos, casi siempre católicos, en los que participan funcionarios y también representantes de las diferentes administraciones del Estado. 

La laicidad, entendida como neutralidad o convivencia dentro de un espacio común en el que se puedan ver representados creyentes y no creyentes y no como acoso al hecho religioso, tiene por delante más de un desafío en España. Con la ayuda de analistas y expertos en la materia, infoLibre resume en este reportaje algunos de los retos con los que cuenta la agenda laicista española, una agenda en la que no se puede obviar la tradicional posición dominante que en el ámbito de la moral ha ejercido la Iglesia católica. 

01. La influencia de la religión en las aulas

La aconfesionalidad del Estado tiene una de sus principales fugas en los centros educativos. El exdiputado socialista y catedrático de Filosofía Política de la UNED Antonio García Santesmases recuerda que esta situación tiene su origen en la redacción de la Constitución, donde la Iglesia católica centró sus esfuerzos en el campo de la escuela y en el ámbito de la familia. A su juicio, en relación a la enseñanza logró ver recogidos sus principios en el artículo 27 de esta norma, en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede y en la elaboración de las distintas leyes educativas.

La escuela sostenida con fondos públicos es uno de los ámbitos donde la Iglesia católica más acrecienta su influencia. La ley educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. Además, hay más de 3.000 profesores de religión que son seleccionados por las autoridades eclesiásticas pero pagados por el Estado.

Frente a esta situación, los expertos apuestan por una enseñanza del hecho religioso desde la aconfesionalidad. "No es buena la situación actual donde al alumno sólo le cabe elegir entre aceptar la enseñanza confesional o caer en la más supina ignorancia", añade Santesmases. A su juicio, el ejemplo en este punto está en la Universidad donde, dice, "a nadie se le pasa por la cabeza" que la historia de las religiones sea impartida por catequistas, sino por expertos en historia o filosofía. "Si no resolvemos el tema de los Acuerdos [con la Santa Sede, firmados en 1979] iremos hacia un multiculturalismo que nada tiene que ver con el laicismo". 

Otro asunto a tener en cuenta son los conciertos con centros de la Iglesia católica que se pusieron en marcha en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, siete de cada diez alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso. "El gran triunfo de las fuerzas eclesiásticas consiste en haber logrado que el papel del Estado en la enseñanza sea en muchas ocasiones subsidiario y que el protagonismo corresponda a la iniciativa privada confesional subvencionada. Pasados los años hemos asistido a una degradación de la enseñanza pública y a una expansión de la enseñanza privada concertada. Estos centros responden a un ideario confesional al que se tienen que subordinar todos los miembros de la comunidad educativa. En estos centros la libertad de cátedra se tiene que someter al dictado de los propietarios del centro, del ideario que le da sentido", señala García Santesmases. 

02. Simbología religiosa en instituciones públicas 

La congelación del proyecto de Ley de Libertad Religiosa por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aparcó también la posibilidad de regular de forma expresa el establecimiento de símbolos religiosos en instituciones públicas. España sigue sin legislar sobre los crucifijos en las escuelas, que, aunque minoritarios, son los que más polémica han creado en los últimos años. Fernando Amérigo, profesor de Derecho eclesiástico del Estado y director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, cree que sería importante acabar con la "dispersión normativa" que existe en este ámbito. Y destaca que el modelo de relación entre el Estado y las diversas comunidades ideológicas y religiosas tiene influencia sobre la solución legislativa con la que debería abordarse en el asunto del crucifijo.

En este sentido, Amérigo señala que en los centros escolares públicos los símbolos religiosos católicos no deberían permitirse, aunque sí los símbolos personales que utilizan las personas para manifestar su adhesión a una determinada creencia ideológica o religiosa como puede ser el velo. En los centros concertados, Amérigo apuesta por dejarlo completamente en manos de los jueces. No obstante, este profesor entiende que otros elementos como adornos de Navidad o belenes sí pueden mantenerse al estimar que, junto a su significado religioso, concurren otros elementos relacionados con la historia, la tradición o la cultura. 

A su juicio es distinto, por ejemplo, el caso de los hospitales o los aeropuertos. La presencia de símbolos religiosos institucionales en estos edificios es "contraria al principio de laicidad" porque puede "propiciar la confusión entre los fines religiosos y los fines públicos o porque de su exhibición exclusiva pueda inferirse una cierta desigualdad respecto al resto de creencias o afectar a la sensibilidad de quienes no profesan ninguna". No obstante, cree que los símbolos religiosos sí podrían mantenerse, sin colisionar con este principio, siempre que estén en aquellas partes de los edificios destinadas al culto privado. Se entiende que a esos emplazamientos nadie se ve obligado a asistir y su exhibición sólo se produce ante aquellas personas que eligen libremente utilizar este servicio. No obstante, cree que sí tendrían que retirarse símbolos ornamentales como cuadros, estatuas, objetos expuestos en la pared siempre que impliquen o puedan suponer confusión entre religión y Estado.

03. Actuación de funcionarios y cargos públicos

La manera en que el hecho religioso está presente en determinadas ceremonias que tendrían que tener un carácter civil en el seno de un Estado aconfesional es otro de los signos de confesionalismo que de forma más clara perviven en la sociedad española. No resulta extraño ver a ministros jurando su cargo ante un ejemplar de la Constitución, un crucifijo y una Biblia. Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, cree en las tomas de posesión deberían evitarse tanto los símbolos religiosos como la utilización del "juramento o promesa", que revela la opción de conciencia de quien accede al cargo.

Es decir, debería llevarse a cabo a través de protocolos conformes al principio de aconfesionalidad y mediante el respeto a la libertad religiosa y de conciencia de las personas que vayan a ocupar esos cargos. La fórmula que a día de hoy simboliza el compromiso de los servidores públicos con el Estado se incluye en un real decreto que alude al hecho de "jurar o prometer por la conciencia o el honor las obligaciones del cargo". Esta norma no excluye expresamente la presencia de símbolos religiosos en las tomas de posesión, pero tampoco prevé su existencia. No obstante, el Tribunal Europe de Derechos Humanos sí ha dictaminado que la presencia de símbolos religiosos en los actos de toma de posesión de cargos o funcionarios públicos vulnera la libertad de conciencia y va contra el principio de laicidad. Lo hizo en 1999, cuando condenó al pequeño estado de San Marino por haber obligado a sus parlamentarios a jurar el cargo sobre los evangelios católicos.

La participación de autoridades o instituciones públicas en entidades religiosas también le resulta "atípica" a Torres. Cree que la confusión entre Estado y religión es "incontestable" en el caso de que un ayuntamiento o una institución pública como puede ser la Guardia Civil pertenezca como miembro de pleno derecho a una cofradía o una asociación de fieles. En este sentido, califica de "dudosa constitucionalidad" el hecho de que existan figuras como la de obispo general castrense, un cargo designado por el rey, en el organigrama de las Fuerzas Armadas. 

Marta García Alonso, profesora del departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED, cree que, en este punto, es importante hacer una distinción entre funcionarios y representantes públicos. Considera que en el caso de los primeros se podría discutir una dispensa en el tiempo de trabajo para asistir a actos religiosos como procesiones o misas en virtud de la libertad de conciencia y siempre de forma voluntaria. Sin embargo, es tajante en el caso de los políticos, pues representan a toda la ciudadanía al margen de una u otra creencia. "En este segundo caso haría una separación radical. Los políticos no deberían asistir, en representación de su cargo, a ningún tipo de manifestación de tipo confesional. Otra cosa es lo que cada uno haga en la esfera privada", sentencia. 

04. Ceremonias de Estado de carÁcter religioso 

Los expertos consultados también consideran que sería pertinente regular los actos oficiales que son acompañados de ritos religiosos como los funerales de Estado u otros actos de las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad. "Los funerales de Estado son una cosa ancestral. Lo hemos vuelto a ver de forma reciente con la muerte de Suárez o el aniversario de los atentados de Madrid. Se hizo un funeral de Estado en el 11-M y se ha vuelto a hacer diez años después. Habría que avanzar hacia ceremonias de tipo civil en las que se recoja la pluralidad también en estos actos de despedida", señala Santesmases. En este sentido, recuerda el homenaje civil que los vecinos de Angrois dieron en el parque de Bonaval a las 79 personas que perdieron la vida el pasado 24 de julio en el accidente del Alvia.

Asimismo, Santesmases considera que debería quedar prohibida la participación de instituciones militares en desfiles de carácter religioso como el Corpus Christi en Toledo, donde la banda de música de la Academia de Infantería suele tocar el himno nacional durante la salida de la custodia de la catedral. No obstante, una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1996 señala que una manifestación de este tipo no es un acto de naturaleza religiosa con participación militar, sino un acto militar destinado a la celebración, por personal militar, de una festividad religiosa. 05. Beneficios ante el fisco 

Alejandro Torres recuerda que, en España, las diferentes entidades religiosas gozan de determinados privilegios ante el fisco. La Iglesia católica –en virtud del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979– está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. En 1992 ese privilegio se amplió al resto de congregaciones religiosas. Los autores y asociaciones laicistas, citados por Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado recientemente Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la laicidad 2012, rebaja esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales.  

Además, hasta el 1 de enero de 2007 los obispos estaban exentos de pagar el IVA en las operaciones comerciales, aunque este privilegio se eliminó en 2006 para cumplir con la airada exigencia de la UE. De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio llegó antes de que tuviera lugar la respuesta de la Justicia. Los obispos sí mantienen el descargo del ICIO, el impuesto municipal por hacer obras. "Desde el punto de vista de un Estado aconfesional son figuras de dudosa constitucionalidad. Lo que habría que preguntarse es si un sistema de tratados internacionales es el mejor sistema para regular la relaciones del Estado con las congregaciones religiosas. Este modelo merma la soberanía del Parlamento porque su revisión tiene un coste político que hasta ahora nadie ha estado dispuesto a correr", añade Torres. Asimismo, recuerda que las confesiones religiosas también gozan de los mismos beneficios fiscales que las organizaciones sin ánimo de lucro y determinan las leyes generales de mecenazgo.

06. Financiación con dinero público 

El catedrático Alejandro Torres, experto en temas relacionados con la fiscalidad y la financiación de las congregaciones religiosas, recuerda que en España la católica es la única creencia que está subvenciobnada por el Estado. Según se recoge en los Presupuestos Generales, 159,6 millones de euros de dinero público irán a parara a la jerarquía en 2014 como anticipo del IRPF, aunque la cantidad total que recibirá este año por esta asignación se complementará con la liquidación de lo recaudado el año anterior y rondará los 250 millones. Este dinero es el que emplea para pagar a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero. Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%.

Además, según Europa Laica la Iglesia católica recibirá dinero público por otros conceptos. Según esta organización las principales asignaciones serán las siguientes: conciertos de la escuela católica (4.000 millones); asistencia sanitaria y obra social (2.800 millones); exenciones tributarias (2.500 millones); mantenimiento del patrimonio (700 millones).

Además, a ello hay que sumar al menos otros 120 millones que, siempre según Europa Laica, la Iglesia recibirá a través de la X de "otros fines sociales", de la que se benefician ONG católicas como Cáritas o Manos Unidas. Por su parte, la Fundació Ferrer i Guàrdia, en el Anuario de la laicidad 2012 publicado en mayo de ese año, estima que la Iglesia católica recibe una cantidad que oscila entre los 8.000 y los 9.000 millones de euros al año.

07. Apostasía 

Colectivos como Europa Laica consideran que el derecho a la eliminación de la pertenencia a una iglesia, confesión o comunidad religiosa es otro de los retos que tiene por delante el laicismo en España. "La libertad de conciencia también comprende el derecho a abandonar creencias y grupos sin ningún tipo de requisitos ni cortapisas, cuando lo considere oportuno", señala su presidente, Francisco Delgado. Actualmente, en el caso de la Iglesia católica, la apostasía depende del obispado concreto donde se reside, que es el encargado de tramitarla. Y sólo conlleva una anotación marginal en el libro de bautismo con la fecha de haber apostatado, sin que se eliminen todos los datos, pues hay una sentencia del Tribunal Supremo que considera libros históricos y no bases de datos los Libros de Bautismo y, por tanto, no obliga al borrado.  

"Impedir el ejercicio de este derecho no es sino una especie de secuestro de identidad que debería incluso ser perseguido penalmente. En tiempos pasados el bautismo de los recién nacidos en el Estado español constituía una obligación cuyo incumplimiento inhabilitaba para el disfrute de derechos ciudadanos como la escolarización u otro tipo de ayudas familiares, por lo que el acto de bautizar a los niños era algo que nadie cuestionaba", añade. La abortada Ley de Libertad Religiosa que en su momento abordó el PSOE –y acabó metiendo en un cajón– aludía, por ejemplo, a que para respetar el derecho de toda persona a no ser obligada a pertenecer a una iglesia habría de "facilitarse" la inscripción marginal sobre la decisión actual de pertenencia, previa solicitud formal por parte del interesado. 

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado este año por primera vez los datos de su recaudación vía IRPF desglosados por comunidades autónomas. En esa nueva estadística territorializada [puede consultarse íntegra aquí] destaca especialmente el caso de Cataluña, pues en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2012 sólo el 19,95% de los residentes en esa comunidad marcaron la X en la casilla correspondiente para el sostenimiento de la institución católica. Fueron en total 696.755 declarantes. La media de todas las autonomías se sitúa en el 34,87%, una cifra que se ha mantenido estabilizada en los últimos años. De hecho, desde 2007, sólo ha aumentado 0,49 puntos.

Por detrás de Cataluña en la lista de autonomías que lideran el rechazo a financiar a la Iglesia a través del IRPF está Galicia, donde sólo el 27,69% de sus contribuyentes marcaron esta casilla, y Canarias, donde lo hicieron el 28,71%. En Gipuzkoa el porcentaje se quedó en el 29,1%. El resto de autonomías que están por debajo de la media son Baleares (30,40%), Euskadi (31,87%), Asturias (32,15%) y la Comunitat Valenciana (32,66%). En el otro extremo se sitúa Castilla-La Mancha, donde casi la mitad de sus contribuyentes (48,64%) apostaron en la declaración de 2012 por contribuir a la financiación de la Iglesia católica. Le siguen Murcia (47,14%), Extremadura (46,17%) y La Rioja (45,65%). 

La autofinanciación de la Iglesia católica –a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979– sigue aparcada. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 preveían que el Estado abonaría 159,6 millones de euros a la jerarquía como anticipo del IRPF. Esa cantidad se complementará con la liquidación de lo recaudado en la declaración de la renta de 2012 –realizada en 2013– y alcanzará los 249 millones de euros. Esta cifra está por encima de los 247 que recibieron los obispos el año anterior. Este dinero es el que se utilizan los católicos para pagar a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero, si bien los Presupuestos no recogen la partida global. Colectivos laicistas elevan esta cantidad hasta los 11.000 millones incluyendo exenciones fiscales o conciertos educativos. 

Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%. En 1987 el Gobierno de Felipe González fijó la asignación en el 0,53%. El de José Luis Rodríguez Zapatero la amplió en 2006 al 0,7% a cambio de que la Iglesia pagara el IVA. No obstante, la Iglesia mantiene otras exenciones –IBI, impuestos de sucesión, donaciones o transmisiones patrimoniales–, aunque no sean exclusivas de esta institución y se extiendan a fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG, federaciones y asociaciones sin fines lucrativos.

Aunque con excepciones, este nuevo dato territorializado sobre la financiación vía IRPF arropa otras referencias que, en los últimos años, ya han ido apuntando hacia un proceso secularizador que tiene más fuerza en algunas zonas del país. Es el caso por ejemplo de las bodas civiles. Cataluña lidera aquí también la apuesta por los matrimonios que no se llevan a cabo siguiendo el rito católico. Otro asunto llamativo es el de la demanda de clases de catolicismo en centros educativos públicos. En este punto, Cataluña, País Vasco y Baleares aparecen según los últimos datos publicados entre las autonomías en las que menos estudiantes eligen cursar esta materia. 

caída en la Demanda de la materia de Religión

La educación sigue siendo uno de los aspectos bajo el que la Iglesia católica sigue intentando mantener su influencia. A pesar de que la nueva ley educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte, la demanda de esta asignatura experimenta un progresivo descenso. De hecho, en la última década la cifra de alumnos matriculados en centros públicos ha descendido 14 puntos en Primaria, 17 en Secundaria y 23 en Bachillerato. 

En este punto Cataluña también lleva la delantera. Según el último Anuario Estadístico publicado por el Ministerio de Educación, sólo un 23,2% de los alumnos de centros públicos de Primaria en esta comunidad escogieron en el curso 2011-2012 la asignatura de Religión católica. Es la comunidad en la que hay menos demanda de esta materia. Le siguen País Vasco (30,5%) y Baleares (55%). A mayor distancia, aunque también por debajo de la media nacional de alumnos matriculados en clases de catolicismo, se sitúan Madrid (60,3%), Comunitat Valenciana (60,5%) y Navarra (62,2%).

Es llamativo el hecho de que ni Galicia ni Canarias, donde menos del 30% de sus habitantes deciden financiar con sus impuestos a la Iglesia católica, aparezcan por debajo de la media del porcentaje de alumnos que opta por estudiar Religión en sus primeros años de formación, que se sitúa en España en el 65%. En cambio, un 83,8% de niños canarios y un 75,2% de los gallegos recibe clases de Religión. 

En el caso opuesto están Extremadura (con un 89,6% de alumnos), Andalucía (85,9%) y Canarias (83,8%), que lideran las comunidades con mayor porcentaje de escolares de centros públicos que cursan la asignatura de Religión. En Secundaria, donde los porcentajes de matrícula en Religión caen significativamente, Cataluña (con un 9,2% de alumnos matriculados en esta asignatura), Baleares (13,5%) y Euskadi (19,5%) repiten como autonomías con menos estudiantes que optan por esta materia.

declive de las bodas católicas

Otro de los aspectos que ejemplifican bien cómo España camina de manera lenta aunque constante hacia la secularización es la pérdida de supremacía de la Iglesia en una práctica tan ligada a la tradición católica como es el matrimonio. En 2012 sólo el 37,2% de las bodas celebradas se hicieron siguiendo los ritos católicos. El 62,3% fueron ceremonias exclusivamente civiles. 

En 2005, las bodas civiles superaron por primera vez a las católicas en Cataluña. Entonces, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), representaban ya más del 54% del total. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) afianzan con fuerza esta tendencia. En 2012 se celebraron en Cataluña 26.509 bodas, de las que sólo 5.360, es decir, un 20,22%, se hicieron siguiendo el rito católico. Las uniones civiles fueron 20.925, un 78,94% de todas las celebradas. En este punto destacan por ejemplo los casos de Barcelona (19,4%) y Girona (19,8%), donde el número de enlaces católicos se sitúa al nivel de Ceuta (19,7%) y Melilla (18,4%), ciudades que cuentan con importantes comunidades musulmanas. En Baleares, que también está por debajo de la media en cuanto a financiación de la Iglesia católica vía IRPF, las bodas canónicas sólo fueron el 21% de todas las celebradas durante 2012. Le sigue Canarias, donde fueron el 27,75%. En el País Vasco la deriva es similar, en 2012 sólo el 30,6% de las bodas fueron católicas. 

En el otro extremo, Jaén es la provincia en la que, en porcentaje, más uniones católicas se celebraron en 2012, el último año del que hay datos disponibles. Fueron el 64,9% del total. Le siguen Córdoba (63,9%), Badajoz (59,5%) y Ciudad Real (59,6%). 

La deriva es lenta, sí. Pero también constante. Y a la luz de los datos, España es un país que camina hacia la secularización. Aunque el catolicismo sigue siendo hegemónico, el número de españoles que dice profesar esta religión ha ido disminuyendo en los últimos años. Las encuestas muestran cómo se ha ido acelerando la desafección de los ciudadanos hacia esta religión. El 70,6% de los españoles se declararon católicos en noviembre de 2013, frente al 82,1% que lo hacían en 2001, lo que muestra casi 12 puntos de caída en 12 años según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Más datos: uno de cada cuatro españoles se declara ahora no creyente o ateo.

Asimismo, las encuestas reflejan también una fuerte caída en la asistencia a celebraciones religiosas. Más de la mitad de los que se consideran creyentes (60%) señalan que "casi nunca" asisten a oficios religiosos sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social como bodas, comuniones o funerales. Y sólo el 13,4% dicen ir a misa casi todos los domingos y festivos. Hace cinco años, esa cifra era 6,5 puntos mayor. Y hace 25, en 1988, el 33% de los que se decían creyentes iban a la iglesia al menos una vez a la semana, según recoge Alfonso Pérez-Argote en el libro Cambio religioso en España. 

Las causas de la secularización son variadas. Pero en esa tendencia que ya ha comenzado a quitarle a España la etiqueta de reserva espiritual de Occidente tiene mucho que ver, coinciden los expertos consultados, el alejamiento de los jóvenes, pues el 52% de los españoles de entre 15 y 29 años ya no se considera católico. "La influencia de las tradiciones persiste, pero de manera más diluida. Es muy posible que haya gente que tiene valores afines a la Iglesia pero que no se declara claramente católica. Se ha creado una situación de círculo vicioso en la que al haber menos vocación entre los jóvenes también entran menos visiones diferentes dentro de la Iglesia", señala Juan J. Fernández, profesor visitante de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Kerman Calvo, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca e investigador de un programa paneuropeo de religión y política, cree que sí ha habido una "transformación radical" entre los jóvenes, que ya no son "culturalmente católicos". Sin embargo, Calvo cree que esta tendencia secular es lenta y que incluso el alejamiento de esta generación de entre 18 y 24 años que ahora se ve lejos de la Iglesia se revertirá cuando abandonen su etapa de rebeldía y empiecen a configurar su propia vida de forma independiente o a formar una familia y adopten actitudes más conservadoras. El teólogo Juan José Tamayo no comparte esta visión. Considera que la "increencia" generalizada entre los jóvenes es "irreversible" y que el hecho de que no existan las presiones ambientales, educativas o sociales de antaño hará que estos, cuando lleguen a la adultez, no se acerquen a la Iglesia. 

Tampoco comparte el análisis de Calvo el profesor Juan J. Fernández, que no cree que este proceso de secularización sea patrimonio exclusivo de la juventud. "El proceso de secularización empieza en el siglo XIX y afecta a la población española en su conjunto, no sólo a los jóvenes. Hay más tolerancia respecto a temas como la homosexualidad, el divorcio o las relaciones fuera del matrimonio al tiempo que la Iglesia católica mantiene posiciones muy inmovilistas", añade Fernández. De hecho, el rechazo a algunos postulados de la Iglesia es ya mayoritario en España. Según datos del último macrosondeo del CIS sobre religión, elaborado en 2008, el 51.6% apoya las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o el 58.9% defiende el aborto en caso de anomalías fetales. 

Además de este fenómeno de alejamiento vinculado especialmente a los jóvenes, el teólogo Juan José Tamayo también apunta otras causas como el proceso de secularización de todo Occidente al que España se apuntó, con gran celeridad, en el postfranquismo. Con la muerte del dictador acabó también el catolicismo obligatorio. Los fieles redujeron su compromiso y las iglesias comenzaron a vaciarse. España pasó de ser un país católico a ser un país de cultura católica. "La secularización genera un proceso de increencia que acerca a las personas al ateísmo, el agnosticismo o la indiferencia religiosa. Ya no existen las condiciones de siglos pasados para reforzar las creencias, es una opción cada vez más personal", amplía Tamayo. 

Entre los factores que explican este alejamiento, los analistas también coinciden en resaltar la "lejanía" con la que jerarquía católica es percibida por gran parte de la población. "Influye el comportamiento poco solidario de la Iglesia católica, muy preocupada por defender sus dogmas, principios morales y privilegios. Estamos ante un modelo de Iglesia distinto del movimiento igualitario de hombres y mujeres que puso en marcha Jesús", señala Tamayo, que vincula este proceso con el fenómeno de la apostatasía como "renuncia pública a la creencia religiosa". 

En este contexto, políticas laicistas del anterior Gobierno socialista como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el apoyo a la diversidad familiar, la agilización del divorcio o la ley de plazos del aborto dieron también un empujón a "grupos de corte neointegrista más preocupados por la evangelización a través del poder y por la espiritualidad personal que por la dimensión social", tal y como los define Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea. Se trata de organizaciones nacidas entre el segundo y el tercer cuarto del siglo XX, pero que se han desarrollado en las últimas cuatro décadas.

Opus Dei, Legionarios de Cristo, Camino Neocatecumenal son algunos de los grupos a los que se refiere López Villaverde y en los que la Iglesia se apoya para movilizar a los católicos con el altavoz de un sector mediático afín y el amparo de asociaciones religiosas del ámbito educativo como la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa). Grupos como los kikos –así se conocen los miembros del Camino Neocatecumenal, en honor al nombre de su fundador, Kiko Argüello–, dice Calvo, han cambiado radicalmente las dinámicas dentro de la Iglesia. "Es un movimiento social muy poderoso en un momento de incertidumbre como el actual que ha importado las protestas a la americana y ha sido capaz de sacar a la jerarquía a la calle, un lugar en el que los obispos nunca se han sentido cómodos", señala. 

La realidad es que a pesar de que la España de hoy es la menos católica de la historia, los obispos no solo mantienen sino que acrecientan bajo el actual Gobierno su influencia en aspectos como la educación, el concepto de familia tradicional o la limitación de los derechos civiles. Y eso a pesar de que el 53.6% de los españoles creen que las autoridades religiosas no deberían influir en las decisiones del Gobierno, según el CIS. El borrador de la nueva ley del aborto, más restrictiva que de la de 1985 porque elimina el supuesto de malformación además de eliminará la libre interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, es buen ejemplo de cómo la jerarquía mantiene sus cotas de poder. 

La ley educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.

Una autofinanciación aparcada 

Los colectivos laicistas como Europa Laica señalan que la manera "más objetiva" de diagnosticar el respaldo real de la Iglesia católica es observar el número de personas que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta para el sostenimiento de la institución. En la declaración de la renta presentada en 2012 sólo un 34,83% de los contribuyentes (7.357.037 personas) marcaron esa casilla, frente al 35,71% que lo hicieron en 2011. 

La realidad es que el punto angular de las prebendas de las que todavía goza en España la Iglesia católica a pesar de este avance secularizador es la financiación de sus actividades, pues, sean o no católicos, todos los contribuyentes sostienen con sus impuestos a una religión concreta a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado "aconfesional". El Estado abonará 159,6 millones de euros a la jerarquía en 2014 como anticipo del IRPF, aunque la cantidad total que recibirá por esta asignación se complementará con la liquidación de lo recaudado el año anterior. El adelanto es la misma cantidad que en 2012 y 2013 a pesar de que los ingresos previstos por impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales caen un 0,7%, según las previsiones del Ejecutivo.

La infanta Cristina e Iñaki Urgangarin reaparecieron este sábado en público en el banquete de boda de Pablo Lara, hijo del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, y Anna Brufau, hija del director de Indra en Cataluña, Manuel Brufau. La infanta y su marido, que residen actualmente en Ginebra, se unieron al banquete pero no aparecieron por la ceremonia religiosa, que se ha celebró a las 18.15 horas en la basílica de Santa María del Mar, en Barcelona.

José Manuel Lara hizo una encendida defensa del duque de Palma en una entrevista publicada el pasado mes de agosto en la revista Vanity Fair. El empresario catalán exculpó a Urdangarin del caso Nóos al afirmar que no veía "ningún delito del que se le pueda acusar". "Lo que no es de recibo –agregó– es que el juez [José] Castro permita a Diego Torres [exsocio del duque también implicado en la presunta trama] esta entrega por fascículos de documentos que le implican".

La boda congregó a representantes del poder empresarial, financiero y político de Cataluña y España. Mariano Rajoy asisitió a la ceremonia religiosa, pero no se quedó al banquete. Artur Mas, al contrario, optó por acercarse sólo al ágape, por lo que ambos dirigentes no coincidieron. 

Junto a los duques, han acudido directamente al banquete el abogado y exdirigente de CDC Miquel Roca –que defiende a la infanta en el caso Noós–, y los empresarios Josep Oliu (Banco Sabadell), Joan Gaspart (Husa) y Florentino Pérez (ACS), entre otros. También asistieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Otra de las invitadas fue la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La novia, Anna Brufau, ha llevado un vestido diseñado por el catalán Raimon Bundó, y el convite se ha celebrado en el Pabellón Italiano de Montjuïc con la asistencia de unas 650 personas.