Aplazar las elecciones o mantenerlas el 14 de febrero. He ahí la cuestión que sobrevuela estos días Cataluña debido a la grave situación de pandemia de coronavirus y su evolución en los últimos días, con alta incidencia de casos en todo el país cuando se cumplen entre dos y tres semanas desde las fiestas navideñas. Los partidos se han dado hasta el 15 de enero para tomar una decisión, un mes antes de la fecha prevista para los comicios, pero a día de hoy, a pocos días de que llegue esa fecha, no se intuye lo que puede ser la decisión final que se tome. En todo caso, es el Govern presidido en funciones por Pere Aragonès el que deba emitir el decreto de cancelación si esta fuera finalmente la opción a adoptar. Una decisión que, de no hacerse por consenso de todos los partidos catalanes, podría ser causa de una nueva crisis política en la región.

La convocatoria de elecciones autonómicas para mediados de febrero está fijada desde el pasado 21 de diciembre, es decir, desde antes de la Navidad. El decreto de la Generalitat ya se planteaba cauto de cara a la celebración de los comicios, pues en su cuarto párrafo advertía de que "si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la covid-19 el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias", se podría "dejar sin efecto" la convocatoria y "posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías". La incidencia acumulada en la comunidad en los últimos 14 días es de 468,37 casos por cada 100.000 habitantes.

La mesa de partidos y, finalmente, la Generalitat serán las que respondan a la cuestión, por lo que se espera una semana llena de conjeturas y declaraciones políticas manifestando las distintas opiniones al respecto, siempre con la vista puesta en los datos de evolución de los contagios. No hay ningún partido que defienda taxativamente un aplazamiento de los comicios, pero sus posturas oficiales son claramente diversas. Mientras la candidata de JxCat Laura Borràs apostaba hace unos días por mantener la convocatoria, el PDeCAT ha pedido este mismo lunes al Govern "no alargar la agonía" más de la cuenta y decidir este mismo viernes si se pospone o no el 14F, mientras que ERC, el partido al que pertenece Aragonès, que es quien debe firmar el decreto de aplazamiento, considera que la decisión ha de ser por "consenso" de todos los partidos.

El PSC, por su parte, ha exigido al Govern que movilice los recursos necesarios para preparar el dispositivo electoral porque, en su opinión, no hay otra posibilidad que celebrar los comicios y no existe "ningún escenario epidemiológico" que prevea un confinamiento el próximo 14 de febrero. La CUP se ha manifestado en términos parecidos, mientras que los comuns defienden que las elecciones son necesarias y que, en caso de tener que posponerlas, debería hacerse bajo criterios sanitarios y no "partidistas ni electoralistas". Hasta el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, se ha pronunciado sobre este asunto pidiendo que los comicios se celebren cuando está previsto.

Vacío legal en la normativa electoral

Este maremágnum de ideas deja de momento a Cataluña en la incertidumbre acerca de si se celebrarán o no elecciones cuando apenas queda un mes para que llegue la fecha elegida, pero lo que parece claro es que, a día de hoy, una suspensión de los comicios no obtendría el aval de todos los partidos. A las posturas políticas se añade el hecho de que la legislación electoral no prevé situaciones a las que hacer frente en caso de que una emergencia sanitaria limite o directamente impida el ejercicio del voto. Es cierto que el año pasado las elecciones vascas y gallegas se aplazaron a causa de la pandemia, pero en aquellos casos hubo pleno consenso por parte de todos los partidos políticos en ambas comunidades, por lo que no hubo ningún impedimento que cuestionara esta decisión.

Al no haber legislación concreta sobre en qué situaciones extraordinarias pueden aplazarse unas elecciones, cualquier partido podría recurrir ante los tribunales el decreto de desconvocatoria. En el caso de Cataluña, sería ante el Tribunal Superior de Justicia debido a que lo que se impugnaría sería una norma del Gobierno autonómico. Según expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre, la decisión de los jueces dependería de la interpretación que hicieran, es decir, si se basaran únicamente en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) y en la ausencia de escenarios para un aplazamiento, o si tendrían en cuenta otras leyes como las sanitarias en las que se regulan mecanismos para hacer frente a pandemias como la del coronavirus.

Los casos de Galicia y País Vasco no supusieron mayor problema al trasladar de abril a julio de 2020 los comicios autonómicos, pero sirvieron para que se pusieran de manifiesto las carencias de la normativa electoral en casos como el actual. Este hecho fue puesto de manifiesto por el catedrático de la UNED Carlos Vidal durante su intervención en el Congreso el verano pasado en el proceso de renovación de cinco candidatos a vocales de la Junta Electoral Central (JEC). Vidal apostó por la reforma de la LOREG que incluyera una disposición adicional para cubrir el vacío legal y así dotar de mayor seguridad jurídica las convocatorias electorales que pudieran surgir con posterioridad aún con situación de pandemia. Sin embargo, en estos meses no ha habido una sola iniciativa de este tipo en el Parlamento.

Consenso para evitar impugnaciones

Todos los expertos consultados aluden al consenso general como manera para evitar futuras impugnaciones en caso de que los comicios catalanes fueran aplazados. Impugnaciones que arrojarían un escenario político de lo más inestable. El catedrático de la Universidad de Salamanca Rafael de Agapito cree que un decreto de aplazamiento de las elecciones podría incluir el precedente de los casos vasco y gallego como forma para apuntalar la decisión aunque la ley electoral no incluya ningún precepto sobre el que se pueda apoyar la desconvocatoria. Además, considera que en caso de que hubiera alguna impugnación ante los tribunales, el entramado jurídico a estudiar por los jueces no tendría que ser únicamente la LOREG, sino toda la normativa estatal y autonómica que existe para situaciones excepcionales de pandemia.

Cuando los presidentes vasco y gallego, Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, consultaron a los partidos políticos, todos estuvieron de acuerdo en aplazar la convocatoria. En todo caso, solicitaron informe a las juntas electorales autonómicas, que dieron su aval. En el caso de Cataluña, no existe este organismo autonómico, sólo juntas provinciales, por lo que el informe favorable tendría que venir de la Junta Electoral Central.

El catedrático Luis Aguiar, de la Universidad Carlos III, también opina que a la hora de desconvocar las elecciones del 14F se podría aludir al precedente de Galicia y País Vasco, aunque cree que en el decreto se debería incluir una nueva fecha o al menos una estimación de cuándo podrían tener lugar los comicios. En su opinión, el hecho de que la normativa electoral actual no prevea situaciones de excepcionalidad que lleven a aplazar unas elecciones no es "ilógico", pues considera que el Derecho "no puede cubrir todas las situaciones" y que el caso de Cataluña ahora no difiere de lo ocurrido el año pasado, cuando, según ha dicho, se impuso el "sentido común" ante una situación lo "suficientemente grave".

Mientras se toma una decisión, la maquinaria para preparar la jornada electoral del 14 de febrero sigue en marcha. Ya ha comenzado el plazo para emitir el voto por correo y, de hecho, hoy mismo se ha anunciado de que el período efectivo para ello se ha ampliado hasta dos días antes de los comicios. La Junta Electoral Central aún no ha certificado las candidaturas que oficialmente concurrirán, pero el plazo para presentarlas está a punto de finalizar. 

Podemos, IU y "los comunes" están dispuestos a realizar movilizaciones de sus alcaldes durante el próximo año para exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "cumpla con su compromiso con los ayuntamientos de dotar un fondo para la reactivación económica y social de los municipios por los efectos del covid-19", según informa Europa Press. 

El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro del Cura, indica con ironía en un comunicado que quizá la ministra pueda tacharles de "cabezones" a los alcaldes, pero están "cargados de razones para seguir defendiendo los intereses de los vecinos" al sospechar que "ha desoído nuevamente las demandas del municipalismo".

El conjunto de las formaciones que integran este grupo consideran en un comunicado que "tras haber esperado pacientemente a que finalizase la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado", la titular de Hacienda "está ya en condiciones de saber cómo sacar adelante el acuerdo suscrito con la FEMP y su posterior compromiso en sede parlamentaria de un fondo de 3.000 millones para los ayuntamientos".

Del Cura, señala que "los ayuntamientos han estado en primera línea para hacer frente a la emergencia sanitaria y lo estarán igualmente en la reactivación económica y social derivada del covid-19".

"No solo es más necesario que nunca que se pongan en circulación todos los recursos disponibles en las entidades locales para hacer frente a los efectos de esta crisis, sino que es imprescindible la transferencia de fondos extraordinarios de otras administraciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas", indica el también alcalde de Rivas Vaciamadrid.

Estas formaciones exigen, igualmente, que se "recupere el fondo extraordinario para compensar el déficit de transporte que se comprometió en el decreto fallido".

El diputado Alberto Garzón será uno de los nuevos hombres fuertes de la dirección federal de Izquierda Unida. Estaba claro casi desde que se abrieron las urnas de las elecciones europeas. Y el tiempo lo ha confirmado. Él será, a partir de ahora, el encargado de la Secretaría Ejecutiva del Proceso Constituyente y Convergencia. O sea, el responsable de la interlocución con los movimientos sociales y los partidos políticos. Una macroárea que tendrá un enorme peso dentro de la cúpula, la que pilotará el rediseño de IUrediseño de IU. La que ensanchará su base y comandará el diálogo hacia el exterior. 

Garzón, como ya había avanzadoinfoLibre, pasa a asumir el área que dejó vacante Enrique Santiago, pero con mucho más poder y margen de maniobra. La otra cartera que se había quedado libre, la de Comunicación Externa, que dejó el diputado Ricardo Sixto, recaerá en manos de la periodista Clara Alonso, otra joven dirigente (30 años) de la confianza del coordinador, Cayo Lara, y del propio Alberto Garzón, de 28 años.  

Estos dos cambios significativos, junto con el resto, serán sometidos mañana sábado a debate en la reunión del Consejo Político Federal, el máximo órgano de poder de IU, del que forman parte 200 dirigentes. Y serán propuestos por el propio Lara. Se aprobarán, previsiblemente, sin problemas, ya que ya han sido pactados con las distintas familias, según fuentes de la federación. La cita es decisiva, porque con ella IU quiere lanzar tanto las primarias abiertas para la elección de sus candidatos –inéditas en la historia de la organización federal– y una renovación de sus cuadros dirigentes, para aportar una imagen de mayor frescura, de relevo generacional. Para hacer frente, entre otras cosas, al efecto Podemos, que mermó y deslució su crecimiento en las europeas del 25-M.

De hecho, Garzón será el responsable, desde su nueva cartera, del diálogo con la formación de Pablo Iglesias, de la convergencia con el partido emergente, que considera posible y en la que ha hecho especial ahínco en las últimas semanas. Pero el diputado por Málaga gozará a partir de ahora de más visibilidad, un trampolín perfecto para el que todos en IU presumen que será su siguiente reto: competir en las primarias abiertas para lograr la candidatura a la Presidencia del Gobierno. 

Dar forma a la "revolución democrática y social"

Los relevos más notables figuran en el informe político que mañana defenderá Lara, y al que ha tenido acceso infoLibre [consúltalo aquí en PDF]. El coordinador describe en él por qué cree que el parlamentario andaluz ha de gozar de un papel preeminente. "Hace tres años llenamos las plazas reivindicando una nueva forma de hacer política, y hoy necesitamos construir un nuevo país. Hoy comenzamos una etapa crucial. El Consejo Político Federal encarga a Alberto Garzón esta responsabilidad", la Secretaría Ejecutiva del Proceso Constituyente y Convergencia. "El proceso constituyente y el diseño de un nuevo proyecto de país desborda a IU y tiene como propósito pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Para ello, se da vida a esta macroárea, que tendrá a su servicio un gabinete técnico formado por expertos –sociólogos, economistas...–, que marcará las "líneas estratégicas" de la federación para los próximos años. Es decir, no se mira sólo a las generales de 2015, sino a la ampliación de IU. 

La nueva secretaría "dirige, impulsa y desarrolla cuantas iniciativas políticas hacia el exterior puedan ser susceptibles de concretarse en acciones y campañas en torno a las mismas en el conjunto del Estado", describe el documento. Garzón será, por tanto, el portavoz de las propuestas sobre "la elaboración de un proceso constituyente de país como salida social de la crisis en clave republicana". Lo que IU ha venido llamando "revolución democrática y social", "con una IU a la ofensiva". Se encargará de preparar propuestas tanto a medio como a largo plazo, de carácter estratégico. 

Garzón asume la parte más específica que conducía hasta ahora Santiago: la ayuda a la construcción de un bloque político y social alternativo para "disputar el poder político al neoliberalismo". En tres sentidos: hacia los partidos que podrían confluir con la federación, hacia los movimientos sociales y hacia la propia IU, para "impulsar la integración y acción social" en las localidades con sectores "más desfavorecidos y necesitados". 

IU fichó a Garzón antes de las últimas generales. Aunque era militante del PCE y de IU, participó en el 15-M, y la dirección lo colocó de cabeza de lista en Málaga precisamente por eso, como guiño a los indignados. Su apuesta prosperó y con él recuperó un escaño por una provincia que había perdido en las elecciones de 2000. El diputado gozó desde el primer momento de protagonismo en el Congreso como portavoz de Economía. Tras la Asamblea Federal de diciembre de 2012, entró en la dirección de Lara, como responsable de Política Económica Global, un cargo de segunda línea, bajo el mando del secretario ejecutivo de Economía y Empleo, José Antonio García Rubio, un hombre de la máxima confianza del coordinador. 

Cuando, tras las europeas del 25-M, se comenzó a hablar de la remodelación de la ejecutiva, el estado mayor de IU, encabezado por Lara y sus números dos, José Luis Centella (líder del PCE) y Miguel Reneses (secretario de Organización), propuso a Garzón darle más proyección pública y más poder orgánico. Él lo aceptó, siempre que le dejaran manos libres, que tuviera capacidad de maniobra, que no le ocurriera lo que, a su juicio, le pasó a Santiago. Y esa posición es la que finalmente ha triunfado, según reconoció el mismo diputado a este periódico. El encargo a Garzón, para algunos dirigentes, se asemeja al que tuvo Julio Anguita en los años ochenta, cuando construyó Convocatoria por Andalucía, el germen de la actual IU. 

"Liderazgo colectivo"

Lara explica en su informe que son necesarios nuevos equipos acorde con los nuevos tiempos, con una "dirección más ágil y flexible", capaz de responder "de manera audaz y valiente al momento histórico", una "dirección atrevida", que visualice que hay banquillo, que hay una "ruptura generacional", y que sea "transparente" y "rinda cuentas". La estrategia es articular un "liderazgo colectivo". 

El Consejo Político no dará vida, previsiblemente, a toda la nueva cúpula, dado que no ha habido tiempo para negociar todos los flecos, así que lo que quede pendiente se aprobará en la Presidencia Federal –el órgano intermedio de poder, que componen unos 70 miembros– del 19 de julio. Entonces también se definirá el equipo de trabajo del día a día, el cogollo directivo, más pequeño que la ejecutiva, el núcleo de colaboradores más cercano a Lara. En él se sentarán Garzón y Alonso. Esta coordinará "en todos los niveles el trabajo de comunicación con las federaciones, activistas y profesionales de la comunicación". Es decir, que sumará a la tarea de Comunicación Interna (que tenía desde febrero de 2013) la competencia de Comunicación Externa y enlace con los medios. Carteras que en los últimos años estaban divididas. 

En su informe, Lara da algunas pinceladas más del nuevo equipo. Así, Lara Hernández, que compitió en las europeas como número diez de la lista, como representantes de los españoles emigrados (la marea granate), se encargará de las labores de convergencia, dentro de la macroárea de Garzón. El activista Javier Couso, que concurrió como número siete y que ahora tendrá escaño en Bruselas gracias a la dimisión de Willy Meyer, asumirá "tareas relacionadas con el Área Internacional cuando se organice". Esta área es la que también pilotaba desde 2008 Meyer. Tasio Oliver, el ocho de la candidatura del 25-M y uno de los valores emergentes de Izquierda Abierta (el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz), mantendrá su cartera actual –adjunto al Área de Política Institucional– y se incorporará al equipo que trabaje sobre los argumentarios. 

Los nuevos nombres

El balear Eberhard Grosske (de la corriente EnComún) y el andaluz Raúl García (de IzAb) conducirán la "propuesta sobre participación democrática y el desarrollo de propuestas vinculadas a la coherencia y a la ética en las instituciones", según la descripción de Lara. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y su mano derecha, Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, se encargarán de "divulgar las nuevas formas de gestión de lo público", dadas sus responsabilidades de gobierno en el bipartito. Por último, la diputada madrileña Tania Sánchez (EnComún) se incorpora a la Presidencia Federal. 

De la ejecutiva no salen siquiera ni aquellos que dimitieron de sus responsabilidades (Sixto y Santiago). Lo que se hace, según el relato de varios dirigentes, es "cambiar el modelo de trabajo", organizarlo por áreas de trabajo potentes, comandadas por un responsable y a la que se adscriben varios miembros. La pretensión es que sean "plurales" y que se trabaje "de forma horizontal". El acento está puesto, pues, no en las salidas, sino en el "reforzamiento de determinados perfiles", como Garzón, Alonso y Oliver, y en la incorporación de nuevas caras, como Couso, Cortés, Grosske, Hernández o García. 

No obstante, todo está sujeto a lo que mañana delibere el Consejo Político. Nada es definitivo. Y, desde luego, quedaría mucha tela que cortar de cara a la Presidencia del 19 de julio. Despejar todo el organigrama, saber si se mantienen o cambian los responsables de las grandes áreas (Organización, Institucional, Elaboración Colectiva, Política...) y cómo se combinan los perfiles para que no se evidencia una quiebra entre jóvenes-mayores.

El lanzamiento de las primarias abiertas

A la reestructuración de la ejecutiva se suma el lanzamiento de las primarias abiertas a simpatizantes. El pasado miércoles, en una reunión de la Comisión de Organización y de Finanzas, se inició el debate sobre el reglamento y se apuntaron algunas ideas, pero aún no hay nada cerrado y puede que no se apruebe hasta la Presidencia del 19 de julio. Tampoco hay una propuesta final de calendarios. En principio, se calcula que los candidatos tendrán que recabar entre un 5% y 10% de avales –IU cuenta con unos 30.000 militantes–, y se pretende que se estiren los plazos con el fin de no cerrar el proceso de elección antes de que se produzca la confluencia con otras fuerzas y plataformas. 

La federación también pretende promover nuevas metodologías de participación, compartir la toma de decisión, obligar a la rendición de cuentas de los cargos públicos y orgánicos a todos los niveles y posibilitar su revocación. 

Hace unas semanas, en una de las largas reuniones de la dirección de Izquierda Unida, después de que algunos dirigentes defendieran el procedimiento de primarias para elegir candidatos, Cayo Lara soltó: "Me parece bien, pero siempre se habla de primarias y luego nadie trae a los órganos una propuesta sencilla". Sus compañeros le tomaron entonces la palabra. Y trajeron ayer sábado, a la primera cita del año del Consejo Político Federal –que reúne a más de 200 miembros–, dos alternativas para montar unas primarias, más o menos abiertas, para elegir la lista de las europeas del próximo 25 de mayo. Una, de Izquierda Abierta (IzAb), el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz. La otra, de la corriente EnComún, que abandenan la madrileña Tania Sánchez y el balear Eberhard Grosske. El aparato hizo la suya, más vaga, con el objetivo de que, tras el debate, se llegara a un planteamiento de síntesis. Lo hubo. Y se respaldó por un 65,7%.

El resultado es de difícil definición. No se dio vía libre a unas primarias puras, porque IU debe componer su plancha a partir de tres elementos: sus propios aspirantes, los de IU; los que postulen los partidos aliados (ICV y, si cuaja el acuerdo, Anova, Chunta o Batzarre), y los que emerjan del espectro social. Ni tampoco se aprobaron unas primarias abiertas a los ciudadanos para designar a los integrantes de la federación en la candidatura. Lo que se acordó fue un proceso más alambicado, pero en cualquier caso bastante más aperturista que lo que los usos de IU mandaban hasta ahora. Y, sobre todo, nada esperado unos meses atrás. Las federaciones deberán elevar a Olimpo, la sede federal, dos nombres: un hombre y una mujer. De aquí salen 34 aspirantes (dos por cada uno de los 17 territorios, otro más por Ceuta, otro por Melilla y otro en representación de los afiliados del exterior). Cada federación elegirá el método por el que designar a ese ticket de hombre-mujer, "sin excluir las primarias", como resumieron fuentes oficiales. Si se inclina por esta opción, cada una organizará esas elecciones internas como quiera. 

La segunda tarea que deberán hacer las federaciones es expresar su preferencia respecto al cabeza de cartel. Indicar quién les gusta más. "Y para eso, tienen que postularse, claro", bromeaba un miembro de la ejecutiva. O sea que, por fin, tras meses aparcando el debate, comenzará el baile de nombres. Y en la carrera se da por seguro que el veterano Willy Meyer, secretario de Política Internacional y eurodiputado en dos legislaturas, querrá repetir una vez más. En el amplio sector que recela de él, se ve con muy buenos ojos a Marina Albiol, diputada en Les Corts por Castellón, de 31 años, de quien se elogia su labor parlamentaria y su combate contra la corrupción. 

Una comisión de 5-5-5

En los territorios no acabará todo. En los próximos días se constituirá una "comisión de consenso", encargada de armar la candidatura y de buscar el acuerdo entre todas las familias. La formarán 15 personas: cinco representantes de las federaciones grandes (Andalucía, Madrid, País Valencià, Asturias y EUiA), cinco portavoces de los partidos de IU (PCE, Izquierda Abierta, Izquierda Republicana, el Colectivo de Unidad de los Trabajadores de Juan Manuel Sánchez Gordillo y la corriente EnComún) y cinco miembros de la dirección –incluyendo a representantes de los movimientos sociales que han estado trabajando en la plataforma Suma, en la que ha tenido un protagonismo activo el dirigente Enrique Santiago–. 

La comisión, con la propuesta surgida en su seno y a partir de los nombres y preferencias que lleguen de las federaciones, elevará al siguiente Consejo Político Federal, el 1 de marzo, una lista completa. Si no hubiera cuajado el consenso, los más de 200 miembros de este órgano de dirección votarán entre las distintas opciones. Al día siguiente, domingo 2 de marzo, tendrá lugar la asamblea programática y electoral, donde IU vestirá de largo su alternativa al lado de sus aliados. Para entonces, deberán haberse decantado ya Anocha, Chunta o Equo. 

El Consejo arrancaba ayer sábado sin ninguna decisión tomada. Nada había dejado cerrado, la víspera, el órgano inferior, la Presidencia Federal. Pero si algo demostró el debate, tal y como relataron distintos dirigentes consultados por infoLibre, eran las "ganas de promover un proceso más participativo" que el actual. Se llamara o no primarias, fueran estas más o menos corregidas. El sentir era "generalizado". Un cambio muy sustancial en la cultura de IU, hasta ahora muy renuente a este formato. De hecho, sólo celebró unas primarias nacionales en 2008, cuando se disputaron la candidatura a la Moncloa Gaspar Llamazares y la valenciana Marga Sanz. No ha habido más disputas para las generales. Y jamás se ha aprobado en los órganos oficiales, y no aparece en los estatutos, la posibilidad de primarias abiertas a la ciudadanía, al estilo de las del PSOE. De no haberse operado el giro de ayer, se habría seguido al trantrán: el Consejo habría elegido la lista y punto. Ahora, este tendrá la última palabra, pero previamente se desplegará un procedimiento menos concentrado. Un mecanismo mucho más abierto habría exigido más tiempo. No lo hay, porque apenas queda mes y medio para que todo quede atado. 

Menor protagonismo del conflicto de Rivas

La fórmula elegida, presentada por el secretario de Organización, Miguel Reneses, tras conversar con EnComún e IzAb, recibió 69 votos a favor –65,71%–, 16 en contra y 20 abstenciones. El núcleo del no lo monopolizó el partido de Llamazares. Los gasparistas planteaban que el cabeza de lista y el resto de activistas que procedieran de los colectivos fueran votados en primarias abiertas por todos los ciudadanos que se declarasen "electores de IU" y pagaran un euro. El resto de la candidatura sería aprobada por el Consejo. EnComún, en cambio, proponía que el número uno, aun procediendo de IU –por ser la fuerza mayor– fuera elegido "abriendo la votación al conjunto de la ciudadanía". El resto de la plancha, en la parte que le correspondiera a la federación, se designaría por un procedimiento semejante a las primarias entre militantes de 2008.

IzAb se quejó del formato diseñado por Reneses: lamentó que IU "no se atreva a poner en marcha un proceso participado por la ciudadanía que concluya, tras una elaboración programática también participativa, en la celebración de primarias abiertas a la ciudadanía", aseguró en un comunicado. "Con esta decisión IU reduce considerablemente sus posibilidades de aglutinar al conjunto de la izquierda social y política del Estado para la construcción de una alternativa política que venza al bipartidismo ya desde los comicios europeos".

La reunión de ayer se centró en su mayor parte en el mecanismo de las europeas –no en los nombres, eso comenzará en los próximos días–, y apenas emergió un conflicto que estaba, no obstante, en boca de todos en los pasillos: Rivas Vaciamadrid. Aún estaba caliente la Presidencia, que se dio por "enterada" de la comunicación que Reneses hizo a la asamblea local: una transcripción de los estatutos federales, en la que se recogieron las competencias de las organizaciones de base. Un gesto que para la mayoría, aunque no hubo votación, significó "un aval" al coordinador ripense, Pedro del Cura, frente al alcalde, José Masa. El sector cercano al regidor, encabezado por Izquierda Abierta y la dirección madrileña, reclamó a Lara que dejase claro que la Presidencia no había "avalado nada" porque no es competente para entrar en grescas municipales. El problema es que Rivas es la mayor ciudad en poder de IU: 80.000 habitantes, un bastión inexpugnable desde 1991. Tomaron la palabra un puñado de dirigentes de los dos bandos enfrentados (Luis María González, Marcos Sanz y Lidia Fernández por IU-CM; Sira Abed y Luis Nieto de parte de Rivas), pero sin que la discusión se fuera de las manos.

Lara, por su parte, volvió a sacar su informe de coyuntura sin dificultades: 88 votos a favor (84,61%), ninguno en contra y 16 abstenciones. Pero eso ya sí que no es noticia a estas alturas.