Megatendencias Planeta Tierra ISR (Inversión Socialmente Responsable) es el llamativo nombre de un fondo de inversión comercializado por BBVA en España. El reclamo verde al ahorrador es evidente. Sin embargo, en la cartera de empresas del fondo que recibirán financiación, BBVA ha incluido a cinco de las principales compañías mineras del mundo –Antofagasta PLC, Newmont Mining Corporation, Agnico Eagle Mines, Sociedad Química y Minera de Chile e Imerys SA–, a una siderúrgica estadounidense –Steel Dynamics– y a dos fabricantes de vehículos –Deere e Iveco–. También figura en el portfolio la empresa de celulosa Ence, en el centro de la polémica ambiental desde hace décadas en Galicia.

Este producto financiero del BBVA es uno de los fondos regulados por el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE y en los que, en teoría, sólo se pueden incluir inversiones realmente sostenibles; es decir, aquellas que tienen “objetivos explícitos” de sostenibilidad. Pero esa normativa de la UE, vigente desde 2021, no impide a Megatendencias Planeta Tierra financiar algunas de las actividades que más CO2 expulsan a la atmósfera y, por tanto, más perjudican al clima. El sector de la minería emite 670 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, mientras que el del petróleo y el gas, el más contaminante de todos, alcanza los 7.432 millones, según las estadísticas del London Stock Exchange Group (LSEG). Le siguen la siderurgia y el automóvil.

La investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres, revela que 4.342 fondos teóricamente verdes comercializados en Europa invierten 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías. Son cifras referidas al cuarto trimestre de 2023.

El del BBVA es sólo uno más de los múltiples fondos europeos con etiqueta sostenible y corazón contaminante.

De hecho, los fondos verdes españoles invierten 1.434 millones de dólares –1.340 millones de euros– en la muestra de 200 empresas, líderes en la emisión de CO2, que ha seleccionado la investigación de EIC y Voxeurop. Esa cifra aumenta hasta 1.474,6 millones si se les añaden los 208,6 millones de dólares de fondos domiciliados en Luxemburgo y Finlandia, pero gestionados por Banco Santander, Renta 4 o Magallanes, entre otros. Si además se cuentan los fondos extranjeros –de la estadounidense Templeton o la francesa Amundi, por ejemplo– que comercializan en España entidades como Abanca o Abante Asesores, la cifra se dispara hasta casi los 3.750 millones de dólares.

Por sectores, la inversión favorita de los fondos españoles supuestamente verdes es el sector más contaminante, el petróleo y el gas, que recibe 460,5 millones de dólares, un tercio de la financiación total. Le sigue la industria de la moda, con 446,3 millones. El protagonismo de Inditex es clave para entender el tirón del sector textil entre los gestores de activos locales. El tercero es el sector del automóvil, donde los fondos sostenibles españoles colocan 247,2 millones de dólares. El acero consigue 125,7 millones y la industria aeronáutica, 117,7 millones. El carbón aún se lleva 7,3 millones de los fondos sostenibles vendidos en España.

Con la lupa puesta sobre los bancos gestores, en el cuarto trimestre de 2023 el Santander invertía 347,3 millones de dólares en las 200 empresas que más CO2 emiten de la muestra utilizada en esta investigación. Pero Caixabank supera a la primera entidad financiera española, con casi 472 millones colocados en los mayores contaminadores. BBVA se queda en 104,8 millones.

Los sectores donde más dinero supuestamente verde invierten los tres grandes bancos españoles son el del petróleo y gas, y la industria de la moda, responsable del 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Caixabank financia con 157,8 millones de dólares a las petroleras más contaminantes. Por ejemplo, coloca casi 40 millones en Shell y 32,8 millones en la francesa TotalEnergies. En Repsol invierte 27 millones. Donde Santander pone más dinero también es en petroleras, 112,6 millones, con Repsol encabezando sus preferencias –40 millones–, seguida de TotalEnergies –25 millones–. BBVA financia con 36,5 millones a la industria textil y con 32,6 millones al petróleo.

Entre las empresas contaminantes que reciben fondos verdes españoles se pueden citar, además, a las automovilísticas Mercedes Benz, con 69 millones de dólares, y Stellantis –Peugeot y Citroën–, con 61,7 millones, pero también a la minera Rio Tinto, con 72,7 millones. Una siderúrgica como ArcelorMittal consigue 55,7 millones de ahorradores españoles y Airbus, 53,2 millones.

En las carteras de inversión de los fondos se pueden encontrar otras grandes sorpresas. Así, el portfolio del fondo Santander Sostenible Renta Fija Ahorro incluye al fabricante italiano de superdeportivos Ferrari y Santander Responsabilidad Solidario, a Harley Davidson.

¿Es sostenible invertir en esas firmas? En 2035, la UE obligará a las empresas del sector a rebajar la media de emisiones de CO2 de los vehículos a 95 gramos por kilómetro en 2035. Un Seat León emite entre 125 y 137 gramos por kilómetro. Pero el Ferrari 488 Spider, uno de los modelos más exitosos de la marca del cavallino rampante, expulsa 260 gramos por kilómetro; otros modelos pueden superar los 300. Una moto 1.200 Costum de la marca de Milwaukee emite 120 gramos por kilómetro, pero una Grand Touring pasa de los 142.

Otro fondo verde vendido por el banco de Ana Patricia Botín, Santander Dividendo Europa, permite invertir en la empresa francesa de armamento Thales, en las petroleras Shell y TotalEnergies, en las mineras Rio Tinto y Anglo American, y en dos tabacaleras, British American Tobacco e Imperial Brands. Y ello pese a que entre las exclusiones citadas expresamente en el anexo de sostenibilidad del folleto donde figuran las características del fondo se encuentran las empresas de armas, los combustibles fósiles y las “inversiones expuestas a controversias severas”.

Todos estos son fondos regulados por el Artículo 8 del SFDR. Es decir, son verde claro. “Un cajón de sastre” donde caben fondos cuyo nivel de sostenibilidad “es incluso discutible”, según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, el bufete Gabeiras & Asociados y Triodos Bank.

Por el contrario, Santander Prosperity es un fondo regulado por el Artículo 9, uno de los productos que se suponen verde oscuro. Sin embargo, en su cartera aparece SLC Agrícola SA, uno de los mayores productores agrícolas brasileños de algodón, soja y maíz, que ha sido denunciado y multado por deforestar a gran escala el Amazonas. De hecho, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego se desprendió en 2017 de sus participaciones en la empresa brasileña por este motivo.

A preguntas de infoLibre, Banco Santander indica que no ha “identificado controversias críticas” ni con Ferrari ni con Harley Davidson, que no pertenecen a sectores excluidos por la estrategia del fondo. Además, destaca que ambas empresas se encuentran “dentro del 60% que mejor desempeño tienen en su sector y área geográfica en materia ASG”.

Sobre la cartera de Santander Dividendo Europa, la exclusión que se ha automipuesto el gestor se limita a las compañías de “armamento controvertido”, no a las de “armamento convencional“, entre las que el banco incluye a Thales. Es decir, sólo descartan las minas antipersonas, las municiones en racimo, las armas químicas o biológicas, las nucleares y la munición que contenga uranio empobrecido, según prescribe la Política de Defensa del Grupo Santander. 

Tampoco se prohíben todos los combustibles fósiles, sólo los conocidos como no convencionales –arenas bituminosas, gases de esquisto, hidratos de metano–, por lo que el banco incorpora a sus portolios a Shell y Total, cuya producción de esas fuentes de gases de efectos invernadero “no supera el umbral fijado”. Ni siquiera queda fuera de la lista la minería del carbón, asegura el banco, y las mineras Rio Tinto y Anglo American tampoco exceden los umbrales determinados para esa actividad.

Por lo que a SLC Agrícola se refiere, Santander justifica su inclusión en la cartera de un fondo verde oscuro remitiéndose al proveedor externo que le evalúa las empresas y que no consideró las multas por deforestación impuestas a la brasileña como una “controversia con el máximo nivel de relevancia”.

Más ejemplos. BBVA Europa Desarrollo, un fondo del Artículo 8, no tiene reparo en incluir en su portfolio a la minera sueca Boliden, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España: la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en pleno parque de Doñana, en 1998. Un caso que, 26 años después, aún tiene que dirimir el Tribunal Supremo.

“Todas las compañías [de las carteras de inversión] cumplen con salvaguardas mínimas, no hacen daño significativo a ningún objetivo sostenible y tienen contribución positiva medioambiental y/o social”, asegura a este periódico el banco presidido por Carlos Torres Vila. No obstante, admite que la “inversión sostenible” –la verde oscuro, la de Megatendencias Planeta Tierra, por ejemplo– también puede abarcar la financiación de “compañías que, siendo en la actualidad altamente intensivas en emisiones de carbono, están definiendo planes para reducir dicho impacto”.

Ese es, en efecto, el argumento al que acuden tanto los gestores de fondos como las empresas para defender estas inversiones: que son necesarias para ayudar a financiar la transición hacia energías más limpias. Ayudan a Ferrari –lanzará en 2025 su primer vehículo eléctrico, que costará más de medio millón de euros– o a Harley Davidson a electrificarse, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones en empresas emisoras de carbono que carecen de objetivos de descarbonización, puesto que no son obligatorios hasta 2025. El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que la Cuota de Transición Climática de su cartera incluye a tres grandes contaminadores: TotalEnergies, la minera Glencore y la energética alemana RWE. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar” al medio ambiente que les impone el SFDR.

Los bancos españoles sólo comercializan cinco fondos del Artículo 9, esos que deberían ser realmente sostenibles. Representan un raquítico 0,4% de los fondos verdes nacionales, sólo suman 4,95 millones de dólares. Además de los de BBVA y Santander antes mencionados, Cajamar vende Trea Cajamar RV Europa Sostenible, que invierte en las petroleras Shell, BP, TotalEnergies y Aker BP ASA, las mineras Glencore y Antofagasta PLC, Airbus, Stellantis…

Y Caixabank cuenta con otros dos: Caixabank SI Impacto 50/100 RV y Caixabank SI Impacto 0/30 RV. Ambos incorporan en sus carteras no sólo a Repsol y a la minera Anglo American, sino también a la empresa pública China Three Gorges Corporation. Se trata de la responsable de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo y probablemente también la más polémica, por el destrozo medioambiental que causó –y sigue causando– en la zona y porque forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas. Además, desde 2020 Three Gorges Corporation se encuentra entre las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército chino.

En otro fondo, aunque del Artículo 8, Caixabank Master RV Emergente Advised By, aparece la india Reliance Industries, la empresa del petróleo y el gas que más financiación recibe de la entidad catalana, 52,5 millones, más incluso que TotalEnergies. Reliance Industries no sólo es la 13ª compañía del mundo que más CO2 emite, según las estadísticas del London Stock Exchange Group, sino que además pesan sobre ella denuncias de corrupción política, fraude, manipulación financiera y explotación de los recursos naturales. En el folleto del fondo, en cambio, se restringe expresamente “la inversión en compañías involucradas en controversias que afectan al ámbito de la sostenibilidad calificadas como muy severas”.

Caixabank responde que apoya a “compañías de sectores más intensivos” en CO2 pero que “cuentan con estrategias de descarbonización”, para conseguir la transición energética. Y justifica sus posiciones en Repsol y Anglo American en el hecho de que son a través de “bonos corporativos verdes, sociales y sostenibles, que incluyen objetivos materiales, verificados externamente por un experto independiente”, y sobre los que se hacen informes de seguimiento.

“Es normal que los inversores estén un poco perdidos”, reconoce Cristina Martínez, Investment Product Manager de Triodos Bank, que se define como “entidad de crédito ética”. Por ese motivo, se declara a favor de una regulación “más exigente” que la actual. “El SFDR es mal usado por muchos de nosotros, porque se ha convertido un sistema de divulgación en un sistema de clasificación de fondos”, lamenta. En una etiqueta que, sin embargo, no garantiza el desempeño en materia de sostenibilidad de una inversión.

Según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, casi el 20% de las empresas del Artículo 9 analizadas tienen “controversias con algún factor ASG [Ambientales, Sociales y de Gobernanza], residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el social y de gobernanza”. De ahí que esas taras puedan “poner en duda la naturaleza sostenible” de los fondos verde oscuro, “sobre todo en lo relativo a su exposición a sectores controvertidos como el tabaco, el alcohol, el juego o el armamento, así como a la minería o el petróleo”, resaltan sus autores.

A juicio de Cristina Martínez, es evidente que hay empresas que no deberían estar en esas carteras. “Algunas tienen un score [puntuación] alto sólo porque han aprobado políticas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que hagan algo en ese ámbito”, advierte. El informe de la Pompeu Fabra también critica que no se pueda verificar que el 100% de los activos financiados por los fondos estén alineados con objetivos de sostenibilidad. Muchas veces, el ahorrador invierte a ciegas.

O confundido. Otro informe, sobre La inversión sostenible y responsable en España, elaborado por Spainsif, una asociación integrada por las principales entidades financieras españolas, y patrocinado por DWS, el mayor gestor de fondos alemán, filial de Deutsche Bank, concluye que el inversor minorista no comprende “de manera suficiente” las cuestiones ASG. Esa es al menos la respuesta que da al menos un tercio de las 60 entidades encuestadas al respecto.

A la confusión contribuyen los métodos utilizados por los bancos y gestores para confeccionar esas carteras supuestamente verdes. Uno de ellos es el best-in-class, por el que se seleccionan las empresas que mejor rinden en términos ambientales, aunque pertenezcan a los sectores más contaminantes. Un sistema, advierte el informe de la Pompeu Fabra, que “arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como del Artículo 9”.

También induce a engaño el uso que hacen las empresas de la “intensidad de carbono” como indicador de sus emisiones. Al medirlas no como un volumen bruto sino como las emisiones por cada euro que producen, las empresas pueden reducir el CO2 por cada tienda abierta o por cada coche fabricado, al mismo tiempo que aumentan el total de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera si la producción crece.

Preguntado al respecto el BBVA, que aplica el “uso intensivo de CO2 medio” para confeccionar las carteras de inversión de sus fondos, asegura que se trata de un indicador “alineado con lo establecido en la normativa europea”. Una métrica relativa, añade, permite conocer las emisiones actuales y su evolución histórica, de forma individual y en comparación con las de su sector. Así, sostiene, el banco puede discernir qué empresas tienen un mejor comportamiento. Caixabank también defiende la validez de ese indicador relativo porque, dice, le permitir “discriminar entre aquellas empresas que están avanzando de manera satisfactoria respecto a las que van más rezagadas” . Además, no es el único indicador que emplea.

Una tercera vía de escape para los fondos es el hecho de que en muchos casos se limitan a replicar índices elaborados por agencias de calificación como MSCI. Si la agencia de Morgan Stanley considera, por ejemplo, que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque se ha comprometido a reducir las emisiones en sus plantas petrolíferas, la multinacional francesa aparecerá en los portfolios de todos los fondos que repliquen sus índices. Aunque, al mismo tiempo, TotalEnergies aumente su producción de hidrocarburos.

En sus fondos Triodos Bank no replica índices ajenos, asegura Cristina Martínez, y sólo vende los del Artículo 9, los que deberían ser sostenibles pata negra. Pero su cuota es pequeña, apenas 25 millones de euros en una plataforma que lanzó en España en 2021. Ya sea claro u oscuro, lo verde vende. Desde marzo de 2021, el crecimiento en España de los fondos sostenibles –tanto del Artículo 8 como del 9– ha sido espectacular: han pasado de representar el 9,8% del patrimonio total al 34,9% a finales de marzo de 2023, según el informe de la Pompeu Fabra. Se han más que triplicado en dos años. ¿Quiénes son sus principales clientes? El estudio de Spainsif dice que fondos de pensiones de empleo, organizaciones benéficas y religiosas, y fundaciones, además de ahorradores individuales. Todos ellos creen estar ayudando a detener el calentamiento global pero, en realidad, pueden resultar víctimas de una estrategia global de greenwashing –hay quien lo llama hipocresía verde– de la que son cómplices las grandes empresas y el sector financiero.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

La reunión de este miércoles en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral resultó “más brusca” que de costumbre. Era la primera vez que acudían a la cita los directores generales enviados por Economía y Seguridad Social y que, por orden de Moncloa, se han incorporado a las negociaciones con sindicatos y empresarios que lidera desde marzo el Ministerio de Trabajo. “El ambiente estuvo enrarecido desde el primer momento, aunque los dos nuevos invitados no abrieron la boca, solo tomaron apuntes”, reconoce una de las personas que acudió a la cita.

El encuentro se producía después del enfrentamiento interno en el seno de la coalición sobre “la metodología” de coordinación entre ministerios, pero también sobre el fondo de la reforma laboral e incluso sobre si lo que está encima de la mesa es la derogación o no de la legislación introducida por el PP en 2012, tal y como especifica el acuerdo de Gobierno. La paz se volvió a sellar el martes personalmente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el blindaje del presidente a la hoja de ruta marcada desde la vicepresidencia segunda e incluso con la aceptación del término “derogar”.

Hay quienes interpretan, sin embargo, que la patronal quiere ahora sacar provecho de las últimas turbulencias para adoptar una posición de fuerza. De hecho, los representantes de la CEOE llegaron a la cita del miércoles con posturas mucho más inflexibles que la semana anterior sobre asuntos como la tasa de temporalidad del 15% o incluso con críticas a la reforma de las pensiones (que se discute en otra mesa de diálogo social) y a las nuevas propuestas sobre negociación colectiva.

Indemnización por despido

En mitad del cruce de reproches y con todas las partes en posiciones menos proclives al entendimiento que tan solo siete días antes, los representantes sindicales respondieron a la actitud de la CEOE endureciendo también el tono. “Aquí posiciones maximalistas tenemos todos”, se oyó en la sala. En ese momento, el representante de UGT pidió la palabra para poner encima de la mesa la vuelta a la indemnización de 45 días por año trabajado que el PP redujo a 33 días en el caso de los despidos improcedentes. “Eso no está en el perímetro de la negociación”, le contestaron.

En efecto, la reforma laboral que está en marcha y que el Gobierno se compromete a que suponga “la derogación” de la impulsada por Mariano Rajoy en 2012, no contempla revertir el abaratamiento del despido impulsado durante la anterior crisis económica. Algo que tampoco incluye el acuerdo de coalición que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos. Ese capítulo, el de la reforma laboral, fue una de las batallas políticas más enquistadas hasta el final a la hora de redactar el pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, reacia entonces a aceptar el cargo de ministra de Trabajo, defendió que solo concebía esa responsabilidad si era para “derogar” los recortes a los derechos de los trabajadores implementados por el PP en 2012. En el PSOE preferían acotar el impacto de la reforma hablando tan solo “de los aspectos más lesivos”. Sánchez e Iglesias zanjaron a última hora la disputa llegando a una formulación intermedia.

El apartado 1.3 es un epígrafe titulado “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pero, a continuación, se apostilla: “En concreto, y con carácter urgente”. Tras esos dos puntos se enumeran hasta seis medidas en el programa de Gobierno. Alguna de ellas ya se ha llevado a cabo, como la derogación de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. El resto tienen que ver con la negociación colectiva, la subcontratación y la temporalidad, los aspectos que ahora se discuten en la mesa de diálogo y que ya han sido comprometidos en el famoso Componente 23 enviado a Bruselas a cambio de los fondos europeos. No existe mención alguna a la reversión del abaratamiento del despido llevado a cabo en su día por la reforma laboral de Fátima Báñez y que supuso uno de los principales recortes en materia de derechos laborales para los trabajadores.

Objetivo: acabar con la temporalidad

Pero más allá de lo firmado en el pacto de coalición, desde el Gobierno se argumenta que el principal problema que afrontan a día de hoy los trabajadores españoles no es la indemnización que cobran tras ser despedidos si no las causas de la terminación de los contratos, temporales y precarios en un gran número de casos. “Si te hacen un contrato por dos días sueltos y la semana que viene otro igual, la indemnización es lo que menos te preocupa, porque es casi nada. Estamos centrados en acabar con la temporalidad, que es el gran problema de nuestro mercado laboral, tal y como indica Bruselas”, argumentan desde el Gobierno.

“El objetivo es que se despida menos, que se destruya menos empleo y que el que se cree sea más estable y menos precario”, explican desde el Ministerio de Trabajo. Precisamente, en la negociación sobre la reforma laboral otro de las medidas de mayor impacto que se aborda es la permanencia de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna alternativa al despido. En ese sentido, la consonancia es total entre el Ministerio de Trabajo y el área económica de la Moncloa, que coinciden en que escenarios “como que el convenio del sector esté por debajo del de la empresa son mucho más lesivos para los trabajadores” que la cuantía de las indemnizaciones por despido. “La receta que estamos abordando es clara: que crezcan los salarios, que mejore la negociación colectiva y que la temporalidad y la precariedad dejen de estar en los niveles tan extraordinarios de hoy en día”, resumen desde la vicepresidencia segunda.

Ahora, las negociaciones encaran su recta final, teniendo en cuenta que el Gobierno aspira a que la reforma pueda estar lista en el mes de noviembre para poder ser enviada a Bruselas antes de final de año, tal y como está comprometida en el Plan de Recuperación. Que cuestiones como la del encarecimiento del despido queden aparcadas también son interpretadas en todas las partes como un margen de maniobra que los empresarios podrían aprovechar en esta ocasión para sumarse al acuerdo. En ese sentido, el propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz han manifestado su intención de apurar todas las opciones para alcanzar un consenso en el que esté la CEOE. “Esta vez, a diferencia del SMI, tienen incentivos. Si entran saben que algo pueden rascar. Están endureciendo sus posturas porque llega la parte decisiva de la negociación, pero hay margen para el acuerdo”, concluyen fuentes de la negociación.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recurso que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.

En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.

En la sentencia, con fecha de 15 de julio, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.

Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019.

En cuanto al fondo del asunto, el tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación.

En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, "pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas".

Por tanto, añade, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua.

Cita otros casos

La sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también con la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.

Para el tribunal resulta significativo que Ence "no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente la resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del demanio en la margen derecha de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica".

La sentencia recuerda que "la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, ex artículo 2 de la Ley de Costas, entre otros fines el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado".

Los trabajadores de Ence se han manifestado este viernes en Madrid ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para pedir una solución para la situación en la que se encuentra la fábrica tras la modificación del actual artículo 18 de la Ley para el Cambio Climático. Con esta modificación se impediría la continuidad de la fábrica en su localización actual, en Lourizán, en la ciudad de Pontevedra.

Varios representantes han accedido al interior del Ministerio, donde han podido reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En dicha reunión, tras un intenso debate en el que han expuesto sus reivindicaciones, han conseguido programar un encuentro con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para la próxima semana.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Antonio Taboada, trabajador de Ence, ha señalado, tras la reunión, que ha sido "un poco tensa", pero han conseguido concretar un encuentro con la ministra de cara al próximo miércoles, 17 de marzo.

Taboada ha explicado que en esa reunión informarán a la ministra de la situación y de la "necesidad imperiosa" de trasladarle que "si el artículo 18.4 sigue redactado de la manera actual, no solo Ence perecerá, sino todo el sector forestal de Galicia".

Esta protesta llega después de que trabajadores se encerrasen el jueves en el Ayuntamiento de Pontevedra, lo que provocó que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tuviese que salir escoltado por la Policía Local mientras era increpado. El regidor aseguró haber pasado "miedo" por su integridad, al tiempo que responsabilizó al PP y a Ence de estar detrás de las movilizaciones.

Ruina del sector forestal en Galicia

La presidenta del comité de prensa de la compañía, Ana Cedeira, ha comentado este viernes que la fábrica tendría que "cerrar en 2033 si se aprueba el artículo del proyecto de Ley del Cambio Climático".

Sin embargo, ha recalcado que este cierre sería mucho antes, ya que "al ser una empresa que cotiza en Bolsa, con un accionariado detrás, lo que harían es cerrar, ya que no tienen una seguridad jurídica, por lo que dejarían de invertir y la empresa cerrará mucho antes de 2033". Además, ha afirmado que la propia compañía ya ha comunicado que si la situación no cambia procedería a "un cierre ordenado".

Cedeira ha asegurado que con este cierre serían 400 empleados los que perderían su trabajo de forma directa aunque más de 5.000 se verían afectados. También ha indicado que sería la ruina del sector forestal en Galicia, tras el cierre de otras fábricas, por lo que se agravaría la situación económica de la zona.

Por su parte, José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CCOO de Pontevedra, ha comentado el golpe para la "economía de la comarca de Pontevedra", pues Ence es la principal fábrica de celulosas de Galicia.

CCOO trata de que se modifique ese artículo por medio de "varias enmiendas presentadas" y a través de movilizaciones de manera permanente para que el Gobierno acceda a cambiarlo y "la actividad de Ence no tenga fecha de finalización".

ENCE niega promover las protestas

Por su parte, la empresa Ence ha emitido un comunicado en el que niega "tajantemente" las acusaciones de "estar promoviendo las protestas realizadas por los trabajadores de la empresa".

Asimismo, la compañía manifiesta su "disposición al diálogo" con las diferentes administraciones junto con los representantes de los trabajadores.

Finalmente, Ence insiste en que "no existe ninguna ubicación alternativa viable desde un punto de vista técnico ni económico" para construir una nueva fábrica de celulosa "en Pontevedra ni en toda la comunidad gallega".

Más de 10.000 personas se han manifestado este domingo en una nueva Marcha contra Celulosas por las calles de la capital de la provincia pontevedresa y de Marín para reclamar que la fábrica de Ence, ubicada en Lourizán, abandone la ría de Pontevedra, según informa Europa Press. La movilización, que estaba convocada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), partió pasadas las 12.00 horas de este domingo desde las alamedas de ambas localidades para reunirse en la factoría de Ence.

Encabeza por una pancarta que rezaba "Pola anulación da prórroga de Ence. Polo saneamiento integral da ría" –Por la anulación de la prórroga de Ence. Por el saneamiento integral de la ría–, la marcha recorrió al sonido de pitos, panderetas y cánticos gallegos los más de tres kilómetros que distan desde cualquiera de los dos puntos de salida hasta las instalaciones de la compañía.

Bajo el sol que reinaba en la comarca de Pontevedra durante toda la mañana, y dejaba hasta 24 grados de temperatura, los manifestantes gritaban cánticos como "A ría é nosa, non da Celulosa" –La ría es nuestra, no de la Celulosa–, "Ence fóra da ría" –Ence fuera de la ría–, "Ence, PP, a mesma merda é" –Ence, PP, la misma mierda es–. Con esta marcha, desde la APDR exigen la "anulación definitiva" de la prórroga a Ence y "que se le obligue a abandonar Lourizán" y a devolver la zona ocupada a la situación anterior a su llegada en el año 1958, "como exige la legislación".

Entre otros, a la manifestación han asistido representantes de Greenpeace, así como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda; el diputado de En Marea, Antón Sánchez, y la diputada socialista, Patricia Vilán.

Última marcha por Ence

Así, el presidente de la APDR, Antón Masa, se ha mostrado convencido de que esta será la última Marcha contra las Celulosas con actividad en Ence, ya que, según ha explicado, "se ha cumplido el vaticinio", porque en la manifestación del año pasado se pronosticó que este 2019 sería la primera marcha sin Elnosa "y así es".

Masa ha asegurado en declaraciones a los medios que "quedó demostrado" que la prórroga que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy concedió a Ence no solo fue "irregular" sino que "ilegal", ya que la Dirección General de Costas, con el aval de la Abogacía del Estado "lo reconoce". "No se puede dar a ninguna instalación en dominio público más de 75 años de concesión. Y en caso de admitirse dicha prórroga Ence tendría 130 años de permanencia. Es absolutamente ilegal", ha subrayado. Entre otras razones, Masa ha destacado que solo se pueden conceder prórrogas cuando "las instalaciones por su naturaleza tienen que estar en dominio público" y, a su juicio, "no es el caso".

"La concesión de Ence caducó en julio de 2018 y lo vamos a exigir", ha indicado el presidente de la APDR, quien ha añadido que una vez Ence abandone la ría continuará pidiendo un "saneamiento integral" de la misma para una explotación "racional" de sus recursos. También ha solicitado una nueva ley forestal "que permita la diversificación de usos del monte gallego". El manifiesto de la marcha de este domingo, leído por el propio Masa, subrayada que la ciudadanía "está más cerca que nunca de conseguir el sueño de recuperar lo que le fue robado con la fuerza de las bayonetas hace 60 años".

"Trasladar Ence y recuperar la ría"

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha asegurado este domingo que el Ayuntamiento de la capital de la provincia utilizará "todos los mecanismos posibles" para conseguir el "objetivo final" que es "trasladar Ence y recuperar la ría".

Tal como ha señalado Lores a los medios en el contexto de la Marcha contra Celulosas llevada a cabo este domingo en Pontevedra y Marín, la posición del gobierno municipal, "no solo del alcalde y de su grupo" (ya que en la actualidad el BNG gobierna en coalición con el PSOE), es la de recuperar la ría. El regidor pontevedrés ha destacado los 20 años que lleva trabajando para ello y ha subrayado que gracias a eso se han producido otros traslados, como el caso de las instalaciones de Elnosa. "Nos queda trasladar Ence para recuperar la ría. Es un activo importantísimo, ya que generaría muchísima más actividad económica, empleo y calidad de vida. Se trata de un espacio natural único en el mundo", ha indicado Lores, quien ha bromeado diciendo que "aunque hay otras rías, la nuestra es nuestra y por tanto más importante".

En este sentido, ha señalado que el gobierno municipal "utilizará todos los mecanismos posibles", entre los que se incluyen los institucionales, así como los judiciales, "que ya están en marcha", y también la movilización social. "Esperemos que queden menos años para que podamos recuperar la ría", ha sentenciado Lores.

"Ejemplo de Políticas corruptas del PP"

Por su parte, el portavoz nacional de Anova y diputado de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, también ha participado este domingo en la manifestación, donde ha señalado a los medios que "Ence es un ejemplo claro de las políticas corruptas del Partido Popular". "Estamos aquí para apoyar la marcha para que Ence salga de la ría. Ence es un ejemplo claro de las políticas corruptas del PP, que no duda donde funcionan las puertas giratorias y donde destacados diligentes populares ocupan puestos en su consejo de administración", ha criticado Sánchez.

Para él, "estamos ante un ejemplo de desarrollo colonial en Galicia", donde se crea "poco" empleo de valor "y en cambio provoca un enorme impacto ambiental, que no solo condiciona la vida de la ría sino también la política forestal del país".

Así, también ha criticado la actuación "fraudulenta" del PP y de Mariano Rajoy renovando la prórroga por 70 años, por lo que ha censurado "una forma de hacer política centrado en las prioridades de determinadas empresas en lugar de servir a los intereses de los gallegos".

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) avanzó que el ayuntamiento estudia denunciar la prórroga de la concesión a Ence en Lourizán ante el Tribunal de la Competencia europeo.

Según explicó el regidor, la base de este recurso será el hecho de que se le otorgue permiso a una empresa del sector para ocupar espacio público, mientras compañías tienen que operar en espacios privados.

Con este anuncio, Fernández Lores ha querido demostrar que el gobierno local no se desanima después del revés judicial que el Ayuntamiento de Pontevedra ha recibido del Tribunal Supremo, rechazando dos recursos contra el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Ence y su autorización ambiental integrada.

Lores avanzó que en la estrategia del gobierno local para que Ence abandone su emplazamiento en la ría jugará un papel fundamental la Unión Europea.

Por el momento, esta denuncia ante el Tribunal de la Competencia europeo, se encuentra en una fase inicial de preparación, por lo que Fernández Lores no quiso desvelar más información sobre su contenido.

La sentencia del Supremo, en la que llegan a calificar de "obstinación" la postura del ayuntamiento con respecto a Ence, sirvió al alcalde para asegurar que "más obstinada va a ser" en este asunto. "Si hubiese un superlativo de obstinación, estaríamos ahí", espetó.

"No vamos a dejar de luchar", aseguró Fernández Lores en rueda de prensa. "Estaré muriendo o ahogándome y voy a seguir diciendo que ahí no pueden estar", reiteró.

Según informa Europa Press, el alcalde de Pontevedra expresó su respeto a la decisión del alto tribunal, aunque explicó que no comparte los criterios que marca el fallo judicial porque faculta a las administraciones a "saltarse las competencias municipales y hacer lo que quieran".

Por ello, insistió en que el consistorio pontevedrés seguirá recurriendo contra Ence "aquí, en la Unión Europea o donde sea" porque el gobierno municipal se muestra "convencido" de que la empresa debe abandonar la ría.

El PP califica de "lamentable" la insistencia de Lores

Por su parte, el Partido Popular de Pontevedra calificó como "lamentable y vergonzoso" que el gobierno municipal capitalino continúe acudiendo a la vía judicial para impedir la continuidad de Ence.

"Lores debería dejar de enredarse con pleitos inútiles que nos cuestan dinero a todos y que encima dejan en ridículo al gobierno local hasta el punto de que el Tribunal Supremo le da un tirón de orejas por tergiversar sentencias", aseguró el portavoz popular, Jacobo Moreira.

El PP de Pontevedra instó a Lores a unirse a los que "exigen a Ence compromisos, inversiones y empleo para Pontevedra", algo que ya se recoge en el pacto ambiental entre la Xunta y la compañía.

Raimundo González, portavoz del Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), anunció este lunes que su equipo presentará un recurso contra la prórroga de 60 años de la fábrica de pasta de papel situada en la ría de la localidad. Para ello, el Consistorio cuenta de plazo hasta el próximo 23 de junio.

"Es una manifestación clara de este grupo de gobierno de que no queremos a Ence ahí ni aunque se pinten de rosa", subrayó González, quien destacó el "grave problema ambiental" que provoca la empresa.

El gobierno municipal ya interpuso el pasado 22 de marzo cursara un requerimiento que no fue contestado por el Ministerio de Medio Ambiente. La ausencia de respuesta equivale, según la ley, a una negativa por silencio administrativo.

"De este acuerdo daremos cuenta en el próximo pleno de la corporación", remató el concejal, a lo que añadió que entonces será el momento de iniciar la vía judicial.

En la sesión plenaria, que tuvo que suspenderse momentáneamente hasta en dos ocasiones, el portavoz del PP en Pontevedra, Jacobo Moreira, pidió que se "reconsidere y recapacite" y calificó de "auténtica estupidez" la decisión de nombrar a Rajoy persona non grata. En su opinión, el dirigente "no va a sentir vergüenza", sino que serán los pontevedreses quienes la sientan.

Además, el portavoz del PP, que cuenta con siete concejales en Pontevedra, denunció que "esta es una maniobra orquestada desde Madrid por Podemos y el PSOE". "Yo les digo a los señores Sánchez e Iglesias que Pontevedra no es títere de nadie", proclamó en alusión a los secretarios generales del PSOE y de Podemos. Los ediles del PP rechazaron participar en la votación y abandonaron el pleno unos minutos.

Por Ciudadanos, la edil María Rey, explicó el voto en contra de su formación, que cuenta con un solo edil en el Consistorio pontevedrés. "Nuestro no, no es un sí a la corrupción o a las políticas de austeridad. También decimos no al revanchismo político", argumentó.

Por parte de los promotores de la moción, el portavoz de Marea Pontevedra, Luis Rei, denunció que "Rajoy condenó a prisión permanente revisable con la agravante de podredumbre a 83.000 pontevedreses", mientras que Agustín Fernández, del PSOE, criticó que el presidente del Gobierno en funciones "regaló 60 años más de destrucción y desolación" a Ence.

"Con alevosía y en funciones aprobó una prórroga confundiendo el Consejo de Ministros con el Consejo de administración de Ence", reprobó el concejal socialista, quien agregó que con esta decisión, el Gobierno de Rajoy condena a los pontevedreses "a más años de masacre medioambiental, de destrucción, de prepotencia y chulería".

Por su parte, Carme da Silva, del BNG, afirmó que Ence se instaló en la ría con Franco "a bayoneta calada" y Rajoy ha demostrado ser "digno heredero de esa tradición". Esto es una "condena para toda Galicia que debería avergonzar a todo el PP de Pontevedra", agregó.

El Gobierno en funciones, a través del Ministerio de Agricultura ha otorgado a la empresa Ence la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra, según informa la compañía en un comunicado y recoge Europa Press.

La prórroga se concede por 60 años, con un plazo adicional por encima de los 50, dado, según destaca la empresa en la nota de prensa, "el fuerte compromiso de Ence en Pontevedra con una inversión de 61 millones de euros".

Entre las inversiones comprometidas, cita los 30,2 millones de euros que destinará a una mejora de la eficiencia de la fábrica, lo que permitirá, según dice, un crecimiento en celulosa y energía renovable.

Además, la empresa señala que invertirá 15 millones en la instalación de un nuevo ciclo del agua que "hará posible recuperar gran parte del agua del proceso y minimizar el volumen del efluente". Por otro lado "continuará con su compromiso con las mejoras ambientales", concretamente en la eliminación de olores, de ruidos y de vapores, así como para "garantizar la fiabilidad medioambiental más allá de sus obligaciones legales", con una inversión que cifra en casi 12 millones de euros. Otros 4 millones se destinarán al diseño y ejecución del proyecto de integración paisajística de su fábrica de Lourizán.

"Con las inversiones que se acometerán, se pretende que la celulosa de su fábrica de Pontevedra se ponga al mismo nivel de costes que la del centro de operaciones de la empresa en Navia, que ya es una de las dos plantas de celulosa más competitiva de Europa", expone.

Todas estas cantidades, que, según incide, "están avaladas en la solicitud de prórroga", fueron anunciadas al mercado en el Investor Day celebrado por la compañía el pasado mes de noviembre.

Planta de biomasa

Tras ganar el concurso de biomasa, Ence baraja instalar una planta de biomasa de 40 megavatios en Pontevedra, lo que supondría una inversión adicional de 74 millones de euros, inversión contemplada en el plan estratégico de la empresa y que se menciona en la solicitud de prórroga.

Ence subraya que la prórroga de la concesión "ha sido posible porque la fábrica de Ence en Lourizán, referente medioambiental de su sector en Europa, cumple holgadamente la exigente normativa medioambiental europea".

Por otro lado, considera que la prórroga es "una buena noticia para la ciudad de Pontevedra" por "el empleo que va a generar, para el mantenimiento del nivel de actividad del puerto de Marín y para todo el sector forestal gallego".

La decisión adoptada por el ministerio, según sostiene, "ha permitido salvar los más de 800 puestos de trabajo que Ence genera en Pontevedra y los más de 5.000 en toda Galicia que dependen del funcionamiento de su fábrica de Lourizán".

Más prórroga de la prevista por las inversiones

De forma paralela, Ence, en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha informado de que la comunicación se ha producido este lunes, mediante resolución dictada por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Según concreta, la prórroga se ha concedido por un periodo de 60 años a contar desde el momento de la solicitud de la prórroga, el 8 de noviembre de 2013.

Agrega, asimismo, que el plazo adicional otorgado por encima de los 50 años inicialmente previstos como máximo para este tipo de concesiones, esto es, 10 años, "está vinculado a la ejecución de una serie de inversiones valoradas en 61 millones de euros".

Dichas inversiones ya constan previstas en el plan estratégico de la sociedad, según finaliza.

El PP quería en principio que Ence abandonase la ría

En abril de 2015, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió estar "en una encrucijada", al considerar que exigir a Ence su salida de la ría de Pontevedra conllevaría el "cierre" de la factoría y, con ello, Galicia se quedaría "sin industria transformadora de papel".

Ante esta afirmación, realizada en el pleno de la Cámara, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, reprochó al mandatario que no "tiene palabra", ya que el traslado de la pastera estaba incluido en el programa del PP gallego.

De hecho, hasta entonces, los conservadores habían asegurado tener una "posición clarísima" y "reiterada hasta la saciedad" favorable a que Ence debía abandonar su ubicación en la ría de Pontevedra en 2018.

En el gobierno municipal, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, del Bloque, siempre ha mostrado su oposición a la prórroga y ha remarcado la necesidad de que la pastera abandonase la ría. Igualmente, colectivos como la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra mantuvieron una postura beligerante, en pos de que la fábrica dejase libre el espacio de Lourizán.

Porque cambia el mercado y hacen falta más trabajadores para satisfacer el aumento de la demanda. Citroën e Iveco dieron marcha atrás en sus respectivos expedientes de regulación temporal de empleo tras crecer la carga de trabajo. El del automóvil es un sector expuesto a fuertes subidas y bajadas de demanda, a las que las empresas intentan ajustar su producción con reducciones de jornada o suspensiones de contrato.

En otros casos, la negociación con los sindicatos consigue sustituir los despidos por medidas alternativas, la llamada “flexibilidad interna” y otras de reducción de costes. Ocurrió en el Banco Sabadell, que accedió a suspender las aportaciones al fondo de pensiones de la plantilla durante dos años, abrir un plan de excedencias voluntarias y reducir en tres días las vacaciones anuales, en lugar de suspender los contratos durante seis meses a 1.420 trabajadores. Es decir, pretendían mandarlos al paro la mitad del año. Según aseguró entonces UGT, la medida era “innecesaria, injustificada y discriminatoria”.

Otro tanto ocurrió con Ombuds, una de las empresas que presta el servicio de seguridad en el Metro de Madrid. Quería despedir a 151 trabajadores tras reducir Metro el número de horas de servicio en el pliego de contratación con la empresa. La plantilla convocó paros en Nochevieja y Año Nuevo, que no llegó a ejecutar tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos: bastó cambiar los despidos por traslados voluntarios y bajas incentivadas.

El ultimátum de Sniace

En la química Sniace la negociación está siendo mucho más complicada. La empresa cántabra anuló el pasado julio el despido de 364 trabajadores y lo sustituyó por una suspensión temporal de contratos durante dos meses para toda la plantilla, 581 empleados. Sin embargo, un mes después, la empresa presentó otro ERE, esta vez para despedir a todos los trabajadores, a modo de ultimátum a la Administración. Incluso lo calificó de “preventivo”: anunció unas pérdidas de 41,1 millones en el primer semestre y prometió ejecutar los despidos si los gobiernos central y autonómico no atendían a una serie de “compromisos” antes de que terminara septiembre: la reducción del céntimo verde –impuesto sobre la producción de gas natural–, la modificación de los parámetros de inmisión de disulfuro de carbono, la inclusión de las turbinas de gas en el régimen económico especial a precio de tarifa y la adecuación del canon de saneamiento.

Finalmente, despidió a 533 personas y entró en concurso de acreedores en octubre. Desde entonces la plantilla no ha dejado de movilizarse, en busca de un plan que salve la fábrica de Torrelavega. Mientras, la empresa ha utilizado uno de los recursos que le ofrece la reforma laboral para pedir a la Audiencia Nacional que ratifique que el ERE se hizo conforme a la ley. Esa demanda ha paralizado, a su vez, las individuales que han presentado los trabajadores despedidos.

“Las empresas comienzan con planteamientos de máximos porque, tras la reforma laboral, tienen que justificar muy poco”, asegura Julián Iglesias, de la Secretaría de Empleo de CCOO. De hecho, cree que, tal y como está diseñado ahora el procedimiento para el despido colectivo –sin necesidad de autorización administrativa– se ha “vaciado de contenido la negociación”, toda vez que el empresario despedirá tanto si llega a un acuerdo con el comité como si no.

Aun así, José Antonio Gracia, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT, apunta que negociar proporciona “estabilidad” a la empresa, le evita una muy indeseable conflictividad permanente. Porque en su sector, el de servicios como las concesiones de limpieza o seguridad privada, los sindicatos juegan con la “ventaja” de la presión que ejercen sobre las empresas sus clientes. Es lo que ocurrió con la limpieza viaria y el Ayuntamiento de Madrid. Además, en ese caso contaban con “capacidad sindical para plantear alternativas en la mesa” y capacidad para movilizar a las plantillas. Algo que no ocurre en las pequeñas y medianas empresas, que suman el 90% de las españolas.

El miedo en el cuerpo

En cualquier caso, Gracia recalca que muchas empresas utilizan la “amenaza” del ERE como estrategia. No sólo para conseguir rebajas en las condiciones laborales y salariales de las plantillas, sino incluso para presionar en la negociación de los convenios colectivos. Así ocurrió en el sector de la seguridad privada, precisa.

“Lanzan el órdago de los despidos, te meten el miedo en el cuerpo y piden cosas que sólo son posibles ahora con la reforma laboral”, explica el dirigente de UGT. “Somos conscientes de las dificultades que tiene el sector, con la morosidad de las administraciones públicas y la competencia desleal”, añade, “pero no podemos permitir que las empresas repercutan el impacto sólo sobre las espaldas de los trabajadores”. No se puede bajar el salario de trabajadores que cobran menos de 1.000 euros, recalca.

Para Julián Iglesias, buena parte de la decisión de despedir se debe a la “visión cortoplacista” de los empresarios, que gracias a la reforma laboral se encuentran, además, con “un campo perfectamente abonado” para "descargarse de mano de obra estable". “Si en la negociación se pueden cambiar despidos por otras medidas, es que el planteamiento de la empresa era un farol, no se correspondía con la realidad”, desvela José Antonio Gracia.

La huelga como arma

En la mayoría de los ERE retirados por las empresas, ha mediado una huelga o al menos su convocatoria. Fue el caso de la FNAC el pasado mes de marzo o de la celulosa Ence, que anunció 144 despidos pese a acreditar unos beneficios de 43 millones de euros. Seis días de huelga dieron al traste también con el ERE que las concesionarias del alumbrado público de Madrid presentaron para 720 trabajadores. Como ocurrió con la limpieza viaria, la medida siguió a la rebaja de 40 millones de euros en el contrato municipal del servicio. En Caja 3 –resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz– fueron los paros parciales convocados por los sindicatos los que consiguieron revocar el ERE para 592 trabajadores.

Huelga indefinida convocaron igualmente los trabajadores de la farmacéutica vasca Vascofar y huelga convocaron los de Abante, una empresa de telemarketing de A Coruña. Los despidos fueron retirados.

No obstante, ambos sindicatos se muestran muy cautelosos sobre el uso de esa “herramienta”, la “última” a la que recurren. “Tiene mucho desgaste para todos”, argumenta José Antonio Gracia, “para los trabajadores, porque pierden salarios y perjudica las relaciones, y para la empresa, la conflictividad le hace daño”. Tampoco es un recurso que se pueda utilizar igual en las grandes que en las pequeñas empresas, apunta Julián Iglesias. A su juicio, son los jueces quienes se han convertido en el “último dique” frente a la pérdida de derechos laborales. Gracia no lo tiene tan claro, dado que la ley ha “fortalecido” la capacidad de decisión del empresario y “ata de manos” a la justicia.

Para comprobar el éxito del pulso que mantienen los trabajadores de la factoría de Panrico en Barcelona, después de tres meses de huelga contra un ERE con 154 despidos, habrá que esperar aún. También el de los 207 empleados de los servicios de lavandería de los hospitales públicos de Madrid, que llevan desde el pasado 6 de diciembre en huelga contra la rebaja del 40% que la nueva concesionaria quiere aplicarles a sus sueldos. Protestan porque se los quieren dejar en 640 euros brutos al mes.