“Cobayas”. Así se refirió a los propietarios de una comunidad de vecinos de Laguna de Duero (Valladolid) el presidente de Cartif, la fundación que gestiona un ambicioso y controvertido proyecto europeo de eficiencia energética que costará 16,5 millones de euros y supondrá un cambio radical en el sistema de calefacción y fachadas de las 31 torres de 12 plantas que conforman la urbanización de Torrelago.

El plan, que se define como “privado”, cuenta con un importante apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento, que participa como “socio necesario” en el consorcio de las 18 empresas ejecutantes del proyecto, como de la propia Unión Europea. Una complicada maraña de intereses públicos y privados a la que la UE destinará ocho millones de euros y que dejará una deuda de al menos otros ocho a la comunidad de vecinos que asiste dividida al inicio de las obras. Su ejecución se aprobó en dos controvertidas juntas vecinales, ahora impugnadas en los tribunales por 40 propietarios, agrupados en la Asociación de Vecinos Torrelagopina.

CITyFIED (Ciudades y Distritos del Futuro Eficientes, Innovadores y Replicables, por sus siglas en inglés) es el nombre del proyecto que espera ser líder en la implementación de la eficiencia energética en la Europa del futuro. Un ambicioso plan que se desarrollará en Lund (Suecia) y Soma (Turquía), y que en España ha fijado su objetivo, en medio de la controversia, sobre una urbanización privada en Laguna de Duero. Al complejo vecinal de 31 torres de 12 plantas, dividido en dos comunidades de propietarios, le espera una obra de grandes dimensiones y coste multimillonario que sustituirá las tradicionales calderas de gas por un sistema de calefacción por biomasa, y la reestructuración de las fachadas de las 31 edificaciones.

Acuerdos vecinales impugnados en los tribunales

La rehabilitación del sistema de calefacciones, que ya ha dado comienzo, de momento solo ha logrado caldear los ánimos de los 40 propietarios que han interpuesto dos demandas judiciales para impugnar los acuerdos de ambas comunidades, basándose en lo que consideran “graves defectos de forma” en la redacción de las actas y por la supuesta falta de quórum en las votaciones. “Los dos acuerdos de la comunidad son fraudulentos a más no poder”, sostiene la junta directiva de la Asociación de Vecinos Torrelagopina. “Se adoptaron con más de 1.000 ausentes y 80 personas que ya manifestaron su voto en contra, de los 1.488 vecinos que integran las comunidades. Asistieron a la votación una mínima parte de los propietarios, sin disponer ni tan siquiera de un anteproyecto que valorar”, explica la asociación.

Por su parte, Guillermo Cifuentes, presidente de la Fase 1 de la comunidad, se muestra convencido de que no se ha incumplido ninguna normativa. “Esto es como elegir a un presidente del Gobierno. ¿Votan todos los españoles?”, se pregunta, para después continuar relatando a este diario las condiciones en las que se desarrolló la reunión vecinal de su comunidad: “A la asamblea asistieron “doscientos y pico propietarios”. Se refiere a una comunidad integrada por 576 viviendas y cinco locales. “En nuestra fase votaron 'no' en el momento seis propietarios, hubo dos abstenciones y el resto votó favorablemente”, explicó Cifuentes, quien se apoya además en la actual Ley de Propiedad Horizontal, a la que, asegura, se ajustó el procedimiento. La postura es respaldada por el Ayuntamiento de Laguna del Duero, que avala las votaciones por “la mayoría muy abultada” del “sí”.  

Un voto favorable que, según exponen los demandantes, no se produjo en las condiciones de transparencia e información necesarias para sostener un proyecto de esta importancia: “Nosotros vivimos tan tranquilamente con nuestros edificios y con nuestras calderas de gas y, de repente, aparecen unas empresas que plantean a los vecinos, en una reunión casi clandestina, que nos había tocado un premio, una subvención europea”, explica la junta directiva de Torrelagopina.

La alarma suscitada entre los vecinos provocó que algunos de ellos solicitaran el proyecto completo, topándose con la negativa del presidente de la comunidad: “[Nos dicen] que tanto el proyecto, como el contrato y las condiciones económicas del proyecto eran confidenciales, luego que lo tenía Cartif y, finalmente, que teníamos que obtener el permiso de las 18 empresas que conformaban el consorcio y 1.000 excusas más”, protestan. Además, denuncian que, del desglose del presupuesto no saben nada. “Nos han impuesto un presupuesto de 16 millones y medio sin mediciones, sin presupuesto alternativo, sin compararlo con el precio de mercado”. La falta de definición sobre las transformaciones de los títulos de propiedad de las respectivas comunidades implicadas y los cambios que ha sufrido el proyecto desde que lo aprobaron los vecinos, son otros de los puntos por los que la asociación pide la paralización cautelar de las obras.

Intervención policial 

La tensión acumulada terminó por explotar cuando hicieron acto de presencia los operarios encargados de dar comienzo a las obras. “Las obras empezaron sin cartel alguno que nos dijera qué empresa estaba trabajando ahí. Cuando les pedimos que se identificaran, nos contestaron que no sabían quiénes éramos nosotros para tener que identificarse”. Con los nervios disparados entre las partes, la asociación explica que los técnicos llamaron a las fuerzas del orden, que se personaron con tres policías y dos guardias civiles para permitir “de malos modos” que se desmantelaran las calderas perfectamente operativas.

“El daño ya está hecho, tuvimos que ver cómo cortaban por la mitad nuestras calderas y desmontaban nuestros depósitos”, relata un miembro de la junta directiva de la asociación. Un “avasallamiento absoluto”, subraya. El concejal de Servicios Urbanos e Infraestructuras, Enrique Fernández, lo justifica así: “Las personas que están trabajando en la obra han sido amenazadas y coaccionadas durante el inicio de las obras para que no se continuaran. El Ayuntamiento sabe que la empresa ejecutora y la comunidad han requerido la presencia policial dos veces para mantener el orden, pero en ningún caso se ha denunciado a nadie”.

Ningún coste para los vecinos

La tentadora inversión de 16,5 millones de euros prometida es un caramelo que ha terminado por atragantarse en la garganta de los vecinos demandantes. La subvención europea del pionero plan de eficiencia energética en las edificaciones, el CITyFIED, supondrá ocho millones de euros para desarrollar el proyecto. Por su parte, los vecinos deberán desembolsar los otro ocho restantes de su propio bolsillo con el fin de sufragar la ejecución de las obras. Una cifra de seis ceros que los miembros de la comunidad de propietarios deberán restituir a lo largo de los próximos 20 años, mediante una reducción del consumo energético que las cuentas más optimistas estiman en un 40%. Una “oportunidad única”, en palabras del Ayuntamiento, que sin embargo ha despertado la sospechas de la asociación Torrelagopina: “La empresa 3iA adelanta a la comunidad siete millones de euros que serán devueltos a 20 años más intereses. La amortización de la obra se irá realizando con el supuesto ahorro. Todo esto sin mostrar ningún cálculo”, explican los afectados. Por contra, tanto el Ayuntamiento como el presidente de la Fase 1 de las comunidades aseguran que el proyecto no supondrá ningún coste adicional para los vecinos. Así lo indicó a infoLibre Enrique Fernández: “La diferencia de la parte que no sufraga Europa [8,5 millones de euros] va a ser avalada por las empresas”. Esa cifra, insiste, la financiarán posteriormentelos vecinos de la comunidad con el ahorro de la factura energética.

Un proyecto privado en la propaganda electoral del Ayuntamiento

La iniciativa, que según el Ayuntamiento es estrictamente “privada”, llegó hasta el folleto de propaganda electoral editado por el Partido Popular de Laguna del Duero para las pasadas elecciones europeas. En sus páginas, y bajo los tonos azulados propios de la publicidad de la formación conservadora, se exponían las virtudes de CITyFIED como ejemplo de la apuesta europea de “innovación, inversión y medio ambiente” en la localidad. Una apuesta que el presidente de la comunidad, Guillermo Cifuentes, solicita a esta periodista que sea expuesta con el mayor rigor y exactitud posible a sus lectores: “Infórmate bien porque aquí ha habido periodistas que han soltado difamaciones al principio y nos hemos reunido con ellos –Cartif, las empresas, el Ayuntamiento con los concejales y nosotros, las comunidades– y se les ha advertido: cuidado con lo que se informa, que la información hay que contrastarla”. La misma exigencia de transparencia e información que la Asociación Torrelagopina y los 40 vecinos que han presentado las dos demandas de impugnación ante los tribunales esperan que se haga extensible a todas las partes implicadas en un proyecto impulsado desde Europa.  

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Las movilizaciones comenzaron el 10 de enero de 2014 cuando vecinos de Gamonal, el barrio más populoso de la capital burgalesa, se movilizaron en contra del proyecto del Ayuntamiento de invertir 8,5 millones de euros para construir un bulevar en la calle Victoria.

Los disturbios y manifestaciones se sucedieron durante varios días y se saldaron con la detención de más de cuarenta personas por los destrozos en el mobiliario urbano y en sucursales bancarias.

La presión vecinal obligó al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, a paralizar temporalmente las obras aunque finalmente el proyecto no se llevó a cabo ya que los vecinos consideraban excesivo el gasto en un momento de crisis y con una elevada tasa de paro.

El juicio tendrá lugar en la sala de vistas 8 y comenzará a las 9:30 horas.

Dicen tener más energía y fuerza que la propia central termoeléctrica con la que conviven hace más de 40 años. Eso afirma Candelaria contra la Central, la plataforma ciudadana de la pequeña localidad tinerfeña que se ha sublevado contra la prolongación de una infraestructura, propiedad de Endesa, que tenía previsto su cierre en el año 2015 y para la que ahora sin embargo, se prevé una ampliación que supondrá la construcción de una nueva central de ciclo combinado gas-fuel, una subestación, nuevos tendidos aéreos y un futuro gaseoducto. Unos planes que suponen una bofetada a las esperanzas de la pequeña localidad canaria que lleva décadas soportando la peor parte de un modelo energético tradicional basado en los combustibles fósiles.

La polémica vida útil de la central termoeléctrica Las Caletillas parecía haber llegado a su fin con el Plan General de Ordenación Urbana que en 2007 establecía su clausura en un plazo de ocho años. Se cumplía así con la Ley General aprobada por el Parlamento canario en abril de 2003. A poco menos de un año para alcanzar el cierre definitivo de la central y en contra de lo previsto, la Consejería de Industria aprobó el pasado noviembre la instalación de una nueva subestación y nuevos tendidos eléctricos que darán continuidad a la actividad de Las Caletillas.

El vuelco de la situación ha animado a un sector creciente de la localidad de Tenerife a constituirse en una plataforma que reclama el desmantelamiento de la central y la puesta en marcha de un nuevo modelo energético. Todo ello en un pueblo que lleva soportando al menos cuatro décadas la mayor concentración de tendidos de alta tensión de la isla configurados a lo largo de 20 Km de líneas y más de 70 torres de alta tensión. Una amalgama de cableado que, además de emborronar el paisaje isleño, sostiene la actividad de una central que quema más de trescientas mil toneladas de combustible fósil al año, a la que acompaña la emisión de un humo negro cargado de gases tan contaminantes y peligrosos para la salud pública como el dióxido de nitrógeno o de azufre, y que en múltiples ocasiones han llegado a superar los valores máximos admitidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

“Las igniciones son impactantes”, explica Pilar Macein, portavoz de plataforma vecinal. Protesta, no solo por los riesgos para la salud pública, sino por los “atronadores” ruidos que se derivan de la combustión: “Parece como si la central fuera a reventar”, relata, “incluso los vecinos han llamado muchas veces a Emergencias para ver qué pasaba”. Un efecto molesto y preocupante que la portavoz achaca a la vejez y obsolescencia de una instalación con más de cuarenta años de actividad.

Estudio epidemiológico

Las continuas emisiones de gases tóxicos son un asunto que ha ido generando una creciente alarma entre los vecinos de Candelaria. Las posibles afecciones sobre la salud pública preocupan especialmente a la plataforma, que solicitó al Ayuntamiento la elaboración de un estudio epidemiológico independiente que despejara las incógnitas que acompañan a la actividad de la central. “La contaminación pesa sobre nosotros continuamente y sobre todo lo que se cultiva en el valle”, denuncia Maecin, convencida de que las emisiones están pasando factura a los poco más de 26.000 habitantes del municipio. Una preocupación que se extiende a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento y que ha llevado al Consistorio a solicitar en varias ocasiones estudios al Servicio Canario de Salud. Y unos informes que el Gobierno municipal sigue esperando. “El Servicio Canario de Salud ha sido bastante esquivo, pero continuaremos exigiéndolo cuantas veces quieran los ciudadanos”, explica Domingo Ramos, concejal de Urbanismo de Candelaria. Una dilatada espera que ha disparado las sospechas de los ciudadanos, que desde la plataforma achacan a “intereses económicos”.

Canarias, la Arabia Saudí de las renovables

Los nuevos planes de Endesa para Candelaria han terminado por colmar la paciencia de la plataforma, que ve como los tres proyectos en trámite (la construcción de una subestación, un gaseoducto y nuevos tendidos aéreos) no solo prolongarán la vida útil de la vieja central termoeléctrica, sino un modelo energético cada vez más despreciado por una comunidad que también ha de lidiar con las prospecciones petrolíferaslidiar con las prospecciones petrolíferas que prepara Repsol en las profundidades marinas de su archipiélago. Una política energética para la que este movimiento ya ha encontrado una alternativa menos costosa y más competitiva. “Estamos 30 años por detrás de otros países europeos y creemos que Canarias puede ser la Arabia Saudí de las energías renovables”, asevera Pilar Macein. Los integrantes de la plataforma proponen el soterramiento de las líneas de alta tensión existente y que se aproveche el potencial de unas islas también afortunadas por la privilegiada capacidad de generación de electricidad solar, eólica e hidroeléctrica que le da su estratégica situación geográfica y climática. Una apuesta de futuro no solo por la sostenibilidad medioambiental, sino por el desarrollo tecnológico, económico e industrial de la comunidad.

Por su parte, el conflicto abierto entre el Ministerio de Industria y el Gobierno canario por las conflictivas prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, alienta las esperanzas de la plataforma Candelaria contra la Central, que ahora espera que el Ejecutivo isleño, presidido por Paulino Rivero, secunde sus reivindicaciones. Algo, que según la portavoz de la plataforma, entraría en consonancia con la firme postura proclamada por el presidente canario contra la explotación petrolífera en sus costas y en favor de las renovables.

Una vez más, Canarias se resiste a convertirse en un fósil en el mapa energético europeo. A los planes del Ministerio de Industria con respecto a las conflictivas prospecciones petrolíferas, se añade ahora la decisión del Gobierno Canario de renovar la Central Termoeléctrica de las Caletillas. Unos planes que entran en contradicción con las recientes proclamas del Ejecutivo autonómico en favor de las energías renovables. promesa que ha empujado a la plataforma a exigir un esfuerzo de coherencia a sus representantes.

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Miles de especies marinas ahogadas en chapapote, muertas o varadas en las costas. Una gigantesca marea negra es la instantánea que sigue a cualquier desastre petrolífero. La catástrofe de abril de 2010 en el Golfo de México dio buena cuenta de cuál es el escenario que deja un vertido de crudo en el océano: un ecosistema devastado durante décadas con todos sus recursos ambientales y pesqueros arruinados. Pese a los riesgos conocidos, el Gobierno español ya ha dado luz verde a Repsol para excavar el subsuelo marino del archipiélago canario en busca del combustible que haga marchar las cuentas de la industria energética nacional. Mientras tanto, la compañía petrolífera y el Ejecutivo tendrán que lidiar con la férrea oposición de la Coordinadora canaria contra las prospecciones, integrada por ciudadanos, diversas organizaciones y el propio Gobierno autonómico.

Canarias está cada vez más cerca de convertirse en la nueva base de Repsol para sus rentables negocios de extracción petrolífera. La Declaración de Impacto Medioambiental (DIA), emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y favorable a los sondeos exploratorios a 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, otorgan la autorización a la multinacional para iniciar la fase de las catas, la que permitirá extraer muestras de material rocoso y obtener información detallada sobre las bolsas del subsuelo. Es, en definitiva, la etapa previa a la instalación de una plataforma permanente de explotación de las reservas de hidrocarburos.

Polémico Informe de Impacto Ambiental

A pesar de la miles de alegaciones presentadas contra el informe de impacto ambiental, Medio Ambiente ha dado luz verde al proyecto de la multinacional petrolera con un polémico procedimiento que la Coordinadora canaria contra las prospecciones no duda en tachar de “chapuza” que “no toma en cuenta aspectos fundamentales como el carácter volcánico de la zona o el impacto real sobre el sector turístico o pesquero”. Una evaluación de la afectación del entorno y la economía que, según René Behoteguy, portavoz de esta agrupación, presenta claras deficiencias y omisiones de aspectos fundamentales.

Más graves son las acusaciones del Gobierno autonómico, que considera que no se han respetado los requisitos formales que establece la Ley Medioambiental: “Repsol ha ido aportando a requerimiento del Ministerio abundantísima documentación que tuvo que haber sacado a información pública y que elaboró a posteriori”, explicó a infoLibre Fernando Ríos, director general del Comisionado del Gobierno de Canarias. Una forma de proceder que les habría impedido acceder a la totalidad de la documentación aportada por la compañía y contestar al informe en su conjunto.

Con el visto bueno de Medio Ambiente y pese a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre el recurso que el Cabildo de Fuerteventura interpuso contra la autorización del Gobierno a las prospecciones, Repsol ya calienta los motores del buque de posicionamiento que, según asegura el Cabildo de Lanzarote, explorará al menos un 80% del área marina catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Otro aspecto del proyecto que el Gobierno español habría intentado ocultar, según afirma Fernando Ríos, y que carga de razones a quienes acusan a Medio Ambiente de haber aprobado la Declaración de Impacto Ambiental entre el “oscurantismo” y la falta de transparencia.

Habrá más recursos

Con todo, y aunque se prevé una resolución favorable a las prospecciones por parte del Tribunal Supremo, el Gobierno canario prepara una nueva batalla judicial que permita frenar la inminente actividad petrolífera en aguas canarias. “Habrá más recursos”, declaró a este diario Fernando Ríos, quien anunció que solicitarán medidas cautelares de suspensión en los tribunales. Una acción que, según prevé, paralizará temporalmente la actividad de Repsol. “En este tipo de expedientes, con afecciones medioambientales, los tribunales suelen aceptar las medidas cautelares de suspensión”, explicó. “No tendría sentido que se hicieran las prospecciones, hubiera un accidente y después el tribunal fallara en nuestro favor”. Unas declaraciones que alientan las esperanzas de un pueblo que ve cómo el empeño del Gobierno por ahondar en su suelo marino está demostrando ser tan pegajoso y difícil de retirar como el alquitrán que cubriría sus playas en un hipotético vertido.

“Vamos a llevar adelante la consulta popular”

Conocedora de la amplia mayoría social que rechaza la explotación petrolífera en el archipiélago canario y dada la trascendencia económica y ambiental de las prospecciones en las islas, la alianza ciudadana se ha propuesto desafiar al Gobierno y llevar a cabo un referéndum que deslegitime la actividad de Repsol en sus aguas. “Diga lo que diga el Gobierno de Madrid vamos a llevar adelante la consulta popular”, anuncia René Behoteguy. Una iniciativa que respalda el Gobierno autonómico y que se sustenta en el artículo 92 de la Constitución, que contempla el referéndum en aquellas decisiones políticas de especial trascendencia.

“Solo pedimos que se nos consulte”, insiste en destacar Behoteguy. Una demanda que, de llevarse a cabo, desactivaría la creciente opinión de que sobre España pesa un Gobierno “que antepone los intereses de una multinacional como Repsol a los del pueblo canario”, tal y como sostiene el portavoz de la Coordinadora contra las prospecciones.

En contra de los argumentos del Gobierno, y especialmente del Ministerio de Industria, que defienden la explotación petrolífera como la actividad que impulsará el sector energético español y contribuirá a la creación de empleo, la Coordinadora contra las prospecciones cree que la actividad de Repsol en Canarias no solo afectará negativamente a los sectores turísticos y pesqueros, los principales motores económicos del archipiélago, sino que apenas generará puestos de trabajo. “El sector petrolífero requiere empleo escaso y además, muy especializado”, apunta Behoteguy. “Tampoco habrá beneficios fiscales porque la empresa no va a tributar en Canarias dado el esquema fiscal que hay”, añade.

Atendiendo a que España necesita importar el 99,72% de los hidrocarburos que consume, la apuesta por el petróleo como modelo energético no hace presumible una reducción significativa de ese porcentaje. En este sentido, la Coordinadora contra las prospecciones defiende la inversión en energías renovables, más sostenibles en el tiempo y factibles en unas islas cuya situación geográfica propicia unas condiciones privilegiadas para su desarrollo. “Canarias es un territorio con muchas posibilidades por el mar, por el viento y por el sol”, señala el portavoz de la Coordinadora.

“Es el pueblo contra las multinacionales”. En estos términos se ha planteado la lucha la Coordinadora contra las prospecciones petrolíferas. Una batalla que resuena en los otros conflictos que salpican la geografía española y que hacen chocar la política energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy con una ciudadanía que ni consiente una explotación que pone en peligro su medio ambiente, ni cree en los supuestos beneficios laborales y económicos que administraciones y empresas prometen.

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Cuando el río suena, agua lleva. Este podría haber sido el eslogan base de la plataforma Salvemos Polvoranca, la alianza de ciudadanos, organizaciones ecologistas y partidos políticos de Leganés que se ha propuesto destapar, para después frenar, lo que parece ser un proyecto encubierto de la Comunidad de Madrid para construir una instalación deportiva mecánica de cable-esquí acuático en la laguna de María Pascuala del Parque Polvoranca. Declarado como Observatorio Regional de Aves, al entorno del lago parece acompañarle un segundo plan de explotación hostelera incompatible con la protección de la fauna y flora que habita la zona. Un proyecto que ha llevado a la plataforma a convocar una abrazo simbólico al lago la mañana de este domingo.

La presumible construcción de un complejo hostelero y una estructura de esquí acuático en el parque, reconocido por la propia Comunidad de Madrid como un espacio protegido por su valor ecológico, supondría, según la plataforma, no solo la destrucción de un entorno que acoge a “miles de aves y reptiles”, sino la puesta en marcha de la privatización encubierta de un espacio hasta ahora público. Según denuncian, este entorno se encuentra en tal estado de abandono y dejadez por parte de las administraciones, que ha obligado a integrantes de la plataforma y vecinos a trabajar voluntariamente por su mantenimiento.

Aunque no existen documentos oficiales que permitan concretar los términos en los que la Comunidad de Madrid habría planteado el proyecto, la creencia de que el Gobierno autonómico prevé la instalación de un cable-esquí en la laguna de María Pascuala es algo más que un rumor generalizado. Las declaraciones al diario El País del consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, en las que explicó el propósito de su gobierno  de desarrollar el plan, junto con las declaraciones de un empresario que, favorable al proyecto, manifestó a la plataforma sus aspiraciones de concurrir a un supuesto concurso público para obtener la gestión del lago, activaron todas la alarmas. “Este señor [el empresario] comenzó a discutir con nosotros en nuestra cuenta de Facebook. Empezó a contarnos el proyecto con pelos y señales y dijo que había estado cinco años hablando con la Comunidad de Madrid”, explicó a infoLibre uno de los portavoces de la plataforma.

El empresario, con el que infoLibre trató de ponerse en contacto sin obtener respuesta, explicó a los miembros de la plataforma las bases económicas del concurso público para la explotación de la instalación deportiva. Según aseguran desde este movimiento ciudadano, incluso concretó la cifra de 25.000 euros anuales por la que el Ayuntamiento de Leganés estaría dispuesto a ceder el espacio. Unos datos que suscitaron las inquietudes del grupo socialista y oposición y que obligaron al Gobierno municipal a realizar un desmentido en el pleno. En este sentido, este diario contactó con el consistorio de la localidad madrileña, desde donde negaron cualquier vinculación con el proyecto.

Director general de Medio Ambiente: “No hay empresa, no hay empresario”

La información publicada en El País y las conversaciones de la plataforma con el empresario motivaron la comparecencia en la Asamblea de Madrid del director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, quien reconoció la existencia del proyecto como “una idea” que habrían presentado algunas empresas a la Consejería y que estarían estudiando. “La Comunidad de Madrid […] considera que sería una oferta atractiva que haría que cada vez más gente visitara el Parque de Polvoranca”, explicó. Sin embargo, y a pesar de reconocer que estaba al tanto de las propuestas de algunas empresas, Riquelme negó la relación de la Consejería con ningún empresario. “No hay empresa, no hay empresario. Lo único que conozco de esa persona es que se llama como yo”, zanjó. Unas explicaciones que la plataforma interpreta como contradictorias y que, lejos de tranquilizarles, refuerzan sus sospechas. “Nos tememos que sí hay proyecto. Lo que denunciamos es el oscurantismo y que no nos cuenten qué quieren hacer en el parque”, insisten.

Además, las contradicciones en las que incurrió Riquelme en su comparecencia, al afirmar primero que la Comunidad de Madrid llevaría a cabo el proyecto solo si los tres ayuntamientos implicados en el Parque Polvoranda –Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada- estuvieran de acuerdo con su ejecución, para después asegurar que “la Comunidad de Madrid es la titular de los terrenos”, y que por lo tanto no sería “condición necesaria tener el acuerdo de los ayuntamientos”, se interpretó por la plataforma como una ambigüedad calculada del Gobierno regional, que no cierra las puertas a la explotación del pulmón verde de Leganés.

Un complejo hostelero

A la instalación deportiva acompañaría además la construcción de un complejo hostelero en las inmediaciones del lago. Otro proyecto complementario que, según la plataforma, estaría promovido por la administración local y regional y se estaría gestando de “espaldas a la ciudadanía”. Un plan que, de desarrollarse, ocuparía un espacio de 3.700 metros cuadrados en la zona del embarcadero y que incluiría instalaciones auxiliares relacionadas con el cable-esquí.

“Lo que les pido es que si hay algún documento administrativo, que lo enseñen”, espetó Ricardo Riquelme a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para negar la existencia del proyecto en Polvoranca. Un desmentido asentado en la falta de documentación oficial y cuya aparente rotundidad hace aguas al venir precedido de la tácita admisión del proyecto por parte de la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la opacidad con la que parecen estar actuando las administraciones públicas ha exacerbado los nervios de la plataforma Salvemos Polvoranca. Una alianza ciudadana que, de llevarse a cabo el supuesto plan, no descarta emplear la vía judicial contra la Comunidad de Madrid por delito medioambiental.

Un despilfarro de dinero público. Así es como ve la Plataforma Non ás obras da Mariña el proyecto de peatonalización y soterramiento del tráfico que ya ha empezado a ejecutar el Cosello de A Coruña y la Autoridad Portuaria en el centro de la ciudad gallega. Una obra que, según el alcalde del PP, Carlos Negreira, aspira a convertirse en “el proyecto más ambicioso del litoral español” y que se ha encontrado con el rechazo de ciudadanos y oposición. Una inversión millonaria que la plataforma, junto con Esquerda Unida y BNG, sitúan por encima de los 60 millones de euros y que contempla la construcción de un túnel de cuatro carriles, un aparcamiento subterráneo y la peatonalización de la céntrica zona de La Marina. Un plan de cuya ejecución formará parte Copasa, una de las empresas que figura como donante del PP en los papeles de Bárcenas.

Aunque las cifras no están claras, y se desconoce cuál será el coste exacto del proyecto, la plataforma y la oposición lo sitúan por encima de los 60 millones de euros, tres cuartas partes de las arcas municipales de Coruña, según Esquerda Unida. Una cuantía millonaria que ha desatado las protestas de la Plataforma non as obras da Mariña que ve cómo su Ayuntamiento dedicará gran parte de sus esfuerzos económicos al hormigón y al ladrillo, justo en un contexto de crisis económica en el que el discurso de la austeridad ha allanado el terreno para dejar paso unas políticas económicas de recortes de los servicios públicos sin precedentes.

“El Consistorio está continuamente diciendo que no hay dinero para obras sociales, recortan servicios y ahora resulta que sí hay recursos para toda esta obra faraónica”, protesta el portavoz de la plataforma Santiago Lamelo, que no duda en poner en cuestión el orden de prioridades con el que el Gobierno municipal atiende las carencias de la ciudad: “Hay muchas necesidades en otros barrios que no se cubren y sin embargo se mete dinero en esta obra”. Más contundente se muestra en este sentido el portavoz de Esquerda Unida, Cesar Santiso, al afirmar que en Coruña “hay barrios de segunda o de tercera” sometidos a un “subdesarrollo enorme de sus infraestructuras”.

La concesión a una empresa que figura en los papeles de Bárcenas

Más inquietante le resulta a la plataforma y la oposición la adjudicación de las obras del túnel y el aparcamiento subterráneo a Copasa, una de las empresas que figura en los Papeles de Bárcenas y que aparece en la presunta trama de financiación ilegal del PP en Galicia. Un asunto que llevó a su presidente, José Luis Suárez, a declarar ante el juez Ruz y que ahora solo contribuye a acrecentar la desconfianza entre los ciudadanos sobre el proyecto millonario. “Hay sospechas de que existen trapicheos, corrupción y trato de favor. Esa es una de las cosas que más nos enerva”, explica el portavoz de la plataforma, que ve ahora cómo el dinero de las arcas municipales recaerá sobre una de las diez constructoras que aglutina más adjudicaciones de obra pública en Galicia. Un hecho que según el portavoz de Esquerda Unida deja entrever “intereses claramente espurios que desde luego se tendrían que explicar”.

Con todo, ni los manuscritos de Bárcenas que apuntan a Copasa como una de las empresas que presuntamente habría realizado una donación al PP de 75.000 euros, ni la comparecencia de su presidente ante el juez Ruz, han impedido que la empresa que lidera José Luis Suárez obtenga la concesión de las obras del túnel de la Marina, así como de la ejecución y explotación del aparcamiento subterráneo en el Muelle del Parrote durante 35 años.

Reducción del tráfico sí, pero no con coste millonario

La plataforma no rechaza un plan que reduzca el tráfico en la zona de la Marina. Sí se opone a un proyecto cuyo altísimo coste más bien les recuerda al de los tiempos del pelotazo inmobiliario y la ejecución de obras faraónicas a cargo del erario público. En su lugar, solicita que se estudien alternativas más sostenibles que eviten el gasto de más de sesenta millones. La instalación de seis tipos de bancos en el paseo, cuyo coste unitario alcanza los 14.610 euros o la construcción de una pasarela en el muelle de casi 700.000 euros, son algunos de los ejemplos que la plataforma pone sobre los "excesos" en los que estaría incurriendo el plan. Unas cifras que no se corresponden con la realidad económica de A Coruña, una de las ciudades más endeudadas de Galicia en 2013. “Están vendiendo una presunta austeridad y hacen este proyecto como si fuésemos ricos. Es un despropósito”, asevera Santiago Lamela, quien insiste en aclarar que existen alternativas más viables y de menor coste para reducir el tráfico y peatonalizar la zona.

Las mejoras del transporte urbano, el aprovechamiento de las infraestructuras ferroviarias de los trenes de cercanías –que según la Plataforma se están desaprovechando–, junto con la construcción de aparcamientos disuasorios, permitirían evitar la construcción de un túnel, al que además del coste de ejecución, habrá que sumar los del mantenimiento anual. Un gasto periódico que según Esquerda Unida, el “Gobierno municipal no ha valorado” y que podría ascender al millón de euros e incluso superarlo al tratarse de una infraestructura soterrada cercana al mar. Una dificultad que, según explica César Santiso, obligará a tener funcionando bombas de achique “día y noche”, con el consecuente elevado coste económico y energético que ello generará.

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de A Coruña ya han iniciado un proyecto millonario que la plataforma no ha dudado en tildar de “obra faraónica”. Todo ello en medio de una crisis económica en la que las administraciones no han dejado de emplear los recortes y la austeridad como la única fórmula para salvaguardar unos servicios públicos que, según los integrantes de este movimiento ciudadano, no parecen llegar nunca a los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Mientras tanto, el plan del Ayuntamiento se desarrolla entre las sospechas y la desconfianza de una ciudadanía que, asediada por unas políticas de rigor presupuestario, percibe cómo los beneficios de las inversiones públicas recaen, una y otra vez, sobre los mismos.

La Plataforma lucha ahora, no solo por sacar a la luz los intereses que, sospechan, podrían estar ocultándose en la construcción del túnel, sino sobre todo porque los millones de euros que tanto necesitan los vecinos de A Coruña no queden sepultados en el soterramiento del tráfico de la Marina.

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La parroquia de Santa Catalina Labouré parroquia de Santa Catalina Labourénecesitará un argumento más sólido que “la esperanza cristiana en la vida eterna” para justificar ante los vecinos del barrio madrileño de Carabanchel la construcción de una cripta con capacidad para 230 nichos. Con ese peculiar mensaje, la comunidad católica Camino Neocatecumenal, más conocida popularmente como los "Kikos", anunció en una misiva dirigida a los vecinos del barrio madrileño de Opañel la construcción de un “hermoso” complejo funerario que “pretende hacer presente la belleza del cielo y la vida eterna” en el mismo corazón del popular distrito madrileño de Carabanchel. Un proyecto que se ha dado de bruces con la indignación de muchos ciudadanos ya organizados en la Plataforma vecinal no al cementerio de Opañel.

Proyectado sobre un terreno permutado en la década de los noventa con el Ayuntamiento de Madrid, el complejo funerario contempla la construcción de un edificio de tres plantas, una zona ajardinada que incluiría una cripta, un lago y una planta subterránea destinada a servir de parking. Un plan que no tiene nada que ver con la promesa original del primer párroco de Santa Catalina Labouré, que anunció la construcción de un hogar para jubilados, cuatro salas para la acción social e incluso un polideportivo para disfrute de todos los vecinos del barrio. Una idea inicial que obtuvo el beneplácito de buena parte de los residentes y feligreses de Opañel, que contribuyeron con donativos dominicales a su ejecución y cuyo descarte ha cristalizado en la creación de la plataforma vecinal.

Irregularidades con el terreno

Tachado como “proyecto medieval” por los miembros de la plataforma, el plan suscita sospechas acerca de posibles irregularidades en la gestión del terreno. Tal y como apunta Jorge Ruiz, portavoz de Izquierda Unida en Carabanchel, “la parroquia no se puede apropiar de un teórico uso de culto para especular y hacer negocio, como es la venta y alquiler de plazas de garaje y de los nichos”. Algo que no está contemplado en el acuerdo de permuta, por el que se excluyó el uso lucrativo de la parcela. Asimismo, tanto la plataforma como el grupo municipal de IU advierten que el ambicioso proyecto que pretenden ejecutar los seguidores de Kiko Argüello ocuparía más espacio del que concedió el Gobierno municipal. “Hemos medido el terreno, y parece que el conjunto de la construcción es de más metros de los que se autorizó en su momento”, puntualiza en este sentido Jorge Ruiz.

Por su parte, la alcaldesa de Madrid tendrá que encajar las críticas que ha suscitado la proyección del parking subterráneo del complejo funerario, que, según los integrantes de la plataforma, estaría financiado por el Ayuntamiento de Madrid, que además ha dejado prosperar la planificación de un cementerio en un barrio que alberga ya otros siete. “Rouco culpable, Botella responsable” gritan los integrantes de la plataforma en sus manifestaciones. Un lema que apunta directamente a la alcaldesa Ana Botella y a sus conocidas simpatías hacia corrientes más conservadoras de la Iglesia Católica española.

El vallado del área colindante al terreno de los Kikos, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, también ha levantado ampollas entre los vecinos de Opañel, quienes reclaman el uso público de la parcela municipal actualmente cercada. Una reivindicación que se suma a otras que se llevan sucediendo durante años por unos ciudadanos que demandan equipamientos públicos de uso social en el barrio de Opañel. Un popular vecindario sobre el que ahora pesa la posible construcción de un octavo cementerio.

Desde la parroquia aseguran que la intensa actividad llevada a cabo por la recientemente creada plataforma, les ha impedido exponer el proyecto. Unas explicaciones que, según indica Álvaro de Juana, portavoz del Camino Neocatecumenal, pensaban realizar el pasado 4 de mayo en un acto al que acudiría el cardenal Rouco Varela y al que finalmente no se presentó, presumiblemente ante la presión vecinal. Un evento informativo, según la comunidad Kika, que sin embargo titularon “la primera piedra”Kika. Un lema que despertó la alarma entre los vecinos ante lo que consideraron más un acto inaugural del comienzo de unas obras, que la mera presentación de un proyecto abierto a discusión.

“Hay gente que protesta y luego va a Cáritas a pedir comida”

“Esa presentación estaba prevista para ver lo que pensaban, pero no nos han dejado”, declara Álvaro de Juana a infoLibre. Una afirmación que se contradice con los dos intentos de reunión que la plataforma asegura haber efectuado con el párroco de Santa Catalina de Labouré. Una solicitud por parte de este movimiento ciudadano que de momento no ha obtenido respuesta.

En cualquier caso, la comunidad Kika considera que la Plataforma contra el cementerio de Opañel no es representativa de la opinión del barrio sino que está cargada de prejuicios ideológicos. “Hay mucha gente que viene de fuera a protestar. De hecho, en la cuenta del Twitter, ves que hay detrás partidos políticos e incluso grupos antistema o tipo 15-M”, explica a este diario Álvaro de Juana. Críticas que también extiende a los vecinos del barrio que han mostrado su oposición a la construcción del complejo funerario. “Sabemos de gente que está protestando y luego van todas las semana a Cáritas a pedir comida”, asevera De Juana, quien ve en ello una flagrante contradicción.

¿Un proyecto paralizado?

En cualquier caso, y según informó a infoLibre el portavoz del Camino Neocatecumenal, la presión de los vecinos ha logrado interrumpir la construcción de la cripta. Según De Juana, “se ha paralizado el proyecto, se está reflexionando y en un futuro se replanteará”. Un anuncio que esta comunidad católica emitió en las misas del pasado domingo 11 de mayo y que no ha calmado las protestas de la plataforma, que sigue desconfiando de las intenciones de la parroquia. “La iglesia nos comunicó su intención de desarrollar este proyecto a través de nuestros buzones, si quisieran notificarlo lo harían de igual forma”, declaró Pepa Miñarro, portavoz de la Plataforma contra el cementerio de Opañel, quien aseguró que continuarán con sus acciones reivindicativas hasta que la parroquia no efectúe un comunicado oficial que alcance no solo a los feligreses de Santa Catalina de Labouré, sino al conjunto de los vecinos de Opañel.

El popular barrio de Carabanchel, más pendiente de su suelo que de la “belleza del cielo y la vida eterna”, al que aspira hacer presente el complejo de los Neocatecúmenos, no piensa ceder hasta que esta comunidad católica renuncie definitivamente a ejecutar la construcción de la cripta. Mientras el párroco de Santa Catalina de Labouré justifica el proyecto en nombre de las “benditas almas del purgatorio”, la Plataforma contra el cementerio de Opañel continúa empeñada en que Ayuntamiento y Administraciones Públicas dediquen más sus esfuerzos a la vida terrenal, que como reconoce la comunidad Kika lleva a tantos carabancheleros a pedir comida cada semana a Cáritas. Por ahora, para la plataforma y vecinos, el cielo puede esperar.

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Poco casan los 125 kilómetros de asfalto que atravesarán el paraje natural de la Ribeira Sacra con su candidatura a ser denominada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es lo que creen los miembros de la recientemente creada Plataforma contra la Autoestrada pola Ribeira Autoestrada pola Ribeira Sacra. Un colectivo ciudadano que en apenas un mes y medio, ha logrado organizarse y recoger más de 3.000 firmas para impedir la construcción del tramo de la autovía A-76, promovida por el ministerio de Fomento, a su paso por esta comarca gallega que, bañada por los ríos Sil y Miño y adornada por un extenso patrimonio artístico romano, ve ahora amenazada su singular belleza paisajística con el proyecto de calzada que unirá Ponferrada y Ourense.

“Nosotros no estamos en contra de que haya una autovía”, insiste en aclarar Valentín Barreiros, uno de los portavoces de la plataforma vecinal, que comprende la necesidad de crear una vía rápida que conecte la comarca leonesa del Bierzo con Galicia. Lo que defienden es que el tramo que atraviesa la comarca, candidata a la denominación de Patrimonio de la Humanidad, no se ejecute en los términos que ha planteado Fomento. “Este trazado es, desde el punto de vista medioambiental, incompatible con promocionar la zona como Patrimonio de la Humanidad”, protesta Barreiros, quien insiste en explicar que no se trata de una oposición rotunda al conjunto del proyecto, sino a la parte que afectará a la comarca.

En este sentido, la Plataforma ya está pensando en posibles alternativas de menor impacto económico y medioambiental. Cortar la autovía a su paso por la localidad de Monforte y emplear desde ahí una vía rápida, ya construida, de 25 kilómetros hasta Chantada, es una de las opciones que, según los miembros de este colectivo ciudadano, ahorraría en costes, disminuiría el impacto paisajístico y no impediría la ejecución de la A-76. Con todo, reconocen que todavía no han tenido tiempo para desarrollar detenidamente la idea, aunque insisten en destacar que existen alternativas más viables.

Un lugar con un alto interés patrimonial y paisajístico

“Estamos defendiendo nuestro pasado, presente y futuro”, explica Barreiros, después de recitar de memoria los numerosos lugares de interés patrimonial y paisajístico que se verán afectados. “Hay una capilla neoclásica en A Costria cuyo entorno se arrasará, habrá una afectación directa sobre las casas de algunos vecinos de distintas aldeas. El local social de Apenalba se va a derruir, se ocuparán las tierras de un par de pazos…”. Una larga lista a la que cabe añadir el túnel minero romano de Montefurado, uno de los puntos cuya protección ha encendido más los ánimos de los integrantes de la Plataforma, pues se prevé que la polémica autovía pase a tan solo 150 metros del túnel que en época romana sirvió para desviar el cauce del Sil y extraer oro de sus aguas. Una obra que, como buena parte del patrimonio cultural de la Ribeira Sacra, ha permanecido intacta durante siglos y cuyo elevado valor patrimonial carga de razón la aspiración de vecinos y plataforma para que la zona sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

La comprometida “alternativa 9”

La afectación paisajística y los términos en que Fomento ha desarrollado el proyecto de la A-76 es lo que ha motivado el recurso contencioso-administrativo que la plataforma ha interpuesto en la Audiencia Nacional contra el trazado a su paso por la Ribeira Sacra. La aprobación de una alternativa no contemplada en el documento expuesto a información pública impidió a los miembros de la plataforma presentar alegaciones. Un procedimiento habitual que habría permitido a la plataforma retrasar la vía judicial y aportar sus objeciones al tramo que definitivamente ha sido aprobado.

Se trata de la controvertida “alternativa 9”. Una opción mixta que combina dos de las ocho propuestas que Fomento sometió a exposición pública en 2008 y que ha esquivado someterse a la disconformidad de la plataforma u otras entidades y ciudadanos. Una forma de proceder del Ministerio que, según la plataforma, los ha relegado a una situación de indefensión que les deja poco margen de actuación.

Pero la plataforma no solo tiene reproches para el Fomento. También le han llovido las críticas al Gobierno local de Nogueira de Raimún, una de las localidades afectadas y por la que el proyecto de la autovía pasó desapercibido. Una falta de transparencia por parte de algunas autoridades locales que, según denuncian los integrantes del movimiento vecinal, impidió a los ciudadanos conocer el proyecto del Ministerio y participar durante el periodo de alegaciones. Un hecho que el alcalde de este pequeño municipio, José César Parente Pérez, reconoció a infoLibre al afirmar que el proyecto de la autovía A-76 “pudo pasar desapercibido para los ciudadanos del pueblo”.

Primera victoria: El respaldo unánime de la Diputación de Ourense

A pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado este movimiento ciudadano, ya cuentan en su haber con una primera victoria. El pasado 30 de abril logró que los tres partidos políticos que configuran la Diputación de Ourense acordaran requerir al Ministerio de Fomento una nueva fase de información pública para la alternativa 9. Un compromiso que PP, PSOE y BNG ya han suscrito y que implicará además la solicitud expresa para que se tenga en cuenta la candidatura de la zona para ser designada Patrimonio de la Humanidad.

Un consenso entre las tres formaciones políticas que ha sido percibido por la recién creada plataforma como una primera victoria, “un balón de oxígeno” para este incipiente movimiento ciudadano que se prepara ahora para una lucha de largo aliento por conseguir que la riqueza natural e histórica que atesora la Ribeira Sacra no se vea sepultada por kilómetros de asfalto y alquitrán.

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San Miguel Alto es el cerro que, por encima del Albaycín granadino, observa imperturbable los cambios que el paso del tiempo ha imprimido sobre la ciudad de Granada. Un camino escarpado de empedrado y tierra lleva hasta una colina que esconde bajo su suelo decenas de cuevas habitadas, cuya propiedad llevan años disputándose ocupantes y Ayuntamiento. Un conflicto histórico que en la madrugada del pasado 20 de marzo se saldó con la detención de uno de sus moradores en una operación policial que de momento, no ha logrado expulsar del terreno a sus ocupantes, que trabajan ahora para reivindicar su derecho a poblar las cuevas y denunciar la brutalidad de la que dicen, fueron víctimas durante la actuación de la Policía municipal.

Habitadas en algunos casos por gente cuya titularidad ha sido acreditada en los tribunales, simplemente ocupadas en otros, o cedidas entre propietarios, las cuevas configuran un mosaico de situaciones jurídicas tan dispares que complican la resolución temprana de un conflicto que el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, ha decidido enmendar con operaciones policiales. No obstante, ninguno de los sucesivos intentos de desalojo realizados en 2007, 2010, 2013 y 2014 parece haber logrado otra cosa que acrecentar las tensiones y poner cada vez más en entredicho la forma de proceder y las motivaciones del Consistorio nazarí.

Obstinado en el sellado de las cuevas y en expulsar a sus moradores, el Ayuntamiento de Granada apenas invierte recursos en el acondicionamiento de la zona. Un acceso visiblemente deteriorado, carente de cualquier alumbrado y con nulas condiciones de seguridad pública, son muestras visibles del estado de abandono en el que viven buena parte de los vecinos de una de las zonas históricas de la ciudad de la Alhambra. Las quejas de los vecinos ya son poco más que un rumor resignado, cansados de que la Administración relegue sistemáticamente todas sus peticiones de mejora. "Llevamos años pidiendo que nos pongan al menos farolas, son años subiendo a nuestras casas con una linterna”, protesta una vecina que lleva más de seis décadas viviendo en una de las casas próximas a las cuevas. “Y de la policía olvídate, aquí jamás suben", reprocha. Una situación que el concejal de IU, Paco Puentedura, sólo explica con el “interés del Ayuntamiento en que se degrade la zona para generar un problema social”, creando un campo abonado que perjudica a sus vecinos tradicionales y genera conflicto.

Operación policial y declaración de ruina inminente

Amparados en “motivos de seguridad” y en un informe de riesgo de ruina inminente elaborado por el Ayuntamiento, la madrugada del pasado 20 de marzo un dispositivo de la Policía municipal, equipado con material antidisturbios y acompañado de maquinaria para proceder al sellado de siete cuevas, despertó a los vecinos que habitan la colina. Un despliegue que la concejala de Urbanismo del Consistorio de Granada, Isabel Nieto, calificó como “necesario” a fin de “evitar que aquello se convirtiera en un en un campo de batalla”. Justo el escenario que paradójicamente describen indistintamente los vecinos del cerro. “Yo me desperté con el sonido de una pelota de goma”, relata uno de los moradores de las cuevas.

“Llegaron a las seis y pico y a las siete ya estaban dando palos”, recuerda. Hechos que Nieto desmiente: “Se acudió a las siete de la mañana con autorización judicial y con Policía”, reconoce, pero precisa que fue “a efectos de evitar que se organizara un ejército de personas, de manera que en unas cuantas horas todo había terminado sin ningún tipo de enfrentamiento.” Un punto de vista que tampoco coincide con el de alguno de los vecinos de la zona, que afirman que la Policía lo cercó todo, cerrando las salidas, lo que hizo que algunos de los muchachos que viven allí se pusieran nerviosos.

Maquinaria pesada en una zona de especial protección

“Destruyen las cuevas. No lo permitiremos”, rezan varios carteles al que acompaña el logotipo de una máquina excavadora. Lo han creado los moradores para denunciar el uso de maquinaria pesada sobre el cerro de San Miguel, una zona que está especialmente protegida y sometida a “cautela arqueológica”. Una catalogación que obliga al Ayuntamiento a presentar ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía un “proyecto de intervención arqueológica”.

Se trata de un documento que según esta Administración “no consta” en su registro. “El Ayuntamiento no respetó todas las cautelas que establece Cultura”, declaró a infoLibre Paco Puentedura, que anuncia que presentarán una denuncia por incumplimiento de las exigencias de esta Administración. En este sentido, los testimonios de los vecinos del cerro coinciden con las afirmaciones del edil.

Un paraje privilegiado amenazado por la especulación

La necesidad urgente de sellar algunas de las cuevas para garantizar la seguridad de la gente, es el principal argumento que emplea el Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, tanto para los moradores como para Paco Puentedura, la declaración de ruina inminente es sólo una maniobra del Consistorio para forzar el desalojo y disponer de un terreno de gran valor turístico y especulativo y que hasta la fecha, se ha mantenido fuera los circuitos habituales de una de las ciudades que acoge más turistas de toda España.

En este sentido, el edil alude a un documento redactado por el Consistorio en el año 2007 y anulado por la Junta de Andalucía que explicaría el interés especulativo de la zona. “El Ayuntamiento lo dejó escrito negro sobre blanco en el Plan Especial AlbaycínPlan Especial Albaycín, donde ya se definía la intención de hacer una zona de alojamientos turísticos”. Una sospecha que se ve reforzada con la existencia de un antiguo proyecto hotelero en la colina. Un plan que por el contrario, desmiente con rotundidad la concejala Nieto: “Eso es imposible porque es una zona de especial protección paisajística y es una zona de suelo no urbanizable, de manera que allí no se puede construir nada”

Doble venta del terreno y múltiples propietarios

Ni la declaración de ruina inminente, ni las operaciones policiales serán suficientes para clarificar los derechos de titularidad de un terreno, cuya suma de propietarios legítimos, sugiere los tribunales como único escenario posible para dirimir los derechos de unos y otros. El Ayuntamiento, parcialmente propietario de unos 26.000 metros cuadrados, adquiridos en la subasta que la Delegación del Gobierno realizó en la década de los setenta, tiene que lidiar con propietarios cuyos derechos de titularidad sobre las cuevas –situadas en el mismo área–, se derivan de la venta a los moradores que en los años 50 realizó el Patronato de Santa Adela, entonces propietario de la colina. Un proceso de doble venta sobre un mismo territorio que sólo puede resolverse a través de procedimientos judiciales. En este sentido, al menos siete vecinos de San Miguel ya habrían logrado demostrar la titularidad de las cuevas.

El Cerro de San Miguel se enfrenta ahora a una compleja situación administrativa en la que la convivencia entre propietarios legítimos con moradores okupas y vecinos tradicionales, dificulta la acción conjunta en nombre de la defensa de los derechos de quienes se han hecho llamar trogloditas. Una coyuntura que ha degenerado en un abandono que perjudica a sus más antiguos y legítimos vecinos, al tiempo que allana el terreno al Ayuntamiento para justificar futuras acciones de desalojo como las acontecidas el pasado mes de marzo. De momento, los vecinos junto con el respaldo de Stop Desahucios Granada luchan por combatir el derecho a habitar las cuevas de San Miguel.

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“Quizá nos echarán, pero vamos a reclamar cordura y a resistir con dignidad”. Es el desafío emitido desde Radio Dignidad Córdoba, la emisora que da voz a la Acampada DignidadAcampada Dignidad, el colectivo ciudadano que ocupa desde octubre del año pasado un colegio de primaria abandonado en el distrito sur de la ciudad andaluza. El cumplimiento de la orden de desahucio solicitada por el Consistorio cordobés y emitida por el juzgado de instrucción número cuatro, amenaza con desmantelar un centro que alberga un comedor social que atiende a cien personas al día y desarrolla otras actividades de interés social, educativo y cultural que da cobertura a los sectores más desfavorecidos de la ciudad.

Mientras las administraciones públicas se empecinan en adoptar el discurso de la austeridad y los recortes, la Acampada Dignidad de Córdoba ha demostrado que con muy poco se puede hacer mucho. Con un presupuesto que apenas alcanza los 10.000 euros y grandes dosis de solidaridad y trabajo, el Centro Social Rey Heredia atiende las necesidades de aquellos que han se han visto arrojados a la exclusión social en medio de la crisis. Un comedor social que alimenta a un centenar de ciudadanos diariamente, clases de apoyo para niños sin recursos, clases de inglés, alemán e informática para parados, una biblioteca con un fondo de tres mil libros y al menos doscientas conferencias por las que han pasado personalidades como Julio Anguita o Juan Carlos Monedero, son solo algunas de las múltiples actividades que desarrolla desde octubre de 2013 este centro social. “Nosotros lo que no queremos es que el colegio se convierta en un centro de caridad. Lo que buscamos es que la gente sepa que hay que cambiar esto a base de trabajo”, señala Rafael Juan Ruiz, el portavoz de la Acampada Dignidad. Una labor que, de momento, ha recibido como única respuesta de las autoridades la orden de desalojo inmediato que expirará el próximo mes de Mayo.

El Centro Social será una plaza pública

El derribo para la posterior construcción de una plazoleta pública es el destino que le aguarda al colegio que, fundado en 1917, desarrolló su actividad docente hasta que el Ayuntamiento cerró sus puertas en 2011. Un proyecto contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, y que según la plataforma, no podrá ejecutarse en un largo plazo de tiempo ante la notoria falta de liquidez del Consistorio Cordobés. “El Ayuntamiento, como reconoce él mismo, no lo puede tirar porque no tiene dinero ahora mismo para el derribo y la expropiación de lo que hay alrededor”, explica Juan Ruiz, - y prosigue- “mientras se tira o no se tira, lo que hay que hacer es que eso tenga un uso social”, algo que el colectivo alega haber solicitado ya “de mil maneras”, tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento.

“Este colegio es propiedad del Consistorio, pero el uso afectado lo tenía la Delegación de Educación del Gobierno andaluz. Para volver a recuperar su uso, el Ayuntamiento tenía que pedir la desafección. No lo hizo en ningún momento y desde entonces los colectivos del distrito sur lo han pedido por activa y por pasiva. Tenemos los documentos de solicitud como ha reconocido el Alcalde”, explica Juan Ruiz, aún a la espera de la respuesta tanto de la administración municipal como de la autonómica. Precisamente esta última, a través de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha preferido desmarcase del conflicto escudándose en la falta de competencias en educación primaria del gobierno autonómico. Para la Delegación de Educación cordobesa "la junta no tiene nada que ver". Una postura que deja la pelota en el tejado de un ayuntamiento al que no dejan de acumulársele solicitudes para el empleo de este edificio público.

La cesión en precario como solución

Ahora, el gobierno conservador del Ayuntamiento cordobés debe resolver si conceder o no el uso en precario que ha solicitado la Acampada Dignidad. Una fórmula que permitiría continuar con las actividades que desarolla sin ostentar derecho de propiedad. Algo de lo que ya disfruta la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba, a la que se le ha cedido temporalmente un edificio de titularidad municipal situado en el casco histórico de la ciudad. Por su parte, el Ayuntamiento ha rehusado hasta en tres ocasiones exponer su postura a este medio.

Un silencio municipal que empieza a desesperar a los integrantes de la Asociación: “Aquí hay gente que no tiene para comer y no pueden estar esperando a que estos señores, en medio de las buenas comidas que se dan, decidan lo que van a contestar”. Así expresa el portavoz de la Acampada Dignidad su preocupación ante el creciente número de ciudadanos sin recursos que acuden al Centro buscando asistencia.

El auto del juez elogia el “muy loable” destino que se da al edificio

Con todo, este colectivo de ciudadanos se mantiene en la esperanza de que el alcalde, José Antonio Nieto, acceda a prestar el antiguo colegio. “Entendemos que es complicado para el alcalde decir que no a una petición tan clara”, señala Juan Ruiz, “además para hacer unas cosas tan loables como las que se están haciendo aquí”, concluye. Una virtud que reconoce el propio auto de desalojo del juez Rodríguez Lainz cuando “agradece y elogia” el “muy loable” destino que se le está dando al edificio. Un agradecimiento que sin embargo, no apaga el temor expresado en el auto de que no proceder al desalojo suponga “dar crédito y avivar la llama de futuras acciones similares” que “bajo la bandera de la ocupación pacífica y del interés solidario” sorteen igualmente la legalidad, anteponiendo la defensa de la propiedad privada al el uso social de los bienes públicos.

“El estado social se está perdido. Aunque la Constitución dice que tenemos derecho a disfrutar de todo lo que aquí se hace, resulta que llega un juez y aplica que la propiedad privada está por encima de que la gente coma”. Así expresa su desacuerdo sobre la resolución judicial el portavoz de la Acampada Dignidad, quien advierte que “bajo ningún concepto” consentirán el cierre del Rey Heredia.

Con la espada de Damoclés del desalojo pendiendo sobre sus cabezas, los integrantes de la Asamblea Dignidad Córdoba prometen continuar con una experiencia solidaria que cuenta con un respaldo cada vez mayor de los vecinos. Un desafío que bajo el grito “El Rey Heredia no se cierra”, enfrenta a colectivos sociales con las administraciones públicas. De momento, se han propuesto continuar con el proyecto que dicen, se afana por salvar un estado social castigado por los efectos de la crisis.

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Como si de una metáfora se tratara, el muro que recorre el paseo marítimo de San Telmo se ha convertido en la línea divisoria que separa al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de una parte cada vez mayor de la ciudadanía de la localidad tinerfeña. A un lado, la Plataforma MaresíaPlataforma Maresía, que defiende el valor histórico del muro que, construido en el siglo XVIII, vio incrementado su valor patrimonial con la rehabilitación que realizó en 1977 César Manrique, arquitecto y artista lanzaroteño de reconocido prestigio en las islas. Una aportación que según la plataforma debería conservarse. Al otro lado, las instituciones municipales respaldadas por el Cabildo de Tenerife, que anteponen la necesidad de ejecutar el proyecto de "modernización" y “saneamiento” para incrementar la “calidad” del paseo y su potencial turístico y comercial.

De momento, la Plataforma Ciudadana Maresía ha logrado parar provisionalmente las obras que ya se habían iniciado en el paseo. Su recurso interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife, ha servido para que el tribunal paralice cautelarmente las obras hasta que el Ayuntamiento escuche las alegaciones de la plataforma y tenga en cuenta la conservación del valor patrimonial e histórico del muro en el proyecto de rehabilitación del paseo.

La plataforma no rechaza la rehabilitación del paseo, sino los términos en los que el Ayuntamiento la ha planteado. La prevista sustitución del muro por una barandilla de acero inoxidable, la renovación del pavimento y la destrucción de dos bancos construidos por el arquitecto y escultor César Manrique es, a ojos de los componentes de este movimiento ciudadano, una forma de dilapidar parte del legado del artista, íntimamente ligado, tanto “con el mapa emocional de los portuenses”, como con la tradición histórica del paisaje urbano de todo el conjunto insular.

Sin embargo, el nombre del artista lanzaroteño es otra de las fracturas entre el Ayuntamiento, que cogobiernan Coalición Canaria y PP, y la plataforma sobre las que la Justicia tendrá que decidir. Para el concejal de Urbanismo, Sebastián Jesús Ledesma (PP), “el muro no es histórico”, algo que “está más que acreditado”. Una afirmación que discute laFundación César Manrique, encargada de velar por el legado de este: “Existen elementos propios de su lenguaje expresivo insertados en el trazado del paseo, reconocibles en el mobiliario urbano, en el tratamiento de los pavimentos y en la ornamentación general”. Si la contribución del artista debe o no respetarse es algo que la fundación tiene claro: “Existen valores patrimoniales suficientes en el paseo de San Telmo para que en el proyecto de rehabilitación se tenga en consideración la significación histórica del mismo”. Pese a esta apreciación, el concejal Ledesma no ve motivo alguno para dejar el muro intacto y “darle la espalda al mar”. Una postura que acaba de tumbar la Justicia tinerfeña, que a la espera de las alegaciones del Ayuntamiento, considera que el muro “goza de cualidades suficientes” para detener su derribo. Según el titular de Urbanismo, “la tendencia a es a abrir espacios”, por lo que no cabe “discutir si un murete sí o no”. Pero para el juzgado que ha tomado el caso en sus manos, y que ha estimado las quejas de la plataforma, sí cabe aún la discusión.

Subvencionada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), la obra de “mejora y acondicionamiento del Paseo de San Telmo” se llevará casi dos millones de euros (1.705.577,38 euros). Una inversión millonaria que no sólo suscita críticas sobre el orden de prioridades con que el Ayuntamiento atiende a las necesidades del pueblo, sino acerca del destino de unas ayudas europeas que, según la plataforma, se emplearán para fines distintos de aquellos para los que fueron concedidas. “Se va a utilizar una subvención reservada a Zonas Comerciales Abiertas para zonas de baño”, señala Jaime Coello, portavoz de la Plataforma Ciudadana Maresía, que no duda en tachar el asunto de “tomadura de pelo”.

En este sentido, y traspasando las fronteras insulares, el eurodiputado por Izquierda Unida, Willy Meyer, ha elevado hasta Bruselas estas críticas ha elevado hasta Bruselas estas críticas: “Las obras se han iniciado pese a que el Plan Comercial de Zonas Abiertas sólo ha sido aprobado en su fase inicial y no se refiere a ninguna zona de baño y además carecen de la autorización de los órganos políticos municipales”.

¿Libertad de expresión o estética?

La preocupación del Ayuntamiento por la estética del paisaje portuense sí parece alcanzar al uso que los ciudadanos pueden dar a sus balcones. Mavi Hernández Castro, vecina de Puerto de la Cruz e integrante de la Plataforma ciudadana Maresía, conoce de primera mano la normativa municipal. La visita de la Policía Local, que obedecía a una orden directa del Consistorio, le obligó a retirar de su balcón una pancarta que rezaba “Salvemos San Telmo”. No hubo multa, sino advertencia. La colocación de carteles, pancartas u otro tipo de rótulo, contradice la ordenanza municipal de convivencia ciudadana. Una directiva que, según la afectada, se incumple sistemáticamente con la presencia de multitud de rótulos comerciales en las fachadas del casco histórico. Hernández se pregunta por qué de entre todos, las autoridades prefirieron escoger el suyo para intervenir.

“Nos querrán achacar que hemos reprimido la libertad de expresión, pero en el balcón poner una pintada en una sábana no es adecuado”, contestó a infoLibre el concejal de Urbanismo. Según Ledesma, esta actuación tan sólo responde a “una cuestión de estética”, y añade: “Hemos aplicado la ley. No se puede defender el patrimonio y hacer pintadas o pegar pegatinas en farolas. No se puede hacer algo que no está recogido en la norma”.

Entre las pretensiones modernizadoras del paseo de San Telmo promovidas por el Ayuntamiento y la tradición cultural que defiende la Plataforma Ciudadana Maresía, se debate hoy Puerto de la Cruz, que ha escogido un muro como símbolo de la línea que separa dos formas distintas de entender la misma ciudad, su sociedad y su historia. Con la inminente intervención en el paseo, también se ha definido el orden de prioridades de cada una de las partes: o destinar casi dos millones de euros en la reforma de un paseo turístico o dedicar esos fondos a la mejora de otros puntos más necesitados de atención, en una localidad que ha sufrido con particular intensidad el azote de la crisis. Ahora, unos y otros esperan a que los jueces digan la última palabra. Mientras tanto, la paralización de las obras del paseo de San Telmo dictada por los tribunales es ya una victoria popular.

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El castillo de Monterrey, en Verín (Ourense), una de las fortalezas medievales mejor conservadas de España, se convertirá en un hotel de cuatro estrellas con 12 habitaciones que pasará a formar parte de la red estatal de paradores. Es el destino que la Xunta de Galicia pretende dar a este monumento reconocido como Bien de Interés Cultural y que también albergará una cafetería, tienda y bares. El proyecto ha desatado las protestas de la Plataforma en defensa do Castelo de MonterreiPlataforma en defensa do Castelo de Monterrei, que junto con la Asociación Cultural Alto Támega, catedráticos y gentes de la cultura, cree que Galicia perderá un bien cultural para acoger un negocio hotelero de dudosa rentabilidad. Además, temen que se trate del primer paso hacia la privatización de un monumento declarado Patrimonio Histórico de España.

El nuevo hotel se emplazará en el Pazo dos Condes del Castillo, un edificio renacentista del siglo XV que forma parte del conjunto arquitectónico medieval y que sustituirá al antiguo parador de Verín –un complejo hotelero de 23 habitaciones situado a unos 500 metros del nuevo y que cierra sus puertas durante cuatro meses del año por falta de ocupación–. “No tiene ninguna lógica que, habiendo otro parador que está cerrado nos quiten un bien cultural”, protesta Nieves Amado, integrante de la Plataforma en defensa do Castelo de Monterrei. Asimismo, el movimiento pone en duda la rentabilidad del nuevo proyecto. “No me cuadran las cuentas. Si con 23 habitaciones el otro parador no era rentable, con la mitad de habitaciones –12– correrán más peligro”, declaró a infoLibre Bruno Rúa, otro de los integrantes de la Plataforma en defensa do Castelo de Monterrei.

En este sentido, a la plataforma tampoco se le escapan las cifras deficitarias que presenta la Red de Paradores de España, que acumula una deuda cercana a los 80 millones de euros que compromete la solvencia de esta cadena hotelera estatal. Es un dato que, además, consideran corroborado por el cierre temporal del parador de Verín. Con la sombra de la privatización planeando sobre la red hotelera estatal, y ante la posibilidad de abrir la gestión del negocio a un operador privado, tal y como dejó entrever el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo (PP), la plataforma teme que la acrópolis medieval, rehabilitada con fondos públicos, acabe siendo cedida a manos privadas.

Contrato de cesión

Construido entre los siglos X y XII, la propiedad del castillo de Monterrey, ubicado en la comarca de Verín, pasó por distintas casas nobiliarias hasta llegar a formar parte del amplio patrimonio de la Casa de Alba, que finalmente lo entregó al Estado hace más de 30 años.

Una orden ministerial de julio de 2009 permitió a la Xunta de Galicia hacerse con la gestión del castillo mediante un contrato de cesión con el Estado. En este documento oficial se excluye el uso lucrativo y la adaptación del monumento para albergar un hotel. Sin embargo, sí detalla una batería de actividades culturales que acogería la fortaleza medieval, como la “divulgación, innovación y promoción” de los bienes de la comarca y “la restauración y musealización de los edificios”. Un conjunto de propuestas culturales que permiten el acceso generalizado del público al monumento y que la Plataforma en defensa do Castelo de Monterrei reclama.

La exclusión en el texto del uso hotelero del castillo de Monterrey exige a la Xunta de Galicia solicitar a la Administración del Estado la ampliación del concepto del contrato de cesión. Un trámite que ya se ha iniciado.

A pesar de que la Xunta de Galicia contempla reservar parte del recinto a las visitas turísticas, la plataforma defiende que el conjunto monumental se dedique íntegramente al uso cultural. “Se le quita a la comarca un lugar donde se pueden hacer espacios museísticos”, protesta Nieves Amado, integrante del colectivo.

Daños y desperfectos por las obras en el castillo

La Xunta ya ha iniciado las obras de rehabilitación del recinto medieval, un trabajo presupuestado en más de un millón y medio de euros del que se encarga la empresa Dragados y que tampoco está exento de polémica. En este sentido, la plataforma ha mostrado su preocupación por los daños y desperfectos en el recinto medieval como consecuencia de las obras.

“Nos preguntamos qué control arqueológico se está haciendo de la obra”, declaró a infoLibre Bruno Rúa. Un asunto sobre el que ya trabaja la Asociación Cultural Alto Támega, integrada en la Plataforma en defensa do Castelo de Monterrei y que remitió una denuncia a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta acompañada de fotografías que ilustran los “daños graves en los muros y murallas antiguas del recinto fortificado”. Así lo explica Nieves Amado: “Se están produciendo desperfectos que no se pueden permitir. Hay camiones que pasan y rompen los muros. Hay piezas de valor arqueológico a la intemperie”. Sin embargo, desde la Consellería de Turismo de la Xunta, niegan que se esté produciendo el deterioro de los muros y materiales en el castillo: “No ha habido ningún desperfecto en las obras que se están llevando a cabo en el recinto”, declaró a infoLibre su departamento de comunicación.

La Dirección Xeral de Patrimonio, ente encargado de controlar que la ejecución de la obra sea respetuosa con el patrimonio, negó a infoLibre haber recibido “ninguna denuncia oficial por daños en el edificio”. Sin embargo, este periódico ha tenido acceso al documento fechado el 17 de febrero en el que la Asociación Cultural Alto Támega detalla los desperfectos y solicita la suspensión cautelar de las obras. No obstante, esta Administración declaró a infoLibre que las reformas que se están llevando a cabo en el recinto fortificado “tienen las autorizaciones necesarias a nivel patrimonial”.

Según la Consellería de la Xunta de Galicia, que respondió a infoLibre por email, la rehabilitación del conjunto arquitectónico de Monterrei “permitirá la generación de empleo y riqueza en la comarca”. Una promesa que la plataforma pone en cuestión, dadas las cifras deficitarias que presenta la red estatal de paradores y la estacionalidad turística a la que se ve sujeta el parador de Verín, algo que no preocupa a la Xunta, que anuncia la apertura del nuevo establecimiento hotelero los 365 días del año.

A pesar de sus optimistas previsiones, la Xunta tardó en hacer público su proyecto. Una actitud que no ha hecho más que reforzar las dudas de la plataforma sobre las intenciones del Gobierno de Feijóo. “Si era una obra tan buena ¿por qué han tardado tanto en publicitarla?”, se preguntan desde la plataforma. La asociación vecinal y cultural no sólo anuncia protestas, sino el inicio de una campaña informativa por los pueblos que sumará fuerzas en contra el proyecto que amenaza con arrebatarles “el faro de la comarca”: el castillo de Monterrei.

Quién, qué y cómo

QUIÉN:página web cuenta de Facebook.  

QUÉ:

CÓMOrecogida de firmaschange.org

Bien, en principio es una buena noticia para los que aspiran a una paz definitiva. Yo creía que el deseo de todos los que llevan años clamando por el fin del terrorismo era que llegara el día en el que las informaciones relacionadas con ETA fueran de este tipo, y no las portadas con las que las personas de mi edad nos despertábamos cada pocos días, en las que aparecía alguien asesinado, pero, sin duda, existen motivos o razones que se nos escapan a las mentes simples, a juzgar por las reacciones de algunos de nuestros políticos.

En aquel ambiente al que hacía referencia, había una respuesta correcta frente a una pregunta recurrente. Del mismo modo que las candidatas de los concursos de mises siempre expresaban sus deseos de que desapareciera el hambre en el mundo, todos los periodistas al ser preguntados acerca de qué noticia les gustaría dar, respondían sin dudar: “El fin de ETA”. De tanto escuchar la verbalización de este deseo, muchos ciudadanos lo extrapolábamos creyendo que era un pensamiento generalizado y soñábamos con un escenario donde el terrorismo no condicionara la vida cotidiana, ni monopolizara el discurso de algunos políticos que medían el grado de españolidad y amor patrio en función del nivel de aversión al terrorismo, así como de la proximidad afectiva a las víctimas, a las que pretendían convertir en un coto privado para utilizarlas como arma arrojadiza contra todo el que no suscribiera sus postulados políticos.

Por ridículo que parezca, se otorgaban a sí mismos la capacidad de medir el dolor que provocaban los atentados, y ellos, como es lógico, sacaban las mejores notas. Producto de esta utilización del terrorismo como estrategia política para desacreditar al rival situándole al otro lado del frente son las palabras de Rajoy en el Congreso de los Diputados, cuando acusaba al gobierno de Zapatero de estar de rodillas ante ETA y pisar la memoria de las víctimas. Esto, al parecer, le daba votos en algún sitio. Enhorabuena, señor presidente, ni en mi peor pesadilla se me hubiera ocurrido una estrategia tan perversa.

Prueba de hasta qué punto hacían de las asociaciones de víctimas su coto exclusivo fue la expulsión a empujones y golpes del entonces Ministro de Defensa José Bono de una manifestación convocada por la AVT (Asociación de Victimas del Terrorismo) a donde acudió con su familia. No sólo los medios de comunicación afines justificaron aquel ridículo e impresentable suceso considerando que la presencia del ministro era una auténtica provocación, sino que, además, los policías encargados de su protección fueron condenados por la Justicia.

Los altos cargos del Partido Popular en pleno calificaron de represión nazi y persecución política de su formación el intento de identificación en comisaría de los más exaltados agresores, que resultaron ser cargos electos de su partido. Como ya recordé en otra ocasión, tras ser absueltos en el recurso, estos policías abandonaron el cuerpo. Aquellos señores democráticamente elegidos entendían el acto al que acudió el ministro en compañía de su familia como una convocatoria política en la que no tenía cabida la competencia. Cualquier rédito electoral debía ir a su casillero en exclusiva. El ministro de Defensa era un intruso que no se había enterado de que la repulsa del terrorismo y la manifestación pública del dolor por las víctimas era un cometido que sólo a ellos competía. Lo tuvieron que echar a la fuerza. Son los mismos que se indignan con los escraches.

Tregua de 2006

También sorprendió

la cara de mala leche que tenían tanto Rajoy como Aznar el día que ETA anunció su tregua en el año 2006 el día que ETA anunció su tregua en el año 2006. Yo pertenezco al gremio de los tontos que interpretaron aquel anuncio como una buena noticia, y puedo entender las reservas que todo responsable político pueda tener frente a un anuncio de ese tipo, pero la reacción de indignación ante la noticia sólo se justifica por una actitud que de puro miserable es mejor no interpretar. Rajoy habló como si estuviera dando un pésame y Aznar salió del acto escopetado sin decir ni pío. No estaba de humor, ni siquiera un escueto: “Deseo que sea cierto”.

Ahora, con motivo del anuncio de la intención de destruir su arsenal, González Pons, siguiendo aquella tradición, ha afirmado que los verificadores trabajan para ETAha afirmado que los verificadores trabajan para ETA, no para España. Estos señores se habrán llevado una sorpresa, porque estoy convencido de que ellos creían lo contrario y que les mueve la buena voluntad, al menos eso dicen. La evidencia a la que alude el señor Pons es irreprochable, se pregunta quién paga los viajes y demás gastos que entraña esa misión. De momento les ha tocado presentarse delante del juez para explicar qué hacían verificando la entrega de las armas. Han calificado de tremenda odisea su viaje, y la parte laboral no debe ser muy gratificante porque ya han anunciado que no volverán a otro acto de esas características, que ya les corresponde a otros. Por mi parte quedo agradecido a cualquiera que se preste a aportar su tiempo en este tipo de gestiones tan complicadas y desagradables, encaminadas a acelerar la entrega del arsenal, el desarme y, en consecuencia, el fin definitivo del grupo terrorista.

Descorazona ver cómo ahora que ETA ha perdido el protagonismo mediático que tenía, al tiempo que ha dejado de ser la mayor preocupación de los españoles según todas las encuestas, los que se llaman a sí mismos sus mayores detractores se empeñan en ponerla al frente de la actividad política cotidiana con cualquier excusa. Del mismo modo que los seguidores de los programas esotéricos y de fenómenos paranormales ven fantasmas y extraterrestres por todos lados, ellos viven rodeados de etarras, filoetarras, protoetarras, pseudoetarras, colaboradores de etarras, empleados de etarras, defensores de etarras, ex-etarras, apologistas de etarras, fans de etarras, socios de etarras y demás seres contaminados con ETA en tanto la convierten en una sustancia tóxica de infinita difusión.

Recordemos que no sólo el gobierno anterior vivía arrodillado ante la banda y los verificadores trabajan para ella, sino que los actores de cine, desde las manifestaciones contra la guerra de Irak, son sospechosos de proximidad; los atentados del 11-M demostraron que la banda tiene elementos infiltrados entre la policía, la guardia civil, la policía judicial, el CNI, los antiguos miembros del gabinete de Pérez Rubalcaba y demás estamentos de los cuerpos de seguridad del Estado, encargados de destruir pruebas para que no se demuestre la colaboración de Al Qaeda con los terroristas vascos; las manifestaciones de Madrid en torno al Congreso de los Diputados estaban infiltradas de violentos próximos a la kale borroka; en los sucesos del barrio de Gamonal en Burgos, también se apuntó la clara conexión con el terrorismo ya que no se destruyeron los cristales de los bancos y cajas de ahorros vascos; los escraches que se convocan contra los desahucios tienen un claro componente filoetarra; y, en general, cualquier manifestación de indignación contra la situación a la que nos llevan estas medidas para sacarnos de la crisis, que ellos mismos delatan como definitivas y no coyunturales al llamarlas “reformas estructurales profundas”, navega, consciente o no, gracias a los vientos que soplan los terroristas.

Todo es ETA. Por más que se empeñe en desaparecer, en dejar de matar, en desarmarse, siempre estará entre nosotros. No faltará el neoliberal que utilice su ouija retórica para invocar su espíritu y hacer que se manifieste.

Menos mal que todo es fruto de una estrategia política miserable porque, de ser cierto todo el entorno de colaboradores y simpatizantes que estos señores le atribuyen, hoy ETA tendría mayoría absoluta en España.

Continuando con el juego de las preguntas iniciado con los verificadores sobre los réditos políticos que produce el uso mediático del terrorismo, la siguiente que cabe hacerse sería: ¿Quién es el que de verdad trabaja para ETA?

Aguaviva, un pueblo de 654 habitantes de la provincia de Teruel, se ha organizado para decirle a la Confederación Hidrológica del Ebro (CHEbro) que el río que moja sus tierras no se toca. Es la respuesta que la plataforma vecinal El Bergantes no se tocaEl Bergantes no se tocaha dado a esta Administración que gestiona la proyección de una presa que se construirá a la altura de los municipios de Aguaviva y la Ginebrosa para, según sostienen desde la Confederación, “dotar de seguridad al embalse de Calanda”, a tan sólo 20 kilómetros del nuevo, y “reducir los riesgos de inundación de los pueblos próximos”.

Planificada en un espacio catalogado de interés comunitario por la Red Natura 2000 –red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea– y con una extensión de 402,38 hectáreas, el coste de la obra hidráulica asciende a los casi 60 millones de euros (en concreto, 59.689.999,88 euros). Una construcción que se ha topado con una oposición tan dura como el hormigón de su estructura. A la plataforma El Bergantes no se toca, se ha sumado el Ayuntamiento de Aguaviva, los vecinos del municipio y la organización Ecologistas en acción.

El Bergantes no se toca lo tiene claro: la construcción de la nueva presa es una medida innecesaria que no sólo encierra intereses ocultos, sino que supone una amenaza medioambiental, económica y social para Aguaviva y los pueblos colindantes. En este sentido, aseguran que la nueva presa generará un “impacto irreversible” sobre la vegetación y el hábitat en su emplazamiento, sumado a un impacto económico en la zona derivado de las expropiaciones de terreno dedicado al cultivo, la explotación ganadera y la extracción de áridos, que en su conjunto, suman numerosos puestos de trabajo. Según la plataforma, Aguaviva perderá también atractivo turístico si se afecta al río, dado que “la calidad de sus aguas y el paisaje son uno de los principales alicientes para los turistas”.

Una alternativa contemplada en el Plan Hidrológico del Ebro 2010-2015

La construcción de un nuevo aliviadero en la presa de Calanda, construida por el mismo organismo en el año 1982 y ubicada a 20 kilómetros de la proyectada, junto con otras medidas de tipo no estructural, constituiría una alternativa a la construcción del nuevo embalse. Es la medida que defiende la plataforma El Bergantes no se toca y que la propia CHEbro incluyó en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015. Esta reforma de la antigua presa permitiría evacuar agua en caso de superar el nivel máximo que soporta el embalse y garantizaría el objetivo de dotarla de seguridad.

“La presa de Calanda se ejecutó en los años 80. Ellos argumentan que se hizo mal” explica a infoLibre el portavoz de la plataforma, Aitor Clemente. “En lugar de arreglar la presa existente, quieren hacer la nueva”, e insiste: “Hay alternativas. Hay un proyecto de aliviaderos redactado por la Confederación Hidrológica”.

“Tienen razón en que la presa de Calanda no se hizo correctamente”, reconoce a este diario el presidente de la CHEbro, Xavier de Pedro. Una afirmación que no es baladí. El hecho de que el propio jefe de la CHEbro asuma errores en la construcción de un embalse que gestionó la administración que preside y que 31 años más tarde propone la construcción de una nueva obra hidráulica, unido al rechazo de llevar a cabo una alternativa desarrollada por el mismo organismo, no hace más que acrecentar la desconfianza de los vecinos de Aguaviva. Sobre las fuentes vecinales consultadas por infoLibre planea siempre la misma cuestión: ¿por qué confiar en un organismo que lo hizo mal una vez y que ahora se empecina en rechazar su propia alternativa para llevar a cabo un nuevo proyecto?

“Hay que cubrir la seguridad”

Por su parte, la CHEbro desmiente que tras la construcción de la nueva presa existan intereses ocultos. “Aquí concurren circunstancias de interés general”, asegura De Pedro. “Estoy muy tranquilo porque creo que es lo que hay que hacer: hay que cubrir la seguridad”, insistió a infoLibre.

En relación a la negativa de llevar a cabo la construcción de un aliviadero en la presa de Calanda, alternativa que redactó la CHEbro, De Pedro sostiene que se trataría de una medida incompleta. “Lo único que harían los aliviaderos serían dejar pasar el agua que provocaría una avenida aguas abajo”, afirma. En este sentido, señala que la construcción de la nueva presa en el río Bergantes “se ha estudiado mucho”, al tiempo que se ha elegido, dice, la opción que más garantías ofrecía. Así, desde la CHEbro sostienen que el nuevo embalse logrará la consecución de dos objetivos: dar seguridad a la presa de Calanda para poder contener el volumen de agua previsto en condiciones extraordinarias de máxima avenida y reducir los riesgos de inundación en su recorrido.

Una vez superado el asunto de la seguridad, De Pedro también se refiere a las protestas por los daños ecológicos que producirá la construcción de la nueva presa. “Se han sobredimensionado los daños ambientales”, afirma, “en las ochenta hectáreas que se expropiarán se hará una restauración medioambiental”, añadió. En este sentido, el presidente de la CHEbro, sostiene que el impacto al medio ambiente será “muy pequeño”. Argumento que choca frontalmente con la plataforma El Bergantes no se toca, que además cuenta con el respaldo de la organización Ecologistas en Acción, que ven en la construcción de la presa una amenaza para el río.

Los argumentos de la CHEbro no convencen. Así lo confirman las más de 3.500 alegaciones que la plataforma presentó al proyecto, el casi unánime rechazo de los vecinos de Aguaviva, el apoyo de la organización Ecologistas en Acción y el respaldo del Ayuntamiento del municipio.

“Si algo puede unir a Aguaviva, es el río”, subraya Aitor Clemente, por eso anuncia que la plataforma El Bergantes no se toca llegará hasta el final.

“Catástrofe petrolera en las playas de Ibiza y Formentera”. Este es el titular que intenta evitar Mar Blava, una alianza interterritorial entre ciudadanos, administraciones públicas y entidades privadas que se han unido para frenar el proyecto de investigación y posterior explotación petrolífera frente a las costas del archipiélago balear.

Las prospecciones petrolíferas, que afectarán al Golfo de Valencia y a las islas de Ibiza y Formentera, llevan cocinándose desde el año 2008, aunque fue en enero de 2011 cuando el Gobierno español concedió los permisos de investigación de hidrocarburos en alta mar a la compañía petrolera con sede en Escocia, Cairn EnergyCairn Energy, que opera en España a través de su filial Capricorn Spain Limited.

De momento, Alianza Mar Blava ha logrado registrar más de cuarenta mil alegaciones contra las prospecciones petrolíferas en las islas, “un número importantísimo que incluso ha trascendido las fronteras”, declaró a infoLibre el coordinador de la alianza, Carlos Bravo. La cifra es relevante, no solo porque implica un amplio rechazo a la operación, sino porque “se trata de un documento legal que otorga el derecho a recurrir ante los tribunales una decisión favorable a la petrolera”documento legal , explicó Bravo, que también reconoció la labor de otras movilizaciones ciudadanas como “Evissa diu no”, que contribuyen a la causa con multitud de iniciativas. Precisamente este domingo, convocadas por los colectivos Balears Diu No y Amics de la Terra, alrededor de 5.000 personas marcharon en Palma contra las prospecciones petrolíferas. 

Bombardeo sonoro en las profundidades marinas

Al mar que rodea las costas de Ibiza y Formentera le espera un bombardeo sistemático con aire comprimido, durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, que se prolongará por un período de cuatro meses y que producirá un sonido de diez mil a cien mil veces superior al del motor de un avión a reacción. Este “sondeo acústico” o “adquisición sísmica”, que es la denominación que recibe esta técnica, permitirá a la compañía petrolífera obtener una radiografía de las formaciones rocosas existentes bajo el lecho marino y determinar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo.

Se trata de la segunda fase del proyecto que Cairn Energy está llevando a cabo en el Golfo de Valencia y que espera el veredicto del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que en los próximos meses emitirá la Declaración de Impacto Ambiental. Si el resultado es favorable, la compañía petrolera iniciará la actividad sísmica, al tiempo que tendrá que someter a una nueva Declaración de Impacto Ambiental el proyecto de perforación y extracción de hidrocarburos de las profundidades marinas.

Fragmentación del estudio de impacto ambiental

Desde Alianza Mar Blava y el Gobierno Balear, denuncian la fragmentación de la investigación de impacto ambiental, que no contempla los efectos de la prospección petrolífera en su totalidad, sino por fases, obviando en la primera –los sondeo acústicos- , el impacto que tendrá sobre el medio marino la perforación y extracción de crudo, cuyo efecto medioambiental se estudiará de manera independiente. En este sentido, Alianza Mar Blava y el Gobierno Balear han anunciado que solicitarán al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de que todos los proyectos se incluyan en un mismo plan y se sujeten a una evaluación estratégica ambiental conjunta.

Esta inquietud llegó a Bruselas el pasado 11 de febrero a través de una delegación liderada por el conseller balear de Medio Ambiente, Biel Company, que se reunió con su homólogo europeo, Janez Potocnik, para trasladarle su “rotunda oposición” a los proyectos de prospecciones petrolíferas que afectan al archipiélago balear e incidir en la necesidad de realizar una evaluación de impacto global de todos los proyectos derivados de la actividad de la compañía petrolera en las islas. Una comisión a la que también acudió el coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, la eurodiputada del PP Rosa Estarás y el presidente del consejo insular de Ibiza, Vicent Serra, y de Formentera, Jaume Ferrer.

¿Por qué reclaman una Declaración de Impacto Ambiental conjunta?

La obtención de una Declaración de Impacto Ambiental favorable a los “sondeos acústicos” permitirá a la compañía Cairn Energy iniciar los bombardeos sonoros sobre los fondos marinos, con los consecuentes daños a la fauna litoral derivados de esta actividad. Sin embargo, la autorización para desarrollar esta técnica, no habilita ninguna licencia a la compañía para desarrollar la última fase de perforación y extracción de crudo, que deberá someterse a una nueva evaluación de impacto medioambiental con el riesgo de ser denegada. De suceder así, “el daño causado por los bombardeos sonoros ya se habrá producido”, explicó a infoLibre Carlos Bravo.

“Al fragmentar la evaluación de Impacto Ambiental tratan de minimizar los daños”, declaró a este medio el coordinador de Alianza Mar Blava. Este es otro de los motivos que aduce la alianza para reclamar una estrategia conjunta que valore los efectos del proyecto sobre el medio marino, dado que el estudio por fases permite obviar aspectos del proyecto que afectan al medio ambiente.

Un impacto medioambiental y económico irreversible

El bombardeo sonoro sistemático en las profundidades marinas, derivado de los sondeos sísmicos, producirá un estruendo de entre 249 y 265 decibelios (dB), “un sonido que está muy por encima de los niveles que pueden soportar determinados organismos del fondo marino”, señaló Bravo.

Para evitar el daño a la fauna marina, Cairn Energy contempla un plan de prevención en el que, antes de comenzar la adquisición sísmica, emitirán un sonido que irá aumentando la intensidad para permitir a los mamíferos marinos alejarse del área afectada. Una medida a todas luces insuficiente, según la técnica medioambiental del Ayuntamiento de Ibiza, Sandra Romero: “Las tortugas, por ejemplo, tienen una velocidad de nado muy lenta. También hay especies pegadas al fondo que no podrán escapar”.

“El principal problema que generan las bombas de sonido es que los animales marinos se comunican por sonidos. El impacto sonoro les bloquea y les desorienta”, explicó Romero a infoLibre. Así mismo, señaló que “hay efectos fisiológicos en los organismos en función de la intensidad del sonido”. De ser así, el sector pesquero del archipiélago balear se verá afectado de manera muy directa. En este sentido, el secretario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, Pére Valera, declaró a infoLibre: “Las prospecciones petrolíferas nos van a limitar las facturas con toda seguridad". Y añade: “En Ibiza y Formentera tiene un importante peso la pesca de atún rojo, si los desorientas, morirán o se esconderán”.

A la contaminación acústica habrá que sumar la derivada de la extracción de hidrocarburos. Un hipotético vertido accidental no solo causaría un daño irreversible sobre el ecosistema marino, sino que incidiría inevitablemente en el sector turístico, principal sostenedor económico de las islas. Por este motivo también se oponen a las prospecciones la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO). En un comunicado redactado conjuntamente, los dos entes declararon: “Las prospecciones y sondeos que pretenden llevar a cabo empresas privadas en aguas baleares, romperían el equilibrio socioeconómico entre turismo y entorno en el que durante décadas ha venido trabajando la sociedad balear”.

El ministro Soria: una oportunidad para “recuperar la industria”

Por su parte, el ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria, ve en las prospecciones petrolíferas de Ibiza y Formentera una oportunidad para “recuperar la industria” y reducir la dependencia energética, según declaró en la convención nacional del PP celebrada los pasados 1 y 2 de febrero en Valladolid.

En este sentido, y teniendo en cuenta que España necesita importar el 99,72% de los hidrocarburos que consume, el coordinador de Alianza Mar Blava se pregunta: “¿Aunque hubiera petróleo, en qué porcentaje se reduciría la dependencia energética?”. Una cuestión que infoLibre ha intentado trasladar al Ministerio Industria y de la que no ha obtenido respuesta. En esta misma dirección, Soria encuentra en la generación de empleo un argumento para posicionarse en favor de las prospecciones petrolíferas en las islas.

El recuerdo de la catástrofe del Prestige en las costas gallegas, hace prever la magnitud que tendría un vertido accidental procedente de una plataforma petrolífera en un mar cerrado como el Mediterráneo.

Una empresa que amenaza con cortar el agua a 80 familias, unos vecinos organizados para exigir que la gestión del líquido elemento siga en manos municipales y un consistorio que se niega a dar marcha atrás en un convenio que en su día prometió no firmar. Son tan sólo algunos de los elementos de la protesta que mantienen los habitantes de la localidad madrileña de Rascafría, organizados en la Plataforma Ciudadana Rascafría-Oteruelo para la denuncia y anulación del Convenio con el Canal de Isabel II.

El motivo del enconado enfrentamiento que mantienen la Plataforma y el equipo de Gobierno es la firma, en junio de 2012, de un convenio entre el Ayuntamiento de Rascafría y el Canal de Isabel II por el cual se cede la gestión de los recursos hídricos del municipio a la empresa durante 50 años. La alcaldesa, la socialista Ana García, celebró una consulta en la que participó un tercio de los vecinos y de la cual finalmente salió elegida la opción de que el Canal gestionase el agua. Sin embargo, según informó el diario El País, los vecinos se quejan de que las preguntas estaban redactadas de “forma liosa” y mal explicadas.

Hasta entonces, el consistorio de la localidad –situada en la Sierra de Guadarrama y muy cercana al Embalse de Pinilla y al río Lozoya– gestionaba de forma directa el agua, lo que redundaba en que los vecinos del pueblo tan sólo tuviesen que abonar 45 euros al año para disfrutar de suministro ilimitado, cantidad que se incrementaba para el que tuviera parcela en 0,30 céntimos por metro cuadrado y que, en el caso de las tiendas, era de 250 euros.

La facilidad de acceso al agua, junto a la falta de contadores, provocaban un consumo disparatado: según cálculos del Ayuntamiento, un vecino de Rascafría utilizaba de media 1.000 litros de agua al día, mientras que en España la media es de 160 litros diarios. No obstante, según relata Lis Aguirre, portavoz de la Plataforma, parte de este consumo estaba ocasionado por la existencia de averías y fugas que no se detectaban precisamente porque no había contadores instalados.

En este sentido, la alcaldesa señala que el sistema anterior a la firma del convenio era insostenible, y elogia las ventajas del acuerdo con el Canal, entre las que destacan la instalación de contadores de forma gratuita y el proyecto de renovar la renovación de la red de alcantarillado, así como que la empresa condonará la deuda que mantiene Rascafría por la depuración de sus aguas.

No obstante, los vecinos no se oponen a la colocación de aparatos de medición, ya que los consideran, al igual que el consistorio, necesarios. Lo que la Plataforma denuncia es que el acuerdo que ha firmado el Ayuntamiento con el Canal de Isabel II supone la privatización de la gestión del agua. Y lo argumentan recordando que es la empresa Canal de Isabel II Gestión –que hoy por hoy es 100% pública, pero de la cual la Comunidad de Madrid plantea vender el 49% a capital privado en un futuro– la que, según la propia web del ente público, "tiene como cometido la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, incluyendo la atención a los usuarios y la actividad comercial". Es decir, que en el futuro y de seguir adelante el convenio, el agua de Rascafría estaría gestionada en parte por manos privadas.

La gestión del agua, más barata en manos municipales

Pero además, la Plataforma afirma que los costes que supondrá el acuerdo con el Canal suponen una desventaja económica con respecto a la gestión municipal directa. Y la diferencia no es precisamente pequeña: según Aguirre, que el Ayuntamiento administre los recursos hídricos del pueblo es aproximadamente un 40% más barato.

En cifras globales, la Plataforma estima que la cantidad total que abonarían en sus facturas todos los vecinos al cabo de un año sería de unos 400.000 euros con la gestión del Canal; ésta cifra –que se pagaría igualmente en función a lo que indicase el contador y que supondría que el recibo de cada vecino se multiplicase "tres o cuatro veces" con respecto a las antiguas tasas, una cifra sensiblemente menor que con las tarifas del Canal– se vería reducida a algo más de 200.000 euros si el que gestionase el agua fuese el consistorio.

Además, Aguirre explica que, según los cálculos de la Plataforma, en los primeros diez años con la nueva gestión municipal se podrían saldar todas las deudas del consistorio con el Canal y sufragar el precio de las obras pendientes, por lo que transcurrida una década podrían o bien bajarse las tarifas, o bien dedicar el excedente a la financiación de servicios municipales.

Tensión en el municipio

La posición de la Plataforma llegó el pasado jueves 30 de enero al Pleno municipal a través de una Iniciativa Popular que suscribieron con sus firmas 680 vecinos del municipio, lo que supone "más del 60% del total de los votantes" de Rascafría, como destaca Aguirre. No obstante, la medida no fue finalmente votada por el Ayuntamiento porque el equipo de Gobierno aseguró que carecía de alternativas concretas, una decisión que enfureció a los vecinos y que provocó ciertas escenas de tensión e insultos a la alcaldesa, actitudes de las que el colectivo vecinal se ha desmarcado.

Dada la situación, la alcaldesa anunció el pasado día 8 de febrero la creación de una mesa de diálogo entre el Ayuntamiento, la oposición, un representante de la Comunidad de Madrid y la Plataforma vecinal, que contará también con la presidenta de una urbanización del pueblo. Los vecinos han recibido esta noticia con alegría y han anunciado que aceptan la oferta, aunque se muestran "cautelosos" y han pedido en un comunicado que la decisión sobre la rescisión del Convenio y la vuelta a la gestión municipal se someta a una consulta popular, una posibilidad que no descarta el consistorio, que en otro comunicado ha hecho referencia a un "posible referéndum" para decidir entre la gestión municipal o la del Canal.

Pero las protestas no se han circunscrito a acciones institucionales. Parte de los vecinos –unos 80, según la Plataforma– se han negado a pagar sus recibos del agua como forma de hacer presión ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Canal de la Ordenanza Municipal Número 13, reguladora de la tasa por servicio municipal de aducción de agua, aprobada en noviembre de 2012. A estos vecinos se les ha llegado incluso a anunciar el corte del suministro, si bien finalmente no se ha producido ninguna desconexión porque los ciudadanos han tenido que ceder para evitar quedarse sin agua.

En su disposición final, la Ordenanza Municipal estipula que "la facturación individual por contador comenzará a realizarse por parte del Canal de Isabel II una vez estén completadas todas las obras de instalación de la totalidad de los mismos. Mientras tanto, el importe de la facturación será el mismo que se venía aplicando en la tasa hasta este momento vigente". La regla, según explica la portavoz de los vecinos, no se está cumpliendo, ya que a pesar de que hay ciudadanos que aún no tienen su medidor instalado, el Canal ya ha comenzado a cobrar las tarifas basándose en la información proporcionada por estos aparatos.

Ante esta situación, el pasado diciembre la Plataforma publicó un comunicado en el que manifestaba que "el impago es una acción pública colectiva y masiva en el municipio, y no la morosidad de uno o dos consumidores", así como que no buscaba un "ahorro privado y mezquino". Por el contrario, los vecinos aseguraban tener "la voluntad de pagar los recibos cuando se cumplan las condiciones recogidas en el Convenio y la Ordenanza Municipal", y pedían que se respetase la "equidad" a la hora de abonar las tarifas. En este sentido, Aguirre hace hincapié en que, más que una cuestión económica, lo que la Plataforma denuncia es la inacción de la alcaldesa a la hora de hacer cumplir las condiciones del acuerdo suscrito con el Canal.