El exsenador del PP Juan Van-Halen, que está siendo investigado por la venta de pisos del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) al fondo 'buitre' Azora-Goldam Sachs en su etapa de alto cargo del Gobierno regional, será el nuevo presidente de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales.

Esta entidad, que reúne a exparlamentarios de todos los partidos políticos, renovó este viernes a su Junta Directiva en su XVII Asamblea General, que tuvo lugar en el Congreso y que fue inaugurada por el presidente del Congreso, Patxi López.

La candidatura encabezada por Van-Halen ha sido la única que se ha presentado, según explicaron a Europa Press fuentes de la asociación, con lo que será elegido nuevo presidente en sustitución de exparlamentario de Alianza Popular Carlos Robles Piquer, quien será designado presidente de honor.

Tras una amplia trayectoria, principalmente en la Comunidad de Madrid, Van-Halen dimitió el pasado mes de febrero como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. El también exdiputado autonómico dejó su cargo tras haber sido citado a declarar en calidad de "investigado" por la venta de pisos del IVIMA, del que fue director gerente, al citado fondo.

Viceconsejero con Ignacio González

El juzgado de Instrucción número 48 investiga este asunto a raíz de una querella planteada por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación contra los responsables de la venta de esas 2.935 viviendas a Azora-Goldman Sachs.

Tras trabajar como asesor para Asuntos Económicos en el Ministro de Fomento entre 2000 y 2004, Van-Halen pasó a ocuparse como director general de los asuntos relacionados con la vivienda en la Comunidad de Madrid hasta 2013, año en el que fue nombrado viceconsejero de Empleo en el Ejecutivo de Ignacio González.

Como vicepresidente primero de la asociación de exparlamentarios ha renovado el socialista Manuel Núñez Encabo, mientras que se ha creado el puesto de vicepresidente segundo para el que ha sido designado el popular Eugenio Nasarre, diputado hasta la anterior legislatura. De su lado, el socialista Fernando Sanz Alonso, continúa como secretario.

Aunque la cúpula de la asociación sigue siendo íntegramente masculina, en la junta directiva hay un total de 9 hombres y once mujeres. De los 17 vocales, repiten 11 y entran cinco nuevas, todas ellas exparlamentarias: las socialistas Carmen Hermosín, Magdalena Valerio y Teresa del Carmen Camacho, y la popular Enriqueta Seller y Mercerdes Moll, que fue diputada de Unión de Centro Democrático (UCD).

Los hechos fueron desvelados por infoLibre este jueves. Martín Nieto obtuvo la vivienda fuera de sorteo, sin que su nombre constara en la lista pública de aspirantes –307.187 en aquel momento, según su departamento– y sin haber formalizado renuncia expresa y previa al derecho que ya tenía desde cinco años antes a otro piso público, este proyectado en un municipio más lejano –Móstoles– que aquel donde finalmente se convirtió en inquilina y posible futura propietaria: Majadahonda.

Fuentes próximas a la presidenta de la Comunidad de Madrid indicaron a este periódico que, "aunque no existiese ninguna ilegalidad" en la actuación de Martín Nieto, su actuación había sido en todo caso "antiestética". Eso ha llevado a Cristina Cifuentes a aceptar de forma inmediata su dimisión.

A preguntas de infoLibre el pasado miércoles, Martín Nieto sostuvo que pese a que su nombre no aparece en la lista única vigente cuando solicitó el piso de Majadahonda –el 6 de diciembre de 2012–, jamás dejó de formar parte de ella desde que se inscribió en 2005. Simplemente no figura su nombre –aduce– como tampoco el de ningún otro de los "beneficiarios" del derecho a una futura vivienda porque tienen vetado acudir a nuevos sorteos pero no a optar a viviendas mediante otras fórmulas como la que le permitió a ella misma acceder al piso de Majadahonda.

Según su versión, esa fórmula distinta al sorteo público consiste en solicitar el alquiler de una vivienda que haya quedado vacante por renuncia voluntaria de sus "beneficiarios", que de ese modo no llegan a convertirse en "adjudicatarios". Sin embargo, la normativa madrileña dice justamente lo contrario que la número tres del organismo madrileño especializado en vivienda pública. La Orden que desde 2005 regula el funcionamiento de la Lista Única preceptúa en su artículo 7 lo siguiente: "La exclusión de la Lista Única se producirá de oficio cuando los seleccionados resulten beneficiarios de una vivienda".

Además, la guía oficial de trámites sobre la Lista Única que figura en la web del Gobierno madrileño amplía el concepto: "En caso de que un solicitante haya resultado beneficiario titular de una vivienda con protección pública para arrendamiento con opción a compra para jóvenes mediante el correspondiente proceso de selección, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, mediante carta certificada, comunicará su condición indicándole la promoción correspondiente, así como su exclusión de la Lista Única de Solicitantes, de forma que no podrá participar en posteriores procesos de selección mientras mantenga su condición de beneficiario". Esa misma guía explica que el de beneficiario es un concepto distinto y previo al de adjudicatario.

No obstante, los portavoces de Martín Nieto remitieron este miércoles a infoLibre un certificado expedido por el director general de Vivienda de Madrid, José María García Gómez, según el cual la número tres de la Agencia de Vivienda "constaba inscrita a 30 de noviembre de 2012 en la Lista Única de Solicitantes de Vivienda con protección pública en régimen de arrendamiento con opción a compra para jóvenes". La emisión de ese certificado abre el interrogante de cuántos menores de 35 años forman o han formado parte de la denominada lista única sin que ese dato pudiera ser públicamente conocido.

Un juzgado de Madrid ha ordenado ejecutar en veinte días el desahucio de Juan Ramón, que presenta un grado de discapacidad del 66% y a quien el Ayuntamiento de Madrid reconoce que se encuentra en un "grave" riesgo de exclusión social y aconseja que se le ceda una vivienda de especial necesidad.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado de primera instancia número 53 de Madrid ha conminado a Juan Ramón, de 44 años, a abandonar de forma "voluntaria" la casa de renta antigua en la que su familia ha vivido durante 80 años y él desde su nacimiento.

El juzgado, que dictó el decreto el pasado 23 de febrero, le ha apercibido de que, en caso de no desalojar la vivienda, se procederá a su "lanzamiento"."lanzamiento". Tras recibir esta notificación, Juan Ramón ha intentado de forma infructuosa ponerse en contacto con la Comunidad de Madrid con el fin de averiguar el estado de la solicitud de vivienda pública que solicitó en 2013.

La Consejería de Transportes le informó de que había admitido su petición en mayo de 2015, pero que "no era posible determinar el momento en el que, en caso de que le llegara a corresponder, se practicaría la adjudicación del domicilio". Este vecino madrileño ha pedido también ayuda a la Plataforma de Afectados de la Hipoteca de Madrid, aunque todavía no ha obtenido respuesta.

Vive en una casa en "dificitarias condiciones de habitabilidad"

Juan Ramón recibió el pasado verano la visita de los servicios sociales de su distrito, que emitieron un informe al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en el que apoyaban su petición de residir en una vivienda de especial necesidad, habida cuenta de que se trata de "una persona con discapacidad en situación de riesgo grave de exclusión social, sin ingresos económicos" y sin apoyo familiar.

Los servicios sociales, que reconocían que su domicilio estaba en condiciones "deficitarias" de habitabilidad, destacaron que está buscando de forma activa empleo y realizando cursos de formación --es técnico informático y community mánager--. En concreto, indicaban que su casa carecía de una correcta instalación de gases e iluminación, teniendo que usar un transformador; el suelo de las habitaciones se hundía y los cristales de una de las ventanas estaban rotos.

Los tribunales han rechazado todos los recursos que su abogada de oficio ha presentado contra el desalojo, al interpretar que no tiene derecho a una tercera subrogación del contrato que su abuela firmó en 1940 y que la subida del alquiler que su padre pactó en 1975 no supuso la confección de un nuevo contrato.

En la actualidad, a Juan Ramón le quedan pocos meses por cotizar para poder solicitar que se le reconozca en situación de incapacidad total y ha ofrecido la dirección postal de un allegado para que pueda recibir las futuras notificaciones de la Administración.

El que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2013, Juan Van-Halen, tendrá que comparecer en sede judicial el próximo 23 de febrero en calidad de imputado –ahora investigado– para explicar la operación de venta de 2.935 viviendas de protección pública que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en 2013. Van-Halen ocupa, actualmente en funciones, el puesto de director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, Ignacio Bigeriego, ha aceptado finalmente la petición de imputación que hicieron las acusaciones después de que la actual directora del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), Ana Gomendio López de Asiaín –que también está imputada en esta causa– echara balones cuando fue interrogada por el juez en septiembre de 2014. Entonces, Gomendio, que sustituyó en ese puesto a Van-Halen, dijo desconocer algunos de los aspectos planteados por los querellantes porque cuando llegó al cargo, en abril de 2013, el proceso de venta, que se consumó cuatro meses después, ya estaba iniciado.

Ahora el juez también llama a declarar, en este caso en calidad de testigos, a los integrantes de la mesa de contratación, pues la venta se llevó a cabo a través de subasta pública; y a los máximos responsables de la sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicataria de estas viviendas.

También reclama al Ministerio de Hacienda que designe a un arquitecto público para que realice una tasación de los inmuebles, que fueron vendidos por 201 millones de euros. Los querellantes creen que la venta se produjo a un precio "irrisorio": 68.484 euros de media por inmueble. Consideran además que ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".

Entramado societario 

Por otro lado, el juez Bigeriego también reclama a la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que designe a dos inspectores para elaborar el informe que solicitó el pasado octubre para de dilucidar "la posible interrelación" entre las empresas que compraron estos pisos. El objetivo del juez es determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación. El juez hizo el pasado mayo a la Guardia Civil una reclamación en este mismo sentido.

En la misma providencia el magistrado reclama también al Registro Mercantil que aporte al juzgado la hoja registral íntegra de la sociedad Colon Viviendas SII S.A. 

Hay que tener en cuenta que son varias las compañías implicadas en esta operación: la sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicatria; el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por ambas y constituida en septiembre de 2013, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas.

Pues bien, tal y como figura en un escrito del fiscal fechado con fecha del pasado 15 de enero, Encasa Cibeles fue en un primer momento una sociedad unipersonal participada en exclusiva por Azora. Pero en octubre de 2013 se produjo una ampliación de capital a la que concurrieron ELQ Investors II LTD, una sociedad controlada por el fondo de inversión Goldman Sachs con sede en Delaware, que es un territorio considerado paraíso fiscal; y Colon Viviendas SII S.A. De esta última sociedad es de la que el magistrado reclama ahora más información. 

Continúa la investigación por la venta de 2.935 viviendas de protección pública que la Comunidad de Madrid ejecutó en agosto de 2013. Después de que el procedimiento entrase en una fase de aparente parálisis desde el mes de mayo, el Juzgado de Instrucción 48 de Madrid vuelve a pronunciarse y pide al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en una providencia del magistrado Ignacio Bigeriego [consultar aquí en PDF] a la que ha tenido acceso infoLibre, nueva información para tratar de dilucidar si en la venta de estos pisos, valorada en 201 millones de euros, existen, tal y como se puso en duda el pasado 17 de marzo, "indicios objetivos de enriquecimiento". 

En concreto, el juez pide al organismo autónomo mercantil que facilite el valor neto contable, a fecha del 31 de diciembre de 2012, de 7.929 inmuebles vendidos –entre los que se encuentran las 2.935 viviendas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra, además de plazas de garaje, plazas de aparcamiento y locales–. También, solicita información que justifique "los gastos registrados en la tramitación de dicha operación", además del contrato, así como el procedimiento administrativo seguido, por el que se encomendó a la Sociedad de Tasación la elaboración del informe que empleó el Ivima para determinar el presupuesto base de la operación.

Este documento, que fue aportado por los afectados en la querella, determinaba en 128.053 euros el precio medio al que pueden ser vendidas las viviendas al cumplirse los siete años en régimen de alquiler que establece el contrato. Sin embargo, los pisos fueron vendidos a 68.484 euros, lo que permitiría obtener a la actual dueña, según los querellantes, una plusvalía de más del 180% por cada una de las viviendas.

Más detalles de las compañías implicadas

Las compañías implicadas en la operación de venta, que se realizó a través de subasta pública, fueron tres: la sociedad de gestión Azora; el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por las dos primeras y constituida en septiembre de 2013 –un mes antes de que el contrato fuese adjudicado–, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas. El contrato, cuya licitación se publicó en el BOCM el 6 de junio de 2013, fue adjudicado el 11 de octubre de ese mismo año a Azora Gestión.

Sin embargo, según critica el juez, en ningún momento se hace referencia a que el vehículo empleado iba a ser Encasa. Por este motivo, el magistrado pide al Ivima que aclare en qué momento y en virtud de qué acto administrativo se decidió formalizar la escritura de compraventa con esta última sociedad. Además, solicita al ente público que explique en virtud de qué comunicación tuvieron –o no tuvieron– conocimiento de la concreta participación de Encasa Cibeles, si les fue especificada su composición social –98% por Goldman Sachs y 2% por Azora– y si se les exigió algún tipo de garantías.

El objetivo del magistrado es determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación, tal y como dejó claro en la providencia fechada el pasado 17 de marzo y a la que tuvo acceso este diario. Durante el tiempo que duró el proceso de adjudicación fue consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda Pablo Cavero. Por otro lado, la gerente del Ivima desde abril de 2013 era Ana Gomendio López de Asiaín, imputada y a la que los querellantes atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que accedió a ese cargo en sustitución que Juan Van Halen, que pasó entonces a ser viceconsejero de Empleo y desde marzo de 2014 es director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.

Cavero, tal y como adelantó elplural.com, posee junto a cinco hermanos una sicav (sociedad de inversión de capital variable) denominada Bussola 99. Esta compañía cuenta con un patrimonio declarado en el primer trimestre de 2015 de 6,154 millones de euros.

Según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque los fondos están depositados en el BBVA, la entidad en la que se delega la función de gestión, es decir, la subgestora, es Goldman Sachs International. En marzo de 2012, al entrar en el Gobierno de Aguirre, Cavero dejó el puesto de consejero en la sicav. El pasado mes de mayo, según admitió a preguntas de infoLibre, todavía mantenía el 16,6% del capital de la sociedad, que se distribuye a partes iguales junto a sus cinco hermanos.

Goldman Sachs desempeñó un papel relevante en la operación de venta de vivienda pública. Aportó, a través de su filial inmobiliaria Whitehall, "la mayor parte de la inversión" realizada para la compra de esos 2.935 pisos, según informó la adjudicataria formal, la sociedad de gestión Azora, a través de su página web.

Informe sobre "posibles relaciones económicas"

En función de todos estos datos, el juez solicita, en la nueva providencia con fecha del 15 de octubre de 2015, a la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) que elabore un informe "sobre las posibles relaciones económicas" entre Bussola 99, Azora Gestión –y las sociedades que en ella participen–, Encasa Madrid y Goldman Sach Group, Inc, Goldman Sachs International y todas las que en ellas participen. Esta petición se suma a la que hizo el pasado mes de marzo a la Guardia Civil en este mismo sentido. 

La venta de estas viviendas de protección pública, justificada bajo el argumento de obtener liquidez con la que construir nuevos pisos protegidos y acondicionar otros que presentaban desperfectos, está siendo investigada desde que en febrero de 2014 el PSM presentase una querella contra Gomendio, a la que se adhirieron las asociaciones de afectados como acusación popular. Además, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas, acordó en diciembre de 2014 incluir en su programa de fiscalizaciones para 2015 la investigación de la venta de 4.795 viviendas públicas, entre las que se encuentran las 2.935 de la operación del Ivima que en estos momentos continúa en los tribunales.

El movimiento de protesta contra la adjudicación de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs sigue su recorrido jurídico en los tribunales. Y los querellantes –el PSM, que llevó ante la Justicia esta licitación y las asociaciones de afectados que se adherido como acusación popular– han aportado datos que vendrían a probar supuestas irregularidades cometidas en la venta de 32 promociones, situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid, por 201 millones de euros. 

Este miércoles declaró como imputada la directora del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), Ana Gomendio López de Asiaín tras la querella presentada por los socialistas madrileños en la que le atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado los pliegos de ese concurso. Según señalaron fuentes jurídicas conocedoras de la declaración, Gomendio López de Asiaín defendió la legalidad de esa adjudicación y basó su defensa en dos aspectos. Por un lado, argumentó que el precio fue más ventajoso porque se trató de una venta conjunta y que eso explica la diferencia entre el precio al que las empresas compraron los inmuebles y el precio máximo medio al que los pueden vender. Asimismo, dijo desconocer algunos de los aspectos planteados por los querellantes porque cuando llegó al cargo, en abril de 2013, el proceso de venta, que se consumó cuatro meses después, ya estaba iniciado. Por eso, las acusaciones ya han anunciado que pedirán al juez que llame a declarar como imputado a Juan Van-Halen, que es ahora director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento. 

La acusación ha aportado también nuevos datos sobre los que la directora de la Ivima no se ha pronunciado con claridad, recurriendo a las citadas explicaciones. Consultadas por infoLibre, fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda han declinado hacer ningún tipo de declaración al respecto. Los querellantes consideran que una de las principales irregularidades del proceso es que la firma que adquirió los edificios es EnCasaCibeles, una nueva empresa que está participada en un 98% por el fondo Goldman Sachs y un 2% por la sociedad de gestión Azora. Pues bien, según las actas de la mesa de contratación Goldman Sachs fue una de las licitadoras excluidas del procedimiento porque ella misma comunicó al órgano de contratación su voluntad de no subsanar la documentación [ver documento, aquí]. Esto supone que, de facto, la adjudicataria fue una empresa excluida del concurso. 

Otro de los aspectos que, según los querellantes, apuntan a la irregularidad del proceso es el hecho de que el Ivima no haya explicado por qué se eligieron esas 32 promociones y bajo qué criterios teniendo en cuenta que la venta conjunta supone un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y que se hizo a un bajo precio cuando, utilizando a otro método, la ganancia para el erario público habría podido ser mayor. A este respecto, según apuntan fuentes jurídicas, Gomendio López de Asiaín insistió en que la modalidad ya estaba elegida cuando ella que tomó posesión del cargo. Asimismo, la acusaciones creen que otro de los elementos que podrían incurrir en la invalidez de la adjudicación es el hecho de que las promociones no se vendieron con todos sus elementos, pues en algunos casos hay locales comerciales que se enajenaron antes o después de la adjudicación, según explicó Raúl Maíllo, uno de los abogados de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima. En consecuencia, esta circunstancia podría invalidar la pérdida del derecho a compra de las viviendas que los actuales inquilinos tras la adjudicación de sus viviendas a un fondo buitre.  

Además de esta querella, que discurre por la vía penal, decenas de afectados han presentado recursos por la vía contencioso-administrativa contra esta adjudicación. Los afectados, que recurren amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alegan que esta venta también ha supuesto una importante pérdida patrimonial para la administración pública. Consideran que su futuro en estos pisos de los que son simples arrendatarios o arrendatarios con opción a compra es menos seguro bajo la administración de una empresa privada. "Se ha acabado el fin social de estas viviendas. A las familias que tienen problemas para pagar les ponen problemas para renegociar los contratos", señala José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima. 

En su mayoría son inmuebles de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes, dependiendo de sitio en el que estén ubicados y la superficie. El problema es que muchos de ellos viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular. Ante este panorama, las empresas privadas, asegura el letrado de la PAH Manuel San Pastor, se muestran menos proclives a la negociación.

Aunque en el pliego de condiciones se establece que no cambiarían las características del contrato, los afectados temen que las reducciones de renta de entre el 20% y el 90% que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad no sean renovadas. "Ya está habiendo problemas en este sentido porque los arrendatarios se dirigen al Ivima a pedir la subvención y allí se lavan las manos. Les dicen que hablen con las empresas y éstas no están por la labor", dice Manuel San Pastor, abogado de la PAH. 

Son las 14 horas. Dos pequeñas corretean por una céntrica calle madrileña bajo el sol de un domingo que, sin duda, es diferente. Desde uno de los balcones de la calle Monteleón número 28 del barrio madrileño de Malasaña, la madre de una de ellas las observa. “Ya llegan”, afirma con una sonrisa Mery mientras saluda a las niñas. Desde la acera las chiquillas agitan enérgicamente sus manos devolviendo el saludo a las mujeres que se han apiñado en la galería para recibirlas. Se trata de cinco madres solteras que han decidido luchar por una vivienda digna, para ellas y para sus hijos.

La mañana del 26 de abril llegaron a La Leonera nuevos inquilinos. Cinco madres solteras, dos abuelas y ocho niños son ahora sus residentes. La Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto con la Asamblea de Vivienda Centro, abrió las puertas del céntrico bloque de pisos. Vacío desde hace 17 años y sin nadie que aparentemente lo reclame, las 11 viviendas que lo conforman son ahora el hogar de cinco familias apaleadas por la crisis económica y los recortes sociales.

Sin ayudas y sin ingresos

“No hay ayudas para las madres solteras”, explica Vicky de 37 años y madre de dos niños a infoLibre. “No hay ayudas para las guarderías, ni hay trabajo que permita compatibilizar cuidar a los más pequeños y además poder pagar una casa con dos hijos”, recalca esta madre soltera que con menos de 900 euros mensuales tiene que hacer frente al alquiler, el agua, la luz y las necesidades más básica de toda su familia. “Cuando te ves en esta situación te planteas pagar la casa o la comida de tus hijos –expone Vicky–, y al final decides que primero se come y luego se paga”.

Con un café en las manos, recién traído por una de las muchas personas que apoyan la causa de estas mujeres, Mery se recuesta sobre uno de los colchones que guarnecen su improvisado nuevo hogar. La emoción del día de ayer, cuando entraron a ocupar el céntrico edificio madrileño, pasa factura: “Más aún si estás embarazada de ocho meses y medio”, asegura. Mery tiene 24 años y es madre de una niña de seis. En pocas semanas pasarán a ser uno más en la familia. “Con unos ingresos de 270 euros al mes y una manutención de 20 euros cada seis meses, cantidad que el padre de la pequeña estima adecuada, no es posible vivir”, relata desalentada esta madre soltera.

Ante la falta de apoyo por parte del Estado y la extinción de ayudas sociales, muchas de estas mujeres acuden a su familia más cercana en busca de respaldo. Sin embargo, “la mayoría de nuestras madres son también madres solteras, jóvenes y con dificultades para llegar a fin de mes”, explica Vicky. Así sucede con dos de las abuelas que también ocupan La Leonera. Con 55 años la madre de Mery, en número rojos desde hace meses, recibe una pensión de 380 euros. “Trabaje durante 17 años como camarera, hubo épocas en las que gané bastante dinero, pero no pensé en el futuro y lo gasté”, relata entre la tristeza y el aplomo. Después cayó en depresión. A la espera de que un tribunal médico decida si seguirá recibiendo la asignación por enfermedad, trata de ayudar a su hija, a su nieta y al bebé que viene en camino “con lo que puede”.

Invisibles para el Gobierno

A pesar de pertenecer a diferentes generaciones comparten vivencias parejas: precariedad laboral e invisibilidad para el Ejecutivo. “Durante un año trabaje como limpiadora, me daban de alta por horas y la mayor parte de mi sueldo me lo pagaban en negro –explica Mery–; cuando me quede en el paro me explicaron que sólo había cotizado dos meses”. Después de trabajar como personal de limpieza y camarera, esta veinteañera decidió seguir estudiando. Con la ayuda de las becas Remi logró obtener el título de peluquería. “Desde que hemos llegado aquí –afirma–, los vecinos nos han mostrado su apoyo, las trabajadoras de la peluquería de la esquina se han ofrecido a ayudarme y quizá, si hay suerte, tenga trabajo después de dar a luz, por el mes de septiembre”.

La historia de estas mujeres, marcada por el infortunio y la precariedad, las ha unido en una misma lucha: la defensa del derecho a una vivienda digna. “Todas nosotras nos conocemos de casi toda la vida –afirma Vicky–, hemos crecido en el mismo barrio, hemos jugado en las mismas calles y yo, que soy la más mayor, he visto como crecían”. Sin subsidios, sin pensiones alimenticias y sin ingresos estas cinco madres solteras reivindican “un alquiler social asequible”.

Las protagonistas de esta historia denuncian al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno, por el abandono de sus obligaciones y responsabilidades con las personas necesitadas. “Durante años solicitamos al IVIMA un piso de protección oficial –asegura la madre de Mery–, pero siempre nos fue denegado, a pesar de encontrarnos en una verdadera situación de necesidad”.

En un comunicado emitido por Vivienda Centro, este colectivo señala que los bancos y cajas “son las responsables últimas de la crisis que nos ha abocado a esta situación de vulnerabilidad y desamparo mientras constructoras, promotoras e inmobiliarias se han lucrado a nuestra costa”. El Gobierno no sólo rescata y protege a los principales culpables de la actual tesitura económica, también “se dedica a recortar los derechos básicos de todas y todos, y las mujeres somos en muchos casos las más perjudicadas por estas políticas”, puntualizan.

¿Sin alternativas? La lucha por Derecho Universal

Es en este escenario donde las ocupas de La Leonera han decidido actuar. La constructora Promociones La Fuente de Parla S.L. es, en teoría, la propietaria de este bloque de 11 pisos. Sin embargo, la empresa se encuentra inactiva y no presenta sus cuentas desde el año 2010. Por lo tanto, apuntan desde la PAH, lo más probable es que estas viviendas estén en manos de alguna entidad bancaria. “Nuestro propósito es que, una vez el propietario de la finca se ponga en contacto con nosotras, podamos negociar un alquiler social”, afirma Mery.

El apoyo de los vecinos a estas mujeres es doble: por un lado comparten su lucha por una vivienda digna, pero además estiman que la empresa titular de estos pisos merece pagar los platos rotos. Este céntrico edificio no sólo cuenta con 11 viviendas, también está provisto de un parking de última tecnología por el que muchos en el barrio avanzaron un depósito, explican desde la plataforma Vivienda Centro. Después de que la constructora se fuera a pique los vecinos se quedaron sin parking y sin dinero.

"Ni casas sin gente, ni gente sin casas"

El edificio, reformado hace unos años, se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad, a pesar de no contar aún con suministros de agua y luz. A lo largo de esta semana, las cinco madres de familia trasladaran todos sus enseres a su nuevo hogar. Cada piso será concedido a una familia en función del número de hijos. “Son once pisos, cinco de ellos ya han sido ocupados, otros cinco serán para madres en nuestra misma situación y de nuestro grupo de conocidos –explica Mery–, queremos proteger a nuestros niños y que no entren desconocidos”.

Esta es la historia de cinco mujeres solteras, de dos abuelas y ocho niños. Aquel edificio cerrado durante 17 años tiene ahora nuevos inquilinos que corretean y juegan en sus escaleras y descansillos. Y han escrito en la pancarta que preside La Leonera el lema de su lucha: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”.

Los socialistas madrileños presentaron el pasado 5 de febrero una querella contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), a la que atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran "irrisorio" –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación. Ambas pagaron por las 32 promociones, situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid, 201 millones de euros. Los querellantes creen que esta venta, que se llevó a cabo en agosto de 2013, ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".

En la querella, que todavía debe ser admitida a trámite y a la que ha tenido acceso infoLibre, el PSM aporta un informe de valoración elaborado por la Sociedad de Tasación utilizado por el Ivima para determinar el presupuesto base de la operación. En este documento se determina en 128.053 euros de media el valor protegido en la fecha de opción de compra de estos inmuebles, es decir, el precio medio al que pueden ser vendidos estos pisos cuando se cumplan los siete años en régimen de alquiler que establece el contrato. Y los pisos fueron vendidos a 68.484 euros de media a Azora y Goldman Sachs. De ahí la plusvalía de más del 180% por vivienda que, según los querellantes, puede obtener la actual dueña. La querella también recalca el hecho "inexplicable" de que sea una nueva sociedad denominada EnCasaCibeles la que procedió a adquirir los edificios y no las adjudicatarias.

Sobre las viviendas que por su fecha de construcción no pueden ser enajenadas hasta 2018 y 2019, el PSM señala que este hecho tampoco supone perjuicio para la actual dueña porque de esos pisos se seguirán cobrando los arrendamientos hasta esa fecha. Además, señalan que 10 de las 32 promociones –que incluyen 634 viviendas– fueron construidas en 2007 por lo cual su opción de compra es ejercitable ya desde este 2014. Así, dicen que la Administración podría haberlas vendido a los arrendatarios titulares del derecho de superficie obteniendo este año, al precio mínimo que se indica en el informe de tasación, más de 80 millones de euros. 

Los querellantes basan la atribución del delito de prevaricación en la consideración de que la directora gerente del Ivima y las personas que participaron de forma "activa o pasiva" en el proceso eran conocedoras de la "injusticia" de la medida que estaban tomando fijando un precio que, a su juicio, "resulta a todas luces ridículo para el producto objeto de la venta". Con una simple operación aritmética se puede comprobar que, si vendieran todos los pisos con el precio más barato de los fijados en el informe de tasación, la administradora obtendría 372,4 millones, cuando pagó por ellos 201. 

En la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, de la que depende el Ivima, defienden que esta fue una "operación de éxito" para Madrid porque se obtuvo un 20% más de dinero que el precio de salida del que se partía (168,9 millones). Y que su objetivo en todo caso es obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que ya gestiona y que tienen desperfectos. "Es una operación financiera, no inmobiliaria", subrayan. En este sentido, explican la diferencia entre el precio al que las empresas compraron los inmuebles y el precio máximo medio al que los pueden vender porque se trata de una venta conjunta. "No es igual comprar una casa que 3.000", destacan. Además, señalan que la actual administradora se encarga también de los gastos de mantenimiento, las reformas, arreglos, el IVI o tasa de basuras. Algo que, según estas fuentes, ahorra al Ivima tres millones de euros anuales. 

En la consejería explican también que el valor de mercado que sirvió de referencia para sacar a concurso las 32 promociones tiene en cuenta otros supuestos como el tipo libre de riesgo, el tipo de actualización adoptado o el IPC estimado en plazo. "La experiencia dice que la mayoría de viviendas no se suelen vender cuando vence el plazo de arrendamiento", abundan. Sin embargo, desde la adjudicación el pasado verano, ya hay dos promociones que han cumplido el plazo de alquiler. De las 52 viviendas que las componen a día de hoy se han vendido 20. El resto de arrendatarios podrán permanecer durante un año más en los pisos en régimen de alquiler. Transcurrido este tiempo tendrán que volver a negociar con el casero actual. Si no hay acuerdo, tendrán que dejar la vivienda que será ofrecida en régimen de alquiler a otra familia. Este procedimiento, aseguran en Vivienda, es el mismo que se venía desarrollando cuando los pisos todavía eran propiedad de la empresa pública. 

Falta de rigor del informe de tasación

El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que firma la querella junto al también parlamentario regional José Quintana Viar, cree que esta adjudicación es un "negocio cautivo" por el margen de beneficio que pueden obtener las empresas al vender estos inmuebles a las personas que tienen contratos de arrendamiento con opción a compra. Asimismo, los socialistas creen que en esta adjudicación ha habido "falta de rigor" en la disposición de bienes públicos, pues el tipo de subasta ofertado por el Ivima –168,9 millones de euros– se basa en un informe de nueve páginas que no contiene detalles de las 2.935 viviendas. De hecho, las visitas interiores de los pisos se hicieron en sólo dos días, los 4 y 5 de marzo de 2013. "No parece adecuado despachar la venta de 3.000 viviendas públicas basándose en un informe impreciso", señalan. 

Recursos contenciosos

Además de esta querella, que discurre por la vía penal, decenas de afectados han presentado recursos por la vía contencioso-administrativa contra esta adjudicación. Los afectados, que recurren amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alegan que esta venta también ha supuesto una importante pérdida patrimonial para la administración pública. Consideran que su futuro en estos pisos de los que son simples arrendatarios o arrendatarios con opción a compra es menos seguro bajo la administración de una empresa privada. "No les interesamos, quieren echarnos de allí cuanto antes para meter a otra gente", se quejaba hace semanas unos de los inquilinos en una asamblea dinamizada por la PAH en la que los afectados se asesoran, se dan apoyo mutuo y preparan nuevas movilizaciones.

En su mayoría son inmuebles de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes, dependiendo de sitio en el que estén ubicados y la superficie. El problema es que muchos de ellos viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular. Ante este panorama, las empresas privadas, asegura el letrado de la PAH Manuel San Pastor, se muestran menos proclives a la negociación.

Aunque en el pliego de condiciones se establece que no cambiarían las características del contrato, los afectados temen que las reducciones de renta de entre el 20% y el 90% que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad no sean renovadas. "Ya está habiendo problemas en este sentido porque los arrendatarios se dirigen al Ivima a pedir la subvención y allí se lavan las manos. Les dicen que hablen con las empresas y éstas no están por la labor", añade San Pastor. Desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda intentan trasladar un mensaje de tranquilidad. "La gente no se va a quedar en la calle, hace un año y medio que no hay desahucios en el Ivima. Sólo hay desalojos de ocupaciones ilegales", aseguran. Sin embargo, admiten que la prórroga a esas ayudas sí se tendrá que negociar con los nuevos caseros.