Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 641 inmigrantes que trataban de llegar a Canarias a bordo de once pateras y cayucos, en quince horas sin descanso para sus tripulaciones, en especial para las asignadas a Lanzarote, a donde han llegado 451 personas. El recuento incluye, al menos, a 40 mujeres y 15 menores, cifras que, probablemente, aumentarán, porque en cuatro de los ocho rescates efectuados en Lanzarote no se han facilitado aún datos detallados sobre los ocupantes, según la información recabada por EFE de Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de esa isla.

La primera operación en Lanzarote se realizó sobre las 22.00 horas de este martes, después de que el radar del sistema de vigilancia costera detectara una patera a unos 16 kilómetros al norte de la isla. A bordo iban 40 personas de origen magrebí (30 hombres, ocho mujeres y dos niños), que llegaron a tierra con la Salvamar Al Nair pasada la medianoche.

En paralelo, fue movilizada también desde Lanzarote la Guardamar Talía, de mayor capacidad, porque comenzaron a recibirse más avisos de posibles neumáticas en la zona, hasta cinco, algunos de ellos realizados por teléfono por las personas que iban en ellas. La Talía rescató durante la madrugada a 221 personas en cuatro embarcaciones, en su mayoría subsaharianas: un grupo de 70, otro de 51, un tercero de 50 y un cuarto de 51.

No hay cifras detalladas sobre sus ocupantes, pero EFE ha presenciado en su desembarco en el puerto de Arrecife que iban a bordo de esas neumáticas varias mujeres, dos bebés y, al menos, otros dos menores.

Con las dos embarcaciones de Lanzarote centradas en esas operaciones, Salvamento tuvo que enviar desde Fuerteventura a esa misma zona a la Salvamar Ízar para socorrer a otro grupo más conformado por otras 59 personas, entre ellas ocho mujeres y una niña, que fueron trasladadas al puerto de Gran Tarajal.

En El Hierro, la Salvamar Adhara auxilió pasadas las 21.00 horas a un cayuco localizado a 13 kilómetros de La Restinga, en el que viajaban 74 personas (61 hombres, seis mujeres y cinco menores). Y a La Restinga también ha llegado en la mañana de este miércoles la Guardamar Calíope, tras otro cayuco localizado a 22 kilómetros de El Hierro con 57 personas más, entre ellas tres mujeres y cuatro menores.

La novena embarcación obligó a movilizar de nuevo a la Salvamar Al Nair a primera hora de la mañana, cuando fue detectada por el radar de vigilancia costera a unos 45 kilómetros al norte de Lanzarote. Se trataba de una neumática que llegó por sus propios medios a la playa de La Garita, en Haría, antes de que la encontrara el barco de rescate. A bordo iban 73 personas, entre ellas cuatro mujeres (una de ellas embarazada) y un niño. En la atención en la playa a este grupo de personas han participado -acompañando a la Guardia Civil- dos gendarmes marroquíes que se encuentran estos días en la isla, según ha presenciado EFE.

Posteriormente, sobre el mediodía, la Salvamar Al Nair ha rescatado a 117 migrantes en dos pateras más en Lanzarote: una con 50 personas de origen magrebí (entre ellos tres mujeres y un niño) y otras 67 de procedencia subsahariana (incluidas seis mujeres).

Todos estos rescates coinciden con la presencia en Canarias del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que se ha desplazado a Tenerife a petición del presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, para conocer la presión migratoria que soportan las islas y cómo se está atendiendo a los menores. 

Además Schinas ha anunciado un plan de acción adicional por el que se asignarán a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida a migrantes y que permitirá el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para atender la emergencia migratoria. Este plan también ofrece la posibilidad de "reforzar la salvaguardia de nuestra frontera exterior a través de Canarias" con operaciones conjuntas con la agencia Frontex, y de aumentar la asistencia de la agencia de asilo de la UE para gestionar la asistencia a los menores no acompañados.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha exigido al Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) una "rectificación" después de que la entidad local le acusase de haber pintado elementos "naturales protegidos" a raíz una publicación de la exministra de Igualdad en su perfil de la red social Instagram en la que aparecían unas piedras pintadas.

Desde el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) denunciaron el uso "inapropiado" de elementos "naturales protegidos" al considerar que las piedras "dañadas" podrían ser de Fuerteventura. "Esta acción va en contra de la Ley de Patrimonio Natural", reprochaban en un comunicado a través de la misma red social.

Asimismo, instaban a la dirigente de Podemos a "aclarar" el origen de los elementos mostrados y "rectificar públicamente" en el caso de que hubiesen sido sustraídos de las playas de la isla, ya que según remarcaban este tipo de acciones pueden dar lugar a un "efecto dominó con repercusiones irreversibles sobre el entorno natural".

Sin embargo, Montero ha rechazado la acusación del ayuntamiento canario tachándola de "mentira" y "vergonzosa". "Teniendo la posibilidad de confirmar la información, han preferido lanzar un bulo desde sus canales oficiales diciendo que he dañado el patrimonio natural de la isla pintando piedras de colores", ha censurado.

Por ello, la exministra ha pedido tanto al Ayuntamiento como a su alcalde, Isai Blanco, una rectificación. "Se puede y se debe disfrutar de actividades con tu familia sin dañar el patrimonio natural, pero es que en Fuerteventura he estado con mis amigas, no con mi familia, cutres", ha añadido.

En esta misma línea se ha pronunciado también la líder de la formación morada, Ione Belarra, quien a través de su cuenta de X ha reprochado a Coalición Canaria, formación a la que pertenece el alcalde de La Oliva Isai Blanco, que "dejen de utilizar las instituciones públicas para atacar a adversarios políticos".

Un total de 104 migrantes ha llegado a las costas de las Islas Canarias desde este sábado. La primera patera tocó suelo grancanario en la madrugada del sábado, la segunda arribó al puerto de Fuerteventura, a últimas horas de la tarde y la tercera alcanzó Gran Canaria en la madrugada de este domingo. Entre ellos se cuentan 40 menores de edad, según informa Europa Press.

En torno a las 5.45 de la madrugada de este domingo, un cayuco con 72 migrantes a bordo arribó al Puerto de los Cristianos, en el municipio turístico de Arona (Tenerife). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, todos son varones procedentes de Gambia y 26 de ellos podrían ser menores de edad. Una vez en tierra, se desplegó un dispositivo sanitario compuesto por el Servicio de Urgencias Canario, médico y enfermero del Centro de Salud de la zona, y personal de Cruz Roja. Finalmente, los 72 varones fueron valorados por los recursos médicos y uno de ellos presentó hipoglucemia, aunque no tuvo que ser trasladado a ningún centro hospitalario.

Salvamento Marítimo rescató durante las últimas horas de la tarde del pasado sábado a los 26 ocupantes de una patera cuando se encontraba a unas once millas de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura. De esta manera, el organismo estatal ha explicado que fue un avión del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire el que localizó a la embarcación y permaneció orbitando sobre la misma hasta la llegada del buque Salvamar Mizar. Asimismo, Cruz Roja ha señalado que, una vez en tierra, se atendió a los ocupantes de la patera, todos varones y entre los que 14 aseguran ser menores de edad, en aparente buen estado de salud.

Unas seis personas han sido localizadas este sábado después de que arribaran la pasada madrugada por sus propios medios a bordo de una patera a la Playa de Las Mujeres, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). En este sentido, según informa MaspalomasAhora y recoge Europa Press, los migrantes fueron localizados en los alrededores del Campo Internacional. Por su parte, fueron los propios bañistas los que, al llegar a primera hora de la jornada a la playa, vieron la embarcación abandonada en la orilla y alertaron a las autoridades.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este martes que su departamento gastó algo más de 670.000 euros entre 2014 y 2017 para costear los servicios de alimentación en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, que lleva vacío desde 2011, "por previsión".

"Es cierto que no hay internos desde 2011, pero tenemos que tener las previsiones para que en una zona como Fuerteventura podamos tener locales que estén preparados para dar el servicio con los medios que son necesarios (a las personas que llegan)", ha declarado en el Pleno del Senado, recogido por Europa Press.

Zoido respondía así a preguntas de la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, quien había recabado del Ministerio del Interior vía pregunta parlamentaria por escrito un informe según el cual el gasto en el CIE de Fuerteventura estando vacío ascendió a 870.000 euros "sólo en alimentación" entre 2013 y 2016 y pedía al ministro más detalles sobre el asunto.

"El contrato de raciones alimenticias que se contrata desde el Ministerio del Interior anualmente agrupa al conjunto de los CIE a nivel nacional. De 2014 a 2017, la cantidad total destinada fue de 10.073.851 euros", ha dicho el ministro, para especificar que en el caso de Fuerteventura, fueron en 2014, 161.620 euros; en 2015 un total de 185.801 euros; en 2016, 161.381 euros y en 2017, la misma cantidad.

Para la senadora, con su respuesta Zoido "está reconociendo que su ministerio ha enviado dinero público a la cuenta de resultados de una empresa privada por no hacer nada". "Eso en nuestro ordenamiento jurídico tiene un nombre", ha espetado. Además, la senadora le ha afeado que no ofreciera la cifra correspondiente a 2013, cuando fueron 365.000 euros en alimentos para el CIE vacío, según los datos que Interior le proporcionó por escrito.

"No sé lo que diría su señoría de este Gobierno si no tuviera la previsión para prestar servicios personales y alimenticios a aquellos inmigrantes que hubieran llegado a Fuerteventura", ha replicado el ministro, quien ha incidido en que el contrato de licitación "obliga a tener previstos los medios necesarios tanto alimenticios como de otras características" pues hay que "tener la previsión, se utilice o no se utilice" el CIE.

El exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército en 2015 por la publicación de un libro en el que denunciaba corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas, ha sido denunciado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por un presunto delito de injurias y calumnias contra su antecesor en el cargo, Pedro Morenés, y otras autoridades militares.

El que fuera teniente del Ejército de Tierra ha sido citado a comparecer el próximo día 7 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Madrid después de que el fiscal general del Estado haya aceptado tramitar la denuncia trasladada por Cospedal para "poner coto" al "caudal de afirmaciones lesivas al honor" que lleva realizando Segura desde su expulsión de la carrera militar.

En concreto, la denuncia se centra en artículos publicados por el exteniente en el diario digital Público. En uno de ellos, Segura se dirigía a Morenés, actual embajador en Washinghton, como "El Carnicero" por aprobar la venta de bombas "para despedazar niños y niñas".

En otra de sus publicaciones abordaba los accidentes de helicóptero Súper Puma en Canarias en 2014 y 2015, en los que fallecieron siete militares en total, y acusaba de "homicidio" a Morenés, entonces ministro, y la cúpula militar, señalando concretamente al actual Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general Javier Salto, y el general de brigada Julián Roldán.

"Eso es lo que son, mafiosos, sectarios. Desgraciados. Unos desgraciados y mediocres", arremetía Segura acusando al ministro y los militares de "no querer solucionar los problemas, anteponer sus carreras militares al honor y a la verdad, a sus obligaciones como ciudadanos y como militares".

Denostar la institución militar

La ministra de Defensa ha decidido interponer esta denuncia ante la "reiterada" aparición del exteniente en los medios de comunicación "para denostar a la institución militar en general y particularmente al que fue su principal responsable".

La Fiscalía ha dado el visto bueno a su tramitación, lo que no hizo con una denuncia similar en diciembre de 2015 en la que Segura se dirigía a Morenés con adjetivos como "cobarde", "infame" o "miserable". Entonces, estimó que estos calificativos no revestían de la condición de gravedad exigida en el tipo penal y se incluían dentro del ámbito de las libertades de información y de expresión.

La 'abuela de Fuerteventura', Josefa, ha salido ya de la cárcel de Tahíche (Lanzarote), tres días después de que ingresasara en esa prisión. Dos días han pasado desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara que aprobaría su indulto en el Consejo de Ministros de mañana pero la Audiencia de las Palmas se ha adelantado, y ha decretado su excarcelación. La anciana ingresó en prisión con 63 años para cumplir una condena de seis meses por no derribar su casa de Fuerteventura.

Josefa Hernández, la conocida abuela de Fuerteventura, ha abandonado a las 17.30 horas la prisión de Tahíche, en Lanzarote, donde ha pasado los últimos tres días y medio, después de que la Audiencia de Las Palmas revocara el auto que ordenaba su entrada en prisión.

"Estoy superfeliz y muy, muy agradecida", ha gritado Josefa Hernández a su salida de la cárcel. A la mujer de 62 años le esperaban numerosas personas a la salida del penal, entre ellas sus hijas, varios parientes e incluso el alcalde de su pueblo, Betancuria.

Josefa Hernández entró en la cárcel este lunes después de que fuera condenada a seis meses por no derribar su casa en una zona protegida de Fuerteventura, si bien estaba previsto que este viernes se le concediera el indulto.

Sin embargo, en el mediodía de este jueves el abogado de la abuela de Fuerteventura informó a la familia de que este mismo jueves podían ir a recoger a Josefa.

Minerva, que ha cogido un barco sobre las 16.00 horas para trasladarse a Lanzarote y recoger a su madre, se ha mostrado "súper contenta", si bien reconoce que "todavía quedan" cuestiones por solucionar.

La hija de Josefa confirmó que han aceptado la casa ofrecida por el Gobierno de Canarias en Puerto del Rosario para que su madre se aloje de forma "temporal" hasta que se arregle la situación con respecto a su vivienda.

La abuela de Fuerteventura, no obstante, tendrá que proceder a la demolición de la vivienda en el plazo de seis meses, según el auto de la Audiencia de Las Palmas, que avisa de que, en caso contrario, será revocada la suspensión de la condena de prisión.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el indulto de Josefa Hernández, que desde el lunes cumple en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) una pena de seis meses por no derribar su casa, construida en un paraje protegido. "El Gobierno la va a indultar, creo que es una cosa de sentido común, se ha creado una situación profundamente injusta, y yo diría hasta absurda", dijo el presidente en los pasillos del Congreso.

Rajoy también dijo que sería "bueno e imprescindible" que el Gobierno canario pudiera resolver el asunto de la vivienda y poner a disposición de la familia de Josefa Hernández una nueva.

Minetras, este martes se conoció que la Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto, informó Europa Press.

A través de un comunicado, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, informó de que el ingreso en prisión de Josefa Hernández se ha llevado a cabo sin tener en cuenta dos dictámenes emitidos por el Ministerio Fiscal, uno el 6 de julio y otro el pasado 22 de agosto.

En el primer dictamen, aclara García Panasco, la Fiscalía no se oponía a la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena (art. 80 CP), siempre que Josefa Hernández se comprometiera a demoler las dos edificaciones ilegalmente construidas en un espacio natural protegido.

En el segundo dictamen, emitido el pasado sábado, la Fiscalía se mostró favorable a suspender el ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto solicitado por Josefa Hernández, en coherencia con los criterios establecidos desde hace tiempo por la Fiscalía General del Estado.

El fiscal jefe precisa que este dictamen fue remitido el pasado sábado al mediodía a través de un fax al órgano judicial competente, y que esta mañana se ha comprobado que el mismo tuvo entrada efectiva en el Juzgado.

Sin embargo, García Panasco aclara que no se tiene constancia hasta el momento de que el órgano judicial haya dictado resolución alguna que tenga en cuenta el dictamen del Ministerio Fiscal.

El Ejecutivo muestra su solidaridad

La viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, ha garantizado que la familia de Josefa Hernández "no quedará en situación de desamparo" después de que este lunes haya entrado en la prisión de Tahíche (Lanzarote).

A través de un comunicado, la viceconsejera recuerda que la familia de Josefa Hernández se encuentra en una "situación compleja", al estar conformada por varios menores de edad.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aaron Afonso, ha querido mostrar su solidaridad con Josefa Hernández y urge a que su situación se solucione "en el menor tiempo posible".

Asimismo, ha expresado su apoyo a la familia afectada y reitera su disposición para reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a fin de acelerar el proceso de indulto, tal y como ya ha manifestado con anterioridad.

El Cabildo de Fuerteventura ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión de Josefa Hernández, que está condenada a ir a la cárcel por tener edificada su vivienda en una zona protegida de la isla. La mujer, de 63 años. tiene a su cargo a tres nietos y a su hija con discapacidad.

Los portavoces de los grupos políticos del Cabildo de Fuerteventura han hecho esta petición tras mantener una reunión en la mañana de este lunes y ante lo que califican como una "incomprensible decisión" del ámbito judicial, según ha informado la institución insular en un comunicado.

En concreto, piden que "se deje sin efecto el auto de 29 de julio de 2015 por el que se deniega la solicitud de suspensión del ingreso en prisión de Doña Josefa Hernández Góez, ciudadana de esta isla, residente en el municipio de Betancuria, de edad próxima a los 63 años, con una hija con discapacidad y tres nietos menores a su cargo". Además, instan al Ministerio de Justicia a que resuelva, en el Consejo de Ministros, "a la mayor brevedad y favorablemente la solicitud de indulto a favor" de Josefa Hernández Góez, informa Europa Press.

Finalmente, solicitan a las instituciones competentes que continúen con el trabajo que se ha venido llevando a cabo para "facilitar el cumplimiento de la sentencia que da lugar a esta situación, tal y como se ha comprometido Doña Josefa Hernández Góez en todo momento, a la vez que garantizar el bienestar de esta familia instando la agilización de los trámites para la asignación, en su caso, de una vivienda de protección oficial y canalizando a través del Ayuntamiento de Betancuria la oportuna" ayuda de emergencia social de forma que la familia tenga de "inmediato" una vivienda en alquiler.

Ingreso en la cárcel

Josefa Hernández, ya conocida como la abuela de Fuerteventura, ha entrado esta tarde en prisión para cumplir una sentencia del año 2012 que la condenaba a seis meses de cárcel por no derribar su casa, construida en un espacio natural protegido en el municipio de Betancuria.

Hernández ha llegado a la prisión de Tahíche (Lanzarote) poco después de las tres y media de la tarde, y lo ha hecho en compañía del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y del alcalde de su pueblo, Marcelino Cerdeña, según fuentes de la corporación majorera.

Esta vecina de Betancuria también fue condenada a pagar una multa de 700 euros –que abonó– y a derribar su vivienda, en la que vive con cinco familiares a su cargo: su hija Cristina, con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo Raimundo, parado de larga duración.

El caso de Josefa Hernández ha generado en los últimos días numerosos gestos de apoyo en Canarias por parte de instituciones y partidos políticos, y más de 50.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org pidiendo su indulto al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Asimismo, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Canarias han convocado concentraciones esta tarde ante las delegaciones del Gobierno de cada isla para pedir el indulto de Josefa, que no ha derribado su casa por carecer de recursos y de otra vivienda donde realojarse junto a su familia.

Antes de entrar en prisión, Josefa Hernández ha dado las gracias a todos ellos y a los medios por haber contribuido a que su caso se conozca, y sólo deseó que el día que salga de la cárcel pueda tener otra vivienda donde poder residir junto a su familia y tirar la que construyó en el Parque Rural de Betancuria, cumpliendo así con la sentencia.

Josefa Hernández Goez, de 63 años de edad, vive en la isla de Fuerteventura con cinco personas a su cargo, entre ellos niños, y previsiblemente este viernes entrará en la cárcel por construir una casa en una zona protegida. En su defensa, Josefa alegó que donde vive "el 90% de las casas son ilegales", por lo que considera que la justicia es "a la única que persigue".

Josefa vive en Campo Viejo, Fuerteventura. En declaraciones a Europa Press explicó que esta situación se remonta a 2007, cuando los servicios sociales le pidieron que arreglara la casa porque se encontraba en "muy malas condiciones" y le "amenazaron" que si no llevaba a cabo la reforma le "quitaban a los niños".

Ante esta situación, Josefa dice que se vio obligada a remodelar la casa, para lo que contó con la ayuda del Cabildo de Fuerteventura, algo que aseguró, "agradecerá toda su vida".

Sin embargo, le denunciaron por tener la vivienda en una zona protegida medioambientalmente y en 2012 se dictó una sentencia firme que le condenaba a pagar 700 euros, a demoler la vivienda y a cumplir seis meses de prisión, si bien ella no tiró su casa porque afirmó no tener donde "ir a vivir". Eso sí, asegura que pagó la multa.

En este sentido, se mostró dispuesta a irse a la casa que le facilitaran para vivir. "Lo he dicho por activa y por pasiva, denme una casa donde vivir y yo tiro la vivienda de mi finca", asegura.

En huelga de hambre

Ante la posibilidad de que Josefa entre este viernes en prisión, ha decidido iniciar una huelga de hambre en las puertas de la Dirección insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura.

Esta huelga de hambre la inicia después de que sus abogados solicitaran la suspensión de su entrada en prisión hasta que llegara una resolución de indulto. No obstante, la "jueza no cede", afirmó Josefa, que advirtió que continuará con la huelga aunque entre en prisión.

"Es lo único que puedo hacer, no me dejan opciones. Me están tratando como un criminal y delincuente común, me siento perseguida por la justicia. Ni los propios abogados entienden ese comportamiento de la justicia conmigo", apostilló.

Minerva Zerpa, una de las hijas, repitió las palabras de su madre: si hay que tirar la casa, "se tira, pero que le den una. No es una casa de playa o de campo que la tenga para ir el fin de semana".

Apoyo de Podemos

El portavoz de la formación del Cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó, informó que se le ha solicitado al ministro de Justicia un indulto, ya que "es lo único que puede paralizar este caso". Briansó recordó las circustancias de Josefa: 63 años, con diabetes, y que entrará en prisión por "un delito que es simplemente haber querido tener un techo para sus nietos".

Otra de las vías en las que trabaja Podemos para ayudar a la afectada es la de encontrar una vivienda social, por lo que volverán a "insistir a Bankia, que es la entidad con la que la familia mantiene cuentas, para ver si de verdad sigue en la línea de lo que había prometido de dar soluciones a accidentes de vecinos en situación desesperada".

El partido recordó que en la plataforma Change.org también hay una iniciativa de recogida de firmas que "puede servir como respaldo" en este caso.

El padre de Abou Uatarra, el niño de Costa de Marfil que llegó a Ceuta en una maleta, ha abandonado este lunes la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz).

Tras abonar una fianza de 5.000 euros, Ali Uattara ha quedado en libertad con cargos y espera, en breve, regresar a Fuerteventura para hacer una vida normal como la que tenía en los últimos años, hasta que intentó traer a su hijo que se había quedado sólo en Marruecos tras la muerte de su abuela.

Pagó a una persona del consulado, presuntamente, para introducir a su hijo en España junto al resto de la familia de forma legal, pero finalmente el niño fue descubierto por la Guardia Civil en la maleta en la que era transportado.

El letrado de la familia, Juan Isidro Fernández, se ha personado en la cárcel algecireña acompañado de la madre, Lucie Uttara y del pequeño Abou. Tras una espera de casi dos horas, Ali ha salido de la cárcel y simplemente ha dicho "gracias" a los medios de comunicación que allí esperaban desde la primeras horas de la tarde.

El abogado, en declaraciones a los medios, ha indicado que Ali "está deprimido" y dice que "quiere volver en unos días a Fuerteventura", aunque la intención del letrado es que mañana, tras una rueda de prensa que tiene previsto celebrar en Sevilla junto a la familia, "se pueda ir en el mismo avión que la mujer y el hijo".

Madre e hijo le esperaban en el coche del abogado, y a su llegada, los tres se fundieron en un abrazo. Fernández ha agradecido el tratamiento que el centro de menores de Ceuta "han dado al niño", que se encuentra en perfectas condiciones y que cuenta ya con permiso de residencia para estar un año en España. Su padre lleva siete viviendo en la isla, en la que tiene un trabajo fijo "en una lavandería" y al que espera "volver cuanto antes".

La situación en la que queda el padre, que pudo ser víctima de las mafias que trafican con personas en África, es la de imputado a la espera de juicio. "Él puede volver a la isla pero debe personarse en el juzgado en las fechas estipuladas". El proceso hasta que se celebre el juicio "puede demorarse unos seis meses", según dijo el abogado de la familia.

Alhagie Yerro es la primera persona que ha pisado el Parlamento Europeo después de pisar un CIE. Este miércoles estuvo en Bruselas, y allí denunció los supuestos abusos que sufrieron, él y sus compañeros, durante los 40 días que permanecieron recluidos en un Centro de Internamiento de Extranjeros en Fuerteventura.

Los hechos se remontan a 2009. "No sé dónde nos pudieron llevar. Un cuartel militar abandonado, o un CIE, o Guantánamo. No sé cómo lo puedo llamar, pero el mayor castigo de mi vida lo he pasado ahí. Llegué incluso a pensar que debía volver de donde había venido porque [allí] no me trataban así", relató en un acto organizado por el eurodiputado de Primavera Europea Jordi Sebastiá y el partido Por un Mundo + Justo.

Alhagie se detuvo especialmente en cómo los policías les metían en el comedor. Al abrirse las puertas "se ponen el silbato y, ¿cómo quieren que vayamos a desayunar? Pues corriendo como si fuésemos animales. ¿Cómo te dicen corre? Con las porras, pegándote. Porque si te pegan una vez ya no voy a permitir que me peguen una segunda, porque voy a correr".

Uno de los días, Alhagie reconoció que dejó de pensar en él y se preocupó "por un chaval joven, bajito, callado". Cuando se abrieron las puertas del comedor, el chico estaba en el baño. El resto de compañeros habían corrido a desayunar, y al percatarse los policías de que el joven se había retrasado, cuatro de ellos "le pegaron porrazos hasta que el chaval no quiso comer. ¿Cómo vas a comer con este miedo y el dolor?". Y así, dijo Alhagie, "seguimos viviendo durante 40 días".

Un mes largo en el que se les prohibió la comunicación. Eran ocho, compartían habitación y hablaban el mismo idioma. Por miedo a que estuvieran tramando algo contra ellos, "nos separaron a todos. Ya no podíamos comunicarnos, lo mínimo que teníamos para disfrutar, para comentar la aventura de haber llegado".

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son el lugar donde los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España, quedan recluidos, por un máximo de 60 días, hasta que se posibilita su repatriación. Sin embargo, la mitad de las personas que pasan por estos centros acaban siendo liberadas en territorio nacional. En los últimos años se han desvelado agresiones y prácticas que incluso vulneran los derechos recogidos en los reglamentos español y europeo.

El pesquero ruso, de nombre Oleg Naydenov, se hundió a las 22.45 horas de este martes a unas 15 millas (24 kilómetros) al sur de Punta Maspalomas (Gran Canaria) y a una profundidad de 2.400 metros, según informó Salvamento Marítimo.

Depués de que se incendiase el pasado sábado mientras estaba atracado en el puerto de La Luz y Las Palmas, el barco fue remolcado durante la noche del domingo a una "zona de seguridad" situada entre Fuerteventura y Gran Canaria. Según informó la prensa local, las autoridades temían que el buque virase debido a la gran cantidad de agua utilizada para apagar las llamas. 

A las 07.30 horas de este miércoles, Salvamento Marítimo movilizó el avión Sasemar 305 y otros medios, como el buque Miguel de para verificar si hay vertidos en el agua y actuar si fuera necesario. Asimismo, el buque de lucha contra la contaminación 'Miguel de Cervantes' está activado.

Cuatro personas se encuentran desaparecidas tras caer al mar un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire a unas 30 millas al sur de Fuerteventura. En el aparato viajaban cinco tripulantes, uno de los cuales ha sido rescatado con vida.

El helicóptero del SAR realizaba unas prácticas rutinarias de rescate con grúa cuando sobre las diez de la noche (hora canaria) ha caído al mar por causas que están siendo investigadas, según ha informado a Europa Press un portavoz del Ejército del Aire.

Inmediatamente, en la zona se ha desplegado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los cinco tripulantes que viajaban en el helicóptero en el momento del accidente, ocurrido en la zona de la Península de Jandía, al sur de Fuerteventura. Uno de los tripulantes ha podido ser localizado con vida y en buen estado, mientras que los otros cuatro ocupantes del helicóptero siniestrado se encuentran en paradero desconocido.

En el dispositivo desplegado en la zona colaboran medios del Servicio Aéreo de Rescate (SAR), de Salvamento Marítimo, del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y de Guardia Civil.

Un Super Puma con base en Gando

El helicóptero siniestrado pertenece al 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, con sede en Gando (Las Palmas), y depende del Mando Aéreo de Canarias (MACAN). Se trata de un helicóptero conocido como Super Puma, una versión mayor y mejorada del SA 330 Puma, que, entre otras misiones, ha estado desplegado en Heart (Afganistán).

Los Super Puma, de origen francés y oficialmente conocido Aerospatiale AS 332, prestan servicio en España desde 1982 y actualmente lo manejan los escuadrones 802 y 803 del SAR y el 402 Escuadrón de transporte VIP. Han intervenido en misiones de carácter internacional como la Operación India-Mike que tuvo lugar en Mozambique el año 2000, donde realizaron diversas aeroevacuaciones y distribución de ayuda humanitaria entre otras misiones, con motivo de las graves inundaciones que asolaron aquel país.

El aparato siniestrado estaba destinado a labores de salvamento en Canarias centradas en la localización de aviones siniestrados en el espacio aéreo internacional de responsabilidad española, así como en labores de cooperación, colaboración, auxilio y apoyo en misiones de rescate.

Con capacidad para 15 personas, el Super Puma cuenta con modernos sistemas de navegación y comunicaciones, dispone del alcance y autonomía para cubrir un radio de acción de 300 millas náuticas y está dotado de una grúa para pesos de hasta 275 kilográmos, material de señalización, cesta de izado, y posibilidad de estibar hasta nueve camillas.

Su tripulación está formada normalmente por dos pilotos, un mecánico-operador de grúa, dos nadadores-rescatadores y un enfermero con los equipos y material para un correcto seguimiento de las condiciones del paciente.