Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista de la Gomera, ha valorado el uso de explosiones controladas en la ladera del volcán que permitán orientar el curso de la lava, reduciendo así todos los daños posibles. Según ha dicho en una entrevista en El Espejo Canario, no quiere resignarse a ver la catástrofe, aunque ha valorado poder estar diciendo "un disparate".  

El presidente ha mentado casos de personas que ya han abandonado la isla sin intención de volver, y ha reconocido que "alguna razón habrá" para que los expertos no hayan propuesto un plan de las magnitudes que él propone.

Localizados más de 60 terremotos en La Palma 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado desde la medianoche de este martes más de 60 terremotos en La Palma, siendo el de mayor magnitud el registrado a las 06.19 horas de este miércoles al alcanzar 4,6 en el municipio de Mazo, de intensidad IV-V, y a una profundidad de 38 kilómetros.

Segundos antes se han registrado otro terremoto de magnitud 4,2 en el municipio de Mazo a 37 kilómetros de profundidad.

De este modo, el enjambre sísmico se mantiene plenamente activo al sur de Cumbre Viejaenjambre sísmico, donde los terremotos a profundidades superiores a 20 kilómetros tuvieron durante el martes una menor frecuencia aunque sigue siendo elevada la magnitud como muestra el registrado a primera hora de la tarde del martes, a una profundidad de 33 kilómetros, en Mazo, de magnitud 4,8, que fue sentido en Tenerife, El Hierro y La Gomera.

El último informe del Departamento de Seguridad Nacional recoge que en las 24 últimas horas la evolución del volcán está marcada por la lava que continúa fluyendo sobre las coladas existentes, aumentando la altura de las mismas y rellenando las islas entre ellas, situándose la superficie afectada en 908,2 hectáreas.

Actualmente la deformación del terreno en la estación más cercana al cono mostraba un incremento de hasta 10 centímetros.

En cuanto a las condiciones meteorológicas actuales son favorables para la operativa aeroportuaria aunque la inversión térmica y los vientos débiles en la vertiente oeste podrían provocar un escenario puntualmente desfavorable para la calidad del aire.

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, presidido por su titular, Carlos Alonso, y formado por CC y PSOE, ha aprobado la propuesta de modificación del reglamento de la corporación insular para conceder a la Virgen de la Candelaria el título de 'Presidenta Honoraria y Perpetua' del Cabildo de Tenerife, tal y como propuso el presidente el pasado día 2, informa Europa Press.

Para ello se modificarán varios artículos con el fin de otorgar una especial distinción a signos de identidad tinerfeños fruto del consenso colectivo y representará la especial vinculación del mismo con la ciudadanía de Tenerife y sus valores históricos, sociales, culturales y antropológicos, tal y como se indica en la propuesta. En cuanto al emblema, este título se representará con un medallón similar al del presidente honorario y será el Pleno del Cabildo el que establezca la imposición.

Alonso, de Coalición Canaria, realizó esta propuesta —que debe aprobarse en el Pleno— al considerar que "al margen de las creencias o devociones religiosas, la Virgen de la Candelaria es un símbolo de unión entre los tinerfeños, no solo de la simbología religiosa tradicional de la población tinerfeña, sino que además constituye un elemento que caracteriza su propia fisonomía cultural e histórica".

El presidente del Cabildo tinerfeño anunció la iniciativa la semana pasada en Twitter, donde expresó que la Virgen de la Candelaria "no es madera, ni oro, ni mantos, ni siquiera sólo una imagen religiosa, sino algo que vale intensamente mucho más y que nos une a todos bajo una misma bandera de amor, cariño o respeto".

"Hay pocos símbolos de esta isla que tengan tanta relevancia como la Virgen de la Candelaria. Allí dónde hubo una colonia canaria, y en concreto de Tenerife, más allá de nuestras fronteras, siempre ha estado presente esta imagen y es referente también de nuestra emigración. Por otra parte, hemos querido asociar la propuesta a un hecho que tendrá relevancia social y que no se hace de manera regular, como en El Hierro o La Palma, pero que movilizará esos días una parte importante de esta sociedad. La Virgen de la Candelaria genera elementos de identidad en Tenerife que merecen sin duda ese honor", afirmó el presidente insular.

El Gobierno insular cumple así la Ley de Memoria Histórica ocho años después –según publica El País–, ya que fue en 2008 cuando todos los grupos políticos del Cabildo apoyaron retirar la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) que pesaba sobre este monumento, para proceder luego a su retirada.

Parte de los escombros serán utilizados para asfaltar las cunetas de algunos caminos de la isla, y en el lugar exacto donde ha permanecido levantado este monolito se construirán un parque que recordará los hechos ocurridos sin hacer honor a bando alguno.

El Cabildo de Fuerteventura ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión de Josefa Hernández, que está condenada a ir a la cárcel por tener edificada su vivienda en una zona protegida de la isla. La mujer, de 63 años. tiene a su cargo a tres nietos y a su hija con discapacidad.

Los portavoces de los grupos políticos del Cabildo de Fuerteventura han hecho esta petición tras mantener una reunión en la mañana de este lunes y ante lo que califican como una "incomprensible decisión" del ámbito judicial, según ha informado la institución insular en un comunicado.

En concreto, piden que "se deje sin efecto el auto de 29 de julio de 2015 por el que se deniega la solicitud de suspensión del ingreso en prisión de Doña Josefa Hernández Góez, ciudadana de esta isla, residente en el municipio de Betancuria, de edad próxima a los 63 años, con una hija con discapacidad y tres nietos menores a su cargo". Además, instan al Ministerio de Justicia a que resuelva, en el Consejo de Ministros, "a la mayor brevedad y favorablemente la solicitud de indulto a favor" de Josefa Hernández Góez, informa Europa Press.

Finalmente, solicitan a las instituciones competentes que continúen con el trabajo que se ha venido llevando a cabo para "facilitar el cumplimiento de la sentencia que da lugar a esta situación, tal y como se ha comprometido Doña Josefa Hernández Góez en todo momento, a la vez que garantizar el bienestar de esta familia instando la agilización de los trámites para la asignación, en su caso, de una vivienda de protección oficial y canalizando a través del Ayuntamiento de Betancuria la oportuna" ayuda de emergencia social de forma que la familia tenga de "inmediato" una vivienda en alquiler.

Ingreso en la cárcel

Josefa Hernández, ya conocida como la abuela de Fuerteventura, ha entrado esta tarde en prisión para cumplir una sentencia del año 2012 que la condenaba a seis meses de cárcel por no derribar su casa, construida en un espacio natural protegido en el municipio de Betancuria.

Hernández ha llegado a la prisión de Tahíche (Lanzarote) poco después de las tres y media de la tarde, y lo ha hecho en compañía del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y del alcalde de su pueblo, Marcelino Cerdeña, según fuentes de la corporación majorera.

Esta vecina de Betancuria también fue condenada a pagar una multa de 700 euros –que abonó– y a derribar su vivienda, en la que vive con cinco familiares a su cargo: su hija Cristina, con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo Raimundo, parado de larga duración.

El caso de Josefa Hernández ha generado en los últimos días numerosos gestos de apoyo en Canarias por parte de instituciones y partidos políticos, y más de 50.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org pidiendo su indulto al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Asimismo, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Canarias han convocado concentraciones esta tarde ante las delegaciones del Gobierno de cada isla para pedir el indulto de Josefa, que no ha derribado su casa por carecer de recursos y de otra vivienda donde realojarse junto a su familia.

Antes de entrar en prisión, Josefa Hernández ha dado las gracias a todos ellos y a los medios por haber contribuido a que su caso se conozca, y sólo deseó que el día que salga de la cárcel pueda tener otra vivienda donde poder residir junto a su familia y tirar la que construyó en el Parque Rural de Betancuria, cumpliendo así con la sentencia.

Josefa Hernández Goez, de 63 años de edad, vive en la isla de Fuerteventura con cinco personas a su cargo, entre ellos niños, y previsiblemente este viernes entrará en la cárcel por construir una casa en una zona protegida. En su defensa, Josefa alegó que donde vive "el 90% de las casas son ilegales", por lo que considera que la justicia es "a la única que persigue".

Josefa vive en Campo Viejo, Fuerteventura. En declaraciones a Europa Press explicó que esta situación se remonta a 2007, cuando los servicios sociales le pidieron que arreglara la casa porque se encontraba en "muy malas condiciones" y le "amenazaron" que si no llevaba a cabo la reforma le "quitaban a los niños".

Ante esta situación, Josefa dice que se vio obligada a remodelar la casa, para lo que contó con la ayuda del Cabildo de Fuerteventura, algo que aseguró, "agradecerá toda su vida".

Sin embargo, le denunciaron por tener la vivienda en una zona protegida medioambientalmente y en 2012 se dictó una sentencia firme que le condenaba a pagar 700 euros, a demoler la vivienda y a cumplir seis meses de prisión, si bien ella no tiró su casa porque afirmó no tener donde "ir a vivir". Eso sí, asegura que pagó la multa.

En este sentido, se mostró dispuesta a irse a la casa que le facilitaran para vivir. "Lo he dicho por activa y por pasiva, denme una casa donde vivir y yo tiro la vivienda de mi finca", asegura.

En huelga de hambre

Ante la posibilidad de que Josefa entre este viernes en prisión, ha decidido iniciar una huelga de hambre en las puertas de la Dirección insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura.

Esta huelga de hambre la inicia después de que sus abogados solicitaran la suspensión de su entrada en prisión hasta que llegara una resolución de indulto. No obstante, la "jueza no cede", afirmó Josefa, que advirtió que continuará con la huelga aunque entre en prisión.

"Es lo único que puedo hacer, no me dejan opciones. Me están tratando como un criminal y delincuente común, me siento perseguida por la justicia. Ni los propios abogados entienden ese comportamiento de la justicia conmigo", apostilló.

Minerva Zerpa, una de las hijas, repitió las palabras de su madre: si hay que tirar la casa, "se tira, pero que le den una. No es una casa de playa o de campo que la tenga para ir el fin de semana".

Apoyo de Podemos

El portavoz de la formación del Cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó, informó que se le ha solicitado al ministro de Justicia un indulto, ya que "es lo único que puede paralizar este caso". Briansó recordó las circustancias de Josefa: 63 años, con diabetes, y que entrará en prisión por "un delito que es simplemente haber querido tener un techo para sus nietos".

Otra de las vías en las que trabaja Podemos para ayudar a la afectada es la de encontrar una vivienda social, por lo que volverán a "insistir a Bankia, que es la entidad con la que la familia mantiene cuentas, para ver si de verdad sigue en la línea de lo que había prometido de dar soluciones a accidentes de vecinos en situación desesperada".

El partido recordó que en la plataforma Change.org también hay una iniciativa de recogida de firmas que "puede servir como respaldo" en este caso.

El socialista Casimiro Curbelo vuelve a los titulares de la política nacional. Ya hace tres años, y a las puertas de las últimas elecciones generales, su nombre saltó a la primera línea tras el incidente que protagonizó con la Policía en un local de ocio nocturno de la calle de Orense de Madrid. Una acusación de atentado a los agentes de la autoridad que le valió la salida del Senado, donde ocupaba un escaño por desde 1993. Ahora regresa a la actualidad tras la dimisión de la mayoría de su ejecutiva insular, lo que en teoría debe conllevar su salida como secretario general y la formación de una gestora. En teoría porque Curbelo se resiste y porque las direcciones federal y regional están intentando buscar una solución que no ensucie la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo. El conflicto interno se produjo apenas 24 horas después de otra dimisión colegiada: la de diez miembros de la cúpula del PSC en Girona.

Curbelo es indiscutiblemente el hombre fuerte en la pequeña isla de Santa Cruz de Tenerife desde hace décadas. Nacido en noviembre de 1955, se convirtió en secretario general de los socialistas gomeros en 1983, un año después de ingresar en el partido. Fue alcalde de la capital, San Sebastián de La Gomera, y parlamentario regional, entre 1987 y 1991, y en este último año fue elegido presidente del cabildo insular, puesto que aún conserva. En la Cámara alta entró en 1993, y de allí salió, precisamente por el incidente en la sauna de Madrid, en julio de 2011. Curbelo fue detenido, junto con su hijo Aday, aunque él negó que hubiera agredido a los agentes. El PSOE le excluyó de las listas de las generales de noviembre, y quien lo anunció entonces, la portavoz del Comité Electoral, es hoy la vicesecretaria general y número uno a las europeas, Elena Valenciano. La decisión incendió a las varias agrupaciones locales, pero Ferraz no se arredró: el candidato al Senado sería Gregorio Medina. Y así fue. 

Aquel altercado en la zona de Azca de Madrid, pues, no le supuso demasiado castigo de los suyos. En el congreso de noviembre de 2012, Curbelo fue reelegido como secretario general de los socialistas gomeros, en el XI Congreso insular, por el 89,79% de los votos de sus compañeros. En 2009, en el anterior cónclave, había sido ratificado por el 99%. Y en 2005, por el 100%. Su control de la isla ha sido, pues, incontestable. Hasta ahora. 

"Prima su propio protagonismo"

Ayer miércoles se hizo pública la renuncia [consúltala aquí en PDF] de siete de los 12 miembros de la ejecutiva gomera. Entre los dimisionarios, el secretario de Organización insular, Ramón Jerez; cuatro responsables de áreas y los tres alcaldes socialistas miembros de la dirección: Ángel Luis Castilla, Néstor López y Manuel Ramón Plasencia (presidente de la Fecam, la Federación Canaria de Municipios). Las razones: la "inactividad orgánica, la ausencia de debate interno y las formas de coordinar" de Curbelo no son "las más adecuadas" y las que se corresponden con las obligaciones estatutarias, así como la existencia de una "auténtica ruptura del diálogo interinstitucional entre él como presidente del cabildo y los respectivos ayuntamientos" de la isla. "En la actitud de Curbelo prima por encima de todo su propio protagonismo, lo que ha originado en muchas ocasiones que a la falta de diálogo y de comunicación se sumen puenteos a las decisiones de los consistorios municipales lo que le ha llevado incluso a la realización de acciones desde el Cabildo de La Gomera que son competencia local sin dar conocimiento a los respectivos ayuntamientos" de las medidas. 

Los firmantes señalaron que se han "agotado todas las vías para restablecer el diálogo", y que no sirvió de nada la reunión con el líder del Partido Socialista de Canarias (PSC-PSOE) y vicepresidente del Gobierno regional, José Miguel Pérez, el pasado enero, porque todo siguió "igual" e incluso empeoró. Además, denunciaron que la actividad del PSC está "paralizada": ni se celebran ejecutivas de acuerdo a lo establecido en el congreso ni existe "debate interno". 

Según el artículo 69 de la Normativa reguladora de la estructura y funcionamiento general del PSOE, a los que se aferran los dimisionarios, si dimite el secretario general o lo hace "más del 50%" de los miembros de la ejecutiva, Ferraz montará una gestora de común acuerdo con la dirección regional. Gestora que conduce el partido hasta la convocatoria del siguiente congreso extraordinario. Los dirigentes quisieron, con su renuncia, "dar un impulso y un revulsivo" al PSC gomero, forzando la caída de su líder, que esperan redunde en beneficio del partido. 

Curbelo reclama "cordura, serenidad y calma"

Sin embargo, Curbelo dio muestras de no darse por enterado. En una nota, el exsenador afirmó que las dimisiones de la ejecutiva insular "no representan la mayoría", por lo que "carecen de capacidad" para promover su salida. El secretario general pidió "cordura, serenidad, calma y reflexión", y que todas estas cuestiones se debatan en los ámbitos internos del PSC. A la ejecutiva autonómica le demandó que se pronuncie para que "despeje cualquier tipo de duda". A sus compañeros dimisionarios les afeó que no hubieran planteado "nunca" ninguna queja, tampoco siquiera en el comité insular de hace unas semanas. 

De la dirección de Pérez no salió ayer una sola palabra de modo oficial. Su secretario de Organización, Julio Cruz, procede precisamente de La Gomera. Tampoco hubo pronunciamiento de Ferraz. No obstante, fuentes de la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba reconocieron a infoLibre que este miércoles y jueves el responsable de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, se trasladará a Canarias para abordar el conflicto con las cúpulas regional y local. "Queremos hablar con ellos, ver qué se puede hacer. No adelantamos ninguna solución, pero desde luego sí queremos echar agua al fuego. No es momento de broncas ahora, hay que esperar a después de las europeas, donde nos jugamos mucho", aseguraba un miembro del equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Imputación por presunta corrupción

¿Qué está detrás de esta pugna interna? "Los 30 años de Casimiro. Los dirigentes piden renovación y él no se deja. Nosotros que esto se conduzca de manera pacífica, aunque es verdad que en las islas esto siempre es algo más complicado, porque cada una tiene su dinámica y son muy endogámicas", juzgaban en Ferraz. La Gomera no es un asunto menor para los socialistas, porque es su feudo en el archipiélago. 

Dirigentes canarios consultados por este periódico relataron que la tensión ya se venía larvando desde hacía más de un año. En concreto, desde que presentó su dimisión, en noviembre de 2012 –poco antes del congreso insular–, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Infraestructuras, Transporte, Economía y Hacienda del Cabildo de La Gomera, Gregorio Medina, la persona que en efecto sustituyó a Curbelo en su escaño en el Senado. En aquel año, el secretario general fue imputado por un delito de presunta corrupción en el caso Telaraña.

La Guardia Civil señaló en un informe que Curbelo había quintuplicado su patrimonio desde 1998, hasta amasar 2,1 millones de euros, con operaciones "atípicas", como la permuta con un empresario que le reportó 889.000 euros casi sin coste para él. "Lo cierto es que su gente le creyó con el tema del altercado en Madrid y nadie ha querido echarlo hasta ahora. Aquí no se le ve como un cacique", manifestaba ayer una diputada canaria. Pero Curbelo, sin embargo, no ha logrado desprenderse de ese estigma en los últimos años.   

Como si de una metáfora se tratara, el muro que recorre el paseo marítimo de San Telmo se ha convertido en la línea divisoria que separa al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz de una parte cada vez mayor de la ciudadanía de la localidad tinerfeña. A un lado, la Plataforma MaresíaPlataforma Maresía, que defiende el valor histórico del muro que, construido en el siglo XVIII, vio incrementado su valor patrimonial con la rehabilitación que realizó en 1977 César Manrique, arquitecto y artista lanzaroteño de reconocido prestigio en las islas. Una aportación que según la plataforma debería conservarse. Al otro lado, las instituciones municipales respaldadas por el Cabildo de Tenerife, que anteponen la necesidad de ejecutar el proyecto de "modernización" y “saneamiento” para incrementar la “calidad” del paseo y su potencial turístico y comercial.

De momento, la Plataforma Ciudadana Maresía ha logrado parar provisionalmente las obras que ya se habían iniciado en el paseo. Su recurso interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife, ha servido para que el tribunal paralice cautelarmente las obras hasta que el Ayuntamiento escuche las alegaciones de la plataforma y tenga en cuenta la conservación del valor patrimonial e histórico del muro en el proyecto de rehabilitación del paseo.

La plataforma no rechaza la rehabilitación del paseo, sino los términos en los que el Ayuntamiento la ha planteado. La prevista sustitución del muro por una barandilla de acero inoxidable, la renovación del pavimento y la destrucción de dos bancos construidos por el arquitecto y escultor César Manrique es, a ojos de los componentes de este movimiento ciudadano, una forma de dilapidar parte del legado del artista, íntimamente ligado, tanto “con el mapa emocional de los portuenses”, como con la tradición histórica del paisaje urbano de todo el conjunto insular.

Sin embargo, el nombre del artista lanzaroteño es otra de las fracturas entre el Ayuntamiento, que cogobiernan Coalición Canaria y PP, y la plataforma sobre las que la Justicia tendrá que decidir. Para el concejal de Urbanismo, Sebastián Jesús Ledesma (PP), “el muro no es histórico”, algo que “está más que acreditado”. Una afirmación que discute laFundación César Manrique, encargada de velar por el legado de este: “Existen elementos propios de su lenguaje expresivo insertados en el trazado del paseo, reconocibles en el mobiliario urbano, en el tratamiento de los pavimentos y en la ornamentación general”. Si la contribución del artista debe o no respetarse es algo que la fundación tiene claro: “Existen valores patrimoniales suficientes en el paseo de San Telmo para que en el proyecto de rehabilitación se tenga en consideración la significación histórica del mismo”. Pese a esta apreciación, el concejal Ledesma no ve motivo alguno para dejar el muro intacto y “darle la espalda al mar”. Una postura que acaba de tumbar la Justicia tinerfeña, que a la espera de las alegaciones del Ayuntamiento, considera que el muro “goza de cualidades suficientes” para detener su derribo. Según el titular de Urbanismo, “la tendencia a es a abrir espacios”, por lo que no cabe “discutir si un murete sí o no”. Pero para el juzgado que ha tomado el caso en sus manos, y que ha estimado las quejas de la plataforma, sí cabe aún la discusión.

Subvencionada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), la obra de “mejora y acondicionamiento del Paseo de San Telmo” se llevará casi dos millones de euros (1.705.577,38 euros). Una inversión millonaria que no sólo suscita críticas sobre el orden de prioridades con que el Ayuntamiento atiende a las necesidades del pueblo, sino acerca del destino de unas ayudas europeas que, según la plataforma, se emplearán para fines distintos de aquellos para los que fueron concedidas. “Se va a utilizar una subvención reservada a Zonas Comerciales Abiertas para zonas de baño”, señala Jaime Coello, portavoz de la Plataforma Ciudadana Maresía, que no duda en tachar el asunto de “tomadura de pelo”.

En este sentido, y traspasando las fronteras insulares, el eurodiputado por Izquierda Unida, Willy Meyer, ha elevado hasta Bruselas estas críticas ha elevado hasta Bruselas estas críticas: “Las obras se han iniciado pese a que el Plan Comercial de Zonas Abiertas sólo ha sido aprobado en su fase inicial y no se refiere a ninguna zona de baño y además carecen de la autorización de los órganos políticos municipales”.

¿Libertad de expresión o estética?

La preocupación del Ayuntamiento por la estética del paisaje portuense sí parece alcanzar al uso que los ciudadanos pueden dar a sus balcones. Mavi Hernández Castro, vecina de Puerto de la Cruz e integrante de la Plataforma ciudadana Maresía, conoce de primera mano la normativa municipal. La visita de la Policía Local, que obedecía a una orden directa del Consistorio, le obligó a retirar de su balcón una pancarta que rezaba “Salvemos San Telmo”. No hubo multa, sino advertencia. La colocación de carteles, pancartas u otro tipo de rótulo, contradice la ordenanza municipal de convivencia ciudadana. Una directiva que, según la afectada, se incumple sistemáticamente con la presencia de multitud de rótulos comerciales en las fachadas del casco histórico. Hernández se pregunta por qué de entre todos, las autoridades prefirieron escoger el suyo para intervenir.

“Nos querrán achacar que hemos reprimido la libertad de expresión, pero en el balcón poner una pintada en una sábana no es adecuado”, contestó a infoLibre el concejal de Urbanismo. Según Ledesma, esta actuación tan sólo responde a “una cuestión de estética”, y añade: “Hemos aplicado la ley. No se puede defender el patrimonio y hacer pintadas o pegar pegatinas en farolas. No se puede hacer algo que no está recogido en la norma”.

Entre las pretensiones modernizadoras del paseo de San Telmo promovidas por el Ayuntamiento y la tradición cultural que defiende la Plataforma Ciudadana Maresía, se debate hoy Puerto de la Cruz, que ha escogido un muro como símbolo de la línea que separa dos formas distintas de entender la misma ciudad, su sociedad y su historia. Con la inminente intervención en el paseo, también se ha definido el orden de prioridades de cada una de las partes: o destinar casi dos millones de euros en la reforma de un paseo turístico o dedicar esos fondos a la mejora de otros puntos más necesitados de atención, en una localidad que ha sufrido con particular intensidad el azote de la crisis. Ahora, unos y otros esperan a que los jueces digan la última palabra. Mientras tanto, la paralización de las obras del paseo de San Telmo dictada por los tribunales es ya una victoria popular.

QuiÉn, Qué, Cómo

Quién:

Qué:

Cómo:Facebook