El plan elaborado hace más de un lustro por el Gobierno de Mariano Rajoy para adelgazar la administración local ha fracasado estrepitosamente. Desde que el Ejecutivo del PP aprobó en 2013 la reforma normativa orientada a disminuir el número de municipios en España, en realidad ha ocurrido lo contrario: ahora existen en España 8.131 municipios, 14 más que hace seis años, según datos oficiales facilitados a infoLibre desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Esa cifra es el resultado de la creación de 16 nuevas localidades tras segregarse de otro municipio, mientras que sólo se produjeron dos fusiones municipales. Estos datos, según los expertos consultados por este diario, demuestran el fracaso de la reforma ideada por el anterior Gobierno. Un plan que no ha funcionado como se esperaba, argumentan, porque está sujeto a la voluntariedad de los municipios y a una política de incentivos que, a tenor de los datos hasta la fecha, se ha demostrado totalmente ineficaz.

El adelgazamiento de las entidades locales era una de las cuestiones que el Ejecutivo conservador comenzó a barruntar nada más alcanzar la Moncloa. En julio de 2012, con la crisis azotando con dureza la economía española, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Congreso de los Diputados un amplio paquete de medidas que, entre otras cosas, incluía una voluntad clara de reformar la Administración pública, reduciendo en un 30% el número de concejales en los consistorios en función de los tramos de población. El Ejecutivo calculaba que dicha “racionalización en el número de entidades locales y de sus competencias” le permitiría ahorrarse 10.500 millones de euros, tal y como comunicó entonces a Bruselas en el plan de estabilidad financiera 2012-2015. Con esos mimbres, el Consejo de Ministros dio luz verde en octubre de ese mismo año a la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

En un primer momento, el Gobierno elaboró un primer borrador en el que fusionaba ayuntamientos y colocaba a las localidades menores de 20.000 habitantes bajo jurisdicción de las diputaciones provinciales. El rechazo frontal de los alcaldes obligó al Ejecutivo a revisar de cabo a rabo el plan diseñado. No obstante, el jugoso ahorro que preveía con su medida –7.129 millones entre 2013 y 2015– llevó a la formación conservadora a tirar de su mayoría absoluta en el Congreso para aprobar, en diciembre de 2013 y a pesar de las reticencias de todas las formaciones excepto el PNV, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma que fue en su momento recurrida por la oposición ante el Tribunal Constitucional al considerar que suponía un ataque directo al municipalismo. El texto, aunque no forzaba las fusiones de municipios, incluía “incentivos” para fomentarlas y “mejorar” así la capacidad de gestión de los asuntos públicos.

Catorce municipios más

Pero casi seis años después de la aprobación de la medida, la lista de localidades en España no ha hecho más que engordar. En la actualidad constan inscritos en el Registro de Entidades Locales (REL) 8.131 municipios. Desde el 31 de diciembre de 2012, se han creado en nuestro país hasta 18 localidades nuevas, de las que 16 surgieron tras la segregación de un municipio y sólo 2 se crearon a raíz de una fusión. Teniendo en cuenta que por esta última vía se destruyen dos entidades para crear una sola, puede decirse que desde que se aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hay 14 municipios más en España. Este crecimiento se apuntaló, sobre todo, en los años 2015 y 2018.. Por el contrario, 2017 fue el ejercicio con menor actividad: ni una sola entidad creada.

En 2013 se crearon Oza-Cesuras (A Coruña) –primera fusión en democracia– y Tiétar (Cáceres) –se segregó de Talayuela–. Les siguieron en 2014 Valderrubio y Dehesas Viejas (ambos en Granada), que se separaron de Pinos Puentes e Iznalloz, respectivamente. Por segregación también se crearon en 2015 otros cinco municipios: Montecorto, Serrato, (ambos en Málaga), Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres), Balanegra (Almería) y Játar (Granada). En 2016 nació Domingo Pérez de Granada, que se segregó también de Iznalloz, y Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), la segunda fusión desde que se aprobó la reforma local. Y en 2018, después de un año sin ninguna alteración, se incorporaron al Registro de Entidades Locales otros siete municipios andaluces más: San Martín del Tesorillo (Cádiz) Fuente Carreteros, La Guijarrosa (ambos en Córdoba), Torrenueva Costa y Fornes (ambos en Granada), La Zarza-Perrunal (Huelva) y El Palmar de Troya (Sevilla).

Los nuevos municipios serían uno más ya que la Junta de Andalucía aprobó en principio la creación de Tharsis (Huelva), pero el pasado 10 de enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó la suspensión cautelar del decreto de creación.

En definitiva, en los últimos seis años se crearon 14 nuevos municipios en Andalucía y dos en Extremadura, mientras que se redujeron dos en Galicia como consecuencia de sendas fusiones locales.

“Una operación de cirugía de urgencia”

De los 8.131 ayuntamientos existentes, casi 5.000 –más del 60%– tienen menos de un millar de habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para Antonio Calonge, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid, la reforma local no ha conseguido los efectos deseados porque se sostiene sobre la voluntariedad. “Hay reticencias a fusionarse porque la política que se ha seguido tradicionalmente es la del incentivo”, explica el jurista. Entre otras cuestiones, la norma intentaba fomentar estas fusiones estableciendo, entre otras cosas, que la “financiación mínima” que recibirán las localidades que se unan “será la suma de las financiaciones mínimas” que percibían por separado o dando a estos municipios una “preferencia” de cinco años en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones o convenios. Además, introducía cambios normativos para intentar dificultar la creación de nuevas localidades.

Al carácter voluntario de la norma, Calonge añade un segundo factor, de tipo más emocional, que funciona como “una barrera”. “Es una cuestión de sentimientos. Cada uno se siente de su pueblo, y es muy difícil que una medida legislativa pueda romper ese sentimentalismo. De ahí que los gobiernos locales no sean proclives a fusionarse con otros, porque qué alcalde dice a sus vecinos que van a unirse con el pueblo de al lado, que además es tradicionalmente el enemigo”, desarrolla el jurista. El profesor de Derecho Administrativo, no obstante, considera que es necesaria “una operación de cirugía de urgencia” en la administración local. En este sentido, Calonge apunta que tiene que ser “más severa” en unos casos que en otros: “Mientras que en Andalucía los municipios tienen un considerable nivel de población, en Castilla y León la inmensa mayoría son de menos de 500 habitantes”, explica en conversación telefónica con este diario.

De todos modos, añade, esta operación tendría que estar basada en la obligatoriedad. “Es lo que han hecho el resto de Estados de nuestro entorno. Desde Grecia hasta Dinamarca, Suecia o Alemania, todos han hecho unos recortes tremendos en el número de municipios”, recuerda Calonge. Según datos recogidos en 2015 por el jurista en su artículo “La fusión de municipios para la modificación de la planta municipal: una oportunidad perdida”, los mayores tajos se dieron en los países del Norte. Bélgica, por ejemplo, pasó de los 2.669 municipios que tenía a principios de la mitad del siglo pasado a menos de 600 en la década de 1990. En el mismo periodo, Suecia redujo en un 87% el número de localidades. Un 80% los recortó en esa época Dinamarca, que a las puertas de la crisis económica volvió a pegar un nuevo tajo, quedándose con 98 agrupados en cinco regiones. Con motivo del colapso financiero, Grecia también comenzó en 2011 a adelgazar su Administración local, pasando de 1.034 a 325 municipios, en algunos casos a través de agrupaciones voluntarias y, en otros, de fusiones forzosas.

Ciudadanos se olvida de su propuesta

Ciudadanos incluyó en sus programas electorales para las municipales de 2015 y para las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016 la necesidad de promover “la fusión voluntaria de municipios” para “ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios”. “La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa”, argumentaban. Esa propuesta cambió en el programa de Cs para las generales del pasado 28 de abril, donde ya no se hablaba de reducir ayuntamientos, sino de "fortalecer los municipios promoviendo la prestación conjunta de servicios para ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios". De esta forma, la "fusión voluntaria" ser convirtió en "fortalecimiento". No se conoce aún el programa del partido de Rivera para las municipales del próximo 26 de mayo.

Vox también ha puesto sobre la mesa el eterno debate sobre el futuro de las entidades locales. Porque el partido de extrema derecha, además del tajo de enormes dimensiones que pretende dar al sistema fiscal español, también tiene como una de sus medidas prioritarias el adelgazamiento de una administración cuya dimensión actual, según argumenta, supone una “carga” insostenible para las arcas públicas. La propuesta que la formación ha plasmado en su página web, y que se apoya sobre lagunas y algunas mentiras manifiestas, pasa tanto por la eliminación del Senado y las comunidades autónomas como por un recorte importante en los ayuntamientos, donde pretende reducir en un 50% el número de alcaldes y concejales existentes.

El plan del Gobierno del PP de reducir el número de municipios en España no está dando los frutos deseados. De nada parecen haber servido los incentivos para fomentar las fusiones que el Ejecutivo incluyó en la reforma local aprobada durante la primera legislatura de Rajoy. La lista sigue engordando. A día de hoy hay 8.124 municipios en España, según los datos facilitados a infoLibre desde la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En los últimos cuatro años, según las mismas cifras, se han creado 11 nuevas localidades: 9 han nacido al segregarse de otro municipio y otras dos son fruto de una fusión. Teniendo en cuenta que en los casos de fusiones se crea uno pero desaparece otro, se puede decir que desde 2013 hay nueve localidades más en España.

En julio de 2012, casi siete meses después de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy desgranó en el Congreso de los Diputados un amplio paquete de medidas para hacer frente a una crisis económica que azotaba con fuerza. Entre ellas, el presidente del Ejecutivo puso sobre la mesa su intención de reformar la Administración pública. En este sentido, anunció en la Cámara baja la intención del Gobierno de reducir un 30% el número de concejales en los ayuntamientos en función de los tramos de población. El objetivo, tal y como trasladó a Bruselas en su plan de estabilidad financiera 2012-2015, era "la racionalización en el número de Entidades Locales y de sus competencias", una medida con la que pretendía ahorrar 10.500 millones de euros.

Así, con la intención de ir dibujando las líneas maestras de la futura reforma, el 26 octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Entre las medidas previstas, una ambiciosa reforma local que, tal y como figuraba en el borrador, fusionaba ayuntamientos, situaba a los municipios que tuvieran menos de 20.000 habitantes bajo jurisdicción de las diputaciones provinciales y reducía un 30% el número de concejales. El rechazo frontal de los alcaldes –también regidores del PP– obligó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a revisar el documento de arriba abajo.

Fomentar las fusiones

El Ejecutivo del PP calculaba que los cambios en la administración local supondrían un ahorro de 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015, según se plasmó en el informe que presentó la CORA en junio de 2013. Por eso, la formación conservadora tiró de mayoría absoluta en la Cámara Baja para aprobar de una vez por todas en diciembre de 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una normativa que reformaba la Ley de Bases del Régimen Local y que salió adelante con los votos a favor de PP, PNV y el diputado de UPN y en contra del resto de formaciones representadas en el hemiciclo. Tal era el rechazo que la ley fue recurrida incluso ante el Tribunal Constitucional.

La nueva norma, criticada por una oposición que la calificaba como ataque al municipalismo, no forzaba las fusiones pero incluía "incentivos" para fomentarlas con el objetivo de "mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales". Así, la reforma local establece que la "financiación mínima" que recibirán estas localidades que se unan "será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado". Además, recoge que tendrán "preferencia" durante los cinco primeros años en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones o convenios y dispensa a estos municipios de "de prestar nuevos servicios mínimos (...) por razón de su aumento poblacional". 

Además, introducía cambios para dificultar la aparición de nuevos municipios. En este sentido, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establecía que la creación "sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados".

Nueve municipios nuevos y dos fusiones

Sin embargo, la reforma local no ha tenido la eficacia que esperaba por aquel entonces el Ejecutivo conservador. Según los datos que la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales ha facilitado a este diario, en la actualidad hay registrados en España 8.124 municipios. En los últimos cuatro años, según las mismas cifras, se han creado 11 nuevas localidades: 9 han nacido al segregarse de otro municipio y otras dos son fruto de una fusión. Teniendo en cuenta que en los casos de fusiones se crea uno pero desaparece otro, se puede decir que desde el 31 de diciembre de 2012 hay nueve localidades más en España.

En 2013 se crearon dos nuevas: Oza-Cesuras (Galicia) –primera fusión en democracia– y Tiétar (Extremadura) –se segregó de Talayuela–. Les siguieron en 2014 Valderrubio (Andalucía) y Dehesas Viejas (Andalucía), que se segregaron de Pinos Puentes e Iznalloz, respectivamente. Por segregación también se crearon en 2015 otros cinco municipios: Montecorto (Andalucía), Serrato (Andalucía), Pueblonuevo de Miramontes (Extremadura), Balanegra (Andalucía) y Játar (Andalucía). Y en 2016 se produjeron las dos últimas inscripciones en el Registro de Entidades Locales: Domingo Pérez de Granada, que se segregó de Iznalloz, y Cerdedo-Cotobade, que se ha convertido en la segunda fusión en democracia.

Las elecciones reavivaron el asunto

Tras la aprobación de la reforma local, el debate sobre la atomización de España y la necesidad de reducir el número de municipios se enfrió. Pero la cuestión volvió a ponerse sobre la mesa con la aparición de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha incluido en todos sus programas electorales –tanto para las municipales de 2015 como para las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016– la necesidad de promover "la fusión voluntaria de municipios" para "ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios". "La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa", argumentaban.

Y el PP, buscando hacerse fuerte en el mundo rural, aprovechó la propuesta del partido naranja para atacarle en plena campaña electoral. Así, a sólo un mes de los comicios de diciembre de 2015, los conservadores pusieron en marcha 'Mi pueblo no se cierra', una campaña para "reivindicar la supervivencia de los pueblos del país" frente a los que "quieren acabar con los pequeños ayuntamientos" y "plantean la desaparición de 7.000 municipios", en palabras del vicesecretario de Organización de la formación, Fernando Martínez-Maíllo. Así, durante la presentación de la iniciativa, el dirigente conservador señaló que los españoles que residen en el mundo rural "tienen los mismos derechos que quienes residen en las ciudades".

Tres motivos de resistencia

En la actualidad, la supervivencia de unos 4.200 municipios españoles está en riesgo a causa de la despoblación, según se recoge en La sostenibilidad demográfica de la España vacía, un estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònoma de Barcelona (CED-UAB) publicado el pasado mes de julio. En el trabajo, el doctor en Geografía Joaquín Recaño señalaba que el 60% de los municipios españoles tenía a comienzos de 2016 menos de 1.001 habitantes, a pesar de que estas localidades ocupaban el 40% de la superficie. "Apenas concentraba el 3,1% de la población", señalaba Recaño en el estudio, incluido en la revista Perspectivas Demográficas.

Pero, con todos estos datos sobre la mesa, ¿por qué la reforma local de 2013 no ha conseguido reducir el número de municipios? "En primer lugar porque las fusiones eran voluntarias, no obligatorias como en Reino Unido, Suecia o Dinamarca", recuerda en conversación con infoLibre el sociólogo Jorge Galindo, que añade que en el caso español se ha tenido que depender "de los incentivos". Premios que, sin embargo, no han conseguido ser el aliciente necesario para que los municipios decidiesen apostar con firmeza por las fusiones voluntarias planteadas. 

Galindo cree que este fracaso se debe, en primer lugar, a las reticencias ocasionadas por la pérdida de poder. "En una fusión de municipios, que tienen sus dos alcaldes y sus dos estructuras de gobierno, siempre sale alguien perdiendo", afirma. A esto se suma, dice, la motivación económica: "No está nada claro que la unión de municipios vaya a dar mayor cantidad de recursos por habitante a la parte más pequeña". Y, por último, una derivada a tener en cuenta: la corrupción local. "Previene cualquier tipo de fusión porque supone que alguien de otro municipio venga a mirar dentro de tu gestión", concluye.

La crisis económica ha puesto en cuestión la viabilidad de muchos municipios españoles. El mantra repetido por los que defienden que las 8.115 corporaciones locales que existen actualmente en el país son demasiadas –el último registro, de 2012, no incluye la fusión de Oza dos Ríos y Cesuras, en Galicia, que tuvo lugar en 2013– es que este abultado número tiene como consecuencia un despilfarro de recursos inasumible para un tiempo como el actual. 

El actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas parece ser uno de los abonados a esta teoría. En mayo del año pasado este departamento sacó a la luz unos cálculos propios que determinaban que 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes y 344 de entre 5.000 y 20.000 eran ineficientes porque prestaban sus servicios a un coste superior del que podrían ofrecerlos, según una información recogida por Europa Press. Aunque en la presentación de esos datos no se dijo que el ahorro pudiera conseguirse por la vía de la fusión, sí se dio a entender que eran inviables económicamente. Y su titular, Cristóbal Montoro, sí ha dicho en más de una ocasión que la dispersión administrativa, en ocasiones, es "muy costosa". 

En la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que siempre se ha opuesto a la imposición de uniones de municipios, dicen no contar con estudios rigurosos sobre el impacto que pueda tener en el ahorro en la prestación de servicios municipales las hipotéticas fusiones a las que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a aludir el pasado lunes ante la plana mayor de su partido, según contó después la secretaria general del PP en rueda de prensa. Y aseguran que cerrar pueblos atendiendo al tamaño no está en la agenda de negociación de la FEMP con el Ejecutivo. 

Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas preguntaron a Soraya Sáenz de Santamaría sobre este asunto y ella esquivó la cuestión. Rajoy, por su parte, desde ese Comité Ejecutivo Nacional del PP en el que, según Cospedal, se habló del tema, no ha vuelto a decir una sola palabra. Ha optado por centrarse en el tema de la reducción de aforados y en la elección directa de alcaldes. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado más datos sobre el nivel mínimo de población que considera óptimo para que dos o más municipios se fusionen ni sobre cuántas poblaciones se verían afectadas por este plan. La realidad es que el 95% del total municipios que hay en España (7.717) cuentan con menos de 20.000 habitantes. Los que tienen menos de 5.000 habitantes son 6.803.

Sin embargo, no es la primera vez que actual Ejecutivo abre este melón. El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas 2012-2015 que el Ejecutivo remitió a Bruselas en abril de 2012 incluía este asunto en su capítulo de objetivos. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en ese momento que España tenía un número de ayuntamientos "muy superior a otros países europeos" y que, por tanto, habría que "introducir medidas de racionalización, eficiencia y reducción del gasto público". 

Finalmente, explican desde la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ese asuntó se canalizó, un año después y de forma descafeinada, a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la reforma local. Aunque en los primeros borradores –llegaron a elaborarse casi una treintena– sí se apostaba por forzar la unión de ayuntamientos, finalmente lo que incluye la norma que se aprobó en el Congreso en diciembre de 2013 son incentivos a la fusión voluntaria. Es decir, esta ley no impone que haya fusiones, si bien establece beneficios para los municipios que lo hagan. Entre ellos, incrementar su financiación, darles preferencia a la hora de asignarles planes de cooperación local o de subvenciones o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. El requisito para que puedan hacerlo es que lo decida una mayoría simple del pleno municipal y no por mayoría absoluta, como establecía la ley anterior.

La fusión de municipios fue precisamente uno de los asuntos más polémicos de una norma que creó más de un quebradero de cabeza al ministro Montoro. Los alcaldes se pusieron en contra desde el principio y el concepto acabó incluso desapareciendo de algunos de los borradores de la reforma, si bien finalmente se incluyó en los términos comentados.

El argumentario oficial de la FEMP, que preside el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna (PP), es que una fusión de municipios sólo puede tener lugar siempre que sea a petición de estos y que se lleve a cabo "respetando la autonomía municipal". No obstante, fuentes de este organismo señalan que este asunto no está sobre la mesa en sus conversaciones con el Ejecutivo, aunque reconocen que sí lo estuvo durante los primeros meses de Gobierno cuando el posible rescate a España era un tema candente. De hecho, explican que es un "tema delicado" y que puede ser "una fuente de conflictos" y que por eso mismo se optó por no incluirlo como obligación en la reforma local. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, intentó hacer algo similar en su comunidad y al final la propuesta también cayó en saco roto. 

Montse Muñoz

, secretaria del Área Institucional de IU, cree que el número de municipios no genera en sí mismo problemas económicos porque son precisamente los consistorios más pequeños los que tienen menos problemas financieros. "Lo que sí hay que fomentar son fórmulas de colaboración para garantizar una correcta prestación de servicios a todos los ciudadanos", señala. A su juicio, la fusión de municipios abriría una brecha de desigualdad entre los habitantes del entorno rural y los que viven en espacios urbanos y también restaría elementos de expresión democrática a la ciudadanía, pues son los pueblos más pequeños donde más participación en la gestión suele haber por parte de los vecinos. Abel Caballero (PSOE), alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, declinó opinar para este reportaje. 

Motivación económica

Aunque nadie se opone a la fusión voluntaria, sí hay expertos que consideran equivocada la motivación económica. Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, cree que no tiene sentido sustentar un plan de este tipo en un pretendido ahorro que, a su juicio, "sería una gota de agua en el mar del déficit de las administraciones públicas, no de las entidades locales que, salvo algunas excepciones, tienen sus cuentas saneadas". De hecho, según datos de la Comisión Europea, las administraciones locales cumplieron sobradamente su objetivo de equilibrio presupuestario en 2013, registrando un superávit equivalente al 0,4 % del PIB.

Embid recuerda que la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños no reciben remuneración alguna en función de su cargo y que sólo cobran determinadas dietas para desplazamiento u otro tipo de gastos derivados de sus funciones. Embid cree que ese "pequeño ahorro" que podría lograrse sería consecuencia de lograr economías de escala que sí son más eficientes. "Es cierto que es más barato recoger la basura de mil habitantes que de cien", asevera, si bien concluye que ese tipo de servicios se pueden abordar de forma conjunta a través de otras fórmulas de colaboración como las mancomunidades, que ya utilizan muchos municipios para la gestión del agua, las basuras, los bomberos... E incluso otro tipo de fórmulas como los consorcios para la prestación de servicios o las comarcas que, por ejemplo, existen en Aragón. 

Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, cree, no obstante, que sí es imperioso debatir sobre el reparto competencial. Sin embargo, no es tan partidario de asentar el sistema de las mancomunidades, especialmente para municipios que superan los 5.000 habitantes. "La reforma local las considera instituciones intermedias basadas en la voluntad de los regidores del municipio. Eso puede generar problemas de transparencia de cara a los ciudadanos u otro tipo de conflictos especialmente dentro de un momento de crisis. Por ejemplo, si uno de los municipios está pasando por una situación económica peor y deja de aportar lo que debe a la mancomunidad, ¿sus habitantes se quedan sin la prestación de esos servicios o son los otros pueblos los que tienen que compensar la cantidad que no se ha aportado?", se pregunta. 

Parejo considera que una de las soluciones puede pasar por gestionar los servicios a escala provincial. Aunque para eso habría que regular el papel de las diputaciones –"consideradas entidades de segundo grado y no acostumbradas a las prestación de servicios directos", explica–, algo que no incluye la recién estrenada reforma local. 

La realidad es que no se conocen estudios económicos rigurosos que ayuden a decantarse por la supresión de entidades locales. Y el anuncio de esta semana, a juicio de los expertos, aparece más ligado a una situación de crisis o de oportunidad política que a otro tipo de cuestiones de carácter operativo. "Cualquier tipo de reforma del régimen local, pensable y, por tanto, perdurable, parece incompatible con los márgenes temporales de una situación de crisis y es también relativamente presumible que sus efectos económicos, sobre todo, pero también de otra índole, se percibirían ya fuera de la misma", señala Embid. En este sentido, celebra que la reforma local vaya a hacer más transparentes los costes de suministro de los servicios públicos locales, pues la norma obliga a los ayuntamientos españoles a publicar lo que les cuesta cada servicio. A partir de entonces se podrán establecer comparaciones por la mayor o menor eficiencia de los gobiernos municipales.

La fusión de municipios no es algo que resulte ajeno a la realidad de otras naciones europeas. Si bien, señala Embid, hay que tener en cuenta las particularidades de cada país y la forma en que se define su territorio. El último país que ha llevado a cabo un proceso de fusión ha sido Grecia. En situación de bancarrota y alentado por la feroz crisis económica y la supuesta voluntad de ahorrar dinero público, el país heleno acabó con 679 municipios. El ahorro que pretendía lograrse a través de la colaboración en la prestación de servicios se calculó en torno a los 1.185 millones de euros. Suecia, Holanda, Dinamarca o Bélgica también llevaron a cabo grandes procesos de fusión, aunque lo hicieron a mediados del siglo pasado. Según Parejo, en Inglaterra también se eliminaron más del 70% de los municipios y, en Alemania, casi la mitad. 

La realidad es que el debate está ahí. Y por eso conviene determinar quién sería el encargado de establecer ese nuevo mapa. Los procedimientos de fusión, coinciden Embid y Parejo, corresponden a las comunidades autónomas. Aunque, claro está, el Estado puede regular este asunto a través de una ley básica que correspondería después a las autonomías desarrollar en el ámbito de sus competencias. Parejo señala, sin embargo, que una norma de este calado podría plantear algún conflicto en términos de inconstitucionalidad "no por el hecho de que se lleve a cabo la fusión, sino por quién la lleva a la cabo", porque la Carta Magna también reconoce ciertos espacios de autonomía a las entidades locales. En todo caso, Embid considera que, de abordarse este asunto, sólo tendría justificación si estuviera respaldado por un gran pacto nacional. 

Pero además del terreno legislativo, los expertos coinciden en que este tema puede hacer florecer tensiones históricas y culturales en un país con gran tradición localista. Y es que, como sentencia con ironía Embid, "en España la gente es muy de su pueblo". 

Recientemente, el blindaje jurídico al monarca saliente impulsado a toda urgencia por el PP y aprobado de forma mayoritaria en el Congreso, ha provocado que algunas formaciones políticas hayan reabierto el debate sobre la posibilidad de limitar los casi 10.000 aforamientos que hay en España, entre los que se incluyen jueces, fiscales, políticos y representantes de altas instituciones del Estado. No obstante, Cospedal señaló que no hay decisión alguna tomada y que lo se va a hacer es presentar un análisis de la situación, determinar qué significa esta figura, si supone merma de garantías para los aforados, si ralentiza los procesos o donde tiene que establecerse el límite. Señaló que estos asuntos serán tratados los días 10, 11 y 12 de julio en la Escuela de Verano del PP. De hecho, recientemente en una pregunta parlamentaria formulada por UPyD, el Gobierno se escudó en la la “compleja estructura del Estado” para justificar que la eliminación de aforados era un asunto complejo que no tenía la intención de emprender. 

Otro de los temas que, según Cospedal, el presidente del PP está dispuesto a poner de nuevo sobre la mesa es la elección directa de los alcaldes. Se trataría, aunque la propuesta se encuentra en fase de estudio, de cambiar el sistema para que gobiernen los regidores más votados.

Preguntada por los periodistas por si estas hipotéticas reformas irán acompañadas de cambios en el funcionamiento interno del PP, Cospedal pasó de soslayo y se limitó a decir que en el PP es "el único de España donde un militante se puede presentar a ser dirigente solo con 100 avales". "Tenemos un sistema de democracia representativa con número elevadísimo de compromisarios. No hay esas cifras de elección es casi ningún partido", remachó. No obstante, en este punto sí se refirió al caso Bárcenas al que, sin citarlo, definió como "una cuestión que como todo el mundo sabe ha enturbiado mucho la acción de este partido" y dijo que "lo más claro para luchar contra la corrupción es la claridad y la transparencia y sometimiento pleno a autoridad judicial".

Rajoy también se refirió a la reforma de la Constitución. "El PP nunca se ha opuesto por principio a reforma de la Constitución. Pero para ello tiene que haber (...) un objetivo claro, debe haber un consenso claro, tiene que saberse cuáles son los retos y cuáles son las soluciones que se pondrían encima de la mesa. No se puede romper un consenso y un pacto social como el del 78 sin tener un objetivo claro. Hay que saber lo que tenemos antes de abrir pactos y consensos", sentenció Cospedal. Asimismo, señaló que Rajoy nunca ha llegado a plantear qué aspectos de la Constitución se podrían abordar, ni ha consultado sobre ellos a la dirección del partido, incluidos los dirigentes territoriales, en las reuniones que mantienen de carácter interno.

Sobre la consulta catalana, Rajoy dijo en el Comité Ejecutivo Nacional que "ilegal" y que el Gobierno "va a seguir defendiendo siempre que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que es indivisible y la soberanía nacional también lo es", según explicó Cospedal.