La Universidad Complutense de Madrid está en plenas elecciones para elegir al próximo rector o rectora durante los siguientes seis años. El martes 21 de marzo se celebró la primera vuelta. Y fue también la primera vez en la que se presentaban tantos candidatos, ocho en total, incluyendo al actual rector, Joaquín Goyache, que lucha por su segundo mandato. Además se presentaron cuatro mujeres, también un hecho histórico para esta institución, ya que ni siquiera había habido hasta ahora candidatas a rectora.

Los ocho docentes que compitieron en las urnas en la primera vuelta fueron: Javier Arias, Esther del Campo, Matilde Carlón, María Castro, Joaquín Goyache, Josefa Isasi , Iñaqui López y Jesús Pérez Gil. Esther del Campo y Joaquín Goyache fueron los más votados en esta primera ronda y por tanto los que pasaron a la segunda votación, que se celebrará el próximo miércoles.

Esther del Campo no lo hará esta vez sola, ya que ha hecho público este jueves el pacto que ha firmado con otros tres candidatos que no pasaron el corte del pasado martes: María Castro, Iñaqui López y Jesús Pérez Gil. Del Campo ha conseguido así un apoyo más amplio para conseguir ser la próxima rectora y desbancar a Goyache: "La primera vuelta de las elecciones al Rectorado de la UCM ha dejado un mensaje claro: el 75% de la comunidad complutense desea un cambio", ha reflejado en un comunicado. "Queremos una Complutense de la que sentirnos orgullosos, con capacidad de liderazgo, ágil, ambiciosa y que mire al futuro". añade la nota.

Esther del Campo, en declaraciones a infoLibre, ha defendido este viernes que "este pacto pretende dar una respuesta a todas las demandas que hemos recibido en este mes de campaña por parte de la comunidad complutense". Además ha añadido que "no se trata de desbancar a Goyache. su mandato ya acaba, y la mayoría de la Complutense, como se ha visto en las urnas, no le ha elegido". "Creo que Goyache estará sorprendido por la capacidad de negociar y alcanzar acuerdos en tan poco tiempo, por mi parte creo que ha sido un acuerdo fácil", ha añadido.

Al ser preguntada por Iñaqui López, vicerrector de política económica durante el mandato de Joaquín Goyache hasta que abandonó el puesto para poder presentarse a rector, Del Campo ha respondido: "Ninguno de los firmantes ni yo misma fuimos capaces de negarnos porque antepusimos nuestro compromiso por la universidad ante cuestiones personales".

Joaquín Goyache en declaraciones a infolibre ha asegurado que: "Naturalmente cualquier pacto es lógico y lícito. Pero creo que parece más un pacto de intereses personales que de un proyecto de futuro para nuestra universidad". "No proporciona nada relativo y significativo a esta unión", ha concluido. 

Este viernes se ha presentado el pacto en la Facultad de Ciencias Químicas. María Castro ha recordado que la universidad "es un espacio de diálogo y de encuentro y por ello estamos hoy aquí". También ha añadido que el acuerdo "es un riesgo que define la situación en la que estamos, todos somos muy distintos pero tenemos una idea común para nuestra universidad. Nuestra propuesta es transparente, tiene un equipo claro, que por el otro lado no se ha visto", en referencia a Joaquín Goyache.

El sistema universitario español no cuenta con ningún representante entre los 150 mejores campus del mundo, según la clasificación que elabora anualmente la Universidad de Shanghái, informa Europa Press. De hecho, sólo un centro español, la Universidad de Barcelona, ocupa un puesto por debajo de los 200, concretamente el 176. El centro catalán repite la posición que obtuvo en 2015 y sigue siendo la española mejor valorada. 

En la posición 201 se coloca la Universidad Autónoma de Barcelona, seguida por la Autónoma de Madrid, que ha avanzado al puesto 202 en un año. Ambas ya estaban hace un año en la horquilla entre 200 y 300. La Universidad Complutense de Madrid y la Pompeu Fabra, por su parte, que en 2015 habían alcanzado el top 300, caen ahora un peldaño y se sitúan en 2016 entre las 301 y las 400 mejores de la lista de Shanghái.

Entre las 301 y las 400 mejores se encuentran también la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Santiago de Compostela, que ha subido puestos en este último año, pues que en el pasado se encontraba entre las 401 y las 500 primeras instituciones académicas. La Politécnica de Valencia, por su parte, mantiene su retroceso, ya que en 2014 también figuraba entre las 300 primeras.

En los cien últimos puestos del listado mundial aparecen la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia y la Universidad Rovira i Virgili, que hace un año estaba fuera de las 500 mejores. De este modo, en el último año se han caído del ranking mundial de las 500 mejores la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Sevilla, que volvió a estar incluida el año pasado y que se queda de nuevo fuera.

Lideran el ranking las universidades estadounidenses, con Harvard a la cabeza, que ocupan ocho de los diez primeros puestos junto a las británicas Cambridge –quinta– y Oxford –décima–. El resto del top 10 lo conforman la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), la Universidad de California-Berkeley y la de Princeton, el Instituto Tecnológico de California, y las universidades de Columbia y Chicago.

Carlos Conde no revalidará su cargo como rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El que hasta ahora era el máximo responsable del campus madrileño logró este miércoles el 32,06% del voto ponderado, frente al 67,94% de su contrincante, el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación Guillermo Cisneros. 

Este último recibió el apoyo de los profesores doctores con vinculación permanente, con un 64,45 %, y del resto del personal docente e investigador, con un 63,40%. También sumó un alto porcentaje del voto estudiantil, con un 72,23 % y del personal de administración y servicios, con un 84,32%, según difundió la UPM a través de su página web. 

Precisamente el Personal de Administración y Servicios (PAS) ha sido de los colectivos más críticos con Carlos Conde. Fue bajo su mandato, en 2013, cuando el campus inició el proceso de amortización de 301 plazas del PAS, lo que supuso el despido de otros tantos trabajadores. La universidad puso en marcha este plan bajo la justificación del recorte del dinero que destinaba la Comunidad de Madrid a todos los campus públicos y del ajuste de precios en los estudios tras la subida de tasas aplicadas a los alumnos.

Tal y como desveló infoLibre este proceso ha tenido, hasta el momento, un coste de 10,3 millones de euros para la UPM. En junio de 2014 el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de parte de esos trabajadores –en concreto, de los 156 que eran personal laboral interino– y obligó al centro a readmitirles y a pagarles el sueldo acumulado desde que fueron despedidos. La universidad no aceptó que volvieran y les ofreció –asesorada por el bufete Sagardoy– pactar un despido improcedente o ir a otro ERE.

Estos despidos tuvieron una fuerte respuesta en parte de la comunidad educativa y en los sindicatos. De hecho, la Asociación Memoria 301, de la que forman parte trabajadores de la UPM, ha llevado a los tribunales a los máximos responsables de este campus durante ese proceso. Este colectivo presentó el pasado 17 de febrero ante el juzgado decano de Madrid una denuncia –a la que tuvo acceso este periódico– en la que atribuye a Carlos Conde Lázaro, y a la gerente, Carmen García de Elías, los supuestos delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos por su gestión al respecto. No obstante, se necesitarán varias semanas para saber si la denuncia es o no admitida a trámite. 

Adjudicación a dedo 

Por otro lado, Carlos Conde también fue cuestionado por las organizaciones sindicales por la venta a dedo, es decir, sin concurso público, de los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Universitaria de la capital a la empresa de sanidad privada IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. Conde ocultó al órgano de gobierno y al Consejo Social detalles sustanciales de la venta y sólo informó en el primero de esos órganos cuando ya se había producido.

Tras publicar infoLibre esta información en junio de 2015 el rector la calificó de "errónea" en una circular a los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, su carta confirmaba íntegramente los datos proporcionados por este diario sobre la operación. Conde dijo lamentar que "una vez más, algunos medios hayan tergiversado los hechos, dañando la imagen de la universidad" y avisó de que la UPM se reservaba "los derechos de actuación jurídica contra los responsables". 

El catedrático de Álgebra Carlos Andradas sustituirá a José Carrillo como rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el mayor campus presencial de España, al imponerse claramente a éste en la segunda vuelta de las elecciones de la institución consiguiendo casi el 60% del voto ponderado.

Andradas, que fue vicerrector durante la etapa de Carlos Berzosa como rector, obtuvo un amplio respaldo de los profesores titulares doctores (el colectivo con mayor peso) con 1.154 votos de este colectivo con el 100% del voto escrutado.

También fue el candidato más votado entre los estudiantes en la segunda ronda de los comicios, con un total de 5.147 apoyos con el cien por cien del sufragio escrutado y sobrepasó a su rival en el apartado de investigadores sin vinculación permanente y profesores a tiempo parcial.

Por su parte, Carrillo logró casi el 40% del voto ponderado emitido y fue el candidato con mayor respaldo en el caso del Personal de Administración y Servicios (PAS) con un total de 1.620 votos, aunque insuficientes de cara a su aspiración de revalidar su mandato.

No obstante, quedó por debajo de Andradas en el apartado de los profesores titulares con 694 (460 menos que su rival) y entre los estudiantes (2.346 votos, poco menos de la mitad de los obtenidos por Andradas), los dos colectivos con más peso en el sistema de ponderación de votos.

Un total de 86.588 personas –entre estudiantes, profesores, doctores y personal de administración y servicios– estaban llamados a participar en estos comicios que se realizan con sistema de ponderaciones, con lo que el peso de cada sufragio depende del colectivo al que pertenezca el votante. El que mayor peso tiene es el de los profesores titulares doctores (51%), seguido de los estudiantes (25%) y el PAS (12%). Le siguen los docentes investigadores sin vinculación permanente (10%) y los profesores a tiempo parcial (2%).

Baja participación del alumnado

Participaron en estos comicios un total de 2.075 profesores titulares (con 20 votos en blanco) de un censo total de 2.633, 8.279 estudiantes de un censo total de 77.187 y 3.115 miembros del Personal de Administración y Servicios de las 3.810 personas llamadas a participar en los comicios.

En total, participaron 14.562 personas del censo total y el porcentaje de estudiantes que votaron en esta segunda vuelta es del 10%.

En la primera vuelta celebrada el 5 de mayo quedaron descartados el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en Ciencias de la Información Rafael Calduch; el catedrático de Filología Inglesa Dámaso López, y Federico Morán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y ex secretario general de Universidades del Gobierno central.

Los comicios se realizaron bajo los estatutos de 2003, anteriores a la aplicación de la Ley de Universidades de 2007, y después de la polémica suscitada por el hecho de que la Comunidad de Madrid no diera el visto bueno a la reforma parcial (que se refería sobre todo a los artículos para los comicios) remitido por la institución.

El catedrático de Álgebra Carlos Andradas se ha impuesto como el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones al rector de la Universidad Complutense de Madrid pero no ha obtenido mayoría absoluta y se tendrá que medir en una segunda vuelta contra el actual dirigente de la institución José Carrillo el próximo 13 de mayo.

Andradas, que fue vicerrector en la etapa de Carlos Berzosa, ha obtenido el 36,5% de los votos ponderados emitidos y ha obtenido un amplio respaldo de los profesores titulares doctores (el colectivo con mayor peso) con 818 apoyos de este colectivo con el cien por cien del voto escrutado.

También ha sido el candidato más votado entre los estudiantes que han participado en la primera vuelta de las elecciones al rectorado de la UCM, con 3.197 apoyos de este colectivo.

En segundo lugar ha quedado Carrillo quien ha obtenido el 27,5% del voto ponderado emitido y es el candidato que mayor respaldo ha obtenido en el caso del Personal de Administración y Servicios con un total de 1.340 sufragios con el cien por cien del voto escrutado en este colectivo.

A los comicios concurrían cinco candidatos y tras la primera vuelta quedan descartados Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en Ciencias de la Información; el catedrático de Filología Inglesa Dámaso López, y Federico Morán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y exsecretario general de Universidades del Gobierno central.

Morán se ha situado como tercer candidato más votado al conseguir el 22,5% de los votos ponderados en esta primera vuelta, que no le es suficiente para continuar en la carrera electoral, mientras que Calduch y Damaso López han quedado muy rezagados, con un 7,8% y 5,3% respectivamente.

Un total de 86.588 personas –entre estudiantes, profesores, doctores y personal de administración y servicios– estaban llamadas a participar este martes en las elecciones al rector de la Complutense.

Han votado en esta primera vuelta 2.164 profesores titulares doctores (de un censo de 2.633), 9.375 alumnos (de un censo de 77.187 estudiantes) y 3.139 representantes del Personal de Administración y Servicios (de un censo de 3.810 personas).

El sistema de votación establece ponderaciones, con lo que el peso de cada sufragio depende del colectivo al que pertenezca el votante. El mayor peso corresponde a los profesores doctores, cuyo voto vale por cuatro de un estudiante, el colectivo más numeroso.

Los comicios se han realizado bajo los estatutos de 2003, anteriores a la aplicación de la ley de universidades de 2007, y después de la polémica suscitada por el hecho de que la Comunidad de Madrid no diera el visto bueno a la reforma parcial (que se refería sobre todo a los artículos para los comicios) remitido por la institución.

Los principales sindicatos del profesorado (CCOO, CSI-F, UGT, ANPE, CGT y STEs-i) y varias organizaciones de estudiantes (entre ellas el Sindicato de Estudiantes y FAEST) han convocado para este martes, 24 de marzo, una huelga educativa en universidades, institutos y centros de FP, con el objetivo de protestar contra la reforma del sistema universitario que está llevando a cabo el Gobierno por la vía de Real Decreto. 

El secretario general de enseñanza de CCOO, Francisco García, recrimina al Gobierno el modo de llevar a cabo la reforma, sin consenso y por la vía de decreto del Ejecutivo. "Buscan introducir cambios estructurales en la educación superior por la puerta de atrás, sin debate público, sin debate parlamentario, sin control del Parlamento... En fin, como las repúblicas bananeras", lamenta, en declaraciones a Europa Press.

Además de pedir al Gobierno que revierta los recortes, que dé marcha atrás en la modificación del sistema de becas, en la reducción de la tasa de reposición de profesores y en otras medidas encaminadas a reducir el presupuesto para educación con el objetivo de "racionalizar" los recursos (varias de ellas contenidas el Decreto 14/2012), las exigencias de las organizaciones que llaman a la movilización incluyen la retirada del Decreto aprobado el pasado 30 de enero por el que las universidades podrán crear grados de tres años y la paralización de otros dos reales decretos que se encuentran actualmente en las últimas fases de su tramitación.

En caso de que los dos proyectos de Decreto resulten finalmente aprobados, servirán para flexibilizar las condiciones que ahora son necesarias para abrir un nuevo centro universitario y para modificar los criterios de acceso a la docencia en las universidades, con el fin de que se tengan en cuenta los méritos profesionales de los aspirantes en aquellos casos en que no existan méritos académicos relevantes.

Para las organizaciones que llaman a la huelga, todas estas medidas se enmarcan en un itinerario de "privatización" de los estudios universitarios que provocarán el encarecimiento de la formación necesaria para acceder al mercado de trabajo desde la Universidad (aseguran que se hará más necesario un master, más caro que los grados), el recorte de las plantillas de profesores (como consecuencia de que los grados duren menos) y la proliferación de universidades privadas, que no se verán obligadas que cumplir los criterios de calidad que se exigen a las universidades públicas.

El pasado mes de febrero, los días 25 y 26, el Sindicato de Estudiantes ya convocó una huelga de 48 horas en colegios e institutos para protestar por la aprobación del decreto que permite crear grados de tres años, y para la que contó con el apoyo de CCOO. En esta ocasión, participan en la convocatoria tanto sindicatos como organizaciones estudiantiles y cuentan con el apoyo de plataformas sociales como la Marea Verde Estatal, Foro de la Cultura, Plataforma en Defensa de la Cultura, Consejo de la Juventud de España y Cumbre Social.

Manifestaciones a las 18.00 horas en todas las provincias 

Todas ellas aseguran que la modificación de la Universidad es un asunto que "trasciende a toda la sociedad" y piden a "los ciudadanos de a pie" que se sumen a las manifestaciones que hay convocadas a las 18:00 del 24 de marzo en todas las capitales de provincia española. En el caso de Madrid capital, la marcha partirá a las 18:00 horas desde la glorieta de Neptuno, en el Paseo del Prado, hasta llegar a las puertas del Ministerio de Educación, en la calle Alcalá.

"Vamos a defender una universidad pública de calidad y los derechos de las personas a estudiar por un precio módico y a tener una oportunidad de seguir su vocación en la vida –explica a Europa Press la escritora Juana Salabert, el pasado miércoles– para eso pagamos impuestos, para tener una sociedad donde haya ascensor social y capacidad para atender a la vocación de las personas".

En esta línea el Sindicato de Estudiantes (SE) ha recogido más de 144.000 firmas en Change.org para retirar la retirada del Decreto conocido como 3+2 y una nueva plataforma estudiantil con el mismo apodo, Plataforma Referéndum 3+2, está llevando a cabo consultas en el seno de las universidades españolas para realizar una suerte de "referendum" sobre la aceptación de la nueva norma entre la comunidad universitaria.

En la Comunidad de Madrid, más de 31.500 personas han participado en la consulta de la plataforma (formada por estudiantes y profesores) con un resultado negativo para la reforma del 97% de oposición, según los promotores de la iniciativa.

La secretaria general del SE, Ana García, amenaza al Gobierno con "paralizar" el sistema educativo si no revierte las reformas tras la huelga del 24 de marzo. "Si la próxima huelga del 24 de marzo no es suficiente, por supuesto que seguiremos. Que tenga muy claro el ministro que esto no acaba aquí y que vamos a estar en la calle hasta que no le quede más remedio que retirar el 3+2 y todos los ataques contra la educación pública que está lanzando este gobierno", dijo el pasado martes, una semana antes de la huelga.

Por su parte, el ministro de Educación ha respondido al Sindicato de Estudiantes que "puede entregar las firmas que desee" pero ha insistido en que no retirará la reforma de la duración de los grados por que considera que "es una iniciativa beneficiosa para el sistema universitario, para su internacionalización y sobre todo una iniciativa beneficiosa para los estudiantes".

Con respecto a esto, el presidente del Consejo de la Juventud de España y portavoz de Cumbre Social, Héctor Saz, recriminó al Gobierno, en declaraciones a Europa Press, su persistencia en llevar a cabo reformas "sin consenso social". "Más allá del contenido de la reforma –explicó– el Gobierno sigue avanzando en hacer políticas que crean disensión en la sociedad. Se está dando lo contrario de lo que se pide: una política duradera, un pacto de Estado".

El antecedente de este informe es el correspondiente al ejercicio 2003 y tiene por objeto el análisis de la gestión económico-financiera de las universidades. El documento constata que la evolución agregada de las cuentas del resultado económico-patrimonial del conjunto de las universidades públicas se sitúa en 2011 como un punto de inflexión, en el que si bien en ejercicios anteriores el ahorro logrado se mostraba decreciente, pero positivo, en éste y en 2012 se vuelven "claramente negativos".

Este trabajo también destaca que el conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones en 2012 por un importe de 9.219 millones de euros, y derechos por 9.278 millones. Asimismo, indica que el total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios.

Además, resalta que los gastos más relevantes han sido los de personal, que han supuesto en las universidades públicas presenciales el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constata el "importante peso específico" de la financiación pública a través de subvenciones y de transferencias, que representan en los centros públicos presenciales el 77% de los derechos reconocidos.

Exceso de oferta 

Este informe sobre la situación de las universidades públicas de 2012 incorpora un estudio sobre la actividad investigadora, actividad docente, financiación, debiendo destacar el exceso de plazas ofertadas, especialmente significativo en las titulaciones de máster. Los alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el curso 2012-2013 en las 47 públicas presenciales, de acuerdo con los datos suministrados, ascienden a un total de 1,1 millones, con una evolución positiva del 5% en los cinco últimos cursos analizados.

Del examen de los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo correspondientes al curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas aprecia en muchas de las ramas una carga docente inferior de media a los 24 créditos anuales, poniendo de manifiesto un "cierto sobredimensionamiento" del profesorado en relación con el número de alumnos existentes en esas ramas.

En relación con los costes resalta que ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012. El Tribunal de Cuentas apunta, a su vez, que las comunidades autónomas con mayor peso específico en el sistema universitario público español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, ya que todas ellas superan los 100.000 alumnos matriculados, y también destacan por su capacidad organizativa al contar con el mayor número de centros.

El informe destaca también la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito, junto con las inversiones financieras temporales en que se han materializado picos de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%. Por otro lado, subraya la necesidad de reforzar el control interno de las universidades y de ejercer un mayor control sobre las entidades dependientes o vinculadas a las mismas, al mismo tiempo que se recogen "determinadas deficiencias" en relación con aspectos contables y presupuestarios, como los relativos al remanente de tesorería, y se constata la falta de implantación de un sistema de contabilidad de costes, obligatorio legalmente a partir del curso 2015-2016. 

Además, indica que los gastos totales por retribuciones de las universidades públicas presenciales se han incrementado entre 2008 y 2012 en un 9,94%, si bien debe destacarse que el aumento sería mucho mayor si se tiene en cuenta que en 2012 se produjo una disminución respecto al año anterior, como consecuencia básicamente de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de los empleados públicos.

Sin embargo, advierte de que, si bien el decreto de mayo de 2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público vino a establecer la reducción del conjunto de las retribuciones de todo el sector público del 5%, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010, con efectos de 1 de junio de 2010, ello no tuvo por efecto una disminución de los gastos de personal en los años 2010 y 2011 en su conjunto. Por el contrario, dice que se produjeron incrementos, lo que está relacionado con el aumento de efectivos que se produjo en 2010. "Esta situación supuso un incumplimiento del objetivo de las reducciones previstas en la normativa dictada al efecto", apostilla.

Simplificación 

Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda a las universidades públicas la necesidad de realizar "los cambios normativos precisos" dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control. Igualmente, plantea analizar la creación en las universidades públicas de la figura del 'interventor' con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura, además de estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, a fin de proceder a una delimitación clara del sector público autonómico.

El Tribunal ve conveniente asimismo regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias, haciendo coincidente el procedimiento final de aprobación de sus presupuestos con los de cada comunidad autónoma. Por último considera "deseable" que, en la actualización de la normativa que desarrolla el régimen de dedicación de los cuerpos docentes universitarios, se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente, y que se proceda "sin dilación" a la implantación de un modelo de contabilidad analítica que asegure la homogeneidad en su aplicación a todas las universidades públicas.

Del conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, que conforman el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2012-2013 y que alcanza un total de 79 universidades, se han fiscalizado 51: 47 Universidades Públicas (UP) de carácter presencial, universidades no presenciales –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta de Cataluña (UOC)–, y universidades especiales como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).