La Fiscalía Anticorrupción va a citar a declarar como investigado al presidente de Duro Felguera, Ángel del Valle, por un delito de cohecho internacional, el supuesto soborno que pagó el grupo industrial español a un ex viceministro venezolano. Del Valle, que preside Duro Felguera desde junio de 2011, es yerno de Gonzalo Álvarez Arrojo, principal accionista de la compañía asturiana y una de las grandes fortunas de España.

Según ha podido saber infoLibre de fuentes de la investigación, la citación se produce tras la declaración este miércoles del expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torres Inclán y del ex director general de Energía Francisco Martín Morales. Ambos aseguraron ante la Fiscalía Anticorrupción que habían actuado en todo momento siguiendo instrucciones de los principales accionistas de Duro Felguera y, en concreto, de Ángel del Valle.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando al ex viceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y al expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torres por un contrato de asesoría verbal, según avanzó El Español. El contrato entre el grupo industrial y el alto cargo chavista escondía, en realidad, la comisión cobrada por éste a cambio de conseguir para los asturianos la adjudicación de una central termoeléctrica de ciclo combinado en Venezuela. Villalobos percibió por esa asesoría verbal el 5,5% del precio de adjudicación.

Tanto Juan Carlos Torres como Francisco Martín dimitieron de sus cargos en junio y julio de 2011, respectivamente. El primero había sido director general de Energía de Duro Felguera hasta 2003, cuando fue ascendido a presidente. En el puesto le sustituyó entonces Francisco Martín. Ambos aseguraron ante el fiscal que abandonó el grupo porque les pareció inaceptable el comportamiento de la empresa asturiana en Venezuela. 

Investigación por blanqueo en la Banca de Andorra

El supuesto soborno de Duro Felguera fue descubierto gracias a la investigación que el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) realizó en el Banco Madrid, a su vez derivada de la que había emprendido el Tesoro de Estados Unidos en la Banca Privada de Andorra (BPA). El Gobierno del Principado intervino BPA y después hizo lo propio el español con el Banco Madrid. Estados Unidos cree que altos cargos chavistas utilizaban a la entidad andorrana para blanquear dinero. Entre ellos, Nervis Villalobos.

El ex viceministro de Energía declaró ante el fiscal anticorrupción la pasada semana que cobró por asesorar a Duro Felguera en concepto de “seguimiento de obra y seguimiento técnico y político”. Y, aunque libró facturas por ello, las destruyó “por miedo”. De hecho, aseguró que se mudó a Madrid, donde reside, por “problemas de seguridad en Venezuela”. Tampoco posee, dijo, ningún informe escrito de su trabajo para el grupo industrial español.

Subrogación inmediata y contrato a medida

Duro Felguera consiguió hacerse con la central termoeléctrica Termocentro, ubicada en Paz Castillo, en el Estado Miranda y con una potencia de 1.080 megavatios. Y firmó un contrato de asesoría con una empresa venezolana, Técnicas Reunidas  –nada que ver con la compañía española del mismo nombre–, que a continuación se subrogó en Ingespre (Ingeniería Gestión Proyectos Energía), una de las sociedades propiedad de Nervis Villalobos. El SEPBLAC sospecha del cambio de consultor, para el que no encontró en su momento una “justificación razonable”.

El contrato de asesoría, además, se redactó “a la medida” de Villalobos, advierte el SEPBLAC. Según las condiciones fijadas en el documento, la empresa debía haberse constituido dos años antes de la firma y ninguno de sus socios podía haber ocupado un cargo público en los cinco años anteriores. Así, Ingespre se creó en 2009 y el contrato se firmó en 2011; Nervis Villalobos había dejado su puesto en el Gobierno venezolano en 2006.

Fundada en 1858, Duro Felguera es uno de los principales grupos empresariales españoles, especializado en los sectores energético e industrial y en la fabricación de bienes de equipo. Tiene su sede en Gijón, pero reparte su actividad en Latinoamérica, Europa, Asia y África. En 2014 facturó 927 millones de euros y se apuntó unos beneficios de 7,1 millones de euros. Cotiza en Bolsa desde 1905. 

La impunidad es a la enfermedad colectiva lo mismo que la incertidumbre a la individual: la estimulan, aumentan sus efectos, propician que crezca o se expanda. Cuando convaleces, si te dejas vencer por la angustia de la incertidumbre no sólo te sientes más enfermo, sino que ayudas positivamente a que el mal se extienda. Si la enfermedad es social, colectiva, como lo es por ejemplo la corrupción, es la impunidad la que impulsa ese movimiento multiplicador. A más incertidumbre, más dolor; a más impunidad, más corrupción.

Una persona que se deja vencer por la incertidumbre está dificultando objetivamente su curación. Una sociedad que consiente la impunidad está aumentando conscientemente su propia capacidad de ser víctima de corrupción, abusos e injusticias.

El establecer este paralelismo entre lo individual y lo colectivo, evidentemente injusto porque las enfermedades individuales casi nunca son responsabilidad de sus víctimas y las sociales lo son casi siempre, tiene como único objetivo subrayar lo importante que es que consideremos seriamente que males como la corrupción o las injusticias son comportamientos socialmente insalubres que es tan necesario combatir y extirpar como si se tratara de enfermedades que afectan a la salud individual.

Una sociedad que no combate comportamientos corruptos es un cuerpo enfermo.

Por eso resulta especialmente grato la forma en que la Justicia primero y las otras instituciones del estado después, han actuado en el caso del Banco Madrid, una entidad de inversiones (“banca privada”), filial del andorrano BPA, sobre la que existen serias sospechas de que estuviera blanqueando dinero. A estas alturas, ya es sabido que el banco se va a liquidar, que sus directivos –tal y como fija la ley– no tendrán derecho a los 100.000 euros que el FROB garantiza a los depositantes, y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la UDEF, va a investigar todos los movimientos de capitales de la entidad que pudieran resultar sospechosos. Y al parecer hay unos cuantos. Y algunos afectan a conocidos políticos y empresarios españoles y extranjeros.

A otro nivel, y en otro grado, pero en el mismo melodrama de corrupción, esta semana ha sido noticia la detención de Raúl López, el mayor empresario gallego del transporte. Tal y como cuenta este diario, el presidente del grupo Monbús, y otras nueve personas, yerno incluido, fueron detenidos ayer durante una operación que investiga delitos de blanqueo de dinero, falsedad, delitos contables y fraude a Hacienda.

En lo que va de año la policía ha desarrollado en España no menos de media docena de operaciones en Cataluña, Andalucía o Navarra, por citar solo tres ejemplos. En todas ellas, empresarios con buena conexión política y escasos escrúpulos han sido detenidos y acusados de evasión fiscal y blanqueo de capitales.

Evidentemente, en todos los casos, los actores de la trama se sentían protegidos en la oscuridad de los despachos y las entrelíneas legales, impunes en su acción individual y colectivamente tan delictiva como socialmente dañina. Afortunadamente, parece que las cosas cobran otra dirección. Hay, desde luego, una mayor conciencia y una cada vez menor tolerancia social hacia los ladrones de cuello blanco. Pero lo que más peso está teniendo ahora mismo para acabar con ese movimiento de intolerable impunidad es precisamente el carácter de realidad global en el que con frecuencia se apoyan estos delincuentes de cifras y altura. Si tú blanqueas capitales chinos de origen impreciso y aconsejas a dictadores cómo preservar su dinero seguro en tu banco, no deberá extrañarte que desde Estados Unidos se diga a un país que vigile lo que se está haciendo en otro del que un banco nacional es filial.

Hay que celebrar el fin de la impunidad como se celebra el alta en un diagnóstico médico. Y no debemos nunca dejar de pensar que en la medida en que pierda fuelle o se debilite nuestra conciencia colectiva frente a comportamientos privados o públicos vinculados a delitos o malas prácticas, seguiremos formando parte de una sociedad enferma.

Vigilar, exigir, denunciar…es nuestra obligación individual y colectiva. Aplicar y mejorar la ley, informar y actuar con determinación, trabajo inexcusable de los gobernantes democráticos.

La impunidad es nuestra incertidumbre. Perseguirlas y acabar con ellas la única forma de recuperar la salud.