El Tribunal Judicial de Burdeos juzga desde este jueves a tres empresas de esta región francesa y a seis dirigentes por haber supuestamente exportado ilegalmente residuos a España para ahorrarse las tasas que tendrían que haber abonado en Francia y enterrarlos en vertederos sin declarar su verdadera naturaleza, informa EFE.

Según la organización ecologista France Nature Environnement (FNE), que se constituyó en acusación particular, el volumen total de residuos enviados a vertederos de Zaragoza y Pamplona por esta trama podría estar cerca de 10.000 toneladas.

Junto a las empresas Greenrecup, Azura y 3VR, especializadas en la recuperación y el reciclaje de residuos, también se sientan en el banquillo seis directivos, que se encuentran bajo control judicial y que podrían ser condenados a penas de hasta siete años de cárcel y a multas de hasta 150.000 euros.

Están acusados de enviar residuos a España sin notificación previa a las autoridades del país y sin obtener el consentimiento, así como de gestionar residuos de forma irregular, de utilización de documentos falsos y de exportar en contrabando mercancías peligrosas para la salud.

Según explicó a EFE una responsable de la FNE, la empresa navarra Iruservi, que no está encausada en Francia, era la que se encargaba en España de gestionar buena parte de los cargamentos que entraban de forma irregular.

La red de fraude fue desmantelada en noviembre de 2022 con una operación de las fuerzas del orden francesas y españolas, bautizada Blanzar, por la contracción de los nombres de la localidad de Blanquefort (a las afueras de Burdeos), donde está el centro de selección de Greenrecup y de Zaragoza, el principal destino final.

Los investigadores franceses constataron que había un tránsito irregular de residuos en dirección a España que no abonaba el Impuesto General sobre las Actividades Contaminantes (TGAP), obligatorio en Francia.

Se ha calculado que se dejaron de pagar cerca de 300.000 euros de TGAP a la Administración francesa, pero a eso hay que añadir un ahorro en los costos que hubiera entrañado la gestión de los residuos en Francia.

Hay que tener en cuenta que esos costos pueden ser hasta más de cuatro veces inferiores en España y que, enviando los residuos al otro lado de la frontera, las empresas francesas podían disponer del espacio que no ocupaban en sus vertederos.

Una ventaja adicional, según la FNE, es que en España hay menos controles sobre la naturaleza de los residuos que se entierran.

En este país, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lograron identificar en noviembre de 2022 a tres hombres vecinos de Pamplona, Madrid y Zaragoza, acusados de transportar hasta 6.000 toneladas de desechos procedentes de Francia para hacerlos desaparecer en un vertedero de Zaragoza sin autorización.

Una vez que la mercancía se encontraba en España, se falsificaba su documentación y se convertía en un residuo de eliminación.

El juicio en Burdeos termina el viernes, cuando se conocerán las penas solicitadas por la Fiscalía y quedará visto para sentencia para una fecha posterior.

Un análisis de Investigate Europe —red internacional de medios de la que forma parte infoLibre—  y Watershed Investigations revela que miles de vertederos en toda Europa se encuentran en zonas con riesgo de inundación, áreas que podrían poner en peligro el agua potable o lugares protegidos. El mayor ejercicio de cartografía de vertederos realizado a nivel europeo hasta el momento ha puesto de manifiesto que muchos de estos vertederos corren el riesgo de filtrar sustancias químicas tóxicas a las vías fluviales, lo que supone un cóctel potencial de daños para los seres humanos y los ecosistemas cercanos.

Esta investigación estima que hay hasta 500.000 vertederos repartidos por la UE y el Reino Unido, de los cuales aproximadamente el 90% se crearon antes de la entrada en vigor de las normativas de control de la contaminación. Sin embargo, su ubicación exacta sigue siendo en gran medida desconocida, debido principalmente a la falta de datos y al hecho de que muchos de ellos han sido tapados.

El análisis de los datos obtenidos a partir de solicitudes de libertad de información, organismos gubernamentales y fuentes públicas ha permitido localizar más de 60.000 emplazamientos. Es probable que muchos de ellos sean históricos, anteriores a la directiva sobre vertederos de la Unión Europea de 1999, lo que significa que podrían carecer de medidas de contención modernas, como el uso de revestimientos protectores para evitar fugas de residuos nocivos. Desde los “químicos eternos” que se filtran de un antiguo vertedero en las turísticas montañas griegas Taygetos, hasta los residuos de vertederos que se desmoronan en algunas partes de las costas británicas, la investigación representa un estudio pionero sobre el estado de los vertederos europeos.

“Es evidente que Europa está ignorando su crisis de vertederos”, afirma Jutta Paulus, eurodiputada alemana del grupo de los Verdes, en respuesta a los resultados de esta investigación. “Los cientos de miles de vertederos antiguos, muchos de ellos situados en zonas propensas a las inundaciones o la erosión, siguen siendo un peligroso punto ciego”. Entre los vertederos cartografiados, casi el 30% se encuentra en zonas con un riesgo significativo de inundación, lo que aumenta la posibilidad de que los residuos tóxicos entren en los sistemas hídricos. Más de 3.000 vertederos se encuentran en zonas protegidas, lo que pone en riesgo de contaminación los ecosistemas y los hábitats naturales. Otros miles de ellos están en lugares donde las aguas subterráneas tienen un mal estado químico, algo que los vertederos posiblemente han agravado. Además, se han identificado casi 10.000 construidos sobre zonas de agua potable en España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania e Italia.

Los que corren un riesgo más evidente se encuentran a lo largo de la costa. El análisis ha encontrado 346 vertederos en zonas de erosión costera en Inglaterra, Gales y Francia, mientras que más de 250 emplazamientos en otras partes de Europa se encuentran a menos de 200 metros de la costa, lo que los expone a un riesgo potencial de erosión o exposición a marejadas ciclónicas. “Con el aumento de la frecuencia y la magnitud de las inundaciones y la erosión provocadas por el cambio climático, existe un mayor riesgo de que estos residuos lleguen a nuestro medio ambiente”, afirma Patrick Byrne, de la Universidad John Moores de Liverpool, que añade que los materiales nocivos que se diseminan desde los vertederos suponen otras amenazas. “Sabemos que los plásticos se están acumulando en la fauna, los seres humanos y el medio ambiente, y hay pruebas emergentes de sus efectos negativos para la salud”. En el Reino Unido, se estima que el 80 % de la población vive a menos de dos kilómetros de un vertedero.

 La Agencia Europea de Medio Ambiente enumera una serie de sustancias nocivas que podrían escapar a través de los lixiviados (líquidos que se drenan o «lixivian») de estos vertederos: “metales pesados y compuestos de nitrógeno amoniacal, así como contaminantes emergentes como productos farmacéuticos, plastificantes” y PFAS o los denominados “químicos eternos”.

En Grecia, varios periodistas encargaron análisis de laboratorio de las escorrentías procedentes de un antiguo vertedero en el sur del Peloponeso. El vertedero de Maratholaka, que cerró en 2022 tras años de campaña por parte de activistas locales, está situado en las pintorescas montañas de Taygetos, que visitan miles de excursionistas cada año. Sin embargo, alrededor del vertedero siguen siendo visibles toneladas de residuos y los resultados de las pruebas revelaron niveles de PFAS 76 veces superiores a los estándares del agua potable, así como fugas de metales pesados como mercurio y cadmio.

Tras cartografiar los emplazamientos, Investigate Europe y Watershed Investigations realizaron modelos para mostrar el alcance potencial de los riesgos medioambientales. Al ampliar el análisis para tener en cuenta el medio millón de vertederos que se calcula que hay en toda Europa, los peligros parecen aún más graves, ya que 30.000 se encuentran en espacios protegidos, 140.000 corren riesgo de inundación y casi 300.000 tienen aguas subterráneas contaminadas. Según un estudio de la empresa privada Waste to Energy International, el coste estimado de subsanar todos los vertederos de la Unión Europea— incluyendo también los del Reino Unido— oscilaría entre los 100.000 millones y un billón de euros. 

El vertido ilegal de residuos también es un problema importante; la Europol lo ha identificado como uno de los ámbitos de la delincuencia organizada que más rápido está creciendo en Europa. Aunque los datos son escasos, el análisis ha identificado más de 2.000 vertederos ilegales en toda Europa, aunque es probable que haya muchos más. La Directiva sobre vertederos de la UE provocó una oleada de cierres de vertederos, así como la renovación de los que seguían en activo, pero no impuso a los Estados miembros de la UE la obligación de realizar un mapeo exhaustivo, ni la obligación general de garantizar la seguridad de todos los vertederos cerrados. La Comisión Europea ha iniciado 42 procedimientos de infracción contra Estados miembros por incumplimientos de la Directiva sobre vertederos desde 1999, que afectan tanto a vertederos legales como ilegales, según el análisis de Investigate Europe. Casi la mitad de ellos están actualmente abiertos, según la base de datos oficial.

España, Chipre, Eslovenia y Eslovaquia son algunos de los países que han sido llevados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunos en múltiples ocasiones. Italia, uno de los Estados miembros con peores resultados, ha pagado cientos de millones en sanciones relacionadas con su historial en materia de gestión de residuos. En un solo caso, Italia pagó 326 millones de euros, según las cifras publicadas en abril por la Comisión Europea. En algunos casos, los esfuerzos de la UE por hacer cumplir la normativa no han logrado resolver los problemas: Investigate Europe ha revisado múltiples casos de infracción— en los que los vertederos se clausuraron— y ha hallado que varios emplazamientos seguían presentando problemas años después.

“La falta de datos coherentes y centralizados hace que sea casi imposible obtener una visión completa y precisamente por eso son tan importantes las conclusiones de esta investigación", afirma la eurodiputada Jutta Paulus. “Sin una supervisión más estricta y una integración exhaustiva de los riesgos de los vertederos en las políticas de residuos y clima, Europa corre el riesgo de sufrir graves repercusiones en su agua, su suelo y su aire”.

Esta falta de datos es especialmente patente en España, donde no existe una base de datos pública, actualizada y centralizada que permita saber cuántos vertederos hay, dónde están y en qué estado se encuentran. En el portal estatal de datos solo aparece un archivo con 197 ubicaciones, sin información para cada punto, y actualizado en mayo de 2018, hace más de siete años. Preguntado por infoLibre, el Ministerio de Transición Ecológica afirma que no dispone de datos más detallados ni actualizados, y que corresponde a las comunidades autónomas recopilar esta información.

A este listado de hace siete años se suman conjuntos de datos sueltos publicados por algunas administraciones. La Diputación de Castellón y el Gobierno de Navarra, por ejemplo, publican la ubicación de los vertederos que gestionan, mientras la Comunidad de Madrid dispone de un listado de 2018 sin localizaciones, y la Junta de Castilla y León difunde los vertederos sellados en el marco de su programa de residuos. Pero ninguno de estos datos sirven para formar un inventario común de ubicaciones activas ni permite reconstruir el mapa completo de vertederos a escala estatal.

Esa fragmentación de la información convive con un expediente europeo que lleva casi una década abierto. Tras emitir el primer aviso en 2015, en 2024 la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la directiva de residuos. El caso llegó al tribunal el pasado mes de julio.  Según Bruselas, en España siguen existiendo al menos 195 vertederos ilegales que no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008, y que “causan un daño significativo al medio ambiente y a la salud humana”. 

Según afirma la Comisión, España ha incumplido de forma “general, sistemática y continuada” sus obligaciones: primero, por no adoptar durante años las medidas necesarias para garantizar una gestión de residuos que no ponga en peligro la salud ni el medio ambiente, y segundo, por no asegurar que los productores garanticen un tratamiento adecuado de los residuos. 

La Comisión ha rechazado compartir con infoLibre la ubicación de estos vertederos por tratarse de un proceso judicial abierto, y tampoco ha respondido a las preguntas de Investigate Europe sobre los riesgos medioambientales de los vertederos en la Unión Europea. 

El pasado martes, la Guardia Civil desarticuló en Tarragona y Cuenca una red dedicada a introducir residuos urbanos desde Italia para enterrarlos en vertederos de la península. Uno de los puntos donde terminaba esta basura era el macrovertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca), donde Ecologistas en Acción lleva desde 2019 investigando la entrada ilícita de residuos. Según esta organización, es el Gobierno regional el que propició esta situación al retirar en 2021 la creación de una tasa específica de vertedero, como sí tienen otras comunidades autónomas, lo que hace extremadamente rentable para empresas de otras zonas de España y del extranjero llevar allí sus restos urbanos.

Según explica Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción de Cuenca, verter basura en los vertederos italianos cuesta alrededor de 400 euros por tonelada, y hacerlo en Francia, son unos 250. En España, sin embargo, las cifras están muy por debajo. En enero de 2023 se introdujo un impuesto nacional cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas que grava cada tonelada llevada a vertedero con entre 15 y 40 euros, en función del tipo de residuo. Las comunidades autónomas tienen la opción de incrementar todavía el impuesto para aumentar la recaudación e invertir el sobrante en mejorar sus sistemas de basuras, pero Castilla-La Mancha ha optado por no hacerlo. 

"Evidentemente no poner una tasa mayor es una decisión política. En Cataluña cobran hasta 65 euros por tonelada, en Aragón tienen una tasa extra de 31 euros por tonelada… y aquí cero euros. Para mí la explicación es clara, tienen montada una economía basada en hacerse cargo de la basura de los demás, y poner un impuesto sería tirar piedras contra su propio tejado", opina Arribas. "Eso explica que en una zona donde no hay prácticamente industria tengamos el mayor vertedero de España", añade.

En realidad, el Gobierno manchego preparaba en 2021 la creación de un tributo por depósito en vertedero en su Ley de Economía Circular, pero una enmienda en una ley presupuestaria aprobada a finales de ese año eliminó el párrafo que hacía mención a ese gravamen, lo que Arribas entiende que fue "eliminado por la puerta de atrás".

La diferencia entre las tasas de vertedero españolas e italianas es tan grande que la trama italiana que operaba en Cuenca y Tarragona ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años, según la Guardia Civil. Ese dinero provendría de la diferencia entre lo que cobrarían a las autoridades italianas por hacerse cargo de la basura, y el coste real de deshacerse de ella en vertederos españoles.

El problema es que esos residuos, entre los que hay productos tóxicos y contaminantes, entraban en España con una documentación falsa que garantizaba que esa basura sería separada en una planta de tratamiento para dar una segunda vida a los materiales de alto valor. Sin embargo, eran directamente enterrados en el vertedero de Almonacid del Marquesado y en otros puntos de España. 

La organización ecologista fue la que dio la voz de alarma tras denunciar el pasado mes de septiembre que la planta, gestionada por Grupo Griñó, una empresa catalana, recibía camiones de basura que directamente volcaban la carga en el vertedero sin pasar por la planta de valorización de residuos. En inspecciones de 2020 y 2021, los activistas directamente se encontraron con que en el interior de la planta no había maquinaria para separar la basura.

Según la Guardia Civil, los residuos viajaban en barco desde Italia hasta el puerto de Tarragona, y de ahí se distribuían a los vertederos de Lleida, Constantí y Riba Roja D´Ebre y Almonacid del Marquesado. En total, habrían llegado más de 40.000 toneladas de residuos italianos a estas plantas. En un comunicado, el grupo catalán explica a infoLibre que se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar y "confía en que el asunto quedará aclarado lo antes posible". "La compañía siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad", añaden.

El Grupo Griñó, que estaría detrás de las cinco empresas que fueron registradas este martes por la Guardia Civil, lleva años en el punto de mira del tráfico de basuras. En un documental publicado en junio de 2023 por TV3 sobre la importación de residuos se apuntaba a que esta compañía estaba importando basura gestionada por la mafia italiana, aunque Joan Griñó, presidente ejecutivo de la compañía, afirmó en esa cinta que esas acusaciones formaban parte de la "rumorología" del sector y que ellos no tenían constancia. En ese mismo documental, Carlos Astrain, comandante de la Guardia Civil - Seprona, confirmó que detrás de las empresas que se dedican a exportar basura de Italia está la mafia italiana: "Según los estudios que nos trasladan los compañeros italianos, todo apunta a que sí". 

Al margen de esta operación, Ecologistas en Acción también cree que otros vertederos españoles estarían acogiendo residuos importados con documentación ilegal. La planta Pantoja, en Toledo, también pertenece al Grupo Griñó y Carlos Arribas cree que estaría funcionando con el mismo sistema que la de Almonacid del Marquesado. En Aragón, otro equipo de la misma ONG lleva años denunciando que la comunidad está tratando muchísimos más residuos de los que puede generar, y tienen ejemplos recientes, como la Operación Blanzar, de que el tráfico de residuos está presente en la región. En ese caso, la Guardia Civil destapó una red que envió 190 camiones con unas 6.000 toneladas de residuos desde Burdeos (Francia) hasta la planta de Rinza (Zaragoza).

Jesús Maestro, miembro de Ecologistas en Aragón, explica que en 2022, los últimos datos disponibles, su región gestionó 7,5 millones de toneladas de residuos, de las que 4,5 toneladas eran de fuera, ya sea otras comunidades autónomas o del extranjero. "Si comparamos lo que cuesta aquí verter una tonelada con los 250 euros que cuesta en Francia, evidentemente les merece la mena traer los camiones hasta Zaragoza. Ya le hemos pedido al Gobierno regional que incremente las tasas para equipararlas al menos a otras comunidades como Cataluña, pero se niegan porque no quieren que ese coste repercuta en las empresas de la zona", dice Maestro.

En la ciudad polaca de Wschowa, no lejos de la frontera alemana, el negocio de extracción de arena de un empresario llamó la atención de las autoridades después de que los vecinos se quejaran del fuerte olor proveniente de aquellos terrenos. Los documentos judiciales demuestran que Zbigniew T. no hizo su fortuna vendiendo arena, sino enterrando miles de toneladas de residuos ilegales procedentes de Alemania y Polonia occidental. Los pozos de arena y grava que explotaba su empresa tenían varios cientos de metros de profundidad y, según la Fiscalía, se llenaron con casi medio millón de metros cúbicos de residuos, suficientes para llenar unos 5.000 camiones grandes.

"Hay plásticos (fragmentos de película de diversos tamaños), fragmentos de envases de queso, tapones, envases vacíos de cosméticos", declaró un inspector medioambiental que tomó una muestra del vertedero subterráneo. Entre los residuos había facturas de transporte de una empresa de Alemania que demostraban que enviaba a Polonia plástico mezclado con escombros con el código 170504, correspondiente a “suelo y tierra”.

El caso en el que están implicados Zbigniew T. y otras 22 personas, entre ellas un inspector de medio ambiente que presuntamente cooperó con la banda, sigue su curso. Pero es uno de los pocos que llegan a los tribunales.

Con el aumento de la producción de residuos plásticos –los europeos produjeron una media de casi 35 kilos cada uno en 2020, un 23% más que en 2010­– y el cierre de las rutas internacionales de eliminación de basura, la delincuencia relacionada con los residuos en Europa es un problema creciente. Los Estados de la Unión Europea (UE) carecen de recursos para perseguir a los delincuentes, mientras que los sistemas y la recogida de datos a escala comunitaria son a menudo ineficaces.

El precio que pagan por tonelada de residuos ilegales quienes quieren deshacerse de ellos en Europa occidental oscila entre 30 y 50 euros en Polonia. Esta cantidad es mucho más pequeña que los 300 euros por tonelada que llega a valer la utilización de rutas legítimas de reciclaje en Alemania. Depositar los residuos en un vertedero en el Reino Unido puede costar 113 euros por tonelada, más del doble que en Polonia, Rumanía, Bulgaria o Croacia, donde abundan los vertederos ilegales. Italia y el Reino Unido se han visto obligados recientemente a retirar la basura encontrada en vertederos ilegales en Polonia, mientras que la empresa alemana implicada en el caso de Zbigniew T. no ha tenido que hacer frente a tales exigencias.

Entre 2017 y 2018, Europa del Este se convirtió en un punto caliente de vertido ilegal de residuos, en muchos casos literalmente. Solo en 2018 ardieron más de 130 vertederos en Polonia. Hasta la fecha, en toda Polonia, menos de 10 personas han sido condenadas por incendios provocados.

"Todo empezó en 2018, cuando China cerró su mercado. Otros países, como Malasia, Filipinas, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Túnez, Turquía, Marruecos y Egipto se vieron de repente presionados para aceptar más residuos", explica Piotr Barczak, experto en economía circular de la Asociación Residuos Cero de Polonia.

Públicamente, las autoridades polacas presumen de que cada año se realizan cientos de inspecciones de traslados de residuos. Pero sólo una mínima parte llega a los tribunales. Los inspectores de medio ambiente de Varsovia o los de Lisboa o Atenas tienen clara la razón: a los fiscales no les gustan los asuntos de residuos. Los casos son arduos, los recursos limitados y las condenas bajas. Las penas máximas de prisión en Europa rara vez superan los cinco años. La máxima en España es de dos años. Una excepción es Eslovenia, que tiene una de las legislaciones más duras: el contrabando y el vertido ilegal de residuos se castigan con hasta 12 años de cárcel.

La incapacidad de Europa para atajar el comercio ilegal de residuos se debe en parte a la incoherencia de la legislación acordada en Bruselas. Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea que trabajó durante décadas en temas de residuos, sostiene que "la legislación europea sobre delitos medioambientales es muy indulgente con los infractores, a los que considera 'agentes económicos'. Los delitos contra el medio ambiente se consideran menores. En la mayoría de los casos, los procedimientos contra ellos no prosperan en los tribunales porque la ley dificulta la prueba de los delitos".

Piotr Barczak está de acuerdo: "Lo peor es que hay penas pequeñas para estos delitos de residuos. Ahora el Ministerio polaco promete 10 años de cárcel por transporte ilegal de residuos”. En todo caso, considera que “las penas no disuadirán a los delincuentes de actuar".

El escaso impacto de la legislación se describe en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, que ofrece una evaluación negativa de la eficacia del actual Reglamento sobre traslados de residuos:

Muchos países carecen de personal suficiente para realizar inspecciones y, cuando éstas se llevan a cabo, suelen centrarse en las drogas o el alcohol, según un experto en traslados de residuos de IMPEL, red de inspectores nacionales de medio ambiente de Europa dirigida por voluntarios.

Sólo 22 personas trabajan en el departamento de traslados transfronterizos de residuos de Polonia. El Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos (MITECO) de España tiene seis empleados dedicados a estas cuestiones. En Noruega, la Dirección de Medio Ambiente tiene cuatro empleados que trabajan en los certificados de exportación de residuos y 30 como inspectores, encargados de supervisar nueve leyes con un total de 22 reglamentos. Dieciocho empleados se encargan de supervisar los traslados de residuos de Francia.

La Inspección General de Portugal abarca los delitos medioambientales, pero también el control de la agricultura, la gestión marítima y la ordenación del territorio, consecuencia de una revisión de la Comisión Europea (junto con el FMI y el BCE) del rescate financiero del país tras la crisis de deuda de 2011 que llevó a fusionar varios organismos de inspección. Ahora solo 30 inspectores trabajan en temas medioambientales. Los salarios también son bajos en comparación con otros funcionarios. En Portugal, los altos funcionarios ganan menos de 3 800 euros al mes. El mismo problema existe en Polonia, donde los inspectores se marchan a buscar trabajos mejor pagados en el sector privado.

"La escasez de personal es un problema general y extendido. No tenemos personal suficiente para realizar más inspecciones cuantitativas y cualitativas", lamenta el funcionario de IMPEL.

Las inspecciones cualitativas son más difíciles porque la mayor parte del comercio de residuos se basa en documentos en papel. No existe una única base de datos electrónica de residuos para Europa y algunos Estados siguen sin publicar sus registros de permisos de gestión de residuos.

A menudo varias instituciones se encargan de controlar los traslados de residuos al mismo tiempo: inspectores de medio ambiente, policía, funcionarios de Hacienda y autoridades aduaneras y de transporte. Un informe de Interpol de 2020 advertía de que "debido a las limitaciones en las competencias de investigación, las investigaciones sobre delitos relacionados con los residuos pueden estar dispersas entre distintas autoridades".

La comunicación entre los Estados de la UE en materia de residuos no es fácil, pues no existe un sistema común que permita cruzar los datos de varios países. El Reino Unido utiliza un sistema llamado IWS Online para controlar los traslados de residuos, mientras que el MITECO español –al igual que Portugal o Polonia– tiene un sistema vinculado a las aduanas. "La falta de trazabilidad internacional dificulta los esfuerzos por identificar el origen, el destinatario y otras pistas de investigación", añade el informe de Interpol.

Para mejorar esta situación, la UE ha creado IMSOC, un sistema de gestión de la información procedente de las inspecciones oficiales. Ya contiene bases de datos sobre alimentos y piensos inseguros y sobre enfermedades animales. Sin embargo, la introducción del sistema IMSOC para el control de residuos va despacio. Su uso no es obligatorio, pero lo será tras la introducción del nuevo Reglamento de la UE sobre traslados de residuos.

La Comisión Europea afirma que "los sistemas de control/inspección divergentes y la falta de criterios de inspección armonizados, en particular la frecuencia y la calidad de las inspecciones, socavan la aplicación uniforme del Reglamento" comunitario, indicando que "una de las principales razones de la persistencia de los traslados ilegales de residuos es la falta de aplicación uniforme de la ley en toda la UE".

Desde 2016, la Unión Europea ha financiado al menos tres proyectos para combatir el traslado ilegal de residuos. En gran medida, son una colección de kits de herramientas de capacitación, información normativa y tendencias actuales sobre residuos ilegales. Sin embargo, SWEAP –Proyecto de Acciones de Cumplimiento de Traslado de Residuos por sus siglas en inglés– podría proporcionar a los inspectores un valioso apoyo digital, ya que planea lanzar una herramienta de seguimiento de residuos basada en GPS.

"Hasta ahora hemos elaborado un manual para las autoridades sobre cómo utilizar los rastreadores, y para algunos países hemos encargado y entregado rastreadores", afirma un portavoz. "Todavía no se han empleado, así que de momento no tenemos resultados".

El nuevo Reglamento sobre traslado de residuos está sobre la mesa legislativa desde diciembre de 2022. Podría entrar en vigor a principios de 2025, con sanciones más fuertes y medidas para abordar las diferencias de interpretación y aplicación en toda Europa.

Para los inspectores de medio ambiente sobre el terreno en Polonia, sin embargo, localizar operaciones ilegales de residuos sigue siendo un reto. "A veces nos llama la policía medioambiental", comenta un inspector. "Pero somos un órgano administrativo, llevamos a cabo procedimientos administrativos, no investigaciones penales. Lo primero que nos suelen decir los abogados de las empresas inspeccionadas es que no tenemos base legal para acudir a la inspección. Si se demuestra que abusamos de nuestros poderes, todos nuestros hallazgos carecen de validez. La normativa es débil".

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Editor: Chris Matthews

Kenneth Bruvik lleva años recogiendo residuos plásticos en la costa occidental noruega. De pie en la orilla, una fría mañana de abril, recuerda la primera vez que llegó a la pequeña playa de las afueras de Bergen. "Lloré", dice, recordando la visión de toneladas de botellas, bolsas y otros plásticos de un solo uso amontonados entre las rocas. Montones de ellos convertidos en trozos tan pequeños que se pegaban como purpurina a sus zapatos.

Irónicamente, en su mayor parte no son residuos noruegos, donde el sistema de recogida de plásticos funciona bien, pero eso no sirve de mucho si otros siguen contaminando. Una parte del plástico procede de Asia, otra de Norteamérica. Pero la mayoría procede de Europa. "A todos los que producen estas botellas de un solo uso: ¡basta ya!", insta, de pie sobre un montón de basura de botellas de plástico.

Unos miles de kilómetros más al sur, en una planta de recuperación de residuos al norte de Atenas, los trabajadores se afanan en abrir contenedores de basura. Los residuos plásticos que hace tres años iban en cargamentos amarillos por Alemania afloran ahora en Grecia (antes se enviaban a Turquía para su reciclaje). Treinta y siete contenedores llevan atascados en el puerto del Pireo desde finales de 2021, tras los intentos fallidos de Turquía de enviarlos a Vietnam. "Es basura imposible de reciclar", afirma Yannis Polychronopoulos, propietario de la empresa que se encargó de vaciar los contenedores.

Europa se muestra incapaz de hacer frente al creciente problema del plástico. Los océanos y las costas están contaminados, abundan los vertederos ilegales y las incineradoras peligrosas. Mientras por las instituciones comunitarias en Bruselas y los consejos de administración de las multinacionales circulan las promesas de reciclaje y reutilización, la investigación realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe revela cómo los planes de Europa para el plástico están fallando y su economía circular está haciendo agua. infoLibre es el único medio español que participa en este proyecto internacional [puedes leer aquí todos los artículos que se van publicando de esta serie de investigación].

Desde las tarrinas de yogur y los cartones de leche hasta los botes de champú y los tubos de dentífrico, los europeos producen una media de 35 kilos de residuos de envases de plástico al año. Y la tendencia va en aumento. Según la OCDE, el consumo de plástico se triplicará de aquí a 2060. En contra de lo que muchos suponen, la mayoría de los envases no se reciclan. En su lugar, acaban en vertederos o en incineradoras potencialmente tóxicas. Se calcula que como mucho se recicla el 40% de los envases de plástico que se generan en Europa.

"Tenemos que acabar con la ilusión de que estas cosas se reciclan", afirma Nusa Urbancic, directora de campañas de la fundación internacional Changing Markets. "Es una sensación muy diferente cuando sabes que el plástico en el que has comprado cosas no se recicla, sino que acaba en un vertedero o siendo incinerado".

Dadas las limitaciones y la falta de reciclaje, sigue habiendo una enorme demanda de plástico virgen (no reciclado), lo que acarrea consecuencias dramáticas. El plástico se fabrica con petróleo y gas, combustibles fósiles que impulsan la crisis climática. Investigadores de Estados Unidos predicen que la producción y eliminación de plástico causará el 15% de las emisiones mundiales de CO2 en 2050. Se está acelerando así una catástrofe medioambiental sin precedentes. Estudios europeos y estadounidenses han calculado recientemente que cada año llegan a los océanos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. En 2030 podría ser el doble, si los políticos, las empresas y los ciudadanos no actúan.

Ya en 2015, la UE presentó un plan de acción para una economía circular. El entonces vicepresidente de la Comisión y ahora comisario de Acción por el Clima, Frans Timmermans, se comprometió a "cerrar el círculo". En el futuro, materias primas como el plástico deberían circular sin fin. De la fábrica al supermercado, luego a la mesa, al cubo de la basura y de nuevo a la planta de reciclaje. La última de una serie de iniciativas de la UE para frenar nuestra locura por el plástico era la más audaz hasta la fecha.

Pero, tal y como demuestra la investigación de Investigate Europe e infoLibre, los esfuerzos por construir una economía circular están fracasando. Los periodistas, que han visitado plantas de reciclaje, incineradoras y vertederos desde Portugal a Francia pasando por Grecia o Polonia, han descubierto lo siguiente:

Durante mucho tiempo, los países europeos gestionaron sus residuos plásticos lejos de la vista, oficialmente para ser reciclados. Pero desde que países asiáticos, sobre todo China, prohibieron esas importaciones en 2018, ahora viaja por Europa mucho más plástico usado. A pesar de las lagunas en los datos oficiales, los países de la UE enviaron 2,5 millones de toneladas de residuos plásticos de un lado a otro en 2021. Estos residuos a menudo no terminan en plantas de reciclaje, sino en vertederos ilegales.

Polonia, descrita por algunos como el "vertedero de Europa", es un punto especialmente conflictivo. En la ciudad de Wschowa, no lejos de la frontera alemana, el negocio de extracción de arena de un empresario llamó la atención de las autoridades después de que los vecinos se quejaran del fuerte olor que salía de aquellos terrenos. Los documentos judiciales muestran que Zbigniew T. (no se puede utilizar su nombre completo), no hizo su fortuna vendiendo arena, sino enterrando miles de toneladas de residuos ilegales procedentes de Alemania y Polonia occidental. Sus beneficios ascendieron a millones de zlotys (no gravados por Hacienda).

Los pozos de arena y grava explotados por su empresa tenían varios cientos de metros de profundidad, y los fiscales sostienen que estaban repletos de casi medio millón de metros cúbicos de residuos, suficientes para llenar unos 5.000 camiones grandes.

Uno de los mayores juicios por vertidos ilegales de Polonia sigue su curso, pero la empresa alemana cuyos residuos se descubrieron allí no ha sido visitada hasta ahora por los inspectores. El Reino Unido sí se vio obligado en 2020 a retirar cientos de toneladas de residuos que se habían enviado ilegalmente a Polonia. Italia, también un hervidero del comercio ilegal de residuos, se ha enfrentado a demandas similares.

El precio recibido por tonelada de residuos ilegales procedentes de Occidente fluctúa entre 30 y 50 euros en Polonia, mucho más barato que seguir rutas legítimas hacia instalaciones de reciclaje en Alemania, que pueden tener un coste de 300 euros por tonelada. Depositar los residuos en un vertedero del Reino Unido puede costar 113 euros por tonelada, más del doble que en Polonia, Rumanía, Bulgaria o Croacia, donde han surgido vertederos ilegales en los últimos años.

El caso de Zbigniew T. es de los pocos que terminan en los tribunales. Las autoridades dan publicidad a cientos de inspecciones, pero sólo unas pocas docenas de casos relacionados con los residuos llegan cada año a las fiscalías de Polonia, un país de 38 millones de habitantes.

Las investigaciones son con frecuencia esfuerzos ingratos y costosos. Las sanciones son pequeñas y las posibilidades de atrapar a los verdaderos responsables, escasas. La lista de problemas a los que se enfrentan los inspectores es larga: los Estados miembros de la UE clasifican los residuos de forma diferente, no hay estándares de inspección, faltan datos fiables y no existe un intercambio electrónico centralizado de información.

Las autoridades de inspección suelen carecer de personal suficiente. Portugal sólo cuenta con 30 inspectores encargados de investigar los delitos ambientales en el país. Cubren todo el territorio, visitan los centros de producción, comprueban los vertederos y controlan las fronteras nacionales. Sus sueldos son bajos en comparación con los de otros funcionarios, y los altos cargos cobran menos de 3.800 euros al mes. El mismo problema existe en Polonia, donde los inspectores se marchan a buscar empleos mejor pagados en el sector privado.

Para intercambiar información clave, la UE quiere utilizar el Sistema de Gestión de la Información para Controles Oficiales (IMSOC). Ahora ya contiene información sobre alimentos o piensos no seguros, pero lo utilizan pocos países. La Comisión Europea quiere endurecer las normas para impedir el comercio ilegal de residuos entre Estados, con un Reglamento revisado sobre traslados de residuos, cuya aprobación está prevista para 2025.

En los últimos años, la UE ha financiado varios programas para ayudar a los Estados miembros a gestionar los residuos, pero el impacto ha sido mínimo. Mientras tanto, la Operación Demeter, que persigue todo tipo de residuos peligrosos ilegales a escala mundial con acciones ad hoc también en la UE, decomisó casi 4.000 toneladas de residuos durante su última campaña en octubre.

Mientras las operaciones ilegales quedan en gran medida sin control, los productores y envasadores siguen contribuyendo a agravar el problema de los residuos plásticos en Europa. Las marcas que envuelven sus productos en plástico desempeñan un papel fundamental en el proceso de gestión de residuos. Pero no tienen ningún incentivo poderoso para reducir el uso de plástico virgen.

Y ello a pesar de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), un mecanismo que supuestamente hace pagar a los contaminadores por todo el ciclo de vida del producto, desde la producción al consumo, la recogida y el reciclaje en materia prima para fabricar nuevos plásticos.

Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos pusieron en práctica este noble principio a finales de la década de los noventa del siglo pasado, pero se centraron en la parte correspondiente al final de la vida útil. Cuando la Comisión Europea retomó el concepto de la RAP en su Directiva de Residuos de 2008, también instó a los gobiernos a "mejorar el diseño de los productos para reducir su impacto ambiental": el 80% de la reciclabilidad de los envases se produce en la fase de diseño.

Pero no había objetivos obligatorios ni sanciones para quienes utilizaran diferentes plásticos en un mismo envase, haciéndolo así imposible de reciclar. "Durante 20 años han faltado acciones para prevenir los residuos. En su lugar, nos hemos concentrado totalmente en el reciclaje", afirma Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de economía circular de la Comisión Europea.

La principal organización noruega de productores premia a las empresas que reducen voluntariamente los envases. Pero esta no es la pauta general europea.

Las organizaciones que gestionan la responsabilidad ampliada del productor, a menudo entidades sin ánimo de lucro controladas por la industria y conocidas en el sector como SCRAP (sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor), son las teóricas encargadas de que el sistema funcione. Los fabricantes de envases y las marcas que utilizan envases de plástico forman parte de estas organizaciones. Los miembros pagan una cantidad por el material que ponen en el mercado. Estratégicamente situadas entre los municipios que recogen los residuos y las empresas de reciclaje, son poderosos agentes en los sistemas de residuos plásticos. En España ese papel lo desempeña Ecoembes, cuyas actuaciones más polémicas desgranamos en este reportaje.

"Desde el punto de vista de la eficiencia, lo lógico sería tener un único lugar donde recopilar datos, cumplir los objetivos de reciclaje y gestionar las incineradoras", explica Janine Röling, de la ONG neerlandesa Recycling Netwerk. "Pero en realidad, los SCRAP se han convertido en grupos de presión que representan los intereses de los productores".

Las tarifas que pagan se calculan a partir de la cantidad de envases que ponen en el mercado al vender agua embotellada, refrescos o golosinas. El dinero se supone que financia la recogida municipal de residuos y ayuda a acelerar los procesos de reciclaje. Como los SCRAP suelen ser monopolios, tienen las de ganar en las negociaciones. Los ayuntamientos de toda Europa afirman que no se les compensa lo suficiente, lo que hace que los contribuyentes paguen parte de la factura [puedes leer aquí nuestro artículo sobre los SCRAP].

Citeo, la principal asociación de productores de Francia, cuenta entre sus miembros con los gigantes Coca-Cola, Danone, L'Oréal y Carrefour. El gobierno le obliga a sufragar el 80% de los costes de recogida y reciclaje que corren a cargo de las autoridades. Sin embargo, los ayuntamientos no suelen estar de acuerdo con el cálculo. Amorce, una asociación nacional de corporaciones locales, asegura que Citeo reembolsa como mucho el 40% de sus costes, lo que supone un déficit de financiación de 1.000 millones de euros anuales.

Los municipios noruegos también se quejan: "Pagamos más de mil millones de coronas noruegas [unos 88,6 millones de euros] al año por gestionar residuos de envases de plástico que deberían haber financiado los productores", denuncia Svein Kamfjord, director de Samfunnsbedriftene, organización que agrupa a las empresas públicas de residuos. Plastretur, la mayor empresa de residuos de Noruega, defiende en cambio que la compensación es correcta por ahora y "fruto de los acuerdos con los municipios". Sin embargo, Plastretur apoya la petición de los ayuntamientos de que las autoridades definan claramente cómo debe interpretarse en Noruega la nueva normativa de la UE sobre quién pagará qué, indica su director general, Karl Johan Ingvaldsen.

"El frade es un problema enorme", denuncia Joaquim Quoden, director general de Expra, la organización europea que aglutina a los diferentes SCRAP nacionales. "En algunos países es del 5% al 10%, en otros llega al 50%". En España, Ecoembes calcula que el fraude alcanza el 15%, aunque en el caso del plástico se eleva hasta el 20%.

Cuanto más plástico producen los fabricantes, más residuos hay que eliminar. Aunque la capacidad de reciclaje está aumentando, los residuos plásticos se envían cada vez más a plantas incineradoras. Esto se debe en gran parte al consumo cada vez mayor. Pero también es consecuencia de la prohibición de importar residuos plásticos impuesta por China en 2018. En los dos años siguientes, la cantidad de residuos incinerados en la UE aumentó un 39%.

"Aquí habrá un poco de olor", advierte al periodista el director de la única incineradora de Hungría, Tamás Jászay, abriendo una puerta del llamado búnker de residuos: de varios pisos de altura, es el vertedero de la basura de Budapest, de la que picotean las palomas antes de ser engullida por hornos de hormigón que arden a casi mil grados. Los cuatro hornos queman una media de 1.000 toneladas de plástico y otros residuos al día. Al final no queda más que la escoria que se llevan los camiones y el dióxido de carbono que sube silenciosamente por la chimenea.

El impacto ecológico de la incineración ha sido analizado recientemente por el toxicólogo holandés Abel Arkenbout, a quien varias ONG encargaron que investigara la posible contaminación en los alrededores de plantas de Francia, España, Lituania y la República Checa. El estudio de diciembre concluyó: "También se encontraron mayores cantidades de contaminantes orgánicos persistentes peligrosos en la vegetación cercana a las incineradoras".

Cerca de 500 plantas de toda Europa quemaron residuos domésticos en 2020, según la asociación del sector CEWEP. Las instalaciones emiten 300 kilogramos de residuos por tonelada de basura incinerada. Estas cenizas son a veces tóxicas.

En Alemania, las empresas de construcción reutilizan los residuos de la incineración para pavimentar nuevas carreteras. "Las cenizas de incineración de residuos no están bien allí", avisa el ingeniero medioambiental Peter Gebhardt. "No sólo en las carreteras, sino también en los vertederos, las empresas de eliminación vierten parte de los residuos. Contrariamente a lo que se suele afirmar, las incineradoras no suponen la eliminación de los vertederos".

Y cada vez son más. Hay planes para construir 39 nuevas incineradoras en Polonia. Hasta ahora, el país cuenta con 10. Podrían ser cofinanciadas por el Banco Europeo de Inversiones, que ha destinado 1.300 millones de euros a la construcción de nuevas incineradoras. En la República Checa se construirán cinco nuevas plantas.

La vida media de una incineradora es de unos 25 años, y algunos municipios que ya las tienen están obligados a suministrar una cantidad fija de residuos o se enfrentan a elevadas sanciones. En esos casos, la consecuencia es que los ayuntamientos tienen pocos incentivos para clasificar y reciclar los residuos de forma más exhaustiva. "Imagínese que separan obedientemente sus residuos y acaban siendo demandados", afirma Janek Vähk, que estudia estos temas para la ONG Zero Waste Europe.

Sin embargo, el negocio de la incineración amenaza con dejar de ser lucrativo a partir de 2028. La UE incluirá entonces las plantas en el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, obligándolas a pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las incineradoras seguirán quemando plástico en el futuro. Una de las razones es el propio envase.

En el límite sur del Parque Natural de Westhavelland, a una hora en coche de Berlín, Michael Stechert saca una bolsa de la compra de una bala de plástico de tamaño humano en el patio de la planta de reciclaje de Vogt. En la paca hay envases de gambas, botellas de Schweppes y envoltorios de caramelos.

Su empresa importa residuos de Francia, Países Bajos, Suiza y Noruega. El año pasado, 10.500 toneladas, casi el 10% de los residuos plásticos que recicla su planta, procedían de Noruega. "Este material es básicamente más limpio", dice Stechert. "A partir de ahí, intentamos reciclar tantas fracciones de residuos como sea posible".

La razón por la que a menudo sólo se puede reciclar una parte del plástico en plantas como ésta es el diseño. Una botella de ketchup o de champú, por ejemplo, puede estar compuesta por tres o cuatro tipos de plástico distintos. No pueden fundirse juntos, ya que tienen puntos de fusión diferentes. En consecuencia, sólo pueden incinerarse o enviarse a un vertedero.

Para “cerrar el ciclo” de verdad, hay que cambiar la composición de los envases. Pero hasta ahora está ocurriendo lo contrario. "La industria ha aumentado la cantidad de plásticos baratos flexibles y de varias capas", denunció la consultora Changing Markets en un informe reciente. En una carta abierta, varias ONG, entre ellas la Oficina Europea del Medio Ambiente y Zero Waste Europe, reclamaron "un diseño verdaderamente circular que prepare los plásticos para su reutilización y reciclaje".

La industria protesta por los objetivos obligatorios al respecto que propone la Comisión Europea. Pero aunque las medidas se impongan, eso no basta, afirma Helmut Maurer, antiguo experto en plásticos de la Comisión Europea. En su opinión, hay que aumentar el precio de los envases para reflejar su impacto climático y medioambiental, incentivando así a la gente a "producir la menor cantidad posible de residuos".

Maurer, y muchos como él, consideran que en última instancia el bucle de residuos soñado por la UE debe reducirse: "La verdadera respuesta debe ser evitar los residuos plásticos".

Ese sería el inicio del camino hacia una economía circular más pequeña, con menos producción y en la que se desperdiciaría menos plástico. Entonces, los trabajadores portuarios griegos no tendrían que deshacerse de cargamentos ilegales procedentes de Alemania, y Kenneth Bruvik podría pasear por la costa noruega sin tener que esquivar restos de plástico.

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Edición: Ingeborg Eliassen, Chris Matthews y Elisa Simantke.

El dispositivo de búsqueda del cuerpo del trabajador Joaquín Beltrán, sepultado bajo los escombros tras el colapso del vertedero de Zaldibar en febrero de 2020, rastrillará a mediados de mayo la última zona caliente, en la que se encontraba el vehículo del operario cuando se produjo el derrumbe, según las previsiones del Gobierno Vasco. Fuentes del Ejecutivo han precisado que, en caso de no localizarse en esa zona, cesarían las labores de localización del operario, según informa Europa Press. 

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado por al vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha supervisado este miércoles los trabajos de emergencia que el Gobierno Vasco viene desarrollando desde febrero del 2020, tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que quedaron sepultados dos trabajadores, Alberto Sololuze, cuyos restos se localizaron el pasado mes de agosto, y Joaquín Beltrán.

Según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, en lo que respecta a la búsqueda de Joaquín Beltrán, en obra se trabaja con la previsión de que a mediados de mayo el dispositivo de búsqueda pueda estar rastrillando la última zona caliente: la fase 4 del desmonte, zona en la que se encontraba el vehículo de Beltrán con las llaves puestas y el motor en marcha cuando fue arrastrado en el derrumbe a una distancia de unos 100 metros ladera abajo.

Fuentes del Ejecutivo han precisado que se trata de la última zona en la que considera que puede aparecer, por lo que, si no se localiza, cesarán las labores de búsqueda del trabajador.

Por lo tanto, ha indicado el Ejecutivo, todas las expectativas están puestas en este último espacio en el que se rastrillarán 15.000 metros cúbicos de residuos. Se trata del área más geotécnicamente comprometida de todo el vertedero por encontrarse a pie del dique y ser el lugar con mayor cota de material desprendido sin una mínima compactación.

La dificultad para acceder al área objetivo radica en que no resulta posible realizar un corte directo en la masa de residuo desprendida y se debe retirar el material partiendo desde zonas superiores a una distancia considerable y construyendo pistas manteniendo las pendientes máximas que evitan posibles desprendimientos, han precisado desde el Gobierno Vasco.

Otra incertidumbre es la de las condiciones específicas de la zona, especialmente en lo referido a la temperatura alcanzada, tanto en el momento del desprendimiento como posteriormente por la posible presencia de lixiviados cuya medición en otras áreas ha reflejado registros de aproximadamente 70 grados.

En las tareas llevadas a cabo recientemente en la zona del lavarruedas los técnicos del operativo "comprobaron asombrados el desgaste en las estructuras de hormigón como consecuencia de la fricción y las altas temperaturas alcanzadas en el momento del accidente", han precisado.

Además de acercarse al área objetivo, los esfuerzos se centran actualmente en estabilizar, compactar y conformar el depósito de residuos DS1 para que, una vez sellado, la forma del vertedero derive las aguas pluviales limpias que caigan encima a las cuentas perimetrales evitando la contaminación de agua y la generación de lixiviado.

Operativo de búsqueda

Hasta el día de hoy se han movilizado más de 700.000 m3 de residuos y rastrillado más de 400.000 m3, precisamente los referidos a las zonas prioritarias de búsqueda, en función de la última localización de Joaquín Beltrán segundos antes del derrumbe.

Efectivos de Emergencias del 112-Sos Deiak y de la Ertzaintza se han encargado de extraer y analizar "minuciosamente" cada metro cúbico de material de búsqueda desalojado. Según ha indicado el Gobierno Vasco, es un trabajo "muy complejo y que entraña mucha dificultad", que está requiriendo el apoyo de la Unidad de Policía Científica y la sección de caninos de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

El juicio previsto para este martes en la Audiencia Provincial de Madrid contra los responsables de un vertedero ilegal en Valdemingómez por un incendio que se declaró en junio de 2015 se ha suspendido al no presentarse en la vista oral uno de los acusados, según informa Europa Press.

El incendio, que duró 17 días, se originó en terrenos situados en la zona de la Cañada Real-Camino de la Leña, entre el distrito de Vallecas y Rivas Vaciamadrid. Cuando se inició el fuego, el Ayuntamiento de Rivas Vacimadrid acudió a la Fiscalía de Medio Ambiente para alertar de la situación. En los terrenos de este vertedero ilegal se levantaban varios metros de basura y escombros. A pesar de haber sido denunciados los responsables en innumerables ocasiones por la Policía Municipal de Madrid, continuaron con su actividad.

En la causa está personada como acusación popular Ecologistas en Acción. La asociación ecologista sostiene que la combustión de materiales y consiguiente contaminación pudieron ser constitutivos de los delitos de contaminación y de acumulación de residuos peligrosos.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía de Medio Ambiente les imputa un delito continuado de usurpación del artículo 245.2 y 74 del C.P, así como un delito contra el medio ambiente del artículo 325 y 326 a) del Código Penal vigente en el momento de los hechos.

Del primer delito se acusa a ambos solicitándose la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 25 euros. Mientras que solo uno de ellos se le imputa el segundo delito, por el que se le piden 6 años de cárcel.

Los acusados deberán responder conjunta y solidariamente en la cantidad de 3 millones de euros al que asciende el coste de la restauración el medio natural dañado, a realizar por la Consejería de Medio Ambiente. Procede la restitución de las parcelas usurpadas a sus propietarios tras su restauración.

Acumulación de basuras

Desde 2008 se vinieron desarrollando actividades de acumulación de vertidos de residuos de construcción y demolición, junto con otros de carácter peligroso, en varias parcelas de la zona referida, sin ningún tipo de licencia, que llegaron a alcanzar una altura de 12 metros y un volumen de 275.000 metros cúbicos de residuos.

Los dos acusados, como titulares de la Sociedad Limitada Recuperación de Chatarra Valdemingómez, recibían los residuos en una parcela alquilada, cobrando 20 euros o entre 40 y 50 euros, dependiendo del tipo de camión pequeño o grande. Posteriormente distribuían los materiales mezclados entre nueve parcelas colindantes de diferentes titulares, sin ningún tipo de conocimiento, autorización o permiso de actividad de los mismos.

Neumáticos, material inflamable, telas asfálticas, aislantes de tejados y de frigoríficos, envases de lubricantes, residuos plásticos y tóxicos, acabaron ardiendo o en combustión interna, con el consiguiente peligro de toxicidad para el vecindario citado durante 17 días de junio, con grandes columnas de humo que tardaron en remitir quince días.

Todo ese tiempo los vecinos se vieron encerrados en sus edificios, por las evidentes molestias derivadas de la combustión de productos contaminantes, con las ventanas cerradas y la imposibilidad de hacer vida fuera de sus domicilios. Fueron necesarios esfuerzos ingentes de material y bomberos, para controlar las llamas aunque, y a pesar de las 24.000 toneladas de áridos y los 890 camiones para inertizar el terreno, la combustión, y por consiguiente el humo y las molestias, se prolongaron hasta el mes de diciembre de ese año.

El incendio produjo un foco de emisiones contaminantes al aire. De este modo, durante las mediciones efectuadas durante el incendio, la emisión de gases al aire fue diaria pero solo en un momento puntual se superó el límite de permanencia en el vertedero para 15 minutos. La zona afectada, se encuentra dentro del Parque Regional del Sureste-cursos bajos del Manzanares y el Jarama y Zona de Especial Protección de Aves.

Italia llevaba décadas exportando basura a países de Europa del Este. Aunque podría hacerlo de forma legal, no es lo que le interesa a la mafia: el beneficio es mucho menor. Sus países favoritos como receptores de residuos son Bulgaria y Rumanía. Por cuatro buenas razones. La primera, que ambos pertenecen a la UE, por lo que las formalidades aduaneras se reducen al mínimo para los cargamentos que también proceden de estados comunitarios. También son países corruptos en los que se puede comprar casi todo por el precio adecuado. Además, el nivel de control aplicado por las autoridades es bastante limitado. Finalmente, eliminar los desechos en Bulgaria y Rumanía es mucho más barato que en Italia.

Así que muchas empresas italianas trabajan con otras rumanas y búlgaras. Y algunas de ellas están relacionadas con los Accarino, una familia que lleva décadas involucrada en el contrabando de residuos, como demuestra la investigación desarrollada por la revista italiana Espressoy los socios en Rumanía y Bulgaria (RCJI/TBS) del consorcio European Investigative Collaborations (EIC), cuyo medio colaborador en España es infoLibre.

En octubre del año pasado, Mario Accarino fue detenido en Italia por la Policía Antimafia junto con otros sospechosos de haber montado una gran red de tráfico ilegal de basuras. Según los carabinieri del grupo de protección del medio ambiente de Milán, la banda de traficantes desmantelada había acumulado más de 24.000 toneladas de desechos en vertederos ilegales repartidos por todo el norte de Italia, algunos en los alrededores de Milán, otros entre Varese y Como, algunos más en el Piamonte y cerca de Verona. Entre los 16 detenidos por orden de la Dirección Antimafia del Distrito se encontraba también Antonio Foti, que ya ha cumplido una condena por sus relaciones con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, y que, junto con sus hijos Giuditta y Luciano, lleva años invirtiendo en el negocio de la basura. Un testigo citado en el sumario judicial declaró que Tecnobeton, una empresa propiedad de Foti, envía los residuos a Bulgaria. “Están triturando [basura] a toda máquina. Su ruta siempre es hacia Bulgaria”, explicaba por teléfono un camionero que fue interceptado por la policía. Otra pista que lleva a los Balcanes es la de Mario Accarino quien, junto con su hija Laura y su sobrino Francesco, también acabó en la red de los carabinieri.

Mario Accarino, de 61 años, controla la empresa búlgara Acar Eco, de la que también es accionista Avni Kadir Musein. Su hermano Kadir Avni Kadir fue detenido en 2012 por tráfico de cocaína a Italia. En la investigación policial el turco figura sin embargo bajo el nombre de Krassimir Zlatanski, con el que se inscribió en el Registro civil búlgaro en 2008. Contactado por teléfono por EIC, Zlatanski/Kadir confirma que conoce a Accarino y explica que la empresa Acar Eco, en parte propiedad de su hermana, tiene como objeto social la importación de chatarra desde Italia, pero que actualmente está inactiva. A pesar de los problemas judiciales del pasado, Zlatanski no ha cortado los lazos con Italia. Una pequeña empresa comercial en Milán está registrada a su nombre. “Pero no tengo nada que ver con los negocios de Accarino”, protesta. Junto a su hermano Salvatore, fugitivo quizá en el norte de África, Mario Accarino colecciona detenciones y condenas por delitos medioambientales. En 2019, a los dos traficantes de residuos se les confiscó un patrimonio millonario que incluía 27 propiedades y 28 cuentas corrientes y cajas de seguridad en Italia y Suiza.

La red italiana de los Bobokov

Pero, por muy ricos que sean, los Accarino no pueden compararse con los hermanos Atanas y Plamen Bobokov, dos de los empresarios más ricos de Bulgaria, que acumulan un patrimonio valorado en cientos de millones de euros. Los Bobokov también han acabado acusados de tráfico ilegal de residuos y su historia, como la de los Accarino, se desarrolla al menos en parte entre Italia y los Balcanes. El caso hizo sensación en Sofía, ya que los dos empresarios se habían forjado una reputación de intocables por sus múltiples relaciones en el mundo de la política. Todo se derrumbó a finales de mayo del año pasado, cuando la pareja acabó en la cárcel acusada de haber desechado ilegalmente al menos 7.000 toneladas de materiales de diversa índole, incluidas sustancias tóxicas, en varios lugares del país balcánico. La historia, de nuevo, conduce al norte de Italia.

En efecto, hace tres años, el grupo Monbat, controlado por los hermanos Bobokov, se hizo con la italiana Piombifera, con sede en La Spezia y planta en Macrobio, cerca de Brescia. La empresa recicla baterías agotadas extrayendo el plomo que luego transporta a la planta búlgara de Monbat para reutilizarlo como materia prima. Los magistrados de Sofía sospechan que los empresarios investigados también han ocultado residuos procedentes de Italia en vertederos ilegales. “No sabemos nada al respecto”, contesta sin embargo Paolo Pofferi, director general de la Piombifera italiana, que ya en 2019 devolvió a la empresa emisora un cargamento irregular que procedía de Eslovenia.

En cualquier caso, el nombre de Pofferi no es nuevo. Hace unos 30 años, el empresario originario de La Spezia, nacido en 1947, fundó una fábrica de todoterrenos en Nusco que tuvo una vida muy corta: cerró sus puertas a los tres años. Pofferi, abrumado por una serie de quiebras, acabó en el centro de una de las numerosas investigaciones abiertas sobre el despilfarro de dinero público que se utilizó para reconstruir la ciudad de Irpinia, en el sur de Italia, tras el terremoto que sufrió en 1980. También fue acusado de enterrar en Nusco residuos contaminantes de las empresas que poseía en el norte. “Un proceso muy largo, pero al final fui absuelto”, explica el socio italiano de los Bobokov, que dirige la Piombifera italiana junto al empresario Giovanni Grazzini, recién nombrado comisario de Forza Italia en la ciudad de La Spezia. Incluso Grazzini dice desconocer los problemas judiciales de los jefes del grupo Monbat.

En Bulgaria, sin embargo, las relaciones con la empresa italiana siguen más de actualidad que nunca. El asunto puede llegar al juzgado esta misma primavera, después de que tres acusados ya se hayan declarado culpables y estén pactando con la fiscalía una reducción de condena.

Documentos falsificados

“Llévense sus basuras”. Fue la orden de las autoridades búlgaras que en febrero de 2020 rechazaron 3.700 toneladas de residuos transportadas en 147 contenedores hasta Varna, una ciudad búlgara en el mar Negro, y que fueron devueltos a Salerno, de donde habían salido meses antes. Dentice Pantaleone, la empresa de la ciudad italiana de Avellino que los envió a Bulgaria, tendrá que hacerse cargo de la eliminación de esas basuras procedentes de la planta de Giugliano, que se había convertido en todo un símbolo de la catastrófica gestión medioambiental en la región de Nápoles. Según la versión oficial de los búlgaros, replicada por la contraparte italiana, la carga no se correspondía con la declarada en los documentos que la acompañaban.

El Gobierno de Sofía también suspendió la licencia de la incineradora que debía eliminar los residuos, parte de un cargamento cuatro veces mayor, unos 600 contenedores en total. La basura estaba destinada a una central eléctrica de carbón controlada por el magnate energético búlgaro Hristo Kovachki. Las 3.700 toneladas de residuos rechazadas por Bulgaria tendrán que ser eliminadas en Italia, lo que ya constituye un paso adelante respecto a lo ocurrido en 2015. En el verano de hace seis años, un barco que salió de Piombino y se dirigió a Varna arrojó al mar frente a la costa de Follonica 65 toneladas de residuos plásticos. Los contenedores siguen allí, una bomba ecológica que pone en riesgo las aguas protegidas del santuario de cetáceos.

Los intermediarios de Accarino en Rumanía

Mario Accarino también estuvo presente en Rumanía, como accionista de una empresa de servicios funerarios a principios de 2000. Sin embargo, sólo conservó sus acciones durante tres años y luego se retiró. Algunos de sus antiguos socios están relacionados con una empresaria rumana, Georgeta Trifa, implicada en el contrabando de residuos procedentes de Italia y eliminados ilegalmente en Rumanía. Las conexiones de Trifa con ciudadanos italianos son numerosos. Por ejemplo, era socia de Giuseppe Marinaro, Emilio Antonaci y Luigi Cataldo en una empresa rumana llamada Aeron Service SRL. Otros tres ciudadanos italianos eran sus socios en otra empresa rumana, Eurofier SRL: Francesco Maccarrone, Marco Nicola Domizio y Pier Paolo Cavallari. Domizio y Cavallari fueron procesados y condenados en Italia por tráfico ilegal de residuos y un informe del Senado italiano vinculó a ambos con el clan Accarino. En otra empresa rumana, Ikosro SRL, los socios de Trifa eran tres ciudadanos italianos –Giuseppe Antonio Marraffa, Gianni Monna y Antonio Caserta–, todos ellos procesados y dos de ellos condenados en Italia por contrabando de residuos.

En Rumanía, Georgeta Trifa está siendo investigada en estos momentos por contrabando de residuos. Dos comunidades rurales, Ineu y Vadu Criș, en el condado rumano de Bihor, al oeste del país, se sorprendieron a finales de 2019 al descubrir que una enorme cantidad de residuos habían sido depositados en una antigua granja oculta bajo muros levantados con pacas de paja. Más tarde, en febrero de 2020, la Guardia de Medio Ambiente calculó que suman 830 toneladas de residuos, entre plásticos, caucho y textiles. Según la respuesta facilitada a EIC por el Gobierno, los residuos se transportaron hasta Rumanía desde tres regiones italianas: Toscana, Lombardía y Emilia Romagna. Sin embargo, los documentos del envío indicaban como destino final de una parte de los residuos Chișinău, la capital de la República de Moldavia, vecina de Rumanía por el este, mientras que el resto de los residuos deberían haber sido reciclados por dos empresas rumanas con sede en Timișoara, otra ciudad rumana.

Sin embargo, lo más probable es que todos los documentos del cargamento estuvieran destinados a permitir que los residuos pasaran por la aduana y no fueran el resultado de un contrato real firmado por el importador. “No hay ninguna relación comercial entre nuestra empresa y las empresas que usted ha mencionado [las responsables de los residuos depositados ilegalmente], responde el director general de una de esas dos empresas con sede en Timișoara, Pro Air Clean Ecologic SA. La otra empresa que, según los documentos del traslado de residuos, debía reciclar los residuos es Geocycle Romania SRL, propiedad de la cementera suiza Holcim. La compañía no ha respondido a las preguntas de EIC ni, según la Guardia de Medio Ambiente, se ha puesto en contacto con ella para reciclar los residuos importados desde Italia. Los residuos para quemar como combustible en las plantas de cemento son muy lucrativos en Rumanía y empresas como Geocycle Romania SRL y Pro Air Clean Ecologic SA son bien conocidas por enviar grandes cantidades de residuos a estas instalaciones. Así que, en principio, no resultaba sospechosa la presencia de esas dos compañías en relación con los residuos de Ineu y Vadu Criș, salvo que los desechos no acabaron en las cementeras, sino escondidas tras pacas de paja en el campo rumano.

Los residuos tienen que ser devueltos a Italia

Dos empresas rumanas se encargaron del transporte: Intrarom Service SRL y Gaz & Oil Gross Group SRL. La primera es propiedad al 100% de Georgeta Trifa, que ya se dedicaba al comercio ilegal de residuos en 2016, cuando, según informan los medios de comunicación italianos, Intrarom Service SRL pidió permiso para sacar 6.000 toneladas de residuos por mar del puerto de Pozzuoli, autorización que fue denegada por el alcalde Vincenzo Figlioglia por falta de datos sobre el destino de los residuos. La segunda, Gaz & Oil Gross Group SRL, es propiedad de dos socios: la mayoría de las acciones pertenecen a Georgeta Trifa (65%) y el resto al moldavo Adrian Grossu, un personaje muy turbio implicado en algunos negocios de contratación pública en la República de Moldavia. La empresa fue creada en 2017 por Grossu y otros dos moldavos, pero éstos dos vendieron sus acciones a Georgeta Trifa en 2018, justo un año antes de que la empresa organizara el traslado de residuos desde Italia a Rumanía.

A pesar del largo historial de Trifa en el traslado de residuos sospechosos, la mujer logró mantenerse al margen de las investigaciones en Rumanía hasta el hallazgo de la Guardia de Medio Ambiente en febrero de 2020. Tras intervenir la Fiscalía, Trifa está siendo investigada por varios delitos. Su caso, sin embargo, aún no ha llegado a los tribunales. Intrarom Service SRL debe pagar una multa de más de 12.000 euros y devolver los residuos a Italia, pero es bastante improbable que la empresa lo haga, ya que acaba de declararse en quiebra. El motivo: otra empresa denunció que Intrarom Service SRL no había pagado una deuda de más de 10.000 euros por servicios de transporte.

El Gobierno Vasco ha afirmado que tras haberse excavado ya 525.000 metros cúbicos de residuos del vertedero de Zaldibar, de los que 372.038 se han rastrillado y cribado para la búsqueda de Joaquín Beltrán -desaparecido desde el pasado 6 de febrero-, las tareas se centrarán ahora en las zonas B1B y B1C con "la firme esperanza de encontrarlo en esos lugares". Este sábado se cumple el primer aniversario del derrumbe de la escombrera de Zaldibar donde fallecieron dos operarios, uno de los cuales, Joaquín Beltrán, continúa a día de hoy desaparecido.

Por este motivo, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, han visitado este sábado la zona para ver cuál era la situación actual de las labores de emergencia y el proceso de búsqueda que se está realizando en el vertederovertedero de Zaldibar. En su intervención, la consejera Tapia ha destacado que, una vez completada la búsqueda en el vertedero, no se podrán verter más residuos y se "clausurará definitivamente".

Asimismo, ha resaltado que, a pesar de que en marzo se declaró el estado de alarma, los trabajos en el vertedero solo han cesado en las jornadas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y una jornada en septiembre por las fuertes lluvias, según recoge Europa Press.

Según lo dado a conocer, la búsqueda de Beltrán en la zona B4S se ha completado sin éxito y todos los trabajos se centrarán ahora en las zonas B1B y B1C, para lo que previamente se extraerá residuo del desmonte 4. De este modo, se confía en "acometer la búsqueda en caliente" a principios del mes de marzo con "la esperanza firme de encontrarlo en esos lugares".

De este modo, el objetivo prioritario de la búsqueda es la parcela B1B, zona en la que estaba situado el pozo de lavado de camiones del vertedero y que los análisis de los expertos creen que es el lugar en el que pudiera estar Beltrán en el caso de que se hubiera movido hacia la zona en la que estaba Alberto Sololuce.

Quinta zona

Asimismo, el vicelehendakari Josu Erkoreka ha anunciado que el personal experto ha recomendado abordar una zona de búsqueda más en la zona Alta de la B4S. Por ello, en el caso de que la búsqueda que se va a comenzar en marzo no dé frutos, en el mes de abril el Gobierno Vasco iniciará esa fase nueva.

"Hemos podido sortear todas las dificultades y hemos conseguido entregar a la familia de Alberto Sololuze sus restos mortales. Es muy importante hacer lo mismo con la familia de Joaquín y que puedan encontrar sosiego", ha indicado Erkoreka, que ha subrayado que sigue siendo "una prioridad del Gobierno".

Una de las consecuencias más visibles del problema que tiene España con la gestión de sus residuos es la de sus vertederos. El de Zaldibar (Bizkaia, Euskadi) se derrumbó el pasado 6 de febrero y dos de sus trabajadores continúan desaparecidos. La tragedia ha puesto en el foco de la actualidad a muchas de las gigantescas montañas de basura que pueblan el país, y a cuyos impactos ambientales se han sumado los laborales y humanos. "La operación principal que estamos haciendo en España es verter. Somos expertos en vertidos", resume, con ironía pero también con tristeza, el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoció el pasado martes que faltó "control" en Zaldibar: pero, sin que sirva para su descarga, no es el único lugar donde los residuos se abandonan a su suerte.

España acumula 12 millones de toneladas de residuos en los vertederos cada año, una cifra que lo convierte en el país europeo que más volumen de desechos vierte en valores absolutos. De los residuos urbanos, mayoritariamente generados por los ciudadanos en sus casas, el 52% va a uno de estos espacios. Y eso como mínimo, ya que otros muchos materiales en apariencia se reciclan, convirtiéndose en materia prima secundaria, pero tienen tan baja calidad que acaban en vertederos de otros países, como Malasia, exportando así el problema ambiental. "La producción industrial tiene un lado oscuro, sobre la que preferimos no mirar: produce tal cantidad de residuos que luego no sabemos qué hacer con ellos", resumió este martes en La Cafetera el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde. Decenas de estos puntos son vertederos ilegales, que España debe clausurar cuanto antes y cuya existencia provoca periódicamente amenazas de multa de la Unión Europea. Pero los legales, como el de Zaldibar, tampoco están exentos de problemas.

Uno de los fallos de "control" a los que se refería Urkullu es que el vertedero de Zaldibar es mucho más grande de lo que debería ser a estas alturas, lo que podría tener relación con el derrumbe, a expensas de lo que diga la investigación. La instalación "tenía una capacidad de 2,74 millones de metros cúbicos y una vida útil de 35 años. Eso supone un vertido de unos 80.000 metros cúbicos y unas 118.000 toneladas anuales. Teniendo en cuenta que el vertido comenzó en 2011 y que en 2017 se vertieron 380.000 toneladas, en 2018 540.000 toneladas y en 2019 510.000 toneladas, se estaba vertiendo entre tres y cuatro veces el vertido autorizado anualmente", explicó este miércoles Ecologistas en Acción.

Desde la empresa que gestiona el espacio, Verter Reciclying 2000, se asegura que no hay relación entre los residuos que almacenaba el vertedero y el derrumbe. En el momento del accidente, explican, "la capacidad del vertedero aún no estaba colmatada, por lo que mantenía la actividad regular de recepción de residuos, cumpliendo rigurosamente con los procedimientos de control tanto de su recepción como de las condiciones de vertido". Añaden que "el incremento del ritmo de vertido de los últimos dos años se debe al incremento de la actividad industrial y económica en el País Vasco que traen como consecuencia mayor generación de residuos no peligrosos, unido a la escasez de vertido de algunos vertederos que depositan el mismo tipo de residuos que Verter y que están llegando al final de su vida útil".

Pese a que la vida útil de la instalación y su capacidad ya indicaban con claridad cuántos residuos nuevos debía albergar el vertedero anualmente, Arribas reclama que la autorización ambiental que el Gobierno vasco concedió al basurero en 2007 debía haber incluido un límite específico de desechos por año. "No ha habido controles ni expediente sancionador", explica el responsable de Residuos de la organización, que explica que esta falta de inspecciones es habitual en muchos de los vertederos de España, que acogen muchos más desechos de los que podrían permitirse. "Las instalaciones se colmatan rápidamente, mucho antes de lo que se había previsto. Muchas comunidades no tienen vertederos suficientes y lo que sobra se lleva a otros lugares, por lo que se traslada el problema", asegura.

Pero más allá de la cantidad, el tipo de residuos que se vierte en los basureros también supone un problema y un peligro. En el caso de Zaldibar, y una vez parece descartado que el espacio acogiera otro tipo de residuos tóxicos para los que no tenía permiso, las miradas se han dirigido al amianto. Este vertedero acogía restos de construcción con este material cancerígeno, del cual la aspiración de unas pocas fibras puede llevar a una grave enfermedad pulmonar. Las tareas de rescate de los trabajadores desaparecidos, de hecho, tuvieron que posponerse unas horas debido a que al principio nadie parecía saber que el amianto estaba presente entre la basura y los rescatistas no llevaban los equipos de protección adecuados.

Zaldibar tenía permiso para almacenar amianto. Pero la empresa, según la legislación vigente, tiene la obligación de recluir estos restos "en una celda especial y estanca separada del resto de los residuos", explica Arribas. La compañía, Verter Recycling 2000, defiende que el amianto "llegaba inertizado en fibrocemento que se vertía encapsulado en plástico, se descargaba por medios mecánicos y se depositaba en lugares específicos para tener conocimiento y control de su ubicación", aunque los sucesos de las primeras horas del rescate contradicen esta versión. En otros lugares de la geografía española la situación es más grave: se almacenan residuos peligrosos sin que los espacios estén mínimamente acondicionados para ello.

El caso más flagrante se destapó en el vertedero de Chiloeches (Guadalajara) en 2018. La Guardia Civil desveló una trama para abandonar allí miles de toneladas de residuos peligrosos sin descontaminar, pese a que los responsables fingían que eran llevados a una planta para limpiarlos. Se puso así durante años en riesgo la salud del medio natural y de los trabajadores. El basurero, de hecho, ardió en 2016, expulsando a la atmósfera químicos que no debían estar allí. Pero al margen de este episodio, la práctica, denuncian los ecologistas, es habitual: existen empresas pirata que ofrecen gestionar residuos peligrosos a muy bajo precio, muy inferior al habitual, y para poder mantener ese mínimo coste dejan los desechos en vertederos no autorizados para ellopirata. Camuflan la carga ocultándola en el camión debajo de residuos sí permitidos. "El control muchas veces es ocular" –miran por encima la carga de los camiones– por lo que pasan sin mayor problema, explica Arribas.

Aunque no se trata de una infracción tan evidente, en muchas ocasiones materia orgánica se deposita en vertederos no preparados para ello. Tanto los que almacenan esta clase de desechos como los especializados en materia peligrosa deben cumplir una serie de requisitos para evitar en la medida de lo posible el impacto ambiental: por ejemplo, para que los tóxicos procedentes de la putrefacción de la basura no lleguen al entorno natural inmediato o a los acuíferos del subsuelo. Sin un correcto tratamiento, además, la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero, es mucho mayor. Las llamadas escombreras, vertederos que almacenan residuos inertes y no orgánicos, también reciben restos de pintura, yeso o de electrodomésticos que contaminan el aire y las aguas. La Comisión Europea cifró en 2017 en 338 el número de estos espacios en todo el territorio nacional.

Tanto los vertederos ilegales como los legales que cometen irregularidades suponen en España un serio problema paisajístico, medioambiental y de salud pública: en algunos casos se puede hablar de delitos de fraude perpetrados por cárteles de la basura. En el caso de Zaldibar, se ha producido un accidente por esclarecer que puede cobrarse dos vidas humanas.

La solución: cambiar el modelo

La responsable de residuos de Amigos de la Tierra, Marian Lorenzo, tiene claro cuál es la solución, además del obvio aumento de los controles y las inspecciones en los vertederos: cambiar el modelo. "El sistema de España es finalista: está dirigido a verter y a incinerar cuando lo que nos están diciendo las directivas europeas es que primero hay que reducir, luego reutilizar y después reciclar", explica. "Los vertederos no son capaces de absorberlo todo y nos están generando problemas medioambientales y sociales de primer nivel". Para ello, explica un recetario en buena parte compartido por la mayoría de organizaciones ecologistas del país. En primer lugar, luchar contra la obsolescencia programada: los productos que salen al mercado con fecha de caducidad adelantada a propósito para obligar al consumidor a adquirir nuevos cuando se rompen o estropean. "Hay que apoyar además a todas las empresas de economía social que recuperan materiales, que apuestan por la reutilización y la segunda mano...", añade. 

La recogida selectiva en los municipios, añade la activista, tiene un largo camino por recorrer: empezando por la materia orgánica, que en la inmensa mayoría de núcleos poblacionales no se separa. Para los plásticos de un solo uso y los envases, muchos de los cuales estarán prohibidos en la Unión Europea a partir de 2021, Amigos de la Tierra, así como Greenpeace y Ecologistas en Acción, defienden el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), contrario al Sistema Integrado de Gestión (SiG) que representa Ecoembes, mediante el cual los consumidores pagan unos céntimos de más por cada envase que les son reembolsados cuando lo devuelven, una vez utilizado. "Hace falta también una reforma fiscal", añade Lorenzo, ya que muchos Ayuntamientos no cobran por la tasa de basuras y les sale más barato depositar todos los residuos en un vertedero que apostar por una recogida ambiental y socialmente sostenible. Hay alternativas que ya están funcionando en municipios españoles: recogida puerta a puerta, pago de tasas en función de los residuos que se generan o contenedores cerrados que impiden que los desechos se mezclen.

Todo ello, consideran las organizaciones, ayudaría a llegar al objetivo que la UE reserva a España para 2035: que solo el 10% de los residuos urbanos acaben en vertedero. El Gobierno ya prepara una ley de residuos que intentará aplacar el problema del país con la gestión de residuos, lleno de puntos negros donde se han producido o pueden producirse accidentes como el de Zaldibar y con unas tasas muy inferiores a lo que exige la normativa comunitaria.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está trabajando con las comunidades autónomas, que ostentan la competencia en materia de residuos, para incorporar toda la información y datos relativos a esta materia en un único registro compartido, según han informado a Europa Press fuentes ministeriales. En la actualidad, el Ministerio recoge la información que las comunidades autónomas le trasladan sobre sus residuos y vertederos, pero la dificultad reside en que, por un lado, no todas las administraciones autonómicas recogen los datos con la misma metodología y profusión y, por otro, no existe legalmente la obligación de remitir al Gobierno estos datos.

De acuerdo con la Directiva Europea de Residuos, los vertederos que albergan residuos no peligrosos tienen permitido –por una excepción normativa– en algunos casos y en determinadas condiciones, depositar algunos residuos que sí son peligrosos. Este sería el caso del amianto, en su mayoría procedente de residuos de la construcción y la demolición. En todo caso, estos residuos de amianto, peligrosos para la salud y el medio ambiente, deben estar confinados en una celda estanco diferenciada del resto de basuras.

Al respecto del accidente acaecido hace una semana a consecuencia del derrumbe en el vertedero de Zaldívar (Vizcaya), la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó este lunes de "dramática" la situación de los dos trabajadores que están desaparecidos desde hace más de una semana aunque recordó que la competencia en materia de residuos es autonómica. "Estamos en contacto con el Gobierno vasco y a disposición en lo que podamos ayudar", señaló no obstante durante su asistencia a los Premios del Club Español de la Energía.

Últimos datos de 2017

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la economía española generó 131,1 millones de toneladas de residuos en 2017, un 2,3% más que en el año anterior. De esa cifra, la mayor parte (57,9%) llegó de la industria (31,12%) y la construcción (26,75%), y en un 53,9% de los casos fueron a parar a vertederos, frente a un 38,9% que se recicló, según las cuentas ambientales del Instituto Nacional de Estadística.

De todos estos residuos se hacen cargo de la basura procedente de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), pero no de los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al municipal, ni residuos procedentes de la industria. La responsabilidad de tratar estos últimos residuos es de las empresas que los generan, bien directamente o bien contratando a otra compañía dedicada al tratamiento de residuos, como es el caso de Verter Recycling 2002 SL, la empresa propietaria del vertedero que se ha derrumbado en Zaldibar (Bizkaia).

Asimismo, en 2017, los municipios gestionaron 22 millones de toneladas de basura de los 131,1 generados por la economía, según la última Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal publicada por el Ministerio de Transición Ecológica y correspondiente al año 2017. De esas 22.017.865 de toneladas de basura con competencia municipal, el 51,16% fue a parar a vertederos distribuidos por todo el país, bien a consecuencia de haber sido rechazados por plantas de tratamiento al no ser posible su reciclado o por vertidos directos.

En los últimos años ha aumento el porcentaje de basura que se recicla, de 29,79% en 2015 a 36,11% en 2017, pero el porcentaje de basura que se vierte sigue siendo más de la mitad de todos los residuos. Este porcentaje varía de una comunidad a otra. Asturias, Aragón, Canarias y Andalucía son las comunidades con un mayor porcentaje de residuos que acaban en vertederos. De los algo más de 12,2 millones de toneladas de residuos vertidos en los 116 vertederos activos en 2017, unas 7,5 millones de toneladas son rechazos procedentes de otras plantas de tratamiento de residuos.

Los grupos de la oposición han reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que este martes comparece de forma extraordinaria en el Parlamento Vasco con motivo del derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), que rinda cuentas por la falta de "empatía", de "liderazgo" y de "transparencia" del Gobierno autonómico ante esta crisis, informa Europa Press.

Los principales representantes parlamentarios de EH Bildu, Maddalen Iriarte; Elkarrekin Podemos, Lander Martínez; y el PP, Alfonso Alonso, han coincidido, en sus intervenciones iniciales, en el pleno de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, en sus críticas a la gestión del lehendakari y de los consejeros de Medio Ambiente, Seguridad y Trabajo respecto al derrumbe del pasado 6 de febrero.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha sido la encargada de abrir la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno, dado que el Parlamento está disuelto por la convocatoria de elecciones autonómicas.

En la sesión de este órgano parlamentario comparecen este martes, con motivo de la crisis generada en Zaldibar, el lehendakari, Iñigo Urkullu; y los consejeros Iñaki Arriola (Medio Ambiente), Estefanía Beltrán de Heredia (Seguridad) y Maria Jesús San José (Trabajo).

Iriarte ha denunciado que el lehendakari y sus consejeros comparecen en el Parlamento "tarde y obligados" por la oposición, y les ha reclamado que sean "transparentes en sus explicaciones.

La portavoz de EH Bildu ha destacado la "gravedad" de lo sucedido en Zaldibar, donde siguen desaparecidos dos trabajadores sepultados por el derrumbe y existen dudas sobre los niveles de contaminación en el aire generados por el incendio surgido tras el corrimiento de tierras en el vertedero.

Iriarte ha calificado lo sucedido de "tragedia humana", "crisis sanitaria" y "desastre ecológico". Además, ha denunciado que la forma en la que el Gobierno Vasco ha gestionado este asunto ha supuesto, también, una "crisis de credibilidad" para el Ejecutivo.

La portavoz de EH Bildu ha acusado a Urkullu de incurrir en una "falta de empatía" respecto a las familias de los trabajadores desaparecidos y del resto de personas afectadas por el derrumbe.

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha criticado la "falta de sensibilidad y de liderazgo" del lehendakari y de los consejeros con responsabilidades relacionadas con la gestión de esta crisis.

Al igual que Iriarte, ha subrayado que la comparecencia de Urkullu y de su equipo ante el Parlamento Vasco haya producido solo cuando se han visto "obligados" a ello por parte de la oposición.

Martínez ha destacado que el derrumbe no ha sido algo que se ha producido "por casualidad" ni un desastre "inevitable", sino que ha resultado "la consecuencia posible de una cadena de negligencias administrativas que ha terminado de la peor manera".

El representante de Elkarrekin Podemos ha recordado que "miles" de personas que residen en las zonas próximas al vertedero siguen viendo "amenazada" su salud, y ha censurado que la gestión del Gobierno Vasco sigue presentando "lagunas".

El presidente del PP, Alfonso Alonso, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber tratado de "minimizar" la gravedad de lo ocurrido, y de haber empezado a reaccionar solo cuando "la presión fue creciendo".

"Hay miles de personas que se sienten engañadas y estafadas", ha manifestado Alonso, que ha subrayado que los habitantes de la zona afectada por el derrumbe sienten "indignación" y han perdido la "confianza" en las administraciones.

Por otra parte, ha preguntado al Gobierno que explique por qué motivo no abrió "ningún expediente" a la empresa cuando se descubrieron las "irregularidades" en las que incurría. Asimismo, ha instado al lehendakari a explicar por qué ha "rechazado" la ayuda ofrecida por la Unidad Militar de Emergencias (UME). "¿Es por una razón política u operativa?", le ha preguntado.

Urkullu se defiende: pide "unidad" ante la tragedia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado este martes en su comparecencia en el Parlamento vasco un llamamiento la sociedad y a los partidos a la unidad ante "la grave situación" y la "tragedia" por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. "Las alternativas son división o unión", ha advertido.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha admitido que "a la vista de las consecuencias cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes" para prevenir el derrumbe del vertedero de Zaldibar, donde han quedado sepultados dos trabajadores.

"Soy plenamente consciente de las consecuencias de estos hechos. Se han producido errores, también actuaciones mejorables en la forma, inherentes a una circunstancia inédita en su dimensión, complejidad técnica y a la necesidad de intervenir con urgencia", ha reconocido. 

Durante su intervención, el lehendakari ha asegurado que, "ante una tragedia como la que hemos sufrido caben dos alternativas: división o unión". "Se pueden agitar los miedos, los deseos vindicativos o la prisa por debilitar al adversario político, si es que esta es una cuestión entendida como de utilización política. Se puede, claro que se puede. Lo estamos comprobando", ha añadido.

En todo caso, ha apuntado que a él le corresponde "favorecer la colaboración y la unidad ante la adversidad y la fatalidad". Asimismo, ha reivindicado "el reconocimiento a la respuesta coordinada entre las diferentes instituciones y, también, el comportamiento profesional ejemplar de todas las personas que actúan sobre el terreno". "Hemos puesto toda la voluntad y recursos necesarios. ¡Ojalá que los resultados fueran positivos!", ha señalado.

Urkullu ha realizado "autocrítica" por si ha podido parecer que ha actuado con "falta de empatía" con las familias de los dos trabajadores desaparecidos. "No ha sido al caso", ha aseverado, para afirmar que ha tenido que actuar "con prudencia".

En el turno de réplica a los grupos durante su intervención, ha señalado que hace una "autocrítica personal en cuanto a lo que pueda ser esa interpretación de falta de empatía" con las familias de los trabajadores que se le ha achacado.

"Y lo hago con hondo pesar porque me he interesado y he seguido la relación del Gobierno con los familiares desde el primer momento, desde el mismo día 6", ha indicado. En todo caso, ha apuntado que la preocupación de las familias no han sido por una supuesta "falta de empatía", sino el rescate de los desaparecidos, algo que comparte el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno vasco ha apuntado que, cuando se ha reunido con los familiares en dos ocasiones, no le han transmitido que hayan sentido "la falta de empatía" de la que se le acusa. "Reconocieron que las personas profesionales que les han atendido, lo han hecho con cercanía y comprensión", ha indicado.

A su juicio, el problema "no es la empatía o la falta de calidad humana, sino solucionar el caso y encontrar a los desaparecidos", que ha sido "la prioridad" de su Ejecutivo desde el principio.

Extinguidos los principales frentes del incendio

Los frentes "más importantes" del incendio han quedado extinguidos, según ha adelantado la Mesa Técnica de Seguimiento del derrumbe.

Tras la reunión mantenida este martes en el Ayuntamiento de Zaldibar, el director de la Agencia Vasca del Agua (URA), Ernesto Martínez de Cabrero, ha afirmado que, sobre las 20.30 de este pasado lunes y "después de una tarde muy intensa, quedaron vencidos los frentes más importantes de todo el incendio" en el vertedero.

Martínez de Cabrero ha admitido que las brasas "se pueden reproducir" y hay "unos pocos rescoldos que pueden humear", por lo que se da por "resuelto" el fuego "desde la precaución". "La reproducción del incendio hay que tenerla siempre en consideración", ha añadido.

Algunas sombras descienden por una montaña de residuos, la espalda encorvada por el peso de enormes bolsas llenas de botellas de plástico. Para dar de comer a sus dos hijos y a su marido discapacitado, Valbona trabaja todas las noches en el vertedero de Sharra, perdido en las colinas detrás de los edificios nuevos de la periferia de la capital albanesa, Tirana. “Gano siete euros diarios”, explica esta joven, agotada por el cansancio y que oculta el rostro tras una improvisada máscara con la que se protege de las emanaciones de gas.

En teoría, está prohibido rebuscar en la basura, sin embargo, las autoridades hacen la vista gorda. Junto a las miles de personas que revuelven en los contenedores, en la calle, estos recolectores de residuos son los únicos que efectúan, en Albania, una recogida selectiva. Gracias a ellos funciona el puñado de plantas de reciclaje de cartón, de metal o de plástico existentes en el país. Muchos son gitanos, pero también hay migrantes interiores y residentes en las montañas, en las zonas más desfavorecidas del norte, que llegan atraídos por las luces de la capital.

En agosto de 2016, uno de ellos, Ardit Gjoklaj de 17 años, murió aplastado por un bulldozer en el vertedero de Sharra. Después de esto, los recolectores, y los que viven en los barracones improvisados instalados en los alrededores, temen que las autoridades los echen por la mala fama que supuso la noticia. “Todo el mundo, incluidos los medios de comunicación, en manos de oligarcas, quiere evitar que se sepa que hay menores que trabajan entre esta inmundicia”, cuenta Artan Rama, periodista de investigación que realizó un documental sobre este basurero antes de ser despedido, de la noche a la mañana, de Vizion Plus, la televisión privada en la que llevaba 15 años trabajando (el documental puede verse aquí).

El periodista asegura que los propietarios de la cadena, con intereses en el sector de la construcción, después fueron “recompensados”: recibieron importantes contratos de obra pública. Así es cómo confluyen los negocios, los medios de comunicación y la política en la Albania actual, país que a menudo se considera un candidato “modelo” para formar parte de la UE.

“Mira, aquí es donde duermo”, sonríe Nuredin, de unos 50 años y veterano en el mundo del reciclaje de residuos, apostado frente a un colchón raído situado sobre un banco de madera. “Vendemos el plástico a intermediarios, que luego lo revenden a las fábricas de reciclaje”. El pequeño barracón de tablones y cartones que construyó apenas está protegido de la lluvia por un techo destartalado y la pequeña estufa no permite combatir el frío del invierno. En un rincón, un reloj roto, algunos libros y baratijas de metal que posiblemente le hagan ganar algunos lekë. Cuando amaina el viento, un hedor pestilente invade la estancia. “Cuando llegamos, en los años 90, el vertedero ya existía, pero no era tan grande. En aquella época, no había tanto plástico y no se producían tantos residuos”, cuenta una residente en la zona.

La recogida selectiva se introdujo tímidamente en el centro de Tirana hace algunos años, pero la basura depositada en los contenedores verdes o amarillos termina toda, junta, en el basurero de Sharra... En el país todavía no funciona ninguna incineradora de residuos y numerosas ciudades de provincia sólo disponen de vertederos ilegales, mientras que se sigue exportando a Albania el material electrónico usado como baterías, pilas o restos de la construcción. La mayoría procede de Italia, donde el tratamiento de residuos a menudo está bajo control de las redes mafiosas.

El escándalo vuelve a ser noticia en la prensa italiana. El pasado 2 de marzo, el diario Roma publicaba una investigación según la cual sólo durante el año 2016, cerca de 30.000 toneladas de residuos pudieron haber desaparecido en Albaniadesaparecido. Se trata sobre todo, supuestamente, de residuos urbanos procedentes de las ciudades de Nápoles y Bari, equivalentes a unos 1.300 contenedores con una capacidad unitaria de 22 toneladas y que habían sido embarcados en el puerto calabrés de Gioia Tauro y con destino Durrës, en Albania.

El cargamento debía ser traslado después en un camión hasta el vertedero de Drisla, cerca de Skopje, en Macedonia, cuya concesión tiene desde hace cuatro años una firma italiana, la empresa FCL Ambiente, que se presenta como una filial de una compañía de financiación de obras públicas, Finanziaria Centro Lazio. Según sus respectivas páginas web, las actividades de FLC Ambiente se limitan a la explotación del basurero de Skopje, mientras que las de su casa matriz son más vagas [1].

El problema es que estos residuos jamás cruzaron la frontera de Macedonia, por lo que desaparecieron en Albania. De hecho, el Gobierno de Macedonia se negó en dos ocasiones en 2016 a dejar pasar cargamentos de residuos. Sin embargo, esto no es óbice para que la empresa FCL Ambiente proponga sus servicios a cada vez más municipios italianos, facturando por la recogida de residuos entre 80 y 160 euros por tonelada. Los beneficios son enormes, inmediatos, y la desaparición de los residuos en Albania, o en los países vecinos, no parece suponer grandes problemas.

En realidad, la gestión de los residuos y su posible importación lleva envenenando la vida política albanesa desde el último cuarto de siglo. Tras la caída del régimen comunista en 1991, los gobiernos que se han sucedido, tanto de derechas como de izquierdas, se han ido pasando la patata caliente con la promesa de poner fin a la importación de residuos o, al menos, regularla. En 2003 se aprobó la primera ley, que dotaba al Estado de un mayor control. Sin embargo, en la práctica no se ha visto ningún resultado.

“En realidad, nadie lo controla”

Al año siguiente, el gobierno socialista de Fatos Nano y el empresario italiano Manlio Cerroni alcanzaban un acuerdo. Cerroni proyectaba construir una incineradora en Kashar, a las afueras de Tirana, y tratar allí los residuos procedentes de la otra orilla del Adriático a través del puerto de Durrës, el mayor de Albania. Sin embargo, este proyecto pronto chocó con la oposición de la población, preocupada por el precedente que supondría. “Las fronteras son extremadamente porosas, nadie controla realmente lo que entra en territorio albanés”, explica Kozara Kati, una figura destacada de la sociedad civil albanesa y cofundadora de la Asociación contra la Importación de Residuos (AKIP).

Al acceder al poder en 2005, el primer ministro conservador Sali Berisha anuló rápidamente este controvertido acuerdo. Pero, seis años después, en 2011, impulsaba una nueva normativa sobre “la gestión integrada de los desechos”, teóricamente destinada a ser el marco legal de la recogida y reciclaje de residuos. Un artículo abría la veda a la importación de residuos, llegando a incluir un listado de 50 tipos de productos autorizados. Mientras en el Parlamento se estaba debatiendo el texto, las autoridades italianas se incautaron en el puerto de Bari de una carga de 69 neveras y 92 lavadoras, consideradas como contrabando. “No vamos a importar materias primas nocivas, radioactivas o no reciclables”, juraba y perjuraba el ministro de Medio Ambiente de Albania, Taulant Bino.

Por aquel entonces, la Italia de Silvio Berlusconi tenía una relación muy cercana con su pequeño vecino albanés. Entre los proyectos de la década de los años 2000, finalmente abandonados, Italia incluso llegó a plantearse la construcción de centrales nucleares en Albania ¡con las que cubrir sus propias necesidades energéticas! En realidad, el contrabando de residuos entre ambos países no es nuevo; la Albania estalinista de Enver Hoxha, prácticamente cerrada al resto del mundo, ya importaba desperdicios extranjeros en los 70 y 80, que se encargaban de tratar los numerosos efectivos del Ejército.

En 2011, el proyecto de ley de Sali Berisha suscitó una movilización sin precedentes de la sociedad civil. La asociación AKIP recogió 64.000 firmas para pedir un referéndum sobre la importación de residuos y, finalmente, el presidente Bamir Topi se negó a firmar los decretos de aplicación de esta ley. A fin de cuentas, el año siguiente, el gobierno aprobó vía decreto una lista más reducida de materias importables. A día de hoy, teóricamente, sólo se permiten ciertas categorías específicas de “materias primas procedentes del reciclaje” destinadas a sufrir una nueva vida: papel y cartón, madera, metales y plásticos.

Después de ganar las elecciones legislativas de junio de 2013, el Partido Socialista de Edi Rama se comprometió a acabar definitivamente con la importación de residuos, pero esto no impidió, a partir del otoño siguiente, que se reciclaran unas mil toneladas de armas químicas sirias como le solicitaba Estados Unidos. Una vez más, la movilización popular hizo que el Gobierno cediese. Después, la cuestión de los residuos cayó en el olvido durante tres años, hasta que tres diputados de la mayoría en el Gobierno propusieron, a finales de junio de 2016, una nueva ley sobre el sistema de recogida de residuos.

Eduard Shalsi, uno de los tres parlamentarios promotores del texto, justificó su aprobación por las “obligaciones europeas” de Albania. Desde junio de 2014, el pequeño país tiene el estatus oficial de candidato a la integración europea y, según él, en el momento en que los socialistas llegaron al poder, no existía “ninguna política pública de residuos”. De hecho, esta ley, tiene como objetivo hacer que la ley albanesa cumpla con las normas medioambientales europeas, aunque contiene también un artículo que abre una vía a la importación de desechos. “Hay que entender que únicamente se trata de residuos reciclables”, insiste Eduard Shalsi.

El argumento no ha convencido a casi nadie en Albania, sobre todo porque el texto fue presentado en el Parlamento en pleno verano, en un momento en que los debates estaban centrados en la espinosa reforma judicial. A lo largo de septiembre de 2016, miles de personas salieron a la calle. El 1 de octubre, una semana después de someter a votación la ley, más de 5.000 personas se manifestaron en Tirana, “un récord para una protesta organizada por la sociedad civil”, se felicita Kati Kozara.

Cada vez que están en el Gobierno, tanto la derecha como la izquierda argumentan lo mismo a la hora de justificar la necesidad de importar residuos: el reciclaje sigue siendo un negocio incipiente en Albania y es el sector industrial el que necesita una ley. “Mi fábrica solo funciona al 30% de su capacidad, tengo que comprar papel en el extranjero para poder producir cartón en Albania, lo que conlleva mayores costes que si yo mismo reciclase los residuos”, asegura Bardhyl Balteza, portavoz de las empresas del sector y propietario de la fábrica Edipack, la única en Albania que fabrica cartón reciclado y envases.

Omnipresente en los medios de comunicación, este empresario es categórico: los recolectores del país no recogen bastante papel usado para poder rentabilizar sus inversiones. Las instalaciones de Edipack ocupan las ruinas del antiguo complejo químico de ciclo combinado de Porto Romano, en las afueras de Durrës, a pocos kilómetros del puerto. En el patio de la fábrica, algunos camiones entregan papel ya reciclado procedente de Alemania y de Austria, mientras que otros se preparan para embarcar el cartón de Edipack con destino a Serbia y Montenegro.

Fuertes intereses políticos y mafiosos

En los talleres, 120 obreros se afanan alrededor de las viejas máquinas. Ninguno lleva puestos ni guantes ni cascos, a pesar del ruido ensordecedor. Bardhyl Balteza se dirige al mercado regional, pero asegura que si no se aprueba la nueva ley sobre residuos intentará deslocalizará su empresa a Kosovo o Macedonia, donde no hay ninguna industria dedicada al reciclaje.

El peso en la economía albanesa de las pocas empresas del sector sigue siendo limitado, sin embargo, el Gobierno puede que apueste por ellas para tratar de reactivar una economía moribunda. En el Parlamento, el ministro de Medio Ambiente Lefter Koka adujo que la industria del reciclaje es un sector con futuro ya que el país sigue siendo uno de los más pobre en Europa. Claro que, según las cifras oficiales, Albania apenas pueden tratar su propia basura: en la actualidad recicla menos del 20%.

Según los ecologistas, la postura de la industria del reciclaje es una mera cortina de humo destinada a ocultar oscuros intereses políticos y mafiosos. En el punto de mira está, por ejemplo, Eco Tirana. Esta empresa encargada de la recogida de basuras nació del acuerdo conjunto alcanzado por el Ayuntamiento de Tirana y por la ciudad de Verona, pocos días antes de que se debatiese la ley en el Parlamento.

En Albania, se están construyendo dos incineradoras y varios vertederos. En las montañas del sureste del país, las obras de la de Maliq avanzan rápidamente. Financiada por la agencia alemana de desarrollo GTZ, las instalaciones, que deben cumplir con las normas medioambientales más estrictas, parecen particularmente sobredimensionadas, sobre todo habida cuenta de que se trata de una región muy poco poblada. “En Maliq se cruzan las principales carreteras del país y la frontera griega está muy cerca. ¿Qué desechos recibirá este vertedero?”, se pregunta Brizida Gjikondi, activista ecologista oriunda de esta zona. Y añade: “Si Europa realmente quiere que Albania se convierta en su vertedero, esta Europa ya no nos interesa”.

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[1] Los datos están disponibles en italiano y en inglés.italianoinglés

  Traducción: Alba Precedo

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha acusado a España de incumplir sus obligaciones para asegurar un tratamiento de residuos "sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente" en un total de 61 vertederos incontrolados e ilegales en varias regiones del país, informa Europa Press.

En su sentencia, el TUE considera que estos vertederos han funcionado "durante un largo periodo" de manera "incontrolada e ilegal", así como que los residuos vertidos "no han sido tratados de la manera adecuada para reducir los efectos negativos en el medio ambiente" y en particular "sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora".

El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar "vertederos ilegales". Bruselas dio un nuevo paso en este procedimiento de infracción en 2014, cuando volvió a instar a las autoridades españolas a actuar para atajar el "significativo número de vertederos incontrolados" que seguían en funcionamiento.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario denunció a España en 2015 ante la justicia europea por su "deficiente gestión" de residuos en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y argumentó que no había tomado medidas para "cerrar, sellar y restaurar ecológicamente 61 vertederos ilegales".

España se defendió alegando que ha impulsado el "complejo" proceso para cumplir con las normas europeas y resaltó el "inmenso esfuerzo adicional" realizado en un periodo de "graves dificultades económicas y presupuestarias". Aún así, las autoridades nacionales expusieron la habilitación de líneas de financiación específicas para el acondicionamiento de los vertederos.

En la sentencia de este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo ha determinado que España incumple sus obligaciones para asegurar que los residuos son tratados como establecen las reglas comunitarias.

Además, el TUE afirma que España no ha demostrado que los incumplimientos cesaran antes de expirar el ultimátum de Bruselas de 2014 y recuerda que un Estado miembro "no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos" que establece la legislación europea.

El cementerio de neumáticos de Seseña, aún ardiendo, no es el único ilegal que existe en España. Al menos 12 de estos vertederos perviven en el país, ajenos a la legislación estatal que los prohíbe desde 2006 y ajenos, también, a cualquier tipo de censo que determine con exactitud dónde están, cuántas toneladas de residuos albergan y cuál es el peligro medioambiental que conllevan. En Salamanca, Fuerteventura o Cuenca se encuentran algunas de estas inmensas montañas de caucho y acero, aunque ninguna al nivel de la de Seseña, la más grande de Europa.

La razón de que existan estos cementerios es histórica. Antes del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, la ley española no regulaba el destino de los neumáticos al acabar su –primera–vida útil, por lo que tendían a acumularse en vertederos cuyo incendio puede acarrear graves problemas medioambientales y de salud. Todo cambió con el decreto promulgado por el Gobierno de Zapatero, que estableció la obligatoriedad de reciclar estos objetos y, en el caso de que no sea posible, almacenarlos y quemarlos de manera controlada.

Al amparo de la ley nacieron los sistemas integrados de gestión de neumáticos usados, organizaciones sin ánimo de lucro promovidas por los principales productores para asegurar el reciclaje eficaz de estas piezas. SIGNUS y TNU son las ONG predominantes en el mercado. El productor paga una tasa por cada neumático, y los SIG se encargan de recogerlos, clasificarlos según su estado, enviarlos a triturar o a reparar y, si no vuelven a su propósito original, dejarlos listos para ser la materia prima de cementeras y de la construcción de carreteras, pistas deportivas o parques infantiles, entre otros muchos usos.

Este sistema es eficaz, según las opiniones consultadas por infoLibre. Los SIG recogen hasta un 15% más de neumáticos de los que les correspondería según las tasas pagadas por los productores. El problema radica en que antes de 2006 existía un grado peligroso de impunidad –pese a la normativa específica de cada comunidad– por el que muchas empresas se dedicaban a la compraventa sin pensar en el medio ambiente. La ley cambió, pero el caucho no desapareció.

La Comisión Europea alertó en abril a España del riesgo de incendio en dos de sus cementerios de neumáticos: en el de Seseña y en el complejo ambiental de Zurita, a las afueras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde se acumulan 2.400 toneladas. El Cabildo de Fuerteventura negó la posibilidad de que el vertedero arda, y aseguró que ya está tramitando su conversión en un complejo más sostenible. Pretende utilizar estos residuos para preparar una capa de impermeabilización de una zona donde se verterán todo tipo de residuos inertes que se generen en la isla.

El Ayuntamiento de Cervera del Llano, un pequeño pueblo de Cuenca, ha pedido ayuda para liquidar las 80 toneladas de neumáticos almacenadas en su término municipal. También ha salido a la palestra el almacén de 10.000 metros cuadrados con estas piezas de Castellanos de Villiquera, un municipio de Salamanca. El vertedero no tiene vigilancia y se encuentra próximo a varias viviendas y municipios, según TVE.

“Descontrol absoluto”

El responsable de campañas de Greenpeace, Julio Barea, califica como “descontrol absoluto” la situación de estos vertederos ilegales de neumáticos, ya que no se conoce con certeza su número exacto y su ubicación. “Las administraciones tendrían que saberlo. Es tarea de ellas”, afirma.

Julio Barea declara que espera que a raíz del incendio de Seseña se haga un censo de estos basureros: no solo de los de neumáticos, sino de los de otro tipo de residuos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves mediante sentencia el incumplimiento de España en 30 vertederos vertederos de residuos no peligrosos de las normas europeas sobre el vertido de residuos de 1999, dando así la razón a la Comisión Europea, que denunció a España ante el tribunal de Luxemburgo, informó Europa Press.

El Ejecutivo comunitario reclamó al Tribunal de Justicia de la UE que declarara que España incumplía sus obligaciones en virtud de las normas europeas en 30 vertederos, en 27 de los casos por no haberlos cerrado lo antes posible dado que no disponían de autorización para continuar con sus actividades.

Se trata de nueve vertederos de residuos no peligrosos en Vélez Rubio (Almería); Alcolea de Cinca, Sariñena, Tamarite de Litera, Somontano-Barbastro y Barranco de Sedasés, en Huesca; el de Barranco Seco, en La Palma de Gran Canaria; el de Jumilla (Murcia) y el de Legazpia (Guipúzcoa) y de otros 18 vertederos de residuos inertes, en concreto los de Sierra Valleja, Llanos del Campo y el Chaparral-La Sombrerera, en Cádiz; los de Pantano del Rumblar, Barranco de la Cueva, Cerrajón, Las Canteras, Hoya del Pino y el de Carretera de los Villares, todos ellos en Jaén y el de La Chacona, en Córdoba.

También debían haberse cerrado los vertederos de residuos inertes de Bellavista, El Patarín, Arahal-Morón de la Frontera, Almadén de la Plata, El Chaparral, el de la carretera A-92, KM 57,5 en Morón de la Frontera, y el de Andrada Baja, todos ellos en Sevilla, el de Carretera 3118 Fuente Leona-Cumbres mayores, en Huelva.

En el caso de los otros tres vertederos –Los de Ortuella, en el País Vasco, y los de Zurita y Juan de Grande, en Canarias–, incumplen la normativa europea al no haber garantizado que la entidad explotadora elaborara y ejecutara un plan de acondicionamiento dentro del plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la normativa.

El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado en su sentencia de este jueves el incumplimiento de España de las normas comunitarias en todos estos vertederos al dictaminar que España no ha demostrado que las obras necesarias para ajustar los vertederos de Ortuella, de Zurita y de Juan Grande a la Directiva se realizaran antes del 25 de marzo de 2013, el plazo límite para ello, ni tampoco que las obras necesarias en los otros 27 vertederos problemáticos se hayan ejecutados dentro del plazo, dado que las obras de sellado y cierre no se ejecutaron antes del mismo y España tampoco ha justificado los motivos para incumplir los plazos.

En todos los casos las obras de sellado y cierre debían ejecutarse antes del 25 de marzo de 2013, con la excepción del vertedero del Barranco de Sedasés, cuyo plazo límite era el 26 de junio de ese año.

El Ejecutivo comunitario denunció en 2009 el incumplimiento de la normativa en 123 vertederos en total, aunque retiró posteriormente del procedimiento de infracción a 45 vertederos, bien porque ya no se consideraba como existentes o porque habían sido autorizados y acondicionados de arreglo con la normativa comunitaria.

La Comisión Europea anunció este jueves que llevará a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), por la "persistencia de vertederos ilegales" en varias regiones del país, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que España "tomara las medidas necesarias", informó Europa Press.

El Ejecutivo comunitario considera que, pese las normas comunitarias, existe una "gestión insuficiente" de los residuos en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión inició un expediente contra España tras detectar "vertederos ilegales" en varias regiones, pero las autoridades del país se comprometieron a "clausurar y restaurar" esos vertederos antes de que acabara 2011, según informó Bruselas en un comunicado.

Ante el retraso en poner en marcha el plan de acción anunciado por España, el Ejecutivo comunitario dio un nuevo paso en 2014 para instar a las autoridades a cumplir con sus compromisos.

Sin embargo, los servicios comunitarios han constatado que sigue habiendo 61 vertederos que, si bien no están en uso, sí están "incontrolados", por lo que constituyen "una amenaza para la salud humana y el medio ambiente", por lo que Bruselas ha decidido llevar a España ante la justicia europea para "forzarla a acelerar el proceso".

De acuerdo a las normas comunitarias, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos para que no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de modo que están obligados a prohibir su abandono, vertido o eliminación incontrolada.

Si el Tribunal de Justicia concluye que España persiste en la no aplicación de las reglas de la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría iniciar un segundo procedimiento para imponer una multa a las autoridades nacionales.