El Gobierno de España se prepara para autorizar a la empresa pública Navantia a constituir en la dictadura teocrática de Arabia Saudí una sociedad filial de responsabilidad limitada con un capital social de casi 3,3 millones de euros. La propuesta llegará al Consejo de Ministros de la semana que viene de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento es titular de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) —propietaria a su vez de Navantia—, pero la iniciativa parte de la titular de Defensa, Margarita Robles, según fuentes consultadas por infoLibre.

Fuentes de Hacienda aseguran que la creación de la filial estaba prevista en el contrato firmado en 2018 con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas y que su ubicación en ese país está “relacionada con labores de mantenimiento”.

El Gobierno no reveló en su día los detalles del contrato amparándose en que contiene cláusulas “de confidencialidad”. De hecho, Hacienda ni siquiera los ha compartido con el resto de miembros del Ejecutivo.

Navantia, que se dedica a la construcción naval civil y militar en instalaciones de Ferrol, Cádiz y Cartagena, firmó en 2018 un contrato para diseñar y construir en sus instalaciones de la Bahía de Cádiz cinco corbetas con destino a la marina real saudí de las que tres ya han sido botadas y que según Hacienda “ha generado y genera miles de empleos en España”. La tercera de las naves, bautizada Hail, en referencia a una ciudad del norte saudí, está a flote desde el domingo, tras una ceremonia a la que acudió el capitán Abdullah Alsheri, oficial de enlace del Programa Avante 2020, en representación del vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily, comandante de la Marina Real de Arabia Saudí.

La construcción y equipamiento del buque proseguirán en el agua y no concluirán hasta el año 2022. Hail, como sus cuatro hermanas gemelas, tiene una eslora de 104 metros, una manga de 14 y será capaz de transportar a un total de 102 personas entre tripulación y pasaje. Alcanzará una velocidad máxima de 27 nudos y tiene capacidad para llevar a bordo provisiones para 21 días.

El contrato resultó clave en su momento para las supervivencia de los astilleros gaditanos, que anunciaron su firma el 12 de julio de 2018. Una operación cifrada en “1.800 millones de euros" y que representa, todavía hoy, “la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero”. En el marco de esta operación, Navantia anunció “la creación de una Joint Venture (JV) [empresa conjunta] en Arabia Saudí”. Una iniciativa que “supone una oportunidad excepcional para posicionar los sistemas integrados y soluciones tecnológicamente avanzadas de Navantia y está alineada con su estrategia de internacionalización”, explicó en su momento la empresa sin dar más detalles acogiéndose a las “cláusulas de confidencialidad” del contrato.

Este contrato, subrayan las fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre, “fortalece el futuro inmediato de Navantia y beneficia a todos los astilleros de la compañía y a su industria auxiliar, en especial, a toda la Bahía de Cádiz”. Supone “una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas, es decir, 6.000 empleos anualmente durante cinco años. De estos, más de 1.100 serán empleados directos en Navantia, más de 1.800 corresponden a la industria auxiliar y más de 3.000 son empleados indirectos generados por otros suministradores. Serán más de 100 las empresas auxiliares que colaboren en el programa”, destaca el ministerio que dirige María Jesús Montero.

La entrega del último buque está prevista para el año 2024 e incluye, además de la construcción, el llamado “apoyo al ciclo de vida durante cinco años, desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales”. El contrato “también incluye el suministro de varios servicios” que Hacienda no ha especificado.

Margarita Robles ya se vio obligada, en agosto de 2019, a salir al paso de las relaciones de Navantia con la dictadura teocrática saudí después de que el hasta ese momento presidente de la empresa, Esteban García Vilasánchez, fichase por la pública Saudi Arabian Militar Industries (SAMI). Él fue precisamente quien, estando al frente de Navantia en la época de Mariano Rajoy, cerró el contrato de construcción de las corbetas en colaboración con la propia SAMI.

“No se trata de dar lecciones de ética a nadie”, se limitó a declarar entonces la ministra de Defensa, “pero quizá no es lo más oportuno. A nivel personal, no me gusta. Las apariencias también son muy importantes”.

Falta de respeto a los derechos humanos

La dictadura saudí es famosa por su falta de respeto a los derechos humanos, en especial la ausencia de libertades políticas y sindicales, la persecución de los homosexuales o la opresión de las mujeres. La situación se ha vuelto todavía peor desde que el heredero al trono, el príncipe Mohammed Bin Salman (conocido por sus siglas, MBS), se convirtió hace cuatro años en el líder del país. Todas las investigaciones independientes realizadas hasta la fecha le atribuyen a él personalmente ordenar el asesinato y descuartizamiento en un consulado de Turquía del periodista saudí Yamal Jasshoyi.

Arabia Saudí participa además activamente desde 2015 en la guerra contra Yemen, en la que se han utilizado armas españolas. A pesar de ello, España ha seguido exportando material militar a la dictadura saudí, por un importe que entre los años 2018 y 2019 superó los 270 millones de euros, según los informes entregados el verano pasado al Congreso por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida.

La venta de mayor importe fueron dos aviones de transporte militar y munición, por 190,5 millones, en 2018; pero la industria española también exportó a Arabia Saudí granadas de mortero, munición de artillería, bombas guiadas láser de aviación y sistemas porta morteros o elementos para aviones, entre otros.

Estas ventas se mantuvieron pese a la implicación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen y las peticiones de organizaciones no gubernamentales de que se paralizasen las exportaciones de armas. España también vendió armas a Emiratos Árabes Unidos, otro de los países implicados en este conflicto armado, por valor de 193 millones de euros entre 2018 y 2019.

La inclusión de Iglesias en la comisión delegada de Inteligencia reconoce su peso político dentro del Gobierno de coalición a pesar de que su departamento —Derechos Sociales y Agenda 2030— no tiene competencias relacionadas con riesgos o amenazas que afecten a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones, que son precisamente los asuntos sobre los que focaliza su trabajo el CNI. Y extiende su presencia en órganos clave del funcionamiento del Ejecutivo, algunos formales y otros informales, de acuerdo con el diseño de coordinación con el que los socios de Gobierno quieren garantizar el correcto funcionamiento de los ministerios y minimizar el riesgo de discrepancias.

La de Inteligencia es una de las siete comisiones delegadas que integran los órganos colegiados del Ejecutivo, una lista de la que forman parte también la de asuntos Económicos, la de Política Científica, la de Igualdad, la de Asuntos Culturales, la de Asuntos Migratorios y la de Seguridad Nacional. En todas ellas tienen su sitio departamentos del Gobierno bajo la responsabilidad de Unidas Podemos, con la única excepción de la de Seguridad Nacional.

Para que Iglesias pueda sentarse en la comisión no será necesaria ninguna reforma legislativa. Al Gobierno le bastará actualizar el decreto que regula su composición, algo que según algunos medios tendrá lugar en el Consejo de Ministros de este martes.

En la comisión delegada tenían asiento hasta ahora cinco miembros del Gobierno: Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de la Presidencia, que la preside, y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía (Arancha González Laya, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Nadia Calviño). La entrada de Iglesias ampliará a seis la lista de miembros del Ejecutivo presentes en este órgano.

También acuden a las reuniones —además de la directora del centro, la recién nombrada Paz Esteban,nombrada que interviene en calidad de secretaria— otros dos altos cargos: Iván Redondo, director del Gabinete y principal asesor estratégico de Pedro Sánchez, y Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Grande-Marlaska.

Iglesias siempre ha mostrado interés en el CNI. En el año 2016, y anticipando una negociación con el PSOE que después no se produjo, reclamó para Podemos una vicepresidencia de la que dependiese este organismo. La formación morada en general y su líder en particular no ocultan sus suspicacias sobre los servicios de inteligencia del Estado —no sólo el CNI, también los de la Policía y la Guardia Civil— a la vista de las evidencias que apuntan a la utilización de funcionarios públicos, durante la etapa de Mariano Rajoy, para fabricar pruebas contra ellos que desacreditasen sus propuestas políticas y laminasen sus posibilidad de llegar a formar parte del Gobierno.

La Directiva de Inteligencia

Ahora tendrá la oportunidad de contribuir a fijar las tareas del centro y a conocer de primera mano su trabajo. Entre las misiones de la comisión en la que estará el líder de Unidas Podemos está velar “por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado” —incluidos los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil y militar— y proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI que han de integrar la llamada Directiva de Inteligencia. Como miembro del Gobierno e igual que el resto de los ministros, Iglesias ya tenía acceso a esa directiva, que tiene carácter secreto, porque es el Ejecutivo el que tiene que aprobarla cada año.

En cualquier caso, el CNI tiene capacidad para trasladar al presidente del Gobierno —sin pasar por la comisión delegada— las informaciones, análisis, estudios o propuestas necesarios para “prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.

En el Congreso de los Diputados existe además una comisión, presidida por Meritxell Batet y con presencia de los portavoces de todos los grupos —lo que incluye a Unidas Podemos—, cuya misión es también conocer “de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el director del CNI de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período anterior”.

Esta comisión parlamentaria tiene acceso al conocimiento de materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales, de ahí que sus miembros estén obligados a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban.

Los nombres clave de la comisión de inteligencia del Gobierno serán, pues, Carmen Calvo, Pablo Iglesias e Iván Redondo. Los tres acuden también a la reunión semanal que cada lunes repasa agendas y fija prioridades en la Moncloa —conocida como la reunión “de maitines”— bajo la presidencia de Pedro Sánchez. En ella también participan los ministros José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, y Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, además de Adriana Lastra, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, y Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Unidas Podemos y director de Comunicación de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda.

Lastra, Redondo, Oliver, Del Olmo y dos altos cargos de absoluta confianza de Calvo son también el eje sobre el que pivota la recién constituida comisión de coordinación PSOE-Unidas-Podemos creada para tratar de resolver las discrepancias que puedan surgir en la acción de Gobierno.

A este entramado de órganos compartidos hay que sumar un elemento más de coordinación que, en opinión de miembros del Gobierno con los que ha hablado infoLibre, ha resultado decisivo en las primeras semanas de funcionamiento de la coalición: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantienen "un contacto constante y muy fluido", en persona, por teléfono y mediante mensajes de texto, que sirve para poner en común posiciones, intercambiar puntos de vista, engrasar asuntos atascados o fijar prioridades que tienen mucho que ver con el quehacer diario de los diferentes ministerios.

La actividad de cada departamento, más aún en un Gobierno de coalición pero también en uno monocolor, no se realiza de forma aislada sino que en muchas ocasiones afecta a otros ministerios. Resolver esos solapamientos exige un contacto constante que Sánchez e Iglesias tratan de resolver con el objetivo de que el trabajo de los ministros, que tiene como guía el pacto PSOE-UP, pueda avanzar.

Al frente del CNI, que depende del Ministerio de Defensa, el Gobierno ha situado a Paz Esteban (Madrid, 1958), que ya era su directora desde que en julio de 2019 el general Félix Sanz pasó a la reserva y que acumula 30 años de trabajo en el organismo. En su toma de posesión Esteban asumió la tarea de “liderar el proyecto de transformación digital” del centro, “que no se limitará a la transformación tecnológica y afectará a todos los sectores de actividad del servicio”. “Queremos dar un salto cualitativo que incrementará nuestra eficacia en un entorno de seguridad que cada vez es más complejo y que nos exige nuevas respuestas que pongan en valor la Inteligencia al servicio del Estado”, añadió.

En total, la ejecutiva de Hernández obtuvo 278 votos favorables (55,44%) frente a los 222 votos en blanco (44,31%) y un voto nulo (0,19%) de un total de 501 delegados que emitieron su voto (de 541 acreditados finalmente)

El resultado de la votación es similar al margen que obtuvo Sara Hernández cuando obtuvo el 57,51% de los votos frente a su rival en el proceso electoral, Juan Segovia, que alcanzó el 42,49% del voto de los militantes.

En este caso, los delegados acreditados no dieron un respaldo amplio a la ejecutiva presentada en el congreso, que no incluye a Segovia, quien declinó integrarse en la nueva dirección al no aceptarse ninguna de sus propuestas de "regeneración" y "democratización" del partido.

Segovia declinaba integrarse en la Ejecutiva pero aclarando que ello no implica "división", y anticipó su voto a favor de la nueva dirección, algo que hizo "por responsabilidad". Precisamente y tras saberse las votaciones, el diputado regional dijo que el resultado habla de "un enorme esfuerzo" el que debe hacerse en el seno del PSM. "Nos deja en una votación complicada", apostilló Segovia, al recalcar que casi la mitad de los votos han sido en blanco e interpreta que muchos delegados "han interpretado que no se ha producido integración". Preguntado sobre si veía división, Segovia ha dicho que "no quería hablar en esos términos".

23 secretarios de área y 19 vocales

Hernández tendrá como hombres fuertes a los alcaldes de Fuenlabrada (Manuel Robles), de Móstoles (David Lucas) y de Alcalá de Henares (Javier Rodríguez) como vicesecretarios generales, y tendrá como secretario de Organización a Enrique Rico, que es secretario general del grupo parlamentario en la Asamblea y también de la agrupación socialista en Villaverde.

El alcalde de Fuenlabrada ocupa la Presidencia del partido mientras que David Lucas y Javier Rodríguez ostentarán dos vicesecretarías generales, figura que no estaba en la anterior etapa y que ahora se recupera en una ejecutiva con 23 miembros más 19 vocales.

La Secretaría de Igualdad y Diversidad recae en Ángeles Álvarez, la Secretaría de Admistración es para Isaura Leal y la Secretaría Institucional y de Coordinación de Políticas Sectoriales es para Carmen López Ruiz.

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de la capital (y número dos de la candidatura el 24-M) Purificación Causapié será secretaria de Coordinación de Ciudad de Madrid y la también edil en el Ayuntamiento y secretaria general en el distrito de Arganzuela, Carlota Merchán, será la secretaria de Cooperación y Migración. Además, el diputado regional Daniel Viondi –muy próximo a Pedro Sánchez– será secretario de Acción Electoral.

El secretario de Coordinación Municipal será Javier Corpa y Manuel Osuna el de Participación y Movimientos Sociales. Además, la Secretaría de Coordinación Territorial la ejercerá la líder socialista de Alcorcón, Natacha de Andrés, mientras que Pilar Fernández (que procede del equipo de Carlos Morales, que se integró con Sara Hernández) ocupará la de Economía y Empleo.

La Secretaría de Formación es para Lucía Casares y la Secretaría de Política Autonómica será para el diputado regional y secretario general en Chamartín, Agustín Vinagre. La responsable de Educación de la ejecutiva será Soraya Valcárcel y el responsable de la Secretaría de Programas, Calidad Democrática y Transparencia será Pedro Barrero (secretario general de Latina).

El área de Cultura la representará Cristina Vélez y la de Sanidad será para Matilde Díaz. La Secretaría de Políticas Sociales y Mayores recae en Mónica Carazo mientras que la de Política Internacional recae en Vicente Montavez. El exalcalde de Leganés Rafael Gómez Montoya ocupará la Secretaría de Territorio y Sostenibilidad.

En las vocalías destaca el nombre de la diputada regional Carla Antonelli, el alcalde de Arganda Guillermo Hita y el concejal por el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito. Otros vocales son María Ángeles García Huertes, Natalia San Andrés, Ángel Viveros, María Cano, Santiago Llorente, María Luz Lastras, Narciso Romero, Carmen Mena, Juan José Morales, Óscar Monterrubio, Inmaculada Fernández, Francisco Javier Ayala, María Ángeles García Parreño, Fran Martín y Encarnación Martín.

No a "pugnas y personalismos"

Hernández aseguró que no va a dejar pasar la oportunidad de lograr un partido "ganador" y subrayó que el congreso de este viernes debe iniciar una "nueva etapa en la que acaben las pugnas y los personalismos" en la federación madrileña, pues son dinámicas que la mayoría de militantes "rechazaban" y que también motivaron el "abandono" de muchos ciudadanos.

En este sentido, reivindicó que su nueva ejecutiva no ha sido elegida "por equilibrios internos ni cuotas de poder" sino por la capacidad de sus integrantes, a la vez que se mostró partidaria de abrir canales de participación con los simpatizantes.

Menos miembros en el Comité Regional

Además, el congreso extraordinario del PSM aprobó el cambio de nombre del partido, que pasará a denominarse Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad de Madrid (PSOE-M), según explicó el nuevosecretario de Organización de la federación, Enrique Rico.

Otro de los cambios que habrá el partido es la reforma del Comité Regional de la formación, que pasará ahora a ser un órgano más ágil en su funcionamiento, al pasar de 500 a 350 miembros. "Es un día importante para el PSOE, se abre una nueva etapa en el PSOE", apuntó Rico.