El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en un comunicado que las autoridades israelíes, a través de la Cruz Roja, devolvieron este miércoles al enclave un total de 54 cuerpos de palestinos y 66 cajas con restos humanos y órganos, recoge EFE.

"Hace poco, 54 cuerpos de mártires y 66 cajas con restos humanos y órganos llegaron al Complejo Médico Al-Shifa. Estos fueron entregados por las autoridades de ocupación israelíes a través del Comité Internacional de la Cruz Roja", detalla el comunicado de Sanidad.

La semana pasada Israel devolvió a Gaza los últimos 15 cuerpos que retenía desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 y acordados en la tregua a cambio del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja hallado por el Ejército el pasado 26 de enero.

En total Israel, en el marco del acuerdo del alto el fuego, ha devuelto al enclave 360 cuerpos de palestinos, muchos de los cuales llegaron con signos de tortura a los hospitales de Gaza, según ha venido denunciado el Ministerio de Sanidad palestino.

Además, más allá de esos 360 cuerpos que Israel retuvo desde octubre de 2023, tiene desde mucho antes en su poder al menos otros 700 cadáveres de palestinos, entre ellos 77 menores, según denunció recientemente la Campaña Nacional para la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires y el Esclarecimiento del Destino de los Desaparecidos.

El cuerpo de una hombre de unos 60 años, posiblemente una persona sin hogar, ha aparecido este sábado a la altura del número 25 de la calle Arganda, en el distrito de Arganzuela, en Madrid, han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Los servicios de Emergencias han confirmado el fallecimiento aunque no han podido asegurar las causas. En todo caso, la víctima no presentaba signos de violencia.

Hace exactamente una semana, con el estallido de la borrasca Filomena, apareció el cadáver de un hombre de 73 años en la conocida popularmente como Plaza de la Palmera, en la calle General Ricardos esquina con Nuestra Señora de la Luz, en Carabanchel, después de que se desplomase en el suelo al sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Con el comienzo de la borrasca otro cadáver fue encontrado, en este caso en el municipio de Zarzalejo. Se encontraba sepultado por la nieve. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refería días atrás a otro cuerpo sin vida encontrado en un banco de la calle aunque sin precisar el municipio.

La Guardia Civil ha hallado muerta este jueves a Mayte Cantarero, la joven desaparecida el domingo en Rivas-Vaciamadrid en una zona de cortados muy cercana a la Laguna del Campillo de la localidad, ha informado este mediodía una portavoz de la Comandancia de Madrid.

Fuentes de la investigación han informado del hallazgo del cadáver de la joven de 27 años e informan a la SER que la principal hipótesis de trabajo es el suicidio. "El cuerpo no presenta en los primeros exámenes indicios de ningún tipo de agresión, solamente heridas compatibles con una caída desde gran altura", informan desde el medio.

Sobre las 11 horas, el Equipo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, que se incorporó ayer por la tarde en la búsqueda, estaba sobrevolando la zona con un helicóptero cuando han observado un elemento en la parque de los cortados, muy cerca de la laguna del campillo.

Entonces, se ha paralizado la búsqueda a pie y se ha accedido a este punto, donde han localizado el cuerpo sin vida de una persona que coincide con las características de Mayte, que tiene el pelo rubio, mide 1,76 metros aproximadamente y tiene los ojos azules. Ahora, el equipo de Policía Judicial se encargará del levantamiento del cadáver tras la autorización judicial. Luego le realizará la autopsia y continuará la investigación sobre las causas de la muerta.

"Se trata de una zona muy abrupta, cortados verticales, zonas con gran verticalizada. Hay mucha maleza y sin calzado adecuado es peligroso. Es una zona muy difícil con masa arbórea que dificulta la visión. Hay cuevas, pozos y ayer se batió la zona. Posiblemente está a varios kilómetros de la zona en la que vieron a la joven por última vez los testigos", ha dicho la portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Mercedes Martín.

Los agentes, junto a efectivos de Protección Civil y Policía Local de Rivas-Vaciamadrid llevaban varios días buscándola en el Parque del Sureste de Rivas. La búsqueda de esta joven de origen cordobés de 27 años se basaba en los testimonios de las últimas personas que la vieron en la zona de los Campamentos.

En declaraciones a Europa Press, la hermana de Mayte explicó que salió sin avisar de la casa de la urbanización en la que viven a las 17 horas del domingo y desde entonces no saben nada. "Solo se llevó el móvil, unos auriculares y el tabaco. Nunca se había fugado ni tenía motivos para ello. Además, siempre que iba a algún sitio le decía a su madre dónde no va a salir y siempre nos avisaba", señaló.

La familia interpuso al día siguiente una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, que lleva la investigación de la desaparición y ha establecido un dispositivo de búsqueda. El teléfono de la joven perdida dio tono hasta la 1 de la madrugada del lunes, que ya responde como apagado o fuera de cobertura.

Agentes del equipo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil han recuperado este martes sobre las 12.40 horas el cadáver de un hombre en el Canal de la Reina en la localidad de San Fulgencio, en la comarca alicantina de la Vega Baja, la más afectada por el temporal de gota fría. Se trata, según ha reconocido la familia, del holandés de 66 años que desapareció el pasado domingo al ser succionado por un azarbe en el municipio de Dolores, ha confirmado la Guardia Civil, según informa Europa Press.

El cuerpo rescatado era el de un hombre de pelo blanco que vestía una camisa de flores y llevaba un tatuaje coincidente con el que la familia del ciudadano holandés facilitó a los equipos de rescate como seña de identificación.

El cuerpo ha sido localizado por un voluntario que trabajaba en una zona de difícil acceso. El 112 recibió el pasado domingo, a las 13.38 horas, el aviso de la desaparición de un hombre de 66 años, de nacionalidad holandesa, que había sido arrastrado por la fuerza del agua y podía haber sido absorbido por la corriente del Azarbe del Mayayo, en el término municipal de Dolores.

Tras dos días de búsqueda por parte de numerosos efectivos de diferentes Unidades Territoriales de la Comandancia de Alicante, GEAS Alicante, GEAS Madrid y GRS, apoyados por un helicóptero de Guardia Civil y por un helicóptero de Bomberos, el cuerpo ha sido localizado el cuerpo a las 12.40 horas, en el Canal de la Reina de San Fulgencio (Alicante), demarcación de Guardia Civil de Guardamar.

Al lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Guardamar, GEAS Valencia, un helicóptero del instituto armado, UHEL de Huesca y efectivos del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Granada.

El rescate del cuerpo y su extracción hasta un punto seco ha sido realizado por personal del GEAS de Valencia, en colaboración con buzos especialistas de la Unidad Militar de Emergencias, debido a que la zona estaba totalmente inundada y era de "imposible acceso" con vehículos.

A las 14.00 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver por parte del médico forense de guardia desplazado al lugar y ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Alicante, para la práctica de la autopsia. El cuerpo ha sido reconocido por la familia, según la Guardia Civil.

Tres fallecidos en Alicante

Con la localización de este cuerpo, son ya tres las personas fallecidas en este episodio de lluvias y viento provocado por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) a finales de la semana pasada en la comarca de la Vega Baja.

Los otros dos fallecidos son un hombre de 58 años y vecino de Redován que fue arrastrado por las aguas cuando salía de su vehículo e intentaba cruzar una calle el pasado viernes mientras que el sábado fue localizado en la pedanía oriolana de La Matanza el cuerpo de un hombre de 41 años del que se había denunciado su desaparición.

Además, la DANA ha dejado dos muertos más en Andalucía y otros dos, en este caso hermanos, en Caudete (Albacete) el pasado jueves.

El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha acordado el procesamiento del que fuera director del departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Ramón Mérida, al considerar que las condiciones laborales que permitía atentaron contra la salud de cinco empleados.

En un auto, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado decreta el sobreseimiento de las actuaciones contra el resto de denunciados por varios técnicos de este departamento al entender que no tenían conocimiento de los hechos, entre los que se encontraba el entonces decano de dicha facultad.

También da traslado de la resolución a la Fiscalía y las acusaciones particulares para que en el plazo de 10 días formulen escrito de acusación contra el exresponsable del departamento de cara a la apertura de juicio oral.

El auto establece en su exposición que los técnicos de este departamento, situado en la planta baja y en el sótano de la Facultad de Medicina, actuaban bajo las directrices de José Ramón Mérida y consistía en la recepción y tratamiento de cadáveres provenientes de donaciones para prácticas para la docencia de alumnos, cursos externos y usos científicos.

En este sentido, desde el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2009 y el 20 de mayo de 2014; fecha ésta en que se procedió por la Inspección de Trabajo a la paralización de los trabajos, cinco técnicos desarrollaban su actividad laboral "sometidos y expuestos" a niveles de contaminación ambiental de formaldehidos y otros compuestos químicos "muy superiores a los valores límites máximos permitidos", así como a agentes biológicos infecciosos o parasitarios relacionados con la manipulación de cadáveres "con el riesgo para su salud derivado de ello".

Lo hicieron sin que contasen "con los equipos de protección individual necesarios, ni hubiesen sido dotados de medios de protección adecuados para la preparación y manipulación de cadáveres; ni para estar en contacto con los compuestos químicos de alta toxicidad que utilizaban, de modo que pudiesen desempeñar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas".

"Además no existían protocolos ni procedimiento de trabajo alguno; los equipos de trabajo que tenían que utilizar tales como el horno crematorio carecían de libro de instrucciones, de manual de funcionamiento, y de requisitos de seguridad; situación que era conocida, consentida e impuesta por José Ramón Mérida, faltando a sus obligaciones como director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II", argumenta la exposición de los hechos de la magistrada para reprochar que el entonces director no adoptase "medida alguna tendente a evitar o reducir el nivel de concentración de formaldehido".

Añade que a partir de 2012 las condiciones en que realizaba su trabajo el personal técnico del Departamento de Anatomía y Embriología Humana "se hizo prácticamente insostenible, degradándose día a día por incumplimiento por parte de Mérida de las obligaciones preventivas específicas y por la intensidad de riesgos existentes para la salud de dichos trabajadores que desarrollaban su trabajo en condiciones penosas, insalubres e indignas con una ausencia absoluta de seguridad e higiene para su salud".

La resolución constata el ingente número de cadáveres procedentes de donaciones que se recibían en el Departamento, hasta el punto de que en el mes de mayo de 2014, había 534 cadáveres hacinados, se llegó a una situación en la que "no había sitio para almacenarlos; por lo que estaban apilados en la cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, y amontonados en el suelo y en otras zonas del sótano; sin estar conservados adecuadamente".

Ello generó que los técnicos sufrieran un incremento "de las malas condiciones en las que venían realizando su trabajo y con grave peligro para su salud, con una ausencia absoluta de seguridad e higiene; en unas instalaciones sin extracción localizada, llenas de cadáveres, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición; en un ambiente totalmente insalubre, soportando continuos y fortísimos olores a putrefacción; y, a partir del año 2014 con presencia en el suelo del pasillo que separaba las distintas salas del sótano de fluidos y líquidos; y de larvas e insectos procedentes de las salas donde había restos cadavéricos en putrefacción".

Situación laboral "inhumana"

Por tanto, insiste en que estos trabajadores sufrieron "una situación laboral inhumana yendo incluso a trabajar, a sabiendas de lo perjudicial que era para su salud e integridad física y psíquica, siendo además responsabilizados por su superior jerárquico que les atribuía la culpa de las condiciones en que desarrollaban su actividad laboral achacándoles desidia o no utilización de los medios de los que afirmaba disponían".

Además, afea que los empleados recibieran como respuesta por parte del exdirector ante la acumulación de cadáveres frases como "que no había dinero para que los cadáveres fuesen incinerados por una empresa externa" o que, ante las condiciones "nocivas para la salud y denigrantes" que soportaban diariamente dijera "que no podía adquirir los medios que le solicitaban porque eran muy caros".

También lanzó ante las quejas de los técnicos expresiones como "que se fueran" y realizó además manifestaciones "intimidatorias" en reiteradas ocasiones y desde su posición de fuerza, diciéndoles "que si no se hacían las cosas como él decía, ya podían ir buscando otro trabajo".

Por tanto, cree que les sometió a un ataque "directo y mantenido" en el tiempo, apto para producir una "grave degradación de su dignidad como trabajadores, sin valorar el trabajo que realizaban en condiciones de seguridad y salud inaceptables que desembocaron en enfermedades, generando además en dichos trabajadores una situación de miedo que les impedía no sólo negarse a realizar los trabajos que les encomendaba, sino también quejarse, ante el temor de represalias que podían sufrir, provocándoles crisis de ansiedad".

Así, el auto aprecia que los cinco técnicos que trabajaron en este departamento "padecieron enfermedades derivadas de una exposición prolongada a agentes tóxicos en el medio laboral, y de las pésimas condiciones higiénico laborales a las que estuvieron expuestos".

En el caso de una de ellas, detalla que sufrió neumonía neucomocócica que requirió hospitalización durante tres meses; cefaleas; jaquecas, conjuntivitis irritativas, xerodermia, sinusitis de repetición, cuadro de astenia; carcinoma en mama derecha; lumbalgias y agravación de forma importante del trastorno ansioso-depresivo; derivados de la exposición laboral crónica durante muchos años a dosis de formol "muy por encima de las admitidas" y "a unas pésimas condiciones laborales desde el punto de visto higiénico laboral".

Respecto de otra empleada la magistrada dice que aunque sólo estuvo trabajando durante veinte días, sufrió un agravamiento de su patología broncorrespiratoria (crisis de broncoespasmo en ambientes cargados o tras infecciones de vías altas), e incluso de su psicopatología (trastorno ansioso-depresivo, con crisis de ansiedad ocasionales).

De otro técnico apunta que sufrió múltiples cuadros de catarros de vías altas, faringitis y algún episodio de gastroenteritis; esguinces de repetición; alopecia, candidiasis; lumbalgias de repetición (esfuerzos evitables mejorando las condiciones de manipulación, carga y movilización de los cadáveres), y episodios de migrañas.

Mérida renunció a su puesto cuando saltó la polémica por la acumulación de restos cadavéricos. Además, la Universidad Complutense procedió a reformar el centro de donación para garantizar que no se volvieran a repetir este tipo de irregularidades.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería ha abierto una investigación tras el hallazgo este pasado jueves del cuerpo sin vida de una mujer en las instalaciones del vertedero del municipio de Gádor.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que el hallazgo del cuerpo sin vida tuvo lugar este jueves, tras ser descubierto por un operario de estas instalaciones. Posteriormente se desplazaron a la zona agentes de la Guardia Civil de Gádor y expertos en Criminalística de la Comandancia de Almería.

Aunque por el momento se desconoce la fecha aproximada de la muerte, a la espera de la autopsia que se le practique al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Almería para su identificación, las citadas fuentes han precisado eran reconocibles los rasgos de mujer en el cuerpo sin vida encontrado.

Después de conocerse el hallazgo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial se hizo cargo de la investigación, cuyas actuaciones están bajo secreto, para esclarecer las causas de la muerte, sin descartar por el momento ninguna hipótesis.

Una familia con escasos recursos económicos se ha visto obligada a velar durante 20 horas en su propio domicilio de Fuenlabrada (Madrid) el cadáver de su hijo de 7 años de edad que falleció a consecuencia de un cáncer.

La familia decidió trasladar al pequeño desde el hospital donde estaba siendo tratado a su vivienda en Fuenlabrada para que muriese allí.

El óbito se produjo el miércoles y, cuando la funeraria acudió para trasladar el cuerpo del menor al tanatorio, los padres vieron que no tenían suficiente dinero para abonar los gastos.

De hecho, según ha adelantado Telemadrid, les faltaban 1.600 euros para sufragar el servicio. La consecuencia es que la familia y los vecinos han estado velando el cuerpo del niño en la casa familiar durante 20 horas, cuatro horas menos de lo que fija la ley como tiempo máximo para velar a un difunto en domicilios particulares.

Finalmente, en torno a las 14 horas de este jueves, se ha producido el traslado del cadáver del pequeño al tanatorio, tras asumir los costes el Ayuntamiento de Fuenlabrada, una fundación y la propia funeraria.

Fuentes municipales han precisado que han asumido los gastos para "dar solución al descanso de la familia".

Las mismas fuentes han precisado que "lamentablemente el Ayuntamiento no ha tenido información antes para haber dado solución a este caso antes".

El padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Veracruz denunió que las autoridades mexicanas han encontrado cientos de cadáveres en la misma zona, lo que revelaría una matanza sistemática, por lo que las familias han reclamado una nueva investigación.

Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, contó que en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, donde se encontraron los supuestos restos mortales de los cinco jóvenes, afloraron unos 400 cadáveres extremadamente calcinados, lo que hace imposible su identificación.

La Secretaría de Gobernación confirmó el lunes que en esta explotación ganadera, que ya fue tomada por la Policía Federal, "se manipulaban drogas, se alteraban vehículos y se realizaba almacenaje ilegal de hidrocarburos, entre otros actos ilícitos".

"¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo esto en la impunidad? Aquí queda descubierta la red de corrupción tan grande que hay, porque no es otra cosa", dijo Benítez Herrera, en declaraciones recogidas por el diario mexicano La Jornada.

Las autoridades han informado en las últimas horas que algunos de los restos óseos y las manchas hepáticas localizados en Tlalixcoyan pertenecen a Benítez Arroniz y a Luis Alfredo González Díaz, otro de los cinco desaparecidos.

"Son tres centímetros de tibia, lo demás está calcinado y no se pueden analizar", ha detallado Benítez Herrera. "Para fortuna y desgracia nuestra, aunque sean tres centímetros de una parte de mi hijo, podemos darle cristiana sepultura y tener a qué rezar", contó.

Benítez Herrera subrayó que, aunque ya encontraron a su hijo, su lucha no parará "hasta que no aparezcan los otros muchachos que faltan". "Vamos a seguir con más fuerza hasta que se esclarezca todo", afirmó.

El hombre apuntó en este sentido que la responsabilidad de estas desapariciones no se limita al jefe local de la Seguridad Pública del Estado (SSP), Marcos Conde Hernández, que ya fue detenido. "Esto llega más arriba. Tiene que haber una investigación al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita", reclamó.

Rocío Arroniz, tía de González Díaz, denunció que las autoridades "solo están dando largas" a los familiares. "Nos han estado engañando durante 28 días", añadió el abogado de las familias, Adolfo Estrada, de acuerdo con la prensa local.

El caso 

Los cinco jóvenes –cuatro hombres y una menor de edad– volvían el 11 de enero de un viaje de fin de semana cuando fueron interceptados por policías estatales, que aparentemente los entregaron a miembros del crimen organizado.

Los jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, una zona del estado de Veracruz donde opera principalmente el temido cártel de Los Zetas, que también se dedica a otros ilícitos como secuestros y tráfico de inmigrantes centroamericanos.

Siete policías de Veracruz fueron detenidos días después de la desaparición de los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 24 y 27 años. La única mujer del grupo tenía 16 años, tal y como detalla la agencia de noticias Reuters.