La ley prohíbe contratar con las administraciones públicas a las empresas y particulares que no paguen a Hacienda y a la Seguridad Social. También a quienes hayan solicitado la declaración de concurso o sean insolventes. Sin embargo, en la lista de morosos con el fisco que publicó la semana pasada la Agencia Tributaria figuran empresas que, pese a deber más de un millón de euros a Hacienda, siguen resultando adjudicatarias de contratos públicos o tienen vigentes contratos anteriores a su salida del armario fiscal.

Es el caso de un buen número de empresas de seguridad privada, con las que múltiples departamentos ministeriales e instituciones públicas contratan sus servicios de vigilancia. A Ombuds Compañía de Seguridad, que debe a Hacienda 1,99 millones de euros, se le han adjudicado en 2017 un total de 10 contratos, entre ellos el de vigilancia de los centros de la Corporación RTVE. Ombuds acaba de quedarse con tres de los seis lotes territoriales en que se divide el contrato de un año de duración y por importe de ocho millones de euros. La empresa ya prestaba ese servicio en virtud de otro contrato, de tres meses, que se le adjudicó a principio de año. En este caso, se llevó cinco de los seis lotes de un contrato de casi 1,5 millones de euros que compartió con otra empresa de la lista de morosos, Seguridad Integral Canaria.

Con Ombuds también contrató el servicio de vigilancia la mutua Activa, el pasado mes de febrero. Y son suyos igualmente los guardias jurados que vigilan este año los centros penitenciarios de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja, gracias a un contrato de 8,8 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Interior el pasado diciembre. En enero de este año se le adjudicó además la vigilancia del Palacio Real, El Pardo, el Palacio de Aranjuez, El Escorial y los centros que Patrimonio Nacional posee en Valladolid. Otra empresa de la lista de morosos consiguió el servicio en los centros de Sevilla: Segur Ibérica.

Este mismo año también le adjudicaron contratos a Ombuds el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la Compañía del Tranvía de San Sebastián, la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural y el Servicio de Empleo de Cataluña, según la información recabada en la Plataforma de Contratación del Estado. Pero el contrato más sustancioso –45,5 millones de euros– es el de la vigilancia e inspección de correspondencia que el pasado mayo le concedió la empresa pública Correos. Ombuds se hizo con cuatro de los 12 lotes. En total, sólo este año ha firmado contratos públicos por valor de 20,4 millones de euros. Ombuds, una de las principales empresas del sector de la seguridad en España, es propiedad del fondo JZI y factura cerca de 90 millones de euros al año.

Multicontratado por el Ministerio de Defensa

Seguridad Integral Canaria es propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la seguridad low cost. Además de los dos contratos con RTVE antes citados, Seguridad Integral Canaria terminó de prestar el pasado mayo el servicio de vigilancia de los edificios que el Ministerio de Defensa tiene repartidos por toda España. Un macrocontrato de 16 millones de euros. Pero aún no ha pagado los finiquitos a sus 500 vigilantes, según han denunciado a infoLibre fuentes sindicales. Las denuncias de los trabajadores por los retrasos en el abono de las nóminas son continuas, algunas de ellas han llegado a la Inspección de Trabajo y han terminado en multas. Hace sólo unas semanas, los vigilantes reclamaron sus sueldos a las puertas de la delegación de la empresa en Las Rozas (Madrid), mientras los destinados en el Metro de Madrid llevaban a cabo cuatro días de huelga en protesta por el impago de sus salarios.

Además, el Ministerio de Defensa le adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le ha pagado 1,32 millones de euros por estos contratos, concedidos a Seguridad Integral Canaria mientras el Tribunal Central de Recursos Contractuales resolvía la impugnación que una empresa había presentado contra la adjudicación del macrocontrato para los dos próximos años.

En estos momentos la empresa de Ramírez ejecuta también los contratos que le ha concedido el Gobierno de Canarias para encargarse de la seguridad del Hospital Universitario Doctor Negrín durante los dos próximos años y de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz Tenerife durante este año. En total, 1,2 millones de euros en adjudicaciones.

Seguridad Integral Canaria aparece en la lista de morosos con una deuda de 2,9 millones de euros que la empresa, no obstante, dice haber pagado este mismo año. Por el contrario, asegura que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

La empresa de Mónica de Oriol

Seguriber, empresa propiedad de la expresidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol, ha conseguido este pasado mes de mayo el servicio de seguridad de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por 377.554 euros. Aún sigue siendo la responsable de la vigilancia del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Sevilla, por otros 27.213 euros. Y acaba de finalizar el contrato de dos años y 12,19 millones de euros por el que vigilaba los edificios de la Agencia Tributaria, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Seguriber, que fue la encargada de la seguridad del Madrid Arena cuando se produjo la avalancha en la que murieron cinco menores, debe al fisco 2,13 millones de euros.

Magasegur adeuda a Hacienda 6,02 millones de euros, el doble que en la lista publicada el año anterior. Es decir, lleva dos ejercicios entre la nómina de morosos de Cristóbal Montoro. Hasta marzo de este año vigiló las instalaciones de la Delegación del Gobierno del Murcia. Es más, fue la encargada de la seguridad del edificio de la propia Agencia Tributaria en el País Vasco, a cambio de 895.000 euros durante 2016. Ese mismo año, también fueron suyos los vigilantes de las oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en toda España: otros 288.690 euros.

En marzo de 2016 Magasegur solicitó el preconcurso de acreedores, cuando llevaba ya dos meses sin pagar las nóminas de sus 300 trabajadores en toda España. Entonces vigilaban también las oficinas de la Consejería de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por el primer servicio recibió 8,8 millones de euros, más otros 1,17 millones por una prórroga de seis meses. Por el segundo, 1,19 millones de euros más.

También servicios postales y de mantenimiento

Unipost, el grupo postal privado, debe 5,4 millones de euros a Hacienda y otros tres millones a sus trabajadores. Pero contrata con las administraciones. Este año ha firmado con los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Algemesí (Valencia), Mataró (Barcelona), Mislata (Valencia), Málaga, Fuengirola y Gavá (Barcelona) para encargarse de sus servicios de correos. Son contratos largos, de entre dos y cuatro años de duración. También el Ayuntamiento de Barcelona le ha adjudicado los servicios postales de la Gerencia de Ecología y Urbanismo. Al igual que el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. Finalmente, sigue prestando aún los servicios postales para las consejerías de Políticas Sociales, Administraciones Públicas y de Fomento del Gobierno de La Rioja, contratos de dos años adjudicados en julio de 2016 por un importe conjunto de 218.200 euros.

Finalmente, Imtech Spain, que fue adquirida por el fondo de inversión Springwater en 2015, solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y debe 10,48 millones de euros al fisco. Este mes de julio termina el contrato de un año que le adjudicó el Ministerio de Cultura para que prestara el servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. También  el que firmó con la Tesorería General de la Seguridad Social para su dirección provincial en Cádiz a cambio de 233.362 euros. Y sigue vivo el que consiguió por dos años para la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) por importe de 191.000 euros.

Las oficinas de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación, todos ellos dependientes de la Comunidad de Madrid, pueden quedarse sin vigilancia en las próximas semanas. La empresa Magasegur, adjudicataria del servicio de seguridad privada en ambas consejerías, solicitó el preconcurso de acreedores el pasado día 1. Lleva dos meses sin pagar la nómina a sus más 300 trabajadores repartidos por toda España. Y a partir de ahora van a seguir sin cobrar. La empresa debe a Hacienda 2,6 millones de euros, según el sindicato USO, por lo que tiene todas las cuentas embargadas y bloqueadas. Los problemas, en cualquier caso, vienen de lejos. Desde hace un año los retrasos en el abono de los salarios son constantes. Tampoco les ingresan las horas extraordinarias. Así que los vigilantes están cumpliendo estrictamente su jornada mensual, sin hacer horas extra. Muchos servicios, por tanto, no quedan cubiertos, según denuncia el Sindicato Libre de Seguridad (SLS). Además, este lunes los trabajadores decidieron en asamblea convocar una huelga a partir del próximo día 26.

Magasegur es la adjudicataria de dos contratos con la Comunidad de Madrid, por los que vigila las oficinas de empleo, dependientes de la Consejería de Economía, y ocho edificios administrativos de la Consejería de Educación. En total, 214 vigilantes. El primero de ellos por un importe anual de 8,8 millones de euros. Le fue prorrogado el pasado 1 de enero, hasta junio, seis meses, por otros 1,17 millones. El segundo, fue adjudicado por otros 1,19 millones de euros.

Pero también es la encargada de la seguridad de 17 oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga y Almería. El Ministerio de Hacienda le adjudicó la vigilancia de los edificios de la Agencia Tributaria en el País Vasco, por 818.181 euros. En Murcia, donde Magasegur tiene su sede central, es una habitual ganadora de concursos del Gobierno regional. Los vigilantes del Hospital de Lorca llevan un año denunciando los retrasos en el pago de sus nóminas. El pasado septiembre Magasegur contrató como asesor al exvicepresidente del Gobierno del PP Francisco Álvarez Cascos para ayudarle en su expansión por Asturias y el norte peninsular. Ha dejado de estar en nómina, según ha confirmado un portavoz de la empresa, que reduce su trabajo a “colaboraciones puntuales”.

Rescisión de contratos y cesión a a otra empresa

Magasegur comunicó a la plantilla el pasado día 4 el preconcurso y su disposición a “rescindir de mutuo acuerdo” y “a la mayor brevedad” los contratos que la vinculan a las administraciones. Por su parte, la Comunidad de Madrid está “analizando las distintas opciones”, pero aún no ha tomado ninguna decisión, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Esas posibilidades son, según explica Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, ceder el contrato a otra empresa, en principio la que quedó segunda en los respectivos concursos, o volver a licitar el servicio lo más rápidamente posible. En ambos supuestos, la nueva adjudicataria deberá subrogar a la actual plantilla, por lo que los vigilantes conservarán sus empleos. Esos procesos, no obstante, llevarán su tiempo, meses en que los trabajadores no cobrarán sus salarios y la vigilancia de los edificios oficiales quedará sin cubrir debidamente. Pero será “lo menos malo”, concede Basilio Febles, responsable de Seguridad Privada en USO: esperar a que se resuelva el concurso de acreedores prolongaría durante cinco o seis meses la precaria situación de los trabajadores, apunta.

Para reclamar los salarios impagados en el juzgado, la ley exige al menos tres meses de falta de abono. “Hay voluntad política de solucionar el problema, garantizando que se presta el servicio de seguridad en los edificios públicos y que se mantiene el empleo”, explica el portavoz de la consejería.

Lo que no puede precisar es si el Gobierno de Cristina Cifuentes incluirá “cláusulas sociales” en sus concursos como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora, el Consistorio premiará a las ofertas que incluyan políticas de igualdad y garanticen el mantenimiento de la plantilla y sus condiciones laborales. No sólo la proposición económica será tenida en cuenta a la hora de evaluar la oferta de una empresa. Se pretende evitar así situaciones como la de Magasegur, algunas concesionarias de limpieza que han ejecutado despidos colectivos , y otras firmas de seguridad, que pagan salarios por debajo del convenio del sector para hacerse con los concursos.

Competencia desleal con precios por debajo de coste

El caso de Magasegur repite los de Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, por ejemplo. Ambas, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, firmaron con sindicatos de mandos intermedios y jefes sus propios convenios de empresa. Éstos fijan salarios inferiores hasta en un 40% a los del convenio estatal del sector. Los tribunales los han anulado. También el de Magasegur se encuentra en la misma situación. Según el SLS, la empresa murciana paga hasta un 20% por debajo del convenio nacional.

La mayor parte de los costes de estas empresas corresponde a las nóminas. Rebajando los sueldos, presentan ofertas mínimas a los concursos públicos y, al menos hasta ahora, los ganan. Además, con la crisis y la necesidad de recortar el gasto público, los precios de licitación han caído considerablemente. El resultado es que estas empresas consiguen adjudicaciones con precios por debajo de coste. Además de que hacen competencia desleal a las compañías que sí se atienen a las condiciones laborales del convenio estatal, denuncian los sindicatos del sector.

“Trabajamos con márgenes muy bajos”, reconoce un portavoz de Magasegur a infoLibre cuando se le pregunta por las causas de la mala situación de la empresa. “Nuestra competencia es muy fuerte y tenemos que ser muy competitivos en precio y en profesionalidad”, explica. La empresa reconoce los problemas con las nóminas, aunque los limita al último mes, así como los retrasos en el pago de salarios y los embargos de Hacienda. “Todas estas empresas”, aclara el sindicalista de USO, “funcionan de forma similar: estiran todo lo que pueden los pagos de las nóminas  –Magasegur no ingresaba los sueldos nunca antes del día 15 de cada mes– y las horas extra las abonan sólo cada dos o tres meses, cuando van cobrando de la Administración”.