La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la decisión que rechaza la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.

La Sala de Apelaciones concluyó que los abogados del exmandatario no lograron demostrar errores en la valoración previa del tribunal, que había determinado que su detención seguía siendo necesaria al persistir riesgos procesales como la fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva.

La decisión, leída por la jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, también rechazó que las garantías propuestas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte fuesen suficientes para mitigar esos riesgos, así como los argumentos de carácter humanitario vinculados a su estado de salud.

El tribunal desestimó así los tres motivos de apelación planteados por la defensa y confirmó de manera unánime la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de finales de septiembre, por lo que Duterte continuará bajo custodia en el Centro de Detención de la CPI en La Haya.

La defensa había recurrido la decisión alegando tres errores: que el tribunal había evaluado de forma incorrecta los riesgos; que había descartado de manera indebida las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte bajo supervisión mientras continúa el proceso; y que no había valorado adecuadamente los argumentos humanitarios vinculados a la salud del exmandatario.

La defensa sostiene que Duterte, de 80 años, sufre problemas de salud y que su estado físico se habría deteriorado desde su arresto.

El exmandatario renunció a su derecho a estar presente en la lectura del fallo, por lo que no se le ha visto desde que compareció por videoconferencia por primera vez ante la CPI el pasado marzo para confirmar su identidad.

En una primera reacción, su abogado, Nicholas Kaufman, aseguró a los periodistas en La Haya que la defensa “espera los resultados de la evaluación médica del expresidente, prevista para el mes que viene, y volverá a presentar su solicitud para liberar a un hombre de 80 años que, debido a sus condiciones médicas debilitantes, es incapaz de fugarse o de constituir, como se alega, una amenaza para los testigos”.

Duterte fue detenido en marzo en Manila tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI, clasificada inicialmente como secreta y hecha pública días después, y fue trasladado posteriormente a La Haya.

Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.

La audiencia de confirmación de cargos, inicialmente prevista para septiembre, fue aplazada y aún no tiene nueva fecha.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad por una sangrienta campaña contra las drogas que dejó miles de muertos, según informa EFE.

Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

Eran las 09:20 hora local (01:20 GMT), inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba a volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter "a la fuerza", según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte. La aeronave con número de registro RP-C5219 despegó hacia las 23:00 hora local (15:00 GMT), afirmó la cadena de televisión GMA. Tras hacer una parada en Dubái, su llegada a Rotterdam (a unos 25 kilómetros de La Haya) está marcada a las 17:05 hora local (16:05 GMT), indica FlightRadar.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá "que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas".

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

La detención tuvo lugar con base a una orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, que consideró que hay "motivos razonables" para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste. El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado. No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

La detención suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte. "Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas", afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

Pese a haber retado en repetidas ocasiones a la CPI a detenerle, la última de ellas el pasado fin de semana en Hong Kong, el político y abogado de formación cuestionó la legalidad de su arresto. "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", dijo este miércoles ya detenido, antes de lamentar haber sido trasladado a la base aérea "en contra" de su voluntad, según un vídeo compartido por su hija Verónica, presente en la sala.

De nada sirvió un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el abogado Israelito Torreón para suspender la detención, ni las quejas de los defensores del exmandatario.

Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el presidente. El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de "drogadicto", evidenciando el cisma entre las dos familias.

Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo. Marcos Jr., por su parte, negó que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró por el contrario que la "familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr." y declaró a EFE que la detención "es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes".

El polémico expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en el aeropuerto de Manila, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto al acusarle de crímenes contra la humanidad por su campaña contra las drogas, que dejó miles de muertos en el país, según informa EFE.

El exdirigente, de 79 años, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de la capital filipina procedente de Hong Kong a las 9:20 hora local (1:20 GMT), donde fue detenido y escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeródromo. La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

El político, que había participado este fin de semana en Hong Kong en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del 12 de mayo entre rumores sobre su posible arresto, fue examinado por un equipo médico tras ser detenido y goza de buena salud, según la misma fuente.

El desenlace actual tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos. Aunque Filipinas no ha regresado a la CPI, el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., afirmó a finales del pasado año que su Gobierno no bloquearía a la corte en su investigación a Duterte, y en 2023 afirmó que el país "estudia" regresar al amparo del tribunal.

Tras su detención en su país natal, que se produce cuando el clan Duterte protagoniza una sonada ruptura con el del presidente Marcos, el exdirigente se preguntó: "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", desde la base aérea de Villamor, donde afirmó haber sido trasladado "en contra" de su voluntad, según un vídeo compartido en la red social Instagram por su hija Verónica.

Estas declaraciones se suman a otras similares pronunciadas en las últimas horas por seguidores del político, entre ellas los llamamientos a la calma del senador Bong Go, ex asesor especial del expresidente. "Vamos a relajarnos y a orar por el expresidente", afirmó a los medios Bong Go desde Villamor.

Por su parte, familiares de víctimas de la guerra contra las drogas celebraron su detención. "Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas", afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

"Estoy llorando, realmente quería verlo en la cárcel. Pagarán por lo que nos hicieron", dijo Jane Lee, mujer de una de las víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte, según la nota.

Frente a las denuncias de supuesta ilegalidad de la detención de Duterte, la oficina presidencial filipina señaló en un comunicado que el arresto tuvo lugar después de que Interpol en Manila recibiera este martes la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, tras lo que el fiscal general del país asiático presentó la notificación.

Por su parte, la letrada que presentó el caso ante la CPI, Kristina Conti, dijo que Duterte debería ser extraditado a La Haya. "Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro, y debe ser trasladada a La Haya (Países Bajos) lo antes posible", dijo Conti.

Las declaraciones de la letrada se producen en plena incertidumbre sobre los próximos pasos de las autoridades filipinas tras la detención, que también suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte.

El exdirigente, conocido asimismo por una incontinencia verbal que dejó una ristra de polémicas declaraciones durante su mandato, pretendía regresar a la arena política y se había presentado como candidato a la alcaldía de Davao, la sureña ciudad de Mindanao que rige su clan, para los comicios del 12 de mayo.

Duterte ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de "drogadicto", evidenciando el cisma entre las dos familias, unidas por conveniencia durante las elecciones de 2022, donde la hija del exlíder, Sara, hizo tándem con Marcos y ganó los comicios para la vicepresidencia del país.

Mientras su padre está detenido, Sara Duterte se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado este viernes que ha arrojado él, personalmente, a las aguas de la bahía de Manila los cuerpos sin vida de los últimos supuestos narcotraficantes abatidos durante su polémica guerra contra las drogas, la cual ha propiciado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país por considerar que estas medidas tan represivas facilitan que se comentan abusos por parte de las autoridades policiales, informa Europa Press.

Duterte ha explicado que los cuerpos de los últimos señores de la droga han sido arrojados a distintos lugares de la geografía filipina, desde la bahía de Manila, pasando por los barrancos de las zonas del norte del país, hasta Laguna De Bay, el lago más grande del archipiélago. El dirigente filipino ha vuelto a defender de las críticas su guerra contra las drogas, asegurando que esta lacra ha causado una "disfunción social" a la mayoría de sus compatriotas y que no tiene que dar explicaciones acerca de todos los movimientos vinculados a la campaña, tal y como ha informado el periódico Philippine Star.

"Diablos, ¿quieren que entregue el cuerpo de ese narcotraficante que fue arrojado en Laguna De Bay? ¿O de aquel otro que tiré por un barranco en Mountain Province? ¿Tengo que anunciar todo eso?", se ha preguntado el dirigente, al tiempo que ha explicado que los últimos muertos se han producido tras resistirse a las autoridades.

La campaña del Gobierno contra las drogas ha recibido críticas debido a las miles de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. Según las estadísticas de la Policía de Filipinas, 5.779 sospechosos han sido asesinados en operaciones antidroga desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. Sin embargo, las estimaciones de los grupos de Derechos Humanos colocan la cifra de muertos en más de 12.000.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado un creciente "odio al periodismo" a nivel mundial, alentado en parte por las críticas vertidas sobre la prensa por dirigentes como el estadounidense Donald Trump o el filipino Rodrigo Duterte, y ha alertado de que esta "hostilidad" pone en riesgo la pervivencia de democracias teóricamente consolidadas.

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora RSF cada año mantiene a Noruega y Suecia de nuevo como los países mejor valorados del mundo, seguidos de Países Bajos, Finlandia, Suiza, Jamaica, Bélgica, Nueva Zelanda, Dinamarca y Costa Rica. España figura trigésimo tercera, tras caer dos escalones.

Tampoco hay apenas novedades en los últimos puestos de una lista que vuelve a cerrar Corea del Norte en el puesto 180 y que incluye en la zona baja a Eritrea, Turkmenistán, Siria, China, Vietman, Sudán, Yibuti, Cuba y Guinea Ecuatorial. Malta, donde murió asesinada Daphne Caruana Galiza, es el país que más cae (18 posiciones, hasta la 65).

En términos globales, RSF solo considera que existe una situación "buena" o "más bien buena" en el 26 por ciento de los países, mientras que en el 35 por ciento hay "problemas significativos". La situación "difícil" se extiende al 27 por ciento de los países analizados y el 12 por ciento restante se encuentra en un estado "muy grave" en materia de libertad de prensa.

El secretario general de RSF, Christophe Deloire, ha citado las "manifestaciones de odio contra los periodistas" como "una de las peores amenazas para las democracias". "Los dirigentes políticos que propician que se deteste al periodismo son responsables de que se cuestione la existencia de un debate público basado en una apreciación plural de los hechos y favorecen el advenimiento de una sociedad de propaganda", ha advertido.

Para Deloire, "cuestionar hoy la legitimidad del periodismo es jugar con fuego", y eso es precisamente lo que estarían haciendo cada vez más jefes de Estado, muchos de ellos elegidos de forma democrática. Entre los ejemplos planteados por RSF figura Trump, que ha llegado a calificar a los reporteros de "enemigos del pueblo" y ha hecho que Estados Unidos caiga dos puestos, hasta el 45, en la lista de la ONG.

Duterte, cuyo país figura en la posición número 133, incurre a menudo en insultos y amenazas contra la prensa e incluso ha llegado a decir que "el que sean periodistas no los librará de ser asesinados", mientras que en India el discurso de odio se extendería en redes sociales gracias a "un ejército de troles a sueldo del primer ministro, Narendra Modi", según un comunicado de RSF. Filipinas e India registraron en 2017 cuatro muertes violentas de periodistas cada uno.

La ONG ha expuesto en su informe la creciente influencia de los denominados hombres fuertes y de los contramodelos, como ocurre en el caso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "extiende su red de propaganda a través del mundo" gracias a medios como RT y Sputnik. También China "exporta el modelo de control de la información a Asia", ha añadido.

Análisis regional

La región europea es la más representada entre los 50 primeros países de la lista, pero también en este continente se han dado casos de violencia verbal, como cuando el presidente checo, Milos Zeman, compareció públicamente con un falso kalashnikov en el que se podía leer: "para los periodistas". En Eslovaquia, el recién dimitido primer ministro Robert Fico describió a los reporteros como "sucias prostitutas antieslovacas" y "hienas", meses antes de que fuese asesinado el periodista de investigación Jan Kuciak.

África, con grandes contrastes entre unos países y otros, mejora ligeramente su puntuación con respecto al informe de 2017 y RSF vaticina "una era prometedora" tras la despedida de "tres de los peores depredadores para la prensa", en alusión a la salida de los presidentes de Zimbabue, Robert Mugabe; Angola, José Eduardo dos Santos; y Gambia, Yahya Jamé. Este último país escala 21 posiciones, más que ningún otro de la clasificación.

RSF ha denunciado también el constante deterioro de la libertad de prensa en los Estados de la órbita soviética y Turquía, hasta el punto de que los niveles de esta región se acercan ya a los de Oriente Próximo y el norte, donde en el último año ha empeorado especialmente "el ambiente de trabajo para los periodistas". Los conflictos armados en Siria y Yemen y las acusaciones de terrorismo en Egipto y Arabia Saudí ejemplificarían este contexto.

En el caso de América Latina, la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa siguen siendo moneda común. Costa Rica destaca en esta zona y aparece en el puesto décimo, pese a haber caído cuatro posiciones por las presiones ejercidas contra los medios, especialmente durante la reciente campaña electoral.

En el lado opuesto vuelve a situarse Cuba (puesto 172), mientras que Venezuela (puesto 143) ha experimentado la mayor caída de la región al perder seis posiciones. Los "excesos autoritarios" del Gobierno de Nicolás Maduro y la "censura directa" de medios evidencia, en opinión de RSF, los intentos del chavismo para que "no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016".

México, con once periodistas asesinados, figura como el segundo país con un mayor número de muertos a nivel mundial, solo por detrás de Siria.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha pronunciado un discurso ante unos 200 antiguos guerrilleros en el que ha defendido que los soldados asuman el nivel de crueldad de la milicia comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) y disparen a las guerrilleras en la vagina porque sin ella "son inútiles", informa Europa Press.

"Decidles a los soldados que tienen una nueva orden. No os vamos a matar. Solo os vamos a disparar en la vagina. Sin la vagina son inútiles", afirmó Duterte en su intervención del pasado 7 de febrero en Malacañang, según la transcripción oficial del discurso. La transcripción censura la palabra vagina, pero los medios filipinos han confirmado que la pronunció.

La portavoz en Manila del partido femenino Gabriela —con dos escaños en el Parlamento—, Emmi De Jesús, ha denunciado estas declaraciones que "confirman que (Duterte) es el más peligroso macho-fascista del Gobierno", según informa el portal filipino Politiko.

"Es solo la última de toda una serie de declaraciones misóginas, despectivas y degradantes sobre las mujeres", ha denunciado por su parte Human Rights Watch. "Anima a las fuerzas de seguridad a cometer delitos sexuales durante un conflicto armado, lo que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario", ha añadido HRW.

Un portavoz de Duterte, Harry Roque, ha reprochado a quienes critican estas declaraciones que no tengan sentido del humor. "A veces estas feministas exageran un poco. Es divertido. Venga, solo hay que reírse un poco", ha añadido.

En mayo de 2017, Duterte ya afirmó en tono jocoso que los soldados podían violar hasta a tres mujeres sin que se les castigara y unos meses después volvió a bromear con la violación de la ganadora del concurso de Miss Universo. El mes pasado afirmó que ofrecería 42 vírgenes a cada turista que visite el país.

La Corte Penal Internacional ha anunciado este jueves que están revisando de forma preliminar las acusaciones presentadas contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes contra la Humanidad, según ha informado el portavoz de la Presidencia, Harry Roque.

El portavoz ha indicado que la pesquisa sobre las acusaciones presentadas contra el dirigente filipino, que lo acusan de ser cómplice de la muerte de miles de filipinos en el marco de la guerra contra las drogas, "supone una pérdida de tiempo".

"Está cansado de ser acusado de crímenes contra la Humanidad... Prometió que protegería al país de las amenazas contra la seguridad nacional", ha aseverado Roque durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario local The Philippines Star.

En este sentido, ha insistido que una revisión preliminar de las acusaciones no constituye una investigación en sí misma, un matiz que no da la victoria a los opositores y críticos con el presidente.

Cerca de 4.000 personas han muerto durante los últimos 19 meses en el marco de la guerra contra la drogas, una medida que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional.

El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país de la Corte Penal Internacional y ha acusado a los abogados en Europa de "corruptos" y "estúpidos".

La Policía de Filipinas, por su parte, ha asegurado en diversas ocasiones que las muertes registradas durante las operaciones policiales son legítimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, por su "increíble trabajo ante el problema de la droga", según una transcripción de una conversación que mantuvieron en abril y que ha sido publicada por el diario estadounidense The New York Times y recogida por Europa Press.

Fuentes citadas por el diario han confirmado la veracidad de la transcripción, circulada durante la jornada del martes bajo el título de Confidencial por parte de la división para las Américas del Ministerio de Exteriores filipino.

"Quiero felicitarle porque estoy escuchando sobre el increíble trabajo ante el problema de la droga", dijo. "Muchos países tienen el problema, nosotros tenemos un problema, pero qué gran trabajo está haciendo, quería llamarle para decírselo", agregó.

En respuesta, Duterte defendió que las drogas son "la lacra de su país", agregando que "tiene que hacer algo para preservar la nación filipina", siempre según el citado diario.

Por su parte, Trump apuntó que Estados Unidos "tuvo un presidente que no lo entendía", en aparente referencia a su predecesor, Barack Obama. "Yo lo entiendo", remachó.

El programa de 'guerra contra las drogas' de Duterte ha sido ampliamente criticado por organizaciones no gubernamentales internacionales por la muerte de miles de personas en ejecuciones extrajudiciales.

El propio Departamento de Estado estadounidense criticó el programa en su informe anual sobre Derechos Humanos, apuntando a "la aparente indiferencia del Gobierno (de Filipinas) por los Derechos Humanos y el debido proceso (judicial)".

La Policía de Filipinas anunció en enero la suspensión de su 'guerra contra las drogas' para llevar a cabo operaciones contra agentes responsables de abusos, tras la muerte de un empresario surcoreano a manos de varios policías.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cerca de 6.100 personas han muerto a manos de policías, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la 'guerra contra las drogas'.

Duterte advierte de la amenaza de Corea del Norte

Durante su conversación, Duterte abordó también los programas balístico y nuclear de Corea del Norte, comunicando a Trump que "mientras esos cohetes y cabezas nucleares estén en manos de (el líder norcoreano) Kim Jon Un, no habrá seguridad ni se sabrá qué puede pasar".

Tras ello, el presidente estadounidense preguntó a su homólogo filipino si considera si Kim es una persona "estable o inestable", ante lo que Duterte se inclinó por la segunda opción, argumentando que siempre se ríe en las fotografías oficiales sobre las pruebas nucleares y balísticas.

Por ello, Trump afirmó que Kim "tiene la pólvora, pero no el sistema de entrega" y que "todos sus cohetes se están estrellando", sin hacer referencia a las exitosas pruebas realizadas por Corea del Norte en los últimos meses. 

"Tenemos mucha potencia de fuego allí (en la península de Corea). Tenemos dos submarinos, los mejores del mundo. Tenemos dos submarinos nucleares, aunque no es que queramos usarlos", explicó.

Por otra parte, hablaron sobre China, y Duterte prometió telefonear al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, al que el mandatario estadounidense describió como "un buen tipo". 

"Me encantaría que visitaras el Despacho Oval, en cualquier momento en el que quiera venir. Cuídese, Rodrigo. Que Dios le bendiga", apostilló Trump, para poner fin a la conversación entre ambos.

La Iglesia católica de Filipinas logró reunir a miles de personas el sábado por la mañana en Manila en lo que fue una "muestra de fuerza" contra varias medidas del presidente, Rodrigo Duterte, principalmente contra su guerra contra las drogas, informa Europa Press.

Bajo el nombre de Marcha por la vida, miles de creyentes se concentraron en la capital en la manifestación más numerosa contra las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por esta campaña, en la que condenaron la "cultura de violencia" que impulsa el mandatario.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cerca de 6.100 personas han muerto a manos de policías, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la guerra contra las drogas.

El acto, que cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal de Filipinas, tambié tuvo como protagonista a la propuesta de Duterte de restaurar la pena de muerte en el país.

Ya antes de ser investido presidente, Duterte anunció su intención de reactivar la pena capital en el país, en su particular cruzada contra la delincuencia y el narcotráfico.

"Aquí no tendréis que tener miedo, porque seguramente moriréis. Pagaréis por lo que habéis hecho", afirmó entonces, dirigiéndose a los delincuentes.

El Gobierno de Colombia se ha dirigido al Ejecutivo filipino para pedirle "respeto" después de que el presidente, Rodrigo Duterte, calificara de "idiota" al exmandatario colombiano César Gaviria por desaconsejarle la guerra contra las drogas que ha emprendido en la nación asiática basándose en su experiencia en la Casa de Nariño (1990-1994).

En un comunicado que recoge Europa Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha expresado su "rechazo" por las "desafortunadas palabras" expresadas por Duterte. 

"Entendemos que las declaraciones del expresidente Gaviria fueron hechas con un espíritu constructivo para que los países que afrontan este flagelo puedan aprender de situaciones vividas por Colombia y avancen en la erradicación de la droga, tanto en el consumo como en el tráfico de esta", ha señalado la Cancillería colombiana.

En este contexto, ha anunciado que ha enviado una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas para resaltar "la importancia del respeto y el lenguaje en el trato entre sus países y ciudadanos".

Gaviria, que centró su gobierno en apresar a Pablo Escobar, el narco más poderoso del mundo por aquel entonces, publicó un artículo de opinión en el diario The New York Times en el que advierte a Duterte que la guerra sin cuartel contra las drogas puede hacer "más mal que bien".

El expresidente señaló que "enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además puede empeorar el problema", ya que "encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos puede fortalecer a la delincuencia organizada".

Por esta vía "no hay forma de ganar", afirmó, antes de recomendarle la adopción de medidas anticorrupción, en particular aquellas contra el blanqueo de dinero, despenalización del consumo de drogas y regulación de algunas, como las de uso médico y recreativo, e inversión en desarrollo sostenible. 

"Me ha dado lecciones a mí ese idiota", ha respondido Duterte en un discurso pronunciado con motivo del 115º aniversario de la creación de la agencia de aduanas.

Abella, rebajando tensión

El portavoz presidencial de Filipinas, Ernesto Abella, ha intentado rebajar la tensión, indicado que Duterte "ha entendido perfectamente" el planteamiento de Gaviria, que aboga por abordar la lucha contra las drogas desde un enfoque integral que incluya los Derechos Humanos.

A este respecto el Ministerio colombiano de Asuntos Exteriores ha "rescatado" las apreciaciones de Abella en las que "señalan su aprecio por los comentarios y observaciones formulados por el expresidente Gaviria y su respeto por sus opiniones en torno a que la lucha antidrogas no puede ganarse solamente con la participación de las fuerzas armadas, sino como un esfuerzo ampliado de salud pública".

El jefe de la Policía Nacional, Ronald de la Rosa, viajó a Bogotá el pasado septiembre para asistir a una conferencia sobre el combate al narcotráfico y al terrorismo. A su vuelta aseguró que Filipinas adoptaría algunas de las medidas implementadas por Colombia.

El expresidente de Colombia César Gaviria ha advertido al mandatario filipino, Rodrigo Duterte, acerca de su guerra declarada contra el narcotráfico en el país y le ha asegurado que ésta "no se puede ganar" sólo con el uso del EjércitoEjército, las Fuerzas Armadas o los organismos de Justicia.

En un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times al que ha tenido acceso Europa Press, Gaviria le ha asegurado que "enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además puede empeorar el problema", y que "encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos puede fortalecer a la delincuencia organizada".

"Nosotros, los colombianos, sabemos una que otra cosa de la lucha contra las drogas", ha señalado, recordando que la "estrategia de mano dura contra las drogas" no sirvió en Colombia para acabar con la oferta y demanda de narcóticos.

"Yo personalmente participé en el arresto del narcotraficante más conocido del planeta, Pablo Escobar, en 1993. Si bien logramos hacer a Colombia un poco más segura, pagamos un enorme precio", ha añadido.

Desde entonces, ha continuado, los sucesivos Gobiernos en el país han llevado a cabo diferentes medidas para acabar con el problema, si bien no sólo no lo lograron sino que provocaron "que las drogas y la delincuencia" se instalaran en los países vecinos. 

En base a su experiencia, el expresidente colombiano ha advertido a Duterte que a pesar de que su Gobierno tenga el "deber de brindar seguridad" a los filipinos, "existe el riesgo real de que la estrategia de mano dura haga más mal que bien".

Así, ha propuesto que se centre en mejorar la salud y la seguridad pública, "fortaleciendo las medidas anticorrupción, en particular aquellas contra el blanqueo de dinero, e invirtiendo en desarrollo sostenible".

"Además, creemos que el camino más inteligente para el combate a las drogas es la despenalización del consumo y asegurarse de que los gobiernos regulen ciertas drogas, incluidas las de uso médico y recreativo", ha explicado.

Ejército en la 'guerra contra las drogas'

La Policía de Filipinas anunció la semana pasada una pausa en su lucha contra el narcotráfico para llevar a cabo operaciones contra agentes responsables de abusos. El martes, el presidente, Rodrigo Duterte, dijo que quería la ayuda del Ejército en esta 'guerra contra las drogas' y para detener a policías corruptos.

En este contexto, Gaviria ha asegurado que "incorporar al ejército a la lucha contra el narcotráfico, como sugiere ahora, también puede tener consecuencias funestas. La lucha contra las drogas tiene que ser equilibrada, de tal modo que no viole los derechos ni el bienestar de los ciudadanos".

El colombiano ha continuado señalando que efectivamente la dureza contra la delincuencia "suele aumentar la popularidad de los políticos", como ya se vio en las elecciones de las que Duterte salió claro vencedor, con la promesa de poner fin a la delincuencia en el país.

"A mí también me sedujo la idea de adoptar una postura inflexible contra las drogas cuando fui presidente. Las encuestas sugieren que la guerra contra las drogas de Duterte es igual de popular", ha apuntado.

"Pero pronto descubrirá que no hay forma de ganar. Yo también descubrí que los costos humanos eran enormes. La guerra contra el narcotráfico no se puede ganar matando a los delincuentes menores ni a los adictos. Solo pudimos observar resultados positivos cuando cambiamos de rumbo, y aceptamos que las drogas son un problema social y no uno militar", ha relatado.

Por último, Gaviria ha reiterado que son esenciales "las estrategias orientadas hacia los delincuentes violentos y el lavado de dinero, al igual que las medidas que despenalizan a los adictos, apoyan sentencias alternativas a los infractores no violentos de bajo nivel y brindan una gama de opciones de tratamientos a los consumidores de drogas".

"Esta es una prueba en la que muchos de mis compatriotas colombianos han fallado. Espero que Duterte no caiga en la misma trampa", ha concluido.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con lanzar a los altos cargos que sean acusados por corrupción desde un helicóptero, del mismo modo que hizo con un secuestrador años atrás, informa Europa Press.

En declaraciones recogidas por la cadena filipina GMA, Duterte recordó desde la región de Camarines Sur el caso de una mujer que fue secuestrada, violada y asesinada a pesar de que sus padres ya habían pagado un rescate por ella.

En esa ocasión, Duterte explicó que lanzó al presunto agresor, de nacionalidad china, desde un helicóptero. "Ya lo hice una vez, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo?", preguntó.

Duterte, que se ganó la confianza de los filipinos cuando fue alcalde de la ciudad de Dávao, centró su campaña a la presidencia en la lucha contra el narcotráfico, con el polémico compromiso de acabar con la delincuencia matando a todos los traficantes.

Desde que asumió el cargo de presidente, el pasado mes de julio, las autoridades han matado a más de 5.000 personas relacionadas con narcotráfico, según las cifras oficiales, aunque según los datos de otras organizaciones esta cifra podría ser muy superior.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, reclamó el pasado 21 a las autoridades de Filipinas que investiguen las declaraciones de Duterte, quien  aseguró una semana antes haber matado a tres sospechosos de narcotráfico cuando era alcalde de la localidad de Dávao.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, reclamó este martes a las autoridades de Filipinas que investiguen las declaraciones del presidente del país, Rodrigo Duterte, quien la semana pasada aseguró haber matado a tres sospechosos cuando era alcalde de la localidad de Dávao.

El presidente filipino negó que el Estado esté patrocinando asesinatos extrajudiciales de presuntos narcotraficantes y dijo que solo una tercera parte de las alrededor de 2.000 muertes relacionadas con las drogas desde que llegó al cargo el 30 de junio han sido obra de la policía.

"Pero en Dávao yo solía hacerlo personalmente. Simplemente para mostrarle a los tipos (la policía) que si yo puedo hacerlo ¿por qué no vosotros?", afirmó, explicando que solía recorrer las calles de esta ciudad en moto "patrullando y también buscando problemas".

En respuesta, el portavoz de Al Hussein, Rupert Colville, recalcó que "dichas acciones contravienen directamente los derechos consagrados en el artículo 3 de la Constitución filipina".

"Las muertes descritas por el presidente también violan las leyes internacionales, incluidos los derechos a la vida, a la no violencia o fuerza, al debido proceso, a un juicio justo, a la protección igualitaria ante la ley y a la presunción de inocencia", agregó.

En este sentido, Colville manifestó que "las muertes causadas por Duterte, según lo ha admitido él mismo, constituyen claramente asesinatos".

Por ello, Al Hussein pidió al Poder Judicial del país asiático que "demuestre su compromiso con el Estado de Derecho" y que "actúe con independencia del Ejecutivo, iniciando una investigación sobre los hechos".

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cerca de 6.100 personas han muerto a manos de policías, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la 'guerra contra la droga'.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cuya ofensiva contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos le ha granjeado críticas a nivel internacional, ha reconocido que él mismo mató a delincuentes mientras era alcalde de Davao.

Sus declaraciones se produjeron en un discurso el lunes por la noche durante un foro empresarial y de ellas se hace eco ahora la prensa filipina.

Durante el mismo, Duterte negó que el Estado esté patrocinando asesinatos extrajudiciales de presuntos narcotraficantes y dijo que solo una tercera parte de las alrededor de 2.000 muertes relacionadas con las drogas desde que llegó al cargo el 30 de junio han sido obra de la Policía.

"Pero en Davao yo solía hacerlo personalmente. Simplemente para mostrarle a los tipos (la Policía) que si yo puedo hacerlo ¿por qué no vosotros?", afirmó, explicando que solía recorrer las calles de esta ciudad en moto "patrullando y también buscando problemas".

El presidente electo de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ofrecido 5,5 millones de pesos –unos 100.000 euros– por cada narcotraficante muerto en Cebú, según informaron los medios locales y recoge Europa Press. Cebú es, tras Manila, la ciudad más importante a nivel económico del país. 

Esta oferta es al menos 100 veces superior a la ofrecida por el propio alcalde de Cebú, Tomás Osmeña, que anunció la entrega de 50.000 pesos –algo menos de 1.000 euros– por cada traficante de narcóticos que sea abatido en la ciudad.

Duterte lo anunció durante la fiesta de acción de gracias que un grupo privado organizó para el presidente electo, que accedió al cargo con un programa centrado, básicamente, en acabar con la delincuencia en el país.

En su intervención, de unos 40 minutos, Duterte advirtió de que sabe que en algunos casos, agentes de la Policía involucrados en operaciones antidrogas no declaran el volumen real de lo que se incautan y proclamó que esto tiene que parar, según el diario Inquirer.

"No quiero llegar al extremo, pero estoy pidiendo que esto se revierta. Si no puedo hacerlo de la manera correcta, tendré que hacerlo de alguna incorrecta, porque tengo el deber, bajo juramento, de proteger a la República", aseguró.

Estas declaraciones llegan poco después de que el nuevo mandatario del país, que ostentará el cargo durante seis años, animara a la población a actuar contra traficantes, asegurando que cuentan con autorización para disparar a matar.

"Pagaré cinco millones de pesos filipinos (unos 95.345 euros) por cada narcotraficante muerto. Si es entregado vivo, sólo 4.999.000 pesos", dijo la semana pasada, agregando que dará también dos millones de pesos (cerca de 38.145 euros) por cada "distribuidor" de drogas muerto.

Así, pidió a la población que capture a los narcotraficantes que operen en sus comunidades, agregando que pueden disparar contra ellos si se resisten y ponen la vida de la gente en peligro.

Aprueba matar a periodistas corruptos

"Solo por ser periodista no te libras de asesinato, si eres un hijo de puta (...). La mayoría de los muertos, para ser franco, han hecho algo. No te matan si no haces nada malo". Dutarte se refirió así el pasado mayo a la alta tasa de delitos violentos contra periodistas y su impunidad en Filipinas, uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. El nuevo presidente del país considera que los periodistas corruptos son objetivos legítimos de asesinato.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha instado a los medios filipinos a boicotear sus ruedas de prensa hasta que se emita una disculpa pública formal y, además, exige una acción legal contra Duterte.