La pérdida no solo hiere: desordena el mundo. Después de una muerte, no desaparece solo una persona, sino el entramado de gestos y significados que sostenían la vida. El duelo es ese proceso que intenta recomponer el sentido.

Desde hace décadas, la psicología cultural ha mostrado que el duelo no es “superar”, sino reconstruir. En lugar de cerrar el vínculo, muchas culturas buscan seguir conversando con los muertos, mantenerlos presentes en los relatos y los objetos. Las mediaciones culturales –una tumba, una foto, un canto, un perfil digital– son los puentes que permiten seguir en relación con lo ausente, rehaciendo la historia desde la fractura.

El mundo está lleno de lenguajes para el duelo. En Madagascar, las familias celebran el famadihana o “vuelta de los huesos”, un reencuentro festivo en el que se desenvuelven los cuerpos de los ancestros, se les cambia la mortaja y se baila con ellos.

En Japón, muchas familias conservan en casa un butsudan, un pequeño altar budista con las tablillas de los antepasados –los llamados ihai se colocan en el altar con el nombre y la fecha de la muerte del difunto–. Allí se ofrecen flores o incienso como forma de mantener viva su presencia.

En Ghana, los funerales pueden durar días y reunir a cientos de personas; los ataúdes se tallan con formas simbólicas –un pez, una herramienta– que representan la historia o el oficio de quien ha muerto.

En México, el Día de Muertos celebra el regreso simbólico de los difuntos al mundo de los vivos. En casas y cementerios se levantan altares con flores, pan, velas y objetos personales, mientras las familias se reúnen entre música, comida y calaveras literarias que, con humor, conversan con la muerte.

En los Andes, entre comunidades quechuas y aymaras, la muerte se entiende como regreso al territorio. Los cuerpos se confían a la tierra o al agua que los vio nacer, porque el vínculo entre persona y paisaje se transforma. Las cosmologías, silenciadas por la colonización, recuerdan que morir también puede ser volver a la trama que nos sostiene.

Estas prácticas muestran algo esencial: no existe una sola manera de llorar. Cada cultura ha inventado herramientas para transformar la ausencia en relación y la memoria en cuidado.

En gran parte de Europa, el duelo se ha vuelto más íntimo y menos visible. La muerte suele tener lugar en instituciones, lejos de los espacios domésticos, y muchos de los rituales que antes acompañaban la pérdida se han ido diluyendo.

La discreción ha sustituido en gran medida a las formas colectivas de despedida. En España, como en otros países europeos, aún cuesta hablar del duelo y la muerte sin incomodidad. Iniciativas como el Festival Vida al final de la vida invitan a la ciudadanía a participar en actividades artísticas y conversaciones abiertas sobre ello.

Pensar el duelo desde una mirada decolonial implica también reconocer que no todas las muertes pesan lo mismo, ni todas las culturas han tenido el mismo derecho a elaborarlas.

Las historias coloniales de desplazamiento, racismo o violencia estructural han generado duelos sin reconocimiento: migraciones forzadas, desaparecidos, pueblos enteros privados de sus ritos.

La modernidad colonial no solo administró cuerpos, sino también muertes: decidió cuáles eran dignas de luto y cuáles podían ser olvidadas. Frente a ello, muchas comunidades han hecho del duelo una forma de resistencia.

Las madres de los desaparecidos que marchan con las fotos de sus hijos o los altares improvisados en las fronteras encarnan una práctica afectiva que no busca cerrar la herida, sino sostenerla en común para reconocer la violencia que la produjo y recuperar la capacidad de cuidar más allá del marco colonial.

En el siglo XXI, el duelo también se ha desplazado a los espacios digitales. Las redes sociales albergan memoriales, perfiles donde los vivos siguen escribiendo a los muertos, y los llamados deathbots –programas que reproducen la voz o los mensajes de una persona fallecida– prolongan esas conversaciones más allá de la vida.

Las pantallas, los rituales, los cuerpos, los paisajes… todos median la continuidad entre vida y muerte. En esa diversidad de mediaciones –ancestrales o tecnológicas– se manifiesta la misma necesidad: seguir hablando con lo ausente, aunque el idioma cambie.

Mirar el duelo desde la diferencia cultural y desde la herida colonial no significa idealizar otras prácticas, sino recordar que llorar también es un acto de conocimiento y de justicia.

Cada cultura encarna una forma de relación con el tiempo y con la memoria, y todas reconocen que el dolor, cuando se comparte, reconstruye comunidad.

En un mundo que acelera el olvido, el duelo puede ser una forma de resistencia: una práctica que devuelve lentitud, vínculo y sentido. Morir no es igual en todas partes. Tampoco lo es recordar.

En los modos en que cada sociedad acompaña la pérdida se revela su idea de vida, de justicia y de mundo. El duelo, lejos de ser una enfermedad del alma, es una mediación entre la memoria y el porvenir, entre la ausencia y la continuidad de la vida.

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Belén Jiménez Alonso es profesora e investigadora, especialista en duelo, en el departamento de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

La Unión Europea es el primer exportador mundial de residuos plásticos. Desde que la ONU empezó a medir los flujos comerciales globales, en 1988, y hasta 2016, los europeos han enviado fuera de sus fronteras el 32% de los 215 millones de toneladas de desperdicio plástico que se han exportado en todo el planeta. Estados Unidos y Canadá, menos de la mitad, el 14%. España es la responsable de depositar 2,86 millones de toneladas durante tres décadas en ese inmenso cubo de basura, tal y como figura en la base de datos Comtrade del organismo internacional.

El plástico es moldeable, ligero pero resistente, y barato. Todo un éxito de la industria. De hecho, no hay otro material cuya producción haya crecido tanto: en 1950 sólo se fabricaron dos millones de toneladas en todo el mundo, pero en 2015 ya eran 322 millones. Hasta 2017, el planeta acumulaba una producción de 8.300 millones de toneladas de plástico. De esa cifra, han acabado convertidas en residuos 6.300 millones, el 76%. Que, además, como alertaba una cantante californiana en los 90, son “para siempre”: una botella de polietileno (PET) puede tardar un milenio en degradarse. Puesto que sólo se recicla el 9% del plástico que se tira al cubo de la basura y el 12% es incinerado, el 79% restante termina en vertederos o en el medio ambiente, según un estudio realizado por expertos de las universidades de California y Georgia. La revista Science calcula que entre cuatro y 12 millones de toneladas de este tipo de residuo contaminante y eterno son arrojadas al mar cada año.

Pero que sea un desperdicio no quiere decir que carezca de valor económico. Desde 1993 hasta 2016, las exportaciones de estas basuras se multiplicaron un 817%, buena prueba de la rentabilidad y plenitud del negocio. Además, se trata de un mercado peculiar. Hasta enero de 2018, la mitad de esos millones de toneladas desechadas en todo el mundo se exportaba a un único país: China. Si a la cifra se añaden los cargamentos dirigidos a Hong Kong, que funciona como puerto de entrada hacia el vecino gigante, las ventas a ambos destinos acaparaban hasta hace dos años el 72,4% del comercio mundial.

En esa fecha, el Gobierno de Pekín prohibió la importación de la basura plástica de peor calidad, en un intento por devolver la salud a un medio ambiente que tenía muy maltratado. Un buen número de plantas recicladoras, situadas en zonas costeras, fueron obligadas a cerrar. Y el resto del planeta se quedó sin dónde enviar sus millones de envases. Acomodados a los precios irrisorios de los barcos que cargaban la basura y a los de su posterior reciclaje en las plantas chinas –inferiores al coste de enviarla en camión a una instalación local–, la dependencia de un solo importador es global: ni Europa ni Estados Unidos han desarrollado una industria de tratamiento que pueda digerir los residuos ahora rechazados por el gigante asiático.

Así que el cataclismo en el mercado mundial de residuos y reciclaje ha sido tremendo y tendrá largo alcance. El cierre del mercado chino provocará el desplazamiento de unos 111 millones de toneladas de residuos plásticos hasta 2030, de acuerdo con los cálculos realizados por Amy L. Brooks, Shunli Wang y Jenna R. Jambeck, tres investigadores de la Universidad de Georgia (Estados Unidos). Esa cantidad de basura con nuevo rumbo equivale a casi la mitad de los desperdicios plásticos importados desde 1988. Ya no viajará a China, sino a otros destinos. O tendrá que ser reciclada en el mismo país que los produzca. O ya está aumentando las escandalosas cantidades de residuos incinerados o arrojados a vertederos. O lo que es peor, ha disparado las exportaciones ilegales de basura y el interés en ellas del crimen organizado.

De 302.774 toneladas a sólo 92.176 en dos años

La primera consecuencia en España se ha dejado ver enseguida en las cifras de exportaciones de residuos plásticos. Según los registros del Departamento de Aduanas, que depende de la Agencia Tributaria, en 2017, el año previo a que entrara en vigor la prohibición china, España exportó un total de 302.774 toneladas de este tipo de basuras, las encuadradas bajo el código TARIC 3915. En 2018, el primer año sin China, las exportaciones españolas al resto del mundo cayeron a la mitad, 157.462 toneladas de plástico. En 2019 el desplome continuó: 92.176 toneladas. Para 2020 sólo están disponibles aún datos hasta septiembre. En nueve meses sólo han salido del país 59.182 toneladas de desechos plásticos.

Es decir, las exportaciones españolas de estas basuras han descendido al nivel que tenían en 2006, de acuerdo con los datos de Comtrade. La prohibición china las ha dejado en un tercio del volumen que solían tener. El año en que España vendió al exterior más residuos de este tipo fue 2014, con 359.484 toneladas.

Al mismo tiempo, se han disparado las importaciones. En 2017, España compró 103.169 toneladas de residuos plásticos. En 2018 ya fueron 138.594 toneladas. En 2019 se elevaron a 157.428. Desde 2016, las importaciones se han duplicado.

¿Qué ha ocurrido con las más de 200.000 toneladas que han desaparecido de los registros de aduanas? ¿Cómo se explica que, tras el cerrojazo de China, España importe más basura plástica de la que exporta –un 70% más–, cuando hasta 2017 sus ventas llegaban a triplicar las compras?

Interpol publicó el pasado mes de agosto un informe donde analiza las tendencias criminales emergentes en el mercado global de residuos plásticos desde enero de 2018. Tras recopilar información procedente de 40 países, la organización internacional de policía constata que en estos dos últimos años se ha producido un “gran desvío” de las exportaciones de basura sintética desde China hacia otros destinos alternativos en el sur y sureste de Asia. En concreto,hacia Malasia y Tailandia. Pero también han aumentado los envíos a Europa central y del Este. Esas nuevas rutas son tanto legales como ilegales. Y las ilegales a veces utilizan países de tránsito para camuflar el origen de los cargamentos.

Además, como el volumen de residuos vendidos legalmente a estos nuevos importadores es menor que el absorbido antes por China, en los países exportadores se están acumulando excedentes de basura plástica. Así que también han crecido de forma significativa la quema y el vertido ilegal de estos desechos sintéticos en sus territorios de origen.

Nuevas rutas para la basura plástica

España no escapa de esta tendencia general. Al desplome del volumen de exportaciones legales se le ha añadido un nuevo mapa de envíos. En 2017, un total de 115.911 toneladas de residuos plásticos salía de España rumbo a las plantas de reciclaje chinas. El 38,3% de los cargamentos. A Hong Kong embarcaban otras 47.015 toneladas. En conjunto, casi el 54% de las exportaciones. El tercer destino preferido de los contenedores nacionales era Italia, con 28.104 toneladas. Después, de acuerdo con las cifras de Aduanas, aparecen Vietnam y Malasia. Tras el veto chino de 2018, el principal comprador de basura plástica española pasó a ser Malasia, con 24.388 toneladas, aun prácticamente con la misma cantidad que el año anterior. El segundo era Vietnam, con una cifra similar a la de 2017. China ya importó sólo 14.529 toneladas; Hong Kong, 13.504. Después aparecía Tailandia, con 11.986 toneladas. La reducción de exportaciones a China no se traduce en un aumento de las ventas a Malasia y Tailandia, al menos no legalmente.

En 2019, Hong Kong se convierte en el principal importador, con 10.943 toneladas, seguido de Malasia, con sólo 9.678. Alemania es el tercer comprador, con 9.219 toneladas, una cuantía que no ha variado en los últimos años. Pero ese año ya escalan en la clasificación nuevos protagonistas, que se afianzarán en 2020: Turquía –sólo en los nueve primeros meses de 2020 ya ha comprado un 56% más de plásticos que en todo 2017–, Rumanía –que multiplica por 37 sus importaciones españolas desde 2017–, Egipto –que cuadriplica en los nueve primeros meses de 2020 los cargamentos de todo 2019– y Ghana –1.654 toneladas, cuando en 2017 no compraba nada–. España también envía residuos plásticos a países europeos como Francia, Portugal o Países Bajos, pero sus cantidades no han cambiado apreciablemente tras la prohibición china.

Como explica el informe de Interpol, la primera reorientación de las rutas hacia países del sureste asiático como Malasia, Tailandia o Vietnam sufrió enseguida un nuevo viraje. Tras verse inundados por los cargamentos de residuos plásticos que China ya no admite, los gobiernos del sureste asiático instauraron sus propias restricciones a la importación. Muchos de ellos devolvieron a los puertos de origen decenas de barcos llenos de porquería que causaban serios problemas medioambientales y sanitarios al pasar meses o incluso años en sus muelles.

En septiembre de 2019, Indonesia mandó de regreso a Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, Bélgica y Gran Bretaña 547 contenedores, pero había intervenido hasta 2.000. Unos meses antes, Malasia había ordenado la vuelta a Valencia de 24 contenedores llenos de envases plásticos. En enero de 2020, repatrió otros 150: 42 a Reino Unido, 40 a Francia, 17 a Estados Unidos, 11 a Canadá, 10 a España y nueve a Hong Kong. Sri Lanka hizo lo propio con 241 contenedores procedentes del Reino Unido que llevaban desde 2017 apestando el puerto de Colombo.

Efecto dominó

De modo que el negocio ha tenido que buscar nuevos destinos para unos desechos cuya producción no mengua pese a la batalla promocional de gobiernos y ecologistas contra el plástico. Interpol lo describe como un efecto dominó. En Asia, los barcos basurero han empezado a dirigirse hacia Laos y Myanmar. En Europa, la República Checa, Rumanía y Polonia han aumentado sus importaciones de residuos plásticos procedentes de otros países de la UE, como los Países Bajos, y del Reino Unido. Rumanía, un 50% entre 2017 y 2019, según los datos de Comtrade. Chequia, un 29% en 2018 respecto al año anterior. Polonia, un 21,3%.

El crecimiento de Turquía ha sido mucho mayor: un 66,8% en sus compras de desperdicios sintéticos en 2018 respecto al año precedente. Las importaciones turcas ascendían a 436.909 toneladas el primer año de la prohibición china, el triple de lo que compra España. Comtrade aún no tiene datos de 2019.

En África, el informe de Interpol señala a Malawi, Ghana y Suráfrica como nuevos importadores de este tipo de basura. Greenpeace llama la atención sobre Ghana especialmente para las exportaciones españolas. Sobre todo, porque en 2014 la Unión Europea prohibió exportar desechos plásticos a ese país del Golfo de Guinea. Sin embargo, aparece en los registros de Aduanas desde 2018, con 1.478 toneladas, y con 1.654 toneladas en 2019. Hasta septiembre de 2020 España le había enviado ya 1.124 toneladas. Según Comtrade, Ghana ha duplicado su volumen de importaciones de plástico entre 2018 y 2019: de 2.911 a 5.936 toneladas. De las registradas en 2018, más de la mitad procedían de España; de las consignadas en 2019, una tercera parte. Sólo la vecina Burkina Faso le vende más.

En el último informe que ha publicado sobre el reciclaje de plásticos, Greenpeace cifra en 30 anuales el número de operaciones españolas con Ghana, pese a que su capacidad para reciclarlos es nula: sólo trata entre un 2% y un 5% de sus propias basuras sintéticas; el 38% termina en vertederos, el 23% en el mar, el 28% son enterradas y el 11% incineradas.

El plástico parece pues haberse añadido a la basura electrónica, en la que Ghana se ha convertido en un desgraciado referente mundial. En el barrio de Agbogbloshie de la capital, Accra, se amontonan toneladas de ordenadores, móviles o televisores descargados de barcos con origen en Europa o Estados Unidos. Allí miles de personas rebuscan y queman los aparatos en busca de metales que revender. Como revela Interpol, las mismas rutas marítimas que servían para los residuos tecnológicos se están utilizando ahora para los plásticos.

Todas estas cifras se refieren a movimientos legales de basura plástica. Pero, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, en 2011 el 20% de los cargamentos de residuos con origen en la UE eran ilegales. El porcentaje se eleva hasta el 33% en el caso de mercancías peligrosas, que es la consideración que suelen tener la mayoría de los desechos plásticos. El auge que pueden haber experimentado estos envíos desde el veto chino de 2018 es difícil de calcular por su obvio carácter clandestino. Aunque Interpol explica, por ejemplo, que el 45% de los contenedores inspeccionados por las autoridades de Indonesia en 2019 procedía del tráfico ilegal de residuos plásticos.

Incendios en vertederos y plantas de tratamiento

Pero como no todo lo que antes se embarcaba hacia China ha sido desviado, legal o ilegalmente, al sureste asiático, a África o a Europa del Este, la incineración y el vertido ilegal también están creciendo en el territorio del primer exportador mundial de residuos plásticos, la UE. Según Interpol, es lo que ha sucedido en Francia, Italia, Irlanda, Suecia y Eslovaquia. Y en España.

En concreto, la organización policial destaca que los incendios en vertederos y plantas de tratamiento de basuras se han disparado aquí un 100% entre 2017 y 2018. Esos datos han sido aportados por la Guardia Civil, cuya Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) confirma a infoLibre el aumento de los incendios en plantas de gestión de residuos plásticos. Intencionados, sospecha el instituto armado. “El fuego sirve para encubrir la falta de gestión de las basuras”, explica su responsable, el capitán Carlos Astrain, “no es casual que, por ejemplo, no afecte a la maquinaria ni a la estructura, sino a zonas muy concretas de las instalaciones y al material acumulado”. La Guardia Civil cifra en un 15% el número de siniestros intencionados.

Según las cuentas de Greenpeace, en España se han producido 267 incendios en otras tantas plantas de residuos desde 2012. Treinta y cinco de ellas, aseguran, pertenecen a recicladores homologados de Ecoembes, el cuasimonopolio del reciclaje de envases domésticos. La organización ecologista asegura que algunas de estas instalaciones han sufrido más de cinco siniestros en los últimos ocho años.

La patronal Anarpla (Asociación Nacional de Recicladores de Plástico) reconoce el “alarmante” aumento de los incendios en el sector, pero niega que se estén produciendo en plantas de reciclaje, sino en las que se dedican a “recuperar” y “seleccionar” los residuos. Según destaca, el coste de los siniestros declarados en instalaciones de reciclaje autorizadas durante los últimos cinco años no llega ni al 1% del coste de las pólizas con que estaban aseguradas, sólo 27.997 euros.

Por su parte, la Federación Española de Recicladores y Recuperadores (FER) responsabiliza al aumento de siniestros a las “campas ilegales que han proliferado” pese a sus continuas denuncias ante los gobiernos autónomos competentes. Para su directora general, Alicia García-Franco, son una competencia desleal y un grave riesgo para el medio ambiente. “¿Alguien en su sano juicio puede creer que un gestor de residuos que cumple con todas sus obligaciones fiscales y ambientales va a quemar intencionadamente su planta de residuos con toda su costosa tecnología, maquinaria y recursos humanos por la indemnización que supuestamente le dará el seguro y que no llegará ni en el mejor de los casos tras la correspondiente investigación pericial a una décima parte de su valor real de mercado?”, se pregunta para negar la implicación de estas empresas en la ola de siniestros.

En cualquier caso, tanto los recuperadores como los recicladores se quejan de la subida de precios de las pólizas y del endurecimiento de las condiciones que exigen al sector las aseguradoras por culpa de los incendios. “Nos meten a recicladores y recuperadores en el mismo saco, no discriminan, y nos piden a todos los mismos precios”, protesta el gerente de Anarpla, Óscar Hernández. En algunos casos, lamenta, las compañías se han negado incluso a asegurar a las empresas.

Operación contra el tráfico ilegal al sureste asiático

Lo que la Guardia Civil no ve aún en España son organizaciones criminales que estén aprovechando el vuelco del negocio tras el veto chino. “Hay un primer nivel de gestores de residuos que son empresas nacionales”, explica Carlos Astrain, “éstos proveen de género a brokers chinosbrokers, que son los encargados de enviar los cargamentos fuera de España”. Legal o ilegalmente. Pero, por lo general, las implicadas son empresas legales que, “por mala praxis o por obtener un beneficio económico cometen ilícitos”. Como quemar los residuos acumulados a los que no consiguen dar salida desde que China prohibió la importación. No hay mafias ni conexión con el tráfico de drogas como ocurre en otros países, “pero sí estructuras orquestadas para cometer un ilícito continuado”, precisa.

Así, la Ucoma de la Guardia Civil y  la Fiscalía de Medio Ambiente llevan tiempo embarcadas en una operación contra el tráfico ilegal de residuos plásticos que se centra en esos empresarios chinos, con compañías en España y en el país asiático, que exportan estas basuras ahora a Vietnam, Tailandia o Indonesia. La investigaciónincluye también a los gestores españoles que se las venden. Los brokers chinos les pagan buenos precios, asegura la Guardia Civil. Además, los empresarios españoles, de acuerdo con la ley, son responsables de la salida al extranjero de los desechos. La operación, que comenzó nada más devolver Malasia el cargamento de basuras plásticas a Valencia y cuenta con la coordinación de Interpol, ya está casi cerrada en España, tan sólo pendiente de que terminen sus investigaciones los países asiáticos implicados.

Por su parte, Óscar Hernández explica la caída de las exportaciones desde 2018 por el aumento del reciclaje nacional y por el desvío de parte del residuo plástico a la generación de energía. Dice que el sector está “sobrado de capacidad” para asumir el excedente acumulado tras el veto chino. De hecho, su producción de plástico reciclado, tan limpio con la “materia prima virgen”, creció casi un 32% en 2018 respecto al anterior, hasta alcanzar 1,24 millones de toneladas. España, además, importa mucha basura plástica de Francia y Portugal, asegura. “Estamos invirtiendo en aumentar nuestra capacidad porque hay demanda”, resume.

Un ejemplo pueden ser los plásticos empleados para levantar invernaderos. La Guardia Civil se declara “sorprendida” por el aumento de las importaciones desde países del Magreb, Marruecos y Argelia, de estos polímeros. Óscar Hernández explica que probablemente se debe a que España cuenta con la única planta de Europa especializada en procesar plásticos agrícolas. Se encuentra en Murcia y utiliza el alto contenido en tierra de estos plásticos para hacer compostaje.

Sólo cinco autorizaciones en dos años

El Ministerio de Transición Ecológica también ha alertado sobre el “importante” aumento del traslado ilegal de basura plástica a países del sureste asiático. Lo hizo ya en febrero del año pasado. Pero achaca el alza a “la falta de conocimiento” por parte de las empresas de la normativa internacional y nacional sobre el transporte de estos desechos. En todo caso, el ministerio sólo está al tanto de los envíos que precisan autorización. Y ésos son muy pocos. Como los cinco permisos que concedió en 2018 y 2019 a una misma empresa, que los había solicitado para mandar unos cargamentos a Egipto.

Poquísimos si se tiene en cuenta que en 2018 y 2019 se llevaron a cabo unas 4.600 exportaciones, de acuerdo con los registros de Aduanas consultados por Greenpeace. Pero los controles en los puertos son aleatorios y sólo alcanzan al 4% de las operaciones. El responsable de Ucoma aclara que el fraude más común es no declarar los desechos plásticos como residuo –lo que activaría inmediatamente el control medioambiental, precisamente lo que se pretende evitar–.

Tanto Anarpla como Ecoembes se desvinculan por completo de los cargamentos ilegales de basuras que han aparecido al otro lado del mundo. “A nosotros no nos llega material sucio, sino sólo el que ha sido previamente seleccionado, con más valor que el exportado a China o a países del sureste asiático”, advierte Óscar Hernández. Si un plástico excede el contenido máximo de impropios acordados con Ecoembes, detalla el gerente de Anarpla, a los recicladores españoles no les sirve. En cambio, sí los aceptaban las plantas chinas hasta enero de 2018. Una tonelada de residuo puede valer hasta 250 euros, revela Hernández. Por encima de ese precio deja de ser considerado basura.

Si se miran los registros de Aduanas, puede medirse no sólo el volumen sino también el valor de los desechos plásticos que se exportan a según qué países. Y deducir el tipo de basura vendida. En 2017, el kilo de los residuos españoles exportados a China salía a 28 céntimos, pero el que se enviaba a Alemania o Italia superaba los 80. Los vendidos a Polonia o Rumanía llegaban a 12 y 13 euros el kilo. Por el contrario, el plástico transportado a Vietnam y Malasia no llega a 18 céntimos. Los precios no varían demasiado en los años siguientes. Es decir, los desperdicios vendidos a Polonia, Alemania o Italia son de mejor calidad; los que llegan a Vietnam y Malasia, apenas reciclables.

Ninguna empresa ha perdido su homologación

“Son piratas”, acusa por su parte Álvaro Otero, responsable de Asuntos Corporativos de Ecoembes, a quienes se dedican al tráfico ilegal de residuos. A su juicio, resultan “excepcionales” los casos de empresas que caen en estas prácticas y Ecoembes, una “víctima” de la generalización en la que cae la opinión pública cuando se hacen públicas estas infracciones. Por el contrario, Greenpeace, muy crítica con la organización, no duda en señalar en su último informe a una de las empresas homologadas, Iber Resinas SL, como responsable del cargamento que fue devuelto por Malasia en 2019. El transporte lo realizó a través de una empresa canadiense domiciliada en su misma sede social, una dirección de Valencia. El Ministerio de Transición Ecológica le abrió un expediente, que aún no se ha resuelto. Cuando se cierre, asegura Otero, Ecoembes tomará una decisión sobre la recicladora. Dice que su vigilancia es “máxima” y que el incumplimiento de los criterios exigidos por la organización implica la pérdida de la homologación. Algo que no le ha ocurrido nunca hasta ahora a ninguna de las empresas adheridas al sistema.

En todo caso, Ecoembes sólo se encarga del reciclaje de envases domésticos –además de plásticos, de metal, briks y papel-cartón–, no de los desechos comerciales, agrícolas o industriales. Sólo un 7% de la basura, resalta Álvaro Otero, que acusa a Greenpeace de extender su responsabilidad a ámbitos que no corresponden a la organización. “España exporta pocos envases domésticos porque su industria es capaz de asumir el volumen que genera”, sostiene, por lo que cree que el impacto del veto chino ha sido limitado. De las 422 empresas homologadas por Ecoembes, apunta, 420 operan en España y sólo dos trabajan fuera: una en Portugal y otra en Egipto. Al contrario, ensalza la prohibición china como una “buena noticia”, una “oportunidad” para el desarrollo de la economía circular en Europa. “En realidad, ha sido un catalizador, un acelerador para que los países sean capaces de gestionar su propia basura y no oculten su incapacidad debajo de la alfombra exportando al sureste asiático”, defiende.

Transición Ecológica está preparando una nueva ley de residuos que establecerá la obligatoriedad de enviar al ministerio el documento de identificación de todos los cargamentos de residuos plásticos que no necesitan autorización previa. “Deberá entregarse antes de cada salida y redundará en un mayor control”, apuntan fuentes del ministerio. La ley actual, de 2011, no precisa cuándo las empresas responsables de los envíos deben trasladar a las autoridades ese documento, que especifica el tipo de material exportado, la cantidad, su origen y destino; de ahí que muchas veces, reconocen las fuentes, no se remita. “Ese vacío legal ha sido un foco de problemas”, lamentan. También la Comisión Europea está pendiente de actualizar su propio reglamento de transporte de residuos a países que no pertenecen a la OCDE, como es el caso de la mayor parte de los importadores que han tomado el relevo de China en la compra de plásticos.

Izquierda Unida (IU) está ultimando la venta de su sede federal del número 35 la calle Olimpo de Madrid a la Embajada de Ghana, por una cantidad que ronda los tres millones de euros, según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección federal.

El edificio, de cuatro plantas además de un sótano, está ubicado en una superficie del distrito de Hortaleza cedida por el Ayuntamiento de Madrid al PCE en 1990. Aunque fue IU quien lo construyó a finales de los 90, la formación liderada por Alberto Garzón ha necesitado solicitar permiso al consistorio para poder proceder a su venta.

Garzón lleva intentado vender la sede desde que llegó a la dirección de IU en 2016, al considerar que el inmueble, de grandes dimensiones, suponía un elevado gasto innecesario, sobre todo teniendo en cuenta la elevada deuda que arrastra el partido desde la época de Julio Anguita, y que ahora se sitúa en torno a los 7,5 millones de euros, según las fuentes consultadas.

Aunque la venta todavía no está del todo cerrada, la Embajada de Ghana ya informa en su página web de que desde el 2 de diciembre ocupa su nueva ubicación en el 35 de la calle Olimpo. Por ello, el personal de IU comparte de forma temporal las instalaciones con los nuevos dueños, hasta que finalice el proceso o encuentren una nueva sede.

La trama de cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que querían asentarse en el extranjero liderada por los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui se extendió a más de una veintena de países de todo el mundo –excepto Oceanía–, según el análisis del sumario realizado por infoLibre.

Ambos cargos del PP, y muy especialmente Arístegui tras abandonar el Congreso y convertirse en embajador de España en India, cobraron según un informe de los agentes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, más de cinco millones de euros a estas firmas, que esperaban obtener contratos en países extranjeros, como por ejemplo fue el caso de Elecnor en Argelia. Según la Policía, Elecnor y su filial acabaron pagando 1,6 millones a funcionarios del país norteafricano en cuentas bancarias de Emiratos Árabes Unidos.

De la lectura del sumario se desprenden hechos novedosos sobre las conexiones internacionales de los investigados, que hacían negocios mientras mantenían sus cargos de representación del Estado español. Este es el caso de Jordania, país al que viajaron los integrantes de la trama corrupta para mantener contactos al más alto nivel con el entorno del rey Abdalá II.

Asimismo, el denunciante del caso, el empresario de Ribadesella (Asturias) José Faya, también implicó en el cobro de comisiones ilegales al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, que según la prensa de aquel país ha sido objeto de diferentes acusaciones por corrupción.

También aparecen otros países como destino de transferencias de importantes cantidades de dinero, como Francia (100.000 euros) y Reino Unido (765.541 euros).

1. Jordania: el entorno del rey

Gustavo de Aristegui, que fue diplomático en la Embajada de España en Jordania, también trató de hacer negocios en el país asiático. En el sumario aparecen nuevos datos sobre las gestiones de Gómez de la Serna, que en los contratos con la firma española de energías renovables Sun Edison aseguró haber mantenido conversaciones "con el consejero económico de Su Majestad el rey de Jordania" y el primer ministro del Reino.

Según los datos aportados por los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Sun Edison abonó entre 2009 y 2014 a la trama un total de 423.877 euros.

En la documentación requisada, De la Serna asegura que se mantuvieron entrevistas con dos de los más importantes grupos empresariales del país, que mostraron "gran interés en participar" en el proyecto: "Se describe viaje realizado entre los días 2 y 6 de octubre a Amman para la presentación inicial de una posibilidad de inversión de Sun Edison en este país en materia de energía fotovoltaica. Presentando la documentación entregada por la compañía", puede leerse.

En este sentido, en el registro de la vivienda del denunciante la Policía requisó una carta "del ministro de Energía y Recursos Minerales de Jordania, Suleiman Al-Hafez, en relación a la propuesta de proyecto Sun Edison, de 3 de enero de 2011, emplazando a discutir la propuesta en el marco de la inminente nueva legislación de su país". También se encontraron correos electrónicos de Arístegui y De la Serna con personas identificadas con los nombres de Haron Hassan y Hussein Al Rifai, "en el que se aportan los nombres de los ministros del Gobierno de Jordania".

Además, los correos dan cuenta de la preparación de un viaje a Jordania. "En relación a viaje previsto para los días 27 al 30 de mayo, acudirán tres personas de Sun Edison, Gustavo y el remitente", se señala en referencia a Gómez de la Serna, que es el que envía el mensaje.

La agenda del viaje incluye "una reunión informal con Khaled Irani, antiguo ministro de Energía, y con el actual". En relación al proyecto Sun Edison en Jordania se identifica un acuerdo de seis meses para el pago de 15.000 euros de Sun Edison a Kim F. Abujaber.

2. Panamá: PAGOS AL EXPRESIDENTE

El denunciante del caso aseguró en su declaración ante la Fiscalía que estuvo presente en una reunión mantenida en un restaurante de Madrid "en la primavera de 2013 con Germán Junquera [directivo de Elecnor], Pedro Gómez de la Serna y Ramón López Lax donde se habló de que Scardovi (empresa del entonces diputado del PP) había cedido su contrato de agencia con Elecnor al agente externo Juan Gestoso para el cobro de la comisión", que según el propio Faya fue abonada en relación a la construcción del Hospital Doctor Rafael Hernández en Chiriquí-Panamá por un montante total de 145 millones de euros. Elecnor participaba en una UTE con Acciona.

Según Faya, el motivo por el cual Scardovi hizo esta cesión a Juan Gestoso era porque "para la consecución de esa obra se había pagado un soborno del 100% de la obra al presidente de Panamá Ricardo Martinelli", [...] y que Germán Junquera comentó a Gómez de la Serna y al propio Faya "que no realizase ninguna reclamación de su comisión por la alta comisión cobrada por la autoridad de aquel país".

Entre los documentos interceptados por la Policía en la sede en Madrid de la empresa Sociedad Internacional de Desarrollos Energéticos, filial de Elecnor, se encuentra una carta remitida por el presidente de Elecnor, Fernando Azaola Arteche, al presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, de 6 de marzo de 2013, "sobre la licitación del Hospital del Niño y una futura petición de audiencia".

La documentación del sumario da cuenta también de la planificación de un viaje de Junquera (Elecnor) a Panamá e información "sobre los propósitos de la licitación en Ciudad de Panamá de un Proyecto de Línea 2 de Metro y sobre los planes del soterramiento del cableado eléctrico urbano en Ciudad de Panamá".

El juez José de la Mata también dispone de documentación vinculada a un contrato en la República de Panamá en el que intervienen Swiss Management y la empresa asturiana Duro Felguera.

3. GUINEA ECUATORIAL: en AVIÓN PRIVADO

El dueño de Eurofinsa, Mauricio Toledano, que es patrono de la fundación FAES, reconoció en su declaración como testigo ante el juez José de la Mata que prestó su avión al exembajador en India Gustavo de Arístegui para que viajara a Guinea Ecuatorial y consiguiera negocios con la dictadura de Teodoro Obiang.

Además, el juez De la Mata tiene en su poder la documentación en la que se da cuenta de un viaje a la capital de esta excolonia española por parte de integrantes de la trama y Elecnor, para presentarle al dictador Obiang un anteproyecto de seguridad de fronteras, con la empresa de EEUU Futron como socio.

Gustavo de Arístegui en un viaje a Malabo. 

También consta un "acuerdo de colaboración" de 18 de abril de 2009 entre Gómez de la Serna y Arístegui con el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y Tecnología guineano Carmelo Modu Akuse Bindang para la implantación de proyectos empresariales españoles. Los beneficios se repartían en un 35% para la parte guineana y un 65% para la española.

Uno de los contratos que surgieron de esta relación lo firmó el propio ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y Tecnología guineano con el empresario Santiago Foncillas García de la Mata, de la sociedad Albia Strategy Consulting SL.

Otro de los testigos que admitió la contratación de la trama para que mediara en Guinea Ecuatorial fue Manuel Ruiz Alonso, consejero delegado de la empresa Ucalsa. En su declaración como testigo, Ruiz Alonso dijo que conoció a Arístegui durante un desayuno en el hotel Ritz en Madrid y le contrató para que intercediera ante el presidente Teodoro Obiang, porque el hijo del dictador había vaciado la cuenta que tenían de forma conjunta en la que guardaban más de un millón de euros, informó la Cadena Ser.

4. Argelia: 4,9 millones

La sociedad que más dinero abonó a las empresas de Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna fue Elecnor. Esta sociedad acudió a los exdiputados del PP para que realizaran gestiones ante altos funcionarios del Gobierno de Argel, que adjudicó a esta firma dos importantes obras, aunque una de ellas fue en UTE con Assignia y Rover Alcisa. Se trataba de la instalación de las tuberías que conectan la planta desalinizadora de Souk Tleta y la región de Tlemcem; y la construcción del tranvía de Ouargla.

La UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa se hizo con el contrato de 230 millones por el tren urbano de Ouargla, mientras que la conexión de la desalinizadora de Souk Tetla se elevó hasta los 250 millones.

En el sumario también consta documentación relacionada con Constructora San José, representada por Pedro Aller Román, para conseguir el contrato "Realización en EPC de un Hospital de 342 camas en Bechar (Argelia)" dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional de la República Nacional de Argelia. La trama cobraría, en el caso de tener éxito en sus gestiones, un 2% del valor del contrato.

5. Emiratos Árabes: 1,6 millones

Los funcionarios argelinos que percibieron una mordida de Elecnor cobraron a través de la firma holandesa Castelino BV. El magistrado José de la Mata considera que esta firma era una mera "sociedad instrumental que carece de actividad comercial o empresarial".

En concreto, el juez investiga si los integrantes de la trama abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos Árabes Unidos.Emiratos Árabes Unidos

6. Francia: un pago de 100.000 euros

En las transferencias realizadas a funcionarios de Argelia aparece una de 100.000 euros a una cuenta en Francia. El abono se realizó el 24 de noviembre de 2014. Los correos electrónicos aportados por Faya ponen de manifiesto también el pago en el país galo de 10.000 euros a familiares de un cargo político argelino.

7. Reino Unido: inversiones por 765.541 euros

El análisis de las cuentas de las empresas que el juez José de la Mata atribuye de forma indiciaria a Gómez de la Serna y Arístegui pone de manifiesto que la empresa Scardovi realizó inversiones en el exterior, "probablemente Reino Unido, ordenando salidas de divisas por 765.541 euros, lo que suponía el 47,8% de sus ingresos", según el análisis realizado por los agentes de la Oficina de Investigación del Fraude adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.

8. Países Bajos: intermediarios

La empresa Castelino BV, inscrita en Holanda, juega un papel muy importante en el pago de comisiones por parte de la red de De la Serna y Arístegui. Esta sociedad era el destino de los abonos realizados por Elecnor a cambio de sus contratos en Argelia. A su vez, Castelino transfería las mordidas en otros países, como por ejemplo Francia y Emiratos Árabes Unidos.

El juez De la Mata requisó copias de diversas facturas emitidas por Castelino a Elecnor por un total de 4.944.000 euros.

9. Marruecos: Alsa y Arlanza

Un informe de la Agencia Tributaria especifica que la sociedad Dial Trading, del denunciante José Faya, percibió 95.580 euros del Grupo Alsa por tratar de conseguir para la empresa de autobuses un contrato en Marruecos. Pero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2015, Faya aseguró que repartió el dinero con Gómez de la Serna, que habría cobrado el 35%. y Arístegui, otro 35%.

En el sumario también constan dos copias de un contrato de 15 de abril de 2011 entre Scardovi (De la Serna) y Cerámicas Arlanza, una empresa representada por José Antonio González Lara, para el asesoramiento en la estrategia de expansión internacional en Marruecos.

En el acuerdo se especifica que la comisión del agente, que era de un 5%, "será sobre la facturación de los productos, servicios o actividades que se contraten en los países donde actúe en nombre de la empresa. Además el agente percibirá el 50% de los sobreprecios obtenidos por la empresa en Marruecos". Además, Cerámicas Arlanza se comprometió a pagar a David Alvarado, como colaborador externo una cantidad fija mensual de 1.000 euros durante dos años.

10. India: 28,8 millones

El denunciante aseguró a la Fiscalía Anticorrupción que, cuando Arístegui fue nombrado embajador de España en India, puso su empresa Karistia SL a nombre de su hijo Borja de Arístegui. Y por eso tanto la Agencia Tributaria como la Policía han puesto sus ojos en todas los movimientos de dinero de las empresas de la trama en el subcontinente indio.

La Agencia Tributaria ya ha detectado que Elecnor realizó movimientos de divisas en India por 28,8 millones. Entre ellos destacan dos pagos exteriores, a través de una cuenta del Banco de Sabadell, por importe total de 1.049.686 euros con destino a un banco privado en India.

Faya explicó a Anticorrupción que De la Serna viajó con el empresario Ramón López Lax a Kazajistán "a consecuencia de una gestión de Arístegui como embajador de España en la India". Según su versión, se entrevistaron "con los administradores de una empresa india de construcción cuyos propietarios son a su vez los dueños del grupo TATA de automóviles", en referencia a la firma Shpoorji P. Allonji.

De la Serna, siempre según la denuncia, también "asesoró o intermedió en favor de la empresa española Isolux Corsán, para que firmase un contrato de obra ferroviaria en Nueva Delhi (India)". Faya también aportó una grabación de una reunión que mantuvieron Gómez de la Serna y el empresario Antonio Espina, de la empresa Hidráulicas Espina, en la que se pone de manifiesto que uno de los posibles compradores de Hidráulicas Espina era el Grupo Mittal, dueño de la española Arcelor Mittal, ya que uno de los propietarios de Mittal "es amigo de Arístegui".

11. Ghana: hospitales

De la Serna firmó el 23 de julio de 2013 un contrato de prestación de servicios con la firma asturiana Contratas Iglesias. El exdiputado se comprometió a seleccionar un socio estratégico, que fue Eurofinsa, "para acometer la construcción de hospitales en la República de Ghana", en África occidental. Iglesias reconoce a Scardovi una comisión del 1% de la totalidad del proyecto que obtuviera.

Por su parte Eurofinsa, cuyo dueño es el empresario Mauricio Toledano, patrono de FAES, se comprometió a pagar a De la Serna 7.500 euros mensuales durante un año.

12. Congo-Brazzaville: CEMENTO

El denunciante también explicó que la trama pagó importantes cantidades de dinero al ciudadano de Congo-Brazaville Eugine Oba, que es sobrino del presidente de este país, antigua colonia francesa, y que es propietario de la firma española Ibeco Corporación. Entre todos crearon la empresa Betra, que posteriormente vendieron.

Según Faya, en esa operación se pudieron haber pagado sobornos a funcionarios y autoridades para que empresas españolas, clientes del despacho, consiguiesen contratos. Al final lograron un contrato de importación de cemento, por el que De la Serna y Arístegui cobraban 1 euro por cada tonelada importada.

13. Arabia Saudí: Comisión del 5,5%

El empresario vasco Iñaki Belategui Azpiri acudió a Arabia Saudí con integrantes de la trama para presentar un proyecto de interconexión eléctrica, y se reunió con el empresario Hatem A. Hafez, del grupo MTC. De la Serna y Arístegui contrataron en este país al agente Walid Zahabi, que se encargó de realizar el seguimiento del proyecto presentado por el Grupo Triagle.

Por ello, la mercantil Promociones y Construcciones Balzola se comprometió a abonar entre el 3% y el 5,5% de los ingresos obtenidos. Además, la firma acordó pagar al agente 10.000 euros al mes.

14. MÉXICO: CONTRATOS DE ELECNOR

El 24 de noviembre de 2011 el empresario español Guillermo Polanco Soutullo y la empresa de De la Serna firmaron un acuerdo de colaboración, que tenía como principal interés un reparto de las comisiones en relación a un proyecto de gaseoducto en México, que había sido adjudicado a Elecnor.

Y lo que pretendían era que Elecnor adjudicara a la firma Noksel un contrato de proveedores, por lo que recibirían el 5% del total de la facturación que Noksel España realizara a Elecnor: "Se compromete a compartir con Scardovi el 2,5% que recibirá de Noksel en concepto de honorarios totales que le correspondan por la prestación de los servicios", especifica el acuerdo, según la transcripción de la Policía.

15. PERÚ: UN colaborador

Arístegui y De la Serna contrataron como colaborador en Perú a Rafael Borrego Cárdenas. Según la documentación del sumario, ofrecieron a Elecnor varios proyectos. También rubricaron con la empresa Lara Construcciones Decoraciones SL un acuerdo de intermediación, que contribuyó "a la firma de los acuerdos de financiación a través de la línea de avales necesarios para la ejecución de un contrato para el proyecto Rimac Renace Perú".

16-24. Egipto, Filipinas, Irak, Moldavia, Georgia, Colombia, rusia, vENEZUELA Y ANGOLA

A lo largo del sumario al que ha tenido acceso infoLibre, aparecen contratos vinculados varios países más, como es el caso de Egipto, sobre el que ha aparecido una carta dirigida al ministro de Energía, Hassan Younis, con una invitación para visitar las instalaciones de Elecnor en Valencia y Madrid.

En Filipinas presentaron para Elecnor cinco proyectos de energías renovables, en Irak trataron de conseguir un contrato para instalar un sistema de navegación aéreo, mientras que en relación al Kurdistán iraquí, en los registros ordenados por el juez se interceptó una tarjeta de visita del director de Comercio e Inversión del gobierno regional, Amanj Yarwaessi. También apareció un documento manuscrito, de 5 de julio de 2011, en el que se puede leer que hubo una primera reunión en la oficina de representación del Kurdistán en España. Elecnor presentó un proyecto de regadío en Kurdistán.

De la Serna también intermedió entre una empresa española, en concreto la constructora Assignia, y el Ministerio de Transporte de la República de Moldavia. Georgia, antigua república de la Unión Soviética ubicada en el Cáucaso, fue otro de los objetivos de la red encabezada por Arístegui y De la Serna, al igual que Colombia (residuos urbanos), Rusia (aeropuerto de Moscú), Venezuela, Chile y Angola.