El Partido Popular niega de forma rotunda que su presidente nacional, Pablo Casado, haya formado parte del patronato de Fundescam, la fundación investigada por financiar las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Lo hace después de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes lo sostuviese así este miércoles en su comparecencia en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Púnica.

Tal y como ha informado este diario, la exdirigente conservadora se desligó de todo lo relacionado con la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, negó haber participado en reuniones con las empresas de publicidad a las que los investigadores señalan como partícipes en el desvío de fondos, rebajó su presencia en la dirección de Fundescam, investigada por su papel en la financiación paralela de las campañas de Aguirre, defendió la legalidad de los dos contratos adjudicados bajo su batuta a uno de sus donantes y, sin ser preguntada por ello, añadió que también Pablo Casado se incorporó a su patronato como presidente de Nuevas Generaciones.

"El presidente no fue patrono de Fundescam", insisten desde la dirección nacional del Partido Popular. 

Mientras, desde el Partido Popular de Madrid, insistieron en lo mismo en su perfil de la red social Twitter. Lo hicieron después de que su portavoz en la Asamblea, el diputado Alfonso Serrano, asegurase en declaraciones a los periodistas en la Cámara madrileña que desconocía si su jefe de filas había integrado el patronato de Fundescam.

El dueño de una empresa de encuestas que trabajaba para el PP de Esperanza Aguirre ha declarado este lunes ante el juez de la Operación Púnica que en 2011 facturó parte de esos servicios a la fundación Fundescam porque así le dijo que lo hiciera el entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.

Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se nutría de subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la Comunidad de Madrid: entre ellos, Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y también investigado en Púnica. Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que ver con la financiación de campañas electorales, tarea que incluso la anterior legislación sobre partidos ya prohibía. Pero, en la práctica, llevaba años sufragando gastos electorales la formación conservadora en Madrid. Solo en el bienio 2003-2004 recibió un millón en donaciones.

El empresario Alfonso del Corral, con quien infoLibre no logró contactar, ha admitido que como propietario de Demométrica mantuvo reuniones con Aguirre pero que nunca habló con ella de dinero. Corral ha ratificado lo que en marzo de 2017 había reconocido ante la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Pero entonces compareció como testigo y ahora lo ha hecho en calidad de investigado. Es decir, como imputado.

En 2011 Demométrica cobró del PP madrileño 117.008 euros. Y de Fundescam, otros 39.156 euros. Pero el verdadero importe fue todavía superior: una segunda mercantil especializada en estudios de opinión, Hermanos Barral, asegura que le giró a Fundescam ese año otra factura por 45.253 euros a petición de Demométrica. Y que, como la que realmente había efectuado el trabajo era Demométrica, le hizo llegar el dinero mediante una segunda factura por esa cuantía. Un año antes, y así lo certifican los documentos de Hacienda integrados en el sumario, Demométrica ya había cobrado 91.673 euros de esa oscura fundación cuyo patronato estuvo siempre dominado por la plana mayor del PP madrileño.

El abogado de Granados

Fuentes conocedoras del interrogatorio subrayan que el abogado de Francisco Granados, antiguo número dos del PP madrileño y principal investigado en Púnica, estuvo especialmente activo y que sacó a colación un asunto similar al que en Gürtel fue motivo de una larga polémica mientras el PP ejerció la acusación: que la Comunidad de Madrid ejerce la acusación como ente jurídico pese a que entre las imputaciones alcanzan a antiguos cargos de esa administración y a que en el futuro la lista puede ampliarse.

A Granados, ahora en libertad bajo fianza y que ha cambiado varias veces de letrado, le representa ahora Javier Vasallo. Y Vasallo es también el letrado que en el juicio sobre la financiación del PP valenciano defiende a Álvaro Pérez, El Bigotes. El viernes, Pérez señaló a Francisco Camps como quien "creó" el sistema de pagos con el que obligó a la trama Gürtel a endosar facturas del PP a grandes contratistas de la Generalitat. En Púnica, Granados lleva meses intentando que el juez cite a Esperanza Aguirre como investigada. 

El defensor de Granados preguntó a Del Corral por José de la Uz, actual alcalde del municipio madrileño de Las Rozas. De la Uz ocupaba el cargo de secretario general técnico de Vicepresidencia en el Ejecutivo madrileño a las órdenes de Ignacio González. Ahora convertido en principal protagonista de la Operación Lezo, González había sucedido a Granados en 2011 como secretario general del PP madrileño. Y al igual que su antecesor había pertenecido al patronato de Fundescam pese a lo cual se reservó la competencia directa del reparto de ayudas para fundaciones vinculadas a partidos políticos.

Un certificado incorporado a la causa constata que fue De la Uz quien el 24 de mayo de 2012 certificó "que los gastos efectivamente realizados se adecuan en su naturaleza a la finalidad de la subvención". Es decir, a la finalidad de los 127.850 euros que la Comunidad de Madrid había concedido a Fundescam en 2011. En diciembre, la Cadena SER informó de que el juez de Púnica planeaba citar a De la Uz como investigado. El magistrado Manuel García Castellón no ha dado aún ese paso.

El Tribunal de Cuentas detectó en su último informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones que un total de siete de estas entidades estaban en números rojos al inicio de 2016, entre ellas la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, ambas vinculadas al PSOE.

El informe aprobado por el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda y recogido por Europa Press, analiza las cuentas de un total de 43 fundaciones políticas correspondientes a los años 2014 y 2015.

El fiscalizador concluye que siete de estas entidades disponían de patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2015 y destaca "por su importancia cuantitativa" a la Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, por importes de 1,52 millones y 326.279 euros, respectivamente.

Ambas son entidades vinculadas al PSOE. La Pablo Iglesias, que nació en 1977, estuvo presidida en los últimos años por el exvicesecretario general del partido Alfonso Guerra, quien fue sustituido en el cargo por José Félix Tezanos tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido la pasada primavera.

La Fundación Ideas para el Progreso, creada en 2008, fue objeto de un escándalo en el verano de 2013 tras descubrirse que pagó por la publicación de artículos a la esposa del entonces director de la misma, Carlos Mulas. El partido anunció su disolución a partir del 1 de enero de 2014, pero ese año todavía recibió donaciones por valor de casi 100.000 euros.

Fundescam, relacionada con la 'Gürtel'

Al cierre de 2015 también la sociedad Fundación Elkartu S.A., de Eusko Alkartasuna, presentaba un saldo negativo, en su caso de 648.409,84 euros, y se encontraba incursa en una causa de disolución.

También están en esta lista dos entidades vinculadas a la Chunta Aragonesista. Se trata de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y el desarrollo del aragonesismo, que funciona desde 1998 y que acabó 2015 con un saldo de -108.719 euros, y la Fundación Aragonesista 29 de Junio, nacida en 2004, que se quedó con -35.786 euros de saldo.

En la misma situación estaba hace dos años Fundescam, la fundación del PP que se creó en el año 2000 para organizar cursos de formación en la Comunidad de Madrid. Esta entidad cerró 2015 con un saldo negativo de 7.132 euros y fue disuelta en aquel ejercicio tras ser vinculada con la supuesta financiación ilegal del PP y la trama Gürteltrama Gürtel.

La séptima fundación que finalizó aquel ejercicio con saldo negativo, en su caso de 2.467 euros, fue la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios Siglo XXI, de Coalición Canaria, creada en 2010.

No se registran, ni remiten la auditoría

El Tribunal aconseja a las fundaciones que presentan dos o más ejercicios con "situación patrimonial negativa" que ajusten sus actividades y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, "habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados". Además, aconseja disolver las que acumulen varios años sin actividad.

El informe pone de manifiesto que a 31 de diciembre de 2015 solo nueve de las 43 fundaciones vinculadas o dependientes de los partidos políticos, y ninguna de las siete entidades vinculadas o dependientes de ellos, se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo lo previsto en la Ley de Partidos.

La mayoría de las fundaciones presentaron sus cuentas al Tribunal, aunque algunas lo hicieron tras ser expresamente requeridas para ello, pero una gran parte de ellas no le remitieron el informe de auditoría que deben enviar obligatoriamente al fiscalizador desde 2015. Además, las cuentas anuales correspondientes a los últimos ejercicios no han sido publicadas en las respectivas páginas web en el caso de 28 fundaciones, 4 asociaciones y 3 sociedades.

El Tribunal recuerda que no remitir las cuentas anuales y el informe de auditoria puede conllevar una infracción, por lo que pide que se actualice el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en lo referente a las formaciones políticas para evitar confusiones. También plantea que la inscripción en el registro correspondiente se establezca como requisito para poder acceder a las subvenciones públicas.

10,2 millones en donaciones

En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, la fiscalización recoge que estas ascendieron a 5,3 millones de euros, en 2014, y a 4,9 millones, en 2015.

En este punto, el informe observa una serie de incumplimientos tales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto, donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se aporta el acuerdo del órgano social competente o que no fueron notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses o entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.

El total de subvenciones percibidas por las fundaciones vinculadas o dependientes ascendió a 3,8 millones de euros en 2014, y a 3,4 millones en 2015, habiendo sido fiscalizados, en ese último ejercicio, los gastos financiados con cargo a ellas, no admitiéndose como subvencionable un total de 55.666,51 euros.

Aplicarles los mismos criterios que a los partidos

En el apartado de recomendaciones el fiscalizador vuelve a insistir en la conveniencia de que se aplique a las fundaciones políticas los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en relación con las donaciones porque así se "potenciaría la transparencia en la financiación de las formaciones políticas y la eficacia de su control".

Según la legislación vigente, mientras los partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de 50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno. Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.

El fiscalizador también estima "oportuno" que estas entidades adecuen su actuación a la realización de los fines para las que fueron creadas y no se limiten a "la mera tenencia de bienes inmuebles que se pongan a disposición de los partidos políticos, o, en general, a la obtención o gestión de recursos para financiarlos".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González abandonó su cargo en el patronato la Fundación Fundescam unas semanas antes de que la entidad tuviera que rendir cuentas sobre su actividad en el año 2007.

Así lo indica un informe de la Unidad Centra Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso Europa Press, y en base a la investigación ante las sospechas de que el PP de Madrid utilizara presuntamente subvenciones destinadas a esta fundación para gastos electoralesgastos electorales de la campaña de las elecciones de 2007.

En este informe, los investigadores consideran "especialmente significativo" el hecho de que entre las fechas que se convocó una subvención a la fundación y la fecha en la que se resolvió la misma, Ignacio González pertenecía tanto al Gobierno regional como al patronato de Fundescam. 

Además, exponen que unas semanas antes de la "obligación de rendición de cuentas por parte de la citada Fundación en el año 2007", el expresidente de la Comunidad de Madrid presentó un documento de renuncia a su cargo en el patronato de Fundescam.

El informe adjunta un escrito de renuncia fechado el 5 de noviembre de 2007 en el que González renuncia de forma voluntaria al patronato de Fundescam, cargo que ocupaba desde hacía más de dos años –su nombramiento fue en febrero de 2005–.

La UCO considera que en el periodo de González en Fundescam se realizaron facturas de gastos justificativos de subvenciones que en algunos casos resultan "exactamente coincidentes" con los importes de las empresas que han sido analizadas por presuntos gastos electorales al PP de Madrid.

Dichos importes fueron contabilizados por el exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, en los archivos contables que fueron intervenidos por la UCO.

Sin rendir cuentas

Por otro lado, los investigadores remarcan que Fundescam está obligada a la rendición de cuentas sobre su actividad de forma anual y que, por ello, se requirió toda la documentación de la entidad al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid desde el año 2006.

Al respecto, se comunicó que las cuentas correspondientes a los ejercicios de 2005, 2006 y 2007 no habían sido depositadas en el Registro de Fundaciones. No obstante, la UCO recalca que esta documentación pudo ser intervenida por los efectivos de la unidad en el Protectorado de la Fundación.

Tras analizar los datos de rendición de cuentas, la investigación policial "pone de manifiesto la atribución de numerosos gastos que no se corresponderían con los gastos verdaderamente producidos, entre los que destacan los cursos de formación a los que se asocia un importe de 346.706 euros.

La documentación que posee la Confederación Empresarial Madrileña esconde pagos de al menos 100.000 euros a Fundescam, la fundación vinculada al PP madrileño que se utilizó para pagar irregularmente los actos electorales de la campaña de Esperanza Aguirre en el 2007.

Los archivos de la organización empresarial a las que ha tenido acceso el diario El Mundo reflejan que las operaciones fueron ordenadas el 3 de marzo de 2007, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas.

El equipo encabezado por el presidente de la CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha anunciado que tiene previsto hacer una auditoría externa que no sólo examine la existencia de pagos directos al PP como los descubiertos a través de Fundescam, sino también indirectos.

Los documentos encontrados en CEIM se pondrán a disposición en los próximos días del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Las facturas que las respaldan albergan el siguiente concepto literal: "Ayuda para el cumplimiento de los fines fundacionales para el estudio y actuaciones sobre el desarrollo económico y social en la Comunidad de Madrid". Se trata del mismo texto ficticio que Fundescam ya utilizó en otras operaciones de financiación irregular acreditadas por la investigación de la trama Púnica.

Como ya avanzó infoLibre el pasado jueves, tres documentos manuscritos de Gutiérrez indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo.

En los papeles del gerente del PP se hace referencia a "Diego de León", una alusión a la calle en la que se encuentra la sede de la patronal madrileña CEIM.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insistió este jueves en que la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) está solicitando al Ejecutivo autonómico en el marco de la operación Púnica se refiere a actuaciones de gobiernos anteriores; y se ha desligado de los contratos que la Asamblea de Madrid adjudicó al empresario Arturo Fernández y de Fundescam, dos cuestiones que está investigando el juez Eloy Velasco, informa Europa Press.

"Estamos colaborando plenamente con la justicia remitiéndoles cuanta documentación están solicitando, toda ella de gobiernos anteriores", afirmó Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que en su Gobierno no hay "ni un solo caso de corrupción".

Sin embargo, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, respondió a Cifuentes asegurando que "no hubo tal etapa" del pasado de la que habla porque son "los mismos".

"Ustedes, los de entonces, siguen siendo los mismos. Formaba parte del equipo de Esperanza Aguirre, era vocal de Fundescam y participó en la adjudicación de los servicios de cafetería", reprochó Ruiz-Huerta, quien ha dicho a Cifuentes que "no es muy leal negar los orígenes" y ella tiene una "larga historia" ligada al PP.

Por su parte, Cifuentes aseguró que ni ha elaborado, ni adjudicado el pliego de condiciones de los contratos del servicio de cafetería que la Asamblea adjudicó al expresidente de CEIM, Arturo Fernández, y que está investigando la justicia.

"Ni elaboré los pliegos de condiciones, ni los adjudiqué. Cosa diferente es que me tocara presidir, por delegación la mesa de contratación", continuó Cifuentes, quien precisó que en esa mesa estaban sentados técnicos y representantes de todos los partidos políticos. Explicó que la mesa tomaba las decisiones en base a informes técnicos y por unanimidad, y la que adjudicaba era la Mesa de la Asamblea, también por unanimidad.

En cuanto a Fundescam, fundación también investigada por el juez Velasco de la que ella fue vocal, indicó que aceptó el cargo de vocal "como tantos otros", pero añadió que no intervino en "ninguna actividad y mucho menos en decisiones económicas que corresponden exclusivamente a los apoderados".

En su intervención, Lorena Ruiz-Huerta felicitó a Cifuentes por su victoria en las primarias del PP de Madrid, pero añadió que en el PP cuando las mujeres alcanzan la cima "no miran nada, no saben nada y no tienen curiosidad de saber de dónde sale nada".

"Sus frases preferidas son: 'no sé', 'no me consta'", afeó la portavoz de la formación morada, quien afirmó que en Podemos están "hartos de mordidas, comisiones y adjudicaciones a dedo". "Indignados de que lleven años costeando campañas con dinero negro", añadió.

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recordado este jueves que ella no creó Fundescam y ha añadido que la investigación del juez Eloy Velasco "no es nada nuevo". 

Las declaraciones de la popular llegan un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya emprendido, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, una nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madridfinanciación irregular, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto. 

El magistrado ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad madrileña. 

"El juez Eloy Velasco está investigando y me parece muy bien que se investigue absolutamente todo, porque contra la corrupción debemos estar absolutamente todos", ha aseverado la expresidenta de la Comunidad de Madrid según Europa Press.

Esperanza Aguirre ha señalado que "parece ser" que lo que investiga Velasco es Fundescam. "Es una fundación que el PP tiene como tenía el PSOE e IU de Madrid, y de acuerdo a la normativa vigente de hace diez años mínimo, los partidos recibían financiación pública", ha precisado.

En este sentido, ha aseverado que "Fundescam se ha dedicado a lo que se tenía que dedicar", como cursos de formación. "Las cuentas están ahí y lo más importante de todo, los donantes lo han hecho de una manera transparente por transferencia, figurando como tales, y como sucede en los países anglosajones", ha explicado a los medios de comunicación.

Así, Aguirre ha reiterado que ella no fundó Fundescam, sino que se la encontró "en el partido exactamente igual que la que tenía el PSOE e IU". En este punto, ha recordado que Fundescam "recibía fondos de la Asamblea, para que hiciera su labor, las labores que hacen las fundaciones de los partidos políticos". "Las cuentas están dadas, ingresos y gastos, que se investigue lo que haga falta", ha pedido.

Además, quien fuera ministra de Educación ha reiterado que "jamás" se ha llevado "un duro" ni ha tenido noticia de que "alguien se haya llevado un duro" ni lo ha consentido. 

"Por yo no haberme ocupado de la financiación, porque había tesorero, contable, secretario general, por eso dimití hace un año cuando el juez Velasco comenzó las investigaciones, pero es que aquí no hay nada nuevo", ha reiterado, para añadir a continuación que "los registros que hizo el juez en la casa del exgerente Beltrán Gutiérrez los hizo hace un año".

En este punto, Aguirre se ha identificado como la "principal interesada" en que se aclare la investigación. Además ha recordado que dimitió sin estar imputada porque es una "solución honrosa".

Respecto al secreto de la investigación del magistrado, Aguirre ha criticado que está "en todos los medios de comunicación". "Ya sabemos lo que pasa en España, que cuanto más secreto es, más en los medios está", ha concluido.

El juez que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada de Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, Eloy Velasco, ha reactivado su investigación con el registro de varias empresas y viviendas y con requerimientos de documentación en varios organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, en concreto las consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la Fundación Arpegio, la dirección de Justicia madrileña e incluso PresidenciaFundación Arpegio.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 –que incluía el desarrollo de seis hospitales– o la Ciudad de la Justicia lanzada por la presidenta en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. En concreto, el magistrado está analizando el supuesto pago de un 1% del total de las concesiones en conceptos de publicidad. El instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Velasco ha ordenado estas diligencias después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran documentación importante en el registro que realizaron por orden judicial hace un año en la vivienda y en el despacho del exgerente regional del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, que estaría vinculada con la presunta financiación irregular de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid.

infoLibre cuenta con un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, en el que se analiza "el sistema de financiación de los actos electorales del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam". Y los agentes citan en el mencionado informe el nombre del exgerente del PP madrileño, imputado en Púnica, Beltrán Gutiérrez, como "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña".

El gerente de Aguirre

Asimismo, el informe de la Udef resalta que en los archivos de la trama aparece el nombre de Beltrán Gutiérrez como la persona a nombre del cual se "anota el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

Precisamente, el magistrado ha llamado a declarar este miércoles, por segunda vez como imputado, a Beltrán Gutiérrez, que ha sido condenado de forma reciente a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Pero también el juez ha citado como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, cuya vivienda habría sido registrada el martes por la noche, y al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también condenado a seis meses de prisión por las black.

Según fuentes del caso, el instructor ha interpelado a Arturo Fernández por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, al mismo tiempo que se interesó por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández.

Contrato para Fernández en la Asamblea

Velasco también centró su interrogatorio en el contrato que ese mismo año 2007 obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara autonómica, donde la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes era vicepresidenta.

El año 2007, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas que ganó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue muy positivo para esta fundación ligada a la formación política conservadora, porque según sus cuentas, adelantadas por Público, obtuvo 741.561 euros de donaciones privadas y de patrocinios de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, también condenado a seis años de cárcel por las tarjetas black.

Los ingresos de Fundescam, siempre según la información de Público, se disparaban en años electorales. Como por ejemplo el primero de Aguirre como candidata, 2003, en el que esta fundación que fue presidida por Pío García-Escudero y Gádor Ongil, y en la que Francisco Granados también ejerció de vicepresidente, con 938.210 euros. En el año de las elecciones generales de 2004 los ingresos de Fundescam fueron de 553.520 euros. En total la Caja Madrid de Blesa aportó 1,3 millones a Fundescam.

La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño mediante Fundescam formó parte del caso Gürtel, aunque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ya fallecido, archivó la misma al considerar que los presuntos delitos cometidos habían prescrito.

Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas por el juez Velasco apuntan a que los delitos que habrían cometido los conservadores con Fundescam llegarían hasta el año 2011, por lo que no estarían prescritos, según informa el diario El País.

El papel de Cifuentes en Fundescam

Precisamente sobre Cifuentes, el magistrado preguntó a Arturo Fernández sobre su papel en Fundescam, fundación en la que la actual jefa del Ejecutivo regional fue patrona, sin remuneración, y que centra el foco de las investigaciones. Cifuentes fue elegida patrona de la fundación por el comité ejecutivo del PP madrileño el 28 de febrero de 2005. Y cesó de este cargo el 18 de septiembre de 2008 poco antes del XIV Congreso regional de la formación conservadora madrileña.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación".

Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

El informe elaborado en 2010 por los policiales de Gürtel sobre Fundescam confirma, tras el análisis de los agentes de la documentación interceptada en un pendrive a la trama liderada por Francisco Correa, la existencia de "un sistema de facturación ad hoc de los actos electoral de 2003 y 2003 enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".

Además, los agentes concluyen que el mecanismo de financiación de los mencionados actos electoral es "ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al Partido Popular de Madrid (Fundecam) que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicio o realizaban suministros u obras para administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".

El informe explica, además, que la organización de Correa "reporta a Luis Bárcenas", entonces gerente del PP nacional, "las facturas emitidas por Special Events a las distintas sedes regionales por los actos realizados bajo el concepto montaje actos elecciones autonómicas".

Facturas ficticias del PP

Los policías que realizan el informe constatan también que las facturas tienen "un cambio de entidad puesto que actos desarrollados por el PP de Madrid con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas de 2003 se transforman en servicios prestados a Fundescam. Ésta práctica no sólo se observa con actos de la campaña electoral de 2003 sino también en relación a las elecciones europeas de 2004 y al Congreso Regional de 2004", completa el documento del sumario del caso Gürtel, que sostiene que mediante la elaboración de estas facturas ficticias se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es".

"Dichas facturas", resaltan los agentes, "responden en realidad a actos realizados con motivo de las campañas electorales locales y autonómicas de 2003, elecciones generales de 2004, elecciones al Parlamento Europeo de 2004 y al congreso regional de 2002 y 2004 para el Partido Popular de Madrid o el Partido Popular Nacional, por tanto han sido objeto de un cambio de entidad y de concepto".

Finalmente los agentes, que citan el mencionado artículo del diario Público, aseguran que los principales donantes de fondos a Fundescam eran las siguientes compañías: Transportes de Cercanías, Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, Felop, Hotetur, Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.

72.000 euros de Díaz Ferrán

En el sumario de Gürtel aparece también otro documento en el que el entonces gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez ingresa en 2003 en calidad de "apoderado" de Fundescam 72.000 euros de Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la empresa Mercurio.

En la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño, el juez Velasco mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David MarjalizaGranados .

Según una agenda manuscrita de Granados, incluida en el sumario de la trama, el ex secretario general del PP madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a Beltrán Gutiérrez 1,4 millones de euros.

Otros de los casos investigados por Velasco en relación a la presunta financiación ilegal del PP es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos, pero también en el pago a cargo de la Comunidad de Madrid del posicionamiento on line on linede excargos de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González.

La agenda secreta de Francisco Granados incautada por la Guardia Civil en su domicilio durante los registros de la Operación Púnica constata que el exdirigente del PP ideó "un powerpoint" sobre "corrupción socialista" en el otoño de 2010, en pleno escándalo sobre la fundación Fundescam. Esa fundación, cuya existencia había pasado inadvertida durante años, fue la utilizada por el PP para financiar con no menos de 1,3 millones de euros las campañas de Esperanza Aguirre en 2003 -las del tamayazo- y 2004.

El apunte dice literalmente lo siguiente: "Lista de sedes para powerpoint s/ corrupción socialista (Salva Victoria)". No está datado pero las fechas de las anotaciones que le preceden y le siguen indican que fue hecho entre octubre y noviembre de 2010. En aquellas fechas Granados era el número dos del PP de Madrid: hoy ha cumplido ya dos años en prisión provisional por presuntos pero graves delitos de corrupción y bajo la sospecha de que aún oculta grandes cantidades de dinero. Por lo que respecta a Salvador Victoria, ahora también imputado en Púnica, ya presidía el comité jurídico de la organización madrileña cuando Granados hizo su anotación sobre aquel "powerpoint".

En octubre de 2010, un año después de que una investigación periodística destapase en mayo de 2009 cómo Fundescam se había nutrido de fondos aportados por adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández -el primero, ya preso y, como el segundo, ahora también en el banquillo por las tarjetas black-, trascendió una noticia que zarandeó políticamente al PP cuando ya se preparaba para las elecciones autonómicas de mayo del año siguiente. Esa noticia fue que un informe policial incorporado al caso Gürtel había verificado el uso de Fundescam como vía de financiación irregular del partido.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción consideró que "los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación". Ahora, y en el contexto de la Operación Púnica, la Guardia Civil investiga los contratos públicos que Arturo Fernández obtuvo en Madrid, entre ellos los asignados concurso tras concurso para la gestión del bar de la Asamblea regional.

Victoria: ni diapositivas ni ronda de 'briefings'

En conversación con infoLibre, Salvador Victoria ha asegurado que nunca habló con Granados sobre ningún powerpoint de corrupción. Y que no cree que lo que el exdirigente conservador estuviera preparando fuese una "ronda" de briefings o sesiones informativas por sedes del PP para ilustrar a los dirigentes locales sobre aquellos casos que afectaban al PSOE. "Ni se hizo powerpoint ni ninguna ronda de sedes", dice Victoria.

¿Y qué puede significar entonces esa anotación? "Que Granados quisiera hacerse una visión de conjunto sobre los casos que afectaban al PSOE y que hablara de sedes en referencia al municipio donde el partido hubiera planteado la denuncia en cada caso". "Como yo era el responsable jurídico del partido por eso incluiría mi nombre", sostiene Victoria,  que fue consejero de Presidencia en el Gobierno de Ignacio González.

El 13 de diciembre de 2010, Salvador Victoria protagonizó como presidente del comité jurídico del PP madrileño una rueda de prensa donde acusó al entonces secretario regional socialista, Tomás Gómez, de estar convirtiéndose "en el líder de la corrupción socialista en la Comunidad de Madrid". Victoria enumeró varios casos de supuesta corrupción que afectaban al PSOE: el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, condenada por el tribunal madrileño y en 2012 absuelta por el Supremo; a las "amistades inexplicables" del alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, con constructores, denunciado en 2011 por el PP y Manos Limpias y finalmente archivado; a la citación por parte de un juzgado del concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Alberto López; o a la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Leganés y diputado por el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Ráez, por el caso Cuadrifolio, en el que resultaron absueltos.