El debate entre los partidarios de la independencia, los que prefieren reformar la Constitución para mejorar su encaje en España y los que simplemente quieren dejar las cosas tal y como están se ha adueñado del debate electoral en Cataluña. Pero si los partidos consiguen formar gobierno, desarrollarán políticas que afectarán a las vidas de siete millones y medio de catalanes.

infoLibre repasa las propuestas de los partidos en cinco ámbitos muy diferentes: empleo, turismo, financiación, educación y reforma electoral.

  Empleo

Todos los programas incluyen un apartado en materia de creación de empleo que, en su mayor parte, se limita a manifestar la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo. Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont, propone “impulsar un proceso de concertación laboral para un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales entre agentes sociales, con la tutela del Govern, que se convierta en un gran pacto para vertebrar políticas que nos dirijan hacia un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales” en el que las condiciones de trabajo estén “equiparadas a las de los países de nuestro entorno para volver a garantizar a nuestros trabajadores los derechos que protegen la calidad en el puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo”. El programa de Puigdemont defiende reformular las modalidades de contratación laboral, pero no precisa cómo, promete “centrar los esfuerzos de las políticas activas en programas específicos para reducir el paro de los colectivos más afectados (jóvenes, mayores de 50 años, menos formados y paro de larga duración)” y asegura que promoverá incrementar “el salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos mensuales”.

Es casi la cifra que propone la CUP (1.200 euros). Los anticapitalistas detallan numerosas medidas para luchar contra la precariedad y el paro, algunas tan concretas como la creación de “Planes de Empleo Público con contratación directa”. La CUP propone además la reducción de la jornada laboral (primero a 35 horas semanales y después a 30), el acceso a la jubilación ordinaria a los 60 años y un año sabático voluntario y pagado cada 10 trabajados con derecho a conservar el mismo puesto de trabajo. Como casi la mayoría de los partidos, los cupaires también prometen mejorar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

ERC, que en los últimos dos años ejerció tareas de gobierno en materia económica, se suma a esta idea: impulsar el sistema de empleo y el Servei Públic d'Ocupació “como ente de referencia para combatir el paro, mejorar la empleabilidad de las personas” y “crear empleo de calidad”. Los republicanos también dicen que darán prioridad en su programa a “los colectivos más vulnerables en el diseño y el acceso a los servicios y programas de empleo, especialmente a los jóvenes no cualificados, los parados de larga duración, mayores de 45 años, a las mujeres y, en su conjunto, a las personas con menos recursos”. Esquerra también reclama “el traspaso a la Generalitat de las competencias en la gestión de las prestaciones de desempleo y otras ayudas y subsidios estatales”.

  Todos manifiestan la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo

El programa del PSC también incluye promesas genéricas: “un programa marco de empleo y reactivación económica con el objetivo de reducir el paro y contribuir a hacer un tejido productivo más sostenible”. Su prioridad en el gobierno será “la disminución del paro hasta llegar a las actuales tasas europeas, para conseguir los objetivos de la UE del pleno empleo”. Para lograrlo se proponen tomar medidas “dirigidas a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas y especialmente la de los jóvenes, las mujeres y las personas paradas de larga duración, incrementando la oferta de formación profesional y garantizando el acceso a la evaluación y la acreditación de la experiencia profesional. Una de las acciones en las que ha incluido cifras concretas es la que hace referencia a “un Plan de Promoción de Empleos Verdes para movilizar recursos públicos y privados que supongan la creación de más de 50.000 empleos mediante el impulso de actividades relacionadas con la rehabilitación de viviendas, mejora de la eficacia y eficiencia energética de viviendas, edificios y locales, incluidos los de titularidad municipal, así como la introducción de cláusulas medioambientales en los contratos públicos”. Los socialistas no podían ser menos y también quieren “hacer del Servei Català d’Ocupació una fábrica de más y mejores oportunidades de empleo para los trabajadores y las trabajadoras que buscan o cambian de trabajo”. Y no dan una cifra concreta de SMI, aunque sí prometen “un salario mínimo que esté en el 60% del salario medio en los próximos tres años”.

Catalunya En Comú-Podem ha presentado el programa más extenso (162 páginas; nueve veces más que el PP, cuyas promesas se resumen en 18), también en materia de empleo. La candidatura de Xavier Domènech propone “impulsar una ley para garantizar el derecho a un trabajo digno en las materias siguientes: igualdad en el acceso al empleo, relaciones laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido y negociación colectiva”. Su promesa sobre salario mínimo es que alcance “el 60% del salario medio pactado en convenio colectivo (actualmente, 1.000 euros)” y vincularlo al IPC. Quieren, además, “repartir el trabajo mediante la reducción generalizada de la jornada laboral, por ley y sin reducción de sueldos, penalizar a las empresas que realicen horas extra“ y, como el PSC, “crear empleo en sectores clave como la economía verde”. Además, claro, de “superar las reformas laborales de PP y PSOE porque son injustas y inútiles”, y “recuperar el carácter público de las actividades de los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación con finalidades lucrativas”.

El PP de Xavier García Albiol también se apunta a redefinir el Servei d’Ocupació “para que se convierta de verdad en un organismo que ayude a que los desempleados puedan encontrar una oportunidad”. En empleo público promete estabilizar y consolidar “las plantillas de la administración de la Generalitat para los años 2018-2021 aprobando una oferta pública” centrada en “servicios públicos como enseñanza, sanidad o seguridad”. Quieren limitar la temporalidad en el empleo al “8% en cada sector” y lanzar “una batería de bonificaciones fiscales y medidas extraordinarias para que las empresas contraten a personas mayores de 45 años”. El partido de Mariano Rajoy asegura que también desarrollará “una estrategia de trabajo público protegido para las personas mayores de 50 años que se encuentran en desempleo”.

Ciudadanos no ahorra términos contundentes en sus propuestas: “Revolucionaremos los sistemas de orientación, formación y reintegración de desempleados para reducir a la mitad el paro de larga duración en Cataluña”, sostienen. Prometen implementar el “cheque-formación” para que los desempleados “puedan adquirir directamente la formación que más se adapte a sus necesidades”, así como implantar un complemento salarial “para que los jóvenes menores de 30 años puedan formarse y encontrar un empleo”. “Estableceremos”, afirma el partido de Inés Arrimadas, un “sistema de incentivos para las empresas que apuesten por la estabilidad laboral y despidan menos”.

  Turismo

La presión turística y el debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años, impulsado sobre todo por la CUP, que incluso llegó a apoyar campañas de sensibilización. No es extraño que sean precisamente los anticapitalistas los que más espacio dediquen a este asunto. proponen, entre otras cosas, revertir el modelo actual para “desarrollar un turismo justo, sostenible y comunitario, que respete los derechos de la población local y de las trabajadoras del sector”. Ese nuevo modelo “pasa necesariamente por el decrecimiento” y por garantizar que los visitantes puedan “acceder al derecho a conocer la Cataluña real”. La CUP quiere indicadores que permitan medir el impacto del turismo sobre “la población residente, los recursos ambientales, las fuentes energéticas, los sectores productivos, los servicios públicos (sanidad, transporte, etc.), o los derechos de las personas (viviendas, espacio público, movilidad, etc)” y “poner la participación de las vecinas en el centro de la toma de decisiones turísticas, ya sea en el marco de referencia de un pueblo o de un barrio de ciudad”. Eso implica, sostienen, “revisar los privilegios de las empresas turísticas” o “combatir los grandes equipamientos destinados al ocio”, entre otras muchas medidas.

JuntsperCat, la candidatura de Puigdemont, en cambio, pone la actividad turística en el centro de la economía de Cataluña, aunque reconoce que hace falta negociar “una política de objetivos compartidos por un amplio consenso social y empresarial, que proyecten el país no sólo como referente turístico europeo, sino mundial”, pero “basado en los activos territoriales, su identidad y una propuesta de valor sostenible y competitiva que priorice la calidad, la innovación y la excelencia como pilares básicos del sector”.

Esquerra también apuesta por “calidad y sostenibilidad del servicio a los turistas y visitantes para atraer turismo de valor añadido, generar empleo de calidad y distribuir los beneficios de la actividad”.

  El debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años

Los socialistas no evitan la polémica sobre este asunto, pero tampoco la resuelven. Se limitan a prometer que liderarán “un debate en profundidad sobre la estrategia turística catalana que ordene y asegure una gobernanza equilibrada y una visión compartida a largo plazo y que consolide un sistema de calidad, excelencia y de proyección internacional” haciendo frente a “los nuevos fenómenos de economía colaborativa en el sector”.

Catalunya en Comú-Podem, también recurre a la palabra mágica: “sostenibilidad”. Para conseguirlo aseguran que, entre otras cosas, potenciarán “las oportunidades económicas y sociales de la actividad turística priorizando iniciativas empresariales redistributivas, sostenibles y responsables con su entorno”.

Los de Arrimadas prometen recuperar “la imagen de Cataluña como destino turístico de referencia nacional e internacional”, que consideran dañada. E implícitamente reconocen un problema en el sector, porque proponen encargar “estudios de impacto social y económico del turismo como punto de partida para nuevas formas de gestión turística” así como impulsar una “transición turística hacia un modelo con el que competir también en calidad, no sólo en costes”.

El PP ignora en su programa cualquier referencia al turismo.

  Educación

Más allá de su condición de servicio púbico esencial, la enseñanza se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la política catalana. Defendida a ultranza por unos, atacada por los otros. Las medidas de todos, con diferentes matices, se dirigen a incrementar el apoyo a la educación en las edades más tempranas y a la adopción, por ejemplo, de medidas para la prevención del acoso y la lucha contra la exclusión social. Es la lengua vehicular el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos. JuntsperCat, por ejemplo, se propone “reforzar el catalán como un eje vertebrador de la acción educativa, para posibilitar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en torno a una lengua compartida”, pero también “formar en el plurilingüismo, a partir de la centralidad del catalán, para desarrollar al máximo las competencias lingüísticas de los alumnos en un mundo globalizado”.

La CUP, pensando en un Estado independiente, propone redactar una “nueva ley de educación de Cataluña desde la base, escuchando a toda la comunidad educativa, así como a los profesores y expertos en educación, que regule una única red educativa de titularidad y gestión pública. Esta escuela será”, reivindican, “catalana, crítica, gratuita, laica, coeducadora, compensadora de las desigualdades, inclusiva, cohesionadora y participativa”. Los anticapitalistas quieren que no se renueven “los conciertos educativos que vencen entre 2018 y 2020 y hacer posible que se integren, si lo desean, los centros y trabajadoras que reúnan los requisitos a la red pública en un plazo de 10 años”. Y haga de “la escuela pública catalana” el “primer servicio público constructor de ciudadanía que trabaja para la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

Los republicanos de Oriol Junqueras, por su parte, apuestan por una “educación laica, pública, de calidad, no sexista y en catalán que se fundamente en la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social”. Y proponen, entre otras muchas medidas, “un plan de choque contra la segregación escolar y el abandono escolar prematuro, centrándose la inversión en los centros de alta complejidad social”.

El PSC se plantea recuperar y actualizar el Pacto Nacional para la Educación “con la participación, implicación e identificación de toda la comunidad educativa”. Y no tiene dudas sobre la lengua: “Defenderemos el sistema de inmersión lingüística en la enseñanza, garantizando la cohesión de la sociedad y el progreso consensuado, atendiendo a la diversidad sociolingüística de nuestro país”, prometen. Apostando, al mismo tiempo, “por fortalecer la competencia lingüística del alumnado en una lengua extranjera, preferentemente el inglés, persiguiendo el objetivo de convertirse en una sociedad multilingüe”. Los socialistas, como hacen varias de las otras candidaturas, apuestan por incrementar el gasto educativo hasta alcanzar el 6% del PIB.

  La lengua vehicular es el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos

Esa es la cifra que da también Catalunya en Comú, que se compromete a defender “los principios básicos de nuestra escuela”, que están siendo “objeto de ataques que ponen en duda” su trabajo. “Hay que consolidar el modelo de escuela pública catalana, gratuita, laica, científica, humanística, pluralista, democrática, intercultural, solidaria, y coeducativa” manteniendo y defendiendo “el modelo basado en la inmersión lingüística, ya que favorece la convivencia de todo el alumnado, mantiene el actual equilibrio en la utilización de las lenguas oficiales de nuestro país e introduce las extranjeras”. Eso sí, ofreciendo a la red de centros públicos “el aprendizaje de diversas lenguas de las familias del alumnado, de manera que quien quiera pueda seguir profundizando en su lengua y en el marco del sistema educativo”. Los comuns quieren, además, “revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y demás confesiones religiosas y eliminar la asignatura de religión, así como “disminuir progresivamente los conciertos en los centros privados, empezando por aquellos que segregan por sexo u origen cultural y económico”.

Frente a estos partidos se sitúan nítidamente PP y Ciudadanos. Ambos apuestan por lo que llaman “un modelo educativo trilingüe. Los de Rajoy también prometen ampliar la inversión hasta el 6% del PIB, “libros de texto gratuitos para las familias con rentas bajas y medias” y el mantenimiento del sistema actual de “centros educativos públicos y privados sostenidos por recursos públicos, garantizando en todo caso su estabilidad, vigencia y suficiencia”. El partido de Albert Rivera, el que más bandera ha hecho contra la escuela catalana, dice en su programa querer que “el español y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones, promoviendo que el inglés sea utilizado también como lengua vehicular”. Y que, entre otras medidas, “todos los alumnos tengan libros de texto gratis para ahorrar a las familias catalanas más de 200 euros al año”.

  Financiación autonómica

JuntsxCat, quizá en coherencia con su apuesta independentista, ignora esta cuestión en su programa. La CUP, en cambio, entra de lleno: “El ejercicio de la plena soberanía popular requiere no sólo romper con las imposiciones de España, sino también de la UE y la Troika, instituciones antidemocráticas que actualmente dictan las políticas neoliberales de austeridad”. Por esa razón, los anticapitalistas se comprometen a “suspender inmediatamente el pago de la deuda” y “defender la realización de una auditoría popular de la deuda con el apoyo de la administración que tendrá como objetivo saber cómo y en qué se han gastado los recursos”.

Esquerra explica en su programa que cuando habla de independencia se refiere “más a un medio que a un fin en sí mismo”. “Lo que reclamamos”, prosigue el documento, “es disponer de las competencias y los recursos para garantizar el binomio equidad/eficiencia. Porque hoy muchos de nuestros recursos se dañan en un sistema de financiación perverso que, en nombre del equilibrio territorial, acaba congelando e incluso aumentando las disparidades regionales. Desde la restauración democrática, sólo Madrid ha ganado peso económico a costa del resto de regiones españolas, las supuestas beneficiarias de nuestras transferencias fiscales”. A juicio de los republicanos, “el proyecto de soberanía reclama disponer de nuestros recursos y de la capacidad política para satisfacer nuestras necesidades”.

  Todos, salvo Ciudadanos, defienden aplicar “el principio de ordinalidad”

El PSC promete impulsar la negociación de un Pacto Fiscal Federal que pasa por conseguir “más recursos para afrontar las competencias” con una mayor participación “en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales de manera que con los tres impuestos se cubran las necesidades de los servicios del Estado del Bienestar competencia de las Comunidades Autónomas”. El objetivo, subrayan, es conseguir “un sistema que garantice que todo el mundo es tratado de la misma forma ante esfuerzos fiscales similares” y la aplicación del criterio de ordinalidad en los recursos finales” (que después de redistribuir el dinero entre comunidades, aquellas que más aportan no pierdan posiciones en el ranking por territorios), así como la “equiparación de resultados, independientemente del modelo de financiación que se aplique, sea régimen común o régimen foral”. El nuevo modelo de financiación, reclaman, debe ser “muy simple y eliminar muchos de los problemas técnicos y políticos que han incidido en la inestabilidad y opacidad de los resultados finales del modelo actual. No sólo es necesario que se publiquen los resultados a tiempo y de forma comprensible y comparable entre todos los sistemas de financiación —tanto de régimen común como los de convenio y concierto—, sino que, en el marco de un Senado federal reformado, se genere un debate anual sobre la base de los resultados obtenidos”.

Los comuns de Domènech proponen la creación de una “hacienda propia y solidaria, con el pleno desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña” para “lograr la plena capacidad de decisión sobre tributos en Cataluña, en plena coordinación con las competencias actuales y futuras de la UE”, y disponer “de los recursos económicos que se generan en el país para atender las políticas sociales y económicas”. Este sistema, asegura el programa de Catalunya en Comú-Podem, “continuaría siendo coherente con el principio de solidaridad territorial, que se haría efectiva a través del cálculo de una aportación para la redistribución territorial” sin alterar “el principio de ordinalidad”, el mismo que reclama el PSC.

Un principio que levanta ampollas en las comunidades más pobres, sean del PSOE o del PP, pero cuya aplicación reclama hasta la candidatura de Albiol: “pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica que respete los principios de justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad”.

Ciudadanos es aquí la excepción: ni siquiera menciona la ordinalidad. Para el partido de Arrimadas la reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica más justo que “garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comunidades en función de sus necesidades reales, más transparente, más justo y que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones”.

  Ley electoral

Cataluña no tiene ley electoral propia y a la hora de votar se rige por la legislación de Estado. Esquerra es la única de las siete candidaturas con opciones a estar en el Parlament que no propone cambiar esta situación.

Junts per Catalunya no da muchas pistas, pero sí reivindica usar “las nuevas tecnologías” para minimizar “costes”. “En el nuevo régimen electoral”, proponen, “implantaremos el voto electrónico y facilitaremos el voto por correo y anticipado. Reduciremos la duración de las campañas electorales y minimizaremos los gastos con un envío único de información electoral, y con un riguroso control previo y posterior de los gastos de las candidaturas”. También prometen eliminar, tal y como reivindican los colegios de periodistas, “el sometimiento de los medios a los bloques electorales, garantizando una política de información en base a criterios periodísticos”. La candidatura de Puigdemont, siempre en clave de estado independiente, también se compromete a crear “un órgano que vele por la calidad democrática del proceso electoral”.

La CUP también quiere cambiar de modelo. “La república catalana debe tener su ley electoral propia que permita un ejercicio del derecho de voto desde el exterior sin las restricciones que la vigente ley de régimen electoral impone”, razona el programa de esta candidatura. “Esta futura ley electoral propia debería garantizar también los derechos de voto de los catalanes residentes en las comunidades autónomas de España que así lo deseen” e incluir “la creación de una circunscripción electoral específica por los catalanes del exterior”.

  La proporcionalidad es el gran objetivo de los partidos no nacionalistas

Los socialistas de Miquel Iceta son de los que quieren que Cataluña tenga un nuevo sistema electoral, en este caso para mejorar “la proporcionalidad del actual modelo, para conseguir que el partido que tenga más votos sea también el que tenga más escaños y garantice un adecuado equilibrio territorial y el principio democrático ‘de una persona, un voto”. El objetivo es poner fin “a la discriminación histórica que significa que el valor del voto de algunos ciudadanos es el doble o el triple que el de otros”. El PSC incluye en su programa los detalles de su propuesta, que incluye la “creación de siete demarcaciones electorales y 57 distritos uninominales asignados a las demarcaciones, más un distrito uninominal para los residentes en el exterior”; 
un sistema electoral mixto “con dos urnas en que la ciudadanía elegirá el diputado de cada uno de los 58 distritos y un partido político en cada demarcación (lista nacional cerrada, pero desbloqueada con votos preferentes)” y “un sistema de recuento nacional para garantizar que los votos tengan el mismo valor en todo el territorio. Y apuestan, como JuntsxCat, por avanzar en “el voto telemático”, además de prometer “la introducción del voto a partir de los 16 años”.

Catalunya en Comú-Podem también detalla en su programa su propuesta electoral. Sus prioridades son “la igualdad del valor de los votos en todo el territorio, así como la representación de esta diversidad territorial en el Parlamento, la veguería como circunscripción electoral, la creación de una Sindicatura Electoral en Cataluña, el estudio de todas las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Quieren, además, dar derecho al voto a “todas las personas a partir de los tres años de residencia y los 16 años” y limitar “los mandatos a dos, en cuanto a responsabilidades ejecutivas, y tres respecto a las representativas”.

Por la reforma electoral está igualmente el PP de Albiol, en su caso para compaginar “la proporcionalidad y la representación territorial. El sistema que proponemos se inspira en el doble voto propio del modelo alemán: un voto a las candidaturas por circunscripciones electorales y un voto directo a los candidatos de pequeños distritos electorales”.

El partido de Inés Arrimadas propone una reforma más detallada, también pensando en garantizar “una verdadera proporcionalidad para asegurar una justa representación de los votos”. Los partidos nacionalistas, subrayan en su programa, “no han hecho nada para solucionarlo, ya que el actual sistema les beneficia con una sobrerrepresentación en el Parlament”. El modelo de Ciudadanos incluye desbloquear las listas electorales “para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes” y “que los políticos rindan cuentas ante sus electores; eliminar el voto rogado para los ciudadanos residentes en el extranjero; regular “la celebración de debates electorales” y reducir “el límite de gastos de las campañas electorales”.

El número 3 de ERC a las elecciones catalanas, Carles Mundó, avisó este domingo a JuntsxCat de que propondrán a Oriol Junqueras —candidato republicano— como presidente de la Generalitat si su lista es la más votada, por lo que descartan que su candidato sea el cabeza de lista de JuntsxCat y presidente cesado, Carles Puigdemont.

"Evidentemente el candidato de ERC se llama Oriol Junqueras y, si la mayoría de ciudadanos optan por ERC, lo que estamos obligados a hacer y aplicar es lo que han dicho los ciudadanos. Sería extraño no atender a lo que se ha votado", ha explicado en el debate electoral de La Sexta recogido por Europa Press.

JuntsxCat afirmó en campaña que investir a cualquier candidato que no sea Puigdemont sería avalar la aplicación del artículo 155 de la Constitución: preguntado por eso en el debate, Mundó aseguró que, si alguien lo ha dicho, solo se puede entender desde "la mala fe".

La CUP y ERC también han chocado cuando el representante de los cupaires, Vidal Aragonés, ha afeado a los republicanos que no defiendan la vía unilateral hacia la independencia como primera opción en los comicios: "Esto es no cumplir con el mandato del 1 de octubre".

Mundó —conseller cesado de Justicia— expresó su extrañeza por que los reproches le lleguen de otro partido independentista, y recordó su reciente paso por la cárcel: "No entiendo la incisividad de la CUP. Es más fácil recetar que tomar".

El candidato de los comuns, Xavier Domènech (CatECP), propuso a ERC y PSC formar un Govern progresista tras el 21 de diciembre que no incluya a la derecha, que considera que representan Cs y Puigdemont; y pidió a ERC abandonar la unilateralidad y al PSC que deje de hacerse "el coqueto con el PP".

El cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, rechazó la propuesta de Domènech y cualquier posibilidad de investir a un candidato independentista, porque considera que balance del proceso soberanista es muy negativo: "Lo descartamos absolutamente".

La candidata de Cs, Inés Arrimadas, pidió a Domènech que abandone su propuesta de tripartito de izquierdas y la vote a ella de presidenta para acabar con el proceso, y puso en duda que los comuns sean decisivos en el Parlament: "Los señores de Podemos cada vez tienen menos escaños en las encuestas".

El representante de JuntsxCat, Josep Rull, pidió el apoyo a su lista para un victoria que contribuya a conseguir la salida de los presos y el regreso de los miembros del Govern cesado que están en Bélgica, pero admitió que no lo puede asegurar: "Es condición necesaria; suficiente, no. Es necesaria e imprescindible".

El candidato del PP, Xavier García Albiol, aseguró que en España existe separación de poderes y que, cuando la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría afirmó que el Gobierno había descabezado a ERC y al PDeCAT, se refería a "políticamente" y no judicialmente como entendieron otros partidos.

"Dicen que están en la cárcel por ser independentistas. Están en la cárcel por haber impulsado un golpe de Estado", concluyó el líder de los populares catalanes.

El propio Carles Puigdemont puso el martes la cuestión encima de la mesa. Primero por la mañana, cuando en un acto organizado por la agencia autonómica de noticias ACN —que él mismo fundó cuando todavía ejercía el periodismo— aseguró que “a lo mejor vale la pena” ser investido presidente en el Parlament si gana las elecciones y automáticamente ser detenido por las mismas ideas que habrían avalado los catalanes. Después lo hizo en un mitin en Vic (Barcelona) donde —por videoconferencia desde Bruselas— emplazó a los ciudadanos catalanes a darle una “autopista de votos” que le permita volver al Govern, “de donde no nos tendrían que haber echado”. Su aspiración es volver desde Bélgica acompañado de todo el Govern cesado, subrayó. Si los catalanes quieren su restitución, “hay que hacerlo posible, y esto es incompatible con el exilio y la cárcel”.

La posibilidad de que Puigdemont regrese a Cataluña ya no es una simple especulación. Dirigentes del PDeCAT consultados por infoLibre entienden que está obligado a volver si la candidatura de JuntsxCat gana las elecciones y se convierte en aspirante a la Presidencia en una hipotética votación de investidura. De hecho, si las expectativas siguen al alza y se hace evidente la victoria, también está en consideración, según las mismas fuentes, la opción dar un golpe de efecto y hacer que aterrice en Cataluña antes incluso de la votación para dar así un impulso adicional a sus candidaturas, consolidar algunos escaños más y marcar diferencias con los demás partidos. Su más que previsible detención, habiendo sido el ganador de las elecciones, volvería a poner inmediatamente el foco de la atención internacional sobre lo que está pasando en Cataluña.

No obstante, los mismos dirigentes admiten que en la decisión final de Puigdemont también influirán lógicamente los factores "personales", ya que sabe que si regresa a España tiene prácticamente garantizado su ingreso en prisión.

¿Y podría Puigdemont ser investido presidente si vuelve a España y es detenido? Un informe encargado por Esquerra para avalar que ese derecho asiste a su candidato, Oriol Junqueras, parece confirmarlo.

Según Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, del análisis de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley General Penitenciaria, el reglamento del Parlament, la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern y sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (esta última es la que permitió hace años acudir al debate de investidura a un candidato de la izquierda abertzale en prisión preventiva) sólo se puede concluir que Junqueras (y por extensión Puigdemont, si regresa a España) “tiene derecho al sufragio pasivo”.

Y, “a pesar de encontrarse en situación de privación de libertad”, concluye el informe, “puede acceder a la plena condición de diputado, participar de un eventual Pleno de investidura como candidato a la Presidencia y, si obtuviera el apoyo de la Cámara, ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña”.

La clave de ese informe es precisamente la sentencia del Superior de Navarra: “Si la legislación permite a los ciudadanos en prisión preventiva, aunque estén acusados ​​de delitos castigados con penas severas, su presentación como candidatos a parlamentarios o a presidentes de las comunidades autónomas y son elegidos democráticamente, poner trabas al ejercicio de su derecho lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores”.

Puigdemont va lanzado

Con las encuestas señalando un desplazamiento de voto nacionalista hacia Puigdemont, la expectativa de que dé un vuelco a la campaña regresando por sorpresa de Bruselas ya está condicionando la recta final del 21D. De hecho, en el PP trabajan con la hipótesis de incrementar la presencia en Cataluña del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los días previos a la votación. Fuentes conservadoras consultadas por infoLibre aseguran que, según sus datos, Puigdemont va lanzado en los sondeos de intención de voto, así que el PP quiere dar una vuelta de tuerca y hacer valer entre los votantes unionistas la idea de que Rajoy es quien ha conseguido parar la secesión de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución.

Con Junqueras en prisión, la campaña sigue girando en torno a Puigdemont, incluso para otros partidos. El anuncio del candidato del PSC, Miquel Iceta, de que pedirá el indulto para el president cesado y todas las personas que eventualmente resulten condenadas en relación con los acontecimientos que dieron lugar a la declaración de independencia, provocó inmediatamente una airada respuesta por parte de PP y Ciudadanos. Y un silencio elocuente por parte de la cúpula del PSOE, al que las palabras de Iceta colocaron en una situación incómada el mismo día en el que Pedro Sánchez acudía a apoyar a su candidato, pero cuyos dirigentes evitaron desautorizar en plena campaña a su aspirante a la Presidencia. 

Fuentes de los dirección socialista catalana confirmaron a infoLibre que la afirmación de Iceta fue el resultado de “un error” que sólo introduce “ruido” en la campaña del PSC. Tanto Iceta como Pedro Sánchez han mantenido siempre la tesis de que la solución al conflicto catalán no vendrá de la mano de los jueces sino de la política. Pero aunque en el PSC están convencidos de que si algún día se llega a un acuerdo con el nacionalismo para que acepte volver al marco constitucional será necesario resolver la situación judicial de quienes hayan sido condenados, también creen que este no es el mejor momento de plantearlo, especialmente cuando los socialistas intentan arañar votos entre quienes hace pocas semanas se manifestaban por las calles de Barcelona pidiendo a gritos el encarcelamiento de Puigdemont.

Programa de Junts per Catalunya [PDF]

  Programa de ERC-CatSí [PDF]

  Programa de la CUP [PDF]

  Programa de Catalunya en Comú-Podem [PDF]

  Programa del PSC [PDF]

  Programa del PP [PDF]

  Programa de Ciudadanos [PDF]

Hace sólo tres meses, Carles Puigdemont era sólo una pieza en una complicada partida de ajedrez que incluía su salida del tablero una vez celebrado el referéndum por la independencia de Cataluña. Artur Mas, el hombre fuerte del PDeCAT, la antigua Convergència, le eligió como sucesor para guiar el procés por dos razones: su compromiso inequívoco con el independentismo y, precisamente, su falta de ambición política. No tenía intención alguna de dar continuidad a su carrera más allá de la misión que le fue encomendada: conducir Cataluña, contra viento y marea, hacia la autodeterminación.

En ese contexto, con un PDeCAT debilitado y sin liderazgo —los jueces inhabilitaron a Mas en marzo—, todos los estudios de intención de voto pronosticaban a la antigua Convergència un horizonte electoral desolador y al mismo tiempo predecían un triunfo histórico de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), entonces con Oriol Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat.

Ahora, Puigdemont ha conseguido dar la vuelta a la situación. Su decisión de abandonar España para evitar ser encarcelado y, sobre todo, su disposición a asumir el liderazgo del independentismo en una lista unitaria o al frente de una candidatura impulsada por su partido han cambiado el panorama por completo.

En vez de retirarse, como estaba previsto, no sólo se puso a salvo de la justicia española huyendo a Bélgica sino que con su autoexilio consiguió llamar la atención sobre Cataluña de la opinión publica internacional, especialmente la europea, y se aseguró un altavoz del que carece su máximo rival en el escenario independentista, Oriol Junqueras, encarcelado en la prisión madrileña de Estremera desde hace cinco semanas. El president en el exilio, como se presenta a sí mismo, consiguió además imponer su propio criterio al PDeCAT —después de que Esquerra se negase a repetir la experiencia de JunstxSí— y diseñar a la medida de sus deseos una candidatura presidencial en la que su partido apenas tiene representación y que está plagada de referencias independentistas y de su estricta obediencia personal. `

Su presencia en Bruselas, la capital de la Unión Europea, acompañado de cuatro consellers también destituidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y de un aparato político cada vez más nutrido dedicado a darle apoyo logístico y sostener la imagen de un Govern en el exilio, le ha convertido en el símbolo del bloque social que el 1 de octubre intentó votar la independencia de Cataluña. Y, como reflejan las encuestas, está atrayendo cada vez más votos de esa mitad de ciudadanos partidaria de la ruptura con España, en perjuicio de ERC, que desde la intervención de la autonomía catalana por medio del 155 y el ingreso en prisión de su líder, está teniendo serias dificultades para hacer frente a la estrategia de Puigdemont.

La puesta en escena está contribuyendo decisivamente a su objetivo de convertir las elecciones del 21D, al menos para el independentismo, en un plebiscito personal. Primero, con un acto en el que una nutrida representación de los alcaldes catalanes —del PDeCAT, es verdad, pero también de ERC y la CUP— acudió as Bruselas a mostrarle no sólo su apoyo sino a declarar con solemnidad que Puigdemont es el único president al que están dispuestos a reconocer.

“El muy honorable president de la República”

Segundo, con una marcha multitudinaria, la que este jueves llevó a la capital belga a decenas de miles de ciudadanos, convocada para llamar la atención de las instituciones comunitarias pero que acabó convirtiéndose —con el concurso de Esquerra y de las organizaciones civiles independentistas, ANC y Òmnium Cultural— en una manifestación de adhesión al “muy honorable president de la República”, título con el que fue ovacionado por los presentes. Entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a la que el protocolo del acto situó en situación de subordinación a Puigdemont. Precisamente cuando su partido pelea por frenar la fuga de votos hacia JuntsxCat.

A este desplazamiento del centro de gravedad electoral del independentismo desde Esquerra hacia Puigdemont también habría contribuido, según algunos analistas, la sensación de marcha atrás que ha dado ERC al admitir que la proclamación de la república no se llegó a producir y asumir que se trata de un objetivo todavía pendiente. Esa posición contrasta, especialmente a los ojos de los independentistas que en septiembre y octubre se movilizaron en defensa de la república catalana, con la nítida expresión de Puigdemont y los suyos: la república existe y sólo falta desarrollar las previsiones legales derivadas del referéndum del 1 de octubre. Un discurso que coincide además con las posiciones que defienden las organizaciones civiles que desde hace dos años son la columna vertebral del procés.

Del éxito de la estrategia de Puigdemont da idea la encuesta encargada por El Periódico y publicada hace dos días, que situaba a Junts per Catalunya, la lista de president, en empate técnico con ERC. Y aún faltan trece días de campaña. La esperanzas de que Junqueras saliera de prisión y tomase el timón de Esquerra para intentar sobrevivir a la tormenta se desvanecieron el lunes con la decisión del Supremo de rechazar el recurso que pedía su puesta en libertad.

Así las cosas, no es de extrañar que esté cundiendo la preocupación en las filas de Esquerra. La formación republicana ya se está planteado una doble estrategia con la que hacer frente a su punto más débil —la ausencia obligada de Junqueras— y atacar el más fuerte de Puigdemont —la supuesta "ficción" de que puede volver a ser president de la Generalitat—.

En los próximos días Esquerra pretende movilizar a sus candidatos, entre ellos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para dar una imagen “más coral” y diluir el protagonismo de Marta Rovira. La secretaria general de ERC, cabeza visible de la organización como consecuencia de la peripecia judicial del líder republicano, carece de la proyección y la influencia social de su número uno y eso también está lastrando el eco electoral del partido. Así que sacar al escenario a otros protagonistas, especialmente a Forcadell, la mujer que junto a Puigdemont se convirtió en el símbolo del desafío al Gobierno español, esperan que dé resultado y ayude a frenar el trasvase de votos hacia JuntsxCat. Tras pasar un día en prisión y dudar durante algún tiempo si aceptaba volver a ser candidata, Forcadell dio el 'sí' a ERC pero pidió no participar en mítines. En principio, el próximo domingo se verá obligada a romper esa idea de permanecer en un segundo plano.

La segunda idea que ERC se plantea desarrollar en los próximo días tratará de desmentir la idea de que Puigdemont va a volver a ser president, un planteamiento que está en el núcleo de la estrategia de JuntsxCat. De hecho, su programa y sus mensajes de campaña descansan sobre ella: no se trata de elegir un president (“ya tenemos uno”, sostienen) sino de reforzar el resultado del 1-O. La candidatura impulsada por el PDeCAT se compromete a “restaurar” a Puigdemont como president de Cataluña para después desarrollar la república catalana en los términos establecidos por la Ley de Transitoriedad.

Los republicanos se proponen interpelar a Puigdemont para que admita que no será president porque con toda probabilidad se lo va a impedir el itinerario judicial que le espera si decide regresar a Cataluña. Así que, como ya hizo Junqueras señalando a Rovira como su sustituta en una hipotética investidura, le pedirán que aclare quién será el candidato o candidata que JunsxCat presentará a la Presidencia de la Generalitat. Pero en ERC saben que es delicado "pinchar ese globo del Puigdemont presidente" y, desde luego, temen que el president destituido no vaya a entrar en absoluto a ese trapo y mantenga su campaña personalista.

La unidad de acción del independentismo catalán depende de los resultados electorales del 21 de diciembre. Si no obtienen mayoría absoluta en el Parlament, o en su defecto el apoyo improbable de Catalunya en Comú-Podem a la hoja de ruta unilateral, van a tener muy complicado dar continuidad al proyecto de república catalana que proclamaron el 27 de octubre.

Eso, al menos, es lo que se deduce de los programas electorales deJuntsxCat, la lista encabezada por el huido Carles Puigdemont, de ERC-CatSí, liderada por Oriol Junqueras, preso en la cárcel madrileña de Estremera, y de la CUP-CC, la formación anticapitalista que dio soporte al Govern durante la legislatura que acaba de terminar.

Más allá de exigir la liberación de los independentistas que permanecen en prisión preventiva (e implícitamente el levantamiento de las acusaciones que pesan contra los miembros del Govern destituido que buscaron refugio en Bélgica), las tres formaciones políticas difieren en el análisis de lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña, así como en los pasos que deben darse a partir del 22 de diciembre.

La lista de Puigdemont y la CUP han construido sus proyectos a partir de una única hipótesis: dar continuidad a la república catalana ya proclamada poniendo en marcha la ley de Transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional y haciendo efectivas todas sus previsiones para hacer realidad el Estado independiente catalán. Esquerra, en cambio, matiza mucho más el escenario poselectoral y únicamente se compromete a “avanzar” hacia la república catalana.

Los de Oriol Junqueras prometen “trabajar para hacer efectivo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ejercido por el pueblo de Cataluña en referéndum el 1 de octubre” pero no hacen referencia al desarrollo de la ley de Transitoriedad en términos equivalentes a sus antiguos aliados. De hecho, proponen “emplazar al Estado y al Gobierno a negociar la plena independencia”. Y admiten, además, que la república catalana aún no existe al proponer la apertura de “un gran diálogo de país con vocación constituyente para ensanchar la amplia mayoría ciudadana a favor de hacer realidad la república catalana”.

Ese “gran diálogo” debe permitir, explica Esquerra, “construir un punto de encuentro común entre la ciudadanía” para “transitar ordenadamente y de la manera más ampliamente participada y mayoritaria posible hacia la república catalana”.

El programa de ERC reconoce que las consecuencias del referéndum del 1 de octubre (la proclamación de la independencia) no se han podido “materializar”. “Ahora toca, pues, ganar nuevamente en las urnas y constituir un Govern fuerte que potencie aquellos ámbitos de decisión a partir de los que avanzaremos hacia la república catalana”.

Pero ese nuevo Govern, advierte el programa con el que ERC pide el voto en estas elecciones, “sólo podrá desplegar toda su eficacia en la medida que sepa reunir a su alrededor todas aquellas voluntades favorables al ejercicio del derecho a decidir y contrarias a la aplicación del artículo 155”, lo que significa que únicamente será capaz de retomar la hoja de ruta independentista si suma al procés a Catalunya en Comú-Podem. “Sólo a partir de ahí se podrá avanzar para hacer realidad la república catalana como una opción legítima después de los resultados del referéndum del 1 de octubre”, añade el documento.

El programa de Esquerra es, además, el más concreto de los tres a la hora de proponer medidas de gobierno en diferentes ámbitos, algunas de las cuales implican mantener el status quo de Cataluña dentro de España, como la que hace referencia al corredor mediterráneo.

El programa electoral de Junts per Catalunya, en cambio, no deja lugar a dudas. Arranca con una reafirmación de la legalidad catalana anulada por el Constitucional y por el Gobierno de Rajoy con el apoyo del Senado: no se trata de elegir un president (“ya tenemos uno”, sostiene) sino de reforzar el resultado del 1-O. La candidatura impulsada por el PDeCAT se compromete a “restaurar” a Carles Puigdemont como president de Cataluña, a desarrollar la república catalana en los términos establecidos por la Ley de Transitoriedad, a pedir la revocación de las causas pendientes “por motivos políticos” y a exigir al Gobierno español que acepte la voluntad de los catalanes.

Debate sí, pero “constituyente”

JuntsxCat, igual que ERC, propone “promover un gran debate nacional, participativo y de empoderamiento de la ciudadanía”, pero en este caso en términos de “proceso constituyente”. Su objetivo sería abordar “los rasgos y los ejes que deben conformar la constitución de la república catalana”.

El resto del programa, los capítulos que señalan las propuestas concretas en diferentes ámbitos, no es, ni mucho menos, tan detallado como el de Esquerra, pero sí está salpicado de referencias que implican la independencia, como que Cataluña se hará cargo de la alta velocidad ferroviaria, o que elaborará su propia ley de Extranjería. La lista de Puigdemont propone incluso “identificar los riesgos y las amenazas en materia de seguridad que afectan a Cataluña” y definir su “estrategia de seguridad nacional partiendo de los medios” de que dispone “actualmente y definiendo los medios de que se debería dotar al país en el futuro para garantizar” su “seguridad”.

También plantea aprobar, por primera vez, un régimen electoral propio. “En el nuevo régimen electoral”, señala el programa, “implantaremos el voto electrónico y facilitaremos el voto por correo y anticipado. Reduciremos la duración de las campañas electorales y minimizaremos los gastos con un envío único de información electoral, y con un riguroso control previo y posterior de los gastos de las candidaturas”. Y “crearemos un órgano que vele por la calidad democrática del proceso electoral”.

En materia financiera, JuntsxCat apenas da detalles y se limita a afirmar que la “financiación de las inversiones y de los servicios públicos necesita de una fiscalidad que permita garantizar unos ingresos suficientes, adecuados a la riqueza y a las necesidades del país”.

La CUP-Crida Constituent reconoce en su programa electoral que el soberanismo ha llegado “al borde de la independencia política”, pero no más allá, y culpa, además de al Gobierno central y a la Unión Europea, a “una cierta ingenuidad” y también a “una cierta falta de previsión y de firmeza del Govern para hacer efectiva la república”. Lo ocurrido, subrayan los anticapitalistas catalanes, tiene que ver con la idea de que era “posible ejercer la autodeterminación de acuerdo con una legalidad diseñada para impedir su ejercicio”.

El programa de la CUP es muy crítico con la desaparecida JuntsxSí por haber aprobado la proclamación de la república “sin ninguna intención de defenderla ni desplegarla como lo demuestra el abandono del Govern y el Parlament y el acatamiento sin resistencias al 155”. “El poco tiempo que tardan PDeCAT y ERC en anunciar que se presentaban a las elecciones del 21D evidencia que preferían la salida de las elecciones autonómicas el desarrollo y defensa activa de la república”, denuncian.

En su análisis, los cupaires, como se les conoce en Cataluña, reconocen que “sin ejército ni policía ni una mayoría social suficiente no es viable la vía eslovena a la independencia” que intentó consumar el Govern. Y van más allá: “Se ha demostrado”, sostienen, “que el Estado español sólo entiende la lógica de los hechos y la fuerza de la movilización masiva. Las luchas de liberación nacional han requerido siempre que las mayorías sociales estuvieran dispuestas a afrontar dosis de violencia y de represión por parte de los Estados que insistían en negar sus derechos”. Y “el Estado español ha demostrado que no cederá sólo a los votos y la democracia”.

En este contexto, la renuncia del antiguo Govern a desplegar la república proclamada el 27 de octubre “ha situado las tareas de creación de la república en una fase de gran complejidad”, admiten. Pero aún así, la CUP-CC proclama su firme compromiso en “la materialización y la construcción de la república del 1 de Octubre”.

Para consumar ese propósito, proponen, el “bloque republicano” debe asumir que construir la república pasa por desarrollar una estrategia que necesariamente combine iniciativa política y una estrategia de resistencia a las imposiciones”. Y propone medidas concretas basadas en la unilateralidad, que se “ha demostrado como la única manera posible” de avanzar en esa dirección. “Sabemos que no es una vía de resultados inmediatos, pero también sabemos que es la única manera sincera de materializar el derecho a la autodeterminación”.

Por esa razón, advierten los anticapitalistas, después del 21D sólo apoyarán un Govern cuyo programa consista en “desplegar la república del 1 de octubre" con medidas muy concretas que tomen como punto de partida la Ley de Transitoriedad anulada por el TC, empezando por la convocatoria de una asamblea constituyente. Y, si no es posible, adoptarán una táctica de boicot ausentándose de los plenos del Parlament o favoreciendo el bloqueo de la toma de decisiones parlamentarias con el objetivo de denunciar la “violación del mandato popular del 1 de octubre”.

La simple posibilidad de que el Tribunal Supremo ordene la salida de la cárcel de los líderes de la organizaciones civiles más destacadas del independentismo, en prisión desde hace dos meses, y de ocho miembros del Govern destituido por Mariano Rajoy, ya ha agitado la campaña electoral catalana a muy pocos días de su inicio oficial.

Pendientes de la decisión del Alto Tribunal, y de las fianzas que pueda establecer, estarán este viernes el destituido vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, otros siete consellers cesados, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el máximo responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La mayoría de ellos forman parte de las listas de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó) y de Junts per Catalunya, la candidatura impulsada por la antigua Convergència (Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull), lo que significará su inmediata incorporación a la convocatoria electoral. Fuera de las listas sólo se han quedado, por decisión propia, los destituidos consellers Joaquim Forn y Meritxell Borrás, así como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

La salida de prisión tiene particular trascendencia en el caso de Junqueras, candidato a la Presidencia de ERC-CatSí, la formación a la que todas las encuestas sitúan a la cabeza en las preferencias de los votantes pero que, siempre según los estudios de intención de voto, ha ido perdiendo peso. Un fenómeno directamente relacionado con una clara mejora en las expectativas de la otra gran opción independentista, Junts per Catalunya (JuntsxCat), que cuenta como candidato con el destituido y fugado Carles Puigdemont. Es precisamente Puigdemont, con presencia diaria en los medios de comunicación, y su lista del president, como trata de presentarla para capitalizar el apoyo del independentismo, el que en teoría tiene más que perder con la excarcelación de Junqueras.

La libertad, aún con medidas cautelares, de los candidatos en prisión preventiva permitirá normalizar en parte la campaña electoral, en opinión del PSC. El partido de Miquel Iceta condenó desde el primer momento, por “desproporcionada”, la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión a los miembros del Govern destituidos por Rajoy y que no decidieron huir a Bélgica. Y esa normalización, aunque sea parcial (parte del antiguo Govern permanece en Bélgica para intentar evadir la acción de la justicia española), creen que les ayuda a situar el debate en un territorio más favorable a quienes como ellos defienden una posición intermedia entre la independencia y el inmovilismo. 

La estrategia de Esquerra

Ciudadanos, por su parte, cree que la liberación de Junqueras puede ayudar y mucho a Esquerra, porque el hasta hace un mes vicepresidente de Cataluña no está en situación de permitirse el lujo de dejar una campaña clave como esta en manos de su secretaria general, Marta Rovira. El partido naranja está convencido de que ERC-CatSí es consciente de la necesidad de poner en juego a su cabeza de cartel si quiere frenar el discurso de Puigdemont y la transferencia de voto hacia JuntsxCat, de ahí que los recursos judiciales hayan jugado la carta de acatar el artículo 155 en vez de defender la declaración de independencia y permanecer en prisión.

Los comuns de Cataluña en Comú-Podem también creen que, al menos en un primer momento, la excarcelación reforzará a Esquerra frente a la candidatura de Puigdemont, aunque las fuentes consultadas por infoLibre no creen que vaya a suponer un cambio significativo. A medio plazo la consecuencia será, sostienen, que el victimismo al que a menudo juegan los independentistas perderá fuelle. En todo caso, y al ritmo que van las cosas, en pocos días la liberación será ya irrelevante, opinan.

El PP, en cambio, resta trascendencia a la decisión del Supremo. Su candidato, Xavier García Albiol, no ve la puesta en libertad “ni determinante ni importante”. De hecho, los conservadores creen que la excarcelación puede incluso convertirse en un problema para los afectados, que tendrán que explicar a sus seguidores por qué han decidido acatar el artículo 155 y someterse al ordenamiento constitucional. “Son ellos los que tienen que comunicar las cosas y explicarlas”, aseguran.

No obstante, el partido de Rajoy considera positivo que hayan acatado el artículo 155, porque es una forma de demostrar que que la previsión constitucional funciona, y cree que puede ayudarles a tratar de capitalizar la decisión de haber intervenido la autonomía catalana, algo que, subrayan, ni PSOE ni Ciudadanos veían con buenos ojos. “Iba a arder Troya con el 155 y resulta que todo va volviendo a su cauce”, dice una de las fuentes consultadas por infoLibre.

Claro que en el PP tampoco creen que la hipotética permanencia en prisión de los encarcelados pueda pesar en contra de sus candidaturas. Dicen que mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la respuesta social a las encarcelaciones y no ha pasado nada. “No estamos viendo manifestaciones a las puertas de las cárceles” y eso demuestra, argumentan, que “la mayoría de los catalanes aspira a otras cosas”.