El candidato ultraderechista José Antonio Kast evitó este miércoles aclarar si indultaría al exmilitar chileno Miguel Krassnoff en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre. Krassnoff fue uno de los jefes de la policía política de Augusto Pinochet durante la dictadura y que fue condenado a más de 1.000 años de prisión.

Kast evitó dar una respuesta concreta sobre si, a cambio de información sobre los detenidos desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce décadas después, eximiría de la cárcel al exoficial del Ejército, condenado en múltiples sentencias por casos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada, torturas, violación y asociación ilícita, entre otros.

"Hoy hay en trámite una norma que está en debate en el parlamento y es por un tema humanitario. No creo en la delación compensada, creo en la justicia y eso es tratar con respeto a las personas con enfermedad terminal o que no tienen consciencia, se acabó", señaló el ultraderechista.

La candidata de la izquierda y el progresismo chileno, Jeannete Jara, respondió que no indultaría al exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) "porque está condenado judicialmente" y enfatizó que no realizará indultos de ningún tipo durante su mandato.

"Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia, se merecen justicia", recalcó Jara, agregando que los delitos en contra de los derechos humanos son el "límite" para aplicar beneficios a condenados mayores de 70 años con enfermedades terminales.

Krassnoff cumple su pena en la prisión de Punta Peuco, destinada a ser desde 1995 una prisión especial y privilegiada para los criminales de lesa humanidad de la dictadura (1973-1990), que hace justo un mes se convirtió en una cárcel común tras un decreto del presidente del país, el progresista Gabriel Boric.

La DINA fue el brazo encargado de los asesinatos políticos, torturas y represión general durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, operando hasta 1978 para luego ser reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En particular, Krassnoff fue uno de los oficiales a cargo de la unidad conocida como 'Brigada Lautaro', un escuadrón que dedicó a la persecución, tortura, desaparición y asesinato de militantes de izquierda y partidarios de la Unidad Popular (1970-1973), específicamente contra miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Precisamente, el exmilitar fue condenado junto con otros exagentes por el homicidio de Miguel Enríquez, líder del MIR.

Krassnoff acumula más de 80 sentencias por delitos de lesa humanidad. La última se le añadió el pasado noviembre: una condena de 20 años por la sustracción de dos menores de edad y el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos durante la dictadura. También participó en el asalto a la casa del presidente Salvador Allende en el golpe de Estado de 1973.

La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. De ellas solo se han encontrado 307.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes el manifiesto firmado por militares retirados, que adelantó infoLibre el viernes pasado, en el que se reclama a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente, Pedro Sánchez, y les ha pedido a ellos, y a todo el mundo, operar "desde la razón".

"No estamos en golpes de Estado. No necesitamos esto", ha señalado durante su intervención en el foro Voces para la reforma' organizada por Vozpópuli. Para la dirigente madrileña, este tipo de comunicados "no ayudan".

"Lo que tenemos que hacer es trabajar por la razón y por la verdad. (Pedro) Sánchez ya ni siquiera intenta parecer demócrata. Quiere dinamitar la convivencia y levantar ese muro que separe a los españoles pero la respuesta a este sinsentido no puede ser más sinsentido", ha subrayado.

En todo caso, Ayuso ha hecho hincapié en que, a su parecer, en España se está consumando "un auténtico cambio de régimen por la puerta de atrás". Se trata, según la jefa del Ejecutivo madrileño, de "un cambio de modelo que nadie ha elegido, puesto que a nadie han preguntado", y que va a imponer de forma fraudulenta "contra una gran parte de la sociedad española".

"El Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad de los españoles ante la ley, la soberanía nacional, la democracia, están en peligro y la situación es tan grave que hoy apenas nos quedan leyes, tribunales o instituciones que lo puedan defender. Han desprotegido el orden constitucional y la democracia para poder volarlos", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que se está ante una "situación límite" fruto de un plan "muy bien calculado y pergeñado a espaldas de todos".

Frente a esto, ha defendido que "Madrid dirá no a la indecencia, a la mentira y a la traición" porque "tanto daño no les va a salir gratis", ya que son mucho más los que están dispuestos "a defender la democracia, el Estado de Derecho y la libertad".

La derecha había guardado silencio hasta las palabras de Ayuso. El pasado viernes, infoLibre desvelaba en una exclusiva, la existencia de un manifiesto firmado por medio centenar de generales, coroneles, comandantes y capitanes jubilados y publicado más tarde en la web de la Asociación de Militares Españoles (AME), aunque retirando los nombres de quienes lo suscribían, donde se pronunciaban en contra de la ley de amnistía y de los pactos del actual Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, llegando incluso a pedir la intervención del Ejército para destituir al Gobierno.

Era precisamente en el último párrafo donde los exmilitares dejaban claras sus intenciones golpistas: “Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Al menos 114 personas han muerto en más de 44 localidades de Birmania este sábado, 76º Día de las Fuerzas Armadas en el país asiático, por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que han salido a protestar una vez más contra el golpe de Estado militar del mes pasado, según el recuento formulado por el medio local 'Myanmar Now'.

"Hasta las 21.30 de esta noche (sábado 27), tenemos confirmación de que han muerto 114 civiles en 44 localidades de todo Birmania a manos de las fuerzas armadas del régimen del golpe de Estado. Entre los muertos hay 40 fallecidos en Mandalay y 27 en Rangún", indica el medio en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una tabla de víctimas elaborada a partir de declaraciones de activistas y testigos.

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos registrados desde el inicio de las protestas contra el golpe de febrero, hasta este viernes. Los incidentes han ocurrido en diferentes manifestaciones convocadas en Rangún, Lashio, Mandalay, Meikhtila, Kyaukpadaung y Kyeikhto.

Desde la oposición democrática han calificado ya la jornada como día de la vergüenza de las Fuerzas Armadas, con el Comité en Representación del Parlamento de la Unión (CRPH), una suerte de gobierno democrático clandestino formado tras el golpe por los parlamentarios electos de la Liga Nacional para la Democracia, a la cabeza.

Entre las víctimas mortales habría una niña de 13 años, según las fuentes del Myanmar Now, así como un joven de 21 años, identificado como Chit Bo Nyein, capitán del equipo sub-21 del club de fútbol del Hantharwady United, que recibió un disparo de las fuerzas de seguridad cuando ayudaba en la tetería de su familia en la localidad de Insein, en Rangún, según testigos a DPA. Además, Myanmar Now ha informado de un bebé de un año herido tras recibir el impacto de una bala de goma en Mayangone, en Rangún, cuando jugaba en la calle cerca de un contingente militar.

Mientras, la Embajada de Estados Unidos ha confirmado en las últimas horas un ataque a tiros contra el Centro Americano de Rangún, sin que por el momento se haya identificado a sus responsables. El ataque no ha dejado víctimas que lamentar.

Amenazas militares de "un tiro en cabeza"

Promesas de elecciones libres como la realizada este mismo sábado por el comandante en jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing, contrastan con anuncios como el realizado en la víspera por el canal de noticias estatal MRTV, que advertía a los civiles de que no salieran a las calles porque podrían recibir "un tiro en la cabeza o en la espalda".

Desde la dictadura denuncian que los jóvenes están siendo "engañados" por "secuaces extranjeros" y aseguran que solo se unen a las protestas porque "creen erróneamente que se trata de un videojuego". "Deberían sacarse conclusiones de las feas muertes anteriores. Podríais estar en peligro y recibir un disparo en la cabeza y la espalda. ¡No os dejéis engañar, niños y niñas!", ha emplazado la dictadura, al tiempo que ha apelado a las familias a evitar que sus hijos participen en las protestas.

Hasta ahora las autoridades militares defendían que se estaba haciendo un "uso mínimo de la fuerza para atajar las protestas" y que "no está permitido el uso de munición real". Las balas de goma teóricamente solo se disparan por debajo de la cintura.

Día contra la ocupación japonesa

Mientras, ajenos a todo al menos formalmente la cúpula militar ha celebrado en la capital del país, Naipidó, el inicio de la resistencia armada contra la ocupación japonesa, el 27 de marzo de 1945. El líder de la dictadura, el general Min Aung Hlaing, ha destacado en un discurso de 30 minutos que "el Ejército protegerá al pueblo de Birmania y se esforzará por la democracia". La presencia extranjera se ha limitado al viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha informado Myanmar Now.

Durante las protestas, como viene siendo habitual, los manifestantes han exigido la liberación de la líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, ahora bajo arresto domiciliario después de la asonada, esta vez bajo el lema Día Contra la Dictadura Militar. El Ejército birmano ha denunciado que el partido de la detenida, la Liga Nacional para la Democracia, manipuló el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, detonante del golpe. El partido niega las acusaciones y pide a los militares que aporten pruebas de ello.

Mientras tanto, la enviada especial del secretario General para Birmania, Christine Schraner Burgener, ha vuelto a declararse enormemente preocupada por la violencia en curso cometida por las fuerzas de seguridad del país. "Entre los muertos se encuentran mujeres, jóvenes y niños", ha apuntado, antes de pedir "una respuesta internacional firme y unificada, hacia el restablecimiento del gobierno democráticamente elegido en Birmania".

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, también ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el país y ha señalado que se encuentra "conmocionado" y "entristecido" por los indicios de que las "fuerzas de seguridad "están haciendo uso de la fuerza letal contra la población". En un comunicado, ha calificado estos actos de "brutales" y "horribles" y ha lamentado que estén afectando, además, a niños de corta edad, quienes también han muerto a manos de los militares. "Expresamos nuestras más profundas condolencias a los familiares y seres queridos de todas las víctimas y condenamos las acciones de las fuerzas de seguridad birmanas en los mayores términos", ha dicho antes de matizar que el "régimen no puede gobernar mediante el terror".

Por su parte, el equipo de la ONU desplegado en el país ha dicho estar también muy "preocupado" por el impacto de los acontecimientos políticos, especialmente en las áreas ahora afectadas por el conflicto. Así, ha explicado que el equipo está prestando ayuda a 1 millón de personas, aproximadamente, de las cuales un tercio son desplazados a nivel interno. Sin embargo, ha lamentado que el trabajo de las ONG se vea "obstaculizado por la falta de acceso al sistema bancario". La organización ha señalado, asimismo, que únicamente cuenta con un 10 por ciento de los 270 millones de dólares que necesita para ofrecer la ayuda necesaria a la población birmana.

Mientras, uno de los grupos armados de base étnica activos en Birmania, la Unión Nacional Karen, ha informado de un ataque contra un puesto militar cerca de la frontera con Tailandia en el que habrían muerto diez militares, incluido un teniente coronel, y uno de los atacantes.

La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) ha cuantificado 3.070 personas detenidas, imputadas o condenadas por delitos relacionados con las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero y cifra en 328 los muertos hasta el 26 de marzo.

Condena de la ONU, la UE y EEUU

Tras conocerse las noticias de la masacre, la ONU, la UE y Estados Unidos han condenado al unísono la intervención de las fuerzas de seguridad birmanas. Así, la ONU se ha declarado directamente "horrorizada" por lo que ha descrito como una "pérdida innecesaria de vidas".

Estados Unidos se ha sumado a la condena a través de un comunicado de su embajador en Birmania, Thomas Vadja. "En el Día de las Fuerzas Armadas las fuerzas de seguridad están asesinando a civiles desarmados, incluidos niños, las mismas personas que juraron proteger. Este derramamiento de sangre es espantoso", ha asegurado.

Por último, la delegación de la UE en Birmania ha declarado que este sábado "quedará grabado como un día de terror y deshonra". "La matanza de civiles desarmados, incluidos niños, son actos indefendibles", ha hecho saber la misión en su cuenta de Twitter.

El auto, que tiene fecha del pasado 10 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han practicado "cuantas diligencias se han estimado necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias" de los hechos investigados, resultando "indubitado" que 127 kilos de cocaína fueron encontrados en un habitáculo que se hallaba ubicado en un compartimento de cables dentro del pañol de contramaestre del buque.

Sin embargo, no existen indicios que sostengan la participación de los investigados en este procedimiento, ni de cualquier otro, en el embarque y transporte de dicha droga, por lo que se accede al sobreseimiento solicitado por una de las defensas ejercida por el letrado Fernando Pamos de la Hoz.

El caso se remonta a abril de 2014, cuando Elcano hizo una escala en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. En los cinco días que el barco estuvo allí atracado, varios marineros introdujeron presuntamente más de 150 DE kilos de cocaína que les entregó un grupo de narcotraficantes.

En la siguiente escala, en Nueva York, los militares entregaron supuestamente unos 26 kilos a otros traficantes, un caso que fue investigado por las autoridades estadounidenses y que desembocó en la detención de los seis marineros y el cocinero del buque. Se trata de un brigada, un cabo primero y tres marineros, dos de ellos ya procesados en la pieza principal por delitos de tráfico de estupefacientes.

Con el llamado Plan Michoacán comenzó la implicación del Ejército y de la Marina mexicana en la lucha contra el narcotráfico. Poco tiempo después de la intervención militar en varios estados —Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero— comenzaron las primeras denuncias de las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos, que se han mantenido estos años en línea ascendente. Desde el año 2006, comienzo de los operativos militares localizados, se han tramitado más de diez mil denuncias de abusos, habiéndose probado en casi doscientos casos la comisión de graves delitos por personal de unidades militares.

En los últimos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos de violaciones graves de los derechos humanos sobre personal civil, tanto de la Policía federal como del Ejército, por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Uno de los más graves cometidos por los uniformados fue la matanza de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, perpetrada por efectivos de un batallón de Infantería el 30 de junio de 2014.

El enfoque militar adoptado por el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) para combatir el desafío del crimen organizado en México no estaba produciendo los resultados esperados y, en cambio, se confirmaban algunos de los peores presagios. El recurso al Ejército se había decidido por el Ejecutivo mexicano como una forma para consolidar la presidencia de Calderón, que ganó las elecciones por un estrechísimo margen de votos —menor al uno por ciento—, y como última ratio del poder del Estado ante la penetración de las redes criminales en los cuerpos policiales. Los militares gozaban de prestigio por su neutralidad política y estricto desempeño de su función profesional.

El empleo de las fuerzas armadas en tareas policiales desvirtúa el entrenamiento militar y el uso de armamento para funciones impropias de su concepción, teniendo un pobre balance de eficacia en la misión y de eficiencia en los medios, además de un coste letal sobre la imagen de los ejércitos en la comunidad nacional. El uso con carácter permanente de unidades militares en labores de orden público y seguridad interior, al ser ajeno a su formación básica, requiere un entrenamiento especializado, implementación de protocolos internacionales en el uso ponderado de la fuerza y siempre debe ir acompañado, tal como se señala en las recomendaciones formuladas al Gobierno, de una capacitación y concienciación en materia de derechos humanos a fin de prevenir la comisión de graves delitos.

La nueva Ley de Seguridad Interior mexicana tiene una cláusula general de intervención militar cuando las amenazas a la seguridad interior “comprometan o superen las capacidades de las autoridades” o en caso de “falta o insuficiente colaboración de las entidades o municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Se trata de una redacción tan amplia y ambigua que deja manos libres al Gobierno federal para ordenar a los comandantes militares la intervención de sus medios dónde y cuándo estimen conveniente sin cortapisa alguna.

Tres puntos de la norma resultan especialmente controvertidos: la intervención militar en los estados y municipios está limitada en principio a un año, pero el presidente puede prorrogar el plazo cuando estime que persiste la amenaza; las características y modos de ejecución de las fuerzas armadas, es decir, sus tácticas, métodos, armamentos y protocolos de actuación, quedan autorizados como uso legítimo de la fuerza en tareas de seguridad pública; y las movilizaciones políticas no son consideradas amenazas a la seguridad interior, siempre que “se realicen de manera pacífica y conforme a la Constitución”, con lo que la norma vuelve a remitirse a un criterio interpretativo de las autoridades de las circunstancias que concurren.

La experiencia del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, una década después de su implicación, ha arrojado un balance altamente insatisfactorio. La violencia no sólo no ha remitido en este tiempo sino que se ha visto incrementada. Es comprensible la tentación del Gobierno de utilizar todos los medios disponibles en la nación —entre ellos, el más poderoso que son las fuerzas armadas— para combatir la tragedia cotidiana del crimen organizado, pero no es razonable persistir en una medida que no avalan los resultados. Las fuerzas armadas han sufrido ya un desgaste que daña seriamente su alistamiento para el cumplimiento de su misión constitucional.

La adopción de esta medida por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (PRI) en su último año de mandato, cuando ya está lanzada la carrera para renovar el sexenio, tiene también una relevante lectura política ya que, al interferir en el planeamiento de su política de seguridad interior, supone una hipoteca inaceptable para el nuevo inquilino de Los Pinos. Además, y tal vez lo peor de todo, las Fuerzas Armadas mexicanas son situadas legalmente en el centro de la gobernación interior de la República, rompiendo así una tradición consolidada de convergencia con la sociedad, ventajosamente distinta de la que ha regido en otras partes de Iberoamérica.