En el municipio de Torrelodones (Madrid) y custodiada por hileras de casas unifamiliares, se esconde una hermosa laguna rodeada de árboles. Lleva ahí desde 1955, cuando se construyó la presa de Los Peñascales, y en su origen servía para almacenar agua y dar de beber a las urbanizaciones de alrededor y regar los jardines, pero hace años que quedó inutilizada para ese uso, lo cual sirve a algunas autoridades competentes para establecer que ya no hay excusa para seguir cortando el curso natural del Arroyo de Trofas. 

A finales del año pasado, la Confederación Hidrográfica del Tajo comunicó al Ayuntamiento de Torrelodones que ya se habían cumplido los tres años de inactividad del embalse que marca la ley, y que si no encontraba en tres meses un nuevo aprovechamiento para esa infraestructura, tendrían que derribarla. El entonces alcalde del partido Vecinos por Torrelodones (VxT), Alfredo G. Plata, movió ficha ante la Comunidad de Madrid para salvar la presa y protegerla mediante un supuesto interés ambiental, pero llegaron las elecciones municipales, cambió el Gobierno, y los bulos sobre la destrucción de presas embarraron la historia. Según confirma la Confederación del Tajo, la balsa va camino de la demolición, salvo sorpresa. 

Todo comenzó el 15 de diciembre, cuando Alfredo G. Plata recibió la notificación que citaba el posible derribo. Según su versión, en enero se reunió con la Confederación para abordar el problema y este órgano, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, animó al municipio a buscar un nuevo uso para el embalse para evitar su destrucción. En febrero, el Ayuntamiento se vio con Luis del Olmo (PP), director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, quien confirmó su intención de declarar la protección de la lámina de agua por su interés ambiental para evitar la demolición del embalse. 

El problema llega cuando en las semanas previas a las elecciones autonómicas del 28 de mayo se azuzó en el Congreso desde el PP y Vox un bulo que decía que el Gobierno central se ha dedicado en su mandato a destruir decenas de presas en España en mitad de una sequía extrema. En realidad, lo que se hizo principalmente fue retirar obstáculos de los ríos, que solo dificultan el paso de peces y se consideran una alteración del cauce natural. También se han derribado algunos embalses por situaciones en parte similares a la de Torrelodones, cuya concesión de uso ha terminado –principalmente presas hidroeléctricas del franquismo– y la Ley de Aguas de 1985 obliga a su destrucción.

Nuria Hernández, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, reconoce que la desinformación sobre el derribo de presas ha hecho mucho daño estos meses, pero es habitual que en todo el mundo se derriben obstáculos en los ríos cuando están obsoletos, no se usan y son un riesgo para la seguridad. En España hay más de 1.200 grandes presas y más de 170.000 estructuras que rompen el curso natural de ríos, "por eso tenemos tantos problemas con la calidad de nuestras aguas", afirma. "Un río necesita su ciclo natural de crecidas y bajadas de agua, una presa es como un trombo en el sistema circulatorio. Si no sirven ninguna utilidad pública, su mantenimiento no está justificado", añade", añade. 

La desinformación también llegó de lleno al caso de Los Peñascales. Tras la victoria del PP en las elecciones locales, la nueva alcaldesa, Almudena Negro, comenzó a difundir hace dos semanas que el anterior alcalde de VxT había ocultado la orden de demolición, pese a que el anterior regidor se reunió en febrero con Luis del Olmo (PP) para abordar el tema. La versión de la alcaldesa saltó a la prensa local y nacional, y Almudena Negro se erige ahora como la protectora de la presa. Este martes el propio Ayuntamiento publicó en su web: "El Registro municipal de Torrelodones se colapsa ante el aluvión de firmas vecinales contra el derribo de la presa de Los Peñascales". El texto va dirigido contra el Ministerio de Transición Ecológica, cuando es en realidad el municipio el que todavía no ha dicho qué pretende hacer con esa infraestructura si la mantiene en pie.

Entre las acusaciones de unos y otros, la presa está ahora en el limbo porque nadie ha solicitado formalmente una nueva concesión de uso del embalse de Los Peñascales, por lo que su futuro más probable en este momento es, efectivamente, la demolición. "Hasta el momento, esta Confederación no ha recibido ningún proyecto por parte del ayuntamiento de Torrelodones para solicitar un nuevo aprovechamiento de aguas", confirman desde la CH del Tajo. Desde este órgano explican que "en el caso de que el Ayuntamiento no solicitase una nueva concesión", el siguiente paso es que Torrelodones elabore un plan de "demolición de la presa", y la Comunidad de Madrid tendrá que dar el visto bueno a la declaración ambiental del proyecto. Como Torrelodones es dueño desde 2014 del embalse, tendrá que hacerse cargo de pagar la demolición y la reparación de la zona. 

La Comunidad de Madrid contribuyó a la confusión de los vecinos cuando la semana pasada publicó un informe favorable sobre la Declaración de Zona Especial de Protección Medioambiental (ZEPM) del embalse y sus alrededores. La alcaldesa del PP dio las gracias en Twitter a Isabel Díaz Ayuso por el documento y el Ayuntamiento de Torrelodones dio a entender que era el primer paso para la protección de la presa. Sin embargo, este lunes diferentes grupos ecologistas denunciaron que esa figura de protección no existe en la Comunidad, como admiten a infoLibre desde la Puerta del Sol. "Solo hemos emitido un informe favorable sobre la petición que nos hizo Torrelodones, pero no hemos declarado ninguna protección. Es verdad que esa figura no es correcta, estamos esperando a que el Ayuntamiento nos aclare a qué protección se refiere", reconocen desde la Consejería de Medioambiente. 

En todo caso, los grupos ecologistas insisten en que esa vía ambiental no tiene futuro porque la laguna, según su criterio, no tiene interés ninguno. "Es un embalse pequeño, cerrado, se ha puesto de manifiesto la presencia de especies exóticas invasoras y hay lodos en el fondo", afirma María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Este grupo, junto a la Asociación Ecologista del Jarama El Soto y la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, citan un informe del CSIC de 2017 donde se constata la presencia del cangrejo rojo americano y peces como el percasol, el black bass y la carpa, que han desplazado a todas las especies autóctonas. 

La Consejería también defiende en su informe que la presa acoge "especies protegidas, entre las que destaca la nutria paleártica", pero en realidad está en los ríos de toda la región, en el 57,8% según el sondeo de la nutria en Madrid, de 2021, elaborado por la SECEM. El embalse tampoco tiene una vegetación especial y aguas arriba hay una depuradora, por lo que algunos desechos acaban en el fondo de este lago. 

A esto se suma que la presa de Los Peñascales ya pertenece a un territorio altamente protegido. Pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, una Zona Especial de Conservación (ZEC) y de la Red Natura 2000. Esto no supone que la infraestructura esté protegida, sino que precisamente por eso se debería asegurar el curso natural del río.  

"No tenemos ninguna lucha particular contra este embalse. Nosotros solo buscamos la restauración de los cursos fluviales si las barreras ya no tienen uso, nunca pediríamos demoler una presa que da de beber a los vecinos", concluye la portavoz de Ecologistas. 

Nuria Hernández, también experta en la cuenca del Tajo, cree que la vía de la protección ambiental no tiene sentido en este caso. "No tiene recorrido ninguno porque es una masa altamente modificada y una alteración de la hidromorfología del río". Recuerda que hay zonas como el embalse de Entrepeñas que sí son Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), pero en este caso no hay aves de interés. 

En todo caso, la investigadora destaca que la estrategia de confrontación no es buena, y siempre que hay que derribar una de estas presas lo mejor es dialogar con los vecinos y explicar las alternativas, mostrar otros ejemplos donde se han retirado barreras y se ha recuperado el río en estado natural y donde los vecinos pueden disfrutar de estos paisajes. Explicar también que el mantenimiento de la infraestructura suele conllevar unos costes que son difíciles de asumir por las entidades locales, por lo que es más viable su eliminación. "En muchos de estos municipios las presas que ya no se usan se han convertido en la poza donde la gente se baña en verano o va de paseo, hay una vinculación emocional muy fuerte. Lo recomendable es comunicar bien que una vez retirado el embalse, la zona quedará renaturalizada y será mucho más agradable para todos", opina Hernández. 

Precisamente los primeros gobiernos de Vecinos por Torrelodones recuperaron para el municipio la propiedad de este embalse y crearon una ruta verde a su alrededor muy utilizada tanto por el vecindario como por visitantes externos, así como por los colegios de la zona para explicar a sus alumnos contenidos teóricos sobre medio ambiente y naturaleza. Asimismo es frecuente la presencia de aficionados a la pesca que acuden cada fin de semana a practicar ese deporte. El posible derribo de la presa provocará con seguridad la protesta de los vecinos del entorno, que consideran "un atentado" al mismo esa voladura y desconfían además de lo que posteriormente se haga con el terreno vaciado, por lo que exigen a las autoridades la protección del actual embalse con la incorporación de los usos que sean pertinentes.

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

No ha terminado la resaca de las elecciones celebradas el pasado 28 de abril y ya estamos en medio de la siguiente campaña, esta vez para los comicios autonómicos, municipales y europeos del próximo 26 de mayo. Esperan 15 días de mítines, debates y, sobre todo, promesas. Compromisos electorales que los cabeza de lista de las distintas candidaturas lanzan al viento esperando conquistar a los electores indecisos. Con 8.131 ayuntamientos en disputa, hay experiencias peculiares. Por ejemplo, en la localidad madrileña de Torrelodones. El equipo de gobierno municipal, de la candidatura de Vecinos por Torrelodones, dijo que sus candidatos no podrían mantenerse en el cargo más de dos legislaturas. Y ello obliga a retirarse a dos tercios del actual equipo de gobierno. "Lo que llevamos en nuestros estatutos es que solamente podemos estar dos legislaturas. Ocho de los 12 que somos ahora las hemos cumplido y, por eso, ya no vamos en las listas", explica en conversación con infoLibre Raquel Fernández, la que hasta ahora era concejala de Servicios Sociales. Todos esos cargos serán renovados por otros vecinos del municipio afiliados al partido. De los otros cuatro, tres repetirán y uno ha rechazado repetir. 

Vecinos por Torrelodones no es un partido tradicional. No nació para ello. Se creó en el año 2007, apenas dos meses antes de las elecciones municipales que ganó el PP, el partido que gobernaba el Ayuntamiento desde hacía dos décadas. En ese momento, Vecinos por Torrelodones consiguió plantar la semilla de cuatro concejales, que aumentaron a nueve cuatro años después, en 2011, cuando obtuvieron la Alcaldía, que volvieron a conseguir en 2015 con doce regidores municipales. Intentarán, el 26 de mayo, imponerse de nuevo en las urnas. "Confiamos en que se ha hecho una buena gestión y en que el equipo es solvente. Somos optimistas y pensamos que podemos renovar la mayoría absoluta que tenemos ahora", declara Alfredo García Plata, candidato a alcalde de Torrelodones. Sucederá a Elena Biurrun, que lleva al frente del Gobierno municipal estos ocho años. "Ahora le damos el relevo a gente nueva con las mismas ganas pero con más energía", asegura. Y espera que los nuevos candidatos tengan éxito, aunque es prudente. "Preferimos ir con las expectativas bajas: Vox no era en 2015 lo mismo que es ahora y nuestra gestión puede haber generado algún descontento, pero me encantaría irme revalidando la mayoría absoluta", añade Biurrun.

Todo empezó con la plataforma medioambiental Torrenat, creada por los vecinos. Un aparente problema de saneamiento del alcantarillado reveló una estrategia de recalificación de terrenos llevada a cabo por el entonces alcalde conservador de la localidad, Carlos Galbeño. Los vecinos, hartos, decidieron rebelarse y, más tarde, saltar de la plataforma a la política.

Una localidad conservadora

No les salió mal, sobre todo teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra el municipio. Al norte de Madrid, constituye una de las zonas tradicionales de voto a la derecha. De hecho, en las elecciones generales del pasado 28 de abril, el bloque de las tres derechas salió vencedor: Ciudadanos, con un 26,65% de los votos, alcanzó la victoria; el PP, con un 21,43%, quedó en segundo lugar; y Vox, pisando los talones a los conservadores con un 20,78%, el tercero. En las localidades cercanas como Las Rozas, Majadahonda o Villanueva de la Cañada el resultado fue similar. En la primera, la victoria fue para la formación naranja y en la segunda y tercera, para los de Pablo Casado. Son municipios, además, donde la corrupción también ha sido protagonista. 

Imagen de los candidatos de Vecinos por Torrelodones para el próximo 26M (en el centro, Elena Biurrun junto al candidato, Alfredo García Plata). | Vecinos por Torrelodones

¿A qué se debe esa diferencia de voto entre las elecciones generales y las municipales? Según Fernández, no es cuestión de ideología, sino de pragmatismo y cercanía. "Somos un partido transversal y tenemos gente afiliada —son 120 en total— que en las elecciones nacionales vota a todo el arco político. Pero nosotros nos basamos en la política práctica: ver si hay que hacer un parque, fomentar hábitos de vida saludable, etc. Y eso no es patrimonio de ninguna ideología", dice. Y ese ha sido su fuerte. "No venimos con imposiciones ni ideologías de nadie. Si tenemos que recapacitar sobre algo que hemos hecho mal, nos sentamos, lo pensamos y cambiamos de opinión. No estamos encorsetados en las políticas de derechas o izquierdas", añade. 

Es el mismo diagnóstico de Biurrun. "La auténtica política, la que te puede cambiar la vida, se hace a nivel local, donde la gente quiere la mayor calidad de vida", apunta. "Tengo muy claro que, a nivel local, las necesidades son mucho más parecidas a la ideología que nos pueda separar", sentencia. Por eso, renuncian a las etiquetas y no permiten al resto de partidos que se las impongan. "Quien a estas alturas nos etiqueta es porque no nos va a votar en la vida y busca motivos para no hacerlo", recalca. 

Alejados de la política tradicional

Al igual que ha ocurrido hasta ahora, las nuevas listas están configuradas por personas de todos los perfiles. Tal y como explica Fernández, el proceso de renovación comenzó hace ahora dos años. Lo recuerda García Plata: "Todos los afiliados nos reunimos en una asamblea y nos dijeron que ya habían pasado ocho años y que la mayoría de concejales se iban a quitar de la primera línea. Fue un proceso muy complejo porque teníamos que dar el relevo a los fundadores del partido, quienes lo habían liderado hasta ese momento".

Se pidió que dieran un paso al frente todas aquellas personas que siguieran creyendo en el proyecto y que estuvieran dispuestas a mantenerlo con vida. García Plata fue una de esas personas, hasta que un día le preguntaron si quería liderarlo. Y dijo que sí. Luego, como explica Fernández, todo se votó. "Pero no teníamos ninguna candidatura alternativa", explica.

Hace dos años empezaron el proceso de transición interna para ir formando a los nuevos candidatos en la gestión de los asuntos municipales. Las urnas decidirán el 28M si los electores de Torrelodones quieren que la candidatura vecinal, aunque con rostros nuevos, siga al frente del Ayuntamiento.

Imagen de miembros de Vecinos por Torrelodones trabajando en el programa electoral de cara al 26M. | Vecinos por Torrelodones

Un poco de historia. En 2006 un importante promotor de Torrelodones, Eduardo Morales Santiago, se compra a sí mismo a través de dos de sus empresas, por 20,2 millones de euros, un encinar protegido que en el mejor de los casos tiene un valor de 900.000 euros. Aporta como garantía un pagaré concedido por Caja Avila por un importe de 20,2 millones de euros. En 2008, el día del vencimiento del pagaré, se sustituye por un crédito hipotecario 20,7 millones, que son ingresados por Caja Ávila en la cuenta de la empresa inmobiliaria. El crédito debe pagarse en 3 años con un interés del 7,5%. ¿Cómo es posible que en 2008 Caja Ávila conceda un crédito de 20 millones sobre un terreno que vale 900.000? La respuesta es sencilla: asume que los terrenos protegidos serán convertidos en urbanizables por el Ayuntamiento en poco tiempo.

La clave de todo el negocio es que el promotor tiene "vínculos personales y profesionales” con el presidente del PP local y entonces diputado (Mario Mingo) y con el Alcalde de Torrelodones (Carlos Galbeño) y la garantía por escrito del Director General de Caja Ávila de participar en la operación inmobiliaria. Pese a todo ello, en septiembre de 2009 la Comunidad de Madrid declara inviable la pretendida reclasificación y la finca nunca ha dejado de ser suelo protegido.

En enero de 2010, sin que el promotor haya devuelto un solo euro, Caja Ávila amplía el plazo de pago del crédito en nueve meses y reduce el interés al 5%. En 2012, una vez que Caja Ávila ha sido absorbida por Bankia, se vuelve a prorrogar el crédito un año más.

Hoy, en diciembre de 2018, diez años después la concesión del crédito, no se ha devuelto un solo euro. Hoy, una década después, la deuda asciende a 35 millones. Hoy, diez años después, la finca sigue a nombre de la empresa inmobiliaria cuyos propietarios la tienen a su entera disposición. Hoy, diez años después, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular actual del crédito, “está estudiando” qué acciones civiles va a emprender para recuperar el dinero que se le adeuda.

Enajenar activos no es suficiente. Sobre la Sareb

En 2012 el Gobierno decide afrontar por fin el saneamiento bancario a través del denominado Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada y de la Sareb, una sociedad de gestión de los activos inmobiliarios de las cajas y bancos intervenidos. Se trata de una entidad singular pues pese a recibir los créditos y activos inmobiliarios de las Cajas de Ahorro públicas es una sociedad anónima en la que “en ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital”. Participan en ella la mayor parte de los bancos y entidades aseguradoras, que tienen un 55% de las acciones. Desde entonces la Sareb (también conocida como banco malo) se ha dedicado a la administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito.

Desde 2012, la Sareb ha recibido 200.000 millones de euros en activos, entre ellos el crédito impagado de la finca 2.266. Tener la oportunidad de conocer la actuación del llamado banco malo en Torrelodones es un indicador de cómo esta sociedad incumple una de sus principales obligaciones como gestora de fondos públicos: identificar y perseguir las operaciones fraudulentas y estafas del dinero de todos y quizás lo que sea aún más grave, recuperar el patrimonio público de las Cajas de Ahorro transferido obscenamente a determinados empresarios.

¿Alguien se imagina que diez años después de dejar de pagar las cuotas de la hipoteca de su piso el banco titular de la misma “esté estudiando” qué acciones emprender? ¿Alguien se imagina que diez años después de dejar de pagar su hipoteca y debiendo 35 millones de euros siga disfrutando del bien hipotecado?

La falta de equidad en el tratamiento de las deudas y la impunidad de gran parte de los responsables de la crisis económica es el mejor incentivo para que la repitan. ___________________

Santiago Fernández Muñoz es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Torrelodones.