CASO TORRELODONES

La Sareb desoye un informe jurídico que ella mismo encargó y descarta la vía penal en un pelotazo urbanístico de 35 millones

El presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha renunciado a perseguir penalmente un pelotazo urbanístico que el propio banco malo denunció ante la Fiscalía General del Estado por estafa y tráfico de influencias. Un promotor, Proyectos Inmobiliarios Burke, le adeuda 34,8 millones de euros por un préstamo impagado a Caja Ávila, del que tras su fusión con Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja se hizo cargo Bankia y que, una vez rescatada ésta, pasó a la cartera de la Sareb. La operación tenía como garantía una finca rústica de 14,5 hectáreas situada en el muncipio madrileño de Torrelodones (Madrid), cuyo valor se infló gracias a la expectativa de una recalificación urbanística que nunca llegó a aprobarse.

Pese a la cuantía de la deuda y las sospechas sobre la legalidad de la operación urbanística detrás del préstamo, el banco malo no va a recurrir el archivo del caso, decretado en febrero de 2017 por la Fiscalía de Ávila –donde terminó recalando la investigación–. La decisión de la Sareb desoye un informe que ella misma encargó para consultar sobre el caso y que le recomendaba que recurriera el archivo para actuar por la vía penal. Así lo ha revelado a infoLibre un portavoz de la sociedad, que es propiedad en un 49% del Estado.

El fiscal de Ávila, que finalmente investigó el supuesto pelotazo sólo como un posible delito de administración desleal, lo consideró prescrito. La Sareb asegura que la notificación de ese archivo no le llegó hasta el pasado mes de junio, año y medio después de que el fiscal tomara su decisión. Entonces el banco malo encargó un informe a Ejaso ETL Global, el despacho del que son consejeros el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico, con fecha de 27 de julio y al que ha tenido acceso este periódico, aprecia en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluye que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarán prescritos hasta 2022, por lo que recomienda a la Sareb que interponga “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente (Ávila o Villalba) o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firma el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establece que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconseja al banco malo que ejerza, “al menos”, acciones civiles.

“Es una opinión más”, responde la Sareb cuando se le pregunta por el informe que ella misma encargó. “Ya ha decidido el fiscal la prescripción completa y no tiene sentido ir en contra”, justifica el portavoz. En cambio, añade, sí está estudiando el banco malo qué acciones civiles va a emprender para recuperar el dinero que se le adeuda.

1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial

En octubre de 2008 Proyectos Inmobiliarios Burke recibió de Caja Ávila 20,7 millones de euros hipotecando la finca 2266 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, un terreno rústico y especialmente protegido cuyo valor entonces no superaba los 504.000 euros. La tasación de la finca se infló –la multiplicó por 41– gracias a la expectativa de una recalificación municipal como terreno urbanizable que no llegó a producirse. El Ayuntamiento de Torrelodones, entonces en manos del PP, pretendía construir en la zona 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial.

Para ello, el consistorio aprobó la recalificación del terreno, que no sólo era rústico sino que además tenía la consideración de “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid no ratificó el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar un informe a la consultora FTI Consulting Spain, la Sareb presentó otra denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía de Madrid. Ésta, a su vez, incoó diligencias el 19 de diciembre de ese año y las mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Un mes después, las diligencias fueron archivadas.

El pasado mes de julio la finca 2266 continuaba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de Proyectos Inmobiliarios Burke, que la había adquirido en noviembre de 2006 por importe de 20,27 millones de euros a otra empresa, Styx. Ambas compartían entonces el mismo administrador único: Eduardo Morales Santiago, según consta en el informe elaborado por la Fiscalía de Madrid y al que también ha tenido acceso infoLibre. El ministerio público reproduce el documento encargado por la Sareb a FTI Consulting, donde se deja constancia de que Morales Santiago posee “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, entonces presidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó ese consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011, igualmente al frente del PP.

Cuando este periódico se puso en contacto con Eduardo Morales este verano para preguntarle por el caso, éste se limitó a contestar que había vendido la empresa hace tiempo y ya no tiene ninguna relación con ella.

Una finca difícil de vender

Aunque la Sareb compra los activos tóxicos con descuento, el importe de la deuda que el banco malo ha dejado de reclamar en el caso de la finca 2266 asciende a un total de 34,8 millones de euros, puesto que al préstamo propiamente dicho y los intereses se les suma una línea de crédito de 1,83 millones. Proyectos Inmobiliarios Burke no devolvió ni un solo euro desde 2008, pese a que Caja Ávila le concedió dos prórrogas antes de desaparecer como tal. De hecho, la propia Sareb destacaba en su denuncia la “especial gravedad” de los supuestos delitos cometidos “debido a la elevada cuantía del préstamo”.

Creada en 2012 a partir de los activos tóxicos que le traspasaron las entidades de crédito tras el rescate financiero, la Sareb está obligada a “maximizar la recuperabilidad” de los préstamos y activos tóxicos que adquiere, “vía recobro o venta”, según consta en su último informe anual de actividad. De hecho, su plan de negocio tiene como objetivo “acelerar” la conversión de los activos financieros –menos líquidos– en activos inmobiliarios. Pero de su cartera de inmuebles, sólo el 4% son suelo rústico, como es el caso de la finca de Torrelodones. El banco malo prima las “soluciones consensuadas con los deudores” de forma previa a la ejecución de las garantías de los préstamos. Así, negocia la modificación de plazos de vencimiento, tipos de interés y garantías aportadas. Incluso puede llegar a la condonación o quita parcial de la deuda. Si no hay acuerdo, abre la vía judicial.

Además, la Sareb prioriza la recuperación de unos activos sobre otros tras evaluarlos según “criterios comerciales”, puesto que su meta es vender viviendas y terrenos si no es posible conseguir la devolución del préstamo. Estos criterios son el tipo de producto, su localización, los precios de venta en cada momento, los costes de transformación… Como la finca de Torrelodones tiene carácter rústico y está especialmente protegido, no es un activo fácil de vender.

Y aunque lo vendiera, el banco malo no podría recuperar la totalidad del dinero perdido. Cuando pidió en 2015 a UVE Valoraciones que la tasara, le calculó un valor de mercado de sólo 915.082 euros. Una tasación que, además, no aumentará en el futuro debido a su especial protección, según reconocía el informe de la Fiscalía. “La Sareb está buscando cuál es la mejor fórmula para recuperar el dinero”, asegura el portavoz.

Así queda impune un pelotazo urbanístico: el delito de estafa prescribe y la Sareb no recupera el crédito impagado

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