Sidenor, la empresa vasca que acaba de sentarse a negociar la compra de Talgo, lleva tiempo postulándose como novio de grandes operaciones corporativas en el maltrecho sector industrial español. Figuraba entre los candidatos a hacerse con una participación minoritaria, hasta un 25%, del capital de Celsa, el fabricante de acero catalán, y su nombre sonaba entre los interesados por comprar la factoría de la multinacional estadounidense Alcoa en San Cibrao (Lugo). Su presidente, José Antonio Jainaga, ha sido además uno de los impulsores de la idea, hasta ahora fallida, de crear un gran grupo siderúrgico vasco, uniendo las fuerzas de industrias locales como Tubos Reunidos, Tubacex, Aceros Olarra y la propia Sidenor.

Ahora, la empresa con sede en Basauri (Bizkaia) ha puesto el ojo en Talgo, el constructor ferroviario cuya compra por la compañía húngara Ganz Mavag (Magyar Vagon) fue vetada por el Gobierno. Una operación que permitirá a Sidenor diversificar su negocio, el objetivo en el que está embarcada la siderúrgica vasca para escapar de su excesiva dependencia en la industria del automóvil: casi el 70% de su negocio son ventas al mercado europeo del motor. En su última memoria de sostenibilidad, la empresa advierte de la “incertidumbre extrema” que pesa sobre la demanda de automóviles por la evolución económica del continente –Sidenor exporta la mitad de su producción a la UE–, los desafíos que le suponen la transición energética y la competencia del coche eléctrico –cuya fabricación no requiere acero–.

Una diversificación que no sólo pretende aplicarse al “negocio operativo del acero”, sino también a la “parte más corporativa”, mediante “alianzas y adquisiciones de otras empresas en la búsqueda de sinergias”. Sidenor ya fabrica aceros especiales destinados al ferrocarril.

Además, Jainaga se ha especializado en comprar industrias a través de Mirai Investments –Mirai significa futuro en japonés–, cuyo plan es completar una cartera de hasta una quincena de empresas en 2026, invirtiendo 200 millones de euros. De momento ha entrado en 19 empresas, de las que se mantiene en 17. En diferentes sectores: Innometal, Naivan, Fervilor, Modelmetal, Afarvi –transformación metálica–, Técnicas Electrónicas Reunidas, Coycavi y Tectron –electrónica–, Isfa, Provesa Grupo Omega –agroindustria y salud animal– e incluso una inmobiliaria –Uztagroup– y un laboratorio de cosmética como Coper.

Sidenor facturó 938 millones de euros en 2023, un 12% menos que el ejercicio anterior, y ganó 23 millones, un 62% menos que en 2023, cuando sus beneficios alcanzaron los 62 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 1.840 empleados repartidos entre sus factorías de Basauri (Bizkaia), Azkoitia (Gipuzkoa), Vitoria y Legutiano (Araba), Reinosa (Cantabria) y Polinyá del Vallés (Barcelona). Desde el pasado abril, los trabajadores de Reinosa y Aizkoitia se encuentran en ERTE, que se prolongará hasta abril de 2025. Durante la pandemia, la siderúrgica tuvo que solicitar las líneas de crédito del ICO y en 2021 detuvo su producción durante 20 días para hacer frente a la subida del precio de la electricidad.

De ahí procede una de las pocas batallas públicas que ha librado José Antonio Jainaga hasta el momento. Como presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), se enzarzó con Iberdrola por la escalada del precio de la luz ese otoño: mientras la siderúrgica advertía de que las elevadas tarifas eléctricas llevarían al cierre de las empresas electrointensivas en seis meses, la compañía de Ignacio Sánchez Galán le pedía que bajara el precio del acero para hacer competitivos los parques eólicos marinos.

Poco más ha dado que hablar Sidenor en su historia, que se remonta a 1990. Cierto que en 2022 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la multó, junto a Arcelor Mitall y AG Siderúrgica Balboa por formar un cártel en el mercado de compra de chatarra férrica: se intercambiaban información “comercialmente sensible” que restringió la competencia. A Sidenor le cayó una sanción de 10,55 millones de euros.

En efecto, el negocio de Sidenor hace la magia industrial de convertir la chatarra en aceros especiales, productos como forjados, barras o bobinas que luego se utilizan para fabricar engranajes, ejes, rodamientos… O aleaciones especiales destinadas a la industria aeroespacial. Cada año transforma 800.000 toneladas de chatarra en acero de primera calidad.

Primero lo hizo como empresa pública, surgida de la fusión de Forjas y Aceros de Reinosa y el grupo vasco Acenor. Fue en plena reconversión industrial en España, y bajo el paraguas del Instituto Nacional Industrial (INI), el predecesor de la actual SEPI, que agrupa a las empresas propiedad del Estado. Cuando los vientos de la política industrial pública cambiaron, Sidenor fue privatizada. En 1995 la compró el empresario vasco Sabino Arrieta. En sus manos estuvo hasta 2005, cuando éste la vendió a la multinacional brasileña Gerdau por 443 millones de euros. Le había costado 13 millones 10 años antes.

Los brasileños, apurados por una enorme deuda en un mercado local por entonces hundido, se deshicieron de la siderúrgica vasca con prisa: se la vendieron por 155 millones –un tercio del precio de compra— a José Antonio Jainaga, que llevaba en la empresa desde 1998, y su equipo directivo, agrupados en el hólding Clerbil SL.

Así pues, la de Sidenor es una historia de éxito. No sólo por la salud financiera de la empresa, sino también porque, gracias a ella, su presidente se ha convertido en uno de los hombres más ricos de España: según la clasificación que confecciona El Mundo cada año, es el número 153, con un patrimonio neto de 400 millones de euros, en una lista de 200 personas. Ingeniero industrial de Bilbao, tiene 70 años y antes de Sidenor fue ejecutivo en Sener y Michelin. Como a Sarrieta, que fue viceconsejero de Interior en el primer gobierno vasco de José Antonio Ardanza, se le adjudican buenas relaciones con el PNV. De hecho, el Ejecutivo de Imanol Pradales apoya la compra de Talgo, a la que puede contribuir a través de Finkatuz, el fondo público que ya ha invertido en la aeronáutica ITP Aero y en la ferroviaria CAF, competidora de Talgo.

Además, Sidenor lleva ya un tiempo vistiéndose de gala. En julio de 2023, anunció la entrada en su consejo asesor de Luis Atienza, exministro de Agricultura en el último Gobierno de Felipe González y antes consejero de Economía en el segundo Ejecutivo vasco de coalición del Partido Socialista de Euskadi que encabezó José Antonio Ardanza. También de José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la semipública Indra.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido explícito sobre su respaldo a la oferta de Sidenor. “El Gobierno va a estar ahí, apoyando y acompañando para que la operación llegue a buen puerto”. Según reveló Talgo en su comunicado a la CNMV, la única duda que queda por despejar es si la siderúrgica vasca comprará el 100% del fabricante ferroviario o adquirirá sólo una parte del capital. Según publica Cinco Días, Sidenor aspira a un mínimo del 29,9%. 

Quince años de gobiernos consecutivos del Partido Popular han dejado tras de sí una ristra de sonados cierres de grandes empresas, crisis sin resolver en compañías emblemáticas, llamativos fracasos en el intento de mantener vivas las entidades financieras propias y rimbombantes promesas que resultaron ser falsas. Todo ello sin mejorar de manera sustancial la producción industria de Galicia.

Si se toma como base el año 2008 para calcular la evolución del índice de producción industrial de Galicia, justo el último año antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta, el resultado en 2022 sería de 80,2. Casi 20 puntos menos. “Este último dato sugiere una caída de la producción industrial gallega, ya que la actividad de 2022 está muy lejos de alcanzar la dimensión existente antes del inicio de la crisis en 2008”, asegura Juan José Ares Fernández, profesor de Fundamentos de Análisis Económico, en A Economía Galega, Informe 2022, el último publicado por la Universidad de Santiago. 

“Este freno está motivado, entre otras causas, por las ventajas competitivas de otros territorios que incitan a externalizar procesos productivos”, razona el citado documento. “A medida que transcurren los años, el sector industrial depende cada vez más de la producción y el mercado que se desarrolla en economías alejadas”.

Los últimos quince años de gobiernos del PP, los trece primeros bajo la batuta de Feijóo y los dos últimos responsabilidad de su sucesor, Alfonso Rueda, están sembrados de grandes fracasos. Lo ocurrido con las cajas gallegas es uno de ellos. El 29 de noviembre de 2010 Feijóo apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas y los celebró como un “hecho histórico”, una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

No había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros de los que el supervisor dio por perdidos 9.178: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros. Y le dio la oportunidad de pagar esa suma en cómodos plazos.

Apenas unos meses antes –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcel cada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre del mismo año.

Galicia se quedó sin cajas de ahorros. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad ya no tiene bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de este, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no solamente se perdieron 9.178 millones de euros de dinero público, sino que se llevaron a cabo cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones —la mitad de la plantilla—, y en el cierre de 300 sucursales. Todo para que la entidad, apenas un año después de ser vendida, empezase a dar beneficios millonarios.

Pescanova es otro buen ejemplo. Con el fin de esquivar los efectos de la crisis de 2008, el presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro asumió su destacado rol político para clamar por el desalojo de la Xunta de PSdeG y BNG detrás del cual se ocultaban los primeros compases de una trama para esconder la millonaria deuda del grupo y engañar a miles de inversores, organismos reguladores y acreedores. 

La compañía quedó en manos de la banca hasta que en 2015 se creó el Grupo Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España en ese momento, con 1.000 millones de euros de facturación, la mayor flota pesquera congeladora del mundo y 11.000 empleados. 

Abanca, convertida en su principal accionista, anunció en 2023 el traspaso de la mayoría del capital al grupo canadiense Cooke con el argumento de que no podía mantener tal participación —superaba el 97%— en una compañía que aportaba un importante riesgo en su balance. Su plan era quedarse con el 20% después de que Cooke pagase 100 millones y asumiese alrededor de otros 700 de deuda.

La operación, sin embargo, fracasó el pasado otoño. Abanca renunció a la venta al no llegar a un acuerdo con la canadiense Cooke. “Hemos decidido aparcar el proceso de búsqueda de un socio industrial”, anunció en octubre el presidente del banco, Juan Carlos Escotet. El futuro de la compañía, que no hace tanto tiempo era uno de los emblemas de Galicia, sigue sin estar asegurado.

La central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) agotó sus últimas existencias de carbón y se apagó definitivamente el pasado octubre después de 47 años operando. Se desconectó la caldera para posteriormente desacoplar la instalación de la red eléctrica, poniendo fin a una era desde el punto de vista industrial y económico de la que también formaba parte la central de Meirama (Cerdeda), cerrada por Naturgy en 2020. 

La cada vez menor rentabilidad económica de la quema de carbón, el abaratamiento del precio del gas, la mayor producción de energías renovables, la menor demanda y el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono explican el declive de las centrales térmicas de carbón, impulsado también por las exigencias europeas de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. As Pontes y Meirama han cerrado, pero las comarcas afectadas siguen sin alternativa laboral e industrial que compensen el desmantelamiento de ambas centrales.

Hace doce años, en septiembre de 2012, Feijóo protagonizó el que quizá haya sido el mayor fiasco de su carrera. En víspera de las elecciones, la Xunta anunció de urgencia la firma de dos contratos con la petrolera mexicana Pemex: uno con el astillero público Navantia de Ferrol y otro con el privado Barreras, en Vigo. Las promesas anunciadas aquel día incluían miles de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de La Coruña. 

Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, un histórico astillero que acabó quebrado. Barreras ya no existe. Tras 130 años, quedó liquidado en 2012. Diez años antes comenzó el idilio con Pemex, que adquirió el 51% de la empresa viguesa por algo más de 5 millones de euros y con el apoyo de la Xunta. 

Un rastro de promesas incumplidas alrededor de Pemex, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sombras y muchas dudas por resolver siguieron a lo largo del tiempo.

Alcoa es el caso más reciente. El complejo, construido en los años 70 en Cervo, sobre 500 hectáreas de la costa de Lugo, con la intención de alimentarlo después con una central nuclear proyectada en Xove y que nunca llegó construirse, creó miles de puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en una zona dominada por la actividad agraria y pesquera.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que la privatizó en el año 1998 vendiéndosela a la multinacional americana que hoy le da nombre. Los elevados precios de la electricidad son claves para una industria que depende y mucho de ella, hasta el punto de que sus propietarios llevan cinco años moviéndose entre planes de venta y excusas para un cierre que amenaza el futuro de A Mariña.

Lo último, en estos momentos es el reinicio de las cubas de la empresa en el marco de un plan de viabilidad firmado entre Alcoa y el comité de empresa, un pacto que la empresa advirtió que no cumpliría, después de volver a amenazar con un cierre poco antes de unas elecciones, anunciar el retraso en el reinicio que ahora lleva a cabo y reclamar ayuda a las administraciones, un proceder habitual en las últimas convocatorias electorales en Galicia e incluso a nivel estatal.

Es una situación repetida desde hace años. Cerca de unas elecciones —autonómicas o estatales— la multinacional Alcoa advierte de su difícil situación económica, reclama ayuda de las administraciones y amenaza con despidos o hasta con el cierre en A Mariña. 

Esta vez, la semana pasada y a un mes de los comicios autonómicos, la empresa advirtió de que si la situación del complejo mariñano no cambiaba pronto, no tendría más remedio que "tomar decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y la economía de Galicia", tras advertir de millonarias pérdidas y un contexto "al límite". Este lunes, la multinacional solicitó por escrito al personal de San Cibrao y al comité "acordar atrasar" el reinicio de la electrólisis prevista y pactada para este mes de enero de la que es la única planta de aluminio primario en España. 

Alcoa pretende así incumplir lo firmado y lo justifica en que la actual financiación de la fábrica acabará "durante la segunda mitad de 2024", por lo que "no tiene sentido económico" empezar con el proceso que pretendía recuperar al 100% la producción en otoño del año que viene. También puso fecha límite para una respuesta, este miércoles, pero semanas antes, en una reunión con el Gobierno gallego, ya había demandado a Xunta y Gobierno central analizar "todas las líneas de ayuda posibles" para una "solución a largo plazo" en A Mariña. Una música que recuerda a otros episodios parecidos. 

Xunta y Gobierno central ya respondieron instándola a cumplir con lo acordado, pero le pidieron también "que concrete el plan de negocio para la fábrica" y que "traslade" a ambas administraciones "cuáles son sus solicitudes y los apoyos que precisa para reactivar y dar continuidad a la actividad y a la planificación acordadas con los trabajadores”, tal y como dijo el Gobierno autonómico. Desde el Ejecutivo central, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, pidió también a la multinacional la "concreción de sus necesidades para trazar una hoja de ruta ante la situación actual que atraviesa la planta" mariñana. 

Hasta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó a Alcoa que diga "qué tiene planificado" y advirtió también que todas las administraciones deben "pedir a la empresa que cumpla sus compromisos y no intentar sacar rédito político". El jefe del Ejecutivo gallego alertó de lo "fundamental" que es "el estatuto de empresas electrointensiv as" al consumir la fábrica "muchísima energía y estar pagando muy por encima de lo que se paga en la media europea". También reconoció sentirse traicionado al recordar que se había reunido con directivos de la empresa "hace meses" y que "nada dijeron" sobre un posible cierre. 

También este martes, José Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, pidió al Gobierno gallego que se "implique" tras priorizar el cumplimiento del acuerdo por parte de la multinacional que, recordó, incluye "un paquete de ayudas" propuestas desde el Estado. Mientras, la empresa espera. 

Todo en el mismo día, 23 de enero, en el que hace 26 años, en 1998, el Gobierno de España presidido por José María Aznar autorizaba la venta del grupo Inespal, empresa estatal perteneciente al INI, a Alcoa, que se hacía así con un grupo con 5.000 empleados y trece plantas en el Estado, varias de ellas en Galicia y la más importante la de A Mariña. 

Desde el BNG, por su parte, insisten en pedir la intervención pública de Alcoa, apuesta que también verbalizó Podemos, iniciativa que tampoco descarta Besteiro y que da esperanzas al comité, que asegura que el Gobierno central ya les trasladó que es "una opción posible" porque no se puede permitir "prescindir" de esta industria. 

La representación del personal señala a la empresa por incumplir lo firmado y se muestra convencida de que "no tiene la intención de seguir en A Mariña", como aseguró tras la reunión con el Ministerio de Industria y antes de la que mantuvo este miércoles con la Xunta y con representantes de la multinacional, a la que pide que "cumpla" al igual que lo hicieron los trabajadores. Advierten de que la compañía no quiere investir en un nuevo horno de cocción y que ya destruyó el antiguo y que prepara un "cierre encubierto". Tras la reunión con Alcoa, el comité advierte de la "ruptura total" del acuerdo de viabilidad firmado por parte de la empresa, aunque descartó movilizaciones por el momento. 

El Ministerio, mientras, les muestra a los operarios el "compromiso firme" del Gobierno de España para "trabajar por la industria del aluminio en Galicia y por una empresa estratégica como Alcoa" y convocó para este próximo viernes la mesa de seguimiento, donde se analizará la situación financiera de la planta de San Cibrao y la ejecución o no de los compromisos firmados. 

Reacciones y convocatorias todas muy parecidas a las que se dieron tras un proceder parecido de Alcoa en 2020, también poco antes de unas elecciones autonómicas. Entonces, a finales de mayo, Alcoa anunciaba la intención de despedir 534 trabajadores de los 1.100 del complejo de A Mariña y el cierre de la planta de aluminio, tras meses advirtiendo de la necesidad de un estatuto electrointensivo para rebajar la tarifa eléctrica. Fue poco antes de los comicios celebrados el 12 de julio, meses después de lo previsto tras ser aplazadas por la pandemia de covid.

El anuncio de Alcoa sobrevoló aquella campaña electoral, con Feijóo señalando al Gobierno central y la izquierda apuntando a la inacción de la Xunta, a la que le recordaron sus competencias industriales. En agosto, tras pedírselo de manera conjunta la Xunta, el Estado y los sindicatos, la empresa aceptó aplazar la negociación de ese ERE seis semanas más para, en ese tiempo, negociar una venta que, en realidad, la multinacional pretendía, pero solo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de obtener la seguridad de evitar posteriores reclamaciones que la situasen en un barullo judicial como el que tuvo —y tiene— tras el cierre de su planta en A Coruña.

El ERE que Alcoa activó en A Mariña en octubre acabó siendo tumbado a final de año por el TSXG y luego por el Supremo. El Superior gallego acusó a la empresa de actuar con "mala fe" y buscar el cierre de la fábrica y la multinacional volvió a cambiar de táctica, hasta que el personal aprobó la propuesta de cerrar la planta de aluminio dos años a cambio de mantener los empleos. Un acuerdo que incluía unos compromisos de inversión de los que, ahora, nada se saben.

Lo que había partido de una amenaza de cierre y despidos masivos en A Mariña acabó con un pacto y una nueva forma de ganar tiempo. Y no era algo nuevo. Un año antes, en marzo de 2019, a poco más de un mes para las elecciones generales de abril, Alcoa alertaba de la inviabilidad de su planta en A Mariña en el caso de que el Gobierno central no adoptase más medidas que las incluidas en el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que ya se había publicado, y luego de que hubiese iniciado ya el proceso de cierre de sus fábrica en A Coruña y Asturias, que acabó con la justicia arrojando luz sobre las artimañas de la compañía para desmantelar sus fábricas en Galicia a precio de saldo. 

La multinacional consideraba "insuficientes" las iniciativas por parte del Ejecutivo central y advertía de que el coste de la energía eléctrica le suponía alrededor del 40% del total del coste de producción de la industria del aluminio primario en España. 

Tres años antes, en mayo de 2016, y a cuatro meses de unas elecciones gallegas celebradas en los primeros días de otoño, Alcoa decía que ya estaba evaluando "todas las opciones" para todas sus plantas en el Estado, mientras que varios medios aludían a fuentes de la empresa que directamente informaban de la puesta en venta de las fábrica de A Mariña, Asturias y A Coruña. 

Días después, aparecieron compradores interesados en las diferentes plantas y la multinacional aclaraba sus intenciones: deshacerse de las fábricas de A Coruña y de Asturias y quedar únicamente con una parte del complejo de A Mariña, la fábrica de alumina.  

Ahora, a pocas semanas de unas elecciones, Alcoa vuelve a demandar ayuda y amenaza con el cierre y despidos en el caso de no mejorar su situación. Con todo el foco en las administraciones y en los aspirantes a conformar un nuevo gobierno en la Xunta, que saben también de la importancia que el complejo industrial de A Mariña tiene en todo el norte de Galicia, donde da empleo, directo o indirecto, a miles de personas. 

Con el Estado advirtiendo de que prevé sacar adelante este año dos convocatorias del denominado Perte de descarbonización a los que se podría acoger Alcoa con ventajas y buenos resultados, la intervención pública a través de la SEPI no se descarta. Una idea que llega cuando este martes se cumplieron 26 años desde que se hubiese producido la privatización de la empresa pública Inespal, vendida a Alcoa por el Gobierno de José María Aznar el 23 de enero de 1998 por 61.500 millones de pesetas, unos 370 millones de euros. 

Fue entonces cuando las plantas gallegas, y las del resto del Estado se integraron en la multinacional estadounidense. Una venta por 410 millones de dólares de los que se acabaron descontando 200 para el pago de deudas anteriores y otros 100 tras una serie de reclamaciones. Un chollo. En los años siguientes el gigante americano multiplicó ampliamente a través de beneficios el dinero que gastó en la adquisición de las antiguas fábrica estatales.

Cuando la SEPI vendió Inespal a Alcoa, el grupo estatal se anotaba unos beneficios de 12 millones de euros anuales. La estadounidense se comprometerá a mantener el cuadro de personal y a realizar múltiples inversiones que, según denuncian los sindicatos, no llegaron a concretarse según lo prometido, tal y como denunció también el Tribunal de Cuentas, que en 2006 situaba unas pérdidas de 456 millones para el Estado en aquella operación. 

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

El Tribunal Supremo (TS) indica que hubo "mala fe negocial" por parte de Alcoa a pesar de sus alegaciones después de confirmar el pasado 28 de octubre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulaba el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa en la planta de San Cibrao.

Los magistrados de la Sala de lo Social del Supremo se reunieron el pasado miércoles día 20 para deliberar sobre el recurso que interpuso el Grupo Alcoa Inespal contra la anulación del ERE, que afectaba a más de 500 trabajadores, según informa Europa Press. 

Con su decisión, desestiman el recurso de casación contra la decisión del TSXG que decretaba nulo el ERE de Alcoa al apreciar "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo "fin único y primordial" era "apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible".

En la sentencia, ponencia del magistrado Ignacio García-Perrote, la Sala Cuarta del Supremo recuerda que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única y por lo tanto el recurso de casación es un recurso "extraordinario", bien distinto al ordinario de apelación, y, especialmente, que el juzgador de instancia es "quien únicamente tiene inmediación y a quien corresponde la valoración de la prueba".

Además, respondiendo punto por punto al recurso, indica que la sentencia recurrida ya tuvo en cuenta el periodo de consultas para la negociación, que fue "inusualmente largo" -ciento veinte días- y que la empresa admitió su prolongación en diversas ocasiones. También recoge que la empresa aceptó entrar en negociaciones de venta con una tercera marca y que finalmente ofreció un expediente de regulación temporal de empleo. Pero a pesar de estos pasos, el Supremo recuerda que la sentencia de instancia concluyó que de acuerdo al artículo 386 LEC, existió mala fe negocial.

"El inmovilismo que la sentencia reprocha a la empresa es a su inamovible posición de paralizar las cubas en todos los escenarios que se han ido planteando, lo que la Sala gallega conceptúa de decisión comercial estratégica. La paralización de las cubas ha sido, desde luego, una cuestión nuclear y determinante en todo el procedimiento de despido colectivo y en su impugnación judicial, ya desde la petición de medidas cautelares al respecto", recuerda la sentencia.

La paralización de las cubas

Si bien la empresa alegó que el problema económico se derivaba del funcionamiento de esas cubas y que se comprometían a su rearranque, el Supremo recuerda que ya el juzgado de instancia dijo que la cuestión del rearranque "ni estaba clara en el momento de la negociación, ni lo está ahora en el momento judicial, ya que las pruebas periciales nos sitúan ante un proceso de rearranque largo y costoso".

Por otro lado, el alto tribunal indica en sus fundamentos de derecho ante la alegación de la empresa de que los representantes de los trabajadores no negociaron de buena fe, que el eventual incumplimiento por esa representación de su obligación de negociar de buena fe "no puede conducir, obviamente, a la declaración de nulidad del despido colectivo, lo que solo puede ocurrir cuando es la empresa quien incumple esa obligación".

Sobre la alegación plasmada en el recurso de que la autoridad laboral no ha tenido un comportamiento imparcial a lo largo del periodo de consultas y que no se ha ajustado a lo que le permite hacer el ordenamiento jurídico, sino que se ha extralimitado, el tribunal dice ahora que esa autoridad laboral "remitió diez advertencias a la empresa, lo que no es frecuente, desde luego, en la realidad española del despido colectivo".

Pero incide en que dado que no es motivo de análisis esas advertencias, "las alegaciones vertidas en el recurso sobre la actuación de la autoridad laboral no podrían llevar a variar la declaración de nulidad del despido colectivo realizada por la sentencia recurrida".

Derecho a la propiedad privada

Sí que da la razón a la empresa cuando afirma que con su proyecto de despido colectivo no se producía exactamente el cierre de la empresa -aseguraban determinados puestos de trabajo-, pero asevera el Supremo que esa "imprecisión" no es decisiva para la conclusión alcanzada en instancia.

Además, sobre el argumento de que la sentencia recurrida vulneró el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa, el Supremo dice que no es así "toda vez que no cabe entender que obligue a Grupo Alcoa Inespal a vender la planta de aluminio".

"La sentencia recurrida no obliga al Grupo Alcoa Inespal a vender la planta, sino que lo que hace es valorar la actuación empresarial durante la negociación de venta, extrayendo determinadas conclusiones de esa valoración, sobre las que no puede prevalecer la subjetiva valoración de la parte recurrente", recuerda.

El Supremo sostiene que la sentencia recurrida aprecia mala fe negocial y califica de "sumamente significativo" el número de trabajadores afectados por el despido colectivo. "Dicho número -afirma la sentencia- "se aproxima, sin superarlo, a aquel que, según las normas regulatorias aplicables, le permiten a la empresa consolidar las ayudas recibidas de las Administraciones Públicas, sin tener que devolverlas, y a la vez sin impedirle el cierre de las cubas, manteniendo un número de trabajadores en plantilla que incluso podrían ser objeto de despidos una vez superados los plazos de garantía del buen fin de las ayudas recibidas por la empresa".

El número de despidos 

Recuerda que ese decreto-ley establece que los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas. Y que se entenderá que los beneficiarios incumplen esta obligación de mantenimiento de la actividad cuando, durante el referido periodo de tres años, reduzcan su capacidad de producción en más de un 85%, o que comuniquen un despido colectivo que implique una reducción de más de un 85% de la plantilla.

En este sentido, el Alto Tribunal indica que la sentencia recurrida atribuye gran importancia al hecho de que el número de trabajadores afectados por el despido colectivo en el proyecto empresarial se aproximaba, sin rebasarlo, al porcentaje que le permite, de conformidad con el Real Decreto-ley 20/2018, consolidar las ayudas recibidas sin tener que devolverlas y sin impedirle el cierre de las cubas.

"Como puede verse, a la sentencia recurrida no le convencen las razones esgrimidas por la empresa para explicar el porcentaje de trabajadores afectados por el despido colectivo, próximo al que le obligaría a devolver las ayudas recibidas", dice el Supremo, para luego añadir que "a pesar del esfuerzo realizado para tratar de justificar la adecuación del número de trabajadores afectados, el recurso no contrarresta suficientemente la convicción que, desde un punto de vista material y no meramente formal, ha alcanzado la Sala de lo Social del TSJ".

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa pretendía ejecutarAlcoa en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo).

Los magistrados de la sala de lo social del Supremo se reunieron el pasado miércoles día 20 para deliberar sobre el recurso que interpuso la multinacional contra la anulación del ERE, que afectaba a más de 500 trabajadores, informa Europa Press. 

Con su decisión, se desestima el recurso de casación interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal. En su día, el TSXG decretó nulo el ERE de Alcoa al apreciar "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo "fin único y primordial" era "apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible".

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado a los directivos de Grupo Industrial Riesgo imputados en el caso Alcoa a devolver 13 millones de euros a las plantas de Avilés y A Coruña, un montante prestado por las propias plantas cuando el grupo se hizo con el control de los edificios tras comprárselos al fondo de inversión suizo Parter Group.

Según ha adelantado El Periódico de España y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha facilitado a los imputados un número de cuenta para devolver el importe, cuya finalidad debe ser garantizar la existencia de fondos para la actividad de las plantas.

Las mismas fuentes han señalado que, en una vista, algunos de los imputados habrían ofrecido devolver 10 de los 13 millones de euros en poco tiempo con la condición de que Grupo Industrial Riesgo continuase manteniendo la administración de las dos plantas dedicadas a la producción de aluminio.

Esos 13 millones tienen su origen en la adquisición de ambas plantas por parte de Grupo Industrial Riesgo a Parter Group. Al no contar con financiación para afrontar la operación, las plantas prestaron ese importe, el mismo que la jueza reclama ahora.

Investigan si vaciaron la caja adquiriendo Bitcoins

Estas pesquisas tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.

El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo. Entre ellos el administrador único del Grupo Industrial Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital —mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)—, el presidente del grupo, Víctor Rubén Domenech y una socia de System Cap.

Por otro lado, la jueza de la Audiencia Nacional también trata de dilucidar si los imputados, los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio, vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual en varias cuentas bancarias.

El comité de empresa de Alcoa se ha manifestado este domingo en la Praza dos Campos de San Cibrao, en Cervo (Lugo), donde se han reunido entre 3.000 y 4.000 personas presentes -según cifras del presidente del comité, Jose Antonio Zan- para continuar reivindicando "una solución viable para Alcoa". Según ha indicado Zan a Europa Press, los manifestantes se han juntado esta mañana para "seguir dando batalla". El presidente se ha mostrado "muy contento" con la convocatoria, así como con el estado de ánimo de los manifestantes, informa Europa Press.

"La gente está muy animada, con ganas de dar batalla, muy conscientes de que el Gobierno debe cumplir lo pactado", ha señalado Zan, en referencia a la no intervención en el proceso de compra de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), comunicada por el secretario general de Industria, Raúl Blanco, en las últimas semanas.

Tanto es así, que Zan ha confirmado la celebración de otra manifestación, "próximamente y muy potente", tal y como se ha anunciado esta mañana en la concentración de San Cibrao. La organización de la manifestación, que ha repartido pañuelos con el lema Salvemos a industria electrointensiva, también se ha referido a este tema, y en concreto han mencionado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. "Si la ministra no quiere hacer lo que se le manda, que se vaya a su casa", ha manifestado la comitiva.

Con lemas como SEPI traidora, A Mariña non perdoa o si no hay solución, Gobierno dimisión, los manifestantes han vuelto a demandar un compromiso claro y firme por parte del Ejecutivo central, que facilite la venta de Alcoa. "Tenemos la industria necesaria, tenemos tres grandes firmas interesadas en la compra; lo único que nos hace falta es que el Gobierno cumpla con su palabra. El sector tiene futuro, no se pueden echar atrás cuando estamos llegando a la meta", han explicado.

Alcaldes lucenses en la manifestación

En la concentración han participado además miembros del Partido Popular de Lugo. Su presidenta provincial, Elena Candia, ha reafirmado el apoyo del partido a las reivindicaciones de los trabajadores de Alcoa. "Ahora la reivindicación es clara: que el Gobierno cumpla lo votado en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados", ha señalado Candia.

Por su parte, el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, ha declarado que continuarán reclamando al Ministerio de Industria que cumpla lo acordado y la SEPI intervenga en el proceso de venta de la factoría de Alcoa.

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se ha mostrado "esperanzado" de que el Gobierno del Estado "rectifique y haya una solución para la planta de San Cibrao". "Muchos representantes del Gobierno del Estado han dicho en diversas ocasiones que sí habría estatuto de consumidores electrointensivos y al final nada de nada; también dijeron que la SEPI intervendría en el proceso y al final para que nada de nada; hasta aquí blanco y en botella", ha lamentado Villares.

El senador popular, José Manuel Barreiro, también ha comentado la situación de la fábrica, de la que ha dicho que es "una muestra más del nulo compromiso del Gobierno de Sánchez con la provincia de Lugo". "Desde el Senado seguiremos insistiendo para que la situación de Alcoa en San Cibrao se resuelva ya que es clave para el presente y futuro de A Mariña y de la provincia", ha señalado Barreiro.

"El gobierno no puede ser espectador" 

También ha abordado este domingo la crisis de San Cibrao el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien durante una entrevista en la Radio Galega ha lamentado que el Gobierno de España "incumple en Galicia" las premisas de "asumir sus responsabilidades y cumplir su palabra".

"El Gobierno no puede ser un espectador en el conflicto de Alcoa. Desde el primer momento había un compromiso claro, en el que la Xunta estaba comprometida, para que el Gobierno tutelase ese proceso de venta y en estos momentos no parece razonable que quiera ponerse de perfil", ha afeado. "Esperemos que el Gobierno asuma su papel, porque si no es así, lamentablemente estaremos más cerca de cerrar la única planta de aluminio primario en España", ha advertido.

Pero Conde también ha reclamado a Alcoa que establezca "con claridad y transparencia" unas "condiciones razonables" para el proceso de venta, al tiempo que los posibles compradores deben definir "con total transparencia cuál es su proyecto" para San Cibrao.

La Audiencia Nacional ha condenado a Alcoa a cumplir las condiciones sobre extinción de contratos que se produzcan y de recolocación externa en los términos que se fijaron en los acuerdos alcanzados el 15 de enero de 2019 en las plantas de Avilés y A Coruña, con el que culminó el periodo de consultas iniciado como consecuencia de la decisión empresarial de efectuar en esos dos centros de trabajo un despido colectivo.

En una sentencia, la Sala Social del tribunal ordena cumplir esta medida alternativa pactada al haber "incumplido" la medida complementaria consistente en la reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y riguroso, informa Europa Press.

Así, la Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda presentada por varios sindicatos en el pleito planteado en el marco del conflicto colectivo relacionado con los acuerdos alcanzados en el periodo de consultas del despido colectivo para las plantas de Avilés y Coruña con el Grupo Alcoa Inespal.

Además, absuelve a las codemandadas Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL al entender que al tratarse de incumplimientos de los acuerdos alcanzados en el periodo de consultas la responsabilidad está exclusivamente en el empresario que los suscribió, Alcoa, ya que la responsabilidad de las codemandadas absueltas solo estaría vinculadas a las consecuencia derivadas de la alternativa de reindustrialización y mantenimiento de empleo, que resultando fracasada, da lugar a la reactivación de las extinciones contractuales.

El fallo señala que el compromiso que adquiere Alcoa es vender las empresas a un comprador serio, solvente y riguroso que se haga cargo de las plantas y con ello del empleo, propósito que solo puede resultar exitoso si se acomete la necesaria adaptación y reindustrialización de las instalaciones, para alejarlas de su actual obsolescencia, lo que necesariamente exige cuantiosas inversiones.

Asimismo, la Sala de la Audiencia Nacional analiza todo el proceso de compraventa y su adquisición por parte de las sociedades Parter Capital y Blue Motion y destaca que "ningún dato ofrece Alcoa ni en el proceso de venta y de su implementación posterior acerca de estas dos sociedades que permita siquiera inferir que cumplen con el perfil del comprador serio, solvente y riguroso que debe acreditar".

Ni Parter ni Grupo Riesgo cumplen el perfil de comprador "serio y solvente"

De esta manera, el tribunal considera que ni Parter ni el posterior comprador, el Grupo Riesgo, cumplen "mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso". "Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores", añade.

Además, estima que la prueba practicada lo que evidencia es que Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores tras la compraventa de las plantas.

Por ello, concluye que el proceso de venta de las plantas establecido en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas de 15 de enero de 2019 ha fracasado porque su propósito como medida de acompañamiento, el de la reindustrialización de las plantas que permita la continuidad de los empleos de la plantilla, no se ha logrado por causas imputables a Alcoa.

De esta manera, el tribunal reconoce el derecho de los trabajadores de las plantas de Avilés y A Coruña cuyas extinciones estaban previstas en el Acuerdo de 15 de enero de 2019 a que se dé pleno cumplimiento a las condiciones sobre extinción de sus contratos y plan de recolocación externa, que se incluían en los apartados 7 y 8 del mencionado Acuerdo relativos a "las extinciones contractuales por causas objetivas" y el Plan de Recolocación Externas".

Así, determina que acuerdo alcanzado el 15 de enero entre Alcoa y la representación de los trabajadores está plenamente vigente, despliega todos su efectos jurídicos y ex exigible su cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a los apartados 7 y 8.

Vecinos de la comarca de A Mariña y trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), han vuelto a protagonizar este domingo una multitudinaria concentración frente al Ayuntamiento de Xove para urgir al Gobierno central, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a acometer la "intervención temporal" de la fábrica, informa Europa Press.

Esta protesta, en la que han participado en torno a 5.000 personas -según cifras estimadas por el comité de empresa-, ha servido también para recordar que hace un año del inicio de las movilizaciones contra el EREERE planteado el 28 de mayo de 2020 por la multinacional. Este expediente, que posteriormente fue suspendido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está ahora pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por Alcoa.

Thank you for watching

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha agradecido la "muy buena" acogida que ha tenido la movilización, que ha discurrido "en un tono reivindicativo" tras 365 días con más de 500 empleos en el aire.

La plaza del Ayuntamiento de Xove y las calles colindantes se han llenado este mediodía de cascos, monos de trabajo, globos azules y pancartas en las que se podía leer las ya habituales consignas Enerxía solución, Alcoa sálvase loitando y Madrid, escoita, A Mariña está en loita.Madrid, escoita, A Mariña está en loita Incluso han hecho saltar por los aires una tarta de cumpleaños para simbolizar el tiempo transcurrido desde la presentación del ERE.

Los trabajadores, todavía "pendientes"

Y es que un año después, tal y como ha lamentado el presidente del comité de empresa, los trabajadores siguen "pendientes" de una intervención temporal por parte de la SEPI que, de hecho, es un "mandato del Parlamento de Galicia y del Congreso".

Esta compra pública temporal serviría, explica Zan, para que luego el Estado venda la fábrica a un tercero que garantice en ella la carga y los puestos de trabajo. Precisamente, el comité de empresa iniciará esta semana una ronda de reuniones con los posibles compradores, comenzando el miércoles con Liberty, primera compañía que se interesó por la fábrica de San Cibrao.

CIG: "Alcoa secuestra el futuro" de A Mariña

Por parte de la Conferencia Intersindical Galega (CIG), ha participado en la concentración su secretario nacional, Paulo Carril, quien ha afeado a los diferentes gobiernos que "siguen sin querer dar una solución definitiva" y permitiendo que Alcoa "tenga secuestrado el futuro de toda una comarca". Durante la protesta, Carril ha alertado de que cuanto más tarde se dé salida a esta situación "más se deteriorarán las instalaciones, más posición en el mercado se perderá y más nos aproximamos a la resolución del recurso que Alcoa presentó contra la sentencia que anuló el ERE".

Por eso, el dirigente de la CIG ha subrayado que la SEPI "no puede escapar de su papel protagonista en la consecución de una solución" atendiendo a los "compromisos adquiridos, a las declaraciones aprobadas en el Congreso y al clamor de A Mariña".

El PP pide a la SEPI que "cumpla" 

Entre los diferentes colectivos sociales y políticos presentes en la concentración, también ha estado una delegación del PP de Lugo capitaneada por su presidenta, Elena Candia, y por los alcaldes de Xove y Cervo, Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares, respectivamente. Desde allí, los conservadores han exigido la intermediación del Ministerio para la Transición Ecológica y que "cumpla la SEPI", ya que lamentan que el Estado y la propia multinacional no culminasen la negociación para la compraventa de la planta.

"Hay compradores que siguen estando interesados, por lo que no entendemos cómo estamos en este bucle que non lleva a ninguna parte. Lo que precisan estos trabajadores es una solución y esta debe producirse en el menor tiempo posible. La indefensión es total y la desolación en A Mariña no puede ser más notable", ha recalcado Salgueiro. Por su parte, Alfonso Villares ha urgido a una solución inmediata para poner fin "al desamparo" de todas las familias que se ven afectadas por el ERE.

Nos enfrentamos a un nuevo reto histórico, quizás el más importante para el futuro económico de España, y por ello exigimos que nuestra clase política, que el Gobierno, esté a la altura de este nuevo escenario final. Ha llegado el momento de elegir entre reconstruir e industrializar el país o quedarnos de brazos cruzados, mientras nuestros políticos están a lo suyo, a sus intereses partidistas, y dejan que sean otros quienes tomen la iniciativa y releguen a España al último escalón industrial de la era pospandemia.

Aunque la actual situación industrial viene de lejos, la pandemia ha incidido aún más en la hemorragia industrial que viene sufriendo la economía española por la ausencia de un modelo de política industrial y la ceguera de los partidos políticos, centrados más en sus guerras partidistas que en las necesidades industriales del país, lo que ha facilitado la destrucción de cientos de miles de empleos de calidad.

La crisis de las mascarillas y ahora la de las vacunas nos han demostrado que necesitamos una acción política coordinada que dirija los esfuerzos de todos a potenciar tanto nuestra industria básica como la más especializada. Necesitamos robots y técnicos especializados, pero también trabajadores y trabajadoras agrarios y/o de la industria manufacturera. Dejar a otros países la producción de mascarillas ocasionó un enorme problema de desabastecimiento que a algunos les ha hecho darse de bruces con la realidad de los intereses geopolíticos y la necesidad de apostar por una industria propia diversificada y circular, que asegure la fabricación de productos esenciales de calidad para el consumo nacional y apueste por los sectores estratégicos.

Por eso desde UGT FICA llevamos años reclamando una política industrial de Estado que sea producto del consenso de políticos y agentes sociales, ajenos a los vaivenes políticos que se repiten con cada cambio de gobierno. No es razonable cambiar las leyes de juego por motivos partidistas o ideológicos, como ocurre, por ejemplo, con la educación. Tampoco es razonable que cada Gobierno de Comunidad Autónoma actúe por su cuenta. Es necesario tener muy clara la política industrial que necesita el país y para ello es fundamental que alcancemos un Pacto de Estado por la Industria entre todos los agentes económicos, políticos y sociales. Negociar, ceder y acordar. Nadie tiene el patrimonio de la razón ni nadie debe quedar fuera de la negociación, pero tampoco es razonable dejar la política industrial española al albur de los políticos de turno, de los mercados o la “buena voluntad” de los fondos de inversión.

Tenemos recientes los casos de Alcoa, Siemens Gamesa, Nissan o Bosch, por citar solo unos ejemplos cercanos, en donde los intereses empresariales y de las multinacionales han primado sobre los intereses del conjunto del país. No podemos consentir este desequilibrio. Tenemos que proteger nuestra industria estratégica como hacen el resto de países de nuestro entorno, porque mientras en España discutimos sobre si la industria sí o si la industria tal vez, el resto del mundo toma medidas, inyecta ayudas a sus sectores y rescata empresas en dificultades.

Paralelamente, asistimos a la inminente llegada de los fondos europeos de reconstrucción, cuya asignación va a ser fundamental para sentar las bases del modelo de país que pretendemos construir de cara a las próximas décadas. En ambos debates, nuestra Federación está participando muy activamente, apostando por un cambio de modelo productivo que dote a nuestra economía de mayor solidez y asegure el futuro de nuestra industria.

Pero en la reconstrucción de nuestra economía que se está planteando, no puede dejarse atrás a una de las partes de la ecuación. Me refiero a la parte social, a los trabajadores y trabajadoras de este país que siempre están cuando se les necesita. Las bases de la reindustrialización deben cimentarse también en la recuperación y potenciación de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de este país, derogando la reforma laboral. Desde UGT FICA vamos a vigilar para que nadie quede atrás. Estamos a favor de reconstruir y de reindustrializar, pero el esfuerzo debe ser común y debe contar con todos los eslabones de la cadena.

Es mucho lo que está en el tablero de juego y esta vez no podemos fallar. Confiamos en la capacidad de nuestro país para salir adelante, pero hace falta que todos empujemos en la misma dirección para dar ese pequeño tirón que nos lance hacia adelante. Exigimos a nuestra clase política que aparque la dialéctica de la bronca, que deje a un lado sus intereses partidistas, que se pongan en “modo” de pensar en el interés común de la ciudadanía, para que la reconstrucción y reindustrialización de nuestro país sea, por fin, un hecho y no un discurso “manido” que al final quede en un eslogan sugerente.

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Pedro Luis Hojas Cancho es Secretario general de UGT FICA

Agentes de la Policía Nacional están registrando desde primera hora de este jueves por orden de la Audiencia Nacional las instalaciones de Alcoa en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón, en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de la metalúrgica en A Coruña y Avilés. Según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía que recoge Europa Press, en el operativo, se registran un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 en sus diligencias previas 57/2020 -declaradas secretas- y la coordinación la lleva la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Según señala la nota, en el operativo de este jueves participan más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Fuentes de Alcoa España consultadas por Europa Press, puntualizan que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019.

Anuncio del despido colectivo

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su "improductividad". Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a "problemas estructurales intrínsecos", y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su "menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", unidos a factores externos de mercado, como la "sobrecapacidad de producción de China", el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años "que previsiblemente continuarán en el futuro", alertaba Alcoa.

De esta forma, Alcoa argumentaba que el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña permitirá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Cibrao (Lugo), donde se produce tanto aluminio como alúmina. Sin embargo, posteriormente anunció también su intención de desprenderse de esta planta, y actualmente negocia su venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Querella admitida en diciembre 2020

Fue en diciembre del año pasado cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara "una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella", para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes. Además, "teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella", la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios. Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, "eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Alcoa al apreciar "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa.

De este modo, el TSXG tumba el despido colectivo de más de 500 trabajadores de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), según informa Europa Press.

Alcoa estudiará la sentencia y avanza que "la necesidad de reestructurar la planta persiste"

Alcoa estudiará la sentencia que declara nulo el ERE que quería aplicar para la planta de aluminio y avanza que "la necesidad de reestructurarla persiste".

"Los importantes problemas estructurales y permanentes continúan", advierten fuentes de la multinacional estadounidense del aluminio consultadas por Europa Press tras tumbar la justicia el despido colectivo.

Asimismo, la empresa reitera que cree haber actuado "de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley" con el expediente de regulación que los magistrados han echado abajo, precisamente, por "mala fe". "Estamos revisando el fallo del tribunal para determinar los próximos pasos", insiste Alcoa.

Previamente, los magistrados ya habían impuesto medidas cautelares que impedían a la compañía la paralización de las cubas de electrolisis.

Maroto: "Se hace justicia con 500 trabajadores y toda una comarca"

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha valorado que con el fallo "se hace justicia con 500 trabajadores y toda una comarca". "¡Felicidades", dice la ministra a través de un tuit, en el que apunta que los trabajadores y la comarca de A Mariña lucense "hoy pueden estar más tranquilos".

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha dicho que espera que la nulidad del ERE "signifique otro paso hacia el mantenimiento del empleo y la actividad industrial".

En un comunicado, Losada ha celebrado que la decisión de la Sala "certifica la tesis defendida por la Abogacía del Estado, la plantilla y el resto de administraciones". "Esta decisión llega tras haber

conseguido judicialmente paralizar el apagado de las cubas, clave para el futuro de la factoría de San Cibrao (Lugo)", recuerda.

Asimismo, hace un llamamiento al "trabajo conjunto" para el mantenimiento del empleo, al tiempo que emplaza a Alcoa a que "se avenga a continuar con el iniciado proceso de venta".

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno "llegará donde tenga que llegar" con la fábrica de Alcoa en San Cibrao (Lugo) para mantener su capacidad productiva, por lo que no descarta su expropiación. "En el caso de la expropiación tenemos que ver la parte jurídica y la idoneidad con la Comisión Europea y por lo tanto trabajamos en esa alternativa u otras", ha explicado en una entrevista en El Periódico este domingo recogida por Europa Press.

Ha sostenido que "la hoja de ruta del Gobierno es muy clara, porque es una planta estratégica" y que esta semana han requerido a la dirección para que justifique las ayudas públicas recibidas; si no cumple con los requisitos, deberá devolverlas, ha dicho.

Sobre cómo avanza el proyecto de reindustrialización de las plantas de Nissan en Barcelona, ha explicado que el Gobierno estudia alternativas que permitan "mantener capacidades industriales en el sector de automoción", lo que consideran una prioridad. "Cataluña tiene un hub, sin duda, que puede estar reforzado si viene un proyecto industrial en esa materia. No descartamos otros, pero para nosotros la prioridad es reforzar capacidades industriales en cadenas de valor nuevas", ha asegurado.

Ha dicho que Gobierno y Generalitat se comprometieron a ser prudentes y a no generar falsas expectativas respecto a un nuevo proyecto industrial: "Nos comprometimos en la mesa de reindustrialización los dos Gobiernos y los sindicatos a trabajar con la máxima confidencialidad".

Ahora, el Ejecutivo trabaja en restablecer el contrato con Acciona, que dejó de proveer a Nissan para poder retomar la producción: "El acuerdo es un acuerdo muy bueno, porque nos da tiempo hasta el 31 de diciembre del 2021 y esperamos que en los próximos días se vuelva a recuperar ese contrato con Acciona para recuperar la producción".

Además, ha explicado que el Gobierno prevé destinar una parte de los fondos europeos al desarrollo de "un proyecto muy ambicioso para tener toda la cadena de valor en España y poder producir baterías" para el coche eléctrico. "Cuando el presidente decía el otro día que en el 2023 vamos a tener 100.000 puntos de recarga eléctrica o cinco millones de vehículos eléctricos, nos da una idea de la envergadura del plan. Si nos los creemos lo podemos hacer, siendo como somos el segundo fabricante de vehículos de Europa", ha añadido.

Turismo

Según Maroto, el Ejecutivo también trabaja para llevar a otras comunidades autónomas el proyecto de corredores turísticos seguros frente al covid-19 que existe ya en Canarias y Baleares: "Los test de antígenos nos ha permitido extender el modelo de corredores seguros de las islas a la península".

"En los próximos días empezaremos a trabajar con distintas comunidades interesadas, entre ellas Cataluña. Ahora tenemos que convencer a nuestros principales emisores de la idoneidad", y ha añadido que el sector turístico en España es seguro, y así debe transmitirse al exterior.

El PSOE, el PP y el BNG han pactado en el Congreso una enmienda transaccional para instar al Gobierno a contemplar la intervención pública temporal "a la mayor brevedad posible" de la fábrica de Alcoa en San Cibrao (Lugo) con el fin de garantizar la actividad y los empleos en esta planta.

Así lo ha anunciado el portavoz del BNG, Néstor Rego, en la intervención de una iniciativa que reclamaba adoptar medidas para la continuidad de esta fábrica en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja.

El acuerdo alcanzado por esta formación con PSOE y PP llama al Gobierno "a adoptar cuantas medidas sean necesarias a la mayor brevedad posible, incluida la intervención pública temporal para su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo en la factoría de Alcoa en San Cibrao".

Los en torno a 1.000 trabajadores de la fábrica de Alcoa en Cervo (Lugo), más de 500 de la planta de aluminio y otro medio millar de la de alúmina, están convocados a una huelga indefinida a partir de este domingo día 4 de octubre, según recoge Europa Press. La decisión fue tomada por unanimidad este martes en asamblea, tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y Liberty para vender la factoría y también después de una mesa sin acuerdo entre la multinacional y el comité de empresa, que acusa de "mala fe" en el proceso a la compañía estadounidense.

La plantilla intensifica sus protestas después de varias semanas de movilizaciones con cortes de tráfico en la provincia de Lugo y concentraciones como la de este mismo martes a las puertas de la factoría, donde han quemado neumáticos y un cartel de la empresa.

El comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) se ha fijado como objetivo que no salga "ni una gota de aluminio de la fábrica". Su presidente, José Antonio Zan, ha informado de que este miércoles mantuvieron la primera reunión para negociar los servicios mínimos.

Desde este martes, el comité instaló sendas carpas a las puertas de las instalaciones y avisó de que permanecerán ahí "las 24 horas del día", con personal del comité y representantes también de las empresas auxiliares. El objetivo es que la huelga afecte a la salida del producto pero que ni las cubas de electrolisis ni la otra planta paren, para lo que su intención es reducir el personal de la factoría y que lo que se produzca no salga.

Este sábado hicieron público un comunicado en el que censuran el calendario impuesto "unilateralmente" por parte de la empresa, prolongando la jornada intensiva hasta el 31 de diciembre, y la apertura del comedor en tres fases, pero sin determinar los criterios y el arranque de estas. El comité de empresa denuncia que ambas medidas son "una demostración más de mala fe", al dejar en evidencia que tenían previsto cerrar la planta a finales de julio y no contaban que se llegara a la fecha con la fábrica en producción.

Los trabajadores de Alcoa han vuelto a echarse a las calles para demandar la continuidad de la factoría de San Cibrao —en Cervo (Lugo)— a pocas horas de que expire el plazo dado por la multinacional para explorar la venta de la fábrica o iniciar un ERE extintivo que afectaría a más de 500 empleados, según recoge Europa Press.

Tras protagonizar un encierro de 24 horas en los ayuntamientos de Cervo y Viveiro apoyados por los regidores de ambos consistorios (uno del PP y otro del PSOE), los trabajadores, ataviados con su uniforme y junto a vecinos y representantes políticos, han salido de la estación de ferrocarril de Xove (Lugo) para demandar una solución que evite el cierre de la factoría.

De la estación de la que cargan las placas de la fábrica de la comarca mariñana ha partido la marcha, que ha finalizado en la plaza del Ayuntamiento de Xove. La manifestación ha estado presidida por un camión que, como si se tratase de una comitiva fúnebre, portaba coronas de flores que el 'funeral' de la factoría que soporta gran parte de la economía del norte de la provincia de Lugo.

Esta acción se produce a pocas horas de que, en la medianoche de este domingo, finalice el período de consultas para la venta de la factoría, en la que está interesada la multinacional Liberty.

De este modo, los trabajadores están convocados a participar en la mañana del lunes en la mesa negociadora con Alcoa, que en un principio quería celebrar este encuentro en Madrid. Finalmente será en el Pazo de Cea del municipio pontevedrés de Nigrán a partir de las 12.00 horas.

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao se han encerrado en los ayuntamientos de Xove y Viveiro este sábado, a 48 horas de la convocatoria de la última mesa negociadora, que tendrá lugar el lunes a las 12.00 horas en el Pazo de Cea de Nigrán (Pontevedra). "La única solución es que vendan la fábrica y se dé una continuidad al empleo en la comarca. El resto, no se puede valorar", ha aseverado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press al inicio del encierro, que cuenta con el apoyo de los alcaldes de las localidades —el conservador Alfonso Villares (Cervo) y la socialista María Loureiro García (Viveiro)—.

Zan ha destacado que los regidores que acompañan a los trabajadores este sábado proceden de partidos distintos que tienen responsabilidades de gobierno en el Estado y en la Xunta, administraciones a las que emplaza a actuar en el caso de que la multinacional estadounidense se niegue a vender la planta de A Mariña. "No se puede permitir que una comarca entera se vaya al traste por los caprichos de una empresa que está muy lejos de aquí", ha aseverado el representante de los trabajadores, que reivindica que "de este conflicto solo puede salirse con la continuidad" de la factoría en funcionamiento.

En este sentido, ha recordado que los trabajadores decidieron por unanimidad en su última asamblea que solo aceptarán una solución que suponga la continuidad de los empleos. "No vamos a aceptar paro de cubas, ni ERTES, ni ERES ni nada que tenga que ver con el empleo. Así de claro", ha apostillado antes de subrayar que "no puede permitirse que maten económica y laboralmente una comarca" que, según Zan, volvería "a la década de los 70" si cierra la planta, especialmente en un contexto de crisis como el actual derivado de la pandemia de coronavirus.

"Lo único que hace falta es intención"

Así las cosas, José Antonio Zan ha manifestado que los trabajadores todavía confían en encontrar una solución que, a su juicio, depende de la "intención" de la multinacional del aluminio para aceptar la mediación de Xunta y Estado y encarar el proceso de venta.

"(Alcoa) Si quiere salir bien de esta situación, lo único que tiene que hacer es acceder a esta venta o poner los mecanismos para continuar produciendo al cien por cien, que lo puede hacer pero ya sabemos que no quiere", ha incidido para, a continuación, subrayar que "si hay otra multinacional" interesada en San Cibrao, Alcoa debe "darle paso" en reconocimiento a "una comarca que le ha dado tanto durante 40 años".

Unos 400 trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), han cortado este martes la autovía A-6 a la altura de Outeiro de Rei para reivindicar que "de una vez por todas" haya acuerdo para la venta de la fábrica a Liberty.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha reclamado, en declaraciones a Europa Press, que "de una vez por todas" la dirección de Alcoa acceda a la propuesta de mediación que le ha trasladado el Gobierno.

Al respecto de uno de los puntos en los que se mantiene bloqueada la negociación con Liberty, la del contrato de suministro de alúmina, el Ejecutivo plantea que sean siete y no cinco los años de duración. "Liberty ha aceptado pero Alcoa no", ha destacado Zan.

En la tarde de este martes, a partir de las 16,30 horas, vuelve a reunirse la mesa de seguimiento para cerrar una operación que tiene de plazo hasta el próximo domingo. De no llegar a un acuerdo, Alcoa y la representación de los trabajadores se sentarán el lunes para negociar el cierre de la factoría.

Reunión con alcaldes

Así las cosas, con esta nueva concentración, la plantilla de A Mariña ha llamado la atención sobre la importancia de su actividad en la comarca.

Además de nuevas movilizaciones, el comité prevé reunirse el jueves con los alcaldes de la comarca para trasladarles sus inquietudes ante la actual situación.

Una multitudinaria concentración convocada en Viveiro (Lugo) por el comité de empresa de la planta de Alcoa en San Cibrao ha reivindicado la importancia de su actividad en la comarca de A Mariña y ha pedido un acuerdo entre la multinacional estadounidense y GFG Alliance que permita inversión para mantener la industria y los puestos de trabajo, según recoge Europa Press. Los organizadores repartieron entre los asistentes cascos con el logo de Alvance —perteneciente al mismo grupo GFG Alliance— para simbolizar lo que perdería la comarca si cierra la planta.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó que el acto, que fue en Viveiro, pretendía también lanzar el mensaje a los gobiernos central y autonómico de que los trabajadores necesitan que "sigan apostando" por ellos. "Somos muy buenos en lo que hacemos", ha defendido y ha pedido inversiones para seguir "demostrando" que son "productivos y competitivos".

Zan se refirió a la reunión que tienen prevista el próximo miércoles a las 16.30 horas en Madrid con representantes de GFG Alliance, una cita que esperan que marque "un antes y un después" para la planta de San Cibrao.

Los trabajadores, ha añadido, valoran la actitud del grupo británico de convocar a los representantes a un encuentro presencial para decirles "a la cara" qué planes tienen.

Por la contra, Zan ha criticado la postura de Alcoa, que "no está dando la cara" y a la que le ha pedido que no siga con "amenazas", en alusión al comunicado de la empresa difundido este sábado, en el que acusaba a Liberty House de presentar demandas "no razonables". "Que no use a los trabajadores. Lo que quiere es ponernos nerviosos para que forcemos a Alliance a ceder", ha señalado y ha manifestado que son las dos empresas "las que tienen que llegar a un acuerdo". En este proceso, ha vuelto a pedir el respaldo de las administraciones públicas.

El comité de empresa de Alcoa ha informado de que se reunirá este jueves con la empresa y en ese encuentro le trasladará que acepta la propuesta, "fruto de la mediación", presentada ayer conjuntamente por el Gobierno central y Xunta de Galicia, y que pasa por ampliar el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) hasta el 28 de septiembre para que se negocie la venta a Liberty House.

En un comunicado remitido este miércoles y recogido por Europa Press, el comité destaca que Alcoa tiene en la actualidad una propuesta sobre la mesa que "no difiere sustancialmente" de la realizada por la propia representación de los trabajadores en la última reunión sobre el ERE.

El plan propuesto, sobre el que Alcoa aclaró ayer que no ha tomado una decisión, supone extender seis semanas las negociaciones del despido colectivo para más de 500 trabajadores y que la multinacional estadounidense inicie en ese periodo un proceso de compra-venta con Alliance GFG --grupo del que forma parte Liberty House--, durante el que deberá mantener la actividad en la planta de San Cibrao.

Además, Alcoa se comprometería a informar de forma regular a las partes implicadas de la evolución de las negociaciones, algo que se canalizaría a través de una mesa industrial con representación del Gobierno central, la Xunta, los sindicatos y el comité de empresa.

La propuesta presentada ayer pasa por tratar de cerrar las negociaciones para la venta y sugiere como fecha límite el 27 de septiembre. Si no hay acuerdo, pide que el 28 de ese mes finalice el periodo de consultas, mientras que el comité de empresa reclama que, en ese caso, se dé continuidad al periodo de consultas "retomando la senda del diálogo y la negociación".

En su comunicado, la representación de los trabajadores considera que "quedó demostrado que no hay arma que pueda combatir la firmeza de la clase obrera", que grita "a una sola voz" que "las cubas no se paran".