La privatización de servicios públicos es una de las enseñas del PP de Madrid desde hace más de dos décadas. Y la salud mental no es un campo ajeno a esa política. Cada año, más de 120 millones de euros de dinero público terminan en manos privadas. Así lo demuestran los datos económicos de todas las adjudicaciones actualmente en vigor, que las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad facilitaron a infoLibre como respuesta a preguntas enviadas acogiéndose a la Ley de Transparencia.

El 40% del dinero lo reciben seis órdenes y fundaciones de la Iglesia católica y otro 16% va para tres empresas controladas por fondos de inversión, de forma que en conjunto obtienen más de la mitad del dinero de la sanidad mental privatizada.

En Madrid, al igual que en muchas otras comunidades, los cuidados de las personas con problemas de salud mental dependen de dos consejerías diferentes. Todo lo relacionado con las hospitalizaciones es competencia de Sanidad, mientras que la red de apoyo comunitario se encuadra en el departamento de Políticas Sociales.

Esta división tiene su origen en la gran reforma sanitaria que se hizo en 1986, durante el Gobierno de Felipe González (PSOE). Hasta entonces, lo habitual era que las personas con problemas de salud mental ingresasen en lo que se llamaban “manicomios”, donde a veces permanecían el resto de sus vidas. El objetivo de la reforma era que los pacientes recibiesen los cuidados en su entorno, sin romper con sus familias y sus rutinas, siempre que fuese posible. De esa forma se ponía en el centro la llamada “atención comunitaria”, lo que llevó a que las comunidades creasen las redes de apoyo social, donde los recursos estrella son los centros de rehabilitación psicosocial o laboral, los centros de día y los equipos de apoyo social comunitario.

LAS ADJUDICACIONES A LA IGLESIA

En muchos puntos de España, las órdenes religiosas disfrutan de un papel hegemónico en la parte sanitaria, que obedece en buena medida a razones históricas. Ellas se encargaban tradicionalmente de administrar los “manicomios”, situación que se potenció más si cabe durante el franquismo, al igual que en otros campos asistenciales como las residencias de mayores. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, las Hermanas Hospitalarias y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se encargaban respectivamente de los grandes psiquiátricos femenino y masculino situados en el municipio de Ciempozuelos.

Ese papel preponderante de las entidades de la Iglesia en el campo de la salud mental, lejos de revertirse con la llegada de la democracia, se agrandó en muchas comunidades donde fueron acumulando adjudicaciones públicas. Y no solo en el área sanitaria, sino también en la red de apoyo comunitario levantada desde cero a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado.

Lo ocurrido en Madrid es ilustrativo. Un primer dato que llama la atención es este: toda la red de apoyo comunitario, que depende de Políticas Sociales, está privatizada. El cien por cien. No hay ni un recurso gestionado por empleados públicos. Pues bien, las entidades de la Iglesia recibirán en 2021 por esta vía 18,47 millones de euros, lo que supone el 26,4% de los casi 70 millones que inyectará Políticas Sociales en el sector privado de la salud mental. Las Hermanas Hospitalarias obtendrán la mayoría del dinero –14,14 millones–, mientras que los 4,33 millones restantes se los reparten entre otras cuatro entidades de la Iglesia: Fundación Buen Samaritano, Fundación Pilar de la Mata-Cáritas Madrid, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca y Fundación San Martín de Porres.

Un segundo ejemplo, este de la parte sanitaria. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido en 2021 privatizar una unidad de hospitalización psiquiátrica de corta estancia para niños y adolescentes, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora (las camas concertadas eran todas de adultos y en un 97,5% de media o larga estancia). Pues bien, el centro elegido para la externalización es la Clínica Nuestra Señora de la Paz, gestionada por la Orden de San Juan de Dios. Esta congregación es la que más dinero público recibirá este año de Sanidad –15,49 millones–, ligeramente por delante de las Hermanas Hospitalarias, que obtendrán 14,40 millones. En Sanidad, la hegemonía de la Iglesia es aplastante: seis de cada diez euros terminan en manos de las dos congregaciones citadas.

En definitiva, sumadas las adjudicaciones de las dos Consejerías, las entidades de la Iglesia percibirán este año 48,37 millones de euros, un 40,14% de todo el dinero destinado a la sanidad mental privatizada por parte del Gobierno de Ayuso. Es cierto que una parte de esas adjudicaciones tienen un origen histórico, pero muchas otras son prueba de cómo las entidades de la Iglesia han ido ampliando su papel en este sector.

EL NEGOCIO DE LOS FONDOS

Junto a la Iglesia, el otro sector que está incrementando su negocio de manera significativa en la Comunidad de Madrid es el de las empresas controladas por fondos de inversión. Como desveló infoLibre a finales de septiembre, las cuatro principales empresas de salud mental en España tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo. Se trata de Grupo 5, Mentalia, Hestia Alliance e Ita Salud Mental. Las tres primeras tienen adjudicaciones del Gobierno madrileño, aunque en esta región la gran favorecida con diferencia es Grupo 5. De hecho, en 2021, esta compañía se ha convertido en la que más dinero recibe de la Consejería de Políticas Sociales, con 15,65 millones de euros.

El flujo de dinero público hacia la caja de Grupo 5 es creciente y cada vez más acelerado. En 2021, por ejemplo, esta compañía se ha hecho con la gestión de cuatro centros de rehabilitación en la Comunidad (La Elipa, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz), que hasta ahora estaban en manos de otras empresas. Y, por contra, solo ha perdido la gestión de uno de los centros que administraba (el Pedro Zerolo). El saldo es que ingresará 1,6 millones de euros más cada año.

En total, entre centros públicos y concertados, Grupo 5 gestiona 49 recursos de la red creada por la Consejería de Políticas Sociales: 7 centros de rehabilitación psicosocial, 6 de rehabilitación laboral, 7 centros de día, 7 minirresidencias, 8 equipos de apoyo social comunitario y 14 pisos tutelados en nueve municipios diferentes, incluida la capital.

El propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es el fondo Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIV G5 Holding SL. Corpfin fue creada hace tres décadas por Felipe Oriol –consuegro de Esperanza Aguirre–, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que levantó y, según explica la compañía en su propia web, ahora está en la “fase de desinversión”. En otras palabras: venderá Grupo 5 en cuanto reciba una oferta económica atractiva.

La salud mental no es el único negocio que ha hecho Corpin con el Gobierno regional del PP. Como desveló en su día infoLibre, el fondo creado por el consuegro de Aguirre se benefició de una polémica operación pilotada desde la Comunidad de Madrid en época de Aguirre con una empresa de gimnasios relacionada con Ignacio González, expresidente madrileño y presunto capo de una organización criminal desarticulada en la operación Lezo.

Otras dos empresas controladas por fondos también reciben dinero público de la Comunidad destinado a salud mental. Se trata de Hestia Alliance, que se embolsa anualmente 2,7 millones, y de Mentalia, que recibe 1,32 millones. La primera compañía pertenece al Orpea y la segunda a DomusVi, que son también los dos principales grupos de gestión de residencias de mayores tanto en Madrid como en el conjunto de España.

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

El panorama de la gestión privada se completa con las entidades del tercer sector. Se trata de asociaciones y fundaciones que nacieron en su mayoría en los años ochenta y noventa, impulsadas por profesionales de diversas disciplinas relacionadas con la salud mental y por familiares de pacientes, que buscaban crear una alternativa a la visión que se ofrecía en los centros de las órdenes religiosas. Las dos más potentes en la Comunidad de Madrid son Fundación Manantial, creada en 1995, e Intress, surgida en Cataluña y que gestionó su primer servicio público en el Ayuntamiento de Barcelona en 1988.

Fundación Manantial percibirá este año 14,69 millones de euros, lo que la convierte en la segunda entidad que más dinero recibe de Políticas Sociales. No obstante, este año el Gobierno regional le quitó la gestión de un centro de día, un centro de rehabilitación psicosocial y otro de rehabilitación laboral en Torrejón de Ardoz, que pasaron a manos de Grupo 5. Intress, por su parte, ingresará 7,29 millones por la gestión de recursos de la red de Políticas Sociales.

En el siguiente gráfico, se detalla cómo se distribuyen los más de 120 millones de euros de la sanidad mental privatizada, entre las 26 empresas y entidades que tienen algún contrato con la Consejerías de Políticas Sociales o de Sanidad. La primera tiene 220 recursos y todos ellos están privatizados, lo que le supondrá transferir este año al sector privado 69,96 millones de euros. La segunda ha realizado 32 adjudicaciones públicas, con un importe total de 50,56 millones.

En esa cifra de 120 millones no se incluye el coste de las unidades de psicología clínica y de psiquiatría que existen en los seis hospitales de la Comunidad que también están privatizados –Jiménez Díaz, Gómez Ulla, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Villalba y Torrejón–. Y tampoco las 21 camas de hospitalización psiquiátrica que el Gobierno madrileño paga en cuatro centros que están situados en las provincias de Palencia, Málaga y Ávila. El origen está en convenios firmados a mediados de los años noventa, cuando faltaban plazas en la Comunidad, y que se han ido prorrogando hasta la actualidad. De esas 21 plazas hospitalarias, 14 están gestionadas por las Hermanas Hospitalarias, 5 por la Orden de San Juan de Dios y 2 por Mentalia.

Los recursos de Políticas Sociales

La red de atención a los pacientes con problemas de salud mental creada por la Consejería de Políticas Sociales contempla hasta siete tipos de recursos diferentes: los centros de rehabilitación psicosocial; los centros de rehabilitación laboral; los centros de día; las minirresidencias; los pisos supervisados; las plazas en pensiones de huéspedes, y los equipos de apoyo social comunitario.

El eje del sistema son los centros de rehabilitación, dirigidos esencialmente a personas jóvenes. Y lo que se busca es la llamada “atención temprana”. “Se trata de acortar los procesos, evitar las recaídas y las hospitalizaciones, que el adolescente recupere el curso de su vida, que se reintegre al proceso formativo o laboral. Se llama temprana por la detección precoz y por la edad, al final de la adolescencia”, explicaba ya hace años en una entrevista Francisco Sardina, presidente de la Fundación Manantial.

En los centros de rehabilitación psicosocial se realizan actividades sociales o deportivas, se busca que “los chicos salgan de sus casas, que mejoren sus habilidades sociales”, explica un psiquiatra. En los centros de rehabilitación laboral el objetivo es mejorar la capacitación de los pacientes y buscarles un empleo. Muchos jóvenes llegan primero al centro psicosocial y luego pasan al laboral.

En Madrid hay 27 centros de rehabilitación psicosocial, de los que 11 son públicos gestionados por empresas privadas y 16 concertados. La media de plazas es de 63, aunque hay un amplio abanico de instalaciones, que van de las 35 a las 90 plazas. El coste medio anual de la adjudicación se sitúa por encima del medio millón de euros. Los principales gestores son Grupo 5 e Intress, con siete centros cada uno; la Fundación Manantial que se encarga de cinco, y las Hermanas Hospitalarias que administran cuatro.

Los centros de rehabilitación laboral son 26, cinco de ellos públicos de gestión privada y 21 concertados. Su tamaño medio es algo más pequeño –50 plazas– y Políticas Sociales paga cerca de 440.000 euros de media por cada concierto. Los principales adjudicatarios son Fundación Manantial, con siete centros; Grupo 5 con seis y las Hermanas Hospitalarias con dos.

Un tercer tipo de recurso son los centros de día. Los pacientes habituales son adultos cuya enfermedad ya se ha convertido en crónica. Se trata de que no se queden en casa, el objetivo es que sus capacidades no se deterioren o que lo hagan de la forma más lenta posible. Los profesionales del sector los llaman con cariño el “hogar del jubilado de salud mental”. Las personas que acuden a ellos pasan allí el día, pero regresan a dormir a sus domicilios o a una minirresidencia.

En Madrid hay 35 de estos centros –cinco públicos de gestión privada y 30 concertados–, cuyo coste medio se acerca a los 400.000 euros anuales. La mayoría tienen entre 30 y 35 plazas. Los principales adjudicatarios son Grupo 5 y Fundación Manantial, que administran siete centros cada uno; las Hermanas Hospitalarias, que se encargan de seis, e Intress, que lleva cinco.

Las minirresidencias son un recurso para personas que se considera necesario que pasen la noche allí, bien porque la relación familiar no es buena o porque el alojamiento a su disposición es muy precario. Lo ideal es que el plan de tratamiento sea de nueve meses, pero en ocasiones las estancias se alargan mucho más, porque los enfermos prefieren quedarse.

El coste medio anual de estos centros se acerca al millón de euros. Están operativos 26, de los que cinco son públicos de gestión privada y 21 concertados. Lo más habitual es que dispongan de 30 plazas. Grupo 5 cuenta con siete adjudicaciones, las Hermanas Hospitalarias con seis y la Fundación Manantial con cinco.

Si el plan de tratamiento en la minirresidencia funciona y el paciente está preparado para abandonarla, es habitual que pase a residir en un piso supervisado, el quinto tipo de recurso disponible para atender a los enfermos. Lo suelen compartir cuatro personas, que se autogestionan, aunque reciben el apoyo de los equipos sociocomunitarios. La mayoría de las personas que viven en pisos tutelados tienen entre 35 y 45 años. Algunos trabajan, mientras que otros tienen pensión de incapacidad. Lo ideal es que la convivencia en el piso supervisado sea el paso previo a la autonomía total, aunque también puede ocurrir que tengan que regresar a la minirresidencia.

El coste medio anual de los pisos supervisados es de 45.000 euros y en la Comunidad hay en total 67 de estas viviendas, nueve de titularidad pública y gestión privada y 58 concertadas. Las Hermanas Hospitalarias administran 18 pisos, Grupo 5 explota 14 y la Fundación Manantial cuenta con 13.

La Comunidad también dispone de plazas en pensiones de huéspedes. Se trata en total de 58 camas, todas ellas gestionadas por las Hermanas Hospitalarias. El coste medio anual de cada una es de 7.300 euros. Los ocupantes de esas plazas son personas sin hogar o que no quieren ir a ningún otro tipo de alojamiento. Se supone, lógicamente, que es un sitio de paso.

El séptimo tipo de recurso son los llamados “equipos de apoyo social comunitario”. Están compuestos por una psicóloga, una educadora y una trabajadora social y dependen de los centros de salud mental. Su función esencial es prestar atención domiciliaria a las personas que no quieren ir a ningún centro, que viven más aisladas. El objetivo es reengancharlas a la red.

Existen 39 equipos, cada uno de los cuales puede prestar apoyo a 30 pacientes. El coste medio anual es de 167.000 euros. Los principales adjudicatarios son Fundación Manantial, que administra diez equipos, Grupo 5 que cuenta con ocho y Hermanas Hospitalarias que gestiona siete.

La Consejería de Políticas Sociales cuenta por tanto con 220 recursos en total (tres tipos de centros, minirresidencias, pisos y equipos de apoyo), además de 58 plazas en pensiones. Los psiquiatras son siempre los responsables de decidir qué recursos se le deben asignar a cada paciente. Lo que resulta imposible, en la Comunidad de Madrid, es que la atención la presten empleados públicos puesto que la gestión del cien por cien de los recursos está privatizada.

Del total de recursos, 138 (el 62% del total) están en tres manos: 49 los explota Grupo 5, 47 Fundación Manantial y 42 las Hermanas Hospitalarias. A estas últimas hay que sumarles las plazas en pensiones. Los 82 recursos restantes se reparten entre 15 empresas y entidades.

En el siguiente gráfico se detalla el importe total de fondos públicos que recibe cada una de las empresas o entidades que cuentan con adjudicaciones en materia de salud mental de la Consejería de Políticas Sociales, cuya titular actual es Concepción Dancausa. La suma asciende a 69,96 millones.

Los recursos de Sanidad

La Consejería de Sanidad, por su parte, tiene competencias sobre tres grandes áreas: los centros de salud mental, las hospitalizaciones y la atención a drogodependientes.

En la Comunidad hay 38 centros de salud mental, todos ellos públicos, que siempre dependen de un hospital. Por ejemplo, del Hospital de La Paz dependen los centros de Colmenar Viejo, Fuencarral y Tetuán. En cada uno de ellos trabaja un equipo multidisciplinar, que incluye psiquiatra, psicólogos clínicos, enfermera de salud mental y asistenta social. Equivalen a la consulta externa de la especialidad, donde acude una persona cuando tiene un síntoma psiquiátrico.

Cuando se produce una crisis psiquiátrica más intensa, el enfermo puede requerir hospitalización. Dependiendo del tiempo, se puede hablar de hospitales de agudos o corta estancia (entre una y dos semanas), de media estancia (hasta un año) o de larga estancia (que puede llegar a ser indefinida).

Sanidad tiene externalizados servicios de hospitalización por importe de 30,91 millones de euros. En todos los casos, el beneficiario es una congregación religiosa o una empresa controlada por un fondo de inversión. Las Hermanas Hospitalarias reciben 14,40 millones de euros por la gestión de un total de 432 plazas hospitalarias (290 de larga estancia y 22 de agudos en el complejo Benito Menni de Ciempozuelos y 120 de media estancia en la Clínica San Miguel de Madrid). La Orden de San Juan de Dios percibe 14,03 millones de fondos públicos por encargarse de 415 camas (370 de larga estancia y 20 para trastornos de la conducta alimentaria en su centro de Ciempozuelos y 25 de agudos para niños y adolescentes en la Clínica Nuestra Señora de la Paz en Madrid). La privatización de una unidad de agudos infanto-juvenil es algo que se produce por primera vez en la Comunidad de Madrid y el último ejemplo, por ahora, del avance constante de la privatización de servicios en este campo de la salud. El contrato entre la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero y la congregación religiosa se firmó el pasado 1 de julio.

La partida de unidades de hospitalización gestionadas por el sector privado se completa con otras tres adjudicaciones. Mentalia, la marca de DomusVi en salud mental, se embolsa 1,32 millones por los servicios de hospital de día en el Instituto Psiquiátrico Montreal y por 20 plazas de media estancia en un centro de Guadarrama. En ambos casos los enfermos son adolescentes. Los hospitales de día son unidades intermedias entre los centros de salud mental y las de agudos, donde los pacientes acuden unas cinco horas cada jornada durante una media de nueve meses. Por su parte, Hestia Alliance –del grupo Orpea– recibe 1,14 millones por la gestión de 30 camas de media estancia en el Sanatorio Esquerdo de Madrid.

El tercer gran apartado de la Consejería de Sanidad –junto a los centros de salud mental y las hospitalizaciones– es el tratamiento de drogodependientes, que se decidió integrar hace años en la red de salud mental y adicciones dependiente de dicho departamento. Este año Sanidad transferirá 19,64 millones al sector privado por esta vía. Los beneficiarios son hasta nueve entidades y empresas diferentes.

La que más fondos recibe es el Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre, con 6,44 millones de euros por cuatro contratos (uno de ellos en UTE con Madrid Positivo). En segundo lugar se encuentra el Centro de Rehabilitación Dionisia Plaza, con 3,59 millones. Y en tercero la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, con 2,40 millones. Esta última se encuentra estrechamente ligada al PP: estuvo presidida durante años por la exdiputada autonómica María Dolores Navarro y en su Patronato han figurado políticos como el exsecretario de Estado Jaime García-Legaz o los exconsejeros madrileños Luis Peral y Regina Plañiol. Y es una entidad que se encuentra en el medio de un turbio escándalo que afecta al exdirigente del PP balear Rodrigo de Santos.

Tras pasar cinco años en la cárcel por abusar de dos menores –amigos de sus hijos– y por gastarse 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina, Rodrigo de Santos empezó a trabajar a finales de 2014 en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Un par de años después la fundación lo nombró responsable de una casa de acogida para presos en Vallecas, cargo que De Santos aprovechó presuntamente para agredir sexualmente a dos de ellos. El fiscal solicita para De Santos 20 años de cárcel. En el juicio, que se inició el pasado 20 de septiembre, el acusado negó los hechos y aseguró que las denuncias eran producto de los “prejuicios” contra él por sus antecedentes penales. La fundación se arriesga a ser condenada como responsable civil subsidiaria.

La Consejería de Sanidad realizó dos adjudicaciones diferentes a la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos para el tratamiento ambulatorio de personas adictas a las drogas. El primer contrato es de 2017 y el segundo de 2020, dos años después de que se conociese el presunto delito sexual protagonizado por De Santos como responsable de un centro de la fundación.

En la parte de atención a drogodependientes también tienen contratos la Orden de San Juan de Dios, por 1,45 millones de euros, y Hestia Alliance (Orpea), por 602.000 euros.

En el siguiente gráfico se detalla el importe total de fondos públicos que recibe cada una de las empresas o entidades que cuentan con adjudicaciones de la Consejería de Sanidad en materia de salud mental. La suma asciende a 50,56 millones.

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Si tienes información relevante sobre el sector de la salud mental o hay algún tema que te gustaría que investigásemos, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

El sector de la salud mental en España está siguiendo un proceso casi idéntico al experimentado en la última década por las residencias de mayores. Primero, una adjudicación cada vez mayor de recursos públicos a empresas privadas. Y, como consecuencia de ello, un interés creciente de los fondos de inversión por hacer negocio con dicha actividad. El paralelismo se completa con la coincidencia de actores: los principales grupos de residencias son los que están haciéndose con esa parte de la salud mental convertida en mercado.

El resultado es que las cuatro principales compañías privadas de salud mental en España –Ita, Mentalia, Hestia y Grupo 5– tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión. Y las tres primeras pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos.

Este año, se produjeron dos operaciones de compraventa que ahondaron en la tendencia señalada.

En marzo, Korian comunicó la adquisición de Ita Salud Mental, que dispone de 39 centros en ocho comunidades autónomas. Korian tiene su sede en Francia y es la firma líder europea en gestión de residencias, un sector donde en España no entró hasta 2019, pero ya cuenta con 16 geriátricos que operan bajo la marca Seniors.

En junio, Orpea anunció la compra de Hestia, que dispone de nueve centros de salud mental. Orpea es el segundo operador del sector geriátrico tanto en Europa como en España. Aquí controla más de 50 residencias de mayores. Orpea es también dueña, desde 2017, de la Clínica López Ibor, uno de los centros emblemáticos de la psiquiatría en España.

Esas operaciones mercantiles desvelan dos elementos significativos de lo que está ocurriendo con el boyante negocio de la salud mental.

Primero, que en algunos casos ya nos encontramos en la fase donde los fondos de inversión revenden sus compañías, en general con importantes plusvalías. La fase del pelotazo. Korian le compró Ita Salud Mental al fondo Magnum Capital, liderado por Ángel Corcóstegui, exconsejero delegado del Santander que se embolsó una indemnización de 102 millones de euros cuando abandonó el banco en 2002. Magnum Capital es, por cierto, un ejemplo paradigmático de cómo puede uno enriquecerse con negocios en el ámbito de los mayores y de la salud mental, donde compró y revendió Casta Salud, Geriatros –ambos ahora parte de DomusVi– e Ita.

Magnum Capital es un fondo de private equity (capital privado), un tipo de vehículo inversor que se caracteriza por comprar compañías no cotizadas en Bolsa, hacerlas crecer de forma acelerada y revenderlas en un periodo que a ser posible no exceda los cinco años. La mayoría de las veces realizan las adquisiciones acudiendo a un endeudamiento elevado, de forma que buscan entrar en sectores que generen una alta liquidez para poder devolver los préstamos. Si encima hay fondos públicos garantizados, como ocurre con las residencias de mayores o los centros de salud mental, más atractivo es el negocio. Como es obvio, su librillo para ganar dinero lo aplican de forma idéntica a todas las compañías que compran y venden, con independencia de la actividad a la que se dediquen.

Y, segundo, que el crecimiento de las compañías controladas por fondos se produce en buena medida tirando de chequera, mediante la adquisición de firmas de la competencia. Un hecho que acelera la concentración del sector, de forma que cada vez hay menos operadores, pero con un poder creciente. Ello va dejando fuera de la actividad a las empresas familiares o medianas. Orpea le compró Hestia a un grupo de empresarios catalanes que lideraba el actual tesorero del FC Barcelona, Ferran Olivé.

El cambio en la propiedad de Ita Salud Mental y de Hestia este mismo año ha transformado de forma clara el quién es quiénquién es quién en el sector. En 2017 ya había caído en manos de un fondo otra de las empresas hegemónicas en el campo de la salud mental, Grupo 5, adquirida por Corpfin. En aquel momento, por cierto, Grupo 5 disponía de dos grandes ramas de actividad: mayores y salud mental. Pero Corpfin vio la oportunidad de hacer caja rápidamente con la venta de los seis geriáticos que tenía en cartera, así que se los traspasó en 2019 a... Korian, que daba sus primeros pasos en el mercado español.

El elenco de las cuatro principales empresas de salud mental se completa con Mentalia, que pertenece al grupo DomusVi, líder en España con diferencia en el sector geriátrico –explota 140 centros– y tercer operador europeo más importante. Aunque Mentalia es una marca comercial reciente, de 2019, una de las empresas que terminó integrándose en lo que ahora es DomusVi tiene actividad en el sector desde 2014. Se trata de Geriatros, que aquel año adquirió Casta Salud, gestora entonces de cuatro establecimientos para el cuidado de pacientes con problemas de salud mental. Tanto Geriatros como Casta Salud tenían como accionista mayoritario a Magnum Capital, que con la integración de ambas compañías iba engordando Geriatros para su posterior venta, que ejecutó en 2015 con unas plusvalías de casi 200 millones de euros logradas en tres años.

Grupo 5, Ita, Mentalia y Hestia ya controlan en conjunto 5.000 plazas de salud mental repartidas en más de cien centros en 13 comunidades autónomas, según los datos recopilados por infoLibre. En apenas cuatro años han duplicado sus recursos. Los únicos territorios donde ninguno de esos grupos está presente son Cantabria, Castilla-La Mancha, Illes Balears y La Rioja. Y donde más extendida está la mercantilización es con diferencia en la Comunidad de Madrid, como ocurre con muchos otros servicios públicos después de tres décadas de gobiernos ultraliberales del PP. La penetración de estas empresas es también significativa en Cataluña y, en menor medida, en Comunitat Valenciana y Andalucía.

Los grandes grupos privados suelen ofrecer todo tipo de servicios, desde la hospitalización de larga estancia a los centros de día pasando por consultas externas, centros dedicados a la rehabilitación psicosocial o laboral, pisos tutelados o el trabajo de equipos de apoyo comunitario. Varios tienen unidades específicas de atención a adolescentes y niños, o de trastornos alimentarios y adicciones.

La combinación de las dos unidades de negocio –mayores y salud mental– tiene una expresión evidente en el campo de la psicogeriatría. Por ejemplo, Orpea cuenta con dos de esas unidades en sus residencias madrileñas de Aravaca y Villanueva de la Cañada, para atender a los mayores con antecedentes de patologías psiquiátricas o con demencias. DomusVi presta ese servicio en el geriátrico de Monte Alto, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Como es obvio, los fondos no estarían tan activos en el sector si no considerasen que hay una buena oportunidad para hacer negocio. Algunos datos avalan ese interés. Los grupos de diagnósticos que causaron más estancias hospitalarias en 2019 fueron los trastornos mentales y del comportamiento (15,1% del total), por delante de las enfermedades del aparato circulatorio (14,1%) y las del aparato respiratorio (11,0%). En total, se produjeron 5.965.518 estancias por trastornos mentales y del comportamiento, que además fueron las más prolongadas –50,6 días de media–, según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria elaborada por el Instituto de Estadística (INE). En este terreno, por cierto, la diferencia es notoria entre los hospitales públicos (31,9 días de estancia media) y los privados (104,4 días). La pandemia, además, parece haber acrecentado los trastornos. El 40% de los españoles asegura haber tenido algún problema de salud mental en el último año, según el estudio 'Psi-Covid-19' impulsado por la cátedra 'Contra el Estigma' de la Universidad Complutense de Madrid (hay que advertir, no obstante, que esta cátedra está impulsada por una de las grandes empresas del sector, Grupo 5).

Junto a los cuatro principales grupos, para entender el mapa de la salud mental privatizada en España hay que tener en cuenta otras dos cuestiones.

Existe una quinta empresa que dispone de recursos importantes, el grupo Pere Mata, que explota una amplia red de dispositivos en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y de Terres de l’Ebre. Todos ellos son de titularidad pública de la Generalitat, pero están gestionados de forma privada por Pere Mata. Entre ellos se encuentra el Psiquiátrico de Reus, construido a principios del siglo XX, que no solo fue un lugar emblemático en el tratamiento de las enfermedades mentales sino que también alcanzó fama como parte del patrimonio arquitectónico modernista de la ciudad. Pere Mata gestiona unas 1.400 camas de salud mental y facturó en 2019 más de 46 millones de euros. Pero no tiene vocación de extenderse fuera de Tarragona, por lo que no puede compararse con los otros grandes grupos del sector que se expanden por toda España. En cuanto a su propiedad, el capital está repartido entre más de 500 accionistas, ninguno de los cuales alcanza el 10%. Tres empresas catalanas –Grup Jubis SL, Famitex Inversiones SL y Gaudiré SL– figuran a la cabeza de ese accionariado tan fragmentado.

Mucho más importante es el protagonismo de dos entidades religiosas, la Orden de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias. Durante más de un siglo, desempeñaron un papel hegemónico en la administración de lo que se llamaban “manicomios”. En la actualidad aún mantienen una posición de privilegio, como demuestra el hecho de que entre ambas gestionen casi 6.200 plazas de salud mental.

A continuación, infoLibre detalla los datos principales de las cuatro principales empresas y las dos entidades religiosas que operan en el sector.

Residencia de Grupo 5 en Madrid.

grupo 5

Propietario: Corpfin.

Principales recursos: Gestiona 68 centros y 2.106 plazas, distribuidas en residencias, centros de día, de rehabilitación laboral o psicosocial, pisos supervisados y equipos de apoyo comunitario, según datos facilitados por la empresa.

CCAA donde opera: Dispone de 56 centros en Madrid, 6 en Extremadura, 5 en la Comunitat Valenciana y 1 en Euskadi.

Creado en 1988, Grupo 5 inició su actividad en el campo de las emergencias sociales y las personas sin hogar. Se encargo, por ejemplo, de la gestión de la primera campaña municipal contra el frío en el Ayuntamiento de Madrid. Diez años después abrió sus primeros centros de salud mental. A finales de 2020 tenía 2.133 trabajadores y gestionaba 131 centros o servicios en áreas que incluyen desde la dependencia a la protección a la infancia o la educación infantil. La salud mental representa la mitad de su negocio.

Es especialmente fuerte en la Comunidad de Madrid, donde en 2011 se convirtió en la entidad que atendía más personas con problemas de salud mental. Su crecimiento se produjo en gran medida gracias a las adjudicaciones para la gestión de recursos de la red pública. Las residencias son un buen ejemplo: siete de las nueve que explota ingresan fondos de la Comunidad madrileña (tres son públicas y cuatro tienen plazas concertadas). También recibió múltiples adjudicaciones para la gestión de centros de rehabilitación psicosocial y laboral. Un grupo, en definitiva, alimentado por las privatizaciones.

Grupo 5 también tiene una presencia significativa en Extremadura (se encarga de las residencias de Mérida y Plasencia) y en la Comunitat Valenciana (lleva las residencias y los centros de día de Benidorm y Elda). Este año ha estado a punto de quedarse con un nuevo centro en Cáceres, pero el Ayuntamiento se dio cuenta de que su normativa le impedía ceder de forma gratuita los terrenos a una empresa con ánimo de lucro, así que la operación se frustró en el último momento. Es posible que sean las Hermanas Hospitalarias quienes se encarguen de un recurso que hasta ahora gestionaba Feafes, una organización estatal creada en 1983 y que agrupa a unas 300 entidades de familiares y pacientes (ahora denominada Confederación Salud Mental España).

El propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIV G5 Holding SL. Corpfin fue creada hace tres décadas por Felipe Oriol –consuegro de Esperanza Aguirre–, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que levantó y, según explica la compañía en su propia web, ahora está en la “fase de desinversión”. En otras palabras: venderá Grupo 5 en cuanto reciba una oferta económica atractiva.

Como desveló en su día infoLibre, Corpfin se benefició de una polémica operación pilotada desde la Comunidad de Madrid en época de Aguirre con una empresa de gimnasios relacionada con Ignacio González, expresidente madrileño y presunto capo de una organización criminal desarticulada en la operación Lezo.

Mentalia

Propietario: DomusVi. 

Principales recursos: Dispone de 14 centros y 1.339 plazas, según datos facilitados por la empresa.

CCAA donde opera: Tiene 5 centros en Madrid, 2 en Euskadi y 1 en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.

DomusVi se convirtió en el símbolo negativo por excelencia de la hecatombe ocurrida en las residencias de mayores en España durante la primera ola. Primero, por un hecho objetivo: en sus centros fallecieron más de 2.100 mayores durante el año pasado. Y, después, por la nula empatía de su consejera delgada, Josefina Fernández Miguélez, que en una comparecencia en el Parlamento gallego afirmó literalmente: “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”. Cuando pronunció esas palabras, en noviembre de 2020, ya habían fallecido dos mil personas en las residencias de DomusVi. Hace apenas dos semanas, DomusVi decidió apartarla del cargo.

Líder indiscutible del sector geriátrico en España –gestiona 140 centros– y tercero en Europa, DomusVi lleva también años en el negocio de la salud mental. El origen de esa actividad se encuentra en una de las compañías pioneras en España en el tratamiento de las enfermedades mentales, Casta Salud, que nació en 2001 como una división del grupo de ingeniería Eptisa. Tras abrir un primer centro en Arévalo (Avila), en 2009 abrió otros tres en Asturias, Madrid y el País Vasco. Dos años antes se había hecho con el 60% del capital Magnum Capital. El fondo de Corcóstegui decidió en 2014 integrarlo en otra empresa entonces de su propiedad, Geriatros, y desde entonces la división de salud mental ha ido acompañando al grupo de residencias en sus sucesivos cambios de propiedad.

En 2014 Casta Salud tenía cuatro establecimientos y en Mentalia son ahora 14, un crecimiento logrado básicamente mediante la adquisición de centros de la competencia. Entre las compras más destacadas figuran el madrileño Instituto Psiquiátrico Montreal –que aportó al grupo tres unidades de atención a adolescentes– y el antiguo Hospital Madrid, ambas realizadas en 2020. Un año antes se había producido el cambio de marca comercial, de forma que los recursos de salud mental de DomusVi pasaron a operar con el nombre de Mentalia.

DomusVi es el mayor exponente en España de cómo determinados servicios sociales se han convertido en un objeto de mercado que va pasando de un fondo a otro, y enriqueciendo a sus inversores en cada traspaso de la propiedad. En las sucesivas compras y ventas, el grupo ha estado bajo el control de hasta cuatro fondos diferentes: Magnum Capital, Palamon Capital Partners, PAI Partners e Intermediate Capital Group (ICG). Este último adquirió en 2017 el 55% del capital de DomusVi, empresa que entonces se valoró en 2.400 millones. Hace tres meses, DomusVi abordó una ampliación de capital, que dejó a ICG con algo menos de la mitad del accionariado y el valor de la compañía se situaba ya en 4.300 millones.

Entre los actuales accionistas minoritarios de DomusVi están, además de ICG, al menos otros cuatros fondos con sede en Francia: Mérieux Equity Partners, Arkea Capital, Flandrin Finance y UI Investissement.

Centro de Hestia en Cataluña.

HESTIA alliance Y CLÍNICA LÓPEZ IBOR

Propietario: Orpea.

Principales recursos: Hestia Alliance dispone de 9 centros de salud mental y, según Alimarket, en 2020 gestionaba más de 500 camas. [infoLibre lleva diez días esperando a que la empresa le facilite las cifras actualizadas].

CCAA donde opera: Explota 4 centros en Cataluña, 3 en Madrid y 2 en Galicia. A ellos hay que sumarle la Clínica López Ibor, en Madrid.

Orpea es el segundo operador de residencias de mayores en Europa y en España. Al igual que sus principales grupos competidores –DomusVi y Korian–, también Orpea está apostando con fuerza por su división de salud mental. En la actualidad ya explota más de 50 clínicas psiquiátricas en Alemania, España, Francia, Italia y Suiza.

Su primera incursión en este campo en España la realizó en 2017 mediante la adquisición de la Clínica López Ibor, fundada en 1967 y considerada un referente de la psiquiatría española en el siglo XX. Este centro coordina las dos unidades de psicogeriatría que Orpea tiene en sus residencias madrileñas de Aravaca y Villanueva de la Cañada. En febrero de 2020, a través de López Ibor, Orpea abrió una unidad de atención mental para menores de 25 años en las instalaciones de la clínica Ruber Juan Bravo de Madrid.

Hace apenas tres meses, Orpea anunció una nueva compra, esta vez de uno de los principales grupos del sector de la salud mental: Hestia Alliance. Esta compañía estuvo presidida hasta entonces por Ferran Olivé, tesorero del FC. Barcelona en la directiva de Joan Laporta. Hestia inició su actividad en 1986 en el Hospital Sant Gervasi de Barcelona. En la actualidad dispone de 15 centros en total, aunque solo nueve atienden a pacientes con problemas de salud mental. Los otros seis son sociosanitarios o residencias de mayores.

Hestia Alliance gestiona buena parte de sus recursos bajo la fórmula de los conciertos, es decir, cobra de la Administración por prestarle servicios.

Durante la pandemia, la Generalitat abrió un expediente sancionador al centro sociosanitario Hestia Palau, por mala atención a enfermos que terminaron falleciendo y falta injustificada de información a los familiares.

Años antes, Hestia Alliance ya había estado en el centro de la polémica cuando El País desveló que el Gobierno de Artur Mas le había cedido la gestión de un hospital público después de que la empresa donase 80.000 euros a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en 2010, en la recta final de la campaña electoral que llevaría a Mas a la presidencia de la Generalitat. Hestia siempre negó que existiera relación alguna entre la donación del dinero y la adjudicación del hospital.

El accionista de referencia de Orpea es el fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment Board, dueño del 14,5% del capital. Los Peugeot, familia dueña de la empresa automovilística del mismo nombre, controlan el 5,1%. El 80,4% de las acciones cotizan en la Bolsa de París.

Centro de Ita Salud Mental en Barcelona.

ita salud mental

Propietario: Korian.

Principales recursos: Dispone de 5 clínicas de hospitalización, 12 instalaciones médicas y 12 hospitales de día y consultas, con un total de 900 plazas operativas, según datos facilitados por la compañía a los medios en marzo [infoLibre lleva diez días esperando a que la empresa confirme estas cifras].

CCAA donde opera: Tiene 13 centros en Cataluña, 8 en Andalucía, 6 en Madrid, 5 en Comunitat Valenciana, 3 en Euskadi, 2 en Aragón, 1 en Murcia y 1 en Galicia.

El grupo es especialista en trastornos alimentarios y adicciones. Su origen está precisamente en la empresa Ita Clínic BCN, dueña en Barcelona del Institut de Trastorns Alimentaris. El proceso de expansión del grupo se inició en 2016, cuando dicha compañía fue adquirida por Magnum Capital –sí, el mismo que fue dueño de Geriatros y de Casta Salud–, y pasó por compras como las de las clínicas Previ en la Comunitat Valenciana o los centros ABB en Andalucía. Pese al crecimiento de los últimos años fuera de Cataluña, es en esta comunidad donde sigue teniendo una mayor presencia. Otra vía de expansión ha sido lo quela firma denomina “proyecto antenas”, que consiste en abrir consultas externas en hospitales propiedad de otros grupos. Tras un acuerdo con Quirónsalud –líder de la sanidad privada en España–, Ita ya abrió cinco de esas consultas en sus hospitales.

Otro acuerdo llamativo cerrado por Ita recientemente es una línea de crédito específica de un millón de euros para “facilitar la financiación” a los potenciales pacientes o sus familias. Lo firmó en enero de 2020 con CaixaBank. Y es otro ejemplo evidente de que hay muchos actores que entienden que hay negocio en la salud mental.

El resultado es que Ita Salud Mental pasó de las cinco instalaciones que gestionaba cuando fue adquirida por Magnum Capital a las 39 que explotaba en marzo de este año, cuando el fondo de Corcóstegui revendió la compañía a Korian.

El grupo Korian es el más grande de Europa de residencias de mayores, pero también está haciendo una apuesta estratégica por la salud mental. De hecho, tres meses antes de adquirir Ita, compró en Francia la empresa más fuerte del sector, Inicea. También tiene presencia en Italia, de forma que ya explota la tercera red europea en el campo de la salud mental.

La mayoría del capital de Korian cotiza libremente en la Bolsa de París –el 61,47%, según sus últimos datos–, pero desde hace años tiene tres accionistas de referencia. El principal es Predica, dueña a finales de 2020 del 24,32% del accionariado, y que es una aseguradora de la entidad bancaria Crédit Agricole. Otra aseguradora, Malakoff Humanis, controla el 7,66%. Y el 6,51% está en manos de uno de los principales fondos de pensiones de Canada, Investissements PSP.

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

Propietario: La Iglesia católica.

Principales recursos: Cuenta con 19 dispositivos, entre hospitales, centros de día y consultas externas, según los datos facilitados por la orden religiosa. En ellos existen 3.541 camas de salud mental.

CCAA donde opera: Tiene centros en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Galicia y Madrid.

En esta orden religiosa sostienen que su fundador, Juan de Dios, ya se dedicó a “asistir y acompañar a los enfermos con problemas de salud mental en la Granada del siglo XVI”. De forma que la salud mental es una actividad a la que se dedican desde hace casi 450 años.

Lo cierto es que en España gestiona ahora 3.541 camas, lo que convierte a la Orden de San Juan de Dios en el principal grupo privado del sector, aún por delante de las principales empresas. Buena parte de los recursos disfrutan de conciertos de colaboración con diferentes Administraciones públicas, aunque la portavoz de la entidad no ofreció información más detallada a infoLibre “puesto que los centros son autónomos”.

Aunque su situación dominante en el sector obedece en parte a razones históricas, ello no significa que no siga abriendo nuevos centros. Hace apenas tres meses, sin ir más lejos, abrió una residencia en Gran Canaria subvencionada por el Cabildo.

Hermanas hospitalarias

Propietario: La Iglesia católica.

Principales recursos: Tiene 14 hospitales o centros con plazas residenciales, de los que 11 cuentan además con recursos comunitarios (centros de rehabilitación psicosocial o laboral, pisos asistidos, hospital de día). En 2020 gestionaba 2.639 plazas de salud mental, según los datos aportados por la orden religiosa.

CCAA donde opera: Está presente en todas las comunidades salvo Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia.

Hermanas Hospitalarias es una institución de la Iglesia católica que se fundó en 1881 en Ciempozuelos (Madrid) para paliar la situación de abandono sanitario y exclusión social de las mujeres con enfermedad mental de la época. Actualmente, gestiona en España 14 hospitales o centros residenciales de salud mental, donde existen 2.639 plazas, sin contar otras 2.500 dedicadas a la atención psicogeriátrica.

Los 14 centros tienen “concierto con las Administraciones Públicas, en diferente proporción, según la realidad territorial de cada comunidad autónoma”, según indicó una portavoz de Hermanas Hospitalarias a infoLibre. Uno de los últimos conciertos lo firmaron en junio con el Gobierno de Navarra, por un importe de 64,1 millones de euros en nueve años (29,4 se destinan a atención de salud mental y el resto a mayores y discapacidad). Otro ejemplo: la Comunidad de Madrid decidió en 2016 financiar a las entidad con 13 millones anuales para el mantenimiento de cerca de 1.100 plazas de salud mental en residencias, centros de día y centros de rehabilitación laboral y psicosocial.

En 2020, Hermanas Hospitalarias había anunciado una inversión de 60 millones, pero la pandemia ha paralizado o retrasado algunos proyectos. Los que están en marcha son los de los centros de Ciempozuelos (Madrid), Pamplona y Santander. El área de salud mental y psicogeriatría supone más del 65% de su actividad.

La entidad religiosa también establece acuerdos con alguno de los gigantes del sector sanitario. Hace tres meses, por ejemplo, lo hizo con Quirónsalud Málaga para atender a los pacientes que precisen ingreso en unidad psiquiátrica especializada.

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Si tienes información relevante sobre el sector de la salud mental o hay algún tema que te gustaría que investigásemos, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es