Se define a sí mismo como emprendedor, un hombre hecho a sí mismo que empezó de cero, tanto en la página web que lleva su nombre como en sus activas redes sociales. Eric Mandala Kinzenga, empresario y diplomático nacido en la República Democrática del Congo hace 48 años, actúa como influencer en Instagram, donde reúne a 317.000 seguidores, y hasta hace sólo unos días era una figura respetada en su país y en otros de su entorno. Sin embargo, ahora duerme en una prisión española, tras ser detenido en Madrid cuando recogía, acompañado de un ciudadano colombiano, casi 200 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía Nacional esta semana en un aparcamiento subterráneo de la capital.

La carrera profesional de Mandala comenzó a los 14 años, siguiendo un “espíritu emprendedor”, tal y como señala él mismo en sus canales públicos. Fundó una empresa dedicada al transporte de viajeros que operó en Nairobi, la capital de Kenia. Posteriormente se adentró en el mundo audiovisual invirtiendo y presidiendo Universe Groupe Télévision, una canal de televisión con sede en Kinshasa. “Quiero que mi país crezca”, declara. Incluso se le atribuye una participación en el mercado de los diamantes y la creación de otra firma, Obstiné Sprl, dedicada a la fabricación y venta de jabones en polvo.

Sin embargo, rastreando sus redes sociales se le puede ver en más de una ocasión en Dubái, donde compró en 2020 un apartamento de 221,85 metros cuadrados y dos habitaciones en la torre Burj Khalifa, según consta en los documentos inmobiliarios de la investigación Dubai Unlocked, que el consorcio de medios OCCRP ha llevado a cabo y en la que participó infoLibre. Por el inmueble pagó 1,85 millones de euros. Se encuentra en la planta 84 del mayor rascacielos del mundo, 160 pisos repartidos en una torre de 828 metros de altura. Como ha desvelado esa investigación, en Dubái residen algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, muchos de ellos con órdenes de extradición expedidos por los países europeos donde operan.

Tras la detención de Eric Mandala en Madrid, las fuerzas de seguridad internacionales no descartan que sus estancias en el emirato tuviera tanto que ver con sus negocios legítimos como con los acuerdos necesarios para cerrar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, la actividad clandestina más lucrativa del mundo.

Mandala Kinzenga no sabía que sus pasos estaban siendo vigilados de cerca, al menos por la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés) y sus socios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central en España. Los agentes antidroga españoles se enteraron de la llegada de una partida de casi 200 kilos de droga, procedente de Ecuador, a través del puerto de Algeciras (Cádiz), y se aseguraron de rastrear el envío para dar con sus receptores, una tarea que siempre resulta compleja.

Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un viaje procedente del África subsahariana de personas que llegaban a la capital de España en busca de ese alijo. Uno de ellos era Eric Mandala. El otro, su socio colombiano. La Policía los detuvo y el juez les envió directamente a prisión.

La operación era lo que se conoce como un “pase” de droga: oculta en 171 paquetes, la cocaína iba a ser escondida en el compartimento simulado de una furgoneta, que habían metido en el aparcamiento de un centro comercial madrileño. En ese momento fue detenido el influencer congoleño y su socio colombiano. También fueron intervenidos cantidades en efectivo y 50.000 USDT, o Tether, una criptomoneda. El mayor pase de droga frustrado por la Policía española fueron los 600 kilos localizados en una autocaravana en Robliza de Cojos (Salamanca) el pasado mes de diciembre.

En realidad, la investigación había comenzado en agosto del año pasado, gracias a que la DEA había ayudado a identificar el contenedor donde se había transportado la cocaína desde Ecuador. 

Stanislas Bujakera ha sido puesto en libertad por las autoridades congoleñas. Salió de la tristemente célebre prisión central de Makala a las 10 de la noche del martes pasado, tras una jornada increíble y más de seis meses de detención.

¿Quién es? Periodista, 33 años, casado y padre de dos hijos, Stanislas Bujakera Tshiamala es corresponsal de la revista Jeune Afrique y de la agencia Reuters y director adjunto de Actualidades.cd, socio congoleño en la investigación sobre corrupción Congo Hold-Up, que llevaron a cabo el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que pertenece infoLibre, y la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF). También es uno de los periodistas más influyentes de la República Democrática del Congo, con medio millón de seguidores en la red X (antes Twitter). Detenido el 8 de septiembre de 2023, fue condenado a seis meses de prisión por la supuesta elaboración de un “informe falso” que incriminaba a los servicios de inteligencia militar congoleños en la muerte del político opositor Chérubin Okende.

Su encarcelamiento provocó una ola de indignación en el país, y en el continente africano, sin precedentes desde la llegada al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor que prometió romper con las prácticas represivas del pasado.

Se da la circunstancia de que, para fabricar el caso contra el periodista, la Fiscalía congoleña usó a una empresa española. Según un informe pericial aportado por el ministerio público, un servidor de la firma alavesa SPCnet y el software de la francesa Centreon usaban una misma dirección IP implicada en la causa. El informe fue desautorizado tanto por Telegram y Meta como por el Citizen Lab de Toronto.

Ese fue uno de los resultados de la investigación que llevaron a cabo los medios de EIC y que demostró que el burdo expediente judicial estaba plagado de acusaciones falsas. El mismo resultado tuvieron las indagaciones de Reporteros sin Fronteras.

“Aliviado”, se confiesa ahora Stanis Bujakera, a la espera descansar con su familia algún tiempo antes de volver a su trabajo. El trabajo que ama y defiende, cueste lo que cueste: el periodismo. Esta entrevista fue concedida tras su liberación.

¿Cómo fue su arresto el 8 de septiembre?

Tenía un vuelo programado desde el aeropuerto de Kinshasa-Ndjili a las dos de la tarde a Lubumbashi, donde tenía citas de trabajo. Me dijeron que mi vuelo se retrasaría hasta las ocho de la tarde. Me fui a casa y volví por la tarde, hacia las siete. Me metí en un restaurante. A las ocho, el embarque aún no había comenzado. Entonces aparecieron unas personas, una de ellas con una foto mía. “Nos gustaría hablar con usted, denos 30 segundos y volvemos enseguida”, me dijeron. Me di cuenta de que había un problema y advertí a un colega de que, si no contestaba más, me arrestarían. Entonces me rodearon una docena de personas. Estaba detenido. Me enseñaron una orden de búsqueda sin explicarme por qué me buscaban. Intenté no causar problemas. Me llevaron a la comisaría provincial de Kinshasa, donde me despojaron inmediatamente de mis dos teléfonos y me pusieron en régimen de aislamiento. Seguía sin saber por qué me habían detenido. Pasé mi primera noche a la intemperie sentado en una silla, porque me negué a que me metieran en una celda con presuntos miembros de bandas urbanas.

Ha pasado más de seis meses detenido en la prisión de Makala. ¿En qué condiciones?

Se trata de una situación muy difícil porque la prisión central de Makala se construyó para albergar a 1.500 personas. Sin embargo, abandoné una prisión que, según las cifras oficiales, tiene 14.400 reclusos. De ellos, 9.000 presos preventivos de media están a la espera de juicio. El mayor pasó 20 años en esa cárcel sin haber sido juzgado nunca. Pienso mucho en él hoy. Es sólo un ejemplo de lo que ocurre allí. Makala es como la antesala del infierno, una casa de la muerte. Al menos dos o tres personas mueren allí al día. Yo estaba en lo que se llama el “pabellón VIP”, que tiene un centenar de reclusos que utilizan cuatro retretes combinados con duchas y un único lavabo. ¡Éramos 100, pero hay más de 2.000 que tienen que usar cuatro baños, cuatro duchas y un solo lavabo! Son situaciones inhumanas, insoportables, deplorables... que nunca deberíamos desear a nuestros semejantes.

A partir de ese momento tuvo que enfrentarse a una justicia delirante que, como han demostrado las investigaciones de EIC y de Reporteros sin Fronteras, fabricó informes informáticos falsos. Los mensajes de WhatsApp que había envidado y que parecían exonerarle se vuelven en su contra ante los tribunales... ¿Cómo reaccionó ante una justicia tan decidida a condenarlo?

El expediente judicial no estaba vacío, sencillamente estaba fabricado. Cuando se dice que está “vacío”, en realidad se quiere decir que hay algo, por pequeño que sea. ¡Pero en este caso no había nada! El objetivo al detenerme era coger mis teléfonos y buscar delitos utilizando mis herramientas de trabajo. Intentaban averiguar quiénes eran mis fuentes, mis contactos, quién compartía conmigo información confidencial que a veces resultaba incómoda. He manejado algunos asuntos delicados. Desde el primer día me preguntaban: “¿quiénes son tus contactos, quiénes son tus fuentes?”. Los periodistas no deben denunciar a sus fuentes y no deben ser inducidos a hacerlo. Es una grave violación de un principio fundamental. Por desgracia para ellos, cuando comprobaron el contenido de mis teléfonos o de mi ordenador, no encontraron nada. Y, como no tenían nada, empezaron a inventar cosas. Así es como llegaron a acusarme de haber fabricado esos documentos [publicados por Jeune Afrique]. Probablemente pensaron que así me animarían a revelar mis fuentes. Pero comprendieron que yo no estaba dispuesto a ceder ante presiones o amenazas. Todo lo que estaba dispuesto a hacer era proteger el periodismo independiente en este país. Acepté sufrir por una buena causa: la defensa de nuestros valores, la defensa de los principios, en defensa del periodismo independiente. Y ese periodismo independiente triunfará algún día en este país, cueste lo que cueste.

El documento al que se refiere es uno elaborado por el servicio de inteligencia civil congoleño sobre las circunstancias de la muerte del opositor Chérubin Okende. En su opinión, ¿era necesario que las autoridades detuvieran a un periodista, fuera quien fuera, para cortar las especulaciones en torno a la muerte de este opositor?

Detuvieron a un periodista. Esperaban obtener sus fuentes. En efecto, porque la versión que figura en los documentos, quizás (¡digo quizás!) plantea una versión inquietante. Pero no me detengo en el contenido del documento. Estoy aquí para defender principios. Se acusa a un periodista de falsificar esos documentos, falsificar la firma, falsificar el sello... Y eso es muy grave. Como periodistas, tenemos derecho a contactar con las fuentes a todos los niveles y a poner a disposición del público la información que recabamos. Información verificada, certificada.

¿Qué dicen este caso y su encarcelamiento sobre el Estado de derecho en la República Democrática del Congo?

Es un retroceso. Es un retroceso porque un periodista ha sido detenido injusta y arbitrariamente, y encarcelado durante muchos meses. Es un atentado muy grave contra nuestras libertades, un atentado muy grave contra el ejercicio de nuestra profesión. Es un retroceso que no hace honor al Estado de derecho.

¿Cree que todavía es posible ser periodista independiente en su país?

Como yo, hay muchos otros periodistas que trabajan para defender el periodismo independiente en nuestro país. No soy el único que libra esta batalla por el periodismo independiente. Estoy convencido de que triunfará, cualesquiera que sean las amenazas, cualesquiera que sean las intimidaciones. Puedo asegurarles que hay soldados de la información y que esos soldados se levantarán para defender el periodismo independiente en este país.

Usted fue detenido unos tres meses antes de las elecciones presidenciales. ¿Ve una relación causal?

Sí, me impidieron cubrir las elecciones presidenciales. Pero los demás periodistas que estaban en condiciones de cubrirlas hicieron, creo, un trabajo excepcional. Ellos no pudieron frenar nuestra independencia. Ellos no pudieron contener nuestra valentía frente a toda la intimidación, las amenazas y el miedo que se habían sembrado entre los periodistas.

¿Qué sintió al salir de la cárcel?

Alivio. Pero al mismo tiempo tristeza, porque no deberían haberme detenido y encarcelado injustamente durante tantos meses. Ningún periodista debe ser detenido por hacer su trabajo. Todo el mundo debe alzar la voz y decir no al encarcelamiento de periodistas, ya sea en el Congo, en África o en cualquier otra parte del mundo.

Stanis Bujakera, el periodista más leído de la República Democrática del Congo, lleva más de dos meses en la cárcel, acusado de elaborar un informe confidencial de inteligencia y distribuirlo primero a través de Telegram y luego en WhatsApp. La fiscalía congoleña asegura que lo ha identificado como el remitente original del documento mediante el análisis de los metadatos y de una dirección IP. La investigación llevada a cabo por Actualite.cd, el principal medio de comunicación independiente del país africano, y otros socios del consorcio Congo Hold-Up, incluido infoLibre, en colaboración con la revista francesa Jeune Afrique demuestra que esa afirmación es falsa.

Serge Bashonga, fiscal adjunto del tribunal del distrito de Kinshasa-Gombe, le llama “diablo”. Stanislas Bujakera, corresponsal de la revista francesa Jeune Afrique y de la agencia de prensa Reuters, y residente en Estados Unidos desde hace un tiempo, es también cofundador y director adjunto de Actualité.cd, que fue el socio congoleño en la investigación Congo Hold-Up, que sobre la corrupción en el país llevaron a cabo el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que pertenece infoLibre, y la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF).

Su arresto y encarcelamiento durante más de dos meses han provocado una ola de indignación en el país y en el continente africano sin precedentes desde la llegada al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor que prometió romper con las prácticas represivas del pasado.

La fiscalía congoleña acusa a Stanis Bujakera de haber fabricado un documento falso del departamento de seguridad interna de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR), un servicio directamente bajo el control de la Presidencia, y de haberlo proporcionado no sólo a su medio de comunicación Jeune Afrique, sino también de haberlo compartido en un grupo de Whatsapp tras su publicación. Ese informe, de dos páginas, describe cómo la inteligencia militar presuntamente asesinó en la noche del 12 al 13 de julio de 2023 a Chérubin Okende, exministro que se había pasado a la oposición y portavoz del partido de Moïse Katumbi, exgobernador de Katanga y rival del presidente Félix Tshisekedi, que se presentaba a la reelección. Esta versión del asesinato es desmentida por las autoridades del Congo. El fiscal adjunto, Serge Bashonga, es también el juez instructor de este caso.

No era la primera vez que Jeune Afrique publicaba artículos basados en filtraciones de documentos de este departamento, ni era el único medio de comunicación que había difundido el contenido de este informe. Y Stanis Bujakera no firmó el artículo publicado el pasado 31 de agosto. El 7 de septiembre se emitió una orden de búsqueda y captura, y el periodistas fue declarado “prófugo”. El departamento de seguridad interna de la ANR fue la única institución que recibió una copia de ese documento. Al día siguiente, Bujakera fue detenido en el aeropuerto de Kinshasa, cuando se dirigía a Lubumbashi, capital de la rica provincia minera de Haut-Katanga, para hacer un reportaje. Desde entonces, permanece recluido en la cárcel central de Makala, una de las más hacinadas de África, junto con otra docena de detenidos, mezcla de presos políticos y comunes.

Actualité.cd, Jeune Afrique y los medios de comunicación asociados a Congo Hold-up como Mediapart, Le Soir e infoLibre, han tenido acceso al expediente de la acusación, que se basa sobre todo en el informe técnico de un comisario de policía congoleño, Jean-Romain Kalemba, quien afirma haber establecido mediante un “análisis digital de los metadatos de la imagen” que Stanis Bujakera había recibido este documento “de origen telegráfico” desde una cuenta cuyo avatar es un misterioso @mg, sin precisar la fecha, y que fue el primero en difundirlo en un grupo de Whatsapp el 3 de septiembre, más de tres días después de la publicación del artículo de Jeune Afrique. La operación se realizó a través de la dirección IP 192.162.12.04.

Como prueba de esta trazabilidad, el “experto” de la fiscalía facilitó una lista de avatares y números de teléfono, entre ellos el número congoleño de Stanis Bujakera. Bujakera ha sido acusado de falsificación de un sello estatal, falsificación y uso de falsificaciones, difusión de rumores falsos y transmisión de mensajes falsos y contrarios a la ley. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

A preguntas de Actualite.cd, Telegram se incomoda. “Telegram se diseñó específicamente para proteger a las personas que protestan o se expresan bajo regímenes autoritarios”, explica su portavoz Remi Vaughn. La plataforma de mensajería niega que sea posible identificar direcciones IP a partir de mensajes o documentos compartidos en esta plataforma. “Cuando los usuarios utilizan la opción Enviar una foto o un vídeo, Telegram borra todos los metadatos”, insiste. También asegura que “Telegram no está en contacto con la República Democrática del Congo”.

Meta, propietaria de Whatsapp, es menos vehemente. Sin embargo, uno de sus portavoces afirma que “no es posible rastrear al remitente original de un mensaje en WhatsApp” y proporciona una serie de enlaces en su sitio web que describen tanto su oposición de principio a la rastreabilidad, considerada contraria a los derechos humanos, como el carácter limitado de su colaboración con las fuerzas del orden. En particular, afirma que “WhatsApp no puede entregar ni entrega el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales”.

En la vista celebrada el 14 de septiembre pasado para decidir si el periodista quedaba en libertad bajo fianza, el fiscal adjunto hizo de “las investigaciones digitales llevadas a cabo” el principal argumento para mantenerlo en prisión preventiva. “Resultó que el número 0823337460 había sido identificado a través del protocolo de internet, por su dirección IP 192.162.12.04, como el primer distribuidor de este reportaje inventado”, declaró en tono enérgico Serge Bashonga, fiscal adjunto, que consiguió el apoyo del juez.

Incluso los abogados defensores de Stanis Bujakera, quedaron impresionados por esta jerga pseudotecnológica. “Antes de este caso, ya tenía algunas nociones sobre cuestiones de trazabilidad, pero los elementos técnicos presentados por la acusación formaban parte de un desafío que había que superar. El fiscal apostó por que a los abogados les daría pereza intentar entenderlo y que lo tomaríamos como una prueba innegociable”, explica Jean-Marie Kabengela. “La fiscalía se vio en una situación difícil porque le atacamos por este motivo, y pensó que podría condenarle rápidamente”, añade.

Los defensores de Stanis Bujakera solicitaron en repetidas ocasiones un segundo dictamen de un experto independiente y cualificado. El tribunal dijo que lo haría durante la vista del 17 de noviembre, pero al final nombró a un “experto acreditado” desconocido, tanto que su nombre ni siquiera aparece en un motor de búsqueda como Google. La existencia del supuesto experto debería ser objeto de debate en la próxima vista, prevista para el 1 de diciembre.

Para el experto estadounidense Gary Miller, investigador en seguridad móvil de la Universidad de Toronto –Citizen Lab, el mismo que destapó el espionaje de Pegasus en Europa–, las pruebas contenidas en las declaraciones del fiscal “no eran creíbles” desde el principio: “No había pruebas de que esta dirección IP fuera utilizada por el teléfono de Stanis”. Gary Miller es el fundador de Mobile Intelligence Alliance, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a investigar la seguridad en las redes de móviles. También fue responsable de seguridad de redes móviles y es considerado un experto en espionaje en este tipo de comunicaciones.

Utilizando dos herramientas mundialmente conocidas en este campo, Shodan y Risk HQ, acabó descartando que la dirección estuviera vinculada a Stanis Bujakera y la atribuyó en su lugar a un “servidor web situado en España”. “La ubicación de la dirección, el dispositivo que la utiliza y las aplicaciones que se ejecutan en él descartan esta posibilidad”, insiste. El experto de Citizen Lab concluye: “La base técnica del argumento del fiscal parece fabricada".

Los periodistas de Congo Hold-Up preguntaron entonces a las dos empresas citadas por el experto como vinculadas al servidor web que habían utilizado la dirección IP facilitada por el fiscal y su experto. La primera es una empresa española llamada SPCnet, proveedora de servicios de internet con oficinas en Vitoria y adquirida el año pasado por otra firma vasca, Bullhost, especializada en ciberseguridad. Un portavoz asegura que esa dirección IP “corresponde efectivamente a SPCnet”, aunque invita a verificar si hay algún error en los dígitos, y confirma la versión del perito de Citizen Lab. Dice que ese servidor es sólo de uso interno. “Sobre esta IP corre un servidor web con un aplicativo que SPCnet utiliza y explota exclusivamente para uso interno; es decir, no es utilizado por ningún tercero, proveedor o cliente”, explicó en una respuesta el pasado 2 de noviembre. Incluso afirma que “no es posible que se haya enrutado ningún tráfico particular a través de esta IP”.

La otra empresa es la francesa Centreon. Gary Miller había comprobado que una entidad con ese nombre utilizaba el servidor. Centreon desarrolla “software para detectar fallos informáticos (servidores, equipos de red, aplicaciones, etcétera)”, que “en ningún caso está diseñado para gestionar, transmitir o compartir archivos”, asegura.

Tan sorprendido como la empresa española de que se le relacione con el caso de un periodista encarcelado en la República Democrática del Congo, un portavoz de Centreon explica que no utiliza “el servidor correspondiente a la dirección IP en cuestión que parece estar, como usted señala, atribuida a SPCNet, una empresa con la que Centreon no tiene ningún vínculo directo o indirecto, presente o pasado”. La firma alavesa niega igualmente tener relación alguna con Centreon. “Una persona cuya identidad no tenemos forma de conocer ha instalado efectivamente el software de código abierto llamado Centreon en el servidor que usted menciona (una información que descubrimos al leer su primer mensaje)”, admite, “al igual que otros 250.000 usuarios en miles de servidores de todo el mundo”.

En la misma vista, el fiscal adjunto citó, sin añadirla al expediente, una conversación entre Stanis Bujakera y uno de sus colegas de Jeune Afrique en París, Romain Gras, durante la cual el periodista congoleño “hablaba riéndose con emojis de una fuente parisina, en respuesta a las preguntas de algunos funcionarios de la inteligencia militar que querían conocer la fuente de la publicación de Jeune Afrique”. “Durante las audiencias, antes de que comenzara el juicio, el fiscal preguntó a nuestro cliente sobre la fuente de este documento. Para nosotros, ése es el motivo oculto de su detención, el resto no es más que una forma de aumentar la presión sobre Stanis”, explica Yana Ndikulu, abogada de la asociación de medios de comunicación online de la República Democrática del Congo (MILRDC), una de las primeras abogadas en intervenir en el caso. “El fiscal incluso lo dijo en la vista y acusó a Stanis y a Jeune Afrique de intentar ganar millones con la publicación del informe vinculado al asunto Okende”, añade.

Sin embargo, en este mensaje, al que tuvieron acceso los medios de Congo Hold-Up, Stanis Bujakera se había limitado a decir a sus interlocutores que “consultaran con París”, ya que él no había “gestionado este caso”.

Su colega de Actualité.cd, Patient Ligodi, director general de Next Corp, la empresa propietaria del sitio web de noticias, se sorprendió al ver que el funcionario de la policía judicial señalaba en un informe que el documento se había compartido en “un grupo de Actualité.cd” y que a continuación el fiscal sustituto mencionaba un grupo llamado Actualité.cd. “Este documento nunca se compartió en ninguno de los grupos de la redacción”, replica, precisando además que no existe tal grupo.

Patient Ligodi se sorprende aún más al ver que la lista de números presentados por la fiscalía como aquéllos a los que Stanis Bujakera supuestamente distribuyó el documento incriminatorio no incluye el número del miembro de la redacción identificado por la policía, Kash Thembo. “Kash es el dibujante de Actualité.cd. ¿Por qué Stanis lo habría compartido con él y no con los periodistas de la redacción?”.

En este caso, todo parece haberse hecho en el orden equivocado. La orden de búsqueda del 7 de septiembre, víspera de la detención, es el primer documento del expediente. La petición de peritos se redactó el sábado 9 y se envió el lunes 11. Ese mismo día, la policía judicial ya se había referido a un “análisis técnico y/o tecnológico” que identificaba a Stanis Bujakera como el “primer distribuidor de este documento falso”, y el fiscal dictó una orden de detención provisional sin esperar a los informes de los expertos policiales. También pidió al tribunal que mantuviera detenido al periodista durante 15 días, con fines de investigación, y no tomó ninguna otra medida. Finalmente redactó una moción para fijar una vista el 26 de septiembre.

El 29 de septiembre, en la cadena RTBF, el director de comunicación de la presidencia de Congo, Erik Nyindu, declaró que la investigación estaba “concluida” y el proceso judicial “en curso”.

En una conferencia de prensa celebrada el 13 de octubre, los abogados de Stanis Bujakera afirmaron que aún no se les había informado oficialmente de nada. Al día siguiente, en respuesta a la campaña lanzada por Amnistía Internacional en la que se pedía al presidente Tshisekedi y a otros dirigentes congoleños que pusieran en libertad incondicional a Stanis Bujakera, Tina Salama, portavoz del presidente Tshisekedi, contestó en X –antes Twitter– que Stanis Bujakera no estaba “detenido por Félix Tshisekedi” y que el caso había sido “remitido [...] a un juicio público”, al tiempo que instaba a respetar la separación de poderes.

Siete meses antes, en marzo de 2023, Gilbert Kabanda, entonces ministro de Defensa, había presentado una denuncia contra Stanis Bujakera por haber informado de su intervención en el Consejo de Ministros, pese a que había utilizado las palabras recogidas en el acta enviada por el periodista del gabinete de prensa del Gobierno. El Ejecutivo congoleño tardó varios días en anunciar que retiraba la denuncia.

“Lo cierto es que hay muchas especulaciones sobre Stanis como opositor o enemigo del régimen. Por lo que a nosotros respecta, es un periodista profesional. Intentan hacer creer que se trata de un proceso con base jurídica, cuando no hay nada en el sumario que justifique su inculpación y su detención”, explica Arnaud Froger, responsable de Investigación de Reporteros sin Fronteras (RSF). “El objetivo desde el principio estaba claro: acceder a sus teléfonos móviles y saber quién hablaba con él, y esto va mucho más allá del asunto del informe publicado”, advierte, subrayando la gravedad de esta violación del secreto de las fuentes.

El propio Arnaud Froger permaneció en Kinshasa durante una semana para investigar las condiciones del encarcelamiento del periodista congoleño. “Es muy fácil comprobar que no fue el primero en recibir ese informe: se difundió en los medios diplomáticos mucho antes”, añade el responsable de RSF. “En cuanto al origen de el informe en sí, para nosotros no hay duda de que se trata de un documento de la ANR transmitido por la ANR, aunque no podamos juzgar la veracidad de su contenido”, concluye.

Curiosamente, la única persona que ha limpiado el nombre de Stanis Bujakera es el propio presidente Tshisekedi. Durante una rueda de prensa el 19 de septiembre, en paralelo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo comparó con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, “al que persiguieron como a una bestia vil [...] porque había filtrado cables diplomáticos confidenciales”, y con Ariane Lavrilleux, periodista francesa que pasó día y medio bajo custodia policial en Francia por revelar el contenido de documentos confidenciales sobre la implicación de Francia en la represión política en Egipto. También dijo que le tenía “mucho cariño” a Bujakera, que le había seguido durante su campaña en 2018. Después, ha asegurado al diario Le Soir que “la verdad” pasaba “por su detención”.

Al empresario congoleño Nicolas Wan le gusta publicar fotos en las redes sociales de Mateba, una exuberante isla del tamaño de París, enclavada en la confluencia del río Congo con el océano Atlántico. En una foto de abril de 2020, el joven contempla las tranquilas aguas teñidas de naranja por un sol resplandeciente. "Mi lugar favorito en la tierra", reza el pie de foto escrito por el hijo de Alain Wan, magnate de la construcción vinculado a varios escándalos de presunta malversación de fondos en los que está implicado Joseph Kabila, ex presidente de la República Democrática del Congo.

Los Wan fueron en su día propietarios de Mateba, pero se la vendieron a Kabila en 2010. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de recreo personal para el hombre que gobernó Congo durante casi dos décadas hasta 2019 y acumuló una fortuna valorada en cientos de millones de euros. En 2017, se supo que Kabila hizo transportar 450 cebras, búfalos, jirafas y otros animales salvajes desde Namibia a la isla, con la ayuda de Alain Wan.

Pero Mateba no solo alberga fauna exótica, también ha sido el domicilio social de una misteriosa empresa constituida por la familia Wan: Etablissement Kuntuala (ETS Kuntuala). Esta compañía comparte una cuenta bancaria con otra entidad opaca, Kuntuala Mining SAS. La primera transferencia que recibió dicha cuenta, según documentos bancarios oficiales, procedió de la petrolera franco-británica Perenco en febrero de 2015, por un total de 272.914 dólares (unos 242.000 euros en aquel momento).

Investigate Europe y Mediapart han descubierto 14 transferencias de dinero realizadas por filiales congoleñas de Perenco entre 2014 y 2015 a empresas cercanas a Joseph Kabila. Las transacciones, por un total de 1,3 millones de dólares, figuran en registros financieros filtrados del banco panafricano BGFI. Obtenidos por Mediapart y la ONG Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF), los documentos dieron lugar a la investigación periodística conocida como Congo Hold-Up (El expolio del Congo), publicada en noviembre de 2021 y que desencadenó investigaciones policiales en Congo, Francia y Bélgica. infoLibre publica esta investigación en exclusiva en España, al igual que ya hizo con El expolio del Congo (puedes consultarla aquí todos los artículos).

En una respuesta escrita a los periodistas, Perenco negó cualquier irregularidad y afirmó que no se había realizado ningún pago a ETS Kuntuala. BGFI se negó a ofrecer su versión.

Estas nuevas revelaciones sobre Perenco vuelven a poner bajo la lupa al mayor productor independiente de petróleo de Europa, ya envuelto en acusaciones de irregularidades en Congo y en toda África. En noviembre de 2022, Investigate Europe desveló la existencia de 167 informes sobre casos de contaminación relacionados con la multinacional, que es la única productora de petróleo de Congo (las ONG Sherpa y Amigos de la Tierra presentaron posteriormente una denuncia contra Perenco en Francia por daños medioambientales). En marzo de 2023, se supo que la Policía francesa está investigando a Perenco por corrupción en varios países africanos no especificados.

Congo sigue siendo uno de los cinco países más pobres del mundo, pero se ha convertido en una tierra de abundancia para Perenco desde que compró yacimientos petrolíferos antiguos en la costa del país a principios de la década de 2000. Sólo por sus permisos en alta mar, el grupo declaró unos ingresos de 196 millones de dólares en 2021, según los documentos corporativos presentados en Guernsey, un paraíso fiscal donde están registradas algunas de las sociedades del grupo.

En la filtración Congo Hold-up, Perenco no aparece como cliente del banco BGFI, cuya filial congoleña hasta 2018 dirigía el hermano adoptivo de Joseph Kabila. Sin embargo, el nombre de Perenco aparece en las cuentas de otros clientes de BGFI que recibieron dinero de la petrolera. Entre ellos está el receptor de la transferencia de 272.914 dólares, ETS Kuntuala, cuyos beneficiarios efectivos eran Alain Wan y su madre, según un documento bancario filtrado de 2016.

Los vínculos entre los Wan y el expresidente congoleño están bien documentados. Alain Wan, el patriarca de la empresa familiar, es uno de los socios más cercanos de Kabila. Con su amigo de la infancia, Marc Piedboeuf, Wan constituyó un conjunto de empresas en Congo y en varios paraísos fiscales, algunas de las cuales han realizado operaciones por valor de decenas de millones de dólares en beneficio de los Kabila, según las investigaciones periodísticas.

Wan y Piedboeuf crearon Grands Elevages du Bas-Congo (GEL), la empresa propietaria de la isla de Mateba, que fue comprada por Kabila a través de su holding personal (Piedboeuf aparecía como su director ya en 2014). La pareja también creó Port de Fisher, vendida a Kabila a finales de 2015. También fueron accionistas y directores de EGAL, una empresa en el centro de una presunto escándalo de malversación de 43 millones de dólares revelada en 2016 por Jean-Jacques Lumumba, un ex empleado de BGFI convertido en denunciante.

El domicilio de ETS Kuntuala en Mateba y los vínculos entre Alain Wan y Kabila podrían haber sido señales de alarma para Perenco. Pero hay otra rareza que al BGFI no pareció importarle. En la base de datos del banco, ETS Kuntuala tiene un segundo nombre asociado a su cuenta bancaria: Kuntuala Mining SAS. El primer nombre se utiliza para las transferencias internacionales en divisas. El segundo, para las transferencias nacionales dentro de la RDC. Una práctica inusual que puede impedir un control adecuado de las actividades de la cuenta.

"No es algo normal. Este tipo de manipulación requiere la complicidad del director de operaciones del banco", afirma Lumumba, quien ve en este esquema "una máquina para reciclar dinero. Wan y Piedboeuf se han convertido en secuaces de Kabila en la región de Congo Central, por lo que no me sorprende verlos trabajar con Perenco, que también está presente en esta parte del país", añade.

Los archivos filtrados del BGFI indican que ETS Kuntuala operaba una agencia de transportes y una cantera en Boma, en Congo Central. En cuanto a Kuntuala Mining SAS, Investigate Europe no ha podido encontrar ningún documento mercantil de esta compañía. Sin embargo, en un registro del gobierno de Congo figura como titular de un permiso de explotación minera, también situado en Boma y muy probablemente relacionado con la cantera.

A pesar de que se le proporcionó toda la información de la transferencia bancaria detallada en los documentos de BGFI, un portavoz de Perenco negó su existencia: "Con respecto a Kuntuala, Perenco no ha tenido ningún contrato con esta empresa, ni ha realizado ningún pago a la misma". La empresa se negó a dar más detalles cuando se le solicitó.

Perenco no aparece como el único benefactor de la red Kuntuala en los documentos del BGFI. Entre 2015 y 2019, la cuenta bancaria fue alimentada en su mayor parte por empresas propiedad de Wan y Piedboeuf, por depósitos anónimos en efectivo y por GEL, la compañía del propio Kabila.

El vínculo entre ETS Kuntuala y el expresidente es más profundo. En 2017, la empresa y Alain Wan se convirtieron en los únicos accionistas de COETE, una compañía energética anteriormente propiedad, entre otros, de GEL (10%) y Kwanza SA (50%). Este último nombre recuerda a Kwanza Capital, el banco de inversiones secreto de Kabila, cuya existencia desveló la ONG estadounidense The Sentry.

Los documentos filtrados de BGFI también revelan que Perenco tenía tratos con otra empresa de Wan y Piedboeuf: MW Afritec, el negocio insignia de la pareja, que opera en el sector de la construcción desde 1984.

MIOC (Muanda International Oil Corporation), una de las filiales congoleñas de Perenco, realizó nueve transferencias por un total de más de un millón de dólares a la cuenta de Afritec en BGFI entre 2014 y 2015.

Afritec no es una constructora cualquiera. Su éxito está ligado al poder de Kabila, una relación que se inició a principios de la pasada década, cuando el presidente "quiso meter mano en Congo Central", explica Lumumba. A partir de ese momento, la empresa ganó una serie de concursos públicos y recibió financiación de la UE y del Banco Mundial. En solo siete años, su volumen de negocio se multiplicó por 50, según estimaciones de un banquero citado por Le Monde en 2017.

En el artículo, Le Monde revelaba cómo Afritec tenía un discreto homónimo constituido en las Islas Marshall: Afritec MW SA. La empresa fantasma era la propietaria registrada de un lujoso yate llamado Enigma, que los periodistas creían que podía estar vinculado a Kabila. Unos años más tarde, como parte de la filtración Congo Hold Up, nuevas revelaciones mostraron que el barco había sido reformado con fondos públicos presuntamente malversados que se canalizaron a través de Port de Fisher en 2013, una empresa vendida a Kabila dos años más tarde.

Entonces, ¿en concepto de qué pagó Perenco a Afritec más de un millón de dólares? Según un documento interno de BGFI de octubre de 2015, la petrolera compró rocas trituradas y alquiló barcos a Afritec aquel año por 910.000 dólares.

La petrolera, sin embargo, cuenta una historia diferente. A preguntas de los periodistas, su portavoz indicó que "en 2008 Perenco accedió a una petición de las autoridades locales para financiar la reconstrucción de la pista de aterrizaje de Muanda, que es una infraestructura esencial para las operaciones de la compañía, por aproximadamente un millón de dólares. Los trabajos de construcción corrieron a cargo de Afritec". Dicho portavoz añadió que Perenco tenía un contrato para temas logísticos con Afritec antes de 2010 y destacó que, durante el proceso de diligencia debida, no identificó "ninguna referencia a la implicación de ningún funcionario”. Ni las fechas ni la finalidad de los pagos facilitados por Perenco coinciden con la información en poder de BGFI. Cuando se le preguntó por estas contradicciones, el portavoz de Perenco no dio más explicaciones. Afritec y Alain Wan no respondieron a la solicitud de conocer su versión.

Las revelaciones llegan en un momento complicado para el gigante petrolero. Hace un año, el Gobierno congoleño convocó una licitación para 30 nuevos bloques petroleros y de gas en todo el país. Perenco solicitó dos nuevos permisos en Congo Central y sigue esperando el resultado de su oferta. Mientras tanto, el Ministerio de Hidrocarburos anunció el 5 de julio que había recibido cuatro camionetas de la empresa como "regalo". Perenco afirmó que donaba los vehículos para ayudar a combatir el contrabando de petróleo en Congo Central. Greenpeace África denunció la donación. "Las autoridades son incapaces de iluminar la ciudad de Muanda mientras Perenco lleva décadas explotando petróleo en la zona", criticó la ONG.

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Louis Riga contribuyó a la investigación.

La edición fue realizada por Manuel Rico, Elisa Simantke y Chris Matthews.

La periodista de Reuters Sonia Rolley fue expulsada de la República Democrática de Congo (RDC) el pasado día 8 en una decisión que el Ministerio de Comunicación de ese país justifica por las “actividades previas” de la reportera, en referencia a la investigación Congo Hold-Up, en la que la reportera participó junto con el resto de los medios de EIC (European Investigative Collaborationes) y organizaciones como PPLAAF, The Sentry y Public Eye, entre otras.

Rolley, de nacionalidad francesa, se encontraba en Congo con un visado de tres meses, obtenido el pasado octubre, y a la espera de que las autoridades del país africano le concedieran su acreditación de prensa. A mediados de septiembre, un representante del Ministerio de Comunicación dio a la periodista confirmación por escrito de que su acreditación había sido aprobada, pero el documento no llegó a ser emitido.

Justo antes de ser conducida a un avión de vuelta a Francia, las autoridades de inmigración congoleñas entregaron a Rolley un informe del Ministerio de Comunicación según el cual ese departamento había revocado su decisión inicial por las “actividades” realizadas por la periodista con anterioridad. Sonia Rolley, entonces en nómina de Radio France International (RFI), formó parte de las investigaciones que dieron lugar hace un año a Congo Hold-Up sobre la corrupción en torno a la familia del expresidente Joseph Kabila y el Banque Gabonaise et Française internationale (BGFI). Las fiscalías francesa y belga han abierto sendas investigaciones sobre las empresas de ambos países implicadas.

“Es una indicación clara de que Sonia Rolley ha sido castigada por su trabajo de investigación previo en Congo Hold-Up”, asegura EIC en un comunicado. La red de investigación europea, de la que forma parte infoLibre junto con medios como Mediapart, Der Spiegel, Le Soir, De Standaard, Il Fatto Quotidiano o Expresso, entre otros, califica la expulsión de la periodista francesa de “ataque grave a la libertad de prensa” que, además, “manda un mensaje alarmante a otros periodistas”.

Rolley ha trabajado durante dos décadas en la República Democrática del Congo, elaborando informaciones de interés público “con el máximo nivel de integridad y profesionalismo”, destaca EIC. La red exige a Radio France Internationale, Reporteros sin Fronteras, Reuters y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se pronuncien inmediatamente contra lo que considera un ataque indisimulado contra la libertad de información. También exige a las autoridades del Congo que adopten las medidas adecuadas para garantizar la libertad de prensa.

El caso Congo Hold-up (El expolio del Congo) llega a Francia. Según informaciones de Mediapart (socio editorial de infoLibre) y Africa Intelligence, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) ha abierto recientemente una investigación preliminar a raíz de nuestras revelaciones y las de 23 medios de comunicación y ONG internacionales, sobre la corrupción y la malversación masiva de fondos públicos en la República Democrática del Congo (RDC), especialmente en beneficio del expresidente Joseph Kabila y su círculo íntimo.

La investigación judicial se abrió por presuntos hechos de “blanqueo agravado de fondos públicos”, a raíz de una denuncia presentada conjuntamente por las asociaciones Unis, Transparencia Internacional y Sherpa, según confirmó el PNF a Mediapart.

Nuestra serie de investigaciones, llamada Congo Hold-up (El expolio del Congo) y publicada el pasado diciembre, se basa en la mayor filtración africana conocida hasta la fecha, obtenida por Mediapart y la ONG Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF): 3,5 millones de documentos del banco gabonés BGFI, cuya sucursal congoleña estuvo controlada hasta 2018 por el hermano adoptivo de Joseph Kabila, Francis Selemani.

Tras el primer artículo, que revelaba cómo el clan Kabila malversó 138 millones de dólares de dinero público a través de una empresa pantalla creada en un garaje de Kinshasa, la Justicia congoleña abrió una investigación judicial el 21 de enero.

También se presentaron dos denuncias ante la PNF por iniciativa de la ONG panafricana anticorrupción Unis, cofundada por el denunciante congoleño Jean-Jacques Lumumba. El exbanquero del BGFI había revelado un primer escándalo que apuntaba al banco y al entorno de Joseph Kabila en 2016.

“Es absolutamente necesario que se lleven a cabo investigaciones serias para que los congoleños puedan recuperar su dinero y castigar a las mafias que actúan en la RDC”, declara a Mediapart Jimmy Kande, presidente de Unis e investigador en el Congo Research Group (CRG), una de las cinco ONG que participaron en el proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo).

“Al tratarse de un caso transnacional, no podemos limitarnos a actuar en la RDC. Por eso hemos actuado en varios países por los que puede haber pasado el dinero, entre ellos Francia”, añade Jimmy Kande.

Las denuncias se refieren a dos casos de presunto blanqueo de capitales directamente relacionados con Francia. La primera, presentada por Unis, se refiere al barco Enigma, una antigua patrullera transformada en un yate de lujo de 73 metros en un astillero de La Rochelle, por 25 millones de dólares.

Oficialmente, el Enigma pertenece, a través de una empresa registrada en un paraíso fiscal, a Alain Wan y Marc Piedbœuf, dos empresarios estrechamente vinculados a Joseph Kabila. Se sospecha que han financiado este superyate en nombre del expresidente, cosa que ellos niegan. Nuestra investigación ha demostrado que una parte de las obras se financió con dinero público desviado de las arcas del Banco Central del Congo, por un importe de al menos 794.000 dólares.

Un detalle inquietante: tras la publicación de nuestro artículo, el 23 de noviembre, el Enigma, anclado en el puerto de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), se puso a la venta por 26,4 millones de dólares.

¿Se trata de un intento de evitar el posible embargo del barco? Contactados, Alain Wan y su hijo André, que gestiona el barco, no respondieron. El agente estadounidense encargado de la venta del Enigma, con sede en la muy elegante localidad costera de Boca Ratón (Florida), se negó a responder, ya que está obligado a mantener la “confidencialidad” con respecto a sus clientes.

La segunda denuncia, presentada por las ONG Unis, Sherpa y Transparency International, se produce después de que nuestro artículo revelara el presunto blanqueo de capitales por parte del BGFI Europe, nombre que recibe la filial francesa del banco.

Como el BGFI RDC no está autorizado a realizar transacciones en moneda extranjera, se sirvió del BGFI París como banco corresponsal para realizar numerosas transferencias de dinero, principalmente en dólares.

Así, la sucursal francesa del BGFI realizó transacciones vinculadas a todas las operaciones turbias reveladas por Mediapart y sus socios en la operación Congo Hold-up (El expolio del Congo).

El BGFI de París estuvo implicado en el asunto Sud Oil, una empresa de fachada dirigida por Francis Selemani, en el corazón del sistema que permitió a la familia Kabila malversar 138 millones de dólares de dinero público.

En 2016, BGFI París también permitió que una empresa de propiedad personal de Joseph Kabila transfiriera 500.000 dólares en Bélgica a una empresa que no tiene existencia oficial, a pesar de que esta transacción había sido rechazada unos días antes por el banco maltés Fimbank “por razones de conformidad”.

El BGFI Europe también ejecutó transferencias por valor de casi 5 millones de dólares a una empresa emiratí controlada por Kassem Tajeddine, un empresario financiero libanés sometido a sanciones de Estados Unidos por la presunta financiación de Hezbolá.

También hay pagos validados por el BGFI París en la corrupción del mayor contrato minero de la historia de la RDC. Las dos empresas estatales chinas que controlan Sicomines, la compañía que explota el yacimiento, alimentaron una sociedad pantalla, la Congo Construction Company (CCC), que distribuyó 30 millones de dólares a la familia y al círculo íntimo de Joseph Kabila.

Contactados antes de la publicación de nuestras investigaciones, el grupo gabonés BGFI, BGFI RDC y el director general de BGFI Europa en París no respondieron.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Las cuentas del banco en el centro de la mayor filtración de datos de África, el BGFI, están definitivamente llenas de secretos.

Permiten documentar detalladamente, con un grado de precisión sin precedentes, la forma en que las autoridades congoleñas, bajo el reinado de Joseph Kabila, se enriquecieron desviando decenas de millones de dólares de empresas públicas a las empresas del expresidente o de personas de su entorno.

Pero también contienen información importante sobre las redes económicas que operan fuera del Congo. Amparado por el secreto bancario, se reconstituyó un imperio industrial desmantelado que alimentó las cuentas bancarias de un empresario libanés sospechoso de financiar a Hezbolá.

Por entonces, otra red operaba discretamente tras los cristales tintados del BGFI en Kinsasa. Esta vez nos lleva a India –de donde proceden la mayoría de sus iniciadores–, pero también a Hong Kong, China, Reino Unido y Francia, donde tienen residencia sus beneficiarios.

Según los cálculos de RFI y de la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAF), que han investigado juntos la filtración de documentos que conforman Congo hold-up (El expolio del Congo), consiguió transferir al extranjero cerca de 350 millones de dólares en cuatro años, a pesar de que todas las señales de alerta contra el blanqueo de capitales estaban en rojo: depósitos de enormes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido, transferencias a paraísos fiscales y facturas falsas.

Varias fuentes, entre ellas de funcionarios congoleños, con la condición de permanecer en el anonimato por temor a represalias, confirman que se trata de un blanqueo de dinero a gran escala y que el BGFI no es el único banco que ha hecho la vista gorda.

De los 350 millones de dólares, 4,8 millones acabaron en Francia. A pesar de los documentos bancarios que prueban estos flujos de dinero, varias de las empresas francesas implicadas niegan estar vinculadas a una red de blanqueo de capitales.

Estas revelaciones son parte de Congo hold-up (El expolio del Congo), una investigación basada en la filtración de 3,5 millones de documentos bancarios confidenciales del banco BGFI obtenidos por Mediapart (socio editorial de infoLibre) y la ONG PLAAF, y compartidos con 19 medios de comunicación y cinco ONG bajo la coordinación de la EIC.

“¿Cómo es posible que con tan poca experiencia la empresa obtenga beneficios millonarios?”. Desde su despacho en París, la directora del departamento de Cumplimiento  de la sucursal del BGFI en París, encargada de comprobar la legalidad de las operaciones del banco, no puede ocultar su sorpresa. Ève D. estaba examinando varias transferencias realizadas por una empresa llamada Nizal y pidió detalles a sus colegas congoleños por correo electrónico.

Oficialmente, Nizal la constituyó el 31 de diciembre de 2015 un congoleño de 24 años, Benie Nsimba Madumukina, residente en Kinsasa. ¿Sus actividades? Varias: “Comercio en general, tránsito, transporte terrestre de personas y mercancías, minería y silvicultura, mantenimiento de edificios, carreteras, subcontratación, importación-exportación” y “todas las operaciones legales de cualquier tipo, ya sean industriales, mobiliarias, inmobiliarias o financieras”, dicen los estatutos de la empresa sin ningún orden.

Nizal no tiene presencia en la Red, ni ninguna marca en el país, ni contratos conocidos con grandes empresas o instituciones. Sin embargo, en sus primeros años de existencia, ha registrado una actividad espectacular.

Entre marzo de 2016 y enero de 2018, según los cálculos realizados por un perito contable a petición de Congo hold-up (El expolio del Congo) esta empresa cobró más de 135 millones de dólares en depósitos en su cuenta en el BGFI. Los fondos se depositaron en efectivo en varias sucursales del BGFI: en Kinsasa, la capital, pero también en Lubumbashi, en la antigua provincia de Katanga, y en Mbuji-Mayi, en el este de Kasai.

En cuanto se depositan, vuelven al extranjero. En el mismo periodo, Nizal transfirió 138 millones de dólares fuera del Congo. La joven empresa parece estar encontrando rápidamente salidas internacionales: envía dinero a los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Suiza –todos ellos paraísos fiscales–, pero también a China, Canadá, Egipto, Japón, Nigeria, Pakistán y Turquía.

En la sucursal parisina del BGFI, por la que pasan estas transacciones, su caso llama la atención. Ève D. pide a sus colegas del BGFI RDC detalles sobre esta sorprendente empresa, sus beneficiarios y sus actividades.

Las respuestas que le dan no tranquilizan al responsable del departamento de Cumplimiento. En un mensaje fechado el 21 de julio de 2017, enumera las señales de alarma. La lista es abrumadora; uno de los auditores que firmó los últimos estados financieros facilitados por Nizal no figura en el Colegio de expertos contables de la República Democrática del Congo (pero simula estarlo utilizando el número de identificación de otra persona); los estados financieros en cuestión contienen “numerosas incoherencias” y “graves errores contables”; en cuanto al único socio de Nizal, el banco no tiene “ninguna información” sobre él, “no sabe quién es esta persona” y está considerando la posibilidad de que sea un “testaferro”.

Sumando esto a las “incoherencias encontradas en varias facturas y recibos”, a la “sospecha en los SWIFT” o a las “dudas sobre la estructura y la facturación de las transacciones” y a las “falsificaciones de la empresa”, Eve D. concluye que ya no validará las transacciones relacionadas con Nizal.

Las transacciones de Nizal a través de BGFI no cesarían hasta seis meses después, en enero de 2018.

Los documentos Congo hold-up (El expolio del Congo) permiten identificar a otras ocho empresas que operan con el mismo modelo que Nizal y que están vinculadas entre sí. Se llaman Ets Nil Shop, Ets SMB, Ets Boboto, Ets Tuendeleye, Ets Mapendo, Dk-Doing business, Etablissement Aliya y Ets Karibu.

En pocos meses y sin actividad aparente, todas estas entidades han recibido cientos de millones de dólares en efectivo y los han transferido al extranjero. Muchos de ellos no tienen una existencia legal. Cuando la tienen, se reducen a un solo individuo, generalmente desconocido, que recauda millones de dólares de la noche a la mañana, sin ninguna publicidad, antes de caer en el olvido.

Están vinculados por relaciones comerciales, vínculos familiares o el origen geográfico común de sus directivos. El gerente en la práctica de Nizal, Mahmad Munir Khwaja Zulfikar, es también el director de Aliya. Socios de su hermano Tofik Khwaja aparecen entre los beneficiarios de las transferencias de estas nueve empresas. En cuanto a Nil Shop y SMB, están vinculadas a una empresa muy conocida en la RDC, UAC, dirigida por el presidente de la comunidad india en la República Democrática del Congo, Kamlesh Shukla.

La existencia de estos vínculos es uno de los indicadores que pueden señalar una red de blanqueo de capitales, recuerda Denisse Rudich, especialista en prevención de delitos financieros de la ONG The Sentry, colaboradora de Congo hold-up (El expolio del Congo). La experta ve en la información recopilada “muchas cuestiones preocupantes”, entre ellas “el recurso excesivo al efectivo [...], el envío de más dinero al extranjero del que se registra como ingresado en efectivo; la presencia de empresas vinculadas por relaciones familiares o comunitarias [...]; la transferencia de cientos de millones de dólares por todo el mundo, incluso a través de países conocidos por ser países de tránsito para el blanqueo de capitales [...]; la presencia de documentos fraudulentos [...]”. Para ella, todos estos elementos indican “la existencia potencial de una vasta red internacional de blanqueo de capitales”.

“Tenemos aquí todo el engranaje propio de una lavadora de dinero en efectivo que envía grandes cantidades de fondos al extranjero, libre de cualquier control”, abunda Henri Thulliez, director de PPLAAF, una ONG que también ha analizado estos datos durante varios meses.

Este diagnóstico es compartido en la cúpula del Estado congoleño. De más de una docena de funcionarios –del Gobierno, la Presidencia, el Parlamento y los servicios de seguridad– entrevistados en el marco de esta investigación, cinco confirmaron la existencia de redes de blanqueo de dinero dirigidas por ciudadanos indios residentes en la RDC, entre ellos dos poderosas familias del país: los Dhrolia y los Shukla. Estos funcionarios dicen que se basan en la información de sus servicios.

Contactados por RFI, Rahima Dhrolia y Kamlesh Shukla aseguran que no tienen “ningún vínculo con estas redes”. Incluso Shukla insiste en que su empresa es “bien conocida en la RDC”.

“Algunas de estas familias llegaron hace casi 40 años, los padres ya se dedicaban a este blanqueo, pero de forma más modesta”, dice uno de los funcionarios. “Fingen que importan mercancías, pero sus facturas nunca coinciden con lo que importan. Están [blanqueando] en todos los bancos del país”, dice, y añade: “No es fácil actuar contra ellos. Son muy poderosos”.

Mahmad Munir Khwaja Zulfikar y el BGFI RDC no quisieron responder a nuestras preguntas. No fue posible contactar con Béni Madumukina Nsimba, fundador de Nizal.

Varias empresas francesas parecen ser destinatarias de fondos transferidos al extranjero por esta red.

Se enviaron 4,8 millones de dólares a Francia, recibidos por una docena de empresas comerciales y mayoristas. Todos los que aceptaron responder a nuestras preguntas negaron estar implicados en una red de blanqueo de capitales. Sin embargo, algunos de ellos reconocieron que sí habían recibido estos fondos.

Emeraude International es una de ellas. Este grupo comercializador de plásticos “especializado en los países emergentes” cuenta con 150 asalariados. Según varios documentos del BGFI (incluyendo extractos de cuentas y órdenes Swift), entre septiembre de 2016 y abril de 2018, recibió 1,2 millones de dólares de cinco empresas sospechosas de blanqueo de capitales.

Contactado su director financiero, confirmó que la RDC era uno de los países con los que trabajaba Emeraude, pero negó formalmente estar implicado en una red de blanqueo de capitales, “con la RDC o con cualquier otro país”.

Asegura que estas empresas “nunca han formado parte de la clientela de Emeraude International”, pero admite haber recibido fondos de ellas. ¿Cómo es posible? “Estas empresas [...] pagaron las deudas que teníamos con algunos de nuestros clientes en la República Democrática del Congo”, explica.

En otras palabras, la empresa francesa cobraba algunas facturas de una posible red de blanqueo de dinero, que reembolsaba –por alguna razón desconocida– deudas contraídas por otras empresas congoleñas.

Un segundo ejemplo confirma este modus operandi. Otra empresa, ALM International, afirma que “nunca contrató” con Ets Tuendeleye, aunque la empresa aparece en los documentos del BGFI como emisora de una transferencia a ALM el 11 de diciembre de 2017. Pero las cantidades mencionadas, añade la empresa francesa, corresponden a una venta realizada con una tercera empresa.

Así pues, al igual que Emeraude International, la empresa francesa parece haber recibido el pago de ciertas facturas de empresas que no eran aquellas con las que había firmado un contrato.

¿Por qué no comprobaron el perfil de las empresas que les enviaban dinero? Emeraude International considera que no es responsabilidad suya: “Dejamos que los bancos comprueben el origen de los fondos, cosa que no podemos hacer por nuestra parte”, responde su director financiero.

Emeraude también ha tenido relación con dos empresas acusadas por las autoridades estadounidenses de tener vínculos con Hezbolá: Epsilon Trading FZE (que fue uno de sus clientes hasta 2016) y la empresa Optimum Multimodal (que transfirió 1.200 euros a Emeraude International en 2014 y 2015, antes de ser sometida a sanciones estadounidenses).

La segunda empresa francesa que ha recibido más dinero (1,3 millones de dólares) de esta red, Snetor Chimie, que, al igual que Emeraude International, está especializada en el comercio de productos químicos, no ha querido responder a nuestras preguntas.

La caja negra:

Todas las personas, empresas o entidades públicas citadas recibieron preguntas detalladas por escrito. Hicimos todo lo posible pos conseguir una respuesta. Pese a todo, dos empresas francesas beneficiarias de esa posible red de blanqueo, Snetor Chimie y CIPA, no contestaron a nuestras cuestiones, que recibieron por e-mail y por correo certificado.

Una tercera, la sociedad de negocio internacional Global Transit, nos respondió un breve mensaje indicando que las empresas sospechosas de blanqueo (cuyos documentos bancarios indican que recibió fondos) "no forman parte de sus clientes", sin más precisiones.

Saleh Assi (propietario de Optimum Multimodal) no ha respondido a nuestras preguntas sobre las acusaciones de financiación de Hezbolá que se ciernen sobre sus relaciones con varias empresas francesas, entre ellas Emeraude International.

Mahmad Munir Khwaja Zulfijar y el BGFI RDC tampoco han deseado responder a nuestras preguntas. Béni Madumukina Nsimba no ha podido ser localizado.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Enarbolando un kalashnikov y con un reloj de lujo en la muñeca. En esta foto tomada en marzo de 2010 por la revista Le Panafricain, André Grossmann parece encantado. Antiguo técnico aeronáutico suizo reconvertido en relojero de lujo, asistió al lanzamiento del programa “Armas por 50 dólares” en Kitshanga, en Kivu Norte, provincia del este de la República Democrática del Congo, asolada entonces por enfrentamientos entre milicias armadas y masacres de civiles. En las últimas semanas, el relojero ha encontrado otra vocación: la de “coordinador” en Suiza de la ONG congoleña PAREC (Programa Ecuménico para la Paz, la Transformación, el Conflicto y la Reconciliación), que dirige esta extraña operación.

Patrocinada por el presidente de la RDC, Joseph Kabila, la ONG organiza desde 2005 recogidas periódicas de armas y material militar, a cambio de un billete de 50 dólares, una bicicleta o un trozo de metal. Su fundador, el pastor metodista Daniel Ngoy Mulunda, considerado entonces asesor espiritual de Kabila, siempre ha explicado que el objetivo era “pacificar” esta parte del país. Sin embargo, en los círculos de la oposición congoleña, estas acciones de alto nivel suscitan muchas reservas sobre el origen del dinero utilizado para comprar las armas y sobre el posible tráfico que podría derivarse de ello.

Sea como fuere, André Grossmann tenía otras cosas en mente ese día. El suizo estaba a punto de conseguir un lucrativo contrato con el Estado congoleño para su empresa de relojería y joyería Horus, entonces con sede en Mónaco. Se trataba de un contrato extravagante, ya que implicaba el suministro y la instalación de cinco relojes monumentales ultramodernos en cinco ciudades de la República Democrática del Congo, en Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu y Mbuji-Mayi. El propio presidente Joseph Kabila, gran amante de los relojes de lujo, apoyaba este proyecto “Made in Switzerland”, financiado íntegramente por el gobierno congoleño en el marco de la celebración del 50º aniversario de la independencia del país en junio de 2010.

Las piezas, entre obras de arte y mobiliario urbano, son impresionantes, al menos sobre el papel. Tienen seis metros de alto y siete de ancho, y deben fabricarse con materiales y cristales de última generación y funcionarán con energía solar.

El análisis de 3,5 millones de documentos bancarios del BGFIBank, obtenidos por la ONG PPLAAF y compartidos con Public Eye, nos ha permitido reconstruir la historia que nunca vio la luz de este capricho relojero, mientras que el Estado congoleño, como hemos podido documentar, sí perdió varios millones de dólares hasta 2018, parte de los cuales fueron a parar al Banco Cantonal de Friburgo y a la cooperativa bancaria Raiffeisen de Suiza.

Esta rocambolesca historia cuenta la historia de cómo un pequeño joyero y relojero, lastrado por las deudas en Suiza y Mónaco, pero con el apoyo del entorno del presidente Kabila, puso sus ojos en uno de los países más pobres y corruptos del mundo para llevar a cabo sus negocios con poca transparencia, con la complicidad pasiva de Suiza, de sus bancos y de sus fiduciarios.

Hemos hallado un contrato por valor de más de 4,5 millones de dólares, firmado el 18 de enero de 2011 por André Grossmann (en nombre de Horus Monaco) y el ministerio congoleño de Infraestructuras, Obras Públicas y Reconstrucción, que actuaba a través del departamento de urbanismo Bureau d'Études d'Aménagement et d'Urbanisme (BEAU). El documento estipula que el “suministro e instalación de cinco relojes monumentales” debe realizarse en un plazo de veinte meses, y prevé, en el momento de la firma, el pago de un depósito del 30% del importe total. La operación se desarrolló sin problemas: el 1 de marzo de 2011, el relojero suizo recibió más de 1,3 millones de dólares en una cuenta abierta a su nombre en Rawbank, el principal banco privado de la RDC.  

El dinero procedía del Fonds National d'Entretien Routier (FONER), un organismo público congoleño [para el mantenimiento de la red viaria] dirigido en aquel momento por una persona cercana a Joseph Kabila. Al principio es difícil entender la lógica de esta transacción. El pago despertó así las sospechas en la sucursal parisina del BGFI, el banco por el que debe pasar el BGFIBank DRC para los pagos en moneda internacional. “Dada la identidad del beneficiario de la transferencia y la naturaleza de los productos que comercializa, existe un riesgo muy alto de que, si realizamos la transacción, los fondos sean bloqueados permanentemente por otro establecimiento”, advierte un responsable del servicio de Cumplimiento parisino en un correo electrónico. Mostraba así su preocupación por un artículo de prensa sobre André Grossmann, el miembro de la jet set y su negocio de relojería en la Costa Azul. En Kinsasa, los banqueros defienden la causa del “relojero” que quiere “embellecer las carreteras” para instalar sus relojes monumentales. Finalmente, se forzará el pago –la jerga empleada para la ejecución de un importe– a través de otro banco.

André Grossmann siempre se las ha arreglado para salir airoso. Así que cuando firmó el primer borrador del contrato en Kinsasa (porque habría otros), estaba al borde de la quiebra. El 28 de enero de 2011, su empresa Horus Monaco fue declarada en quiebra por el Tribunal de Primera Instancia de Mónaco. Rescatado con dinero público congoleño, el relojero suizo decidió entonces abandonar el pequeño país de la Costa Azul. En otoño de 2011, registró Horus Luxury (Switzerland) SA en el registro mercantil suizo. Domicilia la empresa en Vessy, en el cantón de Ginebra. Esta entidad sustituirá a Horus Monaco en el contrato congoleño y, un año después, abrirá varias cuentas bancarias en el BGFIBank DRC.

En el pequeño mundo de la relojería de lujo, André Grossmann, oriundo de Neuchâtel, ha dejado un colorido recuerdo. Una fuente lo describe como “un tipo muy simpático, derrochador, fascinantemente descarado, siempre misterioso y que cambiaba continuamente de número de teléfono”. El hombre irrumpió, con su marca Horus, en el panorama en 2008 en plena crisis financiera. Se movía entre Mónaco, Saint-Tropez, Montreux y Abu Dabi. Vendía joyas y relojes caros a los amantes de las piezas raras. “Cuesta una fortuna fabricarlos y Horus a veces hacía de 25 a 30 piezas, lo que no tenía sentido económico”, dice esa fuente, antes de añadir: “Suiza está llena de gente extraña que gira en torno a la industria relojera”.

En 2012, la web Business Montres & Joaillerie hizo una lista de “marcas desaparecidas (o casi)”. Horus estaba en ella. “En unos pocos meses de iniciativas extravagantes, fundió la tesorería disponible, los proveedores se preocuparon, los coleccionistas se vieron estafados y el creador [André Grossmann] desapareció de los horizontes europeos”, ironizaba la revista digital.

André Grossmann ya había puesto sus ojos en la RDC y había hecho amigos en los círculos kabilistas. El antiguo director de una de sus empresas suizas le confió que a menudo le oía hablar de sus contactos “en torno a la presidencia”. Como ya se ha dicho, está en la agenda del influyente pastor Daniel Ngoy Mulanda.

Este predicador recorrió el este de la RDC para explicar que “con la ayuda de Dios los delincuentes pueden convertirse en buenos ciudadanos”. No duda entonces en posar delante de montañas de viejos rifles oxidados y kalashnikovs, recuperados a cambio de un billete. Su carrera está en pleno ascenso al ser nombrado, para las elecciones de 2011, presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), acusada, entre otras cosas, de haber organizado el fraude electoral masivo que permitió la reelección de su mentor, Joseph Kabila. El clérigo duerme ahora en prisión, condenado en enero de 2021 por “incitación al odio tribal”.

En octubre de 2010, Daniel Ngoy Mulunda se encontraba de paso en Montreux, siguiendo el rastro del presidente Joseph Kabila, que había acudido a la XIII cumbre de la Francofonía. El predicador, siempre muy inspirado, dio una rueda de prensa en un palacio de Montreux sobre su “misión de pacificación” en el este del Congo. En un vídeo colgado en YouTube sele ve acompañado de los dos “coordinadores” en Suiza de su ONG PAREC: André Grossmann y un congoleño, representante del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia, Parti (PPDR), el partido pro-Kabila.

André Grossmann explica que había “sacado dinero de debajo de las piedras” para apoyar la “operación de armas por 50 dólares”, pero evitar mencionar los lucrativos contratos que negocia paralelamente a sus compromisos “humanitarios”.

Porque no sólo existe el contrato de los relojes gigantes. También está el contrato de los relojes de pulsera. André Grossmann consiguió establecerse como proveedor del Comité Organizador Nacional (CON) de la XIV Cumbre de la Francofonía, que se celebró en Kinsasa en octubre de 2012. Esto demuestra sus excelentes conexiones con la élite congoleña. El CON recibió decenas de millones de fondos públicos congoleños a través de un préstamo del BGFIBank DRC y gasta a manos llenas, comprando coches, muebles, ropa, equipamiento y regalos para repartir entre los participantes.

Mediapart (socio editorial de infoLibre) calculó que se gastó 90 millones de dólares en dos días de cumbre, mientras que a la prensa, en aquel momento, se le dijo que el presupuesto fue de 20 millones. Un derroche tremendo en un país donde la renta nacional bruta (RNB) per cápita era entonces de 32 dólares al mes. Pero no igual de lucrativa para todos.

Los documentos bancarios a los que hemos tenido acceso demuestran que, entre septiembre y octubre de 2012, el Comité Organizador Nacional compró 300 relojes de lujo al relojero suizo por un importe que superó el millón de dólares. Este dinero llegó al Banco Cantonal de Friburgo, sucursal de Châtel-St-Denis, en tres pagos. Los relojes estaban pensados para ser regalados y costaban entre 2.000 y 5.000 dólares cada uno. Un exadministrador suizo de Horus Luxury asegura que sí fueron entregados a la RDC.

“Confirmo estas compras”, indicaba el comisario general del comité organizador, Isidore Ndaywel, entrevistado por Mediapart. “No tienen ningún vínculo con la Francofonía. El jefe de Estado congoleño había decidido ofrecer a sus invitados relojes de lujo”. Este regalo también se menciona en una lista de regalos recibidos por el primer ministro canadiense, Stephen Harper. Un detalle curioso: estos relojes de lujo fueron pagados indirectamente con la ayuda oficial francesa al desarrollo. El Estado francés contribuyó con 1,6 millones de euros a la organización de la XIV Cumbre de la Francofonía.

El 10 de enero de 2013, el CNO realizó un último pago de 200.000 dólares, que esta vez sí, llegó al BGFIBank DRC, donde Grossmann tiene una cuenta, abierta en octubre de 2012, a nombre de Horus RDC SPRL, entidad que entonces no estaba registrada en el registro mercantil congoleño. Casi todo este dinero se retiró en efectivo –120.000 dólares el mismo día y 77.000 dólares al día siguiente– sin que se pudiera determinar a quién iban destinados los fondos. Aunque la mayoría de los pagos en la RDC se realizan en efectivo, la ley prohíbe en principio cualquier retirada de dinero en efectivo que supere los 10.000 dólares sin justificación. Esta es una norma que el BGFIBank ha ignorado en gran medida. En cualquier caso, Horus no necesitaba pagar a los proveedores locales para fabricar sus relojes suizos.

Al parecer, la cuenta de Horus RDC se abrió con el único fin de recibir los 200.000 dólares del Comité Organizador Nacional de la XIV Cumbre de la Francofonía, que fueron retirados inmediatamente en efectivo. Permanecerá inactivo, con los únicos movimientos del pago de las comisiones bancarias (agio)... hasta 2018, año en que se reactivará el otro proyecto, el de los relojes gigantes.

Pero mientras tanto, el megalómano proyecto en curso no ha llamado la atención de nadie. Nadie habla de ello, ni en los medios de comunicación congoleños ni en otros lugares. 

A finales de abril de 2011, un anónimo anunció en un foro de discusión que el presidente Kabila quería erigir en Goma (Kivu del Norte) “un monumento gigante con uno de los relojes más grandes del mundo”. También decía que una delegación había ido allí para realizar “estudios de viabilidad” y presentar un modelo. En una rotonda –llamada rotonda BDGL–debía emerger esta obra, “cuya finalidad es dar un brillo especial a la ciudad turística de Goma”. El anuncio no tuvo consecuencias.

Contactados por Public Eye, dos periodistas que viven en esta gran ciudad del este de la RDC dijeron que nunca habían oído hablar del proyecto. A día de hoy, la rotonda sigue tan verde como siempre. Hace poco más de un año, una emisora de radio local anunció que los jardineros responsables del mantenimiento del lugar llevaban dos meses reclamando sus salarios impagados. Parece que sólo los banqueros del BGFIBank DRC estaban informados de la evolución caprichosa del proyecto.

Tras recibir un anticipo de 1,3 millones de dólares en marzo de 2011, André Grossmann parece pasar por un periodo de vacas flacas. Su cuenta en el BGFIBank RDC tiene problemas, como muestran los datos de Congo Hold-Up (El expolio del Congo). A finales de 2015, presenta un descubierto de 12.245,73 dólares, y Horus RDC figura en la lista de créditos comprometidos del banco.

En una reunión con sus banqueros congoleños en febrero de 2016, la empresa suiza alude a “importantes retrasos en la ejecución de los pagos de los relojes monumentales y ultramodernos”. Presentó una carta del ministro de Infraestructura y Obras Públicas, fechada el 22 de septiembre de 2015, en la que se confirmaban tres pagos venideros: “Ascienden a un total de 2.389.447 dólares previstos en la cuenta del cliente en nuestros libros”, escribieron sus interlocutores, que aparentemente mostraron gran tolerancia. La cuenta de Grossmann estaba entonces bajo la responsabilidad del gestor de activos Moreau Khagoma, estrecho colaborador de Francis Selemani, director general del BGFIBank DRC, que supervisa las cuentas del clan Kabila.

Los millones prometidos no llegarán, y habrá que esperar otros tres años para que la situación se desbloquee. El 7 de marzo de 2018, el entonces ministro de Finanzas, Henri Yav Mulang, envió a su homólogo del Ministerio de Presupuesto una “solicitud de liquidación por procedimiento excepcional de 958.100 dólares”, “para el pago del saldo de las obras relativas al proyecto de suministro e instalación de cinco relojes en provincias”, según el documento al que hemos tenido acceso.

El Banco Central del Congo (BCC) acude al rescate del relojero suizo.

Entre el 5 de abril y el 5 de noviembre de 2018, Horus RDC recibió en su cuenta en el BGFIBank RDC cuatro pagos en dólares por un importe total de 928.085 dólares.

Para cobrar estos fondos estatales, André Grossmann se vio obligado a crear a toda prisa una estructura congoleña: Horus RDC SARL. El gobierno congoleño argumentó que Horus Luxury Switzerland no contaba con los estatutos “que le permitieran llevar a cabo dichas obras [los relojes gigantes] y no está en condiciones de cobrar los fondos del gobierno y llevar a cabo las diversas tareas administrativas”.

La entidad, inscrita en el registro mercantil congoleño el 6 de abril de 2018, cuenta con dos socios: el propio relojero suizo y una congoleña, Lydia Zaina Mwange, que tiene el título de directora.

Tras esta llegada de fondos públicos, la cuenta de Horus RDC en el BGFIBank cobró vida: al día siguiente del primer pago del Banco Central del Congo, André Grossmann retiró 122.000 dólares en efectivo. Luego, 100.000 euros un mes después. ¿Tenía proveedores a los que pagar en la RDC? El Bureau d'Etudes et d'Aménagement et d'Urbanisme (BEAU), que fue el gestor delegado del proyecto, recibió 46.000 dólares.

Una parte del dinero ingresado por el Banco Central del Congo en la cuenta de Horus RDC acabaron también en Suiza. André Grossmann se había sacado de la manga una nueva empresa, AWG HI-TECH CONCEPTS SA, que los banqueros del BGFIBank describen en su correspondencia como el “mayor proveedor” del relojero. 

Sin embargo, es una empresa que él mismo registró a finales de 2014 en su casa de Château-d'Oex, un tranquilo pueblo de los pre-Alpes de Vaud. El capital de AWG HI-TECH CONCEPTS SA está entonces en manos de acciones al portador, que permiten a sus titulares mantener el anonimato ante el banco y ante las autoridades. Este régimen, muy habitual entre los delincuentes de cuello blanco, desapareció en Suiza en mayo de 2021.

Entre el 7 de mayo y el 6 de noviembre de 2018, esta empresa, que 15 meses antes se había librado por poco de la quiebra, recibió en el banco Raiffeisen de Château-d'Œx 400.000 dólares y 95.783,89 euros. Los conceptos de los pagos eran “otros suministros de relojería”, “COMPRA DE EQUIPOS Y OTROS RELOJEROS” y “GASTOS DE INGENIERÍA”. 

Los 400.000 dólares se destinan a la “producción, el transporte y la instalación de las dos primeras obras en la RDC”, con 250.000 dólares para la compra de equipos, 40.000 dólares para la mano de obra, 30.000 dólares para los costes de ingeniería y 80.000 dólares para la logística Suiza-RDC en las distintas provincias. Y hasta ahí el dinero, ya que el contrato original era para un solo reloj de 900.000 euros. La factura de AWG HI-TECH CONCEPTS SA a Horus DRC –factura que Grossmann se emitió a sí mismo– menciona un anticipo de 100.000 dólares. 

Pero el dinero tardó en llegar. En ese momento, el relojero habla con su banquero del Raiffeisen de Vaud, que le pide documentos adicionales, incluido el antiguo contrato firmado en 2011, y le indica a su cliente cómo comunicarse en mensajes cifrados.

André Grossmann también se paga a sí mismo 45.000 dólares en concepto de derechos de autor, en el Banco Cantonal de Friburgo, en la cuenta de Horus Luxury (Suiza SA). Se trata de una medida insuficiente, ya que la empresa está en las últimas. Dos semanas antes, el Tribunal de Primera Instancia de Ginebra ordenó su liquidación. Desapareció del registro mercantil en marzo de 2019. 

¿Esta liquidez le permitió al empresario encarrilar por fin su proyecto?

En octubre de 2018, una emisora de radio local de la región del Jura difundió una curiosa noticia en la que alababa las proezas de una “jovencísima marca suiza, Amani, paz en suajili”, a la que se le había encargado la fabricación de cinco relojes de alta tecnología para la RDC. A continuación, la radio anuncia la inminente entrega de uno de los relojes a la RDC, siete años después de la puesta en marcha del proyecto. El periodista afirma además que el diseño y la construcción se encargaron a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Friburgo y que “60 personas” trabajaron en el proyecto.

Amani Time Switzerland SA es solo la última empresa que André Grossmann ha registrado –una más– en abril de 2019. Esta vez, lo hizo domiciliando su empresa con un fideicomisario en Lutry, un pueblo vinícola del lago Leman.

Contactado el portavoz de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Friburgo, no se mostró muy comunicativo, respondió que “este antiguo proyecto nunca había visto la luz” y que no quería decir nada más sobre el tema.

¿Podría ser ésta la historia de un pequeño relojero suizo que nunca pudo realizar el negocio de sus sueños, ante la mala gestión financiera y las prácticas depredadoras en la RDC? Es difícil de decir, dados los documentos a los que hemos tenido acceso, pero nos hubiera gustado escuchar la versión del principal interesado. André Grossman no respondió a nuestras preguntas, enviadas por correo electrónico en varias ocasiones. Volvimos a contactar con él a través de su fideicomisaria de Lutry. Sin éxito.

Ninguno de sus bancos en Suiza quiso hacer comentarios. El banco Raiffeisen respondió que “la información relativa a cualquier relación comercial está sujeta al secreto bancario”. El Banco Cantonal de Friburgo se remitió a su “obligación de discreción (art. 47 de la Ley Federal de Bancos) que no nos permite dar curso a su solicitud”. 

El Banco Central del Congo, el Ministerio de Infraestructuras congoleño y el Ministerio de Finanzas guardan silencio, al igual que el exministro Henri Yav Mulang.

En cualquier caso, los relojes gigantes parecen decididos a seguir viviendo su propia vida. El sitio web de Amani Time los sigue presentando como “un puente entre Suiza y la República Democrática del Congo”, así como “un formidable símbolo de modernidad y paz en el este de la RDC, que hace sólo unas décadas sufrió el mayor genocidio de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial”. También SE insiste en el impulso del proyecto por parte de “Su Excelencia, Joseph Kabila”.

Como mensaje de esperanza, el pueblo congoleño, víctima habituales del despilfarro o del robo de fondos públicos, podría soñar con algo mejor. Sus relojes gigantes “Made in Switzerland” ni siquiera dan la hora una vez al día.

Traducción: Mariola Moreno

Los auditores internos de la filial del Groupe BGFI Bank en la República Democrática del Congo se quedaron sin palabras. Un empresario chino acababa de salir de una de sus sucursales con 13.624 billetes de 100 dólares, 10.001 de 50 y casi 43.000 billetes más pequeños, a pesar de las instrucciones explícitas que le prohibían hacerlo.

“La cuenta está totalmente vacía”, escribió Yvon Douhore, jefe de un equipo de auditoría interna en la capital de la República Democrática del Congo, en un correo electrónico ese día, el 5 de julio de 2018, tras percatarse de la retirada. "No tengo palabras", le respondió un colega al día siguiente.

El mes anterior, el departamento de cumplimiento de Groupe BGFI Bank en el Congo había congelado las cuentas de la firma de la empresa, Congo Construction Company (CCC), porque al archivo del cliente le faltaban documentos clave, según los registros del banco. Un historial de transacciones revisado por Bloomberg News como parte de la mayor filtración de información financiera de África mostró un problema aún mayor: sus conexiones políticas.

Durante un período de cinco años, decenas de millones de dólares fluyeron a través de las cuentas de CCC hacia personas y empresas estrechamente relacionadas con el entonces presidente del Congo, Joseph Kabila, todo ello en un banco que era en parte propiedad de su hermana y dirigido por su hermano, Selemani Francis Mtwale. Pero una serie de escándalos obligó a la empresa matriz del prestamista en Gabón a reconsiderar su apoyo a la familia presidencial. Destituyó a Selemani como director general en mayo de 2018 y luego reclamó el 40% de la participación de la hermana de Kabila, quien aseguró que nunca la había pagado.

Los colegas de Douhore bloquearon las cuentas mientras realizaban una autopsia del mandato de Selemani. Sin embargo, alguien en el banco seguía autorizando las transacciones, hasta la retirada final de 2,5 millones de dólares en efectivo en julio de 2018. Al analizar los documentos del BGFI –incluidos en la mayor filtración de archivos financieros del continente africano– se entiende el porqué: Douhore estaba asistiendo impotente al acto de cierre del discreto papel de CCC como intermediaria entre los grupos mineros chinos y el clan Kabila.

Durante más de seis meses, Bloomberg News y sus socios en la investigación han revisado más de 3,5 millones de documentos bancarios que ofrecen una visión sin precedentes de cómo operaban algunos de los principales actores en la toma de control de la industria minera congoleña por parte de China durante la presidencia de Kabila. La información la ha obtenido el grupo anticorrupción con sede en París Platform to Protect Whistleblowers in Africa (Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África) y Mediapart (socio editorial de infoLibre). La filtración fue compartida con cinco organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC).

Las investigaciones, bautizadas como Congo Hold-Up: El expolio del Congo, demuestran hasta qué punto la familia más poderosa del país utilizó el banco para servir a sus intereses privados y cómo al menos 138 millones de dólares en fondos estatales transitaron por el BGFI hacia los familiares y asociados de Kabila. La nueva información también arroja luz sobre algunos de los mecanismos hasta ahora desconocidos con los que las empresas chinas llegaron a controlar las riquezas minerales de una de las naciones más pobres del mundo.

El grupo anticorrupción The Sentry, con sede en Washington DC, utilizó los datos bancarios para publicar un informe sobre los vínculos financieros de la familia Kabila con empresas mineras chinas. Bloomberg tuvo acceso a los documentos y conclusiones de la organización antes de la publicación del informe. Durante varios meses, la agencia logró de forma independiente documentos adicionales y habló con personas de varios continentes para confirmar y completar la información.

En un comunicado colgado en su sitio web el pasado día 23, después de que se publicaran las primeras revelaciones del Congo Hold-up: el expolio del Congo, BGFI asegura que, si bien critica la filtración y pone en duda la autenticidad de los documentos a los que ha tenido acceso el consorcio de investigación, "condena enérgicamente los actos contrarios a la ley y a la ética que puedan haberse cometido en el pasado dentro de su filial BGFIBank RDC SA y de los que sus empleados podrían haber sido autores o cómplices". El banco añade que había reestructurado su propiedad de la unidad del Congo en 2018, que realizó una auditoría interna para identificar los métodos que podrían haberse utilizado para eludir los controles, que nombró una nueva dirección y presentó una denuncia ante la fiscalía para determinar quiénes eran los responsables de los supuestos actos y sancionarlos.

No es la primera vez que BGFI está en el centro de las acusaciones de corrupción en el Congo. Hace cinco años, un exempleado del departamento de cumplimiento del BGFI en Congo compartió miles de documentos del banco con medios de comunicación, incluyendo Bloomberg, que mostraban cómo Selemani había desviado millones de dólares en fondos públicos al banco y a una empresa propiedad de algunos de los aliados más cercanos de Kabila. La nueva filtración de documentos muestra que esa era sólo una parte de la historia.

Tras sustituir a su padre, asesinado en 2001, y negociar el fin de una brutal guerra civil, Kabila abrió las vastas reservas de cobre y cobalto del país a los inversores internacionales. Pero las empresas occidentales, que al principio estaban entusiasmadas con el Congo de Kabila, se han ido retirando. BHP Group, Anglo American Plc, DeBeers Corp. y Freeport McMoRan Inc. han vendido minas o abandonado proyectos. Las que se quedaron a menudo formaron asociaciones de alto riesgo que ahora son objeto de investigaciones por corrupción, incluida una del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Glencore Plc y otras dos de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido sobre Glencore y Eurasian Natural Resources Corp. Glencore dice que está cooperando con las autoridades. ENRC niega haber actuado mal.

Estos movimientos han dejado vía libre a empresas chinas deseosas de ampliar su control sobre el suministro de dos metales que se extraen juntos en el Congo y que están en el centro de la incipiente revolución de los vehículos eléctricos. En menos de una década, las empresas chinas han pasado de ser contribuyentes menores a representar la mitad de la producción de cobalto del Congo y cerca del 70% de su producción de cobre, según el principal grupo de presión empresarial del Congo.

La pieza central de esta transformación es un acuerdo de 6.200 millones de dólares de minerales por infraestructuras, la mayor inversión de la historia del Congo, encabezada por la empresa estatal China Railway Group Ltd. y Power Construction Corp. of China, conocida como Powerchina.

En 2008, los dos gobiernos acordaron que las empresas chinas financiarían infraestructuras por valor de 3.000 millones de dólares y construirían un proyecto de cobre y cobalto de 3.200 millones de dólares conocido como Sicomines, cuyos beneficios, inicialmente libres de impuestos, amortizarían ambas inversiones. Los partidarios del acuerdo lo saludaron como un símbolo de orgullo del nuevo modelo chino de financiación del desarrollo en el que todos ganan, una alternativa a las estrictas condiciones impuestas a los préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dominados por Occidente.

Al mismo tiempo, el gobierno congoleño otorgó a una filial de China Railway un contrato sin licitación para reconstruir y mantener la carretera que va desde el centro minero de Lubumbashi hasta la frontera con Zambia, con peajes para financiar las obras. La carretera es la principal vía de exportación del cobre y el cobalto congoleños, lo que la convierte en una de las rutas más lucrativas de África. Decenas de miles de camiones cargados de metales pagan las tasas de concesión, que actualmente son de 300 dólares, para hacer el viaje de ida y vuelta. El peaje generó 302 millones de dólares entre 2010 y 2020, según una auditoría gubernamental inédita a la que ha tenido acceso Bloomberg.

Kabila creó una agencia gubernamental (Bureau de Coordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais) para supervisar la relación con China, que dependía directamente de él, y nombró a un estrecho aliado, Moise Ekanga, para dirigirla. Resulta que Ekanga estaba pluriempleado como director de operaciones de una empresa privada propiedad de la familia Kabila, según muestran los documentos corporativos y los contratos revisados por Bloomberg. La empresa, Proyectos e Inversiones Estratégicas (SPI), se benefició enormemente de la creciente presencia de China.

SPI tuvo una participación del 40% en el negocio de las autopistas de peaje hasta 2015, y luego se hizo con el control de la empresa. La auditoría, realizada por una agencia contra la corrupción bajo el gobierno actual, afirma que desde la salida de China Railway hace seis años, la empresa de peaje ha malversado 121 millones de dólares. Bloomberg no ha podido verificar de forma independiente esta acusación.

Un empresario chino llamado Cong Maohuai, propietario del hotel de Kinsasa donde CCC tiene una oficina, indicó a esta investigación que había adquirido el control de la empresa de peaje en noviembre de 2016. Sin embargo, la información disponible en el registro de empresas del Congo sigue indicando que SPI es el único accionista. Cong se negó a proporcionar la documentación que demuestra el cambio de propiedad, alegando cuestiones de confidencialidad. También rechazó las conclusiones de la auditoría: "Me reafirmo en que nunca hubo malversación [en el contrato de concesión]". Ni China Railway ni el hermano menor de Kabila, Zoe, accionista fundador de SPI, respondieron a las múltiples peticiones de comentarios de Congo Hold-up: el expolio del Congo.

No está claro cuánto pagó SPI, si es que pagó algo, a China Railway para hacerse con la empresa de autopistas de peaje en 2015. Las actas de una reunión del consejo de administración en la que se aprobó la transferencia de acciones no mencionan ninguna compensación. Pero hay rastros de lo que la empresa hizo con al menos parte del dinero que ganó: lo envió a CCC.

Entre junio de 2013 y enero de 2016, los documentos del BGFI muestran que la empresa de peaje hizo 41 transferencias a CCC, por valor de 7,8 millones de dólares. El dinero se sacó casi todo en efectivo.

El propietario de CCC era un aspirante a académico nacido en 1979 en Liaoning, China, llamado Du Wei. Comenzó a trabajar en África en los primeros años 2000 y en agosto de 2016 escribió un artículo para el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Wuhan en el que lamentaba la tendencia de las empresas chinas a utilizar "medios sin escrúpulos" para conseguir grandes proyectos, según un artículo que Du escribió y que The Sentry cita en su informe.

Du, conocido como "David" en el Congo, trabajó para Sicomines durante tres años hasta 2012, cuando se convirtió en consultor de la agencia de Kabila en China, según su perfil de LinkedIn. Ese es también el año en que constituyó CCC con Guy Loando, un abogado congoleño de 29 años por aquel entonces, y abrió una cuenta de empresa en el BGFI.

Entre febrero y julio de 2013, CCC, que no tenía ningún proyecto de construcción conocido, recibió 18 millones de dólares de cuentas bancarias en China y Hong Kong que estaban en manos de cuatro empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas. CCC también remitió más de 1,7 millones de dólares a las cuentas personales de Du en el Congo y Hong Kong, según muestran los documentos del BGFI.

Sicomines no respondió a las preguntas del consorcio de investigación. La embajada china en Kinsasa, por su parte, responde que su gobierno "siempre pide a las empresas chinas que trabajan en la RDC que respeten estrictamente las leyes y reglamentos locales" y que "lleven a cabo los proyectos de cooperación de forma beneficiosa para todos". Los inversores chinos "nunca deben interferir en los asuntos políticos congoleños", dijo un portavoz de la embajada por correo electrónico.

Du no respondió a las preguntas. Su WhatsApp y una de sus cuentas de correo electrónico fueron eliminadas después de que el consorcio hiciera numerosos esfuerzos para ponerse en contacto con él.

Aunque Sicomines entró en producción en 2015, no podrá alcanzar su plena capacidad de 250.000 toneladas métricas de cobre al año hasta que tenga un suministro fiable de electricidad. Para garantizarlo, la empresa propuso construir una presa cerca del pueblo de Busanga. El proyecto, de 600 millones de dólares, iba a formar parte originalmente del acuerdo de minerales por infraestructuras. Pero en julio de 2016, China Railway y Powerchina crearon una nueva empresa con la minera estatal congoleña Gécamines, que posee el 32% de Sicomines, para hacerse con la central hidroeléctrica de 240 megavatios. Esta vez, el 15% de la participación estatal fue a parar a una entidad hasta ahora desconocida llamada Congo Management Sarl (Coman).

Los esfuerzos de esta investigación por contactar con los dos accionistas de Coman han sido infructuosos, pero la empresa tiene fuertes vínculos con personas del entorno de Kabila. Coman está representada por el antiguo abogado personal del ex presidente y gestionada por un empleado de la agencia de Kabila en China. Además, en las cuentas de Coman y CCC se realizaron transacciones financieras que parecen ser un espejo. En noviembre de 2016, Du retiró 430.000 dólares de la cuenta de la empresa. Ese mismo día apareció un depósito de igual cuantía en la cuenta de Coman en BGFI. Un año después, casi la misma cantidad fue retirada por el presidente de una empresa de la que son copropietarios la hermana y la cuñada de Kabila, según los registros a los que ha tenido acceso Congo Hold-up: el expolio del Congo.

Un hombre que poco después se convirtió en el gerente de una filial de Coman también recibió un millón de dólares de CCC en mayo de 2017, dinero que, según los registros bancarios, procedía de Sicomines.

Ni Norbert Nkulu, ex abogado de Kabila y representante legal de Coman, ni Claudine Paony, gerente de la empresa, respondieron a las preguntas enviadas por el consorcio. Kabila designó a Nkulu, un antiguo ministro, para formar parte del Tribunal Constitucional del Congo en mayo de 2018.

Du comenzó a reestructurar CCC en marzo de 2017. En primer lugar, la empresa se hizo con un permiso de extracción de fosfatos propiedad de Allamanda Trading Ltd., cuyo representante es copropietario de varias empresas con la persona que dirigía la empresa agrícola de Kabila. A continuación, Du adquirió la participación del 20% en CCC que poseía Loando, el abogado congoleño, y transfirió todas las acciones de la firma a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Harefield Overseas Ltd.

En enero de 2018, China Molybdenum Co. compró CCC y su licencia de fosfato por 40 millones de dólares. China Moly había llegado recientemente al Congo al adquirir el control de la gigantesca mina de cobre-cobalto Tenke Fungurume en una operación de más de 3.000 millones de dólares. El año pasado, la empresa china pagó 550 millones de dólares para hacerse con otro gran yacimiento congoleño de cobre-cobalto.

Ninguna de las partes del acuerdo respondió a las preguntas sobre si CCC pagó a Allamanda por el permiso o si algún miembro de la familia Kabila era beneficiario de la empresa. China Moly asegura que Du se enteró de su interés en el depósito de fosfato en un momento no especificado en 2017 y que era el único accionista del vehículo offshore que tenía CCC en el momento de la transacción. La compañía señala que desarrollará el proyecto "en un momento apropiado en el futuro".

A finales de 2017, a medida que se acumulaban los informes de corrupción, el banco BGFI se dio cuenta de que tenía que actuar para evitar sanciones del Tesoro de Estados Unidos potencialmente paralizantes, según muestran los documentos del banco. Primero, distanció la filial del Congo de la familia presidencial.

A continuación, el banco encargó a Douhore, el auditor jefe en Kinshasa, que revisara el liderazgo de Selemani en la sucursal del Congo. La evaluación de Douhore, completada en julio de 2018, concluyó que la gobernanza había sido "inaceptable" y se caracterizó por una "falta de integridad y transparencia en la declaración de conflictos de intereses." Los pagos multimillonarios que entraban y salían de las cuentas de CCC, incluidos los de Sicomines y la empresa de autopistas de peaje, se ejecutaban sin los papeles esenciales o con documentos de dudosa autenticidad, según la auditoría. Douhore no respondió a una solicitud de comentarios.

Incluso después de la compra de CCC por parte de China Moly, Du siguió controlando sus cuentas en BGFI, según los registros. En mayo de 2018, CCC recibió 7,7 millones de dólares de una empresa controlada en parte por la hermana y la cuñada de Kabila. Ese mismo mes, una cuenta del BGFI perteneciente al Banco Central del Congo transfirió 1,88 millones de dólares a CCC.

Du transfirió 1,5 millones de dólares a una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2018, antes de que él y otro individuo retiraran el resto de los fondos en efectivo, incluida la retirada final de 2,5 millones de dólares en casi 67.000 billetes en julio de ese año. Al menos dos de las transacciones tuvieron lugar después de que el departamento de cumplimiento de BGFI hubiera intentado bloquear las cuentas de CCC.

Douhore culpó al entonces director general –que había trabajado estrechamente con Selemani– de anular el bloqueo, según los documentos de la investigación. El departamento de auditoría notificó a la sede del BGFI que dos empresas propiedad de miembros de la familia Kabila estaban vaciando sus cuentas al mismo tiempo que CCC. Ambas sacaron más de 23 millones de dólares del banco en efectivo durante dos meses a mediados de 2018.

China Moly responde que "no tiene conocimiento de la existencia de la cuenta bancaria de CCC" y no tiene conocimiento de las actividades ejecutadas por Du a través de su filial. El director general de BGFI, que ya se ha retirado, afirma que no tenía ninguna relación con Du y que no podía haber autorizado una retirada de efectivo en una cuenta congelada sin las justificaciones necesarias. Deogratias Mutombo, gobernador del Banco Central del Congo desde 2013 hasta principios de este año, no contestó a las preguntas enviadas por el consorcio.

En total, alrededor de 65 millones de dólares fluyeron a través de las cuentas de CCC entre enero de 2013 y julio de 2018, de los cuales 41 millones fueron retirados en efectivo, lo que hace imposible rastrear a los beneficiarios de todos los fondos. Aun así, los registros bancarios muestran que al menos 30 millones de dólares se dirigieron, vía transferencias o en efectivo, a personas y entidades directamente vinculadas al clan de Kabila o a empresas propiedad de la familia presidencial.

Loando, antiguo socio comercial de Du, fue elegido a finales de 2018 para el Senado de Congo como miembro de la coalición de Kabila y ha sorteado con éxito el deterioro del pacto entre el expresidente y su sucesor, Félix Tshisekedi. En abril, se convirtió en ministro de Planificación Regional. En respuesta a las preguntas sobre su papel en la CCC, Loando dice que era simplemente un asesor jurídico y que no participaba en la gestión diaria de la empresa. Sostiene que no se le mantenía informado de las actividades comerciales de la empresa y que, por tanto, no tenía conocimiento de sus transacciones.

Kabila dimitió a principios de 2019, tras 18 años en el poder y después de perder unas elecciones celebradas bajo la presión de una coalición liderada por Estados Unidos y la Unión Africana en las que Tshisekedi fue declarado ganador.

Lo que no ha cambiado es el control de las minas del Congo por parte de empresas chinas. Sin embargo, Tshisekedi ha puesto en marcha investigaciones sobre el acuerdo de minerales por infraestructuras, incluida la central hidroeléctrica de Busanga, y sobre si China Moly está cumpliendo sus obligaciones contractuales. No está claro cuándo se anunciarán las conclusiones de esos trabajos.

La mayor parte de los 3.000 millones de dólares prometidos por las empresas chinas en concepto de financiación de infraestructuras aún no ha llegado. El gobierno de Tshisekedi anunció en septiembre que hasta ahora sólo se han construido proyectos por valor de unos 825 millones de dólares.

El máximo responsable de la lucha contra la corrupción nombrado por el nuevo presidente, Jules Alingete, ha examinado los presuntos escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el BGFI, calificando a los ejecutivos del banco de "especialistas en falsear las cuentas", según dijo en una entrevista con el consorcio de investigación. "Fabricaron, fabricaron, fabricaron, fabricaron cosas".

Douhore también criticó la disposición de BGFI a aceptar las explicaciones que Du y un asociado dieron al retirar un total de más de ocho millones de dólares en efectivo en 2018. Eran solo excusas "para permitir retiradas injustificadas en torno a movimientos [financieros] sospechosos", escribió en un correo electrónico a sus jefes. A otro colega de la oficina de Kinshasa le escribió: "Realmente estamos en otro mundo".

Traducción: Mariola Moreno.

Julio de 2020, Kassim Tajideen (66 años) vuelve a casa, a Hanaway. El empresario belga-libanés, que pasó tres años en una prisión estadounidense, es recibido como un héroe en el sur del Líbano. Saludando a través del techo solar de su Mercedes SUV, recorre las calles. Scooters y coches, que le acompañan como en una procesión, hacen sonar el claxon. En un vídeo se ve cómo le lanzan arroz a las puertas de su imponente villa. El camino de entrada es rojo por la sangre de las ovejas recién sacrificadas. En la pequeña localidad de Hanaway, los lugareños lo conocen como magnate y filántropo. Un hombre hecho a sí mismo que salió de la pobreza y construyó un exitoso imperio empresarial en Europa y África –Tajideen dio empleo a cientos de sus compatriotas y pagaba sus gastos de hospitalización–, pero en el resto del mundo su reputación es más turbia.

 En Bélgica fue condenado en 2009 por un fraude millonario a raíz de la investigación sobre la Liga Árabe-Europea de Dyab Abou Jahjah. El tribunal belga no pudo probar que hiciese llegar esos millones blanqueados a Hezbolá, el grupo armado chií y partido político del Líbano, y Tajideen lo negó. Sin embargo, ese mismo año, EEUU lo incluyó en una lista de sancionados como financiador del terrorismo, un mazazo para un empresario que tiene que comprar y vender en dólares en todo el mundo.

Los documentos filtrados en Congo hold-up (El expolio del Congo), la investigación llevada a cabo por el diario belga De Standaard y sus socios de la red de investigación EIC, muestran con detalle cómo Kassim Tajideen y sus socios comerciales burlaron las sanciones y desviaron 88 millones de dólares (77,8 millones de euros) a través de una filial del banco BGFI, que también usó el clan del expresidente congoleño Joseph Kabila para saquear las arcas del Estado. El misterioso belga pasó bajo los radares del gobierno más poderoso del mundo. Siguió comerciando con su red congoleña, que talaba la preciada selva tropical, transfería dinero a los de Kabila y también se embolsaba fondos europeos para el desarrollo.

Kassim Tajideen creció en una casa de una sola habitación, sin baño, aseo ni electricidad. Compartía el espacio con una vaca, sus padres y 15 hermanos y hermanas. Dos de ellos murieron al nacer y un tercero, a los seis años. De adolescente, Tajideen se fue a Beirut, donde el tío de un amigo le ayudó a encontrar un lugar para dormir en el hueco de una escalera. En la capital libanesa, el joven Tajideen trabajó de taxista –sin licencia ni permiso de conducir– hasta que vendió su coche de época y utilizó el dinero para comprar un billete a Sierra Leona.

En África Occidental, Kassim construyó rápidamente un pequeño imperio a los 20 años. Invitó a sus hermanos, se convirtió en un triunfador entre la importante diáspora libia y expandió su negocio a Bélgica y el Congo. En 1989, él y su familia se instalaron en Amberes, que es un centro de exportación a África occidental y central. Sus hermanos y socios comerciales permanecieron en África, desde donde siguieron controlando el negocio.

“¿Una tienda de Congo Futur, aquí? No, para eso hay que ir a Kimpese. Aquí no tenemos nada”. Un grupo de hombres enjutos están sentados en un bar, junto a una sucia carretera vacía en la provincia de Congo Central. Puede verse un cartel publicitario oxidado junto al bar que frecuentan. Debe de ser uno de los últimos del país en los que aún se publicita Congo Futur. “Ojalá hubiera un Congo Futur aquí”, dice uno de los hombres, “así podríamos comprar comida”.

Congo Futur es una de las enseñas más famosas del país. Sus tiendas, obras de construcción y almacenes estaban por todas partes. En sus colmados, como el de Kimpese, se vendían embutidos, harina de trigo y otros productos importados. Ahmed Tajideen, hermano de Kassim, dirigía la empresa en Kinsasa como “filial” de la compañía de importación y exportación de Kassim en Amberes, Soafrimex. Así lo aseguró a los diplomáticos estadounidenses en diciembre de 2000, según un telegrama diplomático que De Standaard encontró en la base de datos de Wikileaks.

Congo Futur generó controversia desde el principio. Los competidores se quejaron a la embajada estadounidense de que la empresa se había convertido en el mayor distribuidor de alimentos del Congo en tres años vendiendo a pérdidas. “Se pregunta [la competencia] si Congo Futur está comprando diamantes o haciendo contrabando con francos congoleños en las zonas rebeldes, donde el franco vale casi el doble que en Kinsasa”. Ahmed respondió a los diplomáticos estadounidenses en 2000 que Congo Futur sólo destacaba por sus grandes volúmenes comerciales y su “eficiencia”.

A finales de los años 90, su hermano Kassim, que entretanto había conseguido la nacionalidad belga, comenzó a defraudar con Soafrimex. Desde su oficina de Seefhoek, en Amberes, puso en marcha un sistema de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y falsificación de facturas a gran escala con la ayuda de Ahmed, que manejaba los hilos de Congo Futur. Por una estúpida coincidencia, la Justicia belga los descubrió. A raíz de que, en noviembre de 2002, un hombre blanco de Amberes disparara a su vecino, un profesor de islam marroquí de 27 años, Bélgica se rindió a los encantos de la Liga Árabe-Europea (AEL) dirigida por Dyab Abou Jahjah. Fue por su hermano Ziad, que trabajaba en Soafrimex, como los Tajideen terminaron por aparecer en los radares de la Seguridad del Estado.

El sábado 30 de noviembre de 2002 por la noche, apenas cuatro días después del tiroteo, la esposa de Kassim, Huda Saad, recibió una llamada telefónica de su hijo poco después de las ocho de la tarde: la Policía estaba en la puerta de su piso en Berchem. La agencia de inteligencia nacional Staatsveiligheid sospechaba que Soafrimex apoyaba a la Liga Árabe Europea de Abou Jahjahs, comerciaba con diamantes de sangre y financiaba a Hezbolá.

Ese “partido de Dios” adquirió notoriedad tras un sangriento ataque en 1983 perpetrado en un cuartel de Beirut contra tropas estadounidenses y francesas. El movimiento se fue abriendo poco a poco a la democracia, pero recientemente se ha puesto del lado del dictador Bashar al-Assad en la guerra civil siria. Para el grupo chií, la diáspora libanesa en África es una importante fuente de financiación. A veces los libaneses extranjeros apoyan a la organización por convicción; otras veces son extorsionados. En 2004, por ejemplo, diplomáticos estadounidenses acusaron a Hezbolá de desviar sistemáticamente los beneficios del comercio de diamantes en África Occidental.

Los tribunales belgas no pudieron corroborar las sospechas más llamativas que pesaban contra Tajideen, pero la investigación sobre los flujos financieros de Soafrimex sí arrojó algo de luz: 50 millones de euros en fraude contable. En diciembre de 2009, el Tribunal de Apelación de Amberes condenó a Kassim Tajideen, a su esposa Huda y a su hermano Ahmed a penas de prisión de hasta dos años con suspensión de la pena. El tribunal también les requisó más de 19 millones de euros de ingresos ilegales.

Ziad Abou Jahjah “no estaba involucrado” en las actividades de Tajideen, afirma. “Fui absuelto de todos los cargos”. Dyab Abou Jahjah no parece haber estado involucrado en modo alguno. “Todo fue una difamación en mi contra”, responde ahora. “Los medios de comunicación y los políticos participaron con entusiasmo en ella”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictaminó en 2009 que Kassim Tajideen y sus hermanos dirigían “empresas pantalla para Hezbolá en África” y proporcionaban al grupo en Líbano “decenas de millones de dólares”. Y acabó incluido en la lista de sanciones estadounidenses como terrorista global especialmente designado (SDGT). Tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, este tipo de sanciones económicas se convirtió en una de las armas estadounidenses menos llamativas pero más poderosas en la guerra contra el terrorismo. En un correo electrónico enviado a De Standaard, Robert Clifton Burns, del bufete de abogados internacional Crowell & Moring, explica que los sancionados ya no pueden utilizar dólares, la divisa estadounidense que domina el comercio mundial. “Violar las sanciones conlleva multas elevadas”, precisa Burns. “Unos 300.000 dólares por violación”.

El hecho de que Washington persiga con ahínco a los bancos de todo el mundo que ignoren las sanciones disuade a las instituciones financieras. Y, de este modo, a Kassim Tajideen se le negó el crédito. El jefe de un entramado empresarial que facturaba miles de millones no tuvo durante 10 años “ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria”, explicó más tarde. Las sanciones sacudieron su imperio y se cobraron “un enorme peaje en los negocios de la familia”, según Tajideen.

El grado de vinculación con Hezbolá seguirá siendo un misterio. Al fin y al cabo, los estadounidenses no aportaron pruebas detalladas de sus acusaciones. Incluso ahora, años después, el Tesoro no puede comentar cuestiones específicas sobre el caso contra Tajideen, pero eso no le impidió tomar medidas contra toda la familia.

En 2010, el Tesoro de EEUU puso en marcha una red de búsqueda de los hermanos de Kassim y sus empresas. Ahmed quedó al margen, pero su empresa Congo Futur acabó incluida en la lista de sanciones como empresa pantalla de Hezbolá. Al igual que su hermano Ali, un empresario inmobiliario y, según los estadounidenses, un “comandante de Hezbolá” que aseguró “bastiones estratégicos” para el grupo.

En 2007, un reportero del Christian Science Monitor descubrió que Ali utilizaba dinero en efectivo para comprar casas a drusos y cristianos empobrecidos en pueblos del sur de Líbano cercanos a las bases de Hezbolá. En sus tierras, construyó casas, donde según los lugareños llegaron a vivir casi exclusivamente chiíes. Este cambio creó nuevos corredores chiíes donde los combatientes de Hezbolá, que se habían retirado más al norte después de la guerra de 2006 con Israel, podían actuar lejos de las miradas indiscretas. En 2016, Ali Tajideen negó haber comprado tierras al servicio de Hezbolá. “Adoro a Hezbolá”, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal. “Todo el mundo adora a Hezbolá, pero yo no tengo ningún vínculo con ellos”.

Los negocios inmobiliarios “en nombre de Hezbolá”, según los estadounidenses, Ali los realizó a través de Tajco, una empresa que hace referencia al nombre de Tajideen. Kassim era uno de los accionistas iniciales. Hassan Tajideen, hijo de Alí y actual director general de Tajco, dice ahora a De Standaard que su empresa –que supuestamente está en liquidación– no tuvo nada que ver con las compras de su padre.

Kassim Tajideen ha mantenido durante años que hizo todo lo posible para distanciarse de Ali, Tajco y Hezbolá. Los principales abogados estadounidenses que contrató declararon que su cliente “renunció” a su participación del 20% en Tajco en agosto de 2010, un año después de que se viera afectado por las sanciones. Además, afirmaron que sólo era un “accionista nominal”, sin ningún papel activo en la empresa. En 2012, Kassim también se comprometió a cesar sus relaciones comerciales con Congo Futur.

José Conrado es el gerente portugués de Meat Plus, una desconocida empresa cárnica holandesa que recibió más de 50 millones de dólares de Congo entre 2011 y 2013. En ese periodo, cuando Tajideen ya había sido sancionado por los estadounidenses, Conrado recibió ayuda en su despacho de uno de sus comerciantes de Beirut, según cuenta en una conversación con dos periodistas del periódico holandés NRC, socio de De Standaard en la investigación Congo hold-up (El expolio del Congo). “Confío en Kassim al cien por cien. He estado en su casa, en la boda de sus hijos”, dice Conrado. “Es muy religioso. Reza al menos cinco veces al día, incluso en la oficina”.

Colas de pavo congeladas, MDM (una pasta espesa de restos de pollo deshuesado): los pedidos se sucedían tan rápidamente que la empresa de Conrado llegó a representar el 15% de todas las importaciones de carne al Congo. Cada pocos meses, Conrado fletaba un “barco de pollos” desde Amberes hasta Luanda, en Angola, o Matadi, en el Congo. Los buques transportaban al menos 5.000 toneladas de pollo congelado y otras carnes en su bodega, suficiente para llenar 250 camiones. A veces, Conrado viajaba en avión con una maleta con 10.000 dólares hasta el puerto de destino: “La descarga tenía que hacerse rápidamente, así que les daba a los trabajadores cerveza y un billete de 50”.

El portugués hojea sus libros de pedidos. “Sólo estaba haciendo negocios con Congo Futur”. ¿Y qué pasa con las sanciones? “Me lo dijo Kassim: José, me acusan de colaborar con Hezbolá, ¡pero todo el mundo en el Líbano colabora con Hezbolá! Hezbolá también construye escuelas y hospitales. Para ellos, eso es el Ejército de Salvación”.

En la metrópolis de Kinsasa apenas hay edificio altos. En la Torre Futur, en el céntrico Bulevar 30 de junio, los Toyota se detienen para aparcar. El sancionado Congo Futur, que da nombre a la torre, no aparece por ninguna parte. Pero en el interior del enorme edificio, según revela Congo hold-Up (El expolio del Congo), un pequeño grupo de personas se empeñó en ponerle un sucesor tras las sanciones: Glory Group.

Sobre el papel, Glory Group y sus empresas afiliadas ya no tienen ningún vínculo con la empresa sancionada, por lo que pueden hacer negocios sin el sello de Hezbolá. Sin embargo, reanudaron varias actividades de la empresa de Ahmed Tajideen. En las oficinas de la tercera planta de la Torre Futur, De Standaard pudo constatar hace unas semanas un ir y venir de libaneses con trajes a medida y mujeres con pañuelos en la cabeza.

El Glory Grupo y sus empresas afiliadas figuran entre los clientes más importantes del banco congoleño BGFI. Se dedican a la importación-exportación, al sector inmobiliario y, según las ONG Greenpeace y Global Witness, a la tala ilegal en la selva congoleña. Actúan como un grupo cerrado y mueven internamente grandes sumas de dinero: a veces 400.000, a veces 500.000 dólares. Entre bambalinas, sus cuentas las gestiona conjuntamente un exaccionista de Congo Futur y un socio comercial de la esposa de Ahmed Tajideen. El hermano de Kassim, jefe de la sancionada Congo Futur, lee a menudo los correos de Glory Group y de sus empresas afiliadas.

Esos correos revelan cosas extrañas. Por ejemplo, los documentos bancarios muestran que 1.984.226 millones de dólares salieron de la cuenta de una empresa afiliada de Glory Group hacia un exportador de carne europeo. 11 días antes de que se registrara la transacción, un empleado del banco envió a la empresa afiliada un extracto de pago en el que se describía exactamente la misma transacción, aunque ejecutada por un ordenante distinto. No se encontraron ni la ejecución de la transacción anterior ni la existencia del otro ordenante. Un extracto de pago con un ordenante inexistente podría ayudar a camuflar la verdadera identidad del ordenante ante los bancos asociados internacionales que tienen que acoger una transacción. ¿Es eso lo que ha ocurrido? Ninguna de las partes implicadas respondió a las preguntas de esta investigación.

Una de las empresas afiliadas más destacadas de Glory Group es la Société Congolaise de Construction Moderne (SCCM). A orillas del río Congo, la empresa está construyendo dos torres gemelas de 108 metros de altura, un hito en Kinsasa. En su página web, el gigante de la construcción lleva mucho tiempo presumiendo de “logros" anteriores, como la Torre Futur, sede de Congo Futur. Es notable, porque esa torre se construyó cuando no se hablaba de SCCM y cuando Congo Futur aún podía hacer lo que quisiera. Cuando SCCM necesita financiación, a Ahmed Tajideen le reclaman un aval, según los documentos de Congo hold-up (El expolio del Congo). Sin embargo, puestos al habla con él, un representante de la empresa insiste en que no tiene “ninguna relación” con Congo Futur y que no tiene conocimiento del aval.

También cabe destacar que buena parte de los contratos que gana SCCM se pagan con dinero europeo. Tanto la Comisión Europea como la SCCM confirman que la empresa ha recibido al menos 6,6 millones en fondos de desarrollo europeos, destinados a mejorar las deficientes infraestructuras congoleñas. Se trata de contratos para la renovación de astilleros, un centro nacional de formación para la judicatura y una academia de Policía.

Cabe preguntarse si la Comisión Europea estaba al corriente de que SCCM tiene vinculación con los sancionados Congo Futur y Ahmed Tajideen, condenados en Bélgica. “La Comisión desconocía estos supuestos vínculos”, responde un portavoz. Añade que ninguno de los fondos pagados son subvenciones directas: “Son contratos de obras y suministros, adjudicados tras un proceso de licitación”. En este sentido, se respetaron las normas, apunta, y añade que Congo Futur y Tajideen no están en las listas de sanciones europeas.

Tan interesante como las fuentes del dinero son los receptores. El 9 de marzo de 2016, uno de los empresarios del Glory Group envía un correo electrónico al director de operaciones del banco BGFI. “Buenos días, señor Moreau. Según lo acordado, le ruego que cargue en la cuenta en dólares de Glory Group –escribe– un importe de 1.000.000 de dólares a favor de la cuenta de Sud Oil”. Esa empresa, según revelaron De Standaard y sus socios la semana pasada, es una empresa carente de actividad de los Kabila que permitió desviar decenas de millones de dinero del gobierno congoleño.

Un mes antes, durante tres días consecutivos, se depositaron dos millones en la cuenta de Sud Oil, con la leyenda “depósito Glory” y –quizás por error tipográfico– “depósito Glody”. Los documentos bancarios indican que el primero de los tres depósitos –por valor de 705.000 euros– se cargo al Glory Group antes de ser transferido a la cuenta de Sud Oil. Esto demuestra que existe una conexión entre las empresas vinculadas a los Tajideen y el clan Kabila.

En 2017, el banco congoleño BGFI también entró en acción. Hace tiempo que se sabe que tiene clientes vinculados a empresas de la lista de sanciones de Estados Unidos, pero ahora también cierra una serie de cuentas, entre ellas las del Glory Group. Un informe de un año después, al que ha tenido acceso Congo hold-up (El expolio del Congo), reconoce que el banco ha seguido trabajando con empresas “vinculadas a Congo Futur” todo el tiempo. También habla del “fracaso de todo el sistema de control interno del BGFI Bank RDC”. Pero no se han encontrado pruebas de que Congo Futur fuera el propietario de estas empresas, ni tampoco de las transacciones con empresas controladas por Kassim.

Sin embargo, De Standaard los encontró. Entre 2013 y 2017, los clientes congoleños del banco BGFI enviaron más de 88 millones de dólares a Epsilon Trading en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una empresa fantasma sin página web, situada en una zona de libre comercio cerca del aeropuerto del emirato de Sharjah, donde no se cobran impuestos sobre las mercancías comercializadas. Los pagos eran para una gran variedad de artículos: “Gallos y pollos para cocinar”, “tomates sin vinagre”, “motores diésel” y “sillas de aeropuerto”. En 2018 salió a la luz quién estaba detrás del anónimo Epsilon. Kassim Tajideen admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que utilizó Epsilon Trading como tapadera para seguir operando a pesar de las sanciones que pesaban sobre él. Mientras tanto, seguía embolsándose dinero de los sucesores de Congo Futur.

Meses antes, el 12 de marzo de 2017, Tajideen había sido detenido en Marruecos. Esa detención y su posterior extradición a Estados Unidos ese mismo mes fueron el resultado del Proyecto Casandra, una operación dirigida por el Departamento Antidroga Estadounidense (DEA). La DEA ya estaba investigando las redes de Hezbolá implicadas en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, pero los estadounidenses también querían acabar con la “red de apoyo criminal” más amplia del movimiento libanés.

La detención de Kassim causó un gran revuelo en Kinsasa. Durante su juicio, el agente de la DEA Patrick Picciano declaró que una fuente confidencial suya tenía información “sobre una recompensa de 20 millones”, ofrecida por personas de la comunidad libanesa en Kinsasa, “para quien pudiera sacar a Tajideen de una prisión marroquí”.

También en el Líbano, la acción estadounidense parece haber reforzado el apoyo a Kassim Tajideen entre sus partidarios. “Puede que haya empleado a 500 personas en África, del pueblo y de todo el sur”, señalaba un hombre en un reportaje de 2017 de la cadena de televisión libanesa Al Jadeed. El reportero calificó a Tajideen como “la última víctima del despotismo estadounidense” y también aparecía una mujer que explicó que su marido “no trabaja y él [Kassim] pagó su operación de corazón, lo pagó todo, todas las medicinas”. Preguntados sobre si los Tajideen tenían vínculos con Hezbolá, uno de los habitantes del pueblo replicó: “En absoluto. Trabajan en África y todo esto ocurre porque son competidores de los judíos en el comercio de diamantes”.

Tras su detención, Kassim Tajideen comenzó un exilio solitario en la cárcel de Estados Unidos que, según sus abogados, fue “devastador”. En El Líbano o Bélgica habría tenido “un flujo constante de amigos y familiares como visitantes”, allí estaba solo. Tras largas negociaciones, Tajideen llegó a un acuerdo con los estadounidenses a finales de 2018: se declaró culpable de blanqueo de dinero, pero con la condición de revisar la acusación. Se eliminaron todas las referencias a Hezbolá y al terrorismo. Tajideen fue condenado a cinco años de prisión y al pago de 50 millones de dólares. El fiscal adjunto Brian Benczkowski reaccionó: “El acusado violó a sabiendas las sanciones y puso en peligro la seguridad de nuestra nación”. Benczkowski calificó la condena de “ ejemplo de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia a la hora de desbaratar y desmantelar a Hezbolá y sus redes de apoyo”.

Cuando la pandemia del coronavirus estalla en marzo de 2020, los abogados de Tajideen insisten en liberarlo por razones médicas: su frágil estado de salud lo convierte en un paciente de alto riesgo. El juez está de acuerdo. En julio de 2020, se le permite regresar a su casa en el Líbano, donde le espera la procesión de bocinazos. Poco después de su liberación, altos funcionarios en Oriente Próximo, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, declaran que Tajideen no fue liberado por su estado de salud, sino por los “acuerdos indirectos” entre Irán y Estados Unidos sobre el intercambio de prisioneros.

En Bélgica no salen de su asombro. “Lo detienen en Marruecos, lo extraditan a EEUU, lo condenan y lo vuelven a soltar”, dice un agente de la inteligencia militar belga sobre la maniobra estadounidense, en declaraciones al sitio web de noticias estadounidense Business Insider. “Los iraníes y Hezbolá no tienen a nadie de Estados Unidos que tenga un valor comparable al de Tajideen, así que ¿cómo puede tratarse de un intercambio?”.

Tanto Tajideen como el Departamento de Estado estadounidense niegan que se trate de un intercambio. En la actualidad, el belga-libanés sigue figurando en la lista de sancionados de Estados Unidos. Según su abogado, Tajideen afirma que “los cargos finales en su contra en el procedimiento estadounidense no estaban relacionados con su implicación en el terrorismo, ni se pudo demostrar nunca”. Según él, las sanciones eran injustificadas desde el principio. “Nunca financié ni di ningún otro tipo de apoyo a ninguna organización terrorista ni a Hezbolá”.

Traducción: Mariola Moreno

“Estaba frente a un grupo de mafiosos. Es inaceptable lo que pasó”. Esta impactante declaración la hizo el hombre más temido de la República Democrática del Congo (RDC), Jules Alingete, jefe de la Inspección General de Finanzas (IGF) desde el 30 de junio de 2020. En Congo-Kinsasa, este organismo tiene la particularidad de depender directamente del presidente de la República.

Jules Alingete es el “señor anticorrupción” del nuevo presidente, Félix Tshisekedi, que tomó posesión de su cargo a principios de enero de 2019. Es el responsable de cumplir una de las promesas de campaña del jefe de Estado: rastrear la malversación masiva de dinero público que arruinó a la RDC durante los 18 años de reinado del expresidente Joseph Kabila.

Las palabras del máximo responsable de la IGF son más duras si cabe habida cuenta de que los “mafiosos” a los que se refiere figuran entre los dignatarios más poderosos del régimen de Kabila: el exgobernador del Banco Central Deogratias Mutombo, el presidente de la empresa minera estatal Gecamines Albert Yuma, o el hermano adoptivo de Kabila, Francis Selemani, que dirigió el banco BGFI DRC hasta 2018.

El caso que sorprende a Jules Alingete es un escándalo de primer orden, la malversación de 43 millones de dólares (38,1 millones de euros) del Banco Central del Congo (BCC), con la complicidad del BGFI, en beneficio de la Empresa General de Alimentación (Egal)Empresa General de Alimentación (Egal), una empresa de importación de carne y pescado controlada por personalidades del primer círculo del antiguo jefe de Estado, Joseph Kabila.

Este pago lo reveló en 2016 Jean-Jacques Lumumba, un exempleado del BGFI que se convirtió en denunciante. Pero no fue hasta enero de 2021, dos años después de la toma de posesión de Félix Tshisekedi, cuando la IGF inició finalmente una investigación.

Hasta entonces, tal y como declaró en 2019, el nuevo presidente se había negado a “hurgar en el pasado”, sobre todo en asuntos que afectaran demasiado de cerca a su predecesor. La victoria de Félix Tshisekedi en las elecciones de 2018 se vio empañada por graves irregularidades. Para convertirse en presidente, tuvo que llegar a un acuerdo político con Kabila, que mantuvo el control de las principales instituciones del país durante dos años.

Pero cuando Jules Alingete abrió su investigación en enero de 2021, nada iba bien entre los aliados de 2018. Felix Tshisekedi ya se había hecho con el control del Parlamento y pretendía derribar el gobierno surgido de las negociaciones con el bando de Kabila. También quería recuperar el control del Banco Central del Congo, que seguía entonces bajo el control de dos personas muy cercanas a Kabila y que formaban parte del consejo de administración, Deogratias Mutombo y Albert Yuma, quien también es accionista de Egal.

Cuatro meses más tarde, en abril de 2021, se completó el informe final de la IGF. Ese documento abrumador, al que ha tenido acceso esta investigación, denuncia “un montaje hábilmente orquestado” para la “malversación de fondos públicos”. El informe señala la “responsabilidad” parcial del gobernador Mutombo. Tres meses después de su publicación, Mutombo dimitió de su cargo en el BCC, antes de finalizar su mandato, al igual que Albert Yuma.

Pero, ¡oh, sorpresa!, Jules Alingete escribió a la dirección de Egal y del BCC para exculparlos, culpando al BGFI de todo.

Si el jefe de la IGF concedió a CongoHoldup (El expolio del Congo) más de una hora de entrevista fue porque la investigación, basada en 3,5 millones de documentos del BGFI obtenidos por Mediapart y la ONG PPLAAF (Plataformapara la Protección de Denunciantes de Corrupción de África), demuestra lo contrario: Egal sí se benefició en 2013 de 43 millones de fondos públicos y el BCC transfirió voluntariamente ese dinero.

El presidente de la República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi​.

Esta investigación, llevada a cabo por 19 medios de comunicación y cinco ONG coordinadas por la red EIC, de la que forma parte infoLibre, también revela que Egal se benefició de 34,6 millones de fondos adicionales de origen desconocido, la mayoría de los cuales transitaron por la cuenta del BGFI hasta el Banco Central del Congo. Esto supone un total de más de 77 millones de dólares (68,2 millones de euros) de fondos malversados y sospechosos, de los cuales seis millones beneficiaron personalmente a Joseph Kabila y su familia.

Jules Alingete desmiente formalmente cualquier voluntad de perdonar a los destacados kabilistas que están involucrados en este caso. “No tengo ningún interés en encubrir a Egal”, responde el responsable de la IGF. Añade que el presidente Tshisekedi ha sido el “único” que le pidió que “buscara la verdad” en este caso, mientras que él “sufrió presiones” de otros actores del caso.

El responsable de la IGF asegura que no tuvo más remedio que blanquear a Egal y al BCC porque el BGFI no le proporcionó los documentos que había solicitado y finalmente optó por asumir toda la responsabilidad. El banco incluso aceptó reembolsar los 43 millones al Estado, ¡aunque no se benefició de ellos!

En su respuesta al proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo), Jules Alingete considera que el BGFI “sin duda” quería “impedir que el gobierno congoleño se apoderara de los bienes” de Egal. “Ante un grupo de mafiosos que se organiza, ¿qué puedo hacer? Adoptan estrategias para dar la impresión de que se oponen, pero el BGFI, Egal, Yuma, son el mismo grupo de personas”, añadió en un momento de la entrevista.

Al ser contactados, el BGFI, el BCC, Albert Yuma y Deogratias Mutombo no respondieron. En sus respuestas escritas, firmadas por su gerente, Franck Tshibangu, Egal niega formalmente haber “recibido dinero del Banco Central del Congo”, recuerda que fue “exonerada” por la Inspección General de Finanzas y se niega a responder a preguntas porque la investigación judicial en curso “es de carácter secreto”.

Los amigos “patriotas” de Kabila

Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) cuentan por primera vez la historia secreta de este escándalo de Estado, con el telón de fondo de una cuestión vital: el suministro de alimentos de este país, de  100 millones de habitantes, que se encuentra entre los más pobres del mundo y donde una de cada tres personas sufre desnutrición aguda, según la ONU. 

Según una nota interna del BGFI, Egal fue fundada en 2013 por “patriotas congoleños” que querían ofrecer carne y pescado más baratos y de “mejor calidad” a la población.

Estos “patriotas” son todos amigos íntimos de Joseph Kabila, según documentos obtenidos por la ONG The Sentry, socia del proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo).

Los directivos de Egal son el belgacongoleño Alain Wan y el belga Marc Piedboeuf, dos empresarios al frente de una galaxia de empresas (minas, puertos, transporte marítimo, obras públicas), sospechosos de actuar por cuenta del expresidente. Por ejemplo, eran los accionistas mayoritarios de la poderosa empresa agrícola Grands élevages du Bas Congo (GEL), antes de venderla a Ferme Espoir, una empresa propiedad de Joseph Kabila y dirigida por Marc Piedboeuf.

Uno de los accionistas (20%) de Egal es Aremad Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, donde es muy fácil ocultar la verdadera identidad de los propietarios. Al preguntarle, André Wan, hijo de Alain, facilitó un documento del registro mercantil en el que se indica que la única propietaria es su hermana. “Sólo representa nuestros intereses”, precisa.

El mayor accionista de Egal (41%), Norbert Nkulu, es nada menos que el abogado personal de Joseph Kabila. Nkulu es el hombre de las situaciones delicadas; ha llevado a cabo numerosas negociaciones en nombre del expresidente, tanto con los opositores más acérrimos como con los ciudadanos de a pie que se oponen al jefe del Estado en disputas de tierras y expropiaciones. También es a quien Joseph Kabila nombró para el Tribunal Constitucional junto con otros dos personas de su entorno para bloquear los resultados de las elecciones de 2018.

El presidente del Consejo de Administración, que posee el 29,5%, es uno de los pilares del régimen de Kabila: Albert Yuma, dirigente de la patronal congoleña, presidente de la empresa minera estatal Gécamines y en su momento también presidente del comité de auditoría y administrador del Banco Central. Como revelan los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo), la empresa Gécamines de Albert Yuma pagó 20 millones de dólares a Sud Oil, una sociedad pantalla controlada por Francis Selemani, hermano adoptivo del presidente y entonces máximo dirigente del BGFI RDC.

Albert Yuma también trae el 5% de uno de sus protegidos: el empresario Eric Monga, que es el jefe de jefes en la rica provincia minera de Katanga desde 2013. Tras dos años como director general de Egal, vendió sus acciones en 2015.

Puestos al habla con Norbert Nkulu, Albert Yuma y Eric Monga, no han respondido a nuestras llamadas. Marc Piedboeuf y la familia Wan se negaron también a responder a nuestras preguntas, por considerar que la información de Congo Hold-up (El expolio del Congo) era “fundamentalmente falsa” y con intención “manifiesta de causar daño”. El 3 de noviembre, incluso antes de que se publicara el artículo, presentaron una denuncia en Kinsasa por “calumnia” contra Mediapart (socio editorial de infoLibre) y su socio belga De StandaardDe Standaard.

En el verano de 2013, el objetivo de este equipo era conquistar una gran parte del mercado de la importación de alimentos, dominado entonces por empresas extranjeras, en primer lugar Orgaman, un grupo familiar belga presente en la RDC desde hace más de 70 años.

En enero de 2014, Egal recibió un apoyo decisivo del gobierno congoleño, que le concedió la exención total de los derechos de aduana sobre sus importaciones de pescado. Tres meses después, Orgaman anunció abruptamente el fin de sus actividades de importación de alimentos, alegando, entre otras cosas, los elevados impuestos.

Con dinero del Estado

Crear una empresa como Egal requiere de muchos recursos, barcos, camiones, almacenes refrigerados. Los promotores de Egal no pueden, o no quieren, financiar la aventura. Crearon una increíble estructura financiera para obtener este dinero del Estado congoleño.

El 10 de junio de 2013, una carta firmada por el entonces ministro de Finanzas, Patrice Kitebi, anunciaba a MW Afritec, la empresa de obras públicas del dúo Wan-Piedboeuf, que el Estado le debía 64 millones de dólares por “diversas obras realizadas” y que pagaría 43 millones inmediatamente.

La investigación de la IGF determinó que esta deuda, totalmente “ficticia”, se creó para “servir de coartada a la malversación”. Cuando los inspectores se enfrentaron a él, Patrice Kitebi negó haber firmado. Ha rehusado responder a las preguntas de esta investigación.

MW Afritec transfirió esta deuda falsa a Egal, en virtud de dos “convenios” firmados en mayo y julio de 2013. Estos contratos estipulan que el dinero del Estado servirá de garantía para un préstamo de 40 millones concedido por el BGFI a la empresa de importación de alimentos.

El Estado tarda en pagar. No importa, el BGFI concedió un importante “crédito” a Egal (27 millones y posteriormente 40 millones de dólares) a finales de agosto de 2013, sin examinar el expediente y sin firmar un contrato de préstamo, violando los procedimientos internos. Un mes después, Egal ya había gastado 19 millones.

Este préstamo no se regularizó hasta enero de 2014. Los correos electrónicos que figuran entre los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) y el análisis informático de sus adjuntos demuestran que el BGFI RDC fabricó documentos, que fechó con anterioridadfabricó, para hacer creer a su empresa matriz, con sede en Gabón, que el préstamo de 40 millones era regular desde el principio.

Por su parte, el Banco Central del Congo (BCC) abrió una cuenta en el BGFI y le transfirió 43 millones de dólares, esencialmente desde su cuenta en Rawbank. Después, el 29 de noviembre de 2013, dos directivos del BCC ordenaron al BGFI que transfiriera los fondos a Egal en varios plazos para saldar la deuda ficticia. El banco central no dudó en falsificar su balance contable oficial para hacer creer que este pago nunca se produjo.

El dinero se deposita en una cuenta del BGFI titulada “Egal depósito”, lo que sugiere que el banco retiene el dinero como garantía por el préstamo. Los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación demuestran que en realidad se trata de una cuenta corriente, controlada por Egal.

El 23 de diciembre de 2013, apenas un mes después de que los fondos del BCC llegaran a la cuenta “depósito”, Egal retiró tres millones de dólares de la cuenta, que fueron transferidos a otra del BGFI vinculada al presidente Kabila. Un correo electrónico escrito el mismo día por el director de operaciones del banco confirma que efectivamente se trataba de la ejecución de una “solicitud de transferencia [...] de Egal a la presidencia”.

Un año después, se realiza una transferencia de tres millones de dólares desde esa misma cuenta “depósito” de Egal a Sud Oil, una sociedad pantalla controlada por Francis Selemani, hermano adoptivo de Kabila y director general del BGFI RDC, como reveló el pasado viernes Congo Hold-up (El expolio del Congo). 

Tras la publicación de este artículo, Egal desmintió a uno de los socios de la investigación, RFI, que la empresa “no tiene ninguna cuenta en ningún banco que haya realizado la transferencia mencionada a favor de Sud Oil”. Sin embargo, esta investigación tiene pruebas de que se produjo este pago. El 3 de octubre de 2014, la cuenta “Egal sequestre” transfirió 2.999.999,5 dólares a una cuenta técnica en BGFI llamada “Virement en instance III”, que transfirió los fondos el mismo día a Sud Oil.

Préstamos que no puede pagar

Además de la cuenta “Egal sequestre”, Egal tenía otra cuenta en el BGFI destinada exclusivamente a pagar “inversiones”. Esta cuenta cobró los préstamos del BGFI, garantizados por los fondos proporcionados por el Banco Central del Congo. El montaje parece haber sido diseñado para que la cuenta “Egal sequestre”, alimentada por los fondos públicos detenidos, no pagara directamente los gastos de Egal.

La operación se convirtió rápidamente en una pesadilla para el banco. Egal creció estratosféricamente, con una facturación de 70 millones de dólares en 2015, dos años y medio después de su creación. Pero la empresa gasta tanto dinero en su cuenta de “inversiones” que no puede devolver los préstamos.

Debido a la magnitud de los impagos, los préstamos tuvieron que ser reestructurados varias veces. En junio de 2014, Egal obtuvo un nuevo préstamo de cuatro millones de dólares, garantizado por la misma cantidad de dinero que la empresa había recibido en su cuenta “depósito”. El dinero provenía de una cuenta no especificada en el Rawbank. ¿Se trataba de la cuenta del Banco Central en el Rawbank, que ya había aportado la mayor parte de los 43 millones de dólares un año antes? El BCC no ha respondido.

En mayo de 2016, la situación era catastrófica. A pesar de los 57 millones de dólares que recibió en préstamos del BGFI, la cuenta “inversiones” presenta un descubierto de ¡10 millones de dólares! El banco bloquea entonces esta cuenta y retiró cinco millones de dólares de la cuenta “depósito” para saldar los “impagos”.

El 15 de agosto de 2016, el director general adjunto de Egal, Marc Piedboeuf, rogó por correo electrónico al hermano del presidente Kabila y dirigente del BGFI RDC, Francis Selemani, que “pusiera fin a este bloqueo”. Reconoce que Egal es “incapaz” de devolver los préstamos, pero “desea firmemente que esto pueda ser abordado lo antes posible por TODAS las partes implicadas”. “No lo controlo todo, ni mucho menos”, insiste, como para recordar que Egal está controlada por personas muy cercanas al presidente Kabila.

Un mes más tarde, Egal se salvó gracias a una llegada providencial de fondos. El 29 de septiembre de 2016 se transfirieron 30 millones de dólares a su cuenta de la cuenta “depósito”, con el único apunte de “compensación”, desde la cuenta del BGFI en el Banco Central. Preguntados por el origen de los fondos, Egal, el BGFI y el BCC no respondieron. Este maná inesperado permitió a Egal devolver parte de los préstamos, que ascendían a 28 millones, y desbloquear su cuenta de “inversiones”.

El montaje se limpió dos años después. El 9 de marzo de 2018, el nuevo gerente de Egal, Franck Tshibangu, escribió al responsable del banco, Francis Selemani, que la empresa de importación de alimentos quería devolver todos los préstamos “para reiniciar sus operaciones”.

El 23 de marzo de 2018, Tshibangu ordenó al BGFI que transfiriera la totalidad de los 30 millones de dólares que aún quedaban en la cuenta de “depósito”, 26,2 millones para devolver los préstamos y el resto, 3,7 millones, para MW Afritec. Esta es la única transferencia que la empresa recibe en concepto de reembolso, a pesar de que fue ella la que aportó el dinero (a través de la deuda pública ficticia), y Egal se había comprometido a devolver la totalidad de los 43 millones.

El 29 de junio de 2018, la cuenta “depósito” está a cero. Egal había gastado los 77 millones de fondos sospechosos, incluidos los 43 millones malversados del Banco Central.

A Hong Kong y a Namibia

¿Qué hizo la empresa con todo ese dinero? Una parte se utilizó para financiar sus pérdidas e inversiones. Pero también aparecen varias decenas de millones de dólares en transacciones más turbias.

Por ejemplo, Egal transfirió 10 millones de dólares, que fueron declarados como compras de equipos (camiones, grúas, cámaras frigoríficas). Sólo que el dinero no se pagó directamente a los proveedores, sino a ATMD, una empresa sin actividad registrada en Hong Kong y controlada por el dúo Wan-Piedboeuf. Esta sociedad offshore también recibió dos millones de dólares para “compras de pescado” y 550.000 dólares para trabajos de “estudios y diseño”.

Egal también pagó la friolera de 37,5 millones de dólares a Samaki Fishing, con sede en Namibia, el principal país de donde se abastece Egal.

El consejo de administración de Samaki incluye a uno de los tres pilares de Egal (Albert Yuma, Eric Monga y Marc Piedboeuf), así como a Haddis y Martha Tilahun, una pareja muy vinculada al partido gobernante en Windhoek, que controla el poderoso conglomerado namibio United Africa Group (UAG). Haddis actúa a veces como intermediario con grupos extranjeros, lo que le llevó a comparecer en el caso del tribunal de Uramin.

Samaki es una empresa buzón, desconocida en el sector pesquero, que no posee ni cuotas de pesca, ni barcos, ni fábricas. Está registrada en la sede de UAG, aunque no aparece en el organigrama público del grupo.

En agosto de 2013, Egal transfirió 11,5 millones a Samaki para “comprar pescado congelado”, y 1,25 millones para el mismo fin menos de un año después. Según los registros de la aduana, hubo algunas entregas, pero es difícil decir cuántas. El propio Albert Yuma admitió a la ONG periodística OCCRP que Samaki no había tenido mucho éxito en el suministro de pescado, y que había actuado principalmente como “intermediario”.

El plan de negocio confidencial de Samaki muestra que la empresa quería obtener inicialmente licencias de pesca para 60.000 toneladas de caballa al año. La presentación recoge que Egal se asoció con la influyente pareja Tilahun para “adquirir estos derechos a un precio competitivo” y “asegurar” su acceso al pescado de Namibia.

En el periodo de un año, entre agosto de 2014 y agosto de 2015, Egal transfirió otros 19,5 millones a Samaki con la justificación de “pagar gastos de explotación”.

Ninguno de los protagonistas aceptó responder sobre el destino final de estos fondos. Al ser contactada, Martha Tihalun negó haber oído hablar de Samaki, aunque los documentos oficiales muestran que ejerció de administradora desde 2013.

Blanqueo de dinero en las Féroe y exportación de jirafas

Y, por último, Egal pagó 14 millones de dólares a All Ocean Logistics (AOL), una empresa sin actividad registrada en las Islas Féroe, un archipiélago situado entre Gran Bretaña e Islandia, un paraíso fiscal para los armadores. Según informa KvF, la radiodifusión pública de las islas, que pertenecen a Dinamarca, All Ocean Logistic tenía sus oficinas y era gestionada por Shipping.fo en Tórshavn. La empresa pertenece a Krúnborg, una de las compañías de inversión más ricas de las Islas Feroe.

Shipping.fo es una sucursal de Krúnborg. La empresa puede compararse con Mossack Fonseca, que se hizo mundialmente famosa en los Papeles de Panamá. En la misma dirección de Shipping.fo se crearon y gestionaron muchas empresas, debido a los beneficios fiscales de que disfrutan las empresas de transporte marítimo en las Islas Féroe.

AOL es propietaria de al menos un barco de la flota de Egal, el barco refrigerado El Niño. También es a través de esta empresa por la que se canalizan algunos de los fondos destinados a financiar las operaciones marítimas.

Egal y sus gestores ejecutaron así un capricho del presidente Kabila: la creación de un zoológico de animales salvajes en su granja de Kingakati, al sur de Kinsasa, que pertenece a su empresa Ferme Espoir.

Como revelaron Le Monde y el OCCRP en 2017, Egal importó cientos de animales salvajes de Namibia a la RDC a bordo del carguero El Niño. Jirafas, cebras, búfalos, gacelas y ñus azules acabaron así en la finca presidencial.

Nuestra investigación Congo Hold-up (El expolio del Congo) demuestra que las entregas continuaron después de esta fecha. En un informe fechado en julio de 2019, la Fundación para la Conservación de la Jirafa dice que 12 de las 16 jirafas murieron durante el transporte y como consecuencia de los problemas de aclimatación en la finca del expresidente Kabila. En mayo de 2019, el carguero El Niño transportó cuatro crías de elefante y sus padres a Ferme Espoir.

Las empresas de transporte marítimo disfrutan de grandes beneficios fiscales en las Islas Féroe​.

Estalla el escándalo

El escándalo de Egal estalló el 29 de octubre de 2016, cuando el diario belga Le Soir reveló, gracias a los primeros documentos aportados por el denunciante Jean-Jacques Lumumba, el pago de 43 millones de dólares del Banco Central a Egal.

Entonces, los protagonistas lo negaron formalmente, asegurando incluso que el pago nunca se había producido. Esa financiación de una empresa privada por parte del BCC sería ilegal, “como en cualquier otra parte del mundo”, señala Albert Yuma, accionista de Egal y presidente del comité de auditoría del BCC. No se emprendió ninguna acción legal.

Dos años más tarde, en 2018, a raíz de nuevos escándalos, Francis Selemani, hermano del presidente Kabila, tuvo que dejar su puesto al frente del BGFI RDC. Se iniciaron investigaciones internas. El director de auditoría del banco, Yvon Douhore, se encarga personalmente del caso Egal.

El 22 de junio de 2018, envía sus conclusiones, documentadas, a la directora adjunta del grupo BGFI en Gabón, Huguette Oyini. El director de la auditoría interna confirma que el dinero fue efectivamente proporcionado por el BCC a Egal, y añade que el director de operaciones del BGFI RDC mintió sobre este punto a los abogados del banco: “[Él] les había dicho que el efectivo colateral [el dinero ingresado en la cuenta de depósito] había sido constituido en 2013 por depósitos progresivos de Egal. Así que observamos que esto no es cierto”.

La misma mentira sería servida tres años después a la Inspección General de Finanzas (IGF), cuando finalmente abrió una investigación oficial en enero de 2021.

La investigación oficial

El 5 de febrero, el jefe de la IGF, Jules Alingete, escribió una carta muy dura a Egal, acusando a la empresa de “malversación de fondos públicos”. El director de Egal, Franck Tshibangu, responde que la cuenta “depósito” en la que Egal recibió los 43 millones fue abierta y gestionada por el BGFI, “sin conocimiento” de la empresa. Los documentos de Congo Holdup (El expolio del Congo)  prueban lo contrario.

El BGFI rechaza estas acusaciones. En marzo de 2021, durante una reunión de trabajo en la IGF, en presencia de representantes de la presidencia de la República y del Ministerio de Finanzas, los representantes de Egal y la directora general del BGFI RDC, Marlène Ngoyi, “llegaron a las manos”, dice Jules Alingete. Según él, “unos días después”, el BGFI “reconoció su responsabilidad”. Jules Alingete indica que por ello envió una carta a Egal el 16 de marzo indicando que "la empresa [...] ha sido exculpada”.

Estas declaraciones del responsable de la IGF parecen sorprendentes porque el 13 de abril, el subdirector general del banco escribió a la IGF que Egal había sido “el beneficiario exclusivo” de los 43 millones y tenía el control de la cuenta. Aporta una prueba, la orden de transferencia de Egal ordenando en 2018 vaciar la cuenta.

Según Jules Alingete, Egal respondió que esta orden nunca se ejecutó. Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) demuestran una vez más que esto no es cierto.

El responsable de la IGF aseguró que el BGFI volvió a claudicar, admitió su responsabilidad, esta vez de forma definitiva, y aceptó devolver los 43 millones. Aunque tenía documentos que demostraban que sólo era cómplice de la malversación. “Pedimos al BGFI que nos diera todos los documentos. Nunca nos los dieron”, dice Jules Alingete. “He conseguido mi objetivo, que es recuperar el dinero del Estado”. Como prueba, aportó una carta fechada el 25 de octubre de 2021 en la que el abogado del BGFI solicitaba el escalonamiento de los pagos, con un primer pago en noviembre.

¿Por qué aceptó el BGFI asumir la culpa de una malversación de la que no se benefició? ¿Sufrió presiones? Al ser preguntados, el BGFI RDC y su entonces dirigente Marlène Ngoyi no responden.

Por parte del Banco Central del Congo, tras el envío del informe a la presidencia, Deogratias Mutombo, gobernador del BCC, y Albert Yuma, también accionista de Egal, dimitieron del consejo de administración en julio, tres meses después de que el informe de la IGF sobre el asunto Egal fuera enviado a la presidencia.

¿Hizo posible el informe que la presidencia convenciera a estos dos pilares del régimen de Kabila para que dejaran sus puestos? Su salida, exigida extraoficialmente desde hace tres años por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha permitido en cualquier caso al presidente Tshisekedi firmar un programa trienal con el organismo internacional que lleva aparejado préstamo de 1.500 millones de dólares.

Al ser preguntada por su gestión del asunto, la Presidencia de la República se limitó a responder que los nombramientos en el Banco Central del Congo eran fruto de “decisiones personales del presidente de la República y de la necesidad de adecuar su consejo de administración a la ley orgánica que rige su funcionamiento”.

La Presidencia de Tshisekedi asegura que no ha ejercido “ninguna presión” en el caso Egal y añade que “no corresponde a la presidencia iniciar un procedimiento”. En lo que respecta al fondo del asunto, se remite a las “respuestas proporcionadas” por el responsable de la IGF.

“Corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades de cada parte”, insiste Jules Alingete. El fiscal de Kinsasa abrió finalmente este año una investigación penal sobre el caso Egal. Se negó a responder a esta investigación, alegando el secreto del procedimiento.

En una carta firmada por su gerente, Franck Tshibangu, Egal recuerda que ha sido “exonerada” por la IGF, y se niega a responder a cualquier pregunta porque la investigación judicial en curso “es de carácter secreto”.

En cualquier caso, en los últimos ocho años, Egal se ha convertido en un peso pesado de la industria alimentaria, sobre todo gracias a los jureles importados de Namibia. Eric Monga, antiguo director general, escribió a PPLAAF que “es sabido que, con la llegada de Egal, los precios del jurel y de los alimentos frescos han bajado”. Pero las cosas no son tan evidentes, según los precios de mercado en Kinsasa publicados online por el Instituto Nacional de Estadística del Congo, la Agencia de Noticias Congolesa y la Radio Okapi de la ONU.

A finales de 2016, dos años después de que Egal comenzara a operar, los precios del jurel eran un 20% más altos que a mediados de 2013. Siguieron subiendo en los años siguientes, aunque en 2020, al convertir los francos congoleños a dólares, los precios habían bajado ligeramente, según los cálculos de PPLAAF. Hay pocas pruebas de que la misión “patriótica” de Egal de luchar contra el hambre haya tenido éxito.

                                                                    Traducción: Mariola Moreno

Con 3.500 millones de euros en depósitos y 2.200 empleados repartidos en 11 países, BGFIBank es el grupo bancario más importante de África central. Pero esta entidad financiera también está tan estrechamente vinculada al poder y a los clanes familiares presidenciales de algunos Estados africanos productores de petróleo que se convirtió en un pilar institucional en Gabón, República del Congo –capital Brazzaville– y República Democrática del Congo –capital Kinsasa–. En su página web, el BGFI reivindica su ascendencia franco-gabonesa: creado como filial gabonesa del Banque de Paris et des Pays-Bas, nacionalizado en 1982 y rebautizado como Paribas Gabon, el banco ha visto crecer al Estado gabonés como su principal accionista a lo largo de los años 90. Esta nueva participación justificó su cambio de nombre en 1996: Banque Gabonaise et Française internationale (BGFI).

La red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, y sus socios –Bloomberg, RFI-Radio France Internationale, L'Orient le Jour, BBC Africa Eye, KvF, The Namibian, The Continent y The Wire– junto con la Plataforma para la Protección de los Denunciantes de Corrupción en África (PPLAAF), Public Eye, The Sentry, Resource Matters y Congo Research Group, han investigado 3,5 millones de documentos del BGFI, que se revela como el centro de operaciones utilizado por la familia del expresidente congoleño Joseph Kabilia para enriquecerse saqueando las arcas de uno de los países más pobres del mundo. El resultado de nueve meses de trabajo es la crónica detallada del Congo Hold-Up (El expolio del Congo).

Bajo la sombra de la FIBA

En cambio, el BGFI no es tan elocuente cuando se trata de otro antecesor clave. En 1999, cuando la petrolera francesa Elf Aquitaine se fusionó con Total, la nueva entidad tuvo que desembarazarse de un banco sospechoso dedicado a los intereses petroleros franceses en África, lo que se dio en llamar Francáfrica, la relación neocolonial de Francia con sus antiguos territorios en el continente: Banque Française Intercontinentale (FIBA) era conocido como “el banco de Elf”, la entidad que Elf utilizaba para pagar a los Estados productores de petróleo la renta que les correspondía. Con sede únicamente en Gabón y República del Congo, este banco era propiedad –hasta el 51% de sus acciones– del entonces presidente Omar Bongo y de tres de sus numerosos hijos.

A través del FIBA, discreto cajero automático del presidente de turno, Elf permitía la prefinanciación del petróleo (anticipos sobre futuros beneficios petroleros) mientras llegaba a verse en situaciones tan difíciles como la de tener que pagar facturas de traficantes de armas. Cuando se disolvió, este banco no encontró comprador, pero parte de sus oficinas y sus clientes fueron asumidos por el grupo BGFIBank. Esta doble ascendencia –Fiba y BGFI– permite comprender por qué, hoy en día, los diferentes holdings familiares de la familia Bongo –como Delta Synergie– poseen el 10,75% de la sociedad matriz BGFI Holding Corporation.

Dinero y poder

Esta doble ascendencia también permite comprender la complejidad de los relevos de poder en el banco. Pascaline Bongo, hija del difunto presidente Omar Bongo y hermana del actual presidente, Ali Bongo, no es la única administradora que representa el primer círculo de poder gabonés dentro del consejo de administración del holding. El ex ministro de Finanzas de Gabón, Emile Doumba, también formó parte, hasta julio de 2020, del consejo de administración del holding. No habría nada que decir si, 20 años antes, cuando dirigía el Banco Internacional de Comercio e Industria de Gabón (Bicig), Emile Doumba no hubiera creado un departamento dedicado a las cuentas numeradas.

En la República Democrática del Congo, donde se sabe que el banco es el favorito de la familia Kabila, el 40% del capital de la filial BGFIBank RDC pertenecía a la hermana menor del expresidente Kabila, Gloria Mteyu, y hasta mayo de 2018 su director general era Francis Selemani Mtwale, hermano adoptivo de Joseph Kabila. Por último, en Congo-Brazzaville, el presidente del BGFIBank Congo es Jean-Dominique Okemba, sobrino del presidente Denis Sassou Nguesso y durante mucho tiempo su consejero especial, además de secretario general desde 2002 del Consejo de Seguridad Nacional, lo que le convirtió en el jefe de los servicios de la inteligencia congoleña.

BNP PARIBAS, acusado de blanqueo y corrupción

Esta promiscuidad entre el dinero y el poder dio lugar a varias investigaciones judiciales en Europa y Estados Unidos. La más reveladora es la conocida como Ganancias ilícitas, abierta en 2010 por la división financiera del Tribunal de París. Entre 1996 y 2008, a través del BGFIBank Gabón y del banco francés BNP Paribas, la familia Bongo adquirió 12 propiedades en París y Niza por un importe total de al menos 35 millones de euros. Familiares de la familia Bongo depositaron cantidades en efectivo en una cuenta del BGFI, el dinero volvió al BNP Paribas –se habla de un total de 52 millones de euros– y se utilizó para adquirir inmuebles al amparo de una empresa de decoración de interiores “en relación casi exclusiva” con el presidente Omar Bongo. El origen sospechoso de los fondos era tan visible –el volumen de dinero en efectivo “no guarda relación con los emolumentos” del presidente de Gabón, concluía la investigación–, que BNP Paribas fue acusado en mayo de 2021 de “blanqueo de dinero, corrupción y malversación de fondos públicos”.

Otro dato esclarecedor: la investigación llevada a cabo por los agentes federales estadounidense a raíz de la compra de un ático de lujo en Bahía Vizcaína, en Miami (Florida), para el hijo del presidente de Congo-Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso. Sasssou Nguesso hijo es sospechoso de haber malversado entre 2011 y 2014 millones de dólares de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), de la que era subdirector general. Esos fondos se canalizaron presuntamente a través de las cuentas de empresas ficticias alojadas en una filial del BGFIBank y luego a cuentas bancarias en Florida para comprar el ático, que tenía un valor de mercado de tres millones de dólares.

cleptocracia al descubierto

Otra investigación, esta vez relativa a la República Democrática del Congo, se publicó en las páginas del periódico belga Le Soir en octubre de 2016: en una confirmación de lo que aparecía en varios documentos, el exjefe del departamento de Seguimiento del BGFIBank RDC, Jean-Jacques Lumumba, denunció “retiradas dudosas de efectivo”, cheques injustificados, pagos sorprendentes realizados por el Banco Central del Congo en la cuenta del BGFIBank de una empresa privada propiedad de un pariente cercano de Kabila. También denunciaba un préstamo ilícito de 25 millones de dólares concedido por el BGFIBank RDC a la Comisión Electoral Nacional e Independiente (CENI), que organiza las elecciones nacionales, pese a que la CENI estaba en la lista de morosos del Banco Central del Congo. La sospecha aireada por Jean-Jacques Lumumba era que el dinero destinado a las elecciones –que fueron aplazadas por falta de recursos– se dilapidó en desembolsos irregulares.

Estos Lumumba Papers publicados por Le Soir, en cuya investigación profundizaron después las ONG PPLAAF y The Sentry y la revista Jeune Afrique en 2017 y 2018, desencadenaron una serie de auditorías internas en BGFI Congo. Auditorías a la vez devastadoras para el banco e insuficientemente investigadas, o incluso dirigidas por la altos ejecutivos del banco. Estas auditorías, a las que EIC ha tenido acceso, condujeron a la discreta salida de Francis Selemani del banco, en mayo de 2018. Supusieron la caída del hermano adoptivo del expresidente.

Las revelaciones de Congo Hold-Up (El expolio del Congo) permiten observar de cerca el alcance de la malversación efectuada a través del BGFI Congo. Interrogado recientemente por los colaboradores de esta investigación, el jefe de la Inspección General de Finanzas (IGF) del Congo, Jules Alingete, fue muy claro: “Para mí, el BGFI es un banco mafioso. Es un inspector general quien habla después de haber hecho sus investigaciones. Es inaceptable lo que ha ocurrido”.

Joseph Kabila gobernó la República Democrática del Congo (RDC) con mano de hierro durante 18 años. Propulsado a la presidencia en 2001, tras el asesinato de su padre Laurent-Désiré, el entonces joven de 29 años se convirtió rápidamente en un autócrata, con tres mandatos marcados por la represión, la ejecución y la tortura de cientos de opositores, y el amaño de elecciones. Hizo falta una intensa presión por parte de la oposición y de la comunidad internacional para que Joseph Kabila finalmente aceptara dimitir tras las elecciones de diciembre de 2018, dos años después de finalizado su mandato.

Retirado en una granja privada de Kingakati, a 50 kilómetros de la capital, Kinsasa, donde ha mandado construir un enorme zoológico, el expresidente ha dejado a su sucesor (Félix Tshisekedi) un país en el que se sigue derramando sangre por los conflictos armados y al que no logró sacar de la pobreza. A pesar de sus inmensos recursos minerales, la RDC o Congo-Kinsasa, un país continente de 80 millones de habitantes, es el sexto país más pobre del mundo y ocupa la 175 posición, de un total de 189, en el índice de desarrollo humano de la ONU. La mitad de la población no tiene acceso al agua potable y el 90% carece de electricidad.

Mientras más del 70% de los congoleños sobreviven con menos de dos dólares al día, Joseph Kabila y familia han acumulado una fortuna colosal. Según una investigación publicada por Bloomberg en 2018, el clan presidencial posee 120 licencias mineras y más de 70 empresas, todo ello por valor de cientos de millones de dólares.

Gran parte de este dinero procede de la corrupción y de la malversación masiva de fondos públicos. Esto es lo que Mediapart y sus socios del proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo) revelan a partir de hoy, gracias a la mayor filtración de datos de África.

Mediapart (socio editorial de infoLibre) y la ONG Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF, por sus siglas en francés) han tenido acceso a más de 3,5 millones de documentos del banco BGFI, datos que han sido analizados durante nueve meses por 13 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), así como por cinco ONG (véase la caja negra).

Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) muestran que la familia Kabila y sus socios, con la complicidad del BGFI, malversaron al menos 138 millones de dólares (121,3 millones de euros) de las arcas del Estado entre 2013 y 2018. Esto equivale a 250.000 años de salario medio en la RDC.

A esa cifra hay que añadirle 33 millones de dólares depositados en efectivo y 72 millones de dólares de origen desconocido que transitaron de la cuenta del BGFI al Banco Central del Congo. Es decir, 244 millones en fondos públicos, y de origen dudoso, que fueron a parar al círculo cercano de Joseph Kabila, a través de cuentas del BGFI.

¿Cómo se puede malversar tanto dinero? Basta con controlar una entidad bancaria. Normalmente, son los ladrones quienes asaltan bancos. En la RDC, fue un banco el que ayudó al clan Kabila a robar al Estado.

Este banco es el BGFI. El banco del presidente. O más bien de los presidentes.

El grupo BGFI, con sede en Gabón, está estrechamente vinculado a la familia de los presidentes Omar y Ali Bongo, que es accionista a través del holding Delta Synergie.

Cuando el BGFI abrió una filial en la RDC en 2010, se alió con el presidente Kabila. Su hermana Gloria Mteyu recibió el 40% del capital de forma gratuita. En 2012, Francis Selemani, hermano adoptivo del presidente, se convirtió en director general del BGFI RDC.

Un año después, Francis Selemani y Gloria Mteyu compraron una empresa sin actividad, con sede en un antiguo garaje de Kinsasa, Sud Oil.

La hermana de Joseph Kabila y, sobre todo, su hermano controlaban tanto el banco como la sociedad instrumental. Así pudieron saquear las arcas del Estado.

Operaciones acrobáticas, apuntes en cuenta falsos, facturas dudosas, transacciones antedatadas: el BGFI hizo gala de un increíble ingenio financiero para ayudar al clan Kabila a enriquecerse y, posteriormente, a la hora de encubrir el fraude cuando estallaron los primeros escándalos en 2016. En una entrevista concedida al proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo), el responsable de la Inspección General de Finanzas (IGF) de la RDC, Jules Alingete, califica al BGFI de “banco mafioso”.

Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) muestran que sólo Sud Oil y sus empresas satélites cobraron más de 150 millones de dólares, incluidos 28 millones en efectivo y 92 millones de dólares de dinero público en sus cuentas en el BGFI.

El Banco Central del Congo

Para lograrlo, necesitaron la ayuda de otro banco, y no de uno cualquiera: del Banco Central del Congo (BCC). En abril de 2013, unos meses antes del inicio de la operación Sud Oil, Joseph Kabila nombró gobernador de la entidad pública al economista Deogratias Mutombo. Bajo su dirección, el BCC se convirtió en el principal proveedor de fondos de la familia presidencial.

Sud Oil también sirvió de vehículo en la corrupción del régimen, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de empresas extranjeras, como se revelará en próximas entregas de esta investigación.

Su principal actividad parecía ser la malversación de fondos públicos. Sud Oil cobró una especie de tasa Kabila a varias instituciones y empresas públicas congoleñas, como el Banco Central (50 millones de dólares), la empresa minera nacional Gecamines (20 millones), el Fondo Nacional de Mantenimiento de Carreteras, la Empresa Nacional de Transportes y Puertos, la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral Nacional Independiente. Sud Oil llegó a malversar el pago de las fuerzas de paz congoleñas en una misión de la ONU en la República Centroafricana.

El clan Kabila parecía tomar al Estado por un cajero automático. La mayor parte del dinero se retiró en efectivo, por valor de 80 millones de dólares. Y eso que la ley congoleña prohíbe cualquier retirada de efectivo por un importe superior a 10.000 dólares.

Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) muestran que Francis Selemani, hermano de Joseph Kabila y responsable del BGFI, recibió personalmente más de 10 millones de dólares de Sud Oil, que se utilizaron para comprar bienes inmuebles en Sudáfrica y Estados Unidos.

Los fondos malversados también parecen haber beneficiado a los empresarios Alain Wan y Marc Piedboeuf, hombres muy próximos a Joseph Kabila y que controlan un imperio económico en la RDC. Fueron, en particular, accionistas y luego gestores de Grands Elevages du Bas Congo, la enorme finca agrícola del presidente Kabila.

El 25 de mayo de 2016, Marc Piedboeuf retiró 640.000 dólares en efectivo de la cuenta de Sud Oil en el BGFI gracias a un cheque emitido a su nombre por la empresa. El 26 de junio de 2016, André Wan, hijo de Alain, retiró 1,1 millones de dólares en efectivo de la misma manera.

Alain Wan y Marc Piedboeuf se han negado a responder a las preguntas de los medios que investigan Congo Hold-up (El expolio del Congo) y, por medio de su abogado, se han limitado a señalar que éstas contienen información “mayoritariamente falsa” y motivada por una “clara intención de hacer daño”. El 3 de noviembre, antes de la publicación de este artículo, presentaron una denuncia por “calumnias” contra Mediapart y su socio belga De Standaard ante un fiscal de Kinsasa, solicitando la “aceleración de una comisión rogatoria ante los tribunales belgas y franceses, dada la existencia de un peligro inminente” (léase la caja negra).

Al término de esta investigación, sus autores se toparon con un muro de silencio. Joseph Kabila, Francis Selemani, Gloria Mteyu, el BGFI, el Banco Central del Congo y su exgobernador Deogratias Mutombo no respondieron a las preguntas que se le enviaron, como tampoco lo hicieron la mayoría de los protagonistas de esta investigación.

Una empresa fantasma llamada Sud Oil

La saga de Sud Oil comenzó en 2011, cuando la creó Pascal Kinduelo, un hombre de negocios influente, muy cercano a Joseph Kabila, que preside el consejo de administración del BGFI RDC. Esta empresa de distribución de petróleo, con cuenta en el BGFI, había quedado inactiva en 2012, tras vender sus estaciones de servicio.

Pero en el verano de 2013, Kinduelo transfirió el 80% del capital de Sud Oil a la mujer de Francis Selemani, hermano de Joseph Kabila y director general de BGFI RDC, y el 20% de las acciones a Gloria Mteyu, hermana del presidente de la República y accionista del 40% del banco. La connivencia con el BGFI es total. También lo es el conflicto de intereses.

Los documentos del Congo Hold-up (El expolio del Congo) demuestran que era Selemani quien tenía el control efectivo de Sud Oil, a través de su fiel y discreto colaborador tanzano David Ezekiel, promovido hasta la gerencia de la empresa. Solo él retiró casi 53 millones de dólares en efectivo de las cuentas de la empresa entre 2013 y 2018.

Los documentos de la filtración prueban que David Ezekiel también retiró, en paralelo, 250.000 dólares de otra empresa propiedad del presidente Joseph Kabila. Puestos en contacto con David Ezekiel no ha respondido a las llamadas de los medios que han investigado en Congo Hold-up (El expolio del Congo).

El BGFI desempeñó un papel central en el saqueo de la familia Kabila en el saqueo de las arcas públicas del Congo.

En otoño de 2013, Sud Oil puso en marcha su primera operación, la compra del antiguo edificio de ATC, un concesionario de automóviles perteneciente a Philippe de Moerloose, un rico empresario belga próximo a Joseph Kabila, que se lo había comprado dos años antes a su propio grupo. El inmueble está situado en el número 43 de la avenida Tombalbaye, en Gombe, el barrio más exclusivo de Kinsasa.

Varios correos electrónicos prueban que Francis Selemani parece estar negociando la venta con Philippe de Moerloose en nombre de Sud Oil, aunque oficialmente no tenga ninguna función en la empresa. “Querido Francisco, espero que estés bien. Ten la certeza de que cerraremos este trato y de que no tengo ningún problema, porque confío en ti. Esto es lo más importante”, le escribió el empresario belga el 14 de octubre de 2013.

De Moerloose reclama 12 millones de dólares, que debían ingresarse en su cuenta suiza en el banco UBS de Ginebra; cinco millones de manera inmediata y, el resto, a lo largo de un año. Sin embargo, Sud Oil sólo tiene algo más de 100.000 dólares en su cuenta en ese momento. Pero para Francis Selemani, hermano del presidente de la República, eso no es un problema.

El 25 de noviembre de 2013, el día de la venta, el Banco Central del Congo transfirió 5,5 millones de dólares a la cuenta de Sud Oil en el BGFI. Los siete millones restantes se financian con una garantía bancaria concedida por la filial francesa del BGFI, en forma de 12 letras de cambio mensuales que Sud Oil debe devolver. La empresa cumplió escrupulosamente sus compromisos, gracias a misteriosos depósitos en efectivo realizados antes de cada vencimiento.

Philippe de Moerloose argumenta a este respecto que sus “conversaciones con Selemani se referían” únicamente a la “garantía de pago” concedida por el BGFI “y no a la operación inmobiliaria”. Añade que “en ese momento exigió una copia del registro de accionistas” de Sud Oil y que el documento que le presentaron “no contenía información sobre ningún miembro de la familia Kabila”.

A principios de 2014, Sud Oil trasladó su sede al antiguo garaje comprado a De Moerloose. Según varios testigos, la empresa no tenía empleados en el lugar, ni siquiera una oficina para su gerente David Ezekiel, el hombre de confianza de Selemani. “Venía de vez en cuando, pero para ocuparse de negocios y problemas relacionados con el edificio”, dice una de nuestras fuentes.

Oficialmente, Sud Oil sigue siendo una empresa petrolera, pero los autores de esta investigación no han encontrado ni rastro de su actividad en ese campo. La empresa no está registrada como en el Ministerio de Hacienda, no tiene número de identificación fiscal y, por tanto, no paga impuestos.

En resumen, Sud Oil es una empresa fantasma. Un cajero automático al servicio de la familia Kabila.

La única actividad económica de Sud Oil parece haberse realizado... con el BGFI. En abril de 2014, alquiló al banco parte del garaje que le sirve de sede, para guardar sus archivos. Sud Oil y una de sus empresas satélite alquilaron posteriormente otras tres propiedades al banco, recibiendo un total de 784.000 dólares en concepto de alquiler.

El BGFI también pagó a Sud Oil 934.000 dólares para comprar coches de empresa, incluidos 145.000 dólares para los del director general Francis Selemani y el presidente del consejo de administración Pascal Kinduelo, una suma enorme para ser sólo dos vehículos. Sin embargo, sólo se han encontrado 276.000 dólares en pagos en concepto de compras de coches en los extractos bancarios de Sud Oil.

Kwanza Capital

En este año 2014, el gran negocio de Francis Selemani es una nueva empresa que acaba de crear, Kwanza Capital. Es propiedad en un 80% de Pascal Kinduelo y en un 20% de Sud Oil. Pero en realidad está controlada por el jefe del BGFI. Esto crea un nuevo conflicto de intereses, ya que Kwanza es competidor del banco.

Como ya reveló un informe de la ONG The Sentry, socia del proyecto Congo Hold-up (El expolio del Congo), Kwanza Capital era el banco de inversión secreto de la familia Kabila. Obtuvo del Banco Central el estatus de “institución financiera especializada”, hasta ahora reservado a un puñado de instituciones públicas.

Sud Oil financió Kwanza con 23 millones de dólares, en gran parte con dinero público malversado. La primera transacción en la cuenta de Kwanza en el BGFI, el 27 de agosto de 2014, fue una transferencia de cinco millones de Sud Oil, financiada por una transferencia por el mismo importe realizada el mismo día por... el Banco Central del Congo.

Así, Kwanza pudo empezar a prestar dinero a empresas públicas o controladas por personas del entorno del presidente Kabila. Kwanza prestó 24 millones de dólares a SCTP, la empresa estatal encargada de los puertos y el transporte fluvial, con un beneficio de 1,3 millones de dólares. El segundo préstamo se le concedió a MW Afritec, una empresa de construcción controlada por los empresarios Alain Wan y Marc Piedboeuf, con un beneficio de 381.000 dólares.

Kwanza también parece haber servido para el blanqueo. El 19 de noviembre de 2014, Sud Oil recibió tres millones de dólares de la empresa Egal, dirigida por Wan y Piedboeuf, que los obtuvo del Banco Central. El mismo día, Sud Oil transfiere los fondos a la cuenta de Kwanza, donde se retira el dinero en efectivo.

Pero el gran proyecto de Francis Selemani para Kwanza estaba en otra parte. Intentó, finalmente sin éxito, comprar dos bancos congoleños: el BIAC y el BCDC, este último controlado en aquel momento por el famoso multimillonario belga George Forrest, muy activo en la RDC.

El proyecto era, como mínimo, arriesgado; permitir que la familia del presidente Kabila fuera propietaria de un banco, además de la gestión de facto que ya ejercía sobre el BGFI RDC, habría representado un alto riesgo de fraude y blanqueo.

A pesar de ello, Kwanza Capital recibió apoyo, en su intento de comprar el BCDC, del prestigioso bufete de abogados de negocios parisino Orrick Rambaud Martel, dirigido en ese momento por el abogado francotongolés Pascal Agboyibor, muy establecido en la RDC.

Según revelaciones de la ONG The Sentry, Agboyibor participó directamente en las negociaciones sobre el BCDC en nombre de la familia Kabila. Y Kwanza, según los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo), pagó la friolera de 698.469 dólares en honorarios a Orrick Rambaud Martel. Al ser preguntados por Mediapart, la empresa y Pascal Agboyibor no respondieron.

Tras estos fracasos, Francis Selemani también intentó poner en marcha un banco de verdad. La empresa, llamada Alliance Bank y propiedad de Kwanza en un 80%, nunca llegó a despegar. Necesitaba que los llamados bancos corresponsales realizaran transacciones en dólares en su nombre. Pero ninguna institución extranjera aceptó desempeñar este papel para el banco de la familia Kabila.

Elecciones aplazadas dos años

La historia de Sud Oil cambió en 2015, al mismo tiempo que la del país. Se acerca el final del segundo mandato de Joseph Kabila y la Constitución le prohíbe presentarse a un tercero. El presidente debe marcharse tras las elecciones previstas para diciembre de 2016.

Pero en enero de 2015, hizo que el Parlamento examinara un proyecto de ley para aplazar la votación. La iniciativa, interpretada como el deseo de Kabila de permanecer en el poder de forma ilegal, provocó manifestaciones, que fueron reprimidas sangrientamente por el régimen, causando más de 40 muertos, sólo el primer día, en Kinsasa. La crisis duró más de un año, hasta la firma de un acuerdo político en diciembre de 2016 sobre las elecciones, que Kabila consiguió aplazar hasta diciembre de 2018.

Fue durante estos dos años de crisis, en 2015 y 2016, cuando Sud Oil recibió la mayor cantidad de dinero público: 85 millones de dólares, es decir, el 94% de las cantidades que malversó de las arcas del Estado. El clan Kabila parece haber querido enriquecerse lo más rápido posible, por temor a que el presidente se viese obligado a dejar el poder a finales de 2016, tal y como establecía la Constitución.

Para llenar las arcas de Sud Oil, Francis Selemani, responsable del BGFI, recurrió a todo el ingenio de sus banqueros. Hasta tal punto que a veces es difícil saber si las instituciones públicas que financiaron la empresa fueron consentidoras.

Tómese como ejemplo el caso de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), el organismo encargado de organizar las elecciones. En 2016, pidió un préstamo por importe de 25 millones del BGFI, lo que supone un millón en comisiones. Comisiones que fueron cargadas dos veces por el banco el 13 de mayo de 2016. El segundo débito de un millón de dólares figura en concepto de “comisiones de notificación”. Pero el dinero lo transfiere el BGFI a la cuenta de Sud Oil y lo retira en efectivo dos días después el hombre de Selemani, David Ezekiel.

Posteriormente, durante una auditoría interna, un ejecutivo del banco presentó una factura para justificar este pago, indicando que Sud Oil había vendido 751.852 litros de gasóleo a la CENI. Algo sorprendente, ya que el apunte por la transacción era diferente, y no se ha podido encontrar rastro alguno de la actividad de Sud Oil en el mundo del petróleo.

En julio de 2016, la CENI transfirió 299.998 dólares a Sud Oil en cuatro pagos. ¿El concepto? compras de combustible para aviones.

¿Validó la CENI estos pagos? La comisión electoral no ha respondido. Su expresidente en el momento de los hechos, Corneille Nangaa, se ha negado a responder, mientras que el exvicepresidente, Norbert Basengezo, asegura que “nunca había oído hablar de este caso ni de la empresa” Sud Oil.

Un esquema similar puede encontrarse en la Asamblea Nacional. El 30 de septiembre de 2016, el BGFI le cobró “multas por retraso” por importe de 367 millones de francos congoleños (375.000 dólares). El dinero fue transferido a Sud Oil y retirado en efectivo el mismo día. Cuando se le pregunta, la Asamblea Nacional afirma que no dio al BGFI “ninguna orden de transferencia [...] a favor de esta empresa”.

El mismo escenario se da en la Empresa Congoleña de Transportes y Puertos (SCTP, por sus siglas en francés). El 19 de diciembre de 2015, esta compañía estatal transfirió 1,16 millones de dólares de su cuenta en el BGFI a una cuenta interna del mismo banco, en concepto de “reembolso impagado” y “comisión de notificación”, lo que sugiere el pago de gastos bancarios. El dinero en realidad se transfirió a Sud Oil y se sacó en efectivo. La SCTP no ha dado explicaciones al respecto, pese a ser contactada.

Uno de los ejemplos más impactantes se refiere al dinero para carreteras, del que la RDC tiene una gran necesidad. El país tiene el tamaño de Europa Occidental y sólo cuenta con 3.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, 130 veces menos que Francia. El pasado mes de abril, el director del Fondo Nacional de Mantenimiento de Carreteras de la RDC (Foner) calculó que se necesitaba 145.000 millones de dólares para ampliar y renovar la red.

Mientras Foner intentaba dar pena, realizaba 21 transferencias desde sus cuentas del BGFI a Sud Oil y su filial Kwanza entre abril de 2015 y marzo de 2016, por importe de 10,1 millones de dólares. La mayor de ellas, por valor de 3,1 millones de dólares, la recibió Kwanza el 23 de enero de 2015, con la única mención de “OAR/operaciones”, nombre de una cuenta interna del BGFI. El 26 de enero, Kwanza transfirió los fondos a Sud Oil, que los retiró en efectivo 10 días después.

Foner no ha respondido a ninguna pregunta, tampoco quien era su director general entonces, Fulgence Bamaros, que actualmente cumple una condena de tres años de prisión por otro caso de malversación de fondos públicos.

También casos azules de la ONU

El clan Kabila también consiguió apropiarse del sueldo de los 925 cascos azules congoleños que operan en el marco de la Minusca, la misión de paz de la ONU en la República Centroafricana.

En enero de 2016, la ONU decidió poner fin a la participación de este contingente, tras los casos de violación. En diciembre de 2015 y marzo de 2016, la ONU realizó dos pagos por un total de 7,3 millones de dólares a la RDC, correspondientes al reembolso final de los costes por su participación en la Minusca. El dinero se paga a la Misión Permanente de la RDC ante la ONU, en su cuenta del Citibank de Nueva York.

Preguntada al respecto, la Misión Permanente responde que el embajador de la RDC ante la ONU recibió entonces la orden “de la capital” de pagar “los alquileres atrasados” de la Misión, y luego de transferir el saldo, es decir, 6,8 millones de dólares, al “Banco Central del Congo (BCC) a través del BGFI Bank RDC”.

El expresidente de la República Democrática de Congo Joseph Kabila, en una intervención ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2013.

El embajador así lo hace. La orden de transferencia enviada a Citibank, a la que esta investigación ha tenido acceso, indica que el dinero debe transferirse a la cuenta del BCC abierta en el BGFI. La Misión Permanente precisa que envió “un mensaje oficial [...] al Banco Central” para advertirle.

El BGFI recibió los fondos el 16 de mayo de 2016, pero los abonó en la cuenta de... Sud Oil.

Sud Oil le acababa de birlar al Banco Central 6,8 millones, pero éste no se lo tiene en cuenta. Ese mismo día, el BCC le pagó 7,5 millones de dólares a la empresa. 14,3 millones de dólares de dinero público recaudados en el mismo día.

Empresa minera estatal

La empresa minera estatal Gecamines, la máquina de hacer dinero de la RDC, también se puso a trabajar, al abonar 20 millones de dólares a Sud Oil. Joseph Kabila es alguien muy cercano al presidente del consejo de administración de Gecamines, el influyente empresario Albert Yuma, presidente de la Federación de Empresas del Congo y administrador del Banco Central hasta el pasado mes de julio.

El 13 de junio de 2016, Gecamines realizó una transferencia de dos millones de dólares desde su cuenta en el BGFI, en concepto de “anticipo de saldo por impuestos”, es decir, el pago de un impuesto al Estado. Pero el dinero llegó a la cuenta de Sud Oil, por un concepto diferente, “retirada de saldo 10 millones”.

El 31 de julio, Gecamines transfirió la suma de 15 millones de dólares a Sud Oil. El concepto del apunte, “pago mantenimiento de nuestra cuenta” sugiere que la empresa estatal y Sud Oil son la misma. Como símbolo de la cleptocracia instituida por el presidente Kabila.

La transacción final es, como poco, sorprendente. El 10 de marzo de 2016, el director general de Gecamines envió una “instrucción de pago” al BGFI, ordenando la transferencia de tres millones de dólares a Kwanza Capital, una filial de Sud Oil. No da ninguna razón, pero insiste en la “urgencia” de esta operación. El BGFI no cumple totalmente las indicaciones, ya que transfiere 2,4 millones a Kwanza y 0,6 millones a Sud Oil.

Preguntados por ello, ni Gecamines ni Albert Yuma han respondido.

AUDITORÍAS EN EL BGFI

Pero, con mucho, el mayor contribuyente de la empresa fantasma controlada por el hermano y la hermana del jefe de Estado es el Banco Central del Congo (BCC), dirigido hasta el pasado julio por Deogratias Mutombo.

Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) muestran que el BCC pagó, a través del BGFI, 51,4 millones de dólares a Sud Oil, incluyendo 30 millones en un único abono, el 29 de septiembre de 2016, a través de una transferencia por “nivelación”. El concepto parece inexacto, ya que una regulación suele referirse a un pago entre dos cuentas pertenecientes al mismo cliente bancario.

Preguntados a ese respecto, ni el Banco Central ni Deogratias Mutombo respondieron.

Esta operativa podría haber continuado así durante mucho tiempo si no fuera por la intervención de un banquero del BGFI RDC que se convirtió en denunciante, Jean-Jacques Lumumba. Gracias a los documentos internos que se procuró, los papeles de Lumumba, el diario belga Le Soir reveló, en octubre de 2016, una primera serie de irregularidades, entre ellas el dinero desviado de las cuentas de la CENI, la comisión electoral.

Al año siguiente, los auditores de PwC, la dirección del grupo BGFI en Gabón y el Banco Central realizaron auditorías concluyentes sobre la gestión del BGFI RDC. “La suma de las deficiencias descritas somete al banco a una exposición muy elevada a los riesgos operativos, de litigio, de blanqueo de capitales y de reputación”, concluye la auditoría del BCC.

El 17 de octubre de 2017, la ONG The Sentry publicó un informe que mostraba los vínculos de BGFI RDC con el grupo Congo Futur, dirigido por un empresario libanés sometido a sanciones de Estados Unidos por financiar al partido y la milicia chií Hezbolá.

El responsable del BGFI RDC entra en pánico. Para evitar ser sancionado también por Estados Unidos, Francis Selemani contrata a un abogado estadounidense, Erich Ferrari, que asiste a varios dignatarios del régimen congoleño, entre ellos el presidente Joseph Kabila.

Ferrari debe supervisar una auditoría de KPMG, una empresa destinada a exculpar al banco y a su jefe. Hasta que los auditores pretenden investigar tres empresas controladas por Selemani, entre ellas Sud Oil y su filial Kwanza Capital.

Selemani no quería correr semejante riesgo. Con el acuerdo de su cliente, Ferrari consiguió convencer a KMPG de que no auditara estas empresas, diciéndoles que ya había empezado a investigarlas él mismo. Preguntado al respecto, el abogado indicó que nunca habría dado ese paso “unilateralmente”, sin “el acuerdo de su cliente”.

La presión va en aumento. Francis Selemani posee, junto con su esposa, una empresa llamada Ascend Trust. Recibió 7,4 millones de dólares de Sud Oil, de los que quedan 3,4 millones. Quiere sacar ese dinero del banco.

En diciembre de 2017, Ascend transfiere el dinero a otra empresa pantalla, Horizon Congo, controlada por David Ezekiel, testaferro de Selemani y gerente de Sud Oil. La transferencia se justifica con facturas dudosas, en concepto de compra de “excavadoras hidráulicas”. Ezequiel y otro testaferro, contratado para la ocasión, van retirando progresivamente los fondos en efectivo.

La operación la confirma el departamento de auditoría interna del BGFI, cuyo informe de investigación es contundente, la cuenta de Horizon Congo se había abierto infringiendo los procedimientos y el testaferro de Ezekiel había podido realizar ciertas retiradas aunque no estaba autorizado en la cuenta.

El jefe de auditoría interna, Yvon Douhore, descubrió que David Ezekiel tenía dos firmas diferentes, una para Sud Oil y otra para Horizon Congo. “¿Qué puede llevar a que una misma persona a tener diferentes firmas? Realmente...”, escribió a una colega. “Es simplemente impensable”, respondió entonces ella.

Los problemas continúan. En abril de 2018, los auditores de PwC investigan algunas operaciones de la cuenta de Gecamines. Entre ellos, está el “anticipo fiscal” de dos millones de dólares que fue desviado a Sud Oil el 13 de junio de 2016.

Ante esta amenaza, la empresa controlada por Selemani se resigna a devolver el dinero. Moreau Kaghoma, director de operaciones del BGFI RDC, se encarga de la limpieza. El 13 de abril de 2018, ordena a un informático del banco que realice dos operaciones datadas con carácter previo. Para ello es necesario modificar directamente la base de datos, sin pasar por el software de gestión del banco.

Sud Oil reembolsa los dos millones a Gecamines, que paga al Banco Central. Aunque se realizaron en 2018, estas dos operaciones están fechadas el 13 de junio de 2016, el día del desfalco. Como resultado, al leer los apuntes de la cuenta, los auditores pensarán que el pago de Gecamines a Sud Oil fue un simple error, corregido el mismo día.

Cuando esta investigación se puso en contacto con él, Moreau Kaghoma se negó a responder, remitiéndonos al BGFI.

Una semana después, el 22 de abril de 2018, Jeune Afrique lanzó una bomba, revelando a través de los papeles de Lumumba, el pago de 7,5 millones de dólares realizado por el Banco Central a Sud Oil en mayo de 2016. Es la primera vez que se revela la existencia de la empresa, así como sus propietarios, la hermana del presidente Kabila, Gloria Mteyu, y la esposa de su hermano Francis Selemani, máximo responsable del BGFI RDC.

En Gabón, la información apunta al máximo responsable del grupo BGFI, Henri-Claude Oyima, que envió un correo electrónico a Selemani y a su adjunto al día siguiente: “Por favor, confirmadme si esta información es cierta y de qué se trata”.

Esta vez, Selemani lo hace bien. Dos días más tarde, el director de operaciones, Moreau Kaghoma, vuelve a encargarse de la limpieza ejecutando nuevas operaciones antedatadas directamente en la base de datos.

Pero esta vez lo hace de forma aún más sofisticada: ¡Sud Oil ni siquiera tiene que devolver el dinero!

El objetivo es hacer ver que Sud Oil compró 7,5 millones de dólares al Banco Central en 2016. Por lo tanto, Moreau Kaghoma realiza una del mismo importe en francos congoleños (7.000 millones) de Sud Oil a la cuenta del BGFI en el Banco Central.

Queda por compensar este pago para que no le cueste nada a Sud Oil. Kaghoma realizó cinco transferencias desde la misma cuenta del BGFI en el Banco Central a Sud Oil, por el mismo importe de 7.000 millones de francos congoleños, en concepto de “Cobil DRC”, nombre de una empresa pública de distribución de petróleo. No se sabe si Cobil pagó realmente este dinero o si fue un simple apunte contable.

Estas nuevas operaciones son antedatadas, por lo que parecen haberse realizado en mayo de 2016, al mismo tiempo que el pago inicial del Banco Central a Sud Oil.

Al día siguiente, el 26 de abril de 2018, Moreau Kaghoma envió a Selemani la explicación que debía utilizar con el gran jefe del grupo, Henri Claude Oyima: se trataba de una “operación de adjudicación (venta de divisas) organizada [...] por el Banco Central del Congo”, a través de la cual Sud Oil compró dólares.

El procedimiento funcionó, esta malversación de fondos no se menciona en las auditorías internas que se realizaron posteriormente. Pero esto no fue suficiente para salvar a Selemani.

Operación sálvese quien pueda

El 2 de mayo de 2018, Henri-Claude Oyima voló a Kinsasa para asistir a una reunión de la junta directiva del BGFI RDC. Allí anunció la salida del director general. Oficialmente, Selemani es “ascendido” a un puesto no especificado en la sede del grupo BGFI en Libreville.

Sus altos cargos, implicados en ciertas transacciones dudosas, siguen en sus puestos, incluido su adjunto Abdel Kader Diop, que se convierte en el nuevo director general. Se esforzarán por encubrir el fraude. Y facilitarán la exfiltración de decenas de fondos públicos malversados que siguen en las cuentas de las empresas de la red Sud Oil, controladas por Selemani.

Este es el comienzo de la operación sálvese quien pueda. Tras la salida de Selemani, los hombres de confianza del clan Kabila consiguieron retirar, en pocos meses, 30 millones de dólares en efectivo de las cuentas de Sud Oil y sus satélites, a pesar de que estas cuentas están bloqueadas debido a las investigaciones internas.

El 26 de abril de 2018, el BGFI RDC puso en marcha una “auditoría de las partes relacionadas del banco”, una forma modesta de describir a las personas y empresas de la familia Kabila que tienen cuentas allí, en primer lugar Sud Oil. La investigación está dirigida por el director de auditoría interna, Yvon Douhore.

El 11 de mayo de 2018, el gerente de Kwanza Capital, filial de Sud Oil, ordenó al BGFI que transfiriera todos los fondos de una de las cuentas de la empresa a “varios beneficiarios” y que luego cerrara la cuenta.

Por su parte, el gerente de Sud Oil, David Ezekiel, comienza a retirar dinero en efectivo. El jefe de auditoría interna se quedó atónito al descubrir que Ezequiel no fue al banco en persona para hacer las retiradas de fondos de la cuenta de Sud Oil. El director de operaciones, Moreau Kaghoma, se llevó el dinero en efectivo directamente y las firmas sólo se regularizaron a posteriori.a posteriori “Por favor, indique al cliente que se presente en las cajas (cajas de pagos elevados) para hacer las retiradas de efectivo”, ordena Yvon Douhore. Pidió una “vigilancia reforzada” de la cuenta de Sud Oil.

El 5 de junio, el director de la auditoría interna envió su informe preliminar al nuevo director del banco, Abdel Kader Diop. Es abrumadora. Varias cuentas de empresas vinculadas a la familia Kabila se habían abierto haciendo caso omiso de las normas, sin exigir los documentos necesarios sobre los beneficiarios, con un “riesgo significativo de no conformidad”. Lo mismo ocurre con los movimientos sospechosos en las cuentas de Sud Oil y sus empresas satélites, cuya “justificación [...] es mejorable”.

Abdel Kader Diop se hace el despistado. “No hay reacción de la dirección general (DG y DGA) [...]. Sin embargo, hay elementos bastante graves” en la auditoría, se queja Yvon Douhore en un correo electrónico.

El auditor jefe se da cuenta de que la dirección general está haciendo todo lo posible por obstruir la investigación. Se le negó el acceso a los extractos bancarios de Sud Oil. Las peticiones al director de operaciones para obtener documentos sobre transferencias sospechosas se retrasaron o quedaron sin respuesta. Yvon Douhore se quejó a su jefe, Arnaud Nguimbi, director de auditoría interna del grupo BGFI en Gabón: “Disculpa, pero creo que el director de operaciones se está burlando de nosotros”.

El 22 de junio de 2018, Yvon Douhore dio la voz de alarma a Huguette Oyini, la número 2 del grupo BGFI en Libreville. Explica que el director de operaciones no le contesta, y que “no ha venido a la oficina desde hace una semana por ‘razones de salud”. Peor aún, el director general del BGFI RDC, Abdel Kader Diop, le profirió “amenazas veladas”. El día anterior, “se dedicó a denigrar la labor de los organismos de control” durante una reunión.

El jefe de auditoría interna del BGFI RDC sabe que anda en un campo minado. Dos días antes, había enviado a su jefe Arnaud Nguimbi la “lista de los llamados clientes sensibles”, que el director de auditoría del grupo le había “solicitado”. Sin más explicaciones. La lista incluye a Sud Oil y a cuatro de sus empresas satélite.

¿Significa esto que las empresas pantalla controladas por el hermano y la hermana del presidente de la República no deberían haber sido investigadas a fondo? Douhore y Nguimbi no responden.

Ya sea por la obstrucción del trabajo de los auditores o por lo “delicado” del caso, el informe final sobre las “partes relacionadas”, enviado a la dirección del grupo BGFI en Libreville en julio de 2018, preserva perfectamente los intereses de Francis Selemani y la familia Kabila.

Ni sanciones ni denuncias

La auditoría es abrumadora para el BGFI RDC, cuyo nivel de cumplimiento se considera simplemente “inaceptable". La auditoría apunta a varias operaciones potencialmente irregulares, pero sin calificarlas. El informe no identificó ni retuvo ninguna de las operaciones que permitieron a Sud Oil apropiarse de 92 millones de dólares de dinero público.

A pesar de las irregularidades detectadas, el grupo BGFI no adoptó ninguna medida sancionadora contra los directivos de su filial congoleña. No se presentó ninguna denuncia ante los tribunales. En resumen, el BGFI parece haber encubierto el presunto fraude. Preguntado al respecto, el director general del grupo BGFI, Henri-Claude Oyima, no ha respondido.

La laxitud es tal que, a pesar de este informe de auditoría, la operación de retirada de los fondos del clan Kabila continúa como si nada. Aunque estas retiradas masivas ponen en peligro la tesorería del BGFI RDC.

El 11 de julio, el gerente de Sud Oil, David Ezekiel, envió al director general del banco, Abdel Kader Diop, tras su “conversación del día”, un “preaviso de retirada” de 15 millones de dólares en efectivo de las cuentas de Sud Oil, que pretendía realizar en cuatro plazos durante la semana siguiente.

Al día siguiente, Ezekiel retiró cuatro millones de dólares en efectivo, mientras la cuenta estaba en “bloqueo de gestión general”. El director de operaciones, Moreau Kaghoma, levantó el bloqueo. El 13 de julio se retiraron otros cinco millones de dólares en efectivo, lo que hace un total de nueve millones de dólares retirados en dos días.

El 16 de julio, el director de auditoría interna del BGFI RDC informó a su superior en Gabón de que Sud Oil y Kwanza “están en proceso de retirar sus activos”. El asunto se aborda el mismo día en el comité de tesorería del banco, donde se critica a Kaghoma por haber autorizado las retiradas. El director general, Abdel Kader Diop, le ordenó inmediatamente que no volviera a hacerlo.

Al día siguiente, Kaghoma escribió un correo electrónico explosivo a Diop. “Imploro su protección”, escribió, recordando al director general que fueron él y su adjunto quienes autorizaron las retiradas. “Fue a través de su llamada telefónica como me informaron de la presencia del cliente en el banco para una retirada de cuatro millones de dólares”, escribió.

“Les informé tanto por correo electrónico como por teléfono de que el cliente nos presentaba una notificación de retirada por un total de 15 millones de dólares”, continúa. “Dije que, dada nuestra limitada tesorería, sólo podríamos pagar los dos primeros tramos (cuatro millones y cinco millones). Incluso me respondió: ‘¿Significa esto que la semana que viene entraremos en suspensión de pagos? Si no se hace nada, ese es el riesgo que corremos’, repliqué”.

Retirada masiva de efectivo

A pesar de ello, el 23 de julio, David Ezekiel hizo la retirada final de seis millones de dólares en efectivo. Sacó otros 742.000 dólares a finales de agosto, a pesar del “bloqueo del director general” en la cuenta de Sud Oil.

Contactado, Abdel Kader Diop no respondió a las llamadas de esta investigación.

Unos días más tarde, les tocó a Kwanza Capital y a su filial Alliance Bank, controlada de facto por Selemani y Sud Oil, vaciar sus cuentas. Esto causó cierto revuelo interno, ya que el accionista mayoritario de Kwanza es Pascal Kinduelo, presidente del consejo de administración (PCA) del BGFI DRC.

El 6 de septiembre de 2018, Alliance Bank, entonces en liquidación, transfirió seis millones de dólares a Kwanza, que los transfirió a la cuenta del BGFI de Kinduelo, que retiró íntegramente en efectivo. En Libreville, el director de auditoría interna del grupo BGFI expresó su preocupación a su homólogo congoleño Yvon Douhore: “Yvon, ¿el PCA está vaciando sus cuentas? Tenemos que comprobar la tesorería de la filial para que no nos sorprenda esta situación”.

El 5 de noviembre de 2018, Abdel Kader Diop fue sustituido en la dirección general del BGFI RDC por Marlène Ngoyi. Pascal Kinduelo y otros directores también fueron despedidos. La misión de la nueva jefa, poner fin a los escándalos de la era Selemani y limpiar el banco.

Sin embargo, en los meses siguientes, David Ezekiel vació la cuenta de Sud Oil, retirando casi 10 millones de dólares más en efectivo. Contactada, Marlène Ngoyi no respondió.

Los últimos fondos públicos malversados salieron del BGFI en enero de 2019, coincidiendo con la salida de Joseph Kabila de la presidencia de la República.

Desde su “ascenso” en mayo de 2018 en la sede del grupo BGFI en Gabón, Francis Selemani se ha mantenido muy discreto. Ni él ni el banco han indicado si sigue trabajando para el BGFI.

Casas de lujo en Estados Unidos

En cualquier caso, el hermano del presidente Kabila no tiene problemas de dinero. Los documentos de Congo Hold-up (El expolio del Congo) muestran que Sud Oil pagó 12 millones de dólares a Selemani y sus empresas. Al menos una parte de este dinero procedía de los 92 millones de dólares de fondos públicos malversados, incluidos los del Banco Central y la ONU.

Con este dinero, el exjefe del BGFI RDC y su esposa compraron, directamente o a través de empresas y fideicomisos, nada menos que 17 propiedades en Estados Unidos y Sudáfrica por un total de 6,6 millones de dólares.

Algunas de estas transferencias fueron maquilladas por el BGFI. Así, en junio de 2017, Sud Oil realizó dos transferencias por importe de2,2 millones de dólares a Garvelli, una empresa sudafricana propiedad de Selemani, mientras que los comprobantes de transferencia emitidos por el banco indican que los fondos procedían de MW Afritec, la empresa de obras públicas propiedad de Marc Piedboeuf y Alain Wan.

Y en 2015, uno de los fideicomisos de Selemani, SunTrust, recibía casi un millón de dólares, oficialmente de su cuenta personal en el BGFI DRC. Documentos a los que esta investigación ha tenido acceso muestran que esos fondos se transfirieron en realidad desde una cuenta interna del banco y que no se hizo ningún cargo en la cuenta de Selemani. Esta transferencia le permitió comprar su primera propiedad en el extranjero, una casa en un barrio acomodado de Washington DC. Se trata del condado de Montgomery, en Maryland, donde los precios de los inmuebles están entre los más altos del país. Selemani es propietario de cuatro casas de lujo de tres y cuatro dormitorios, adquiridas por un precio de entre 670.000 y 1,3 millones de dólares cada una.

El hermano del presidente quería claramente cubrirle las espaldas. Desde 2016, parece haber intentado obtener la residencia o la ciudadanía en tres países extranjeros. Invirtió en negocios en Sudáfrica, que permitirían vivir allí a su familia. En julio de 2017, transfirió 40.000 dólares para intentar hacerse ciudadano de Granada, una isla del Caribe, cuyo pasaporte permite, bajo ciertas condiciones, vivir en Estados Unidos.

Por su parte, Gloria Mteyu, hermana de Joseph Kabila y antigua accionista de Sud Oil, parece haberse desvinculado del BGFI RDC, del que había obtenido el 40% del capital de forma gratuita en 2010. Fuentes internas señalan que el grupo BGFI posee ahora el 100% de la filial congoleña, y Mteyu dijo a Reuters en 2016 que no tenía “ninguna participación financiera en el banco”. Contactada por teléfono, declinó hacer comentarios.

                                                                     Traducción: Mariola Moreno

El Congo Hold-up (El expolio del Congo), la mayor filtración de documentos financieros de África, revela cómo se utilizó un banco privado de la República Democrática del Congo para sustraer 138 millones de dólares (121,4 millones de euros) de fondos públicos para el enriquecimiento de la familia y los socios del ex presidente Joseph Kabila.

El grupo anticorrupción con sede en París Plataforma para la Protección de los Denunciantes de Corrupción en África, (PPLAAF), y el periódico online francés Mediapart obtuvieron los más de 3,5 millones de documentos que cubren casi una década de actividad en el Groupe BGFI Bank SA. La red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, y sus socios –Bloomberg (EEUU), RFI-Radio France Internationale (Francia), L'Orient le Jour (Líbano), BBC Africa Eye (Reino Unido), KvF (Islas Féroe), The Namibian (Namibia), The Continent (Sudáfrica) y The Wire (India) – se han unido a un grupo de organizaciones de investigación sin ánimo de lucro lideradas por PPLAAF, junto con Public Eye (Suiza), The Sentry (EEUU), Resource Matters (Bélgica) y Congo Research Group (EEUU), que han dedicado un año a analizar extractos bancarios, correos electrónicos, contratos, facturas y registros corporativos. Los documentos también incluyen detalles de millones de transacciones bancarias.

“Las filtraciones exponen con gran detalle las artimañas utilizadas por el banco y sus clientes para encubrir la corrupción endémica, y el papel que desempeñan los bancos internacionales para posibilitar esos tratos”, explica Henri Thulliez, director de PPLAAF. “Es poco frecuente tener acceso a tantos documentos bancarios”.

El consorcio, formado por más de 15 medios de comunicación y cinco ONG repartidas por cuatro continentes, continuará publicando artículos basados en sus conclusiones durante las próximas semanas. El BGFI no ha querido hacer ningún comentario sobre las revelaciones de El expolio del Congo. La sede central del banco y su filial congoleña no han respondido a los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas que el consorcio de investigación les ha enviado durante las últimas cuatro semanas.

El banco, con sede en Gabón y cuyo nombre completo es Banque Gabonaise et Française Internationale, tiene sucursales en nueve países africanos y en Francia. Abrió una filial en Kinshasa, la capital del Congo, en 2010, y entregó a la hermana de Kabila, Gloria Mteyu, una participación del 40% en la empresa. El hermano del entonces presidente, Selemani Francis Mtwale, fue nombrado director general de la nueva entidad. Ni Mteyu ni Selemani –que ya no forman parte del BGFI– han contestado al consorcio. Tampoco el expresidente Joseph Kabila ha respondido a las preguntas que le han enviado los medios que participan en la investigación.

La filtración, bautizada como Congo Hold-up (El expolio del Congo), muestra que al menos 140 millones de dólares procedentes del Estado transitaron por el banco durante seis años con destino a empresas propiedad de los familiares y aliados más cercanos de Kabila. Después de que el hermano del presidente se viera obligado a abandonar la filial congoleña de la entidad en 2018, los departamentos de auditoría y cumplimiento del BGFI intentaron congelar las cuentas de las empresas vinculadas a su antiguo jefe. Sin embargo, los antiguos empleados de Selemani les hicieron caso omiso, ordenando transferencias y retiradas de efectivo, según muestran los correos electrónicos del banco.

Los registros muestran que las cuentas del Banco Central del Congo en el BGFI enviaron más de 84 millones de dólares a las empresas vinculadas a Kabila, mientras que decenas de millones de dólares llegaron de otras partes del Estado, incluyendo casi siete millones de dólares de la misión permanente del país ante las Naciones Unidas y 15 millones de dólares de la empresa minera estatal.

Los documentos también revelan cómo los propietarios chinos de las preciadas minas de cobre y cobalto del Congo utilizaron el BGFI para canalizar millones de dólares a personas y empresas directamente relacionadas con la familia de Kabila.

Tanto como colonia belga como después al convertirse en una nación independiente, el Congo tiene una larga historia de líderes que extraen la riqueza del país para su propio beneficio. A pesar de ser rico en recursos naturales, sus 100 millones de ciudadanos se encuentran entre los más pobres del mundo.

El papel desempeñado por el BGFI y Selemani en esta historia se ha ido desvelando poco a poco desde 2016, cuando un antiguo responsable de cumplimiento de la filial del banco en Kinshasa filtró un conjunto de documentos internos mucho más pequeño. A medida que se acumulaban las vergonzosas revelaciones, el BGFI reaccionó reestructurando su sucursal en el Congo, aparentemente reevaluando la conveniencia de su decisión de hacer negocios con los Kabila. En 2018, la sede de Gabón destituyó a Selemani como director general y reclamó las acciones de Mteyu.

Dimisión y huida

Presionado por la comunidad internacional, Kabila dimitió a regañadientes a principios de 2019, tras casi dos décadas en el poder. El actual jefe de Estado, Félix Tshisekedi, ha reducido gradualmente su dependencia de Kabila y ha purgado a los leales a su predecesor del Gobierno del Congo.

En el ocaso de la presidencia de Kabila, al BGFI y Selemani les preocupaba ser sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, según muestran los documentos a los que ha tenido acceso El expolio del Congo. El país africano depende del dólar estadounidense para la mayoría de sus transacciones, por lo que quedar fuera del sistema financiero estadounidense podría haber obligado al banco a cerrar.

A mediados de 2018, el auditor jefe de la sucursal congoleña completó una investigación interna que identificó a casi 30 clientes vinculados a ejecutivos y altos directivos del banco, así como a la familia Kabila. El informe, que encontró descarados conflictos de intereses no declarados, clasificó la gobernanza del banco como “inaceptable” y de “muy alto riesgo”. También sugirió que algunas transacciones en las que participaban las “partes relacionadas” eran fraudulentas y posiblemente delictivas.

A medida que menguaba el control de Selemani sobre la filial de Kinshasa, el clan presidencial entró en pánico y durante varios meses de 2018 sacó de sus cuentas en el BGFI los aproximadamente 30 millones de dólares que aún mantenía en el banco. Los documentos muestran que, a lo largo de seis años, la red de empresas bajo el control de Selemani retiró más de 80 millones de dólares en efectivo de las cuentas del BGFI, y una sola persona sacó más de 50 millones. En un momento dado, cuando el éxodo estaba en pleno apogeo, un directivo se preocupó de que el BGFI en Congo se quedara sin dólares, según una presentación en power point preparada para el comité de auditoría del banco.