El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

Cuando un periodista preguntó a la Fiscalía Federal suiza en enero si se había iniciado alguna investigación después de que un informante revelara que Credit Suisse prestaba servicios a alguno de los personajes más turbios del mundo, la Fiscalía se puso en contacto con el banco para pedirle consejo sobre cómo formular su respuesta.

La verdad era que los fiscales estaban construyendo un caso, pero no contra el banco por ser un refugio seguro para las finanzas criminales. Perseguían al denunciante de la filtración de Suisse Secrets, una investigación internacional en la que participaron periodistas de 48 medios de comunicación en 39 países, que analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, la segunda entidad financiera de Suiza. La filtración incluyó más de 18.000 cuentas, que entre todas llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. infoLibre fue el único medio español que participó en dicho proyecto periodístico, que estuvo coordinado por el consorcio OCCRP [puedes consultar aquí todas las informaciones publicadas].

Una investigación de Paper Trail Media y Tamedia muestra que, tras la consulta de un reportero del cantón de Tesino, la Fiscalía Federal suiza envió primero por correo electrónico su contestación prevista al departamento de prensa de Credit Suisse, solicitando cualquier "feedback" (información o comentarios) que pudiera tener el equipo de prensa del banco.

Fue entonces cuando empezó el tira y afloja entre el banco y la Fiscalía.

La Fiscalía había presentado en octubre una solicitud formal al Departamento Federal de Justicia y a la policía para que dieran su visto bueno a investigar al filtrador de los datos por delitos de espionaje económico.

Los fiscales estaban actuando sobre la base de una denuncia oficial presentada por Credit Suisse, pero el banco quería mantener en secreto este hecho. Por ello, exigió que se omitiera cualquier mención al banco en su respuesta al periodista.

Cuando la Fiscalía dudó inicialmente en acceder, el banco advirtió de que contrataría a un bufete de abogados para que interviniera en caso necesario. Finalmente, el fiscal superior de Suiza cedió y se limitó a informar al periodista de que se había abierto una investigación contra el denunciante por espionaje económico, dejando al Credit Suisse fuera de la declaración.

Suiza es famosa por aplicar quizá las leyes de privacidad bancaria más estrictas del mundo, que desafían incluso la libertad de prensa, al prohibir a los periodistas informar sobre datos bancarios que pongan al descubierto conductas delictivas de interés público como el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Las herméticas leyes de privacidad bancaria han permitido a Credit Suisse hacer negocio durante décadas con dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo. Desde los años 40, Credit Suisse ha acogido a este tipo de clientes sabiendo que la ley le protegerá: en Suiza, cualquier publicación de datos bancarios confidenciales, incluso en casos que sacan a la luz comportamientos delictivos, puede acarrear enjuiciamiento y encarcelamiento.

Por eso, medios de comunicación suizos como Tamedia no pudieron participar en la investigación de Suisse Secrets, ya que los riesgos legales eran sencillamente demasiado altos.

"Suiza sencillamente no respeta las normas jurídicas europeas sobre libertad de expresión y libertad de prensa", denunció el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, tras la publicación de Suisse Secrets. "Esta práctica es digna de los peores Estados autoritarios. Hay que ponerle fin", añadió.

En defensa de su correspondencia con Credit Suisse, un portavoz de la Fiscalía Federal declaró que la oficina tiene plena soberanía sobre sus procedimientos de comunicación. Sin embargo, la declaración también mencionaba que es necesario "sopesar los derechos personales de los afectados y el objetivo de máxima transparencia".

La máxima transparencia, al parecer, es una vía de sentido único en el sistema jurídico suizo. Algo que el experto en derecho penal suizo David Zollinger considera problemático. Antiguo miembro de la autoridad supervisora de la Fiscalía suiza durante seis años, Zollinger compartió su preocupación por el hecho de que "editar las respuestas a los medios de comunicación para la Fiscalía Federal definitivamente no forma parte del papel procesal de Credit Suisse en este proceso".

Por tanto, según Zollinger, deja al fiscal federal en una posición delicada no sólo el hecho de que se remitiera al banco la pregunta del periodista para empezar, sino que además se sometiera en última instancia a las exigencias del banco sobre cómo responder.

Una filtración de los datos de más de 18.000 cuentas reveló el pasado mes de febrero que Credit Suisse acogió el dinero de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, pese a que la entidad financiera lleva décadas prometiendo tomar medidas contra los fondos ilegítimos.

La filtración de los datos al periódico alemán Süddeutsche Zeitung dio origen a una investigación periodística bautizada como Suisse Secrets, en la que participaron 48 medios coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). infoLibre es el único medio español que formó parte de este proyecto. [Puedes ver aquí las noticias publicadas]

Las informaciones sobre los clientes de alto riesgo del banco suizo centraron la mayoría del interés informativo, lógicamente, pero la investigación periodística puso sobre la mesa otro tema inesperado, sobre todo cuando se habla de una democracia como Suiza: la amenaza a la libertad de prensa. En el proyecto no había ningún medio de comunicación helvético porque los periodistas se enfrentaban a una condena de entre uno y tres años de cárcel, en virtud del artículo 47 de la ley bancaria suiza. En este contexto, la dirección del Tages-Anzeiger decidió no exponer a su equipo de investigación y a su periódico a este riesgo.

Tras la publicación de Suisse Secrets, los socialdemócratas y los verdes suizos exigieron inmediatamente una modificación de la ley en cuestión, e incluso los liberales, que en su día contribuyeron a impulsar su endurecimiento, aceptaron que quizá se habían excedido un poco.

Este jueves 5 de mayo, la comisión parlamentaria de economía e impuestos de la Asamblea Federal de Suiza tratará sobre la ley bancaria y sus consecuencias para la prensa libre. En esta entrevista conjunta con Der Spiegel y Tages-Anzeiger, la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, anuncia que llevará el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización.

– ¿Tiene Suiza un problema con la libertad de prensa?

– La protección general del secreto bancario en Suiza viola el derecho internacional. Contradice el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos dos convenios garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa. Suiza ha firmado ambos y está obligada a respetarlos.

– ¿Qué significa esto en términos prácticos?

–Según la ley bancaria suiza, la mera divulgación de ciertos datos bancarios se castiga con fuertes multas o incluso con la cárcel. Y ello con independencia de que dichos datos sean también de interés público. En mi opinión, esto viola los derechos humanos.

– Las convenciones también establecen que la libertad de expresión puede ser restringida.

– Sí, pero las convenciones establecen de forma estricta los criterios para las limitaciones. Una restricción debe estar definida claramente por la ley, debe ser necesaria y proporcionada y sólo puede ser instaurada para respetar los derechos y la reputación de los demás o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral pública o la salud pública. El Comité de Derechos Humanos de la ONU [órgano de la ONU encargado de interpretar el Pacto] ha declarado claramente que una limitación no puede ser tan amplia que ponga en peligro el mismo derecho a la libertad de expresión.

– En el caso suizo, cualquier publicación puede ser ilegal, incluso si desvela un delito.

– El problema aquí es que la prohibición de divulgación es demasiado amplia y no contempla ninguna excepción por el interés público de la información. Además, el castigo es muy duro. Eso tiene un efecto amedrentador y lleva a los periodistas a autocensurarse. Se trata de una censura previa, es decir, de censurar a los medios de comunicación incluso antes de que puedan investigar o publicar. Eso sería una clara violación del derecho a la libertad de expresión.

– ¿En qué sentido?

– Por un lado, existe el derecho a la intimidad. Es un derecho importante, pero no es un derecho absoluto y no puede utilizarse como un velo para cometer delitos. Por otro lado, también hay un interés público en ser informado sobre las transacciones financieras ilegales. La ley debe permitir a los periodistas ponderar estas dos cuestiones. Pero esta ley prohíbe cualquier publicación sin excepción. Eso va demasiado lejos.

– Cuando la ley entró en vigor en 2015, Suiza estaba bajo presión internacional debido al robo de de datos bancarios.

– No se puede argumentar que se trata de una cuestión de seguridad nacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado claramente que los intereses bancarios no equivalen a un motivo de seguridad nacional para restringir la libertad de expresión.

–Los problemas no se conocieron hasta el pasado mes de febrero, cuando los periodistas suizos de Tamedia declararon que no podían analizar los datos de Credit Suisse debido al secreto bancario.

–Sí, yo no conocía esta ley hasta ese momento. Entonces escribí una carta al Departamento de Asuntos Exteriores suizo y describí claramente las preocupaciones de la ONU. Pedí al Gobierno que explicara cómo se podía conciliar esta ley con las obligaciones internacionales de Suiza en materia de derechos humanos.

– ¿Y recibió una respuesta?

–Sí, hace unos días. El Gobierno suizo afirma estar plenamente comprometido con la libertad de expresión y destaca que ningún periodista ha sido perseguido por la ley y que el Parlamento está revisando esa norma.

– ¿Qué opina de esta respuesta?

– Espero que el Parlamento modifique finalmente la ley para adecuarla a las normas internacionales de derechos humanos. El 24 de junio presentaré un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación mundial de la libertad de prensa. Allí abordaré de forma crítica la situación del secreto bancario en Suiza. La ley bancaria suiza es uno de los ejemplos de mi informe sobre la criminalización del periodismo. Esto es normalmente un problema en los estados autoritarios.

– Los datos de Credit Suisse muestran que clientes del banco han estado implicados en numerosos delitos: desde corrupción y soborno hasta tráfico de drogas y de personas.

– Hay un interés público en conocer los posibles delitos financieros. Cuando quise abrir una cuenta bancaria en Suiza, tuve que presentar un currículum y esperar durante semanas hasta que la aprobaran porque soy una persona políticamente expuesta. Pero cuando veo a qué personas le abrieron cuentas en Suiza, me da que pensar.

– Pero la ley bancaria también prohíbe escribir sobre delincuentes condenados o personas políticamente expuestas.

– Los delincuentes condenados y las personas políticamente expuestas tienen derecho a la intimidad, pero no cuando hay motivos fundados para creer que pueden estar implicados en delitos financieros. Creo que el Gobierno suizo se encuentra en una posición difícil para explicar por qué la publicación de información que podría revelar delitos financieros debe ser castigada con hasta tres años de prisión. Especialmente cuando los periodistas y los denunciantes señalan problemas reales en un banco. La ley no debería criminalizar eso.

– ¿Es un problema que Suiza, entre todos los países, esté en el punto de mira?

–Suiza es un país defensor de los derechos humanos y la libertad de prensa, y participa activamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha denunciado repetidamente las acciones de otros países contra los periodistas. Por eso es importante que Suiza reaccione ahora y cambie una ley tan problemática. Suiza no sólo debe predicar, también debe actuar.

– ¿Qué pasa si el Parlamento no cambia la ley?

– Las democracias occidentales, como Suiza, son consideradas internacionalmente como modelos a seguir en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Otros países se remiten a ellas. Si la ley se mantiene como está, los estados autoritarios también pueden referirse a ella y decir: "Vean, incluso la ejemplar Suiza criminaliza a los periodistas por la divulgación de datos financieros". Eso podría dificultar el periodismo de investigación sobre la corrupción en otros países. Por eso esta ley me preocupa tanto. El mensaje que envía a nivel internacional es perjudicial para los derechos humanos.

Antonio Velardo tenía los nervios de punta. Suiza había tomado la decisión de flexibilizar sus famosas leyes sobre el secreto bancario y ahora las autoridades extranjeras podrían rastrear cuentas bancarias vinculadas a la evasión fiscal. "Mira, necesito toda la información sobre Suiza", exigió Velardo a un socio en marzo de 2009. "Realmente no me gusta esto... Estos mierdas [los suizos] se han vendido. Suiza se convertirá en un país de mierda. ... Gilipollas".

Velardo, que recurrió a Suiza para ocultar varios millones de euros, tenía motivos para estar preocupado. Estaba en el punto de mira de una investigación de la policía italiana, bautizada Operación Metrópolis, lanzada en 2008. Sospechaban que Velardo blanqueaba dinero para la 'Ndrangheta, uno de los mayores grupos criminales del mundo.

Al final, sin embargo, la apertura del régimen bancario suizo no fue tan amplia como Velardo temía, y sus secretos financieros se quedaron en eso. Hasta ahora.

Los datos filtrados del banco Credit Suisse, así como de informaciones judiciales italianas y de fuentes internas, desvelan nuevos hechos relacionados con Velardo y su inversión inmobiliaria con Henry Fitzsimons, alias Harry, un militante del Ejército Republicano Irlandés (IRA) condenado por terrorismo. Inversionistas perdieron millones en este proyecto inmobiliario, pero no existe certeza sobre donde terminó el dinero.

Esta información forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

Parte del dinero de Velardo puede rastrearse en Credit Suisse, donde tenía cuentas secretas. Algunas permanecieron fuera del alcance de las autoridades italianas, incluso después de que incautasen el complejo de apartamentos frente al mar donde Velardo y Fitzsimons eran piezas claves, tras sospechar que se usaba para blanquear dinero sucio de la 'Ndrangheta.

"Los bancos suizos son clave para la 'Ndrangheta", dijo uno de los principales fiscales antimafia de Reggio Calabria. "Los clanes pueden llevar el dinero a las cajas fuertes allí, y nunca lo sabríamos. Esto ocurre desde los años ochenta, cuando los spalloni [carteros] de la 'Ndrangheta iban a Suiza con dinero en efectivo”.

"Ahora ocurre de forma más sofisticada, con transacciones realizadas por holdings financieros de todo el mundo. Pero el concepto sigue siendo el mismo", explicó.

Tras ser absuelto de las acusaciones de blanqueo de capitales y colaboración con la mafia en 2016, Velardo se reinventó como inversor inmobiliario y supuesto experto en bitcoin en América Latina y el Caribe. Presume tener un "máster en moneda digital".

Las víctimas de esta saga, que perdieron millones según un abogado que las representa, dicen que Velardo y Fitzsimons tienen mucho que explicar.

El abogado Simon Chambers representó a decenas de víctimas del caso. Tras años de litigio, sus clientes fueron indemnizados parcialmente (entre el 40 y el 50 por ciento) a través de una reclamación al seguro. Pero si se hubiera conocido el alcance de las cuentas de Velardo en Credit Suisse, afirmó Chambers, el caso podría haber sido diferente.

"Si ese recurso estuviera a disposición de ellos como fuente de posibles daños, [mis clientes] estarían hoy disgustados al saber que Velardo se ha llenado los bolsillos", lamentó Chambers.

"Sabíamos que el dinero había ido a parar a algún sitio: tenía que haber ido a algún sitio", añadió.

Cuando los periodistas de Suisse Secrets plantearon al banco preguntas relacionadas con determinados clientes problemáticos, Credit Suisse respondió que no podía hacer comentarios sobre casos individuales. El banco indicó que "cuenta con estrictos mecanismos de control para combatir las actividades relacionadas con la delincuencia financiera. Estos controles están diseñados para prevenir la exposición de Credit Suisse y sus clientes a los riesgos del blanqueo de capitales".

Antonio Velardo, de 44 años, nacido en Nápoles, se describe a sí mismo en su perfil de LinkedIn como "capitalista de riesgo".

Condenado por delitos menores cuando era joven, vivió en Estados Unidos y el Reino Unido antes de trasladarse a Cabo Verde, el archipiélago atlántico situado frente a la costa de Senegal, donde los investigadores italianos creen que la 'Ndrangheta tiene presencia.

Allí es donde, unos años después, empezó a trabajar con Fitzsimons, un exmilitante del IRA, que pagó una condena de 10 años por un atentado cometido en 1971. Cuando lo liberaron, declaró a los periodistas que se había salido del IRA, aunque aún apoyaba su causa política. Luego, de la noche a la mañana, se convirtió en un promotor inmobiliario de peso en Belfast.

En Cabo Verde, Fitzsimons le pagó 4.000 libras esterlinas a la semana a Velardo para que le ayudara con sus negocios inmobiliarios.

Los dos empezaron pronto a comprar propiedades en centros turísticos de toda Europa. Según los investigadores italianos, no parecía importarles "el precio de esos bienes, como si tuvieran una cantidad ilimitada de dinero".

En 2006, la pareja constituyó una empresa irlandesa, VFI Overseas Properties Real Estate Agent Ltd., para lanzar proyectos inmobiliarios en el corazón de las tierras de la 'Ndrangheta: Calabria, en la punta de la bota italiana. La ciudad calabresa de Africo no era un destino turístico obvio, dados sus opresivos niveles de crimen organizado. Sin embargo, en marzo de 2007 Velardo y Fitzsimons estaban involucrados en un importante proyecto inmobiliario en el territorio de la 'Ndrangheta.

En marzo de 2007, su empresa firmó un contrato con Antonio Cuppari, que estaba construyendo un enorme complejo de apartamentos en la localidad costera de Brancaleone. Según el acuerdo, VFI vendería apartamentos en el complejo de Jewel of the Sea (Joya del Mar), como se conocería el proyecto de Cuppari. A cambio recibirían una comisión, inusualmente alta, del 31% del precio total de venta por adelantado.

En una feria inmobiliaria en Londres, Fitzsimons y Velardo se pusieron en contacto con el propietario de un bufete de abogados londinense, Giambrone and Law, que empezó a organizar las ventas de Jewel of the Sea a su nombre. Se promocionaron los servicios que el complejo tendría algún día: un centro comercial, un hotel cinco estrellas y su propio campo de golf.

Su discurso de venta fue convincente y cientos de compradores extranjeros adquirieron apartamentos en lo que pensaban sería una lujosa urbanización costera. Pero no sabían que quien la construía era un miembro del clan local más poderoso de la 'Ndrangheta.

Cuppari tenía vínculos con el clan Morabito Tiradrittu, que domina el tráfico de cocaína entre América Latina y Europa y tiene su sede en Brancaleone.

La experta en la 'Ndrangheta Anna Sergi, profesora de criminología en la Universidad de Essex, describió el dominio de los Morabito en la zona: “Los clanes de la 'Ndrangheta en estos pueblos son una red entrelazada que reconoce el poder del ‘más poderoso’, el clan Morabito", dijo. "Los socios de los Morabitos son muchos, pero su historia, su reputación, su apellido, es la única moneda que se necesita".

En mayo de 2007, Velardo compró parcelas junto a las de Cuppari, con la idea de integrarlas en la urbanización Jewel of the Sea. Sabía, según las autoridades, que como trabajaba con Cuppari –un hombre de alto rango de la 'Ndrangheta que se hacía pasar por promotor– estaba protegido.

Mientras Fitzsimons y Velardo oficialmente inyectaron un millón de euros en el proyecto, Cuppari seguía aportando fondos, que luego las autoridades italianas sospecharon que era dinero de la 'Ndrangheta procedente del narcotráfico.

En 2007 y 2008, la policía italiana empezó a investigar a Velardo en dos casos distintos. Sospechaban que blanqueaba dinero no solo para los Morabitos, sino también para los Mancusos de Limbadi, otro clan asentado 60 kilómetros al norte.

Tras años de vigilancia policial sobre Cuppari, Velardo y Fitzsimons, las autoridades antimafia incautaron en 2013 el complejo Jewel of the Sea, que por entonces estaba a medio construir. Cuppari fue finalmente condenado a 10 años de prisión por asociación mafiosa y por formar parte de la 'Ndrangheta de Africo. Velardo y Fitzsimons fueron juzgados y absueltos por falta de pruebas.

Aunque la empresa VFI vendió 450 apartamentos en el complejo, sólo 33 compradores recibieron las llaves de sus propiedades. El abogado Chambers señaló que muchos apartamentos comprados por sus clientes nunca se construyeron. Además del dinero del seguro que recibieron los clientes de Chambers, Giambrone y Law fueron condenados a pagar unos 3,5 millones de euros a 41 clientes como indemnización.

Aunque las autoridades italianas que investigaban Jewel of the Sea sabían que Velardo tenía una riqueza oculta –en las intervenciones telefónicas se jactaba de tener casi 40 millones de euros en efectivo en el banco, así como una propiedad de 10 millones de libras en Londres–, tuvieron dificultades para encontrar su ubicación exacta.

Ni Irlanda ni el Reino Unido fueron de gran ayuda con respecto a Fitzsimons y Velardo. Las autoridades irlandesas no transmitieron ninguna información bancaria y la petición italiana de rastrear el dinero de los dos fracasó. En Suiza, las solicitudes iniciales de las autoridades italianas fueron infructuosas.

A pesar de ello, la policía financiera italiana de la ciudad meridional de Catanzaro, en el marco de una operación separada contra Velardo y sus socios, denominada Dinero negro, logró un gran avance en marzo de 2010. Para entonces, algunos compradores de Jewel of the Sea ya intentaban recuperar su dinero.

En la frontera italo-suiza, la policía detuvo a uno de los contables calabreses de Velardo, Ercole Palasciano, justo después de que se hubiera reunido con él. Registraron los archivos financieros que llevaba, y uno de los intereses offshore de Velardo y Fitzsimons quedó al descubierto. Los documentos mostraban que Velardo y Fitzsimons poseían juntos una empresa fiduciaria en Chipre, que parecía ser el lugar al que enviaban los beneficios inmobiliarios –incluido el dinero de Jewel of the Sea– para no pagar impuestos.

Además de poner dinero en el extranjero, Velardo escondía parte en Suiza. Los datos de Suisse Secrets muestran que Velardo tenía una cuenta personal y dos cuentas empresariales en Credit Suisse.

Para 2011, su cuenta personal ya había llegado a su pico, con un saldo de 1,92 millones de dólares y una de sus cuentas empresariales acumulaba 1,81 millones de dólares. Una cuenta más pequeña tuvo 36.931 dólares antes de que la cerraran en 2012. Velardo también tenía otras tres cuentas de Credit Suisse que no aparecen en los datos, según supo después la policía italiana.

Cuando en 2009 las preocupaciones de Velardo por la flexibilización del secreto bancario suizo quedaron grabadas, los funcionarios italianos le pidieron a las autoridades suizas que rastrearan sus activos, pero no tenían datos concretos.

Fiscales que trabajaron en la Operación Metrópolis de 2013, le dijeron a OCCRP que tenían “un rastro que los llevaba a Credit Suisse, pero Suiza solo puede colaborar si ya se conoce el número de las cuentas. Entonces nunca pudimos probarlo realmente”.

Sin esta información, las autoridades suizas dijeron que no podían ayudar. No fue hasta 2014, un año después de las acusaciones de Dinero Negro y Metrópolis contra Velardo, cuando los suizos informaron a los italianos sobre la existencia de estas cuentas.

Las autoridades suizas procedieron tardíamente a congelar dos cuentas personales de Velardo, una de las cuales aparece en el conjunto de datos de Suisse Secrets. Estas cuentas contenían más de 300.000 euros.

Sin embargo, los suizos dijeron que no podían embargar tres de las cuentas empresariales relacionadas con él, porque estaban a nombre de Apax, una empresa de las Islas Marshall, y no a nombre de Velardo. Una de ellas aparece en los datos. La cuenta con 29.300 francos suizos nunca se mencionó a los italianos, posiblemente porque ya estaba cerrada.  

Las dos cuentas más valiosas de Velardo en los datos de Suisse Secrets siguieron abiertas mucho después de que las operaciones Metrópolis y Dinero Negro pasaran por los tribunales.

Según los investigadores calabreses, el rastreo financiero de Fitzsimons y Velardo resultó muy difícil pues el dinero en efectivo se canalizó por varios paraísos fiscales.

"Era imposible demostrar el flujo de dinero", dijo un fiscal a OCCRP.

Para 2013, Velardo se enfrentaba a dos casos separados por presunto blanqueo de capitales. En Reggio Calabria fue absuelto por los cargos vinculados a la Operación Metrópolis. Por la investigación de Dinero Negro, fue condenado en primera instancia por asociación ilícita y evasión fiscal, pero el caso fue archivado en apelación tras haber prescrito. Su socio, Fitzsimons, también fue absuelto tras ser detenido en Senegal y extraditado a Italia para ser juzgado.

Velardo no contestó a las preguntas sobre sus supuestas conexiones con gente vinculada a la 'Ndrangheta. Jamie Diaferia, un portavoz de Velardo, insistió en que no sabía que Cuppari estaba conectado con ese grupo criminal.

Además, aseguró que el dinero que Velardo ganó con VFI fue “fiscalizado por las autoridades italianas y aprobado para ser usado como él deseara” y que las “cuentas bancarias de Velardo fueron congeladas y verificadas” por las autoridades suizas antes de ser liberadas.

Diaferia también señaló que VFI era solo un intermediario en el negocio de los apartamentos Jewel of the Sea y señaló que la compañía nunca había sido demandada por su papel en el desarrollo inmobiliario.

Dan McGuinness, un abogado que representa a Fitzsimons, le dijo a OCCRP que su cliente había sido objeto de un "error judicial inexcusable" y era completamente inocente de todos los cargos. Destacó que la Corte Suprema de Italia lo absolvió de los cargos de blanqueo de capitales. La base de esa decisión fue la falta de pruebas.

El abogado añadió que la riqueza de Fitzsimons proviene de una carrera comercial que se ha prolongado durante 40 años y que ahora está jubilado.

El disgusto de Velardo por pagar impuestos italianos podría haber sido otro incentivo para esconder su dinero de manera segura en Suiza. Fue grabado en una intervención telefónica en 2009 alardeando de que nunca había declarado impuestos en su vida.

"¿Eres tonto?", le preguntó a un subordinado que le dijo que un concesionario de Ferrari estaba pidiendo ver su declaración de impuestos antes de finalizar la venta de un automóvil. “Dígales… ‘Él no declara una mierda’”.

Al año siguiente, Velardo abrió la primera de sus cuentas de Credit Suisse y declaró que su país de residencia era Túnez, un movimiento que aparentemente hizo con el único propósito de evadir impuestos.

En escuchas telefónicas, Velardo expresó su entusiasmo por la medida.

“¡Un pedo en la cara de ese jodido general de la Policía financiera, se le puede dar por el culo, porque ahora soy tunecino!” se le oyó decir. “¡Me pueden chupar la polla, Francè!”, le dijo Velardo a su abogado.

VFI tenía una sucursal en Túnez, donde Velardo también estableció un negocio llamado Apax Consulting. Cuando un periodista fue a la dirección de Apax Consulting en un barrio de clase media de Túnez, no encontró ningún edificio de oficinas.

OCCRP y sus socios también hallaron rastros de Velardo en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, donde empresas vinculadas a él y a otros tres socios compraron más de 130 viviendas en Florida a partir de 2012. La mayoría se compraron en efectivo, después de que Velardo fuera acusado por el Jewel of the Sea.

Velardo también apareció en el Caribe, donde promociona su experiencia comercial en un sitio web, una página de LinkedIn y un blog personal de Medium. Se describe como la cabeza de una firma llamada Real Capital Caribe que invierte en bienes inmuebles en República Dominicana.

Pero hay señales de que los lazos de Velardo con Calabria siguen siendo fuertes. En 2018, le otorgó un poder a Francesco Colacino para manejar cuentas bancarias de Real Capital Caribe. Colacino también fue acusado en el caso Dinero Negro y fue un apoderado que Velardo usó a menudo en Italia

Real Capital Caribe vende apartamentos en dos condominios hoteleros en Santo Domingo. Promociona uno de ellos en su sitio web como “una gran oportunidad de inversión en el corazón del Caribe”, proyectando rendimientos de hasta el 11 por ciento para quienes inviertan.

El complejo Jewel of the Sea, mientras tanto, está abandonado. La construcción nunca se reanudó después de que el Estado italiano la confiscara en 2013. Solo se alcanzó a completar una parte de los pisos planeados.

Un grupo de 33 personas que compraron apartamentos lucha desde 2013 por rescatar el proyecto. Algunos pagaron propiedades que nunca se construyeron, mientras que otros recibieron apartamentos que ahora valen poco, pues el desarrollo nunca se terminó y las autoridades locales prevén demoler una buena parte.

Un representante del grupo indicó a OCCRP que le habían hecho mantenimiento a las áreas comunes para evitar que se derrumbara mientras el proyecto seguía en el limbo.

“Si hubiera sabido [cuando compré el departamento] lo que sé ahora, me hubiera subido al avión más rápido del planeta y me hubiera ido”, lamentó el propietario, quien pidió el anonimato por temor a represalias. “Es una joya del mar, pero se ha convertido en una absoluta pesadilla para nosotros”.

En la película de espías Red de mentiras, que se estrenó en 2008, el personaje ficticio Hani Salaam ayudaba a dos agentes de la CIA interpretados por Russell Crowe y Leonardo DiCaprio a atrapar terroristas. Lo que los espectadores no sabían era que basaron el personaje de Salaam en un individuo real: un jefe de servicios secretos jordano llamado Sa'ad Kheir.   

Kheir dirigió la Dirección General de Inteligencia (GID) de Jordania entre 2000 y 2005, actuando como un aliado clave de Estados Unidos en la llamada “guerra global contra el terrorismo”. Sin embargo, aunque el cine lo retrata como un héroe con estilo que ayuda a Estados Unidos, las actividades de Kheir en la vida real fueron más cuestionables desde el punto de vista moral.

Además de beneficiarse supuestamente del comercio ilícito de petróleo, Kheir supervisó el papel de Jordania en el llamado “programa de entregas extraordinarias” de Estados Unidos. Este es un procedimiento extralegal donde sospechosos de terrorismo fueron secuestrados y enviados a terceros países, donde a menudo fueron torturados. Su agencia fue acusada de torturar prisioneros y de controlar tribunales.

En 2003, abrió una cuenta personal en Credit Suisse. Durante los siete años siguientes, sus activos crecerían hasta acumular 21,5 millones de dólares, antes de ser cerrada meses después de su muerte, a finales de 2009.

Kheir no fue el único espía que escondió gruesas sumas de dinero en Credit Suisse. Al menos 15 importantes figuras de la inteligencia del mundo entero, o sus familiares cercanos, eran clientes del banco

Esta información es producto de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

La mayoría de los 15 personajes eran jefes de inteligencia de alto nivel en sus países. Los datos también incluían a otros presuntos espías sobre los que OCCRP decidió no informar, porque sus identidades no pudieron ser verificadas más allá de cualquier duda.

Las carreras de tres de esos jefes tienen rasgos similares a la de Kheir: el egipcio Omar Suleiman, el general paquistaní Akhtar Abdur Rahman y el yemení Ghaleb Al-Qamish.

Los cuatro dirigían agencias de inteligencia estatales en las que controlaban importantes presupuestos encubiertos, por encima de cualquier escrutinio parlamentario y ejecutivo. Los cuatro –o sus familiares– tuvieron cuentas en Credit Suisse con importantes sumas de dinero, que difícilmente se pueden explicar con sus ingresos oficiales.

Los cuatro tuvieron roles en intervenciones clave de Estados Unidos en Medio Oriente y Afganistán, desde los primeros intentos de la CIA por respaldar a los muyahidines antisoviéticos a finales de la década de 1970, pasando por la primera Guerra del Golfo en 1990, hasta las guerras lanzadas en Afganistán e Irak en 2001. 

Tres de los personajes, Qamish, Suleiman y Kheir, encabezaron organismos conocidos por estar involucrados en torturas. Al menos ocho de sus familiares también tenían cuentas en Credit Suisse.

Puesto que estos funcionarios de inteligencia entran en la categoría de “personas políticamente expuestas”, sus cuentas tendrían que haber sido examinadas con cuidado y haber planteado preguntas a Credit Suisse.. 

Según la experta suiza en temas de cumplimiento Monika Roth, los bancos consideran a los agentes secretos como clientes especialmente sensibles. "Yo no los tomaría como clientes, eso es demasiado arriesgado", afirmó Roth, y añadió que los jefes de inteligencia suelen ser "personas con mucho poder, conexiones cuestionables y fuentes de dinero muy opacas".

Un antiguo ejecutivo de Credit Suisse señaló a OCCRP: "En el caso de un jefe de inteligencia como Saad Kheir, la apertura de una cuenta es una alerta roja y muchos bancos en Suiza no la aceptarían, pero Credit Suisse sí."

No está claro qué procesos de debida diligencia debida se aplicaron, si es que alguno se llevó a cabo. Credit Suisse no comentó casos individuales, citando las leyes bancarias suizas que prohíben a los bancos identificar o proporcionar información sobre los clientes. El banco se limitó a señalar que "opera su negocio en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones globales y locales aplicables" y que había reforzado su "marco de gestión de riesgos y sistemas de control". 

Mucho antes de que Kheir abriera su cuenta en Credit Suisse, funcionarios de inteligencia que ayudaron a Estados Unidos a librar una guerra por delegación contra los soviéticos en Afganistán tejieron sus propias conexiones con la entidad financiera.

A finales de la década de 1970, Estados Unidos respaldó a siete facciones diferentes de combatientes islamistas llamados muyahidines que luchaban contra la presencia rusa en Afganistán. Arabia Saudí igualó la financiación estadounidense a los yihadistas, dólar por dólar, enviando a menudo dinero a la cuenta bancaria suiza de la CIA. El destinatario final del procedimiento era el grupo de Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán (ISI), dirigido por el general Akhtar Abdur Rahman.

A mediados de la década de 1980, Akhtar era experto en traspasar el dinero de la CIA a los yihadistas afganos. Fue en esa época cuando se abrieron cuentas de Credit Suisse a nombre de sus tres hijos. Como escribió en un libro Mohammad Yousaf, un colega de Akhtar en el ISI: "Los fondos combinados [estadounidenses y saudíes], que ascendían a varios cientos de millones de dólares al año, fueron transferidos por la CIA a cuentas especiales en Pakistán bajo el control del ISI".

Tanto Yousaf como Steve Coll –autor del libro "Ghost Wars", ganador del Premio Pulitzer en 2005– afirman que Akhtar fue el hombre que decidía sobre el destino final de ese dinero. Para entrenar a los muyahidines con armamento sofisticado, la CIA le confió millones. En 1984, el presupuesto de la CIA para Afganistán ascendía a unos 200 millones de dólares.

La supervisión era de una laxitud crónica y el papel de Akhtar es cuestionado desde hace mucho tiempo.

Una fuente de inteligencia del sur de Asia, que conoce las operaciones en Afganistán, declaró a OCCRP: "En ese momento era fácil abrir cuentas bancarias suizas de cualquier manera o tipo para la transferencia de fondos".

"Akhtar lo hacía para llenar sus propios bolsillos", explicó la fuente. "Se desviaba mucho dinero de la guerra afgana hacia sus cuentas bancarias".

Una de las dos cuentas de la familia de Akhtar en Credit Suisse –compartida por sus hijos Akbar, Ghazi y Haroon– se abrió el 1 de julio de 1985, cuando tenían entre 20 y 30 años. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se preocupó por el destino del dinero destinado a los muyahidines. En 2003, esta cuenta acumulaba al menos 3,7 millones de dólares). Una segunda cuenta, abierta en enero de 1986 sólo a nombre de Akbar, alcanzó a tener más de 9,2 millones de dólares en noviembre de 2010.

Akhtar murió junto a su jefe, el dictador pakistaní Zia-ul-Haq, en un accidente aéreo en 1988.

Akbar y Haroon Khan no respondieron a los cuestionarios que OCCRP envió. Ghazi Khan calificó por su parte de "no correcta" la información que le transmitieron los periodistas sobre las cuentas suizas de la familia y rechazó constestar a las preguntas.

Mientras la CIA y Akhtar colaboraban en Afganistán, el yemení Ghaleb Al-Qamish iniciaba su propio ascenso.

En 1980, Qamish dirigía la Oficina de Seguridad Política (PSO) de Yemen, encargada de la inteligencia interna. Al igual que hacía Akhtar desde Pakistán, Qamish reclutaba combatientes para la guerra de Afganistán contra los soviéticos.

Qamish, que ha sido una figura dominante en el aparato de seguridad de Yemen durante décadas, fue un ejecutor clave para el presidente Ali Abdullah Saleh, que gobernó de 1978 a 2012. Cuando Al-Qaeda atacó el destructor estadounidense U.S.S. Cole en el puerto yemení de Adén en 2000, Saleh le pidió a Qamish, inicialmente reacio, que ayudara la CIA a descubrir a los autores.

Según tres oficiales que trabajaron bajo las órdenes de Qamish en la PSO de Yemen, era el funcionario de seguridad más temido del país, descrito como la "caja negra" de Saleh. Las tres fuentes, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, dijeron a OCCRP que Qamish tenía "un presupuesto de millones de dólares" para hacer lo que quisiera.

Cuando se convirtió en el principal espía de Yemen, al ayudar a los estadounidenses a desmantelar células terroristas a principios de la década de 2000, Qamish también tenía millones ocultos en Credit Suisse.

Su cuenta, abierta en 1999, llegó a acumular casi 3,7 millones de dólares en 2006. Ese año algunos sospechosos del ataque al Cole escaparon de una prisión yemení. El salario mensual de Qamish era probablemente de 4.000 a 5.000 dólares, indicaron los antiguos agentes de inteligencia y según consta en las directrices oficiales de la ley salarial yemení.

Qamish fue acusado de varios abusos, entre ellos la participación en el llamado “programa de entregas extraordinarias” de Estados Unidos, en el que se produjeron millonarios desembolsos de la CIA a funcionarios y a otros auxiliares en países aliados. Los documentos oficiales muestran que se hicieron importantes pagos a países que acogieron centros clandestinos de detención de la CIA y a los que realizaron torturas e interrogatorios.

Ruth Blakeley, del Rendition Project, un grupo de académicos del Reino Unido que examina el programa estadounidense, afirmó que hay que investigar cualquier información nueva sobre fondos ocultos de agentes de inteligencia vinculados con torturas.

"Si hay pruebas de que altos cargos de los servicios de inteligencia se beneficiaron económicamente de la conspiración en el programa de la CIA de entregas, detenciones e interrogatorios, entonces eso merece una investigación exhaustiva", dijo.

Si en algún momento Credit Suisse puso en duda el origen del dinero de Qamish o su idoneidad como cliente, eso no impidió que el banco siguiera tratando con él. Sus cuentas siguieron activas mucho tiempo después de su participación tanto en el programa de “entregas extraordinarias'' estadounidense como en la represión de opositores políticos yemeníes.

"A través de la PSO, [Qamish] se encargaba de detener a todos los elementos que se consideraban opositores al régimen de Saleh", dijo un alto funcionario. Otro añadió: "Nadie sabía cómo se gastaba el dinero de la PSO".

La relación de Qamish y Saleh se desbarató cuando el presidente empezó a preparar a uno de sus hijos para que se hiciera cargo del país. Saleh también creó una nueva unidad de inteligencia interna, la Oficina de Seguridad Nacional en 2002, comandada por un sobrino, que rápidamente eclipsó a la PSO. Poco a poco, el líder comenzó a desplazar a Qamish.

En enero de 2011, sacó cuatro millones de dólares de su cuenta de Credit Suisse y la cerró. Justo en ese momento las multitudes tomaban las calles de Adén en los primeros coletazos de la Primavera Árabe. Fue destituido de su cargo de jefe de la OSP en 2014 por el presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, que derrocó a Saleh, y lo nombraron embajador. Aunque no fue destinado oficialmente a ningún lugar.

Actualmente Qamish vive en Estambul. En los últimos años ha pasado a un segundo plano, pero al parecer sus hijos siguen activos con negocios en Yemen, Bahréin, Brasil y Turquía. Qamish no respondió a los cuestionarios que se le enviaron varias veces.

En un cable diplomático de enero de 2009 filtrado a Wikileaks, Margaret Scobey, embajadora de Estados Unidos en Egipto, dijo que el jefe de espionaje Omar Suleiman fue usado por la dictadura de Hosni Mubarak como ejecutor. Añadió que a Mubarak "no le quitaban el sueño" los métodos brutales de Suleiman. 

Credit Suisse tampoco parecía estar demasiado preocupado por Suleiman. A pesar de que las víctimas del llamado “programa de entregas extraordinarias” de Estados Unidos lo vincularon personalmente con torturas, la familia de Suleiman mantuvo gran parte de su patrimonio en el banco.

En febrero de 2003, mientras los amigos de su padre en la CIA y el Pentágono urdían planes para invadir Irak, la familia de Suleiman hacía sus propios preparativos: los financieros. Ese mes, se abrió una cuenta de Credit Suisse a su nombre. Más tarde se llenaría de millones.

Al igual que Akhtar, Kheir y Qamish, Suleiman era considerado un aliado de confianza de Estados Unidos.

Semanas antes de que se abriera la cuenta de los Suleiman, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en un discurso ante las Naciones Unidas, expuso las razones por las que era urgente derrocar el régimen del presidente Saddam Hussein en Irak. Cuando Powell afirmó en la ONU que tenía pruebas de que Irak entrenaba a Al-Qaeda en el uso de armas químicas, se basó en una fuente que fue víctima del régimen de inteligencia de Suleiman: Ibn Sheikh Al-Libi. 

Al-Libi, un libio, fue capturado en Pakistán en 2001 antes de ser entregado por la CIA a Egipto en 2003. Confesó porque los egipcios le advirtieron de que "tres mil individuos habían estado en la silla antes que él" y que todos habían hablado. Después de ser aplastado en una caja diminuta, Al-Libi explicó que terminó diciéndole a los egipcios "lo que querían oír".

Suleiman solía conseguir lo que deseaba.

A medida que la guerra de Irak pasaba de las batallas abiertas a la contrainsurgencia, la riqueza de la familia de Suleiman aumentaba. En 2007, cuatro años después de la caída de Saddam Hussein, la cuenta de Suleiman en Credit Suisse acumulaba 63 millones de francos suizos, que se repartían las tres hijas de Omar.

La familia Suleiman no respondió a los repetidos cuestionarios que se le enviaron.

La cuenta sobrevivió a la dictadura egipcia de Mubarak, que cayó en 2011 bajo el peso de la Primavera Árabe. Tras el derrocamiento de Mubarak, las autoridades suizas afirmaron que estaban congelando los activos de una docena de figuras vinculadas a él y a su gobierno. Pero parece que la decisión no se aplicó a los Suleiman. Credit Suisse mantuvo sus cuentas a pesar de que existían numerosas evidencias sobre los crímenes del patriarca.

Además de supervisar las torturas, Suleiman también participó en transacciones financieras clandestinas de la agencia de espías.

En el proceso contra Mubarak, un juez citó el testimonio de Suleiman y de otros funcionarios sobre el magnate egipcio y testaferro del servicio de inteligencia Hussein Salem. Indicaron que era dueño de diversas empresas de gas y otros sectores para la agencia de espionaje. El juez escribió que Suleiman admitió que sus servicios crearon empresas pantalla por razones de "seguridad nacional", usando a Salem con frecuencia.

Salem también era cliente de Credit Suisse. Tenía varias cuentas, una de ellas con activos por 79,3 millones de dólares en 2003. Esta cuenta apareció en un proceso judicial cuando los investigadores alegaron que se había usado para pagar y recibir lo que parecían comisiones corruptas a ejecutivos de FlowTex, una empresa alemana procesada por fraude masivo.

Es posible que nunca se conozca el origen de sus fortunas. Pero los expertos afirman que casos como los de los Akhtar, los Kheir, los Qamish y la familia Suleiman plantean preguntas sobre cómo los líderes de la inteligencia pueden haberse beneficiado de la ilegalidad.

"No hay que olvidar que Mubarak quería que sus generales y jefes de inteligencia robaran dinero", aseguró Robert Baer, un exagente de la CIA que sirvió en Oriente Medio. "Porque cualquiera que no esté ganando dinero en un puesto así no es de fiar. Esa es la gente que da golpes de Estado".

El jordano Sa'ad Kheir estaba hecho para el cine. David Ignatius, del Washington Post, que escribió la novela en la que se basó la película Red de mentiras, lo describió como "brillante pero emocionalmente herido".

Human Rights Watch informó de que el GID actuó como "carcelero por delegación" de la CIA, "reteniendo prisioneros que la CIA aparentemente quería mantener fuera de circulación", como hicieron las fuerzas de inteligencia de Suleiman en Egipto. Esa organización de derechos humanos documentó al menos 14 prisioneros que Estados Unidos envió a custodia jordana para su probable tortura entre 2001 y 2003.

Amnistía Internacional, citando el testimonio de las víctimas, informó que el GID obtuvo más de cien confesiones mediante tortura, y luego envió estos casos al Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania, que dictó penas de muerte para los más desafortunados.

Posteriormente, altos funcionarios del GID negaron haber retenido prisioneros para Estados Unidos o que la tortura haya existido. Rumores de corrupción relacionados con el comercio de petróleo también han acechado a Kheir, pero nunca se presentaron cargos. 

Según los cables diplomáticos de Wikileaks, el exprimer ministro jordano Ali Abul Ragheb (2000-2003) situó a Kheir en el centro de los acuerdos petroleros en los que participaban Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

"Kheir, junto con el entonces primer ministro Abul Ragheb, institucionalizó la corrupción de alto nivel que sigue persiguiendo a Jordania en la actualidad", dijo un político jordano a OCCRP. 

Sin embargo, la carrera de Kheir acabaría llegando a su fin. En mayo de 2005, fue destituido de su cargo en el GID por el rey Abdullah. Murió en un hotel de lujo de Viena en diciembre cuatro años después.

En 2002, su cuenta en el banco acumuló 28,3 millones de francos suizos. El hermano de Kheir, Saeed, un ingeniero que trabaja con los dos aviones privados del rey Hussein abrió una cuenta de Credit Suisse en 2006, en la que llegó a tener 13 millones de francos suizos en 2011. Fue cerrada en 2014. La esposa de Kheir en el momento de su muerte, Janiche Frayeh, tenía su propia cuenta con un valor de 6 millones de francos suizos en 2010. Su cuenta también se cerró en 2014.

Saeed Kheir declaró a OCCRP que por el delicado rol de su hermano Sa’ad, “no debería sorprender que no compartiera ninguna información conmigo sobre su trabajo en inteligencia”. Añadió que no sabía nada de ninguna cuenta de Credit Suisse abierta por su hermano y que él mismo nunca creó ninguna cuenta. Señaló que todos sus ingresos "han sido declarados a la autoridad fiscal en Jordania". Y aseguró que nunca compartió una cuenta bancaria con su hermano ni recibió fondos de él.

En un mensaje a OCCRP, Frayeh afirmó que las preguntas sobre las cuentas de la familia en Credit Suisse eran “raras, extrañas e indignantes”.

Ella describió a Kheir como “un hombre honorable que luchó contra el terrorismo toda su vida para que gente como yo o su grupo pueda vivir seguros”. Ella dijo que no abrió ninguna cuenta en Credit Suisse, que no tenía “ni idea” de esos fondos y que ella es simplemente una “ama de casa”.

Para los responsables de inteligencia, tratar con Credit Suisse ofrecía un servicio que era difícil de encontrar en un mundo cada vez más globalizado.

“Estos bancos representan algo que para la comunidad de inteligencia es muy valioso: el secreto”, destacó un oficial de inteligencia europeo que pidió mantener el anonimato. “Esta confidencialidad hace sus servicios muy útiles en operaciones encubiertas”.

Un antiguo director de la inteligencia alemana en Oriente Medio confesó a OCCRP y a sus socios que no le sorprende que responsables de alto rango de servicios de espionaje de países no democráticos abrieran cuentas en Suiza. Según la fuente, esas cuentas pueden servir como recurso de emergencia por si los regímenes a los que sirven estos espías son derribados o si ellos caen en desgracia.

Esta hipótesis fue compartida por Robert Baer, el exagente de la CIA.

“En el mundo árabe, solo estás en ese puesto durante un tiempo”, dice Baer. “Tú y tu clan tienen que robar lo que puedan. Suiza es el lugar más seguro una vez que creas las cuentas”.

Caer en desgracia, parece, es uno de los principales peligros en el mundo del espionaje. Tras la caída de Mubarak en 2011, Suleiman se postuló sin éxito como candidato para liderar Egipto. Murió en la Clínica Cleveland cinco meses más tarde, en julio de 2012, por causas naturales.

Más allá de navegar las luchas internas por el poder, los espías también tienen problemas prácticos que los bancos suizos pueden haber ayudado a solucionar.

“Las agencias de espionaje y las organizaciones terroristas a veces trabajan del mismo modo”, explicó el exoficial del Mossad –los servicios secretos israelíes– Avner Avraham. “Ellos tienen los mismos problemas. Ellos tienen que transferir dinero del punto A al punto B, pagar a alguien, y no quieren que nadie sepa quién paga y cómo se transfiere o de dónde viene”.

Graham Barrow, un experto británico en criminalidad financiera, señaló que las enormes sumas que aparecen en las cuentas de Credit Suisse conectadas con responsables de inteligencia tendrían que haber hecho saltar las alarmas para el banco.

“No hay motivo para que un responsable de un servicio de inteligencia no pueda abrir una cuenta bancaria, pero tienen que dar explicaciones de por qué quieren esa cuenta y para qué van a usarla”, indicó. “Y la cuenta tiene que ser empleada para lo que se dijo que iba a ser usada”.

“Si en algún momento hay una discrepancia, en el banco se deben encender las alarmas”, destacó. 

Estos cuatro son solo la punta del iceberg. Esta investigación encontró entre los datos filtrados cerca de 40 cuentas en Credit Suisse vinculadas a oficiales de inteligencia de cerca de una docena de países. Entre ellos, están:

● El antiguo capitán del Ejército venezolano Carlos Luis Aguilera Borja, conocido como El Invisible, que sirvió como guardaespaldas de Hugo Chávez en la década de 1990.

Fue director del servicio de inteligencia de Venezuela durante dos años a principios del nuevo siglo. Dimitió en 2002, cuando no pudo prevenir el golpe de Estado que casi derriba al presidente. Aguilera se concentró entonces en los negocios.

Aguilera abrió en junio de 2011 una cuenta en Credit Suisse que en pocos meses tenía activos por 8,6 millones de dólares. Otra, vinculada a una entidad que él controlaba, fue abierta en junio de 2011 y alcanzó un valor máximo de cerca de cinco millones de francos suizos. Aguilera no respondió a las preguntas enviadas por los periodistas.

● Khalaf Al-Dulaimi, director financiero del servicio secreto iraquí en tiempos de Saddam Hussein, era titular de una cuenta corporativa que llegó a tener 178 millones de francos suizos y de una cuenta a su nombre con 2,5 millones de francos suizos. Un abogado de Dulaimi, que ya falleció, calificó la información de "noticia antigua" y "no exacta". 

● Una de las cuentas de Secret Suisse pertenecía a Ashraf Marwan, un espía egipcio cuyas lealtades eran tan oscuras como sus finanzas. Marwan se hizo famoso porque, mientras servía como asesor de inteligencia a su suegro, el presidente Gamel Abdal Nasser, filtró datos de inteligencia a las fuerzas israelíes durante la guerra del Yom Kippur en 1973. Sin embargo su familia y otras personas que lo apoyaron sostienen que la información que facilitó a Israel era falsa. La cuenta de Marwan en Credit Suisse, que figura a nombre de una sociedad, fue abierta en el año 2000. Para esa fecha, él ya había dejado el trabajo en inteligencia y residía en el Reino Unido, donde compró una participación en un equipo de fútbol, el Chelsea. Siete años después, falleció tras caer misteriosamente del balcón de su casa en Londres. Su mujer, Mona Nasser, denunció que su muerte era una venganza por traicionar a la inteligencia israelí. Nasser no contestó a las preguntas enviadas por OCCRP.

● El antiguo oficial del servicio secreto alemán Jürgen Czilinsky mantuvo una cuenta con 218 millones de francos suizos (206 millones de dólares) hasta enero de 2010. Czilinsky abandonó Alemania tras la caída del comunismo, aterrizó en Congo-Brazzaville, donde supuestamente estableció un negocio de gestión de residuos. Czilinsky no respondió al cuestionario de OCCRP.

● En los datos también aparecen cuentas pertenecientes a individuos con lazos con el servicio secreto de Uzbekistán, al que numerosas organizaciones de derechos humanos han acusado de torturas, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias. En 2009, el exoficial de inteligencia Ikram Yakubov dijo en BBC Newsnight que había sido testigo directo de estos abusos y explicó que había sido forzado a fabricar pruebas contra personas que él sabía que eran inocentes.

● Otras cuentas estaban ligadas a espías de Irak, Jordania, Montenegro, Nigeria, Pakistán y Yemen. La más antigua se remonta a mediados de los años 1970.

En los últimos años del régimen de su padre en Egipto, Gamal y Alaa Mubarak eran dueños de su mundo, lleno de foros de inversión, reuniones políticas y chalés de lujo en Egipto y en el extranjero. La economía liberalizada bajo el mandato del presidente Hosni Mubarak estaba en auge y los hermanos tenían los contactos necesarios para sacar provecho.

Se privatizaron empresas estatales y el Gobierno vendía a bajo precio suelo de su propiedad, todo ello para que se lucrasen las personas adecuadas. Los hermanos acumularon cientos de millones de dólares en villas, coches de lujo y acciones en importantes empresas egipcias, una riqueza llamativa en un país en el que una cuarta parte de la población vivía con menos de 3,20 dólares al día.

Sus familiares y socios empresariales también prosperaron. Los tratos de favor dispararon los beneficios de las compañías propiedad de la familia política y de los aliados de Mubarak. Y la situación sólo iba a mejorar: Gamal, que había encabezado las reformas económicas, era el favorito para suceder a su padre como presidente.

Todo ese mundo se derrumbó en tres semanas de 2011, cuando millones de personas protestaron en el mundo árabe, exigiendo responsabilidades a una clase dirigente que había acaparado la riqueza y la había enviado al extranjero durante décadas. Mubarak dimitió en febrero, y en media hora las autoridades suizas habían congelado cientos de millones de dólares de activos vinculados a él y a los miembros de su gobierno.

Comenzó entonces una caza mundial en busca de los millones de Mubarak. En los meses y años siguientes también se congelaron activos vinculados a otros funcionarios en Yemen, Siria y Libia. Pero el inventario completo del dinero escondido en el extranjero ha seguido siendo difícil, especialmente en las jurisdicciones donde predomina el secreto.

Ahora, los datos filtrados de Credit Suisse ofrecen una nueva perspectiva de la riqueza que los Mubarak y otras élites tenían en el banco con sede en Zúrich en los años anteriores a la Primavera Árabe, y después de que ésta empezara a poner en peligro su control del poder.

Esta información sobre las cuentas en Suiza de líderes y empresarios árabes forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

Los datos muestran que los hermanos Mubarak tenían seis cuentas en Credit Suisse. Una de ellas a nombre de Alaa se abrió ya en 1987, cuando tenía 27 años. Otra cuenta conjunta de los dos tuvo un saldo máximo de 277 millones de francos suizos, cantidad sugerida en su día por declaraciones de las autoridades egipcias, pero que nunca fue confirmada.

Los activos de los hermanos en el banco sí parecen haber sido congelados tras la Primavera Árabe, aunque nadie lo ha reconocido expresamente. A través de sus abogados, los Mubarak aseguraron que todos sus activos "fueron plenamente declarados y adquiridos a partir de sus actividades empresariales profesionales" y "se originaron a partir de fuentes totalmente legítimas y legales".

La información de Suisse Secrets también descubre cuentas no declaradas anteriormente a nombre de los suegros de ambos hermanos, Mohamed Magdy Rassekh y Mahmoud Yehia El-Gammal, algunas con millones de francos suizos. Otras cuentas estaban a nombre de algunos de los socios empresariales de la familia, incluidos algunos implicados en juicios por corrupción tanto antes como después de la Primavera Árabe.

Los datos filtrados tenían más cuentas de Egipto que de cualquier otro país árabe. Pero muchos personajes ricos y poderosos de la región también aparecen en los datos: presidentes, familias reales, ministros, espías y magnates con estrechos vínculos gubernamentales. Los titulares de las cuentas proceden de más de media docena de países donde prendieron las protestas de la Primavera Árabe, como Siria, Yemen, Libia, Argelia, Marruecos y Jordania. Estas cuentas, que ofrecen una visión de la riqueza que las élites árabes poseían en el extranjero en la década anterior a la revuelta, tenían en conjunto un valor de al menos 1.000 millones de dólares.

Los datos también revelan el rol que Credit Suisse desempeñó durante años, permitiendo que las élites árabes ocultaran su riqueza en el extranjero, incluso cuando ellos y sus gobiernos eran acusados de perjudicar a toda una región a través de corrupción y nepotismo. Quejas que se encuentran en el corazón de las protestas de la Primavera Árabe.

Algunos clientes tuvieron cuentas a pesar de años de escándalos, como ocurre con Hussein Salem, un estrecho colaborador de Mubarak cuyo nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y amiguismo. Otros, entre ellos algún jefe de los servicios secretos, se vieron implicados en violaciones de los derechos humanos, como la tortura y las entregas extralegales de prisioneros patrocinadas por Estados Unidos.

Expertos afirman que los bancos suizos y otras entidades financieras internacionales participaron en el movimiento de los mismos fondos que los manifestantes de la Primavera Árabe querían recuperar. Waleed Nassar, un abogado que trabajó en la recuperación de activos de Egipto, denuncia que los bancos extranjeros construyen regularmente relaciones personales con los clientes ricos de Egipto, a menudo ayudando a enviar dinero fuera del país de manera que no saltasen las alarmas.

"Usted y yo no podemos ir a un banco ahora mismo y salirnos con la nuestra en algunas cuestiones básicas que son atípicas desde el punto de vista del protocolo, pero estos tipos sí pueden", destaca Nassar. "De no ser por su conducta, para empezar gran parte del dinero nunca habría podido ser transferido fuera de Egipto".

En un comunicado, Credit Suisse rechazó "las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco" y aseguró que estaba trabajando continuamente "para reforzar su marco de cumplimiento y control". El banco añadió que las cuentas de la investigación periodística eran "predominantemente históricas" y "basadas en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco".

"Aunque Credit Suisse no puede hacer comentarios sobre las posibles relaciones con los clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas en línea con las políticas aplicables y los requisitos regulatorios en los momentos pertinentes, y que las cuestiones relacionadas ya se han abordado", afirmó la entidad financiera suiza.

Durante los años que estuvo abierta su cuenta en Credit Suisse, el ex vicepresidente sirio Abdul Halim Khaddam consiguió acumular decenas de millones de dólares en efectivo, acciones de empresas y mansiones palaciegas, una fortuna sorprendente para alguien que fue funcionario público toda la vida.

Khaddam ocupó cargos gubernamentales de alto nivel entre 1970 y 2005, primero como ministro de Asuntos Exteriores y luego como vicepresidente bajo el mandato de Hafez Al-Assad. Saltó a la fama en la década de 1980, cuando ayudó a diseñar la participación de Siria en la guerra civil del vecino Líbano y su posterior ocupación del país.

Con el objetivo de respaldar a los políticos libaneses pro-Damasco, Khaddam entabló una amistad con el rico empresario Rafik Hariri, apoyando su exitosa candidatura a primer ministro de Líbano en 1992. Hariri era conocido por engrasar sus relaciones con dinero, y su amistad con Khaddam no fue una excepción.

Un antiguo funcionario sirio de alto nivel confesó a OCCRP que Khaddam había "dominado el Líbano a través de Hariri", quien a su vez le pagó con favores. Recordó haber conocido a Khaddam en Damasco, donde el vicepresidente "llevaba una vida de leyenda". El nivel de corrupción de Khaddam era tan evidente que "no necesita documentos" para ser probado, señaló el exfuncionario.

Nuevas acusaciones contra Khaddam surgieron después de que Hariri fuera asesinado durante su segundo mandato como primer ministro en 2005, un asesinato del que se culpó ampliamente al régimen de Damasco.

Al año siguiente, Khaddam desertó del gobierno sirio dirigido por su actual presidente, Bashar Al-Assad, y huyó a París. Como represalia, los funcionarios sirios comenzaron a filtrar detalles de sus negocios previos.

En una sesión informativa con periodistas, los funcionarios dijeron que Khaddam había recibido unos 500 millones de dólares de Hariri a lo largo de dos décadas, parte de ellos en forma de casas, yates y fondos depositados en cuentas bancarias francesas, libanesas y suizas. Los medios de comunicación sirios también informaron de que Khaddam había aceptado sobornos en la década de 1980 para permitir que Francia y Alemania enterraran residuos radiactivos en el desierto.

Los detalles de la cuenta en Credit Suisse de Khaddam, de la que era titular junto con su esposa y sus tres hijos, confirman que la familia efectivamente acumuló una riqueza sustancial mientras Khaddam estaba en el cargo. La cuenta fue abierta en 1994 y alcanzó su mayor saldo, de casi 90 millones de francos suizos, en septiembre de 2003.

Khaddam murió en 2020. Sus hijos no respondieron a las llamadas telefónicas ni a las repetidas solicitudes para conocer su versión enviadas por correo electrónico y mensajes telefónicos de texto.

El exvicepresidente fue sólo uno de los muchos miembros de la élite árabe que utilizó Suiza para acumular su riqueza. Durante años, el secreto financiero y la relativa estabilidad del país lo convirtieron en un destino popular para fondos legales e ilegales.

"La percepción de que era un refugio seguro para ocultar la riqueza de una manera que proporcionaba altos niveles de confidencialidad convirtió a Suiza en un destino atractivo para muchos individuos", explica a OCCRP Jackson Oldfield, un investigador del Foro Civil para la Recuperación de Activos.

Suiza y otros países europeos también se consideraban "estables en el sentido de que el dinero no iba a desaparecer por culpa de las fluctuaciones monetarias, a causa de potenciales gobiernos inestables en el futuro".

Al menos cinco jefes de Estado o de gobierno árabes disponían de cuentas en Credit Suisse, según muestran los datos filtrados del banco suizo.

El rey Abdullah II de Jordania, receptor de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense y europea, tenía cuentas con cientos de millones de francos suizos. Su esposa y el máximo responsable económico del palacio real también eran clientes del banco.

Los abogados que representan a la familia real jordana confirmaron a The Guardian –uno de los medios que participa en Suisse Secrets– que el rey había tenido múltiples cuentas en Credit Suisse y que seguía operativa una de ellas, abierta en 2014 y con un saldo máximo superior a 15 millones de francos suizos en 2016.

Dichos abogados indicaron que las "cuentas se utilizan para la adquisición de activos, inversiones, gastos operativos y personales y desembolsos generales, incluida la financiación de ciertas iniciativas reales". Además, señalaron que el rey y la reina "nunca han desviado fondos del Tesoro, de los activos públicos, de la ayuda internacional o del presupuesto gubernamental hacia cuentas situadas en el extranjero o para su enriquecimiento personal".

El antiguo sultán de Omán, Qaboos bin Said, tenía dos cuentas, entre ellas una abierta en 1971 cuyo valor máximo llegó a superar los 177 millones de francos suizos. Las autoridades omaníes no respondieron a las reiteradas peticiones de comentarios sobre la cuenta.

El empresario y político iraquí Ayad Allawi tuvo cuentas a partir de la década de 1980, coincidiendo con el tiempo en que dirigió un partido de exiliados iraquíes apoyado por Occidente y como primer ministro de Irak tras la invasión estadounidense. El saldo máximo de una de las cuentas superó los cinco millones de francos suizos. Allawi no respondió a las solicitudes por correo electrónico para conocer su versión.

El hombre fuerte de Argelia, Abdelaziz Buteflika, que se vio obligado a dimitir tras las protestas masivas contra su candidatura a un quinto mandato en 2019, mantuvo una cuenta junto a otros miembros de su familia que se solapó temporalmente con gran parte de su mandato como presidente. El saldo máximo alcanzó más de 1,4 millones de francos suizos. Buteflika murió en 2021.

Samir Rifai, el ex primer ministro de Jordania, que dimitió en 2011 en medio de manifestaciones populares, también tenía varias cuentas. Rifai aseguró a los periodistas de Suisse Secrets que los fondos procedían de fuentes legítimas, como la venta de propiedades familiares, y que habían sido declarados a las autoridades competentes. Descartó "total, inequívoca y absolutamente" cualquier sospecha de que esos fondos tuvieran un origen ilícito.

El ex vicepresidente de Yemen Ali Salim Al-Bidh también tuvo una cuenta con un saldo máximo que superó los siete millones de francos suizos. Su hijo, contactado por el OCCRP, no respondió a las preguntas planteadas.

Junto a jefes de Estado o de gobierno, los datos filtrados también incluyen nombres de jefes de espionaje o personas conectadas con los servicios de inteligencia.

En Siria, estos clientes del banco incluían a Mohammad Makhlouf, el hermano de la esposa del ex presidente Hafez Al-Assad, que actuó durante años como testaferro de su cuñado mientras aprovechaba sus vínculos políticos para crear un imperio comercial que abarcaba el tabaco, los inmuebles, la banca y el petróleo.

El magnate egipcio Hussein Salem, un viejo aliado de Mubarak con vínculos en las agencias de inteligencia del país, fue cliente de Credit Suisse durante más de tres décadas. Era titular de al menos doce cuentas con saldos que a menudo ascendían a decenas de millones, a pesar de haber sido vinculado públicamente con escándalos de corrupción durante años, tanto antes como después de la Primavera Árabe.

Incluso Libia –sancionada por Naciones Unidas en 1992 para obligar a Muammar Gaddafi a cooperar con las investigaciones sobre el atentado contra un avión en Lockerbie (Escocia)– le proporcionó numerosos clientes, incluyendo un grupo de individuos acusados de saquear un fondo público de desarrollo durante dos décadas.

Salem murió en 2019 y Makhlouf en 2020. El OCCRP envió mensajes al abogado de Salem por correo electrónico y al hijo de Makhlouf, Rami, a través de sus cuentas en las redes sociales, pero no recibió respuesta.

Desde su posición de alto nivel en el gobernante Partido Nacional Democrático de Egipto, Gamal Mubarak supervisó muchas de las reformas económicas de su padre en los años anteriores a la Primavera Árabe. La liberalización fue muy popular entre los inversores, pero apenas mejoró las condiciones de vida de la mayoría de egipcios: las tasas de pobreza aumentaron desde el 17 al 25 por ciento en los tres lustros anteriores a 2011.

Al mismo tiempo, élites vinculadas a los Mubarak se beneficiaron del nuevo entorno empresarial, comprando propiedades estatales y otros activos a bajo precio y familiares, y que habían sido declarados a las autoridades competentes. Descartó "total, inequívoca y absolutamente" cualquier sospecha de que esos fondos tuvieran un origen ilícito.

El ex vicepresidente de Yemen Ali Salim Al-Bidh también tuvo una cuenta con un saldo máximo que superó los siete millones de francos suizos. Su hijo, contactado por el OCCRP, no respondió a las preguntas planteadas.

Desde su posición de alto nivel en el gobernante Partido Nacional Democrático de Egipto, Gamal Mubarak supervisó muchas de las reformas económicas de su padre en los años anteriores a la Primavera Árabe. La liberalización fue muy popular entre los inversores, pero apenas mejoró las condiciones de vida de la mayoría de egipcios: las tasas de pobreza aumentaron desde el 17 al 25 por ciento en los tres lustros anteriores a 2011.

Al mismo tiempo, élites vinculadas a los Mubarak se beneficiaron del nuevo entorno empresarial, comprando propiedades estatales y otros activos a bajo precio y Ø procedía "de su trabajo y de los ingresos por las participaciones que tenía en las empresas en las que asumió un papel directivo".

Los juicios por corrupción celebrados tras la Primavera Árabe demostraron que, además de los vínculos familiares y la copropiedad de algunas de las mayores empresas del país, muchas de estas élites también estaban conectadas entre sí a través de acuerdos sospechosos entre bastidores.

Uno de los beneficiados fue Mohamed Magdy Rassekh, cuya hija Heddy estaba casada con Alaa, el hermano de Gamal. A lo largo de la década de 1990, Rassekh acumuló numerosos activos, incluso en el sector del gas. También invirtió en el sector inmobiliario, siendo presidente no ejecutivo del promotora egipcia SODIC.

Después de la Primavera Árabe, un tribunal determinó que Rassekh había conspirado con un antiguo ministro de Vivienda para obtener parcelas en las afueras de El Cairo a precios inferiores a los de mercado. En 2012, Rassekh fue condenado a cinco años de prisión, aunque el año pasado consiguió llegar a un acuerdo de "reconciliación" con las autoridades egipcias por el que él y el ministro pagaron uno 80 millones de dólares a cambio de que se les retiraran los cargos. 

Los datos de Suisse Secrets muestran que Rassekh fue cliente de Credit Suisse ya años antes de la Primavera Árabe. Una cuenta abierta en 2005 tenía más de tres millones de francos suizos al año siguiente. Fue cerrada en 2015, más de cuatro años después de que su nombre apareciera por primera vez en las listas de personalidades cuyos activos fueron congelados tras el levantamiento en Egipto. Credit Suisse declinó hacer comentarios sobre la cuenta, pero destacó que siempre se adhirió a las políticas y leyes aplicables y abordó cualquier problema que surgiera.

El rastreo de los activos de Rassekh y de otros miembros de la familia Mubarak muestra lo profundamente entrelazados que estaban los vínculos familiares, empresariales y políticos en vísperas de la Primavera Árabe, y cómo muchas de las figuras clave del sistema disponían de cuentas en Credit Suisse. 

¿Cómo terminaron todos estos personajes, conectados entre sí, en la misma entidad financiera de Suiza? Un antiguo ejecutivo de alto nivel de Credit Suisse explicó a OCCRP que en los mercados emergentes el banco solía centrarse en la contratación de personal de "buenas familias" que "tuvieran acceso a familias ricas" y pudieran proporcionar referencias para otros clientes de posición similar.

A menudo, añadió ese exdirectivo, el acceso a las conocidas como PEP –persona expuesta políticamente– se producía a un nivel directivo “muy alto" y permitían al cliente "saltarse el procedimiento normal", mientras que los encargados de gestionar las cuentas eran "burócratas o funcionarios del banco" que "no hacían preguntas, no tenían conocimiento de la región ni de la banca".

"De cara al exterior, el banco se ajusta a la letra de sus normas y leyes, pero en realidad lo que importa es el tamaño de su chequera del cliente. En ese caso, mirarán en otra dirección", concluyó el ex ejecutivo.

Credit Suisse rechaza esta descripción del funcionamiento del banco: "Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, ante los clientes y ante el sistema financiero en su conjunto, para garantizar que se mantengan los más altos estándares de conducta". Además, en referencia a las preguntas planteadas por los periodistas de Suisse Secrets, sostiene que "estas acusaciones de los medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años".

Hay evidencia de que muchas de esas élites de Oriente Medio enviaron dinero a Suiza y a otros lugares de Europa para ponerlo a salvo mientras los manifestantes golpeaban en sus países los muros de sus privilegios.

Las autoridades suizas informaron de un aumento de las "transacciones sospechosas" –aquellas potencialmente asociadas a sobornos, blanqueo de capitales u otros delitos– procedentes de países árabes hasta superar los 600 millones de francos suizos en 2011. Atribuyeron el aumento tanto a unos requisitos de información más estrictos como a los disturbios de la Primavera Árabe.

En septiembre de 2011, el Banco de Pagos Internacionales, una institución financiera con sede en Suiza que es propiedad de los bancos centrales, señaló que en los tres meses anteriores las entidades financieras internacionales habían comunicado un aumento de los pasivos con los residentes egipcios de más de 6.000 millones de dólares y con los residentes libios de más de 2.000 millones de dólares. Ello reflejaba muy probablemente, según señaló, que "fondos nacionales se trasladan fuera de los dos países como resultado de los elevados niveles de incertidumbre política y económica".

Los datos de Suisse Secrets no muestran cuántas de estas transacciones, si es que hay alguna, involucraron al banco suizo. Pero al menos un cliente de élite movía dinero al extranjero a través de Credit Suisse. Los documentos de una investigación judicial en España muestran que la familia de Hussein Salem, el viejo socio de Mubarak, transfirió 3,5 millones de euros desde Egipto a una cuenta en Credit Suisse el 24 y el 26 de enero de 2011, justo cuando las protestas comenzaban en Egipto.

A medida que avanzaba la Primavera Árabe, quedaba cada vez más claro que las demandas de los manifestantes para acabar con la corrupción sólo se cumplirían con medidas parciales, si es que se cumplían.

En Libia, Siria y Yemen, las revueltas se convirtieron en guerras civiles, lo que acabó con cualquier esperanza de reforma. Las monarquías de Jordania, Marruecos y los Estados del Golfo se mantuvieron firmes mientras instauraban reformas cosméticas.

El experimento democrático de Egipto terminó abruptamente en el verano de 2013, cuando un militar llamado Abdelfatah El-Sisi derrocó al primer presidente elegido libremente en el país, Mohamed Morsi. El optimismo dio paso a la constatación de que la mayoría de los activos suizos congelados tras el levantamiento no serían devueltos.

En Egipto, una serie de acuerdos de "reconciliación" provocó que se retiraran muchos cargos de corrupción. En 2017, las autoridades suizas anunciaron que ponían fin a su programa de asistencia legal con El Cairo y descongelaban los activos relacionados, aunque unos 430 millones de francos suizos bajo investigación criminal en Suiza –la mayor parte aparentemente relacionados con los hermanos Mubarak– permanecieron congelados.

En noviembre del año pasado, un tribunal egipcio emitió una resolución que anulaba la congelación de activos de los hermanos Mubarak. A través de su abogado, los hermanos dijeron que en diciembre el fiscal federal suizo "notificó a las partes la inminente conclusión y cierre del caso".

Jackson Oldfield, del Foro Civil para la Recuperación de Activos, denuncia que aunque la Primavera Árabe trajo una nueva atención a los flujos financieros ilícitos entre Europa y el norte de África, "nada ha cambiado demasiado sustancialmente".

"El tema subyacente sigue siendo que es relativamente fácil ocultar la riqueza ilícita en Europa, que es un lugar relativamente acogedor para hacerlo. No es un problema que haya terminado. Todavía está muy presente", mantiene el activista.

Nassar, el abogado que trabajó en la recuperación de activos en Egipto, cree que los esfuerzos comenzaron a perder fuerza a medida que la voluntad política de encontrar y devolver los activos retrocedía. Y recuerda que incluso bajo el mandato de Morsi muchos funcionarios cuestionaban el éxito del programa.

"Siempre se mostraron escépticos sobre si podríamos recuperar algún dinero. En retrospectiva, creo que fueron clarividentes", se lamenta Nassar. 

El último bombazo –Suisse Secrets– divulgado por varios medios internacionales es una continuación del camino que abrieron los Panama Papers y los Paradise Papers. En un sentido, se trata de la misma historia de siempre. Cada vez que los periodistas levantan la cortina de secretismo detrás de lo que ocurre en el sector financiero entendemos mejor por qué el secreto es tan importante: redes de corrupción, personajes con actividades oscuras, una cantidad desproporcionada de clientes turbios, familias de dictadores y un puñado de políticos –en apariencia respetables– son atrapados en la red.

Pero esta vez hay algo diferente. No se trata de una pequeña y oscura isla del Caribe, ni de un país en desarrollo en aprietos que intenta encontrar un modelo de negocio alternativo a las drogas. Se trata de un banco muy grande en el centro de Europa, en uno de los países más prósperos del mundo, un país en el que se supone reina el "Estado de derecho". Es aún más decepcionante, ya que el país y el banco implicados han prometido mejorar su transparencia, después de una larga historia en la que facilitar la evasión fiscal parecía el menor de los problemas. Y esa es la cuestión: sin más transparencia, no puede haber rendición de cuentas.

De hecho, la posición de Suiza parece cada vez más bicéfala, con un marco legal que penaliza a quienes intentan perforar su secreto. Países de todo el mundo aprobaron leyes que fomentan las denuncias lanzadas por fuentes internas, reconociendo lo difícil que es descubrir comportamientos inadecuados. La revelación de las fechorías de Facebook por parte de Frances Hagen probablemente no habría sido posible sin las sólidas leyes de Estados Unidos sobre denunciantes.

Pero Suiza, una de las democracias más antiguas del mundo, parece haber redoblado su compromiso con el secreto. Sin tener en cuenta los incentivos que ofrece para el mal comportamiento, al amenazar a periodistas y a otras personas que podrían tener acceso a los datos que muestran lo que ocurre en la oscuridad de su sistema financiero. 

Lamentablemente, pero no sorprende, ningún medio suizo se unió a la colaboración periodística global de Suisse Secrets por el peligro de sufrir graves consecuencias legales por sus leyes de secreto bancario. Hay que felicitar a los periodistas de otros países por arriesgarse a ser perseguidos por las autoridades suizas. Seguramente, Suiza debe conocer el efecto escalofriante de su legislación: la intención era preservar su modelo de negocio el mayor tiempo posible, es decir sacar una pequeña tajada de las ganancias mal habidas de otros, a cambio de proporcionar un lugar seguro y secreto para atesorar ese dinero.

En los Suisse Secrets encontramos dos aspectos alarmantes. La colaboración periodística internacional de Suisse Secrets sólo accedió a una porción limitada de los datos de los clientes del banco. Pero si en esta pequeña porción ya hay tantos clientes problemáticos, dictadores y sus familias, criminales de guerra, funcionarios y jefes de inteligencia, gerentes corruptos, traficantes de personas, jefes de Estado, empresarios sancionados y abusadores de los derechos humanos –una verdadera galería de pícaros– ¿qué veríamos si la ventana al banco fuera más grande?

En segundo lugar, parece que los países que más sufren por el secreto bancario y la ayuda que le dan a actores problemáticos son los países en desarrollo y los mercados emergentes. La revelación de Suisse Secrets confirma lo que los expertos han advertido durante mucho tiempo: Suiza aceptó un intercambio automático de información sobre todo con otros países desarrollados, pero no con los países pobres, y especialmente con los que podrían albergar estas actividades ilícitas. De este modo, la cleptocracia y la corrupción pueden seguir floreciendo.

Es bueno ver que los periodistas crean en su deber de informar y que luchen por "el derecho a saber" de los ciudadanos de estos países, que no pueden controlar lo que sus políticos ocultan en Suiza. A los políticos de los países desarrollados les gusta pronunciar discursos condenando la corrupción en otros lugares. Pero son los países como Suiza los que facilitan la corrupción: los que proporcionan el refugio seguro, asegurando los rendimientos a largo plazo. 

Debemos ser claros: Suiza no está sola. Se queja, con razón, de que cerrar la puerta allí no hará más que trasladar las actividades al sector inmobiliario y financiero de Miami, Londres u otros centros de blanqueo de dinero. Sin embargo, hay algo moralmente repugnante para quienes en Estados Unidos, Reino Unido o Suiza viven del botín robado a los más pobres. Y países como Suiza, que diseñaron un código legal que hace florecer este sistema, deberían estar especialmente avergonzados.

¿Cuántas historias, cuántas revelaciones, cuántas denuncias harán falta para que Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y otros países cambien sus leyes sobre el secreto bancario, inmobiliario y todas las demás actividades que facilitan el lavado de dinero y promueven el crimen y la corrupción? Mientras esta filtración mostró que Suiza se beneficiaba de un flujo de dinero procedente de los países pobres, el propio sistema es corruptor: la podredumbre del dinero contaminado echa a perder todo aquello con lo que entra en contacto. 

Lo hemos visto con fuerza en Estados Unidos, donde el comandante en jefe era también el lavador de dinero en jefe, y ha puesto en peligro la democracia del país.

Esperemos que los Suisse Secrets, este enorme logro de periodismo honesto y honorable, haga sentir vergüenza a los que se han resistido a crear un sistema financiero y económico más transparente. 

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Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía 2001

La prensa internacional se hace eco de la investigación Suisse Secrets, en la que participa infoLibre y otros 47 medios de todo el mundo. Entre ilustraciones de fajos de billetes, fotografías de la fachada del banco suizo e imágenes de la bandena roja con su cruz blanca, los medios de comunicación que forman parte de la red periodística han llevado los resultados del trabajo a sus portadas, tanto en papel como en digital. Así se lo han contado a sus lectores y lectoras.

El diario británico The Guardian abre su edición de este lunes bajo el titular "La filtración de Credit Suisse desenmascara a delincuentes, defraudadores y políticos corruptos". Entre los clientes del banco, recoge el rotativo, se encuentran "personas implicadas en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y otros delitos graves".

En Francia, Le Monde destaca en primera plana las revelaciones sobre "el dinero negro escondido gracias al secreto bancario". El belga Le Soir se refiere, en su portada en papel de este lunes, al "dinero del crimen" alojado en el banco suizo: "Sus cuentas han sido utilizadas por criminales de guerra, narcotraficantes y líderes corruptos", abre el periódico. En Alemania, una gran ilustración acompaña al titular "Secretos de un banco suizo", subrayado en un intenso color rojo en el periódico Süddeutsche Zeitung.

Los medios de comunicación que conforman la red de investigación llevan también los resultados de la pesquisa en sus ediciones digitales. El italiano La Stampa cuenta con un apartado específico sobre la filtración, en el que destaca también los "clientes especiales" del banco: "Narcotraficantes, corruptos y dictadores". Twala (Argelia), abre su página web aludiendo a la "industria suiza del secreto" y las "astronómicas sumas depositadas en el banco". El diario considera que hoy "más que nunca, el secreto bancario aplicado por Suiza se pone a prueba".

The New York Times, por su parte, ha decidido llevar a su edición de este lunes la noticia de que "Gobernantes árabes y jefes de espionaje escondieron millones en un banco suizo". El argentino La Nación recoge en su web los "movimientos millonarios de los lobistas que intermediaron entre Argentina y Venezuela", para además dar respuesta a las principales sobre la investigación y a cómo funciona "la maquinaria para captar fortunas entre los clientes más problemáticos del mundo".

Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella, casados desde 2004, son dos de las personas que tuvieron cuenta abierta en la entidad financiera suiza Credit Suisse. Él es bisnieto de Franco y presidente de honor de la fundación dedicada a exaltar al dictador. Ella es hija de Víctor Vargas, multimillonario conocido como el banquero de Chávez, por las buenas relaciones que mantuvo con Hugo Chávez cuando era presidente de Venezuela y lo mucho que prosperaron sus negocios durante aquellos años.

La cuenta en Credit Suisse fue abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Layla Assets Corp., que se había constituido nueve días antes en Panamá. Los depósitos en dicha cuenta superaron los 1,3 millones de francos suizos en noviembre de 2015 (más de 1,2 millones de euros al cambio de la época).

Un portavoz de Luis Alfonso de Borbón admitió a preguntas de infoLibre que él tenía firma autorizada en la cuenta de Credit Suisse, pero añadió que “jamás la utilizó. Nunca realizó ningún movimiento ni disposición”. La única propietaria del dinero, explicó, era su mujer. Aunque están casados en régimen de gananciales, ello no excluye que existan propiedades con carácter privativo de Margarita Vargas, como por ejemplo las donaciones hechas por su padre.

La información sobre la cuenta suiza del matrimonio Borbón-Vargas forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

La empresa Layla Assets Corp. fue creada el 11 de junio de 2007 en Panamá. Constituida formalmente por testaferros, la propietaria desde el principio fue Margarita Vargas. Así lo indica el portavoz autorizado de Luis Alfonso de Borbón a quien infoLibre planteó diversas preguntas sobre el patrimonio y los negocios del matrimonio. Ese portavoz traslada la decisión de constituir la sociedad de Panamá al banquero venezolano: “Cuando su padre constituyó Layla, Margarita era estudiante de grado y no controlaba ese tipo de asuntos”. El día que inició sus operaciones la compañía panameña, Margarita Vargas tenía 23 años y llevaba casada dos años y medio.

El portavoz de Luis Alfonso de Borbón sostiene que la cuenta en Credit Suisse fue cerrada en 2017. “En aquel momento en la cuenta ya había una cantidad muy pequeña, tanto que Credit Suisse invitó a Margarita a cancelarla, porque el banco suizo no mantiene abiertas cuentas con saldos tan bajos. Así que Margarita realizó una transferencia de ese dinero a su banco en España”. Lo cierto es que un año antes, en junio de 2016, en la cuenta de Credit Suisse había más de 1,2 millones de francos suizos (1,1 millones de euros), según los datos consultados por infoLibre.

A preguntas de este periódico, el portavoz aseguró que el matrimonio “siempre ha incluido en sus declaraciones de la renta tanto el dinero de Credit Suisse como el resto de bienes”. Ni tener una empresa en Panamá ni disponer de una cuenta en un banco suizo son hechos irregulares, siempre que los activos estén declarados ante la Agencia Tributaria.

En 2017, precisamente, dejaron de figurar testaferros al frente de la empresa panameña, de forma que la pareja pasó a administrar la sociedad no solo de hecho, sino también formalmente. Margarita Vargas fue designada presidenta de Layla Assets Corp., mientras que Luis Alfonso de Borbón asumió los cargos de director y tesorero, según consta en el Registro de Panamá.

El 17 de abril de 2021, Layla Assets Corp. quedó disuelta. Como veremos más adelante, Panamá se había convertido en un lugar problemático para la familia Vargas después de que en 2019 quebrase el banco que tenían en aquel país. Un banco entre cuyos directivos estaba Luis Alfonso de Borbón.

En sus primeros años de matrimonio, la pareja estableció su domicilio en Venezuela. Allí empezó a trabajar Luis Alfonso de Borbón a las órdenes de su suegro. Víctor Vargas Irausquín es dueño de un potente holding de empresas que tiene como cabecera al grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD). Así que ahí colocó a su yerno, quien en 2005 empezó a ejercer como vicepresidente internacional de BOD.

En 2010, la pareja trasladó su residencia a España. Y dos años después decidió constituir su primera empresa conjunta en este país, aunque intentaron que su presencia pasara desapercibida. Para ello idearon la siguiente operación: una mercantil panameña constituyó el 28 de marzo de aquel año en Inglaterra la sociedad Mella Limited, un mes más tarde –el 30 de abril– Luis Alfonso de Borbón se convirtió en accionista único de dicha compañía británica y ese mismo día Mella Limited compró todas las participaciones de una sociedad española que se llamaba Emporio 2012 SL. En otoño de aquel año, le cambiaron el nombre a esta última empresa y la denominaron Borvar Inversiones SL, nombre formado a partir de sus respectivos apellidos (Borbón Vargas).

Borvar Inversiones se convirtió en la vía de entrada en España de cuantiosos fondos del matrimonio. En concreto, desde 2014 hasta 2019, De Borbón y Vargas ingresaron en su empresa al menos 7,15 millones de euros.

Los movimientos más llamativos se produjeron en 2017, cuando en poco más de seis semanas, la empresa realizó dos ampliaciones de capital por un importe total de 3,61 millones. ¿Y cómo llegó ese capital a la sociedad? En los documentos oficiales del Registro Mercantil de Madrid se indica literalmente lo siguiente: “Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú [...] asume un millón ochocientas diez mil nuevas participaciones sociales [...] por su valor nominal conjunto de € 1.810.000, que aporta en efectivo metálico”. Esa es la referencia de la ampliación realizada el 13 de enero. La del 28 de febrero es idéntica, salvo una variación mínima en la cantidad, que en esa segunda ocasión fue de 1.800.000 euros. Pero también consta que el bisnieto de Franco aportó ese dinero “en efectivo metálico”. En ambos casos, según las escrituras, el dinero se ingresó en una cuenta que la sociedad tenía en el Banco Pastor.

Cinco meses más tarde, el 3 de julio de 2017, Borvar Inversiones realiza otra ampliación de capital. Esta vez el importe son 275.000 euros y de nuevo consta que “la totalidad de las aportaciones ha sido ingresada en efectivo metálico de curso legal en cuenta abierta a nombre de la sociedad, en una entidad de crédito, tal como resulta de la certificación expedida por la entidad Banco Sabadell”.

Al ser preguntado por este hecho, el portavoz de Luis Alfonso de Borbón responde que la expresión “en efectivo metálico” no debe entenderse bajo ningún concepto como que dichas cantidades se ingresaron en billetes en las respectivas oficinas bancarias: “Todos los ingresos en Borvar Inversiones se realizaron mediante transferencias, nunca en efectivo metálico. Y todos los ingresos han sido siempre declarados y justificados”. Y respecto al origen de los fondos, el portavoz especifica que “todos ellos proceden de los emolumentos de Luis Alfonso de Borbón correspondientes a su trabajo en el grupo financiero Banco Occidental de Descuento y de dinero que Víctor Vargas había donado a su hija Margarita”.

En otras palabras: de acuerdo con la versión oficial del bisnieto de Franco, cuando en la escritura otorgada ante un notario e inscrita en el Registro Mercantil pone la expresión “en efectivo metálico”, en realidad hay que entender que se trata de una “transferencia” bancaria.

Curiosamente, en la siguiente ampliación de capital de la compañía, ejecutada el 14 de diciembre de 2018 por un importe de 1.140.000 euros, en la escritura se especifica que el dinero lo aportó Margarita Vargas en los siguientes términos: 750.000 euros “mediante transferencia bancaria a la cuenta de la sociedad” y 390.000 euros mediante una “compensación de créditos”.

Hay que destacar que las cuatro escrituras mencionadas fueron autorizadas por el mismo notario de Madrid, de forma que todo apunta a que se trata de un profesional que distingue los conceptos “efectivo metálico” y “transferencia bancaria” y no los utiliza como si fueran sinónimos.

La mayor parte de los fondos que llegaron a Borvar Inversiones se destinaron a la adquisición de un inmueble en una zona residencial conocida como La Finca, que es probablemente la más exclusiva de Madrid y sus alrededores. En octubre de 2012, la pareja De Borbón-Vargas compró la parcela de 8.037 metros cuadrados a uno de los futbolistas más famosos de España, el entonces portero del Real Madrid Iker Casillas. Y sobre ese terreno se levanto un chalé de tres plantas –sótano, bajo y primera–, con una superficie total construida de 1.425 metros cuadrados.

En julio de 2019, el matrimonio decidió transferir la titularidad del chalé desde la sociedad Borvar Inversiones a ellos como personas físicas. El inmueble fue valorado en ese momento en 9,17 millones de euros. A Margarita Vargas se le adjudicó el 68,33% de la propiedad y a Luis Alfonso de Borbón el 31,67%. Ello es así porque una parte del dinero que había ingresado en la empresa eran gananciales, pero otra era privativa de la hija del banquero.

Al ser preguntado por la razón de ese cambio en la titularidad del inmueble, el portavoz del bisnieto de Franco indicó lo siguiente: “Cuando adquieren dicha propiedad, Luis Alfonso y Margarita no tenían certeza sobre qué uso le querían dar. Si irían a vivir allí o sería una inversión. Una vez que tomaron la decisión definitiva de residir en dicha propiedad, por razones fiscales se consideró que lo más oportuno era que estuviese a nombre de ellos como personas físicas, ya que eran quienes estaban disfrutando del chalé”.

Efectivamente, si una persona física reside en una vivienda que pertenece a una empresa (aunque esta sea suya), para cumplir con Hacienda es necesario que exista un contrato de alquiler entre ambas partes fijado a precio de mercado. La Agencia Tributaria pretende así evitar que se utilicen sociedades mercantiles de forma fraudulenta para reducir la factura fiscal. Por tanto, desde julio de 2019, el matrimonio está cumpliendo estrictamente con la normativa tributaria. Pero, hasta entonces, estuvieron viviendo durante un lustro en un chalé a nombre de una sociedad, lo que abre una incógnita sobre cómo se reflejó esa operación exactamente en sus declaraciones de renta y sociedades.

La fuente principal de los ingresos de Luis Alfonso de Borbón y de su mujer, tal y como ellos mismos admiten, tiene un nombre: Víctor Vargas Irausquín, el banquero de Chávez, dueño del grupo financiero Banco Ocidental de Descuento (BOD).

Entre 2005 y 2019, BOD fue una caudalosa fuente de ingresos para la familia Borbón-Vargas, pero ese último año también se convirtió en un quebradero de cabeza. El Banco Occidental de Descuento, además de ser unas de las principales entidades financieras de Venezuela, contaba con cuatro filiales en otros países: Allbank en Panamá, Banco del Oricono en Curazao, BOI en Antigua y Bancamérica en República Dominicana. Pues bien, dos de esas entidades quebraron. A principios de septiembre de 2019, las autoridades de Curazao ordenaron intervenir el Banco del Orinoco, tras detectar que buena parte de su capital se había esfumado. Esa medida obligó a actuar de forma inmediata a la Superintendencia de Bancos de Panamá –el regulador bancario de este país–, puesto que parte de los fondos de AllBank estaban colocados en el Banco del Orinoco. Antes de final de aquel 2019, las autoridades de Curazao y Panamá ordenaron liquidar los respectivos bancos. El regulador de Venezuela –Sudeban– también ordenó intervenir el banco de Vargas en ese país, aunque en este caso la entidad sigue operando con normalidad.

Luis Alfonso de Borbón actúa como vicepresidente internacional del BOD. No solo está en la Junta Directiva de la matriz venezolana del grupo financiero, sino que también entró en el consejo de las dos sociedades montadas en Panamá: All Financial Group Corp. y AllBank Corp. La Superintendecia panameña, en la resolución por la que intervino Allbank, denunció que la entidad contaba con “un sistema de controles internos no adecuados y una gestión de la Junta Directiva no acorde a los riesgos que encara el banco”.

Los clientes perjudicados por las quiebras de ambas entidades financieras pusieron pronto en el foco a Luis Alfonso de Borbón. De acuerdo con sus denuncias, era conocido como El Príncipe y funcionaba como gran reclamo publicitario de Víctor Vargas para atraer clientes al BOD. Y es que además de bisnieto de Franco por parte materna, Luis Alfonso de Borbón también es bisnieto de quien fuera rey antes de la llegada de la Segunda República –Alfonso XIII– por parte paterna. Se considera legítimo heredero al trono de Francia, puesto que le disputa la Casa de Orleáns, aunque no parece que entre las prioridades de los franceses a corto plazo se encuentre reinstaurar la monarquía. Sea como fuere, lo que está fuera de toda duda es que El Príncipe hace gala de sus aspiraciones: en su boda con la hija de Vargas llevaba uniforme de Bailio de la Gran Cruz de la Orden de Malta, distinción reservada a jefes de Estado y de casas reales. Unas ínfulas que no gustan demasiado en Zarzuela. Aunque Luis Alfonso de Borbón es primo segundo de Felipe VI, ningún miembro de la Casa del Rey fue a aquella boda celebrada en la República Dominicana. Se perdieron actuaciones en directo de Los del Río, David Bisbal y Juan Luis Guerra. Y también una misiva personal del Papa dirigida a los novios.

Lo cierto es que en prensa se publicaron declaraciones de clientes de las filiales quebradas del BOD quejándose amargamente de Luis Alfonso de Borbón: “Mandamos todos nuestros ahorros al Banco del Orinoco. Lo hicimos, entre otras cosas, por las garantías que nos daba ver a un noble al frente, alguien que salía en las revistas”.

El portavoz de Luis Alfonso de Borbón, en relación con las preguntas sobre su papel en el BOD, intenta quitarle importancia: “Aunque formarse parte de la Junta Directiva o de los consejos de dichas entidades financieras, en ningún caso tuvo poder ejecutivo. Su función era puramente comercial, representativa. Cada dos meses, aproximadamente, se desplazaba a Venezuela y mantenía reuniones con los clientes que le indicaban. Pero jamás estuvo entre las personas que tomaban las decisiones en el grupo financiero”.

Dicho portavoz añade que, pese a los dos años transcurridos desde las quiebras del Banco del Orinoco y de Allbank, “Luis Alfonso de Borbón no tiene constancia de ninguna actuación judicial que le implique, ni civil ni penal. No ha recibido ninguna notificación en ese sentido”.

Lo que parece indudable es que han quedado atrás los tiempos de ir luciendo el apellido Borbón por las Américas o de jactarse de riqueza como hacía el suegro en una de las biblias periodísticas del capitalismo: "La gente escribe historias de mí diciendo que tengo un Ferrari, un avión y un yate. Pero no es verdad. Tengo tres aviones, dos yates y seis casas. ¡He sido rico toda mi vida!", declaró Víctor Vargas en una entrevista en 2008 con The Wall Street Journal, en la que se definió como “un socialista en el sentido real de la palabra”. Como politólogo no consta que tenga obra escrita, pero de lo que sí hay abundante documentación es de la forma en que Víctor Vargas adquiere esas propiedades de las que presume. El medio venezolano Armando.info desveló por ejemplo que su última gran compra inmobiliaria, la villa La Serenísima en la República Dominicana, le costó 44 millones de dólares y para la transacción se diseñó una complejísima trama societaria que pasaba por Panamá, Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido. El vendedor era Gustavo Cisneros, otro de los principales multimillonarios venezolanos.

Algún prohombre romano sostenía que el dinero no huele, lo que es seguro es que para algunos no tiene ideología. Luis Alfonso de Borbón, reconocido franquista, lleva tres lustros viviendo del dinero amasado por su suegro, cuyos negocios florecieron durante los años de Gobierno de Hugo Chávez.

Luis Alfonso de Borbón es desde hace cuatro años presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, entidad cuya misión principal es hacer apología del dictador y general golpista. Cuando el Gobierno decidió exhumar en 2019 el cadáver que estaba en el Valle de los Caídos, acaparó el protagonismo público convirtiéndose en portavoz de la familia, que se oponía a su traslado. Entre otras afirmaciones, aseguró que el templo franquista representaba en realidad “la reconciliación de las dos Españas” y predijo que “la Historia castigará a quien profane este templo grandioso”, en referencia a la exhumación del cadáver de Franco.

Muchos años antes ya había mostrado públicamente sus inclinaciones ideológicas. En una entrevista en Paris Match en 2010 describió así a Franco, jefe de los militares sublevados que provocaron la guerra civil española en 1936 y posterior dictador durante cuatro décadas: "Creó la clase media española, plantó bosques, hizo lagos y carreteras, e impidió que el país entrara en guerra y que el comunismo se instalara. Evidentemente, se produjo la guerra civil, pero él no la había querido". En otras ocasiones ha acaparado titulares por sus declaraciones contra el matrimonio homosexual.

Luis Alfonso de Borbón también ha sido durante algunos años administrador de parte del patrimonio amasado durante décadas de expolio por su bisabuelo. Dos de las principales empresas creadas por la familia Franco para gestionar su herencia fueron Fiolasa SL y Sargo Consulting SL. Constituidas en 2002, al frente estaban dos consejeros delegados solidarios: Carmen Franco Polo, hija del dictador, y Luis Alfonso de Borbón. Y es que este, después de que falleciera su padre en un accidente de esquí y su madre se fuera a vivir a París con su nueva pareja, creció estrechamente ligado a su abuela. Hasta el punto de que lo eligió para administrar con ella esas dos empresas familiares cuando tenía 28 años. Luis Alfonso de Borbón dejó de ser consejero delegado de Fiolasa y de Sargo Consulting en 2006, un par de años después de su matrimonio con la hija del banquero de Chávez. Como administradora única quedó Carmen Franco hasta su muerte en 2017. Ella era también la presidenta de la Fundación Francisco Franco, puesto en el que le sucedió Luis Alfonso de Borbón.

Dada su ideología, no puede extrañar tampoco la buena relación que Luis Alfonso de Borbón mantiene con Santiago Abascal, el líder de Vox. Aunque su contacto más estrecho en el partido ultraderechista es su vicepresidente económico, Víctor González Coello de Portugal. Amigos desde la infancia, también han compartido negocios. Ambos fueron administradores solidarios de la empresa Servicio Integral del Taxi SL, constituida en 2010 y que fue liquidada cinco años más tarde.

Pero no es el único vínculo empresarial entre Luis Alfonso de Borbón y los negocios de los Coello de Portugal. En 2017, el bisnieto de Franco adquirió el 25% de las acciones de la sociedad Villalar 2001, administrada primero por la madre de Víctor González y después por un hermano.

Esa inversión la realizó Luis Alfonso de Borbón a través de una empresa que constituyó en Luxemburgo en 2016 denominada Mella SA, nombre idéntico a la que había creado cuatro años antes en Inglaterra. No tuvo una vida demasiado larga, ya que la compañía del Gran Ducado fue disuelta en 2020. En ese momento era accionista de Villalar 2001 y de otras dos empresas españolas: Reto 48 España 2015 SL y Spanish Influencers 2017 SL. La primera se dedica a la explotación de centros deportivos y sigue activa, la segunda se promocionó como “el primer portal español para unir a las empresas y la influencia de las celebrities”, pero su página web ya no está operativa (aunque la compañía sigue inscrita en el Registro Mercantil).

Existe un último vínculo público conocido entre Luis Alfonso de Borbón y los Coello de Portugal, según desveló la Cadena Ser. El primero es presidente y fundador de la asociación ultracatólica Cura Infirmorum et Natura-Seminare, que comparte sede con una empresa del vicepresidente de Vox y otras cuatro sociedades de su familia. La madre y un hermano de Víctor González también figuran entre los patronos y fundadores de Cura Infirmorum.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas han creado otras empresas en España, algunas tan recientes como Eco-Lys Recycling SL, constituida el 29 de septiembre de 2021. El bisnieto de Franco es presidente de la sociedad y suscribió el 25% del capital, el mismo porcentaje que Tomas Martínez-Bordiú Ochoa, un primo segundo suyo. El objetivo es hacer negocio con el reciclaje de residuos, para lo que se han unido a un empresario granadino con alguna experiencia previa en el sector (Francisco Luis García Montero).

La primera experiencia empresarial de Luis Alfonso de Borbón de la que existe constancia en el Registro Mercantil se llama Borcorel SL, creada en 2000 para la gestión de bienes inmuebles, y de la que era administrador solidario junto a Amparo Corell. La empresa jamás presentó sus cuentas y no hay rastro de su posible actividad.

Tampoco triunfó Luis Alfonso de Borbón con International Transaction System SL, de la que fue socio y administrador único desde su fundación en 2011 hasta su extinción en 2020.

Una última compañía donde se puede rastrear su presencia es Amintas Moraleja SL, creada en 2018 y donde consta como apoderado. La administradora única es su amiga Sara Álvarez Freixas, que también gestiona Reto 48 España 2015, de la que ambos son socios. Las dos compañías se dedican a la explotación de instalaciones deportivas. Tienen dos gimnasios, aunque a Luis Alfonso de Borbón no le gusta este término, según le explicó a ABC cuando abrió su primera instalación: “No es un gimnasio, es un centro deportivo, en el que asociamos entrenamiento, nutrición y tratamientos de estética, que forman parte del reto».

Margarita Vargas, por su parte, tiene dos sociedades mercantiles en España. En 2014 creó La Lechuza Caracas SL, el mismo nombre del club de polo venezolano del que es propietario su padre. Con un capital de 150.000 euros, su objeto social es la cría de caballos y la enseñanza de la equitación. Por cierto, según consta en la escritura de constitución, esa cantidad fue “ingresada en efectivo metálico de curso legal en cuenta abierta a nombre de la sociedad” en el Banco Santander.

En 2019, Margarita Vargas fundó Tip Top de Le Orle 2019 SL. El nombre se corresponde con el de uno de los caballos propiedad de la hija del banquero. En 2020, La Lechuza Caracas se convirtió en la principal accionista de esta compañía, al suscribir una ampliación de capital de 807.000 euros. Lo hizo mediante una aportación no dineraria de cuatro caballos, valorados en conjunto en 772.000 euros. Los 35.000 euros restantes corresponden a otros bienes.

Las dos sociedades de Margarita Vargas tienen su domicilio en el chalé familiar en La Finca.

Hasta aquí la historia empresarial del matrimonio formado por el bisnieto de Franco y la hija del banquero de Chávez. Una historia que incluye la creación de sociedades en Panamá y Luxemburgo, la quiebra de dos entidades financieras en América y el ingreso de 3,88 millones de euros en “efectivo metálico” en una compañía española cuyo nombre está formado por la primera sílaba de sus dos apellidos. Y una historia donde también hay espacio para una cuenta en el banco suizo Credit Suisse, ligada a la empresa de Panamá, que llegó a tener en 2015 un saldo de 1,31 millones de francos suizos.

Desde los confines de su pequeña lancha, Roberto ha sido testigo del ascenso y la caída de la industria petrolera de Venezuela. Durante una década, ha transportado a trabajadores desde las orillas del Lago de Maracaibo hasta las vastas instalaciones que alguna vez fueron la joya de la corona de la compañía más importante del país.

Pero a medida que la industria ha colapsado, también lo ha hecho su modo de vida.

"Todo cambió... Se acabó", confiesa Roberto, que pidió usar un seudónimo por miedo a represalias.

La compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que en su día fue el motor de una de las economías más fuertes de Sudamérica, se ha hundido por la mala gestión y la corrupción. Ejecutivos petroleros y sus secuaces han saqueado por lo menos 11.000 millones de dólares de la compañía en una serie de escándalos, incluyendo desfalcos, sobornos y fraudes monetarios.

Ahora, una investigación periodística desvela las fortunas que algunos de ellos han ocultado en Suiza. Datos bancarios filtrados revelan que más de 20 venezolanos vinculados a cuatro esquemas de corrupción de PDVSA acumularon a lo largo de los años activos por más de 273 millones de dólares en 25 cuentas de Credit Suisse, y posiblemente mucho más. En algunos casos, éstas contenían cantidades más altas de lo que hasta ahora las autoridades han hecho público.

Esta información forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y todas las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

Con documentos judiciales de España, Estados Unidos y Andorra, OCCRP identificó a los principales implicados en estas tramas de soborno y cohecho. Los reporteros revisaron miles de registros bancarios para encontrar dónde habían escondido su dinero, descubriendo al menos una docena de cuentas de Credit Suisse que nunca han sido nombradas en documentos judiciales. Entre ellas había cuentas bancarias de 12 socios y familiares de personas implicadas en uno de los fraudes.

Casi todas las cuentas se abrieron entre 2004 y 2015, lo que cubre el período cuando se produjeron estas tramas de corrupción en PDVSA. Algunas permanecieron abiertas incluso después de que los titulares de las cuentas fueran arrestados, acusados, extraditados, se declararan culpables de graves delitos financieros o que fueran señalados en medios por dar o recibir sobornos.

Expertos denuncian que el papel de Credit Suisse al facilitar tramas de corrupción en Venezuela y en otros países no es solo un problema interno. También está relacionado con las leyes suizas que fomentan el secreto bancario extremo y castigan a quienes lo denuncian.

"El sistema bancario suizo sigue siendo uno de los destinos favoritos, no sólo para las ganancias de esquemas de soborno masivo como los que involucran a PDVSA, sino para el uso de compañías como PDVSA como vehículos para el blanqueo de ganancias criminales", indicó Alexandra Wrage, presidenta de la organización anticorrupción sin ánimo de lucro TRACE.

Pero mientras las élites corruptas se han llenado los bolsillos, los venezolanos de a pie han pagado el precio. Desde 2013 la economía se derrumbó, con tasas de pobreza y desempleo disparadas, mientras que la hiperinflación devora los salarios y los ahorros de los que aún tienen la suerte de tener un trabajo.

El lago de Maracaibo, una laguna en la costa noroeste de Venezuela, es un recuerdo crudo de los costos de esa corrupción. Cuando un periodista lo visitó en noviembre, botellas de refresco flotaban en el agua sucia y una muñeca de Hello Kitty cubierta de lodo negro había sido arrastrada a la orilla. Muchas de las gigantescas instalaciones de PDVSA a lo largo de la costa están ahora abandonadas y cubiertas de maleza.

Roberto, que antes ganaba lo suficiente para llevar una vida estable de clase media, señaló que ahora apenas logra alimentar a su familia. Está pensando en unirse a los seis millones de venezolanos que han salido del país desde 2015.

"¿De qué vale tener patria si el pueblo está pasando necesidad?", dijo. "¿Qué hago con tener la familia unida si no tengo qué darle de comer?”.

Credit Suisse afirma que su personal no facilitó de forma consciente actividades corruptas de sus clientes y sostiene que, junto con otras instituciones, ha aplicado políticas más estrictas para combatir los delitos financieros.

“En consonancia con las reformas financieras del sector y en Suiza, Credit Suisse ha adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la última década, incluyendo inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera”, indicó el banco en una declaración a OCCRP y a otros medios que participan en el proyecto Suisse Secrets. “En todo el banco, Credit Suisse sigue reforzando su marco de cumplimiento y control, y como hemos dejado claro, nuestra estrategia pone la gestión de riesgo en el centro de nuestro negocio”.

A más de 7.300 kilómetros del Lago de Maracaibo, al otro lado del Océano Atlántico, un antiguo alto funcionario del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de saquear PDVSA, vive en una mansión con piscina de dos millones de euros en las afueras de Madrid. 

Hace años que Nervis Villalobos no siente el calor sofocante de su ciudad natal, a la orilla del lago, pues no puede volver. Enfrenta cargos de corrupción y blanqueo de capitales en España y en Andorra, así como en Estados Unidos y Venezuela, que han solicitado su extradición.

Como intermediario clave en la industria petrolera de Venezuela, Villalobos presuntamente recibió sobornos de empresas estadounidenses a cambio de ayudarlas a conseguir lucrativos contratos con la petrolera nacional. Fiscales españoles afirman que Villalobos actuó como testaferro de Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA, exministro de Energía y aliado del difunto líder venezolano Hugo Chávez.

Documentos judiciales españoles afirman que el cargo de Villalobos lo convertía en la segunda persona con más poder en el Ministerio de Energía de Venezuela, donde trabajó en varios puestos de responsabilidad entre 2001 y 2006. Incluso después de que Villalobos se marchara para convertirse en contratista se "paseaba por PDVSA como si fuera un alto ejecutivo", dijo una fuente judicial española que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a referirse al caso.

“Nervis te ahogaría el negocio si no le pagabas. Para sobrevivir, te tenías que aliar con Nervis [Villalobos]", declaró a fiscales españoles Mathias Krull, un banquero alemán-venezolano condenado en Estados Unidos por lavado de dinero de PDVSA, en un documento obtenido por OCCRP.

Para 2008, Villalobos ya tenía una reputación internacional por sus negocios sucios. Un informe de 11 páginas de debida diligencia, que la policía halló en archivos de Credit Suisse, esbozaba múltiples acusaciones de corrupción contra él, incluido un supuesto soborno de 2,7 millones de euros vinculado a un proyecto hidroeléctrico que se repartió con Ramírez. Pero incluso esto no impidió que el banco trabajara con él.

En 2009, los fiscales españoles indican que poco después de que un banco suizo lo eliminara de su lista de clientes por indicios de corrupción con sus cuentas, el Credit Suisse en Mónaco le abrió una cuenta a Villalobos. Así que simplemente transfirió el dinero a su cuenta de Credit Suisse.

Los fiscales afirman que el venezolano canalizó casi 25 millones de dólares y 11,5 millones de euros a través de esa cuenta, que fue cerrada en 2012. Parte del dinero procedía supuestamente de sobornos pagados por empresas españolas por contratos energéticos, que el propio informe de debida diligencia había ya señalado como sospechosos.

Incluso la información personal proporcionada por Villalobos era problemática: cuando los periodistas buscaron la dirección de Caracas que dio para la cuenta, descubrieron que no existía.

Luego, en 2011, la filial suiza de Credit Suisse le abrió otra cuenta. Un mensaje de texto enviado en septiembre de ese año muestra que el contratista petrolero venezolano Abraham Shiera Bastidas intervino a nombre de Villalobos, después de que el banco tuviera dudas sobre el origen del dinero que el exfuncionario quería trasladar a Suiza. Bastidas después se declaró culpable de sobornar a funcionarios venezolanos, incluyendo a Villalobos, para obtener contratos de PDVSA.

"La institución no ha aceptado el palo", escribió Shiera a Villalobos, según documentos judiciales, usando jerga venezolana para referirse a millones. "Me piden facturas y órdenes de compra. Ya las presenté. Espero que se resuelva mañana".

El mensaje no nombraba el banco suizo al que se refería Shiera. Pero los datos bancarios filtrados de Suisse Secrets muestran que Credit Suisse abrió una cuenta para Villalobos solo cinco días después.

Al parecer, Villalobos podría haber usado esta cuenta para recibir sobornos.

Una imputación de Estados Unidos describe cómo Shiera y su cómplice, Roberto Rincón, pagaron 27 millones de dólares en una cuenta suiza conjunta propiedad de Villalobos y del venezolano Luis Carlos de León, quien en 2018 admitió ser parte del esquema de sobornos de PDVSA. Este dinero, dice, fue luego canalizado a cuentas pertenecientes a Villalobos y De León mantenidas en otro banco suizo no identificado.

Los datos bancarios filtrados muestran que Villalobos y De León abrieron cuentas en Credit Suisse el mismo día de septiembre de 2011, como se menciona en la acusación. En menos de dos años, la cuenta de Villalobos acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos mientras que la de De León tenía al menos 22,6 millones de francos suizos en activos.

Los abogados de Villalobos y De León no contestaron a las preguntas que se les enviaron.

Credit Suisse no respondió a las preguntas sobre Villalobos u otros venezolanos, pero los abogados del banco rechazaron la afirmación de que la institución tenía procedimientos inadecuados de debida diligencia o facilitaba delitos financieros.

"Credit Suisse no tolera ni apoya la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales u otras actividades ilegales, cuenta con estrictos mecanismos de control y revisa y desarrolla sus políticas de forma continua", dijo en una carta la firma de abogados del banco, Latham & Watkins LLP.

En total, los reporteros identificaron dieciséis cuentas de Credit Suisse que contenían por lo menos 162,9 millones de francos suizos pertenecientes a siete personas que fueron condenadas o acusadas de estar involucradas en este esquema de sobornos de PDVSA. En un caso, los datos parecen arrojar nueva luz sobre una investigación en curso.

José Roberto Rincón Bravo es el hijo de Roberto Rincón, quien en 2016 admitió en un tribunal estadounidense haber sobornado a funcionarios de PDVSA junto a Shiera. La policía española detuvo a Rincón Bravo en 2018 por sospechas de blanqueo de capitales de PDVSA. Le confiscaron a él y a su familia joyas, relojes, coches deportivos y una finca de 400 hectáreas cerca de Madrid con varias casas y un tentadero.

Sin embargo, Rincón Bravo aún no ha sido imputado en el caso y ha negado públicamente estar involucrado en los asuntos corruptos de su padre. En 2019 declaró a El Confidencial que sus costosos accesorios procedían "del trabajo, de ahorros de años". 

Pero los datos de Credit Suisse muestran que Rincón Bravo y su padre eran titulares de cuatro cuentas conjuntas que concentraron al menos 93 millones de francos suizos y que no han sido nombradas en ningún documento judicial hasta ahora. Tres de las cuentas alcanzaron su máximo de tenencia en diciembre de 2015, apenas dos semanas antes de que el padre de Rincón Bravo fuera detenido.

En Credit Suisse había varias cuentas conjuntas vinculadas a personas implicadas en la trama y a sus familiares. Dos pertenecían a personas que trabajaban estrechamente con Rincón y Shiera como contratistas de PDVSA. En total, los reporteros encontraron que siete individuos asociados con los sospechosos disponían de cuentas, que llegaron a tener un máximo de 20,1 millones de francos suizos.

Y esas no fueron las únicas cuentas vinculadas a los esquemas de corrupción de PDVSA que OCCRP encontró en los datos bancarios.

Al revisar los registros bancarios filtrados en busca de detalles sobre Villalobos, los reporteros también encontraron a otras personas relacionadas con otro fraude masivo en el que estuvo involucrado el exfuncionario. Esta trama usó facturas falsas para desviar unos 2.000 millones de dólares de la riqueza petrolera venezolana, que supuestamente se blanquearon a través de la Banca Privada d'Andorra.

Una vez más, se acusa a Villalobos de usar su posición para obtener sobornos de empresas extranjeras a cambio de contratos de PDVSA. Esta vez trabajó supuestamente con Diego Salazar Carreño, un primo del exministro de Petróleo Ramírez. Salazar está ahora en prisión en Venezuela por corrupción, mientras que Villalobos fue acusado en Andorra por este esquema. Hasta ahora ha logrado evitar la extradición.

Dos de los presuntos cómplices de Salazar también eran clientes de Credit Suisse, según los datos bancarios filtrados. Uno de ellos, el magnate venezolano de los seguros Omar Farías, tenía una cuenta con cuatro millones de francos suizos. Cuando abrió su cuenta, World Check –una base de datos de personas expuestas políticamente y entidades con mayor riesgo– ya tenía un perfil sobre él, que incluía varios artículos donde se planteaban interrogantes sobre su fortuna "milagrosa" y "escandalosa", así como su relación con Chávez.

Otro intermediario, José Luis Zabala, tuvo por lo menos 7,5 millones de francos en el banco (lea más sobre Zabala).

Ninguno contestó a los cuestionarios enviados para conocer su versión sobre estos hechos.

Un caso más reciente es el de Naman Wakil, que fue detenido en Miami en 2021 acusado de negocios corruptos con Venezuela. Entre 2010 y 2017, los fiscales estadounidenses indican que pagó sobornos para conseguir al menos 30 millones de dólares en contratos con PDVSA y unos 250 millones de dólares con la empresa estatal de alimentos de Venezuela.

Las autoridades dicen que Wakil invirtió parte de su riqueza en bienes inmuebles en Miami, incluyendo apartamentos frente al mar y en lujosas torres en el centro de la ciudad. Otros millones fueron supuestamente destinados a comprar un yate y un avión.

Los expedientes judiciales dicen que los fondos robados se blanquearon a través de cuentas en Estados Unidos, las Islas Caimán, Panamá y Suiza. OCCRP descubrió que Wakil abrió una cuenta en Credit Suisse en septiembre de 2011, que tres meses después tenía más de 3,7 millones de francos suizos.

"Los bancos suizos fueron los más frecuentes" en las tramas de corrupción de Venezuela, dijo el abogado y exfiscal estadounidense Michael Naddler, que trabajó en algunos de los casos. "Sean cómplices o no, ellos, te diría, permitieron que sucediera mucho de esto".

"Tradicionalmente, los bancos suizos han sido los que más y mejor guardan los secretos", añadió Naddler.

Graham Barrow, un experto independiente en delitos financieros, explicó que se fomenta la corrupción cuando los bancos permiten que los fondos robados entren al sistema financiero mundial.

"Si los bancos no dejan de conspirar con esta gente para legitimar fondos que nunca deberían entrar legítimamente en el sistema, nunca vamos a cambiar", afirmó. "La gente de Venezuela, Kazajistán y otros países seguirá siendo pobre".

Nadie sabe exactamente cuánto dinero fue saqueado de la petrolera nacional de Venezuela. Las estimaciones oscilan entre 11.000 y 300.000 millones de dólares sólo entre 2002 y 2014, tras la llegada de Chávez al poder y en medio de la bonanza de los precios del petróleo.

Pero los efectos del colapso económico han sido catastróficos. La inflación de los precios de los alimentos alcanzó un "asombroso" 1.700% en 2020, según el Programa Mundial de Alimentos, y la tasa de pobreza alcanzó el 94% el año pasado. Mientras que Venezuela se hundía en una crisis humanitaria, el dinero del petróleo que debería haber servido para pagar escuelas y hospitales, se movía hacia cuentas en el extranjero.

"En los últimos 18 años, PDVSA fue de mal en peor. De lo inverosímil a lo absurdo", dijo César Mata-García, un abogado venezolano especializado en la industria energética.

El efecto de la corrupción de PDVSA es evidente en las deterioradas ciudades fantasma de la orilla oriental del Lago de Maracaibo, donde las calles llenas de trabajadores petroleros y sus familias han sido reemplazadas por cementerios de coches abandonados. En toda la zona, una alerta constante de la decadencia de la empresa se filtra sin cesar en el agua.

"Se estima que entre 60 y 80 barriles se filtran diariamente desde los pozos y las tuberías hacia el lago", dijo un alto empleado de PDVSA al OCCRP. Pidió el anonimato por miedo a represalias.

David, un buzo especializado en el mantenimiento de equipos submarinos, que no quiso dar su nombre completo, dijo que la empresa solía tener unos 50 barcos que transportaban constantemente a los equipos de reparación por el lago.

"Hace años, podía cubrir una media de 17 fugas al día", dijo, y añadió que ninguna de esas embarcaciones funciona ya. "Más de 20 se han hundido y a muchos otros les faltan piezas".

Pero a pesar de vivir en el epicentro petrolero del país con la mayor reserva de crudo del mundo, los residentes de Maracaibo siguen sin poder comprar suficiente combustible. La escasez llegó a ser tan grave en 2019 que el gobierno del estado impuso un racionamiento, lo que llevó a una desesperada lucha por los suministros. 

Los habitantes de Maracaibo son conocidos en Venezuela por su gracia e ingenio. Por eso, bautizaron como “rápido y furioso” un particular método para llenar los tanques de sus coches, haciendo alusión a la franquicia hollywoodense de Fast and Furious.

Justo antes del amanecer, una mañana de noviembre de 2021 en Maracaibo, al menos 100 coches permanecían aparcados cerca de una estación de servicio. Los conductores acababan de recibir un mensaje que les advertía que ese día habría combustible disponible. Como de costumbre, esperaban la señal en sus teléfonos para poder comprar hasta 30 litros de gasolina. De repente, se desató “la furia” y un enjambre de vehículos se precipitó hacia la estación para llegar primeros y tener un cupo, sonando sus ruidosas cornetas a toda velocidad.

Los habitantes del estado de Zulia lamentan tener que buscar combustible en una región tan rica en petróleo. Luis, que hasta 2005 construía los pilotes que sostienen las plataformas petrolíferas en el Lago de Maracaibo, recuerda que antes se formaban charcos en el piso.

"Caminaba descalzo y llegaba con los pies manchados de petróleo", recuerda Luis, que ahora trabaja en un taller de reparación de coches. "Brotaba del suelo, como brota el sudor de la piel”.

“Nosotros en el Zulia hemos sostenido a Venezuela. Hemos dado demasiado para lo poco que hemos recibido. Y lo más triste es que estamos parados sobre el petróleo".

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InfoLibre, Miami Herald y NDR contribuyeron a la investigación.

Credit Suisse considera que su mejor defensa ante las revelaciones periodísticas, además de rechazar cualquier comportamiento irregular, es envolverse en la bandera suiza. Así se deduce de uno de los principales argumentos transmitidos por el banco: “Estas acusaciones de los medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años”.

Los medios que participan en el proyecto Suisse Secrets se pusieron en contacto con el banco por primera vez el pasado 28 de enero. Después de un año de investigación, su principal conclusión era que la entidad financiera había utilizado durante décadas las leyes del secreto bancario suizo para prestar servicios a decenas de delincuentes, dictadores o políticos con una riqueza desmesurada, a pesar de las reiteradas promesas de rechazar a clientes cuyos fondos tuvieran un origen dudoso. Los periodistas enviaron al banco más de 200 preguntas detalladas sobre las cuentas de personas de interés público sobre las que pensaban informar, para que Credit Suisse pudiera ofrecer su versión sobre los hechos y corregir cualquier posible error en los datos manejados antes de su publicación.

La investigación periodística Suisse Secrets está basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse, desde los años cuarenta del siglo pasado hasta finales de la última década. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y todas las claves del proyecto y leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración].

“El 90% de las cuentas están cerradas”

Tras realizar una “revisión preliminar” de las cuentas bajo investigación periodística, Credit Suisse aseguró que “muchas de las acusaciones son históricas” ya que abarcan “desde los años setenta en adelante, y fueron objeto de revisiones en las últimas décadas de acuerdo con los procesos y requisitos aplicables en cada momento”. El resultado de ese proceso, añade el banco, es que “más del 90% de las cuentas revisadas están hoy cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las preguntas” de los periodistas.

En cuanto a las cuentas que permanecen activas, el banco se declara “convencido de que se han adoptado las diligencias debidas, las revisiones y otras medidas de control, incluyendo los cierres de cuentas pendientes”. Además, promete “seguir analizando el tema y tomar medidas adicionales si es necesario”.

Credit Suisse sostiene que aplica “una estricta política de tolerancia cero frente a la evasión fiscal y está plenamente comprometido con el cumplimiento de los esfuerzos globales de transparencia fiscal”. En consonancia con esa política, “directivas internas y requisitos de conducta prohíben estrictamente que el personal de Credit Suisse ayude a los clientes o a terceros a evadir impuestos o a eludir los regímenes de divulgación fiscal”.

La entidad financiera defiende también su actuación para prevenir el blanqueo de capitales: “Credit Suisse cuenta con estrictos mecanismos de control para combatir las actividades relacionadas con la delincuencia financiera. Estos controles están diseñados para prevenir la exposición de Credit Suisse y de sus clientes a los riesgos del blanqueo de dinero”.

Entres esos controles se incluye la revisión de quiénes son las personas titulares de fondos en el banco, “de acuerdo con las normas del sector para identificar y gestionar el riesgo financiero, normativo y de reputación, tanto al abrir las cuentas como durante su existencia”. Credit Suisse asegura que actúa de forma inmediata si encuentra algo sospechoso: “En los casos en los que identificamos cualquier relación que hubiera podido ser usada para fines de blanqueo u otras actividades ilícitas, tomamos medidas rápidas y decisivas que abarcan desde la comunicación con las autoridades competentes hasta la restricción de la actividad, incluyendo su finalización en línea con los respectivos requisitos regulatorios”.

Como consecuencia de todos estos argumentos, Credit Suisse “rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco” planteadas por los periodistas. Y los acusa de realizar un “relato de los asuntos” que se basa “en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco”.

Credit Suisse recuerda que “no puede hacer comentarios” sobre posibles relaciones con clientes concretos, pero reitera que siempre ha tomado medidas “de acuerdo con las políticas y los requisitos normativos aplicables en los momentos pertinentes”.

Y el banco también echa mano del argumento patriótico para defender su actuación durante las últimas décadas: “Estas acusaciones de los medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años”.

“Acusaciones difamatorias”

En cuatro misivas enviadas a OCCRP, al Süddeutsche Zeitung y a The Guardian por sendos bufete de abogados en nombre de Credit Suisse, el banco rechaza las afirmaciones de los medios calificándolas como "interpretaciones tendenciosas” de su conducta comercial. La entidad financiera añade que los medios de comunicación involucrados en el proyecto "acusan falsamente a Credit Suisse de una conducta criminal y poco ética".

"Estas acusaciones son patentemente falsas y, dado que acusan a Credit Suisse de una conducta ilegal, poco profesional y poco ética, son difamatorias per se", advierte el banco, que anuncia que defenderá sus intereses en los tribunales.

Tras publicarse las primeras informaciones, el domingo 20 de febrero a las 18.00 horas, Credit Suisse difundió de forma inmediata un comunicado. Además de los argumentos que ya había transmitido a los periodistas, añadió lo siguiente: "El consorcio se refiere en sus informaciones a una supuesta filtración. Nos tomamos muy en serio este hecho y continuaremos con nuestras investigaciones a través de un grupo de trabajo del banco que incluye expertos externos especializados. Disponemos de sólidos controles de protección de datos y de prevención de fugas de datos para proteger a nuestros clientes".

"Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales”. De esta forma tan contundente arranca el alegato que entregó al Süddeutsche Zeitung la persona que filtró la información en la que se basa la investigación periodística Suisse Secrets.

Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse, desde los años cuarenta del siglo pasado hasta finales de la última década. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y todas las claves del proyecto y leer aquí la versión oficial del banco].

Esa persona, además de aportar la información, quería que se conocieran sus motivaciones. “El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales”, denuncia.

Además, apunta a que los países más perjudicados por la legislación bancaria suiza son aquellos que tienen menos recursos. La razón está en el llamado Estandar Común de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés como CRS (Common Reporting Standard), que es un mecanismo de intercambio automático de información tributaria entre Estados firmantes del acuerdo.

La fuente ofrece la siguiente explicación en defensa de su postura: “Aunque el CRS es un paso en la dirección correcta para prevenir la evasión fiscal, muchos países en desarrollo no están incluidos en este acuerdo. Además, el requisito de reciprocidad del CRS impone una carga financiera y de infraestructura desproporcionada a las naciones en desarrollo, perpetuando su exclusión del sistema en el futuro próximo. Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de unos ingresos fiscales más que necesarios. Por lo tanto, estos son los países que más sufren con la treta suiza de actuar como un Robin Hood a la inversa”.

A la hora de buscar responsables, cree que no hay que fijarse únicamente en las entidades financieras: “Quiero subrayar que la responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, sino más bien sobre el sistema jurídico suizo. Los bancos simplemente están siendo buenos capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan. En pocas palabras, los legisladores suizos son responsables de permitir los delitos financieros y el pueblo suizo, en virtud de su democracia directa, tienen el poder de hacer algo al respecto”. Por ello, apela a ambos para que introduzcan cambios en se sistema jurídico: “Aunque soy consciente de que las leyes sobre el secreto bancario son en parte responsables del éxito económico de Suiza, tengo la firme opinión de que un país tan rico puede permitirse tener una conciencia”.

El informante explica que es “conocedor de que tener una cuenta offshore en un banco suizo no implica necesariamente evasión fiscal o cualquier otro delito financiero”. Y confiesa estar “seguro de que algunas de las cuentas tienen una razón legítima para existir o que han sido declaradas a las autoridades fiscales, cumpliendo con la legislación pertinente”. Sin embargo, denuncia que “es probable que un número importante de estas cuentas se haya abierto con el único propósito de ocultar el patrimonio de su titular a las autoridades fiscales y/o evitar el pago de impuestos sobre las ganancias de capital".

Un jefe de espías de Yemen implicado en torturas. Los hijos de uno de los hombres fuertes de Azerbaiyán que gobierna su propio feudo montañoso privado. Funcionarios acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela y de acelerar el hundimiento del país en la crisis humanitaria.

Vienen de todos los rincones del planeta, están vinculados con un régimen autoritario o corrupto y se han enriquecido de maneras diferentes. Pero hay algo que les une: dónde guardaban su dinero.

Por encima de sus relojes de lujo, sus montañas nevadas y su excelente chocolate, Suiza es sobre todo conocida por el secretismo de su sector bancario. Y en el corazón de esa industria está Credit Suisse, que a lo largo de sus 166 años de historia se ha convertido en una de las más importantes instituciones financieras del mundo.

Con cerca de 50.000 trabajadores y 1,5 billones de francos suizos en activos que le gestionan a 1.5 millones de clientes, este coloso financiero es “sólo” el segundo banco más grande de Suiza (por detrás de UBS). Una evidencia del predominio de este sector en la próspera y pudiente nación alpina.

Pero este brillante éxito tiene su lado oscuro, como revela la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con todos los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

Los documentos filtrados distan mucho de ser una lista completa de los clientes del banco, pero brindan una visión reveladora de lo que esconde la cortina del secreto bancario suizo.

Los periodistas pasaron meses revisando los datos e identificaron que docenas de cuentas pertenecían a políticos corruptos, criminales, espías, dictadores y personajes con un historial de vínculos con sociedades en paraísos fiscales. No se trata de nombres desconocidos, una simple búsqueda en Google permitía muchas veces identificar sus fechorías. Pese a ello, sus cuentas, que en conjunto acumularon más de 8.000 millones de dólares, permanecieron abiertas durante años.

Los clientes de Credit Suisse incluyen a la familia de un jefe de inteligencia de Egipto que supervisó la tortura de sospechosos de terrorismo para la CIA estadounidense; un italiano acusado de blanquear fondos para la organización criminal ‘Ndrangheta; un ejecutivo alemán que sobornó a altos cargos del gobierno nigeriano a cambio de contratos en las telecomunicaciones; y el rey Abdalá II de Jordania, que tuvo una cuenta que alcanzó un pico de 230 millones de francos suizos, mientras que su país recibía miles de millones de ayuda extranjera.

En Venezuela, élites acusadas de saquear PDVSA, la empresa petrolera estatal, movieron cientos de millones de dólares a cuentas de Credit Suisse. El dinero fluyó en un momento en el que las arcas públicas eran robadas, lo que precipitó el hundimiento económico que ha forzado a seis millones de personas a salir del país y colocó a otras muchas al borde de la hambruna. El banco mantuvo abiertas las cuentas de esos clientes venezolanos, incluso cuando su implicación en casos de corrupción había quedado expuesta en los medios.

Expertos en cumplimiento bancario que examinaron los hallazgos de OCCRP afirmaron que muchas de esas personas nunca tendrían que haber sido aceptadas por Credit Suisse.

“La gente no debe tener acceso al sistema financiero si lo que están ingresando es dinero producto de la corrupción”, explicó Graham Barrow, un experto independiente en criminalidad financiera. “El banco tiene claramente el deber de asegurar que los fondos que maneja tienen un origen claro y legítimo”.

Credit Suisse no es el único culpable. Muchos de los grandes bancos y entidades financieras han enfrentado escándalos similares. Muchos prometieron reformarse. Y, sin embargo –como revelan proyectos como este– siguen permitiendo a clientes problemáticos mantener sus fortunas a buen recaudo en uno de los lugares más seguros y fiables del mundo.

“La ironía es que Suiza se ha convertido en el lugar al que va el dinero sucio porque es un país puro, bien administrado, confiable”, destaca James Henry, asesor senior de la organización británica Tax Justice Network que ha estudiado la evasión fiscal en Credit Suisse. “El modelo de negocio de tomar dinero de países pobres es el problema”.

Respondiendo a un cuestionario sobre los hallazgos del proyecto Suisse Secrets, el banco suizo señaló que la gestión del riesgo era “el núcleo” de su negocio. Si bien se negó a discutir casos individuales descubiertos por periodistas por razones de confidencialidad, Credit Suisse señaló que eran "predominantemente históricos" y que el 90% de las cuentas problemáticas identificadas por los periodistas "están hoy cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas” de los reporteros 

“Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, con los clientes y el sistema financiero en su conjunto, de garantizar que las normas de conducta más estrictas se mantengan”, agregó.

OCCRP habló con más de una docena de antiguos y actuales empleados para entender cómo se explica que el banco haya aceptado a tantos clientes problemáticos. Ninguno quiso dar su nombre, señalando que el banco es muy proclive a arrastrar extrabajadores a los tribunales. Tampoco compartieron pruebas de lo que dijeron. Pero muchos de los entrevistados mencionaron los mismos problemas y hubo consenso sobre algunos de estos.

Mientras que algunos defienden que el cumplimiento era diligente y había mejorado considerablemente en los últimos años, la mayoría habla de una cultura corporativa altamente tóxica que incentivaba a tomar riesgos a cambio de beneficios y bonus.

Los empleados señalaron que los bonus están condicionados al “nuevo dinero neto” que traían al banco.

“El banco alienta al banquero a mirar hacia otro lado con una cuenta que saben que es tóxica”, indica un ejecutivo experimentado. “Si tú cierras esta cuenta tóxica, especialmente si la cuenta excede de los 20 millones, el banquero se encuentra a sí mismo en un profundo agujero. Un profundo agujero del que es casi imposible salir”.

Y eso conduce a una cultura, señalan, donde hay dos tipos de reglas para dos tipos de clientes: los ricos y los muy ricos.

“La debida diligencia con clientes y cuentas, digamos al nivel de un millón, es muy exhaustiva”, describe un antiguo ejecutivo senior. “Pero cuando se trata de cuentas de alto valor neto, los jefes alientan a todos a mirar hacia otro lado y los gerentes se sienten intimidados por sus bonus y su seguridad laboral”.

Además, hay grandes cuentas que son mantenidas tan en secreto que solo unos pocos ejecutivos senior saben quiénes son sus propietarios.

“Cuando alguien quiere realizar un blanqueo de capitales después de haber saqueado bienes del país, por ejemplo, necesita transferir el dinero. Así que los titulares de grandes cuentas van directamente a los gerentes de muy alto nivel”, señala un ejecutivo.

El sistema se basaba en la negación plausible, dijeron antiguos empleados. A los empleados se les dan normas estrictas, pero no sólo no las hacen cumplir para las grandes cuentas, sino que hay incentivos para ignorarlas.

"El departamento de cumplimiento del banco es maestro de la negación plausible", afirma el ex alto directivo. "Nunca hagas una pregunta de la que no quieras saber la respuesta".

“Nunca es culpa del banco, es siempre ese empleado ‘manzana podrida’ el que es responsable si pasa algo malo”, denuncia un antiguo trabajador.

El resultado final es una desconexión entre el banco y sus empleados. “El tipo de gente que atrae el banco son mercenarios, que lo que buscan es enriquecerse en primer lugar. Entendiendo posiblemente que no hay una relación real con el banco. Tú solo estás allí mientras ganes dinero, sin importar cómo lo ganes”, critica un gerente.

“No tienes que preocuparte por lo que vaya a pasar dentro de ocho o diez años porque es poco probable que estés allí. Normalmente, ese es el tiempo en que tardan esos acuerdos en estallar”, explica.

Estas fuentes internas se hacen eco de las acusaciones que Credit Suisse afronta en este momento, en la primera causa penal contra un banco helvético en Suiza. Los fiscales sostienen que Credit Suisse permitió a un grupo de narcotraficantes búlgaros blanquear 146 millones de euros procedentes de la droga a través de sus cuentas.

Gerentes senior están acusados de ignorar numerosas advertencias que vinculaban a estos clientes búlgaros con actividades poco recomendables. Eso incluye depositar dinero en efectivo, que se movieron en coche de Sofía a Suiza, y que al menos otro banco suizo rechazó. Incluso después de que asesinaran a dos de los criminales y que medios los identificaran como traficantes de cocaína, el banco miró hacia otro lado.

Una banquera que trató con los búlgaros testificó que Credit Suisse la instruyó cuidadosamente sobre cómo presentarse ante clientes potenciales y sobre la importancia del secreto bancario suizo, pero no sobre el cumplimiento, según informó el diario Financial Times. Como prueba, uno de sus exámenes de cumplimiento fue presentado ante el tribunal. Ella solo respondió correctamente una cuarta parte de las preguntas.

La acusación citaba el "incumplimiento" por parte de Credit Suisse en adoptar "medidas organizativas razonables y necesarias para evitar que se produzcan actividades de blanqueo de capitales."

La reputación de Suiza como garante del secreto bancario se remonta varios siglos atrás.

En 1713, el Consejo de Ginebra prohibió a los banqueros divulgar detalles de sus clientes para salvaguardar los intereses de la monarquía francesa, que quería mantener ocultos sus negocios con bancos en un país protestante ‘herético’.

El estatus internacional de neutralidad de Suiza, reconocido en el siglo XIX, ayudó a traer grandes cantidades de capital desde el extranjero, al igual que un sector turístico en expansión que intentaba atraer a los más ricos de Europa para largas estadías en palacios junto a lagos o en sanatorios alpinos.

“Para añadir algo que otros países no tenían, también adoptaron medidas fiscales para estimular la llegada de personas ricas desde el extranjero para largas estancias en Suiza”, explica Sébastien Guex, profesor de Historia en la Universidad de Lausana que estudia el sistema bancario suizo.

Suiza se convirtió en un paraíso fiscal y empezó a competir con Francia y otros grandes Estados europeos para atraer capital extranjero. Fuera por las montañas o por las leyes, aquello funcionó. Extranjeros adinerados comenzaron a llegar con su dinero.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los millonarios europeos giraron sus miradas hacia Suiza para protegerse de la inestabilidad económica y de los aumentos de impuestos por el esfuerzo bélico. En la Segunda Guerra Mundial se repitió el patrón y, mientras que la mayor parte de Europa quedó en ruinas, la neutral Suiza salió indemne y con depósitos de todas partes.

En 1934, Suiza reforzó su secretismo con la Ley Bancaria, que castigaba con cárcel a cualquier empleado bancario que revelara información confidencial de un cliente.

Recientemente, Suiza ha realizado cambios en la regulación de su sector bancario.

Tras la crisis financiera iniciada en 2008, el país levantó el velo sobre miles de cuentas después de que un empleado de UBS le diera información a fiscales estadounidenses sobre la manera en la que el banco ayudaba a estadounidenses a esconder sus activos.

Pero el acuerdo también garantizó que Estados Unidos desestimara los cargos por permitir la evasión fiscal y aumentó la condena máxima por violar las leyes de secreto bancario de solo seis meses a tres años.

Expertos dicen que esa ley esencialmente criminaliza a los denunciantes de irregularidades, silenciando fuentes internas e incluso periodistas que quieran exponer irregularidades en un banco suizo.

El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza pone a los periodistas del país en riesgo de ser procesados por la simple posesión de datos bancarios privados, aunque no sean publicados. Por esta razón, Tamedia, un grupo de medios suizo declinó colaborar en la investigación de Suisse Secrets.

"Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza", denuncia Arthur Rutishause, de Tamedia. "Sólo sirve para censurar e intimidar a los medios de comunicación. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intentan desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal".

“Parece una ley del siglo XIX”, sostiene Jeffrey Neiman, un abogado estadounidense que representa a denunciantes de Credit Suisse. “Esa ley demoniza a aquellos que presentan buena información para exponer la corrupción”, añadió.

Si Credit Suisse vendía secretismo, tenía muchos compradores.

Los documentos filtrados analizados por los periodistas muestran cuentas vinculadas a varios presuntos autores de violaciones de derechos humanos, como el antiguo ministro de defensa argelino Khaled Nezzar. Como jefe de las fuerzas armadas, Nezzar era considerado el líder de facto de Argelia de 1991 a 1993, cuando estalló una guerra civil marcada por las atrocidades contra civiles.   

A pesar de que las acusaciones en su contra eran bien conocidas, Nezzar aparece como cliente de Credit Suisse, con dos cuentas que acumularon activos de al menos dos millones de francos suizos. Estuvieron activas hasta 2013, dos años después de que una investigación sobre su implicación en crímenes de guerra fuera abierta en Suiza.

Sus abogados aseguraron que Nezzar “niega toda mala acción. No cometió y tampoco ordenó crímenes de guerra. No proveyó asistencia y tampoco permitió intencionadamente la comisión de crímenes de guerra”. 

Los dos hijos de uno de los hombres fuertes de Azerbaiyán, que gobierna con mano de hierro una región aislada del país, también tenían cuentas en Credit Suisse. Mientras que el régimen de su padre imponía sus brutales caprichos a la población de Najicheván –en un momento incluso prohibió hornear pan en casa o colgar la ropa en los balcones–, Rza y Seymur Talibov usaron sus cuentas en Suiza para ingresar millones de dólares de empresas de papel asociadas a sistemas de blanqueo de dinero.

Credit Suisse también ofreció servicios bancarios a figuras involucradas en escándalos de corrupción en algunos de los países más pobres del mundo. En Angola, un banquero caído en desgracia, investigado en Portugal tras la quiebra del banco que dirigía con 5.700 millones de dólares de deuda imposible de rastrear, tenía varias cuentas de Credit Suisse, algunas de las cuales están siendo examinadas por fiscales de Portugal. 

En Kenya, Credit Suisse ofreció servicios bancarios a un actor clave en un enorme escándalo de corrupción incluso después de que las autoridades lo declararan fugitivo. Millones de dólares parecen haber sido retirados de la cuenta, mientras que investigadores en Suiza y Kenya intentaban rastrear los fondos robados.

En los datos filtrados también aparecen varios nombres de Asia Central. Aunque sólo constituyen una pequeña fracción de los clientes identificados por los periodistas, por sus cuentas pasaron miles de millones de francos suizos. Estas personas representan a gran parte de la élite centroasiática, incluidos oligarcas que se enriquecieron con la extracción de recursos naturales, ministros y otros altos funcionarios, algunos de los cuales han sido condenados por corrupción masiva. Incluso los hijos de dos ex presidentes, Nursultan Nazarbayev de Kazajistán, e Islam Karimov de Uzbekistán, controlaban cuentas de Credit Suisse, mientras ambos seguían en el poder.

Carlos Luis Aguilera Borjas, el antiguo jefe de la inteligencia venezolana, era otro de los clientes de Credit Suisse. Aguilera era cercano al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. En 2001, Chávez colocó a Aguilera como jefe del servicio secreto, donde mantuvo un perfil bajo, evitando entrevistas y fotografías. Lo llamaban El invisible. “Nadie lo ve. Yo sí sé dónde está”, dijo Chávez en 2002 en una retransmisión nacional de su programa semanal de televisión Aló Presidente. Pero Aguilera cayó en desgracia a mediados de ese año, pues no pudo prevenir el golpe de Estado que estuvo a punto de derrocar a Chávez. Salió del servicio secreto y, tras otro cargo en el Gobierno, saltó de lleno al sector privado, donde amasó una fortuna que pocos venezolanos pueden imaginar.

En 2007, Aguilera se convirtió en el principal accionista de Inversiones Dirca S.A., una sociedad venezolana que el año siguiente le aseguró un contrato de 1.850 millones de dólares para renovar el metro de Caracas a un consorcio empresarial español. No hubo un proceso de licitación pública y Aguilera se llevó una comisión del 4.8%, que equivalía a cerca de 90 millones. En el 2011, se abrieron dos cuentas a nombre de Aguilera que alcanzaron un balance de al menos 7,8 millones de francos suizos. Las cuentas de Aguilera estaban abiertas bien entrada la década pasada, cuando los datos del proyecto Suisse Secrets fueron recopilados. 

“Por definición, él es de alto riesgo”, dice Barrow, el experto en criminalidad financiera. Añadió que los bancos son responsables de asegurarse que las fuentes de los fondos de sus clientes con conexiones políticas sean legítimas.

Aguilera no respondió a las preguntas que OCCRP le envió por correo electrónico. 

Credit Suisse se ha comprometido repetidamente a luchar contra los fondos ilícitos, después de una serie de escándalos que estallaron hace dos décadas tras la muerte del dictador nigeriano Sani Abacha. Tras el fallecimiento de Abacha en 1998 se conoció que Credit Suisse ayudó a esconder parte de los miles de millones de dólares que su familia saqueó del país.

En un esfuerzo por aplacar esa revelación, el entonces presidente del banco dijo en 2000 que había "mejorado continuamente los procedimientos de control y su cumplimiento".

Ese mismo año, Credit Suisse se convirtió en miembro fundador del Grupo Wolfsberg, una asociación bancaria internacional creada para frenar los flujos financieros ilícitos.

"El banco se esforzará por aceptar sólo a aquellos clientes cuya fuente de riqueza y fondos puedan establecerse razonablemente como legítimos", rezaba una declaración de la misión del Grupo Wolfsberg en 2000.

Sin embargo, las promesas de limpieza de Credit Suisse no evitaron que la entidad terminara vinculada a otros casos delictivos.

"Al banco le gusta decir que son sólo banqueros deshonestos", afirma Jeffrey Neiman, el abogado estadounidense. "Pero, ¿cuántos banqueros deshonestos hay que tener para empezar a tener un banco deshonesto?".

Neiman no representa a la fuente de la filtración de Suisse Secrets. Pero uno de sus clientes es un denunciante que en febrero de 2021 declaró en un tribunal de Estados Unidos que Credit Suisse seguía ayudando a estadounidenses a ocultar ilegalmente cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. De ser cierto, esto supondría una violación a un compromiso que el banco tomó en 2014, cuando llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia y la poderosa Comisión de Finanzas del Senado investigan actualmente si Credit Suisse siguió facilitando la evasión fiscal después de llegar al acuerdo y pagar una multa récord de 1.300 millones de dólares en 2014.

El presidente del banco en aquel momento, Urs Rohner, admitió errores en su manejo del escándalo de evasión de impuestos, pero le dijo a un canal de televisión suizo que él mismo tenía “las manos limpias”.

Recordando este incidente en una entrevista reciente con OCCRP, el parlamentario suizo del Partido Verde Gerhard Andrey indicó que aún siente incredulidad porque los ejecutivos de Credit Suisse nunca asumieran su responsabilidad por este escándalo.

"¡Es la cabeza de la empresa! Si eres director general o presidente, no puedes decir: 'No tiene nada que ver conmigo', porque eres responsable de definir la cultura corporativa", destaca Andrey por teléfono desde el Parlamento suizo. "La cultura la definen de arriba abajo los altos cargos, el consejo de administración y los ejecutivos".

Expertos sostienen que las multas no son suficientes. Los bancos grandes y pudientes no van a cambiar hasta que no se enfrentan a regulaciones más estrictas, como suspender sus licencias o acusar a gerentes de manera individual.

Frank Vogl, antiguo responsable en el Banco Mundial y ahora un activista contra la cleptocracia, sostiene que los banqueros parecen tratar las multas, incluso muy abultadas, simplemente como “un coste más de hacer negocios”. Recuerda que las autoridades judiciales estadounidenses y europeas han lanzado en los últimos años un “asombroso” número de casos contra Suiza y bancos suizos, “pero ningún director ejecutivo de estos bancos ha sido acusado personalmente, ni siquiera perdió su trabajo por esos crímenes”.

“Los CEO tienen que ir a la cárcel para que esto tenga efecto”, mantiene Henry, del Tax Justice Network, señalando que la multa de 1.300 millones de dólares era incluso deducible de impuestos.

Aunque los críticos acusan a Credit Suisse de negligencia, atribuyen gran parte de la culpa al gobierno suizo, responsable de un entorno normativo laxo y de leyes que castigan a quienes denuncian la corrupción.

Stefan Lenz, exfiscal federal helvético que investigó importantes casos de corrupción, señaló que hay muy pocas investigaciones que apuntan a los bancos suizos o a sus directivos por aceptar dinero ilícito. "Parece haber una falta de voluntad política y de recursos para la aplicación de la ley", indicó Lenz a OCCRP.

Andrey, el parlamentario del Partido Verde, insta al Gobierno a tomar medidas por el bien de sus ciudadanos. "Estoy orgulloso de ser suizo", dice. "Me duele que los bancos estropeen la reputación de mi país con este comportamiento".

“La gente está enojada con los escándalos que ya han salido a la luz, y no sabemos cuántos escándalos desconocidos habrá", concluye.

Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo.

Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación en 39 países de todo el mundo analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, la segunda entidad financiera de Suiza. La filtración incluyó más de 18.000 cuentas, que entre todas llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. Es la única filtración periodística conocida de datos de clientes de un gran banco suizo.

Suiza es un destino muy conocido para el dinero del mundo entero, en parte por sus leyes sobre el secreto bancario. Tener una cuenta en un banco suizo no es algo irregular. Pero se supone que los bancos tienen que evitar los clientes que obtuvieron dinero ilegalmente o que están implicados en delitos. Esta investigación identificó docenas de funcionarios o políticos corruptos, delincuentes y violadores de los derechos humanos entre los titulares de cuentas en Credit Suisse.

A pesar de su notoriedad –que en algunos casos era obvia con una simple búsqueda en Google– algunos de esos clientes mantuvieron sus relaciones con Credit Suisse durante años. Aunque es posible que algunas cuentas hayan sido congeladas por las autoridades.

El proyecto Suisse Secrets investiga los titulares de estas cuentas, cuyo uso del secreto bancario suizo es un ejemplo de cómo la industria financiera internacional permite en ocasiones el robo y la corrupción. A lo largo de los años, Credit Suisse ha prometido una y otra vez reformar sus prácticas de debida diligencia. Este proyecto resalta la necesidad de aumentar la responsabilidad del sector.

Los datos de Suisse Secrets fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que coordinó el proyecto junto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Este es el listado de medios y organizaciones que participan en Suisse Secrets:

1. Africa Uncensored (Kenia)

2. Alqatiba.com (Túnez)

3. Armando.info (Venezuela)

4. Center for Investigative Reporting (Bosnia y Herzegovina)

5. Confluence Media (India)

6. Depeches du Mali (Malí)

7. Diario Rombe (Guinea Ecuatorial)

8. Efecto Cocuyo (Venezuela)

9. Expresso (Portugal)

10. Fact Focus (Pakistán)

11. Hetq (Armenia)

12. Impact.sn (Senegal)

13. Infobae (Argentina)

14. infoLibre

15. Interferencia de Radioemisoras UCR (Costa Rica)

16. Investico (Países Bajos)

17. Investigative Reporting Lab (Macedonia del Norte)

18. IrpiMedia (Italia)

19. Kloop (Kirguistán)

20. KRIK (Serbia)

21. L'Evénement (Níger)

22. La Nación (Argentina)

23. La Stampa (Italia)

24. Le Monde (Francia)

25. Le Soir (Bélgica)

26. Miami Herald (Estados Unidos)

27. NewsHawks (Zimbabue)

28. Norddeutscher Rundfunk (Alemania)

29. OCCRP

30. Piaui (Brasil)

31. Prachatai (Tailandia)

32. Premium Times (Nigeria)

33. Profil (Austria)

34. Reporter.lu (Luxemburgo)

35. Shomrim (Israel)

36. Slidstvo.info (Ucrania)

37. Süddeutsche Zeitung (Alemania)

38. Sveriges Television (Suecia)

39. The Guardian (Reino Unido)

40. The Namibian (Namibia)

41. The New York Times (Estados Unidos)

42. The News (Pakistán)

43. Trece Costa Rica Noticias (Costa Rica)

44. Turkmen News (Turkmenistán)

45. Twala.info (Argelia)

46. Verdade (Mozambique)

47. Vlast (Kazajistán)

48. Westdeutscher Rundfunk (Alemania)

Hace más de un año, una fuente anónima facilitó los datos de Suisse Secrets al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. No se sabe nada sobre la identidad de la fuente.

Sin embargo, la fuente proporcionó una declaración en la que explicaba sus motivaciones. Entre otras cosas indicaba lo siguiente:

"Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales. [...] Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de unos ingresos fiscales más que necesarios”.

“Quiero subrayar que la responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, sino más bien sobre el sistema jurídico suizo. Los bancos simplemente están siendo buenos capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan. En pocas palabras, los legisladores suizos son responsables de permitir los delitos financieros y, en virtud de su democracia directa, el pueblo suizo tiene el poder de hacer algo al respecto”.

Soy consciente de que tener una cuenta offshore en un banco suizo no implica necesariamente evasión fiscal o cualquier otro delito financiero. Estoy seguro de que algunas de las cuentas tienen una razón legítima para existir o que han sido declaradas a las autoridades fiscales, cumpliendo con la legislación pertinente. Sin embargo, es probable que un número importante de estas cuentas se haya abierto con el único propósito de ocultar el patrimonio de su titular”.

La declaración completa fue publicada por el Süddeutsche Zeitung en inglés y en alemán. Aquí puedes consultarla en español.

Los datos filtrados incluyen información sobre más de 18.000 cuentas de Credit Suisse y 30.000 titulares de las mismas (algunas personas son titulares de varias cuentas, mientras que muchas cuentas son controladas por varias personas).

La información sobre cada cuenta incluye: el número de cuenta, el nombre del titular o de los titulares, las fechas de apertura y de cierre y el importe máximo que se registró en la cuenta. No se indica si son cuentas corrientes, de ahorro o de inversión.

Credit Suisse tiene múltiples filiales y además ha adquirido varios bancos a lo largo de los años. Los datos no indican si algunas de estas cuentas se abrieron en uno de esos otros bancos antes de ser trasladadas a Credit Suisse, o si pertenecen a una filial. En esta investigación se hace referencia a todas las cuentas como "Credit Suisse".

Una parte de los titulares de las cuentas son personas físicas, mientras que otros son entidades jurídicas, en su práctica totalidad empresas. Estos titulares están domiciliados en más de 120 jurisdicciones diferentes y representan más de 160 nacionalidades.

La cantidad total de dinero en las cuentas, teniendo en cuenta el importe máximo, llegó a superar los 100.000 millones de dólares (unos 88.000 millones de euros al cambio actual). El importe medio de las cuenta asciende a 7,5 millones de francos suizos en su punto más alto, pero más de una docena de cuentas concentraron más de 1.000 millones de francos suizos (unos 960 millones de euros a día de hoy). Estas cifras sólo indican el pico monetario que alcanzó una cuenta, no la cantidad total de dinero que se movió a través de las mismas a lo largo de los años. Ese dato se desconoce, pero es probable que sea mucho mayor.

Los datos de la filtración no llegan hasta la actualidad, aunque muchas de las cuentas permanecieron abiertas hasta bien entrada la década pasada. Los años con más aperturas de cuentas fueron 2007 y 2008. El año de mayor cierre de cuentas fue 2014, que coincide con la introducción de una nueva normativa en Suiza de intercambio automático de información fiscal de clientes con residencia en el extranjero. La cuenta media estuvo abierta por un periodo de 11 años.

4. ¿Por qué no hay clientes de algunos países en los datos?

Aunque los datos filtrados de Credit Suisse incluyen información sobre clientes de más de 120 jurisdicciones, hay pocos titulares de algunos países, entre ellos algunos de los más poblados del mundo como Estados Unidos, Rusia, China y Brasil. Y lo mismo ocurre con España.

Aunque la razón no es del todo clara, buena parte de los clientes incluidos en la filtración son de países que no firmaron el Estándar Común de Información (Common Reporting Standard / CRS), una iniciativa mundial contra la evasión fiscal que exige a los países el intercambio automático de información bancaria básica con las autoridades fiscales. Algunos países que aparecen en los datos firmaron el CRS hace pocos años.

Esta hipótesis la confirmaría el hecho de que los nacionales de países poco representados que aparecen en la filtración, en ocasiones residían en Estados que no habían firmado el CRS cuando abrieron cuentas en el banco.

Los países que aparecen con mayor frecuencia en los datos, como Egipto, Ucrania y Venezuela, aún no se han comprometido a intercambiar información en el marco del CRS.

Un caso atípico es el de Estados Unidos. No firmó el CRS, pero hay pocos ciudadanos en la filtración. Sin embargo, Estados Unidos tiene numerosos tratados fiscales bilaterales, incluido uno con Suiza, que le da a las autoridades fiscales acceso mutuo a información bancaria de clientes sospechosos de evasión fiscal y otros delitos financieros.

Los periodistas pasaron meses cotejando los datos con otras fuentes, como registros mercantiles, boletines oficiales, expedientes judiciales, investigaciones penales y entrevistas con expertos.  

En docenas de casos, los números de cuenta de la filtración coinciden con cuentas identificadas en documentos externos. Las fechas de nacimiento de más de 150 titulares de cuentas en la filtración también son las mismas que las que hay en registros públicos.

Los periodistas también confirmaron la existencia de algunas cuentas de Suisse Secrets en otras dos filtraciones de datos bancarios, obtenidas años antes.

Las cuentas de los hijos de un alto funcionario de Azerbaiyán y uno de sus socios aparecen en las bases de datos de los proyectos Troika y Azerbaiyán, dos grandes sistemas de blanqueo de capitales revelados por OCCRP. Los registros de transacciones muestran que empresas pantalla asociadas al blaqueo de capitales enviaron millones de dólares a cuentas de Credit Suisse durante varios años.

Los periodistas también se pusieron en contacto con clientes cuya información se filtró. En varios casos, confirmaron la existencia de las cuentas.

Amparándose en la confidencialidad de su relación con los clientes, Credit Suisse ni confirmó ni negó la veracidad de los datos filtrados.

Sin embargo, y se trata de una limitación importante, los periodistas no pudieron establecer si las cuentas que examinaron fueron congeladas en algún momento. Algunos clientes afirmaron que sus cuentas habían sido congeladas, pero no hay un patrón claro en los datos que permita proyectar estos casos a toda la filtración.

Abrir una cuenta en un banco suizo no es un delito, y todos los periodistas que trabajaron en este proyecto lo tenían muy presente. En el periodismo responsable, no hay justificación para publicar datos bancarios privados sin un interés público evidente.

Por eso el proyecto Suisse Secrets usó los datos filtrados –que nunca se publicarán en bruto– sólo como punto de partida.

Los periodistas pasaron meses confirmando la veracidad de la filtración e investigando a los clientes de Credit Suisse. Sólo se publicaron artículos cuando había razones para sospechar que los clientes estaban usando el sistema bancario suizo para ocultar fondos. Se usó un criterio editorial conservador y se decidió no informar sobre cientos de cuentas que planteaban dudas.

Se decidieron publicar aquellos casos que se referían a clientes que se sabía que eran de alto riesgo: personas expuestas políticamente (PEP), acusadas o condenadas por delitos graves, o con un historial de conexiones con paraísos fiscales. Por tanto, se excluyó íntegramente de la investigación a todas aquellas personas con un perfil privado, sin ningún tipo de proyección pública.

Un ejemplo es el de Rodoljub Radulović, capo de uno de los principales cárteles de narcotráfico de Europa del Este, que encabeza el traficante serbio Darko Sarić. Radulović abrió una cuenta en Credit Suisse a pesar de un largo historial de escándalos financieros en Estados Unidos. Luego usó esa cuenta para lavar más de tres millones de euros del narcotráfico, según fiscales serbios.

Otro caso es el de Eduard Seidel, que fue alto ejecutivo de la compañía alemana Siemens en Nigeria. Sus cuentas acumularon decenas de millones de francos suizos. A pesar de que su rol en un importante escándalo de sobornos en Nigeria ya era conocido, dos cuentas suyas permanecieron abiertas durante casi una década.

También está el caso de Muller Conrad Rautenbach, un magnate minero que se ha jactado abiertamente de estar dispuesto a pagar sobornos para llegar a la cima. Estados Unidos y la Unión Europea lo han sancionado. Pero abrió cuentas con altas sumas de dinero en Credit Suisse, incluso después de que la ONU advirtiera sobre sus supuestos vínculos con acuerdos mineros corruptos en la República Democrática del Congo.

El panorama más amplio que une todos estos casos es el de una importante institución financiera que permitió a sus clientes ocultar activos blanqueados o robados. Casi todas las historias se basan en información disponible públicamente, lo que significa que el departamento de debida diligencia (due dilligence) de Credit Suisse también tendría que haberlo sabido.

"Todo el mundo debería tener algún tipo de acceso al sistema bancario", sostiene Graham Barrow, especialista en delitos financieros. "Lo que no debería poder hacer es usar el sistema bancario para introducir riqueza adquirida de forma corrupta y legalizarla".

Al final, el objetivo del periodismo de investigación es identificar y exponer los fallos del sistema. En los últimos 20 años, más de una docena de grandes escándalos ligados a corrupción, evasión fiscal, blanqueo de dinero u otros delitos de sus clientes han involucrado a Credit Suisse. En el pasado, el banco pagó múltiples multas y llegó a varios acuerdos con las autoridades. Y de manera periódica, prometió reforzar sus prácticas de cumplimiento. Pero los escándalos no han parado.

Los periodistas hablaron con múltiples expertos financieros, reguladores y conocedores de la banca sobre las precauciones que Credit Suisse debería haber tomado para prevenir la llegada de clientes sospechosos.

Ross Delton, abogado estadounidense y experto en lucha antiblanqueo, destaca que no se prohíbe que las personas de alto riesgo y políticamente expuestas abran cuentas, pero deben ser objeto de un mayor escrutinio. “Hay que examinar el origen de su patrimonio y un alto directivo debe aprobar su incorporación”, explica.

En cuanto a las personas condenadas por corrupción, "ese es un nivel totalmente diferente". "En ese caso, la cuestión debería ser si se acepta al cliente", indica Delton. Lo mismo ocurre con las personas condenadas por narcotráfico, que aparecen en listas de sanciones o tienen alertas de la Interpol.

"Aunque a los bancos no les gusta decir que no, se supone que tienen que decir que no", afirma Delton. "La probabilidad de que el banco se use para blanquear dinero es en estos casos tan alta que, para empezar, la cuenta no debería abrirse".

Otros especialistas señalan por qué instituciones como Credit Suisse pueden llegar a ignorar estas normas. "Los bancos pueden hacer el cálculo de que ganarán más dinero por tener ese negocio que lo que les costará en reputación", sostiene Graham Barrow, especialista en delitos financieros.

Otra cuestión pertinente para un banco del tamaño de Credit Suisse es el grado de responsabilidad que debe asumir a la hora de adquirir nuevos clientes mediante fusiones. Por ejemplo, en marzo de 2013 entraron al banco 13.000 millones de dólares en activos de clientes de alto valor de la división de gestión de Morgan Stanley.

Monika Roth, abogada y jurista suiza especializada en legislación del mercado financiero y delitos de cuello blanco, declara que no hay un plazo oficial para que un banco realice controles sobre los clientes procedentes de una fusión. “Pero el banco sigue siendo responsable del riesgo de incorporarlos'', añade.

"Cuanto más exótico sea el lugar, más susceptible de corrupción, más vulnerable el país de origen o de residencia del cliente. Cuanto más alto sea el patrimonio aportado, más rápido hay que hacerlo", indica.

"Normalmente, antes de que se apruebe la fusión, debería haber una amplia investigación, incluso sobre los riesgos de blanqueo de capitales", destaca Maira Martini, de Transparencia Internacional. "No es justificable decir que no eran conscientes [de los riesgos de blanqueo] porque los clientes venían de otro banco".

Muchos expertos financieros consultados sobre Credit Suisse y los clientes dudosos identificados por los periodistas sugirieron que el problema no son solo fallos en los procesos de debida diligencia del propio banco. Señalaron la debilidad de la normativa en todo el sector bancario suizo.

Hervé Falciani, un ingeniero de sistemas franco-italiano al que se le atribuye haber expuesto a más de 130.000 presuntos evasores fiscales que eran clientes de la división suiza de HSBC, es tajante: "El sistema es el problema".

“La única forma de sacar a la luz sus fechorías es encontrar la manera de penetrar el velo de secreto que lo protege”, denuncia.

"¿Ve usted una semana sin un escándalo, un escándalo fiscal o un escándalo de blanqueo de capitales en el que no se mencione a Suiza?", se pregunta retóricamente Sebastian Geux, un historiador suizo que ha estudiado el sector bancario de su país durante casi cuatro décadas.

El problema básico, según los especialistas, es la aplicación insuficiente de la normativa.

James Henry, economista y asesor de Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), explica que la "sanción básica" para los bancos que operan en Suiza es el pago de una multa. Pero "esto es sólo un error de redondeo" que trasladan a sus clientes o algo que tratan como "el coste de hacer negocios".

En 2014, Credit Suisse pagó una multa de 2.600 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos por "una conspiración para ayudar a los evasores fiscales de Estados Unidos". Esa sanción era deducible de impuestos, recuerda Henry. Nadie fue a la cárcel y nadie perdió su licencia bancaria. "Algunos directores generales tienen que ir a la cárcel", apunta. "Tienen que ir a la cárcel de verdad para que esto les afecte".

La legislación suiza también dificulta que los periodistas informen sobre delitos financieros.

El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza pone a los periodistas del país en riesgo de ser procesados por la mera posesión de datos bancarios privados, aunque no los lleguen a publicar. Por esta razón, Tamedia, un grupo mediático suizo, decidió no participar en la investigación de Suisse Secrets.

"Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza", denuncia Arthur Rutishause, director de Tamedia. "Sólo sirve para censurar e intimidar a los medios de comunicación. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intentan desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal".

En respuesta a una lista detallada de preguntas enviadas por los periodistas de Suisse Secrets, el banco proporcionó la siguiente declaración:

"Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1970, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco. Si bien Credit Suisse no puede hacer comentarios sobre posibles relaciones con clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas de acuerdo con las políticas y los requisitos normativos aplicables en los momentos pertinentes, y que ya han sido atendidas las cuestiones relacionadas.

Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, ante los clientes y el sistema financiero en su conjunto, de garantizar que las normas de conducta más estrictas se mantengan. Estas acusaciones de medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años. En consonancia con las reformas financieras en todo el sector y en Suiza, Credit Suisse ha adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la última década, incluyendo inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera. En todo el banco, Credit Suisse sigue reforzando su marco de cumplimiento y control, y como hemos dejado claro, nuestra estrategia sitúa la gestión del riesgo en el centro de nuestro negocio".

Credit Suisse también proporcionó respuestas adicionales sobre varios temas. Tras lo que el banco describió como una "revisión preliminar" de "un gran volumen de cuentas" sobre las que los reporteros hicieron preguntas, el banco señaló que "más del 90 por ciento" están ahora "cerradas o en proceso de cierre".

"En cuanto a las cuentas activas restantes", escribió un portavoz de Credit Suisse, “estamos convencidos de que se han adoptado las debidas diligencias, revisiones y otras medidas de control, incluyendo los cierres de cuentas pendientes”.

Dicho portavoz escribió que Credit Suisse tiene “una estricta política de tolerancia cero frente a la evasión fiscal”, “sólo desea tratar con clientes que cumplan con los requisitos fiscales” y “ha implementado numerosos programas de cumplimiento fiscal de clientes que abarcan múltiples jurisdicciones”.

En cuanto a la prevención del blanqueo de capitales, el representante escribió que Credit Suisse cuenta con "estrictos mecanismos de control" y “lleva a cabo una revisión de nombres de acuerdo con los estándares del sector (...) tanto al abrir las cuentas como durante su existencia”.

“En los casos en los que identificamos cualquier relación que hubiera podido ser usada para el blanqueo de dinero u otras actividades ilícitas, tomamos medidas rápidas y decisivas”, destacó el portavoz.

Credit Suisse también enumeró una serie de iniciativas de gestión de riesgos que "ya se han completado o están en curso" como parte de una "revisión de riesgos a gran escala en todo el banco" que tuvo lugar en 2021. Entre ellas se encuentran:

● “Revisión de los riesgos fundamentales, examinando cómo se evalúan, gestionan y controlan en todo el grupo”.

● “Definición clara de las funciones, responsabilidades y rendición de cuentas en todas las divisiones, ya que Credit Suisse sigue aplicando los esfuerzos de corrección iniciados a principios del año 2021”.

● “Desarrollo de herramientas y procesos para mejorar la rendición de cuentas y la propiedad de las empresas, como primera línea de defensa para riesgos y controles”.

● “Revisión del proceso y la estructura de compensación, incorporando la sensibilidad al riesgo en el desempeño y objetivos no financieros en las evaluaciones mejoradas de rendimiento”.

● “Fomento de una cultura que refuerce la importancia de la responsabilidad personal”.

Citando la legislación suiza sobre el secreto bancario, la entidad no proporcionó ninguna respuesta sobre los clientes específicos identificados por los reporteros como problemáticos.

"Seguiremos analizando los asuntos y tomaremos medidas adicionales si es necesario", añadió el representante de Credit Suisse.

En última instancia, los bancos occidentales como Credit Suisse manejan la mayor parte del dinero criminal y corrupto del mundo. Por lo tanto, tienen la cuota de responsabilidad más grande para identificarlo y restringirlo. Credit Suisse reconoce que está obligado a seguir procedimientos estrictos que ayuden al banco a entender quiénes son sus clientes y a verificar que sus fuentes de ingresos son legítimas. Cuando el banco no lleva a cabo esta debida diligencia, la delincuencia y la corrupción se vuelven más fáciles, más lucrativas y más exitosas. Y lo denunciaremos.

Lo hacemos porque el secreto financiero es más que una abstracción académica: el dinero opaco significa poder opaco. Cuando el dinero corrupto puede fluir sin obstáculos en el sistema financiero, hay más delincuencia, más extremismo y se debilitan más las normas democráticas. El dinero negro es considerado ya por muchos países como un importante problema de seguridad nacional. 

El sistema suizo, que valora el secreto por encima de la responsabilidad, es especialmente propenso al mal uso. Los bancos suizos tienen un largo historial de aceptación de clientes nocivos, desde los nazis hasta algunos de los peores dictadores del mundo moderno. Se han comprometido en múltiples ocasiones –y de hecho han actuado– para eliminar muchos clientes sospechosos de sus listas. Estas actuaciones son positivas. Pero sólo rinden cuentas a un sistema regulador constreñido por leyes de confidencialidad y a un gobierno que da prioridad al secreto. La filtración de datos en la que se basa el proyecto Suisse Secrets representa una oportunidad única para que los periodistas exijan responsabilidades a este sistema.

Creemos que las docenas de ejemplos que citamos plantean serias dudas sobre la eficacia y el compromiso de Credit Suisse para cumplir con sus responsabilidades. Sin dar información que lo corrobore, Credit Suisse afirma que resolvió el "90 por ciento" de los casos que les planteamos. Incluso si aceptamos eso, aún hay una serie de presuntos corruptos o criminales que tienen cuentas en Suiza. Y hablamos sólo de casos por los que preguntaron los periodistas. Podría haber muchos más.  

Credit Suisse también señaló que los casos sobre los que escribimos son "históricos". Pero eso es irrelevante. Nuestros datos muestran que el banco conservó clientes durante años, a pesar de que se sabía que habían sido acusados de crímenes graves o eran familiares de personas poderosas en regímenes autocráticos. En algunos casos, los titulares de cuentas que aparecen en los datos confirmaron que esas cuentas siguen abiertas.

Incluso muchos empleados de Credit Suisse que tuvieron contactos con periodistas de esta investigación, indicaron que hay normas especiales en el banco para los clientes más ricos, con independencia de su posible historial delictivo, y que no se ha hecho lo suficiente para eliminar los fondos ilícitos. 

Una de las personas creyó eso con fuerza y pasó a la acción: la fuente que filtró los datos bancarios.

Tener una cuenta en un banco de Suiza no es ningún delito pero, seamos sinceros, el bello país alpino no es que quede muy a mano. Uno no se planta en Zurich o Ginebra porque le hayan cerrado la sucursal en el pueblo y se haya quedado sin cajero en el que sacar un dinerillo para el café o ese sitio donde (ejem) nunca aceptan el pago con tarjeta. El entorno de Juan Carlos de Borbón, la familia de Jordi Pujol, Emilio Botín o Luis Bárcenas, titulares ya conocidos de cuentas en Suiza, tuvieron en su momento otros motivos menos confesables. 

La conocida como exclusión financiera, todo un golpe de dignidad en la mesa al que hemos asistido en las últimas semanas en España gracias a nuestros mayores (existen y, ¡sorpresa!, reclaman sus derechos), no va con los muchísimos delincuentes que durante décadas han escondido en Suiza dinero robado, manchado por el crimen o con el propósito de no pagar impuestos. 

La existencia de este tipo de bandidos es un problema, pero que operen a plena luz del día en instituciones de gran reputación, amparadas por leyes que castigan precisamente a los que se atreven a denunciar, es un absoluto escándalo. 

“¡Soy un chorizo, no idiota!”, nos han gritado durante demasiado tiempo. Mientras, en nuestro debate público reinaban y reinan asuntos en teoría más cercanos. Noticias que, siendo en algunos casos de indudable importancia, se tratan como los (malos) programas del corazón para excitar las más bajas pasiones (“¡nunca imaginé!”, “¡la dirección actúa de un modo cruel!”, “¡no me merezco esto!”). Como si la política estuviese condenada a ser un producto impúdico y estéril. Pero eso no es verdad. El periodismo y la política pueden y deben hacerlo mejor. 

La injusticia fiscal (mandamos desde aquí un sentido saludo al artículo 31 de la Constitución, deseando su pronto restablecimiento) y la evasión de impuestos priva a los ciudadanos de lo que se ha dado en llamar “la riqueza escondida de las naciones”. Una de las grandes revoluciones pendientes en España es la fiscal y, en la Unión Europea, la de la armonización, la lucha contra la evasión y la inclusión de esos principios como condición en las relaciones con terceros países. O avanzamos decididamente en esa dirección o seguiremos poniendo parches en la contraria, al albur de las jurisdicciones pirata y privando a las políticas públicas de la riqueza que las haría funcionar mejor. 

infoLibre es el único medio de comunicación en España que participa en Suisse Secrets, una amplísima investigación en la que han trabajado 48 medios de comunicación y 163 periodistas de todo el mundo, entre ellos Manuel Rico, nuestro compañero y director de Investigación. 

El reto era inmenso, pero la compañía, inmejorable. Durante meses, en el más absoluto secreto, se han descifrado los datos de 18.000 cuentas del gigante bancario Credit Suisse en las que figuran presuntos funcionarios corruptos, criminales y violadores de los derechos humanos, algunos con varias condenas a sus espaldas. Entre sus 30.000 titulares llegaron a tener 100.000 millones de dólares (88.000 millones de euros) en la entidad. Y algunos guardaron cómodamente su dinero a pesar de que se supone que los bancos tienen la obligación de no aceptarlo si saben que se obtuvo de forma ilegal. 

La información fue filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y trabajada junto al resto de cabeceras, entre las que se cuentan, además de infoLibre, The Guardian, Le Monde o The New York Times, con la coordinación de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una organización internacional contra el crimen organizado y la corrupción. Es la única filtración periodística conocida de datos de clientes de un gran banco suizo.

En la investigación se incluye, por supuesto, la versión del filtrador y una detallada explicación de su génesis, y las preguntas sin responder del banco, que se limitó a ofrecer una respuesta genérica y, eso sí, a contratar a un buen número de despachos de abogados de los caros para tratar de impedir que publicásemos nada.

Desde ahora y en los próximos días, podrás aprender mucho sobre cómo funciona el sistema bancario suizo, cómo la opacidad ha sido y sigue siendo un modelo de negocio, cómo las leyes del idílico país están hechas más para proteger a esa industria que a los que denuncian sus oscuros secretos. Y algunos nombres propios. Entre los primeros, los de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco y presidente de honor de su Fundación. También los más de 20 venezolanos, vinculados a esquemas de corrupción de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, que llegaron a tener 273 millones en cuentas de Credit Suisse. 

Para infoLibre es un orgullo ser elegido como socio de referencia en España para una investigación así, junto a grandes periódicos de todo el mundo (muchos, con infinitamente más recursos que nosotros) que son habitualmente reconocidos como medios de referencia y prestigio. Eso es algo que sólo podemos hacer gracias a los ciudadanos comprometidos con la información que deciden que es esencial investigar asuntos complejos, que requieren mucho tiempo y que, quizá (permíteme la ironía) tengan algo más de sustancia que la última acusación de traición política vociferada con impostura. 

Por eso, no nos cansamos de insistir en que la información que recibes depende de ti, de tu compromiso al hacerte socia o socio (o ampliar tu cuota, o regalar una suscripción) para apoyar a aquellos periódicos que te ofrecen algo diferente y valioso en medio de tanto fango: periodismo fiable en su elaboración y limpio en sus objetivos. 

Los periodistas y medios que han trabajado esta investigación se juegan mucho, desde el Süddeutsche Zeitung hasta infoLibre (recuerda que ya estamos inmersos en un proceso penal por destapar lo que algunos consideraban su secreto particular). Otros, como el grupo mediático suizo Tamedia, ni siquiera pudieron participar. La ley bancaria suiza prevé en su artículo 47 el procesamiento de periodistas por poseer datos bancarios privados, aunque ni siquiera lleguen a publicarlos, lo cual da una idea de cómo se protege la labor de la prensa en ese país cuando puede entrar en conflicto con los intereses de la gallina de los huevos de oro.

También se la juega el filtrador, que lo tiene claro: “Las leyes del secreto bancario suizo son inmorales”. Porque ahí, en la política, reside el problema. “La responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, que están siendo buenos capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan”, denuncia en un escrito que puedes leer aquí. “Aunque soy consciente de que las leyes sobre el secreto bancario son en parte responsables del éxito económico de Suiza, tengo la firme opinión de que un país tan rico puede permitirse tener una conciencia”, explica.

En palabras de Hervé Falciani, al que se atribuye haber dejado al descubierto a 130.000 evasores fiscales con cuentas en una división suiza de HSBC, “el sistema es el problema”. Pero el sistema puede reformarse, a través del buen periodismo y la buena política, de modo que todos aquellos que se merecen una auténtica exclusión financiera pasen a ser señalados como los verdaderos antisistema.