Finaport, la gestora suiza que acepta a políticos corruptos y oligarcas rusos tras 20 minutos de auditoría

A primera vista, la lista de clientes de la gestora de inversiones suiza Finaport Holding puede parecer increíblemente limpia. Entre 2017 y 2019, la firma –que administra cuentas bancarias, empresas y activos para sus ricos clientes– presentó sólo dos alertas de transacciones sospechosas al regulador suizo. Cuando una asociación del sector lo investigó, el director de operaciones de Finaport respondió que él no había “oído ni leído nada [al respecto]”.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, Finaport representó a más de una docena de clientes de todo el mundo que tenían conexiones políticas de alto nivel, estaban acusados de corrupción o se enfrentaban a cargos penales. Si un cliente proporcionaba los documentos adecuados, Finaport concluía su investigación en sólo 20 minutos.

Así lo demuestra una filtración de documentos que fueron publicados brevemente en internet por el grupo de hackers rusos APLHV el pasado febrero. Los obtuvo la televisión pública suiza RTS, que los compartió con periodistas de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), entre ellos infoLibre, así como de Le Monde y Der Spiegel. Los periodistas accedieron a registros judiciales, buscaron en bases de datos comerciales y entrevistaron a expertos en blanqueo de capitales, académicos y activistas para corroborar e interpretar los datos filtrados y confirmar los antecedentes de los clientes de Finaport.

Entre estos clientes se encontraban un exministro afgano destituido por corrupción, un político peruano relacionado con el escándalo Lava Jato de sobornos masivos y el hijo de un antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Uzbekistán . Entre sus clientes también se encuentra una sociedad registrada en España, filial de la venezolana Suelopetrol, una empresa privada creada en 1984 y presidida por Henrique José Rodríguez Guillén. Se trata de Suelopetrol Exploración y Producción SL, a través de la cual Suelopetrol es dueña del 40% Petrocabimas SA. El otro 60% es propiedad de la estatal PDVSA. Petrocabimas posee los derechos de concesión de cinco yacimientos petrolíferos.

En España, Suelopetrol tiene registradas otras dos sociedades, Suelopetrol Internacional SL y Suelopetrol SLU. Ninguna de estas dos empresas tiene personal, según consta las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, mientras que Suelopetrol Exploración y Producción SL sólo cuenta con un empleado. El 25% de su capital social lo han suscrito dos sociedades domiciliadas en Barbados, un conocido paraíso fiscal del Caribe. Suelopetrol no ha contestado a OCCRP cuando le ha preguntado por la naturaleza de la operativa que mantenía con Finaport ni los procedimientos de due dilligence a que fue sometida por la firma suiza.

Pero la mayoría de los clientes que deberían haber activado las señales de alarma más evidentes eran ciudadanos rusos.

A preguntas de OCCRP, Finaport responde que la información filtrada es una “selección arbitraria, desactualizada e incompleta” y que “sacar conclusiones de ella sobre las actividades empresariales de Finaport lleva a insinuaciones falsas y/o engañosas”.

Problemas con la diligencia debida

La correspondencia filtrada revela que los empleados de Finaport estaban dispuestos a rebatir las solicitudes de diligencia debida (due dilligence) de los bancos, a veces en términos contundentes. Por ejemplo, en 2016, cuando un empleado del banco de inversión suizo Julius Baer escribió a Finaport para preguntarle por el origen del patrimonio de un cliente, un alto empleado de Finaport respondió con aparente incredulidad. “Esto ni siquiera es compliance [cumplimiento], es puro acoso”, escribió el empleado. “Esto se está volviendo ridículo... ¿Dónde ha ido a parar el espíritu del sí se puede y el sentido común...? En los próximos días, [el cliente] se irá con sus activos a un banco de [Liechtenstein]. ¿Les felicito?”.

Y al reenviar a un colega el intercambio de mensajes con el banco, escribió: “Esta es la clase de mierda con la que nos hacen tratar”. Preguntado por esa respuesta, Finaport asegura que el empleado estaba frustrado porque le habían pedido la misma información varias veces y que sería erróneo sacar conclusiones sobre “una cultura de cumplimiento insuficiente en Finaport o incluso incumplimientos de la diligencia debida a partir de este incidente puntual”.

Con una plantilla que no supera los 50 empleados, Finaport explica que su objetivo es “preservar el patrimonio y generar ingresos” para sus clientes, “esforzándose por invertir de forma altamente ética y sostenible”.

Con los documentos de la filtración no fue posible establecer cuántas transacciones supervisa o procesa Finaport para sus clientes cada año. Pero los expertos en compliance afirman que muchas de las transacciones descubiertas deberían al menos haber alertado a la Oficina Suiza de Comunicación y Denuncia sobre Blanqueo de Capitales, conocida como MROS.

La legislación suiza exige a las empresas de gestión de patrimonios como Finaport que informen a la MROS de las transacciones si tienen “motivos razonables para sospechar que los activos implicados en la relación comercial están relacionados con un delito”, o si los fondos o activos implicados pueden ser el “producto de un delito grave”.

Cuando se le presentaron algunas de las conclusiones de la investigación, un experto suizo en cumplimiento de la normativa, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, explicó que los gestores financieros tienen las mismas obligaciones de compliance que los bancos y que algunas de las comprobaciones de diligencia debida realizadas por Finaport no estaban a la altura de las normas exigidas por la autoridad financiera suiza.

Contactada por los medios de OCCRP, Finaport responde que es una “gestora de activos pura”, que “lleva a cabo actividades de gestión de activos exclusivamente sobre la base de poderes limitados a acciones administrativas” y que “no puede abrir cuentas, aceptar fondos o ejecutar pagos en nombre de clientes”. También indica que respeta “todas las normas jurídicas aplicables a la empresa” y que su cumplimiento de la normativa se somete a auditorías anuales.

Finaport admite que prestó servicios a “un número muy pequeño de clientes clasificados como Personas Expuestas Políticamente”. “Teníamos y tenemos en todo momento una imagen completa de nuestros clientes y beneficiarios reales de los activos gestionados. Siempre hemos tenido y seguimos teniendo la certeza necesaria de que los activos bajo nuestra gestión no procedían de delitos subyacentes al blanqueo de capitales, ni estaban bajo el control de organizaciones delictivas”, argumenta Finaport. “En caso de duda al respecto”, concluye la firma suiza, “hemos aplicado sistemáticamente los requisitos legales para tales situaciones”.

Vaciar un banco 

Los documentos filtrados muestran que los clientes de mayor riesgo de Finaport se enviaban para una revisión adicional a Alexander Rabian, un abogado del bufete Streichenberg de Zúrich (Suiza) que era asesor jefe del departamento de cumplimiento de Finaport. Un correo electrónico interno de 2018, en el que aparentemente se explicaban los procedimientos de la empresa a un nuevo empleado, detallaba que Rabian normalmente no tardaba “más de 15-20 minutos en revisar” los expedientes de los posibles clientes, siempre que se incluyeran todos los documentos necesarios.

Contactado por OCCR, Rabian asegura que llevó a cabo “segundas revisiones” de comprobaciones anteriores sobre los clientes potencialmente de mayor riesgo. “Siempre devolví los expedientes incompletos al departamento de cumplimiento y a los asesores de los clientes para que los completaran, incluso varias veces si era necesario. En algunos casos, de hecho, era posible estudiar y evaluar un expediente perfectamente preparado en 15 o 20 minutos, siempre que la situación fuera sencillamente manejable a pesar de un posible aumento del riesgo”, explica, tras añadir que, normalmente, se tardaba mucho más.

Los documentos filtrados muestran que uno de los clientes revisados y aprobados por Alexander Rabian fue la empresa suiza Radamant Finance AG, propiedad de los bielorrusos Yuri y Alexei Khotin, padre e hijo. Apodados los “oligarcas secretos” por los medios rusos, los Khotin poseían más de un millón de metros cuadrados de propiedades en Moscú, incluido el hotel Four Seasons, según un informe publicado por la revista Forbes en 2019. A través de Radamant, los Khotin también poseían un banco ruso, Yugra Bank, ahora desaparecido, que bajo su gestión pasó de ser un pequeño prestamista regional a convertirse en uno de las mayores entidades financieras del país.

El presidente de Finaport, Hellmut Schümperli, fue nombrado administrador único de Radamant en mayo de 2016, después de que la empresa superara con éxito un proceso de diligencia debida. Una resolución de los accionistas sin firmar, fechada el 29 de noviembre de 2016, autorizaba a Schümperli a “ejecutar” una serie de 22 pagos por valor de 587 millones de dólares desde la cuenta de Radamant en Yugra a una empresa chipriota llamada Bittos Logistics Enterprises Ltd.

OCCRP no han podido verificar si la resolución se llevó a cabo finalmente, pero los registros financieros de Radamant muestran que los pagos se efectuaron y que el acuerdo se discutió en múltiples correos electrónicos posteriores. La resolución de los accionistas establece que el dinero se enviaría en relación con “acuerdos de compra y venta de pagarés”, pero no ofrece más detalles. En el momento en que se redactó la resolución, los Khotin supuestamente estaban vaciando Yugra de más de 2.000 millones de euros y escondiendo una fortuna en empresas de Chipre, según consta en un caso civil presentado en un tribunal de distrito ruso por la agencia de seguros que se hizo cargo del banco tras su colapso. El caso sigue abierto.

Los periodistas tampoco han encontrado pruebas de que Finaport hubiera tenido conocimiento de las acusaciones de malversación contra los Khotin mientras realizaban las transferencias a Bittos. Pero el volumen y la estructura de la transferencia deberían haber suscitado algunas dudas, según Tom Mayne, investigador de la Universidad de Oxford especializado en leyes anticorrupción. “Para empezar, es difícil ver la lógica económica de transferir 587 millones de dólares, especialmente si existía el peligro de no recibir los pagarés”, explica. Finaport tampoco respondió a las preguntas de OCCRP sobre las medidas que tomó en relación con estas transferencias. Y, a mediados de 2017, estaba claro que Yugra tenía problemas financieros.

En julio de ese año, el Banco Central de Rusia emitió un comunicado anunciando que había revocado la licencia bancaria de Yugra. La historia fue recogida por la agencia Reuters, que informó de que, según afirmaba el Banco Central ruso, “el modelo de negocio de Yugra se basaba en prestar a proyectos vinculados a sus propietarios”, además de haber realizado “transferencias sospechosas”.

En septiembre de 2018, Yugra fue declarado en quiebra. Pero Finaport siguió trabajando con Radamant –y, por extensión, con los Khotin– hasta mediados de 2019.

De forma que la suspensión de la licencia de Yugra por sospechas de transferencias y préstamos a sus propietarios, así como el colapso financiero del banco, deberían haber hecho sonar las alarmas, apunta Tom Mayne. “Deberían haber sido señales claras para Finaport de que había que extremar la precaución en las transacciones relacionadas con Yugra, incluida una mayor diligencia debida”, precisa.

Pero un documento filtrado de diciembre de 2018 muestra que Finaport trabajó en un acuerdo para que Radamant perdonara la deuda de Bittos a cambio de acciones en tres empresas chipriotas.

Sobre el papel, estas tres sociedades eran valiosas. Según figura en sus informes anuales, poseían los derechos de ocho yacimientos petrolíferos en Rusia, valorados en miles de millones de dólares. Pero ninguna de ellas, ni su sociedad de cartera, Hazapour Ltd., tenía una cuenta bancaria o fondos propios, de acuerdo con otro correo electrónico de Rabian. Los informes anuales también indican que las empresas se hicieron con los campos petrolíferos por entre 129 y 131 euros cada uno en septiembre y octubre de 2018, justo cuando Yugra estaba quebrando. Los documentos no ofrecen ninguna explicación a ese precio tan bajo.

En el borrador de otra carta incluido en la filtración, Rabian se preocupa por la legitimidad de las empresas, sus activos y el acuerdo. “A pesar de nuestras reiteradas peticiones, no se nos ha enviado ninguna información fiable sobre la viabilidad económica de [las tres] empresas”, escribió Rabian. También señaló que las partes en el acuerdo parecían estar estrechamente vinculadas a los Khotin, y sugirió que los propios Khotin podrían estar detrás de Hazapour y las empresas chipriotas. “Los controladores/propietarios reales de [Hazapour] son idénticos a los controladores/propietarios reales de Radamant o son al menos cercanos a ellos”, aseguraba, añadiendo que “pueden surgir dudas sobre si la adquisición por parte de Radamant de las acciones de las empresas se llevó a cabo de acuerdo con el principio de negociación en condiciones de mercado”.

Ni una alerta

Finaport cortó sus lazos con Radamant en julio de 2019, pero los registros internos de Finaport muestran que no activó ninguna alerta MROS ese año. Rabian siguió trabajando en el acuerdo en su calidad de abogado del bufete Streichenberg al menos hasta 2021, según muestran los correos electrónicos filtrados. No está claro si el acuerdo se cerró finalmente.

Cuando OCCRP les preguntó por clientes concretos, los directivos de Finaport dijeron que no podían responder porque están “sujetos al secreto profesional protegido por el derecho penal”. Los Khotin no han contestado a las preguntas de OCCRP.

Identidades múltiples

Unos meses antes de que el Banco Central de Rusia revocara la licencia bancaria de Yugra, también suspendió las licencias de las compañías de seguros pertenecientes al empresario Alexander Kondratenkov. Dos años después, en agosto de 2019, el Ministerio de Justicia ruso acusó a Kondratenkov de malversación de fondos, alegando que había cometido fraude de seguros. El caso sigue abierto. Kondratenkov no ha respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por OCCRP.

Pero, para cuando fue acusado, Kondratenkov ya había huido. Se desconoce su paradero actual, pero los documentos filtrados revelan cómo Finaport le ayudó a abrir cuentas bancarias en Suiza con una segunda identidad chilena.

En un memorando de octubre de 2018, un miembro del personal de Finaport que gestionaba la cuenta de Kondratenkov explicó que su cliente tenía una cuenta en el Banco UBP bajo su nombre ruso, y otra en el Banco Mirabaud bajo su recién obtenido nombre chileno, Alexander García Feskov. Según la nota, el nombre responde a una combinación del nombre original del padre de Kondratenkov, nacido en Chile, y el apellido de soltera de su madre. Con la ayuda de Finaport, consiguió mover varios millones de dólares de Rusia a Suiza y luego a sus cuentas abiertas como García Feskov en Mirabaud, tal y como muestran documentos internos.

Esos archivos desvelan que Finaport comenzó a trabajar con Kondratenkov, y lo ayudó a abrir cuentas bancarias bajo su nombre chileno, antes de que aparecieran publicadas en la prensa las acusaciones en su contra. Pero en agosto de 2019 los medios rusos ya habían cubierto ampliamente el caso. El periódico Kommersant, considerado uno de los principales diarios del país, informó de que Kondratenkov había sido acusado de un fraude “especialmente grave”.

Al parecer, las informaciones alarmaron al personal del Banco Mirabaud, que bloqueó una transferencia de 800.000 dólares realizada en nombre de Kondratenkov debido a “problemas de cumplimiento”.

Finaport escribió otro memorando, fechado en noviembre de 2019 y dirigido al banco, rechazando esas informaciones. Finaport dijo que los medios rusos que cubrían el caso eran prensa “basura” y afirmó que Kondratenkov no era el propietario de la empresa en el centro del escándalo. Sin embargo, una sentencia judicial rusa ha confirmado este año que la empresa era en realidad de Kondratenkov.

Sin embargo, Mirabaud presentó una alerta a las autoridades suizas de lucha contra el blanqueo de capitales a mediados de noviembre y cerró todas las cuentas de Kondratenkov entre enero y marzo de 2020, según una fuente cercana al asunto que no está autorizada a hablar oficialmente.

Incluso antes de conocerse las acusaciones de malversación, el uso de múltiples identidades por parte de Kondratenkov debería haber sido una señal de alarma, advierte un antiguo agente de la agencia francesa de lucha contra el blanqueo de capitales Tracfin. “Aunque no está prohibido tener dos pasaportes, tener dos identidades distintas es muy cuestionable”, asegura el ex agente bajo condición de anonimato, porque no está autorizado a hablar con la prensa.

El juicio de Kondratenkov está aún pendiente de sentencia y las autoridades rusas continúan buscándolo. Las informaciones publicadas por los medios rusos y los documentos judiciales obtenidos por OCCRP lo sitúan en Londres y en una lujosa ciudad de los Alpes franceses desde 2020.

Mientras tanto, los documentos internos de Finaport desvelan que la firma suiza continuó clasificando a Kondratenkov como cliente de “bajo riesgo” hasta al menos mayo de 2020, mucho después de que los cargos en su contra en Rusia se hicieran públicos. Los registros filtrados muestran que la firma seguía trabajando en nombre de su esposa en fecha tan reciente como abril de 2022.

Rabian, el abogado, explica a OCCRP que Kondratenkov no es actualmente cliente de Finaport. “Sobre la base de lo que hemos podido encontrar en fuentes públicas, tenemos serias dudas de que Alexander Kondratenkov haya sido objeto de un proceso penal en Rusia que cumpla las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, añade.

Toda la familia

Uno de los clientes más importantes de Finaport, a juzgar por el valor de los activos que gestionaba, era Liubov Komissarenko. Nacida en Ucrania en 1977, Komissarenko acababa de terminar sus estudios en Moscú a mediados de la década de 2000 cuando empezó a crear empresas de construcción, incluidos instaladores y un distribuidor de equipos técnicos para el suministro de agua.

En un documento de diligencia debida redactado por Finaport en 2022 se decía que Komissarenko había empezado fabricando ventanas antes de pedir un préstamo bancario para dedicarse a la construcción a mayor escala.

Lo que no mencionaba era que su empresa también había recibido contratos públicos de una empresa estatal rusa dirigida por su pareja sentimental, Alexander Ponomarenko, a quien no hay que confundir con el multimillonario empresario portuario y banquero sancionado del mismo nombre.

Los negocios de los hijos

Un formulario KYC –Conozca a Su Cliente por sus siglas en inglés– elaborado en 2018 para Komissarenko establecía que Liubov y Alexander habían sido “pareja de hecho” desde 2003. Un abogado que responde en nombre de una de las empresas alemanas de Komissarenko indicó que la relación terminó “hace varios años”.

En 2012, Ponomarenko fue nombrado director de Mosvodokanal, el mayor proveedor de servicios de alcantarillado de Rusia, que entonces otorgó a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros. El abogado que responde por la empresa alemana de Komissarenko niega que ella se beneficiara de forma significativa de estos contratos y afirma que hizo su fortuna de manera independiente gracias al sector inmobiliario y a la construcción. Ponomarenko no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por OCCRP.

Komissarenko se convirtió en cliente de Finaport en noviembre de 2014. La hija de Ponomarenko, Natalia, se convirtió en cliente en diciembre de 2016, seguida por el marido de Natalia en julio de 2017 y luego por Andrei, hijo de Komissarenko de un matrimonio anterior, en diciembre de 2017. A finales de 2022, las diversas cuentas bancarias vinculadas a Ponomarenko gestionadas por Finaport tenían un total de 46 millones de dólares. Ninguno de los miembros de la familia ha contestado a las preguntas de OCCRP.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 puso a los banqueros europeos en una alerta aún mayor a la hora de ofrecer servicios a clientes rusos o vinculados con Rusia, y los paquetes de sanciones que se aprobaron después deberían haber provocado una revisión de la base de clientes de las firmas financieras. Es “enormemente peligroso” abrir cuentas o gestionar activos para clientes rusos, según advierte Viktor Winkler, experto en sanciones y perito en el Parlamento alemán, a Paper Trail Media, uno de los socios de OCCRP. El “pasillo” en el que tales servicios se pueden prestar legalmente es ahora “muy, muy estrecho”, resalta. “Y dentro de este pasillo enormemente estrecho, hay que realizar controles exhaustivos y completos, y aplicar numerosas salvaguardias”.

En octubre de 2022, un empleado de Reyl envió un correo electrónico en el que expresaba su dudas por la información incompleta del expediente de diligencia debida de Finaport sobre Komissarenko y, en particular, por su vinculación con Ponomarenko. El correo también mencionaba una información donde se aseguraba que Ponomarenko “ayuda [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales necesarios”.

El empleado de Reyl también advirtió de que Finaport no había revelado que Komissarenko tiene nacionalidad rusa. En los correos electrónicos filtrados no queda claro cómo respondió Finaport ni si Reyl tomó alguna otra medida. Finaport rehúsa hacer comentarios a OCCRP sobre clientes concretos. Por su parte, Reyl contesta que el banco “siempre ha actuado, y sigue actuando, de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables, y no tiene más comentarios”.

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El propio Ponomarenko no parece haber sido cliente de Finaport. Las actividades de Mosvodokanal desde febrero de 2022 probablemente habrían hecho extremadamente difícil para cualquier empresa europea trabajar con él: la empresa ha animado a sus trabajadores a luchar en nombre de Rusia en Ucrania.

Un vídeo publicado en Vkontakte, una red social rusa, anuncia que al personal de Mosvodokanal que se presente para el servicio militar se le darán garantías de que se les mantendrán sus puestos de trabajo hasta su regreso, y de que disfrutarán de “las mismas ventajas que el personal militar”. “La empresa sigue de cerca el destino de todos los que están en el frente”, proclama Mosvodokanal en el vídeo.

Con información de Begoña P. Ramírez, periodista de infoLibre