Magnates rusos sancionados maniobran en España para salvar sus bienes del embargo

La inmovilización de las propiedades de los oligarcas rusos sancionados por parte del Gobierno español implica que sus dueños no pueden vender, alquilar, ceder o hipotecar el bien que se ha congelado. Tampoco pueden realizar ningún cambio en las sociedades propietarias de esos inmuebles o yates. Pero no siempre consiguen las autoridades verificar quién es el dueño último de esos activos. Según ha podido constatar infoLibre en los registros de la propiedad, algunos de los afectados se han movido para poner a salvo sus bienes. Sus maniobras evidencian agujeros en el sistema por los que se cuelan tanto propiedades como propietarios.

El Confidencial publicó en octubre del año pasado que Sergei Chemezov, presidente del principal consorcio militar ruso (Rostec), cambió el nombre de su yate Valerie por el de Meridian A y trató de abandonar el puerto de Barcelona donde estaba amarrado, hasta que le fue revocado el permiso de salida que en principio se le había concedido y la Guardia Civil lo inspeccionó. Chemezov también es dueño, a través de una sociedad irlandesa, Holytown Limited, de una villa en Estepona (Málaga), a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited. Esta sociedad, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, figura a nombre de la hijastra, Anastasia Ignatova, y la suegra, Lyudmila Rukavishnikova, del jefe de Rostec. La casa, bautizada como Villa Lapalapa, se encuentra a la venta en un portal inmobiliario llamado Luxury From Owners. Piden 8,4 millones de euros por la mansión de “estilo colonial”: 832 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 284 metros cuadrados de porche y piscina, todo ello sobre un terreno de 2.720 metros cuadrados “con vistas al mar hasta la costa africana”. El yate de Chemezov está embargado. Su casa, no.

Todo ello lo ha constatado infoLibre con información procedente de los registros de la propiedad, dentro de un trabajo de investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar) y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), y con el apoyo de IJ4EU.

A uno de los rusos hasta ahora más conocidos en España, al menos en los medios policiales y judiciales, el Gobierno le ha inmovilizado dos yates, pero de momento no ha tocado sus propiedades inmobiliarias. Se trata de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus. El Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, que posee a través de una sociedad, Centros Comerciales Antei SL, han sido embargados. Pero no así las tres propiedades que esta empresa tiene en la urbanización El Toro, de Calvià (Mallorca). Según explican a este periódico fuentes oficiales, “aún no se ha podido confirmar fehacientemente el control de dichos bienes”, por lo que “continúan las investigaciones”.

Lo cierto es que, desde julio de 2022 –es decir, cuatro meses después de ser sancionado Reznik– la administradora única de Centros Comerciales Antei SL es Diana Gindin, la esposa de Vladislav. Hasta entonces, la sociedad era propiedad al 100% de Drever Limited, un trust domiciliado en Londres, al que el matrimonio había transferido todas sus acciones en 2007 y cuyos beneficiarios eran Reznik, Gindin y sus hijos. En septiembre, además, cambió su domicilio social.

Embargados tras la 'Operación Troika'

Reznik y Gindin fueron dos de los 17 acusados en la Operación Troika, por la que fueron detenidas 20 personas en 2008. Entonces las fuerzas de seguridad decían haber desmantelado la estructura en España de la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo, la mafia de San Petersburgo conocida como Tambovskaya. Pero la sentencia, que no se dictó hasta octubre de 2018, diez años después, absolvió a todos los procesados y determinó que la fiscalía no había probado que ninguno de ellos integrara una asociación ilícita dedicada a blanquear dinero procedente del crimen organizado ruso.

La Audiencia Nacional mencionaba los tres inmuebles que el matrimonio Reznik-Gindin había adquirido en la urbanización de Calvià con su propio nombre o a través de la sociedad Centros Comerciales Antei SL, así como las dos embarcaciones, el Neva Primero y el Sasha Primero. Diana Gindin, además, había comprado en 2006 un avión Hawker por 13,93 millones de euros. Quien figuraba como administradora de la sociedad propietaria, Julia Ermolenko, y su marido, Andrei Malenkovich –patrón de ambos yates–, también fueron acusados y absueltos en el juicio de la Operación Troika.

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Los dos matrimonios habían sido investigados y procesados por sus relaciones con el mafioso huido Guenadi Petrov. Ermolenko era su traductora y secretaria. Además, Petrov era el propietario tanto de Centros Comerciales Antei SL como del Sasha Primero y de una de las tres viviendas de Calvià que Reznik había adquirido en 2006. Reznik y Petrov, según recoge la sentencia, se hicieron amigos y socios comerciales entonces. El avión, por ejemplo, lo compraron a medias Diana Gindin y Anton Petrov, hijo de Guenadi, que ha sido investigado por blanqueo en Suiza.

Pese a que dos de los 17 acusados se declararon culpables y pese a las operaciones “antieconómicas o poco convencionales” y a los movimientos poco claros entre sociedades de Panamá, Liberia, Islas Vírgenes y Suiza detectadas, los jueces establecieron que el dinero invertido en España no tenía un origen ilícito y las actividades de los encausados sólo tenían en común que “los dueños de los entramados societarios para los que trabajaban eran ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos y que invertían en España dinero que, a veces, procedía de paraísos fiscales”. Circunstancias “insuficientes”, subrayaban los jueces, para considerarlas blanqueo de capitales.

Pero, durante la larguísima instrucción del caso, los inmuebles de Reznik fueron embargados por orden del juez Baltasar Garzón, instructor de la causa. Entonces no hubo ninguna duda sobre quiénes eran los dueños. Hoy parece no estar tan claro. Aunque, si están a nombre de la esposa del magnate, las autoridades pueden disponer su incautación, sobre todo después del reglamento aprobado el pasado día 6 por el Consejo Europeo, que permite aplicar de forma automática las sanciones a las personas que se beneficien del patrimonio del sancionado, incluidos los miembros de su familia cercana.