Casi 70.000 personas han solicitado el Bono Cultural Joven desde el arranque de la nueva edición de este programa el pasado 17 de junio, según ha informado el Gobierno.

En concreto, los jóvenes nacidos en 2006 pueden solicitar el Bono Cultural Joven en la tercera edición de este programa. Se trata de una ayuda de 400 euros que los beneficiarios podrán destinar a la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales, según informa Europa Press.

Para solicitarlo, los jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2024 han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web www.bonoculturajoven.gob.es nueva hasta el próximo 16 de septiembre.

Será imprescindible que, previamente, los interesados obtengan una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite personalmente o a través de la representación de un adulto, para lo cual es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

A esta ayuda tienen derecho los jóvenes que cumplan 18 años en 2024 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se trata de más de 525.000 potenciales beneficiarios en todo el país.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, que ya superan los 3.300 en toda España. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres tramos para favorecer la diversificación del gasto, con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos; 100 euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea y 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza y museos

El Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 326.579 jóvenes que cumplen los 18 años en 2023, lo que supone la inscripción de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2005 y casi 50.000 jóvenes más que en la primera edición, según datos del Ministerio de Cultura y Deporte.

Según informa Europa Press, esta iniciativa ha sido solicitada por el 65,58% de la población estimada de esa edad, un total de 501.652 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La cifra supera en 48.985 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 277.594.

Entre las dos primeras ediciones, ya se han alcanzado los 600.000 jóvenes beneficiarios del programa, que les permite disfrutar de una ayuda de 400 euros para invertir en productos culturales.

En esta segunda edición, la totalidad de las inscripciones se han tramitado por vía digital, a través de la página web  'www.bonoculturajoven.gob.es' entre el 13 de junio y el 31 de octubre, incluyendo la ampliación de un mes con el objetivo de "fomentar y facilitar la máxima participación de los jóvenes en el programa".

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya inició el pasado 14 de septiembre el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios. Desde ese momento, las tarjetas se están emitiendo de forma progresiva hasta alcanzar el total de bonos concedidos.

Una vez activado el Bono Cultural Joven, los beneficiarios tienen un año para hacer uso de la tarjeta desde la fecha de concesión. La aplicación y la web del Bono Cultural Joven muestra, de forma personalizada, el tiempo restante del que cada joven dispone para disfrutar del Bono, así como su saldo restante en cada una de las categorías.

Al igual que en la anterior edición, las ayudas se distribuyen con 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos. Además, incluye 100 euros para productos digitales: prensa digital, podcast o videojuegos en línea y 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza o museos.

Por su parte, más de 3.000 empresas culturales ofrecen ya sus servicios y productos a través del programa que el Ministerio de Cultura y Deporte puso en marcha en 2022. Hasta el pasado 30 de septiembre, se habían realizado 1.847.779 operaciones por valor de 59,4 millones de euros por parte de los beneficiarios del Bono Cultural Joven de la primera edición. El plazo de solicitud de empresas y entidades culturales continúa abierto.

Los objetivos de esta iniciativa son, por un lado, "promover la fidelización de los jóvenes como público y consumidor cultural". Asimismo, Cultura apuesta por "ofrecer un respaldo adicional al sector cultural en su recuperación", que en esta segunda edición se vería beneficiado con ingresos adicionales por valor de 130 millones de euros.

Aprovechando esta oportunidad que me ofrece infoLibre voy a intentar dar algunas pinceladas a favor de que todas las familias numerosas, sin importar el nivel de renta, reciban beneficios públicos.

Antes de nada, para que no haya lugar a malinterpretaciones, la prioridad que tenemos como sociedad es que ningún ciudadano de este país viva en situación de vulnerabilidad. Para ello tenemos la obligación de garantizar unos mínimos de vida para todos. Ya sea a través de programas de renta garantizada, de vivienda social, o de garantía alimentaria o energética. Las distintas administraciones públicas deben ofrecer políticas de acceso a estos programas según el nivel de renta. Y no sólo ofrecer, al mismo tiempo facilitar la información y las herramientas necesarias para que sepan que pueden acogerse a ellos de forma sencilla. Muchos hogares desconocen la existencia de estas ayudas, o no tienen la capacidad para vencer los procesos burocráticos de solicitud.

Dicho esto, no todas las políticas públicas que ofrece tanto el Estado como otras administraciones tienen por objetivo ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, a nadie se le escapa que los beneficiados con subvenciones a la instalación de paneles solares no son precisamente personas con bajos ingresos. Son familias que viven en casas unifamiliares y que se pueden permitir el gasto de una instalación de estas características. Esto es así porque el objetivo de estas ayudas es la transformación energética hacia fuentes de energía renovable. Es un objetivo de transformación estructural (el cambio de modelo energético) que se vale de actores individuales (familias que viven en viviendas unifamiliares). Ocurre algo parecido con el fomento del transporte público a través de los bonos de RENFE gratuitos.

Esta visión de política estructural de desarrollo social a largo plazo se puede extrapolar a las políticas de familia numerosa o de fomento de la natalidad. Las políticas de familia numerosa son políticas que fomentan y protegen el nacimiento de un tercero o más hijos de forma general (hay casos de familias numerosas con dos hijos). Es bien sabido el grave problema de recambio generacional y envejecimiento que sufrimos en la Unión Europea. Y dentro de esta España, con una tasa de fertilidad ( número medio de hijos tenido por mujer ) de 1,18 en el año 2020, es uno de los países con peor proyección en este asunto. Las implicaciones sociales y económicas a largo plazo del envejecimiento de la población están sobradamente estudiadas: aumento del gasto sanitario, aumento del gasto en ayudas a la dependencia, insostenibilidad del sistema de pensiones, etc.

Para ello se hacen necesarias políticas estructurales en materia migratoria y de fomento de la natalidad que aumenten las tasas de población en España. Políticas en las que, independientemente del nivel renta, cada familia sienta la seguridad de que va a tener una protección por el estado a la hora de tener descendencia: conciliación laboral y familiar, escuelas de educación infantil, beneficios fiscales o ayudas en transporte público, estudios o energía. Pero si empezamos a retirar la universalidad de estos beneficios también empezamos a retirar la sensación de seguridad que nos ofrece el sistema a la hora de tomar la decisión de tener hijos. Y, eliminamos la necesaria estructuralidad de las políticas públicas de fomento de la familia y la natalidad, que pasarán a convertirse en políticas coyunturales a corto plazo que se deciden a golpe de titular o tuit.

Otra característica de la universalidad de algunas políticas públicas es que ayudan a vencer el discurso individualista neoliberal de reducción del Estado de bienestar. Si las clases altas o medias/altas ven que pagan más impuestos que el resto de la sociedad y no reciben ninguna contraprestación por parte del sistema, se consolida el discurso anti impuestos y de adelgazamiento de la intervención del Estado en asuntos públicos. Las políticas redistributivas (educación, sanidad…) garantizan la universalidad independientemente del nivel de renta, pero son menos perceptibles que las políticas distributivas (discapacidad, dependencia, natalidad…)

Para terminar, en algunos casos a la Administración le es más eficiente conceder la ayuda o subvención de forma universal que discriminar por razón de renta. Así, esta ahorra tiempo, plazos y personal funcionario; e impide el abandono de posibles beneficiarios que renuncian a la solicitud por la carga de documentación a presentar.

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Eduardo Álvarez Álvaro es socio de infoLibre

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha pronunciado este jueves después de que infoLibre publicara que el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se ha beneficiado del bono social térmico lanzado por el Gobierno central y ha considerado una decisión personal la renuncia a esta ayuda, a la que ha calificado como "chapuza", según informa Europa Press.

Ossorio no es el único que ha salido beneficiado por esta medida. El marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, percibe también el bono social térmico, al igual que el portavoz de la formación conservadora en la región, Alfonso Serrano, como ha desvelado también infoLibre.

"Es un ejemplo más de las chapuzas que plantea el Gobierno. Si el mecanismo de dar las ayudas hubiera sido razonable no tendríamos estas situaciones", ha sentenciado el coordinador general en una entrevista para TVE, recogida por Europa Press.

Para Bendodo, si desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "hubieran limitado mejor las personas que tienen acceso a estas ayudas, no se habrían solicitado". "El Gobierno tendría que haber dado preferencia a las personas vulnerables y que más lo necesitaban", ha recalcado.

Ante la pregunta de si estos cargos deberían retractarse y dejar de beneficiarse de estas ayudas, ha concluido que se trata de "una decisión personal de las personas" que las han solicitado y se las han concedido: "Su mismo nombre lo dice, son ayudas para las personas vulnerables" pero esto no quita que el "Gobierno tenga que poner topes y limitaciones".

Por su parte, Ossorio ya dejó claro ayer en una ruda de prensa que se celebró de forma extraordinaria en Collado Villalba que él pertenece a una familia numerosa y tiene "cuatro hijos". "Recibo las ayudas que existen para este tipo de familias", apuntó.