La corrupción ocupa un lugar privilegiado en la conversación pública. Escándalo tras escándalo, la política parece dividirse entre corruptos y perseguidores, entre quienes cometen los abusos y quienes los denuncian. La escena resulta familiar: una investigación, una filtración, una comisión parlamentaria, una portada, una declaración solemne y, finalmente, una nueva promesa de regeneración democrática.

Sin embargo, quizá hemos dedicado demasiado tiempo a preguntarnos quién es corrupto y demasiado poco a preguntarnos quién vive de la corrupción.

No me refiero a quienes se enriquecen ilegalmente gracias a ella. Sobre esos existe un consenso razonable: deben ser investigados y, si corresponde, condenados. Me refiero a otra cuestión más incómoda. ¿Qué incentivos genera la existencia permanente de la corrupción para quienes tienen la misión de combatirla?

La pregunta puede parecer provocadora, pero en realidad es bastante clásica. La sociología lleva décadas recordándonos que toda organización desarrolla intereses propios además de los fines para los que fue creada. Los medios necesitan informar, pero también audiencia. Los partidos necesitan representar a sus votantes, pero también diferenciarse de sus adversarios. Las instituciones necesitan resolver problemas, pero también justificar recursos, visibilidad y relevancia. La corrupción no escapa a esta lógica.

Alrededor de ella se ha configurado un ecosistema formado por partidos, medios, expertos, organizaciones, plataformas y actores diversos que cumplen funciones necesarias para la vida democrática. Sin embargo, la existencia continuada de la corrupción también alimenta dinámicas de competencia política, movilización y producción de atención pública.

Quizá por eso la corrupción ha dejado de ser únicamente un problema de integridad institucional para convertirse también en un instrumento de desgaste político.

La cuestión ya no es sólo quién roba. La cuestión es quién logra erosionar la legitimidad de su adversario.

En las democracias contemporáneas, donde la competición es permanente y la atención escasa, la sospecha puede resultar casi tan valiosa como la condena. Una investigación abierta durante años, una sucesión constante de titulares o una cadena ininterrumpida de acusaciones pueden producir efectos políticos profundos con independencia del desenlace judicial.

No se trata de negar la existencia de la corrupción ni de cuestionar la necesidad de perseguirla. Todo lo contrario. Una democracia necesita instituciones capaces de investigar y sancionar conductas ilícitas. Pero también necesita comprender qué incentivos aparecen alrededor de esa persecución.

Porque una sociedad sana no sólo debe preguntarse quién es corrupto. También debería preguntarse qué ocurre cuando la corrupción se convierte en el centro permanente de la conversación pública. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones. Pero la sospecha permanente también puede hacerlo.

Y entre ambas cosas existe una pregunta que apenas nos atrevemos a formular: ¿quién obtiene poder cuando la corrupción nunca desaparece del debate?

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.

Hay quien dice que a las personas LGTBI nos roban una parte de nuestra vida. En mi caso es cierto. Durante los últimos años de mi infancia y toda mi adolescencia, me inocularon una idea que se extendió en mí como un parásito a medida que iba creciendo. La idea de que ser como era estaba mal. Que lo que me pasaba era una enfermedad que se podía curar.

No necesité escucharlo en casa de boca de mis padres. Me lo enseñó la poca vida que podía tener por entonces un niño de 13 años. Porque la primera información que tuve sobre lo que significaba ser homosexual fue a través de un insulto que recibí y que ni siquiera era capaz de identificar. Una sola palabra, pero llena de contenido: maricón.

“¿Qué significa eso?”, pregunté a mis amigos. “Eso es que te gustan los tíos”. Como es lógico pensé que, si aquello era algo por lo que los demás podían insultarte, no quería serlo.

Pero llegó la pubertad y, con ella, la constatación de que no compartía ese interés por las chicas que sí manifestaban mis amigos, mis compañeros de equipo y el resto de compañeros que me rodeaban. Me di cuenta, para mi vergüenza, de que efectivamente era eso que me habían llamado. Un maricón.

Y así fue como crecí. Pensando que había algo malo en mí. Con el peso de la culpa. Con la vergüenza como compañera perpetua, y con miedo. Con mucho miedo de que alguien pudiese enterarse y comenzasen los insultos, las humillaciones, las burlas e incluso los golpes. Todo aquello no era fruto de mi imaginación. Era lo que mis propios ojos veían cuando otros chicos identificaban a alguien como yo.

Pero lo peor de todo era la soledad. Porque precisamente esa vergüenza, ese miedo y esa culpa me impedían compartir lo que sentía con nadie. Me aterrorizaba sufrir acoso. Pero también decepcionar a mi familia. Así que hice lo que la inmensa mayoría de personas LGTBI nos vemos obligadas a hacer: sobrevivir. Me puse una careta y fingí ser otra persona. Vigilaba cómo me reía, cómo me sentaba, con quién me juntaba… todo para eliminar cualquier resquicio que pudiese descubrirme como un “maricón”. Traté de educar mis gustos, mis compañías, mis deseos… me apliqué, sin saberlo, una autoterapia de conversión.

Mi alivio llegó en pleno debate social de la ley de matrimonio igualitario, cuando un día escuché en la televisión a un psicólogo decir que la homosexualidad era una enfermedad y que se podía curar. Recuerdo perfectamente lo que sentí: un alivio ensordecedor. “Lo mío tiene solución”. Alguien era capaz de curar aquello. Me interesé, como el que no quiere la cosa para no despertar sospechas, por saber más sobre aquel hombre, y pude conocer su nombre: Aquilino Polaino.

Corrí a mi habitación, apunté su nombre en un papel y lo escondí pensando, “cuando sea mayor, iré a curarme”.

Por suerte, con el paso de los años conseguí destruir aquella idea que como un cáncer se apoderó de mí durante tantos años. Conseguí entender que no me pasaba nada malo. Conseguí desprenderme de la pesada culpa, de la vergüenza y del miedo. Y entonces dejé de sentirme solo. Me di cuenta de que mi familia y mis amigos me querían tal y como era. Me di cuenta de que la mayor parte de la sociedad era capaz de verme con ojos de naturalidad y normalidad. Y sin darme cuenta, también empecé a ser feliz.

Ahora sé que tuve suerte. Porque, aunque crecí pensando que estaba enfermo, nunca caí en las garras de las terapias de conversión. Tuve el apoyo de mi familia y mi entorno. Tuve unas redes que me sostuvieron, incluso en momentos oscuros.

Pero no puedo dejar de pensar en que otros muchos chicos y chicas no tuvieron la misma suerte. Críos, como yo entonces, que tuvieron que escuchar en su casa que estaban enfermos, que eran un error y que les podían arreglar. Chavales que no consiguieron soltar la mochila de la culpa y la vergüenza. E incluso otros muchos que fueron arrastrados a esas terapias por sus propios padres. Yo podría haber sido uno de ellos.

La aprobación este jueves de la Ley para penalizar las terapias de conversión que convierte a estas en un delito no sólo es un avance para las personas LGTBI. Es un símbolo. Lanza el mensaje de que este país no mira hacia otro lado, como hizo durante tanto tiempo. Y también son justicia democrática. Por todas aquellas personas que las sufrieron. Por todas aquellas personas a las que destrozaron la vida. Me enorgullece ver que, como país, mayoritariamente queremos pasar esta terrible página de nuestra historia. Aunque la pasamos no sin resistencia, la del PP y VOX.

Como cada avance LGTBI, nos encontramos enfrente a un PP que defiende la libertad… Pero la libertad de llevar a sus hijos a estas torturas, o de que estas queden impunes si se realizan con el consentimiento de la persona. Por suerte todo esto no se permitirá por ley.

Su oposición es, quizás, el mayor ejemplo de que, aunque avancemos, debemos seguir luchando en otros frentes, porque seguirá habiendo niños y niñas que piensen que están enfermos, y padres que quieran curarles. Y ante esa maldad, nada mejor que una ley que nos dice que nunca nos pasó nada malo. Que lo verdaderamente cruel e indigno es querer arrancar la propia identidad a una persona.

Llegamos tarde, pero llegamos para hacer justicia y proteger.

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Víctor Gutiérrez es diputado del PSOE.

Igual que en estos días los calores nos caen a plomo en la capital de España, desde hace mucho tiempo las encuestas (más allá de su credibilidad técnica o su intencionalidad política) dan como resultado inexorable el triunfo de Ayuso y Almeida, incluso con cercanía o superando la mayoría absoluta. Como si hubiera una maldición bíblica, los madrileños estamos condenados a ser gobernados por esta dupla devastadora de los derechos, servicios y bienes públicos.

A la vez contemplamos en aquellos que, en primer lugar, deberían dar la batalla por cambiar este rumbo, su reacción es: resignación, inanición y parálisis. Dan la impresión de que tienen por objetivo ser el primero de los derrotados. Y, sin embargo, sí hay opciones de cambiar este rumbo. En el Ayuntamiento de Madrid, la derecha no es que tenga como cabeza un gran referente o una figura con gran peso político, pero para derrotarla no sirve repetir un argumentario rutinario y con lugares comunes, hay que cambiar radicalmente la sintonía.

En toda la izquierda y el progresismo mundial, la victoria de Mamdani en Nueva York fue un tremendo aldabonazo y una llamada a la esperanza, pero sus enseñanzas se olvidaron o se dejaron en el cajón con mucha facilidad. Si se quiere cambiar el rumbo de Madrid hay que retomar sus enseñanzas y ser atrevidos. Dos son las más significativas: proximidad y propuestas claras para la mayoría social y cultural.

Vamos a referirnos a la primera. Proximidad significa salir de las zonas de confort para ir a encontrarse con la sociedad, y hay un instrumento claro (no el único, por supuesto): las primarias abiertas a la sociedad. Los candidatos de la izquierda deben ser elegidos en un proceso de ilusión social y para ello nada mejor que abrir las elecciones a la sociedad. Una cosa es evidente, mayores garantías de éxito tendrá un candidato con el apoyo de 50.000 o más personas que un electo con 3.000 o 5.000. En Italia y en otros países europeos ya existe una tradición de primarias abiertas que culminaron con éxitos electorales decisivos para sus ciudades. Aún más, que hoy las alcaldías de París, Roma y Londres estén en manos de opciones progresistas tiene mucho que ver con la movilización de la sociedad. Tomemos nota.

Hay que recordar que la última victoria del progresismo madrileño, en 2015, se fraguó en un proceso amplio de participación (más de 15.000 personas), mediante primarias abiertas y democráticas que ayudaron a poner en pie un movimiento que arrebató la alcaldía, ni más ni menos, que a Esperanza Aguirre. Más Madrid parece que renuncia a reeditar un proceso parecido del cual nacieron prácticamente la mayoría de sus dirigentes locales y está en un proceso interno de formación de sus listas.

El PSOE, después de 40 años apartado del gobierno de la ciudad y un largo recorrido de fracasos, debe dar un paso y atreverse a movilizar a la ciudadanía, particularmente en los barrios del sureste —casualmente los más desfavorecidos— y donde parte sustancial de la población se queda en sus casas (más de 20 puntos de diferencia en la participación entre los barrios acomodados y los barrios populares). Una pieza de esa recuperación debería empezar por evitar repetir errores del pasado y abrir sus procesos a simpatizantes y electores para que, junto con sus afiliados, elijan la mejor opción social y política que acabe con el dominio de la derecha reaccionaria en la capital de España.

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Teresa Ugidos, Fernando Magro, Paloma del Hoyo, Enrique del Olmo, Amparo Herranz, Maximino Novillo y Román Llorente son militantes del PSOE de Madrid (PSOE-M).

Si ustedes son fans de las películas clásicas de ciencia ficción, recordarán la escena de la película de 1954 en la que sale un ciudadano japonés con los ojos muy abiertos a modo de dibujo anime señalando al monstruo y pronunciando su nombre. Pues esta semana los meteorólogos de la NASA están repitiendo este proceso con el Fenómeno del Niño que se está desatando, y que por convenciones de nominación lleva el nombre de Godzilla.

El fenómeno del Niño es cíclico y ocurre frente a las costas de Perú, pero tiene implicaciones en el clima mundial. Cada siete años, más o menos, las aguas del Pacífico sur sufren un calentamiento anómalo que altera las corrientes de circulación atmosférica, provocando a la vez sequías en unas partes del globo y precipitaciones extremas en otros. Esto conlleva grandes desastres naturales, perdida de cosechas y, en algunas zonas, pérdida de vidas humanas. Es algo que se puede prever y actuar en consecuencia. Las agencias meteorológicas vigilan cuándo surge un aumento de la temperatura del mar frente a las costas de Perú, y ponen en marcha planes de adaptación. Pero los primeros síntomas de este año anticipan que el fenómeno del Niño va a ser uno de los mayores hasta la fecha, de carácter monstruoso, como Godzilla.

No pretendo jugar a ser meteorólogo, sino traducir una serie de artículos científicos y advertir sobre la necesidad de planificar para lo que viene en los próximos meses. Hasta el Banco de España, que no es sospechoso de ser un grupo de ecologistas trasnochados, en un informe sobre el impacto de la Dana dice que estos fenómenos extremos no son solo una desgracia humana, son un hachazo a la productividad del país: provocan cuellos de botella inmediatos en la oferta, paralizan la cadena de suministro y hunden la afiliación a la Seguridad Social en las zonas afectadas.

Pero miremos el mapa de la NASA, que pese a los intentos de censura de Trump, la Agencia de Observación de la Tierra Americana (NOAA) sigue produciendo estos mapas tan coloridos. Es un mapa de la temperatura del océano centrado en América, que explica las desviaciones sobre la media (anomalías), pero si se fijan hay dos cosas que llaman la atención poderosamente. Una es el fenómeno del Niño que se está formando demasiado pronto y que tiene anomalías por encima de los 4º. Y la segunda, si se fijan en la parte derecha del mapa y buscan nuestra casa, entre las Islas Baleares y la Península, verán que el Mediterráneo occidental está 5º por encima de lo normal. Es una sopa burbujeante.

El Niño no es un fenómeno provocado directamente por el cambio climático, pero la temperatura del Mediterráneo sí. Y la combinación de un mar hirviendo con un patrón atmosférico alterado no es un problema de ecologismo de pancarta; es un explosivo riesgo sistémico.

Me gustaría asimismo hacer una advertencia a modo de disclaimer, como en las películas, y es que la meteorología es una ciencia basada en tendencias y probabilidades, y de ninguna manera estoy afirmando que se acerca otra Dana ni nada parecido. Sino que se dan las condiciones para que se produzcan fenómenos meteorológicos intensos.

Pero volvamos a conectar puntos en el mundo, porque el clima es global, y si tenemos un Niño desatado en el Pacífico, en Europa nos podemos preparar para un invierno intenso. Una vez más, sin caer en alarmismos sino por hacer una llamada a la prevención y a trabajar juntos. Es mejor tener planes preparados y no utilizarlos que no tenerlos.

El fenómeno del Niño producirá, probablemente, una alteración de las masas cálidas que suben desde África, produciendo olas de calor más continuadas, y una sequía durante la primera parte del invierno y, a partir de ahí, los efectos del Niño van a ser todavía peores. Las plantas, como he dicho en otras ocasiones, no tienen cerebro, cuentan días de calor. Si les damos un invierno cálido, brotan antes. Si luego les quitamos la lluvia fina que recarga los acuíferos y, en su lugar, les mandamos una lluvia torrencial de otoño alimentada por un Mediterráneo hipercalentado, el agua no cala, arrasa, y de paso se lleva por delante infraestructuras.

En España, la naturaleza nos lleva avisando mucho tiempo. La Estrategia Nacional a 2050 ya asume, negro sobre blanco, que, si no tomamos medidas contundentes, la España del futuro será más cálida y árida, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio y 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua. La agencia estatal de meteorología publicó la semana pasada su predicción para los próximos tres meses y, de momento, respalda este patrón con un verano con temperaturas por encima de lo normal.

Y aquí viene otra vez la prédica en el desierto: el cambio climático está aquí y no nos lo vamos a quitar ignorándolo, pero cuando vienen fenómenos complementarios debemos estar preparados para afrontarlos. Dejo a los políticos la planificación de los planes más inmediatos, pero es necesaria la concienciación de la ciudadanía de lo que nos viene encima.

Como en la película de 1954, podemos quedarnos señalando al monstruo con los ojos muy abiertos mientras Godzilla avanza hacia la costa. O podemos entender que la meteorología ya no es una anécdota del telediario, sino el mayor factor de riesgo para nuestra economía y seguridad. La sopa burbujeante del Mediterráneo nos está avisando: el tiempo de las 'predicciones' se ha acabado, ha llegado el tiempo de la adaptación forzosa. Más nos vale que cuando Godzilla toque tierra, no nos pille discutiendo sobre el color del paraguas.

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Isaac Pozo es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

El problema nunca son los pantalones. El problema es el instante en que te plantas delante del espejo y descubres que ya no te sirven. Porque a partir de ahí solo quedan dos opciones: aceptar que has cambiado o pasarte años fingiendo que sigues siendo la misma persona.

Antes, cambiar de opinión era una señal de inteligencia. De madurez, incluso. Ahora es lo más parecido a la traición. Una rendición pública. Y la coherencia mantenerse firme. Aguantar. Resistir. Ir hasta el final con lo tuyo. Aunque por dentro ya no estés ahí. Y hace tiempo empezaras a sospechar que quizá exageraste, que simplificaste demasiado o que, básicamente, metiste la pata. Mejor comértelo todo antes que reconocer que te has equivocado. Aun a sabiendas de que tan sano es adelgazar como rectificar. 

Defendemos ideas, por supuesto. Pero también defendemos identidades. Pertenencias. Equipos. La opinión se ha convertido en una camiseta y quitársela delante de los demás parece mucho más difícil que seguir sudando dentro de ella.

Y las deslumbrantes redes sociales han magnificado esta lógica. El algoritmo no entiende la duda. No premia el matiz. La reflexión nunca viraliza tanto como la certeza absoluta. Y así hemos construido una sociedad donde mucha gente interpreta un personaje ideológico que ya no coincide del todo con lo que realmente piensa.

Porque internet tiene memoria, pero también tiene hambre. Hambre de contradicciones, de capturas antiguas, de tuits rescatados para demostrar que hace siete años dijiste exactamente lo contrario. Como si cambiar de opinión fuese un delito y no una consecuencia natural de vivir.

Aquí solo cambia de opinión quien todavía es capaz de escuchar algo distinto sin sentirlo como un ataque personal. Solo rectifica quien acepta que no tiene todas las respuestas. Y, por consecuencia, solo evoluciona quien entiende que crecer también consiste en abandonar algunas verdades absolutas.

Por eso asumir un error en política es una utopía. Y en el trabajo o en tu casa cuesta. Porque cuesta. Mientras los tertulianos sobreviven defendiendo hoy exactamente lo contrario que negaban ayer, pero con la misma seguridad teatral de siempre.

Actualmente, la firmeza se mezcla con la rigidez. Y quizá una sociedad madura no es la que nunca se equivoca, sino la que todavía sabe rectificar sin convertirlo en una humillación pública. 

Porque hay caminos que no llevaban a ninguna parte y verdades que no eran tan verdad. Si algo tiene más peligro que cambiar de opinión es continuar defendiendo una mentira solo para no darle la razón al otro. A veces madurar consiste en reconocer que aquello que pensabas ya no te sirve. Que la realidad ha cambiado. O que has cambiado tú. Y que no pasa nada por admitirlo. Igual que un día aceptas que esa ropa ya no te queda bien, también hay ideas que dejan de ajustarse a quien eres. Solo necesitas una talla más.

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

Las joyas nos fascinan. No por su belleza, por su deslumbrante brillo o por la rareza de sus materiales. Tampoco por el desorbitado precio que alcanzan en su exclusivo mercado. No. Las joyas nos fascinan porque transmiten una misteriosa fuerza. Una energía oculta que, desde los tiempos más remotos, se intento canalizar en talismanes que sanaran el cuerpo y protegieran el alma. Pero también una fuerza negra, capaz de desatar la más terrible maldición, como la que envolvió al famoso diamante Hope, del que se cuenta que llenó de ruina y muerte a quienes lo poseyeron: entre otros, los guillotinados Luis XIV y María Antonieta; o el joyero holandés Wilhelm Fals, asesinado por su propio hijo -que tras el parricidio acabó suicidándose- para robarle la joya.

Fue Oscar Wilde quien nos iluminó sobre el origen de este magnetismo. O más bien Dorian Gray, ordenando y reordenando en sus estuches, durante días enteros, las preciosas piezas de su colección: ese crisoberilo verde oliva que enrojecía a la luz de una lámpara; aquella envidiada turquesa de la vieille roche, o el partido arcoíris del ópalo lechoso. También deleitándose con la lectura de las más extraordinarias historias escritas sobre joyas, libros que despertaban en él una embriagadora admiración. La razón última de esa obsesión no era otra que la certeza que poseía Gray de estar contemplando en aquellas hermosas piezas la esencia misma del pecado. Ese pecado que, como le enseñó lord Henry, era el único elemento de color que quedaba en la vida moderna. Ese mismo pecado que iba corrompiendo su imagen en el retrato oculto.

Por ello las joyas son guardadas en cajas fuertes; no solo por temor a que sean robadas, sino sobre todo por el afán de encerrar bajo siete llaves la materialización de nuestros pecados. El secreto lo sabían Gray y Wilde. Pero también el juez Calama, como evidenció al mostrar más interés por las joyas descubiertas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero que por la legalidad de unas grabaciones americanas llegadas con cinco años de retraso, pero en el momento justo. Y, sobre todo, fue consciente de ello la mano interesada que se apresuró a difundir las imágenes de aquellas alhajas. Esas pésimas fotografías, tomadas torpemente por algún policía, fueron demoledoras. Pero su fuerza no residía en su potencial carga probatoria. Su auténtico poder emanaba de esa capacidad para reflejar el pecado. En realidad, lo que se nos quería mostrar no eran joyas: era el lienzo maldito y escondido de Dorian Gray que dejaba desnudo ante el mundo el pecado del expresidente.

La operación fue perfecta. Y su refutación imposible porque el “caso Zapatero” dejó de ser percibido desde parámetros judiciales. Para el imaginario colectivo, la investigación, comprensible y necesaria, de un presunto delito, pasaba a segundo plano una vez contemplada la imagen misma del pecado. Por eso la presunción de inocencia dejó de tener sentido, pues en nuestro fuero más interno sabemos de sobra que todos somos pecadores. Las leyes, en definitiva, ya no tienen nada que decir después de que se haya impuesto el marco mitológico de lo sagrado. Los informes de Washington, las pruebas periciales, los expedientes policiales, los interrogatorios. Todo eso ya es irrelevante, más allá de su aprovechamiento como carnaza de titular mediático. Lo importante está visto. Y la condena divina pesa ya sobre Zapatero.

Algo similar ocurre con los asuntos que afectan al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, especialmente, con el calvario al que ha sido sometida su esposa, Begoña Gómez, por parte de Juan Carlos Peinado. La extravagante instrucción protagonizada por el juez, que ha culminado en su delirante auto de procesamiento, no se explica sin la seguridad absoluta que le otorgaba el saber que, desde el primer momento, el tema se enmarcaba en el ámbito extrajudicial de la moral. Porque, en última instancia, Peinado se sabía beneficiado por esa sentencia clásica que obligaba a la mujer del César no solo a ser honrada sino a parecerlo. El Código Penal se sustituyó así por un código moral que invalidaba nuevamente la presunción de inocencia. La actividad profesional de Begoña Gómez se transmutaba en un caso de adulterio universitario donde las pruebas eran irrelevantes y la mera sospecha justificaba el castigo.

A partir de estos supuestos, Peinado pudo darse el placer de activar los atavismos misóginos más irracionales, reforzado además por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, como mucho, se limitaba a mostrar una tímida incomodidad ante sus extravagancias. Por eso se regodeó en convertir la instrucción en un espectáculo de escarnio ya que, como marcan los códigos medievales, la mujer adultera debe sufrir la vergüenza pública. Y como dicta el Antiguo Testamento, a la criminosa no le cabía otro destino que la lapidación, aunque hoy, para llevar a cabo esa ejecución simbólicamente, se sustituyan las puertas de la ciudad por la sala de un juicio oral y los guijarros afilados por el dardo envenenado de un jurado popular. La reciente apertura por el CGPJ de un expediente contra Peinado por afirmar que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en la fuga de la esposa del presidente, lejos de cuestionar su actuación, la confirma: al máximo órgano judicial solo le preocupa el honor mancillado de la policía, no el trato inquisitorial aplicado a la reo.

Esa capa metafísica trascendental con que se han recubierto los casos de Zapatero y de Begoña Gómez es, precisamente, lo que explica el uso que la derecha y la ultraderecha –parlamentaria, mediática y sociológica– hacen de ellos para atacar al gobierno de coalición progresista y minar los ánimos de una izquierda desconcertada. Para ellos son el arma decisiva, mucho más letal que la munición –nada despreciable, por otro lado– que les puedan ofrecer affaires como los de Santos Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Y ello es debido a que, en su opinión, nada se les puede equiparar. Tras ser elevados a la sublime esfera de la infinitud, todo intento de comparación con Zapatero y Begoña Gómez queda, a su juicio, condenado de antemano al fracaso. 

Porque, frente a la exhibición del pecado, cualquier otra cuestión, por controvertida que sea, se empequeñece y trivializa a la fuerza. Se convierte, en última instancia, en algo mundano. Como los negocios de Alberto González Amador con el grupo Quirón, por ejemplo. Líos de cuentas, que dirían nuestros abuelos. En fin, él sabrá. Problemas contables que nada tienen que ver con Isabel Díaz Ayuso. Porque ella ¡qué va a saber! Los negocios son cosas de hombres. Y las mujeres listas lo mejor que pueden hacer es ver, oír y callar. O ni eso siquiera. Cuantos menos sepas, mejor. Isabel es una mujer lista, fíjate dónde ha llegado. Y sabe perfectamente –como bien le aconseja su amigo, Miguel Ángel Rodríguez– que no hay que meterse en cosas de hombres. Ni en los negocios de su pareja, ni en los de su hermano, ni en los de su padre.

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José Manuel Rambla es periodista.

Esa imagen cotidiana es, en realidad, el símbolo de una de las grandes historias de éxito de nuestra democracia. Junto al sistema público de salud, la educación no universitaria y el sistema de pensiones, la universidad pública ha sido uno de los pilares fundamentales de la modernización española y un motor decisivo de igualdad de oportunidades.

En 1982, España contaba con apenas 28 universidades públicas concentradas en 22 provincias, unos 450.000 estudiantes y una tasa de acceso universitario del 10% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Hoy, el país tiene 50 universidades públicas distribuidas por todo el territorio, más de 1,3 millones de estudiantes en el sistema público y una tasa de acceso que supera el 30%.

Sin embargo, este logro colectivo se enfrenta hoy a tensiones que no pueden ignorarse. Las universidades españolas lidian con transformaciones tecnológicas que alteran profundamente los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Al mismo tiempo, muchos jóvenes afrontan incertidumbres sobre qué podrán estudiar y, de forma creciente, sobre si podrán costear su formación si no acceden a la universidad pública. Estos retos no son ajenos al contexto global, pero tienen en España una dimensión específica que exige una respuesta concreta.

Y es que el sistema universitario español se ha transformado de manera radical en los últimos años. Históricamente, estuvo compuesto por una amplia mayoría de universidades públicas de reconocida calidad y un número reducido de instituciones privadas con trayectoria acreditada. Ese equilibrio ha desaparecido.

En el próximo curso habrá, por primera vez, más universidades privadas que públicas en España. Desde el inicio del siglo XXI se han creado 26 nuevas privadas y ninguna pública. El número total de estudiantes ha alcanzado un récord de 1,9 millones, incluyendo los sistemas público y privado, y la enseñanza privada ya capta cerca de un tercio del estudiantado.

La magnitud del cambio se percibe con claridad en las cifras comparadas: mientras en la última década el número de estudiantes en universidades públicas creció un 2%, en las privadas lo hizo un 129%. Este crecimiento no es en sí mismo problemático, pero se ha producido en condiciones que sí lo son. Hoy, el 14% de los préstamos privados en España se destinan a financiar costes de formación, un indicador elocuente de la presión económica que ejerce el encarecimiento de la educación superior sobre las familias.

El auge de la universidad privada se ha desarrollado sobre dos fallas estructurales que, combinadas, representan una seria amenaza para la calidad del sistema.

La primera es la debilidad regulatoria. Algunas comunidades autónomas han autorizado la creación de universidades privadas a pesar de contar con informe negativo de la Conferencia General de Política Universitaria, un informe preceptivo de nuestro Ministerio que, sin embargo, no tiene carácter vinculante. Este vacío ha permitido la proliferación de centros de dudosa calidad.

Como ocurre en otros sectores, la regulación se percibe como innecesaria cuando el sector es pequeño; pero cuando ha crecido de forma descontrolada, corregir sus consecuencias resulta más difícil y costoso.

El profesor Daniel Levy acuñó el término "expansión inesperada" para describir este fenómeno en múltiples países, y sus efectos negativos son bien conocidos: deterioro académico, endeudamiento de familias y estudiantes, y erosión de la función social de la universidad.

La segunda amenaza es la infrafinanciación de la universidad pública. El estudiantado sigue prefiriendo claramente la enseñanza pública, ejemplo de ello son las notas de corte que son cada vez más altas en determinados grados, pero las universidades públicas no pueden satisfacer esa demanda porque carecen de los recursos necesarios.

La responsabilidad principal recae sobre los gobiernos autonómicos, que tienen la competencia de financiar sus universidades públicas, y algunos no han estado a la altura. El resultado es que estudiantes que preferirían cursar una titulación pública se ven empujados hacia la oferta privada, con los costes personales y sociales que eso implica.

Experiencias similares en Asia y América Latina evidencian los peligros de este modelo; aumento de la desigualdad, deterioro de la calidad académica, endeudamiento de las familias y pérdida del carácter democratizador de la universidad. España no puede permitirse seguir ese camino.

Por ello, el Gobierno de España ha decidido actuar en dos frentes simultáneos.

El primero ellos es en materia de regulación, el año pasado aprobamos el Real Decreto 905/2025, que eleva los criterios de calidad exigibles para la creación de nuevas universidades: cualificación del profesorado, amplitud de la oferta docente, inversión en investigación y experiencia acreditada de los promotores, entre otros indicadores. Es un primer paso necesario, aunque no suficiente.

El segundo de ellos es en materia de financiación, el objetivo es alcanzar el 1% del PIB en inversión pública en universidades para 2030, tal como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Para avanzar en esa dirección, el Gobierno ha puesto en marcha cuatro iniciativas concretas. La primera de ellas es una apuesta decidida por el sistema de becas universitarias, que ha crecido un 83% desde 2018, reforzando la igualdad de oportunidades.

Segundo, hemos impulsado la UNED con la creación de 20.000 nuevas plazas en grados y másteres de ámbitos estratégicos, un 46% más de la oferta actual, a precios públicos y accesibles.

Tercero, la financiación de la investigación y la atracción de talento en universidades ha crecido un 40% desde 2018 en las principales convocatorias.

Y cuarto, junto a las comunidades autónomas, hemos puesto en marcha el Programa María Goyri, que contempla la contratación de 5.600 profesores ayudante doctor con compromiso de estabilización posterior. Hoy en día más de 3.400 ya se han incorporado este curso, rejuveneciendo y ampliando las plantillas universitarias.

Esta es la vía en la que creemos y en la que vamos a seguir trabajando: más recursos y mejor regulación. El sistema universitario español merece un compromiso compartido entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las propias universidades. El objetivo es uno solo, garantizar una universidad pública de calidad que siga siendo motor de progreso social y de igualdad de oportunidades para todos.

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Juan Cruz Cigudosa es el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.

Hay procesos judiciales que no se entienden tanto por sus autos como por su eco. Se desvirtúan al hacerse públicos. Sus reglas internas se ven contaminadas por el escenario. El expediente pertenece al ámbito de lo verificable, pero su resonancia se rige por reglas inestables, donde el Derecho deja de ser un sistema de garantías y se vuelve relato colectivo.

El caso de Begoña Gómez se ha desplazado a un territorio donde el Derecho, la política y la conversación mediática conviven en una simbiosis perversa que se retroalimenta de los otros elementos.

El Derecho penal moderno se sostiene sobre una tensión permanente entre dos principios: la presunción de inocencia y la necesidad de asegurar la eficacia del proceso. Las medidas cautelares —como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país o la obligación de comparecencias periódicas— forman parte de ese equilibrio inestable.

Su finalidad es preventiva, no punitiva. Técnica, no simbólica.

Esa distinción, nítida en los manuales, se vuelve menos evidente cuando el procedimiento afecta a figuras de alta exposición pública. Entonces ya no se interpreta solo la medida, sino su contexto, y éste a veces pesa tanto como la norma.

La teoría jurídica rara vez logra preservarse intacta cuando entra en contacto con casos de alta densidad política.

Conviven la literalidad de una decisión y su traducción pública en un entorno mediático saturado de interpretación inmediata. Cada resolución judicial es fragmento de una narración mayor, ya en marcha antes que el procedimiento comenzara.

La discusión sobre la proporcionalidad y la motivación de las medidas cautelares en contextos de alta exposición institucional es recurrente. Algunos juristas sostienen que deben ajustarse al marco ordinario de apreciación judicial. Otros subrayan que la intensidad de la exposición pública exige una justificación rigurosa, para evitar lecturas distorsionadas. Ambas posiciones conviven en el ordenamiento legal.

El caso de Begoña Gómez ha sido absorbido por la política, que lo interpreta según sus propios códigos. El Gobierno denuncia una judicialización excesiva del conflicto político. La oposición interpreta el proceso como síntoma de deterioro institucional. Y con frecuencia la opinión pública no discrimina entre lecturas jurídicas e interpretaciones del poder.

En esa superposición de planos —jurídico, mediático, político— emerge una vieja pregunta que España conoce bien. ¿Qué ocurre cuando la justicia deja de ser percibida como un espacio de resolución y es percibida como un espacio de confrontación?

El problema no es nuevo. Lo novedoso es la aceleración “vertiginosa”. Entre el auto judicial y su interpretación política apenas transcurren minutos. Segundos. Entre la decisión y su transformación en consigna no hay apenas mediación. El relato se impone de forma automática, antes de que el hecho haya terminado de formularse.

Javier Cercas insiste en que las democracias no se sostienen en la unanimidad, sino en la aceptación de procedimientos imperfectos que permiten la convivencia. Y esa aceptación depende de una condición frágil: la confianza. Cuando se mina, el procedimiento pierde la capacidad de generar legitimidad compartida.

El efecto erosivo es acumulativo.

También la literatura ha descrito esa tensión entre realidad y relato. Javier Marías desconfiaba de las narraciones cerradas y las explicaciones demasiado limpias acerca de asuntos sucios. Esa desconfianza, trasladada al presente, adquiere una dimensión casi institucional. La opinión pública se siente impulsada a hacer suyos los mensajes de interpretación sesgada, que se le ofrecen de forma inmediata.

Y ya nadie advierte que esa inmediatez de “ver el árbol que uno tiene en frente” tiene consecuencias: impide alzar la vista para contemplar el bosque.

El caso de Begoña Gómez deja de ser solo procedimiento judicial y se convierte en espacio simbólico donde se proyectan tensiones más amplias. Jurídicas, políticas y mediáticas. El expediente en apariencia respeta la lógica interna, pero su percepción pública lo desborda.

Las personas implicadas son al tiempo sujetos procesales y figuras “juzgadas públicamente”. Sobre ellas se proyectan sospechas, expectativas e interpretaciones interesadas.

Miguel Hernández lo expresó desde otro tiempo histórico, con una intensidad que aún hoy resulta incomoda. En su El hombre acecha escribió: “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo.”

No es un lema. Es una condensación de experiencia histórica. La libertad entendida no como abstracción, sino como algo que se ejerce incluso en condiciones adversas.

Hernández no escribía desde la distancia. Escribía desde la urgencia. Quizá por eso su voz reaparece en momentos en los que la noción misma de libertad vuelve a ser objeto de debate público.

En esa misma tradición de pensamiento crítico sobre la democracia, María Zambrano propuso una idea que hoy cobra una resonancia particular. La democracia, decía, no es solo un sistema político. Es también una forma de razón. Una “razón poética” capaz de sostener la complejidad sin reducirla a esquemas cerrados.

Una forma de pensamiento que no se apresura a cerrar el sentido.

Esa idea es relevante en un entorno donde la realidad pública se acelera hasta volverse casi instantánea y todo tiende a interpretarse de inmediato, desdeñando el posible error de apreciación y la pérdida del matiz diferencial.

Cuando todo se juzga ¡ya! nada se comprende jamás.

El caso de Begoña Gómez no puede reducirse a una sola lectura sin empobrecerlo. Es al tiempo procedimiento judicial —con sus tiempos y garantías—, acontecimiento político —en un contexto de alta polarización— y fenómeno mediático que amplifica, selecciona y reorganiza la información según sus propias dinámicas.

El riesgo no reside en la existencia de estas capas, sino en su colisión constante.

Cuando un caso concreto se vuelve “símbolo total” —de legitimidad institucional o de su cuestionamiento—, el espacio intermedio desaparece. Y sin ese espacio la democracia se ahoga y pierde una de sus condiciones esenciales: la capacidad de convivir con la incertidumbre.

“Begoña somos todos” no es una afirmación literal. Tampoco es una consigna. Es una advertencia sobre el peligro que corremos todos. Dañar la justicia, la política y la imparcialidad de los medios es dañar los fundamentos de la democracia y del estado de derecho.

Cualquier figura situada en el centro del foco institucional deja de pertenecer exclusivamente a su individualidad. Se convierte en superficie de proyección colectiva.

Y esas proyecciones no son neutrales. Simplifican. Ordenan. Condensan.

En ese proceso se pierden los elementos que el Derecho necesita para funcionar: los matices, los tiempos largos, las distancias necesarias para deliberar sin urgencia.

La cuestión de fondo no es quién tiene razón. Sino cómo evitamos la progresiva demolición del Derecho.

La vida necesita tiempo. Es decir, tiempos distintos.

Tiempos en los que el Derecho pueda operar sin ser inmediatamente absorbido por la política o por el ruido mediático.

Cuando todo se interpreta al mismo tiempo, el juicio deja de ser posible. Y solo queda el reflejo.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

Hasta ahora el discurso de cualquier organización ecologista/medioambiental tenía (tiene) como eje central la eliminación del uso del carbón, de combustibles fósiles (gas, petróleo) y de la energía nuclear, para sustituirlos por la obtención de energías renovables a través de la implantación masiva y acelerada de captadores solares, eólicos, y térmicos o fotovoltaicos. De esta forma se combatiría el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el consumo de biomasa tradicional (madera básicamente) y la crisis energética que acaba con regiones enteras siempre dedicadas a agricultura o que eran simplemente Pampa, como en Argentina, para cultivar en ellas especies vegetales destinadas a biocombustibles, etc.

No obstante, la realidad es que la esfera material de la vida de la humanidad ya está decreciendo y está en juego cómo vamos a decrecer (Sonia Rubio), aunque una cosa es cierta, como siempre los más débiles son los primeros en decrecer con sufrimiento e injustamente. Fuera de lo que llamamos Occidente, los débiles son países enteros, como Sri Lanka, Líbano, Ecuador, Cuba, ..., y “dentro” de Occidente pasamos a hablar de personas y precarización. Para saber qué grado de “realidad” tienen las alternativas propuestas como elementos sustanciales de la transición energética, ahora que ya tenemos suficientes datos acumulados, los comunes debemos conocer la situación actual usando esos datos (The Oil Crash, Antonio Turiel). Quede claro que el alma de este texto proviene de datos, análisis y opiniones emitidas a lo largo de muchos años por personas referentes en este tema, como Sonia Rubio (expresidenta de Greenpeace España y Portugal, Ingeniera de Telecomunicaciones), Antonio Turiel (Doctor en Física e investigador del CSIC), Pedro Prieto (Ingeniero de Telecomunicaciones y experto internacional en energías fósiles y renovables), Alicia Valero (Doctora Ingeniera Química, especializada en la exergía del capital mineral de la Tierra), Rayonegro / Dark (autor en Substacks), y otros muchos que llevan tiempo previendo el colapso del sistema energético.

Primero, un poco de historia: el siguiente gráfico pone ante los ojos nuestro modo de vida. Vemos en él el consumo anual global de energía primaria según la fuente:

Bien sabemos que no hemos sustituido ninguna fuente de energía por otra. Hoy mismo vemos que China ha vuelto a consumir carbón masivamente para ahorrar petróleo ante los efectos de la guerra del Estrecho de Ormuz.

Problemas para afrontar una dependencia al 100% de las energías renovables. Uno de los principales es la suma de “estacionalidad”, “intermitencia” e “inestabilidad”, en cuanto a la producción de energía eléctrica desde fuentes renovables. Ver artículos de Beamspot en el blog de Turiel “The Oil Crash” (1, 2 y 3). Dependiendo de las estaciones y de las variaciones a lo largo de cada día, las centrales solares y eólicas rinden de diversa forma, especialmente las eólicas. Mientras no dispongamos de sistemas de almacenamiento masivo de energía, la intermitencia a lo largo del día en la producción energética renovable es un problema, ya que hay días nublados o sin viento, y existe la noche. En cuanto a la estabilidad sólo podemos explicarla de manera sencilla diciendo que los sistemas tienen que estar en fase pues consumimos corriente eléctrica alterna, no continua. Además, la producción de energía eléctrica, renovable o no, tiene que estar ajustada exactamente a la demanda, y ésta varía constantemente. Pensemos en cada vez que encendemos una luz, un horno, una farola, un aspirador o máquinas industriales eléctricas. 

Como vimos en el reciente “apagón”, el uso de la energía eléctrica de origen solar y eólico está absolutamente unido a la producción de energía de respaldo mediante las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas fósil. El objetivo es respaldar al sistema renovable, para cubrir las irregularidades en su producción y mantener todo el sistema eléctrico nacional interconectado en fase con tolerancias de milisegundos.

Antes de hablar del “problema de fabricación de centrales solares y eólicas” o de baterías masivas, comentamos someramente como se propone sustituir el gas fósil actual. Por el momento, solo aparece una alternativa más o menos rápida, aunque incapaz de una sustitución al 100%. Se trata del biometano. En España se consumen unos 250 TeraWatios anuales de electricidad (de los cuales una parte tiene origen en la quema de gas en ciclo combinado), pero lo fuerte es que, además, se consumen unos 350 TW de gas natural, porque la demanda térmica industrial (industria cerámica, etc.) es muy superior a la demanda eléctrica, y por el uso residencial ya que hay 8 millones de hogares con calderas. Esto es lo que se quiere sustituir con biometano, el teórico potencial de España, la sustitución del consumo residencial e industrial de gas fósil por bio, es algo que está medido y es de aproximadamente 165 TW. Esta sustitución se podría hacer con biometano pero ya no con hidrógeno verde (se acaba de abandonar a corto plazo).

¿Beneficio inicial además de la propia producción de biometano? Se usan residuos de vertederos y purines ganaderos que emiten metano, 50 veces más contaminante que el CO2, y generar biogás tiene un efecto positivo por la reducción de esos residuos. Los residuos si no se tratan se entierran y eso es dañino porque siguen las emisiones y sufrimos multas como país. Aunque la generación de biometano también genera CO2, previene la emisión de metano. ¿Problema? No hay una solución clara para un uso a gran escala (genera residuos de difícil tratamiento: el digestato), y sólo sería admisible para pequeñas centrales auto contenidas por el uso de residuos locales o muy cercanos, para no tener que transportarlos desde largas distancias. Aún no hemos hablado del transporte diésel, que supone el consumo de unos 600 TW, una auténtica locura que consume y contamina mucho más que el gas natural en términos de emisiones.

Con la energía eólica y la solar en España han hecho falta 30 años para llegar a producir 100 TW, lo cual casi cubre la mitad de la demanda eléctrica anual, pero… cero de la térmica para la industria (recordemos: 350 TW) …

Como dije en otras ocasiones…. ¡cojamos aire para seguir! … aún hay un par de aspectos que a la población no se le suelen poner sobre la mesa. Producir una cantidad de electricidad similar a la fósil desde una fuente eólica o solar requiere 25 veces más materiales, más raros y complejos de extraer (Alicia Valero), y tal vez ocupar hasta mil veces más territorio con la fotovoltaica. Según Simon Michaux, el cobre necesario para sustituir la energía fósil actual es más de 4.500 millones de toneladas y al ritmo de extracción de 2019, nos llevaría 189 años; de níquel sólo harían falta 900 millones de toneladas y 400 años; cobalto 1.700 años; grafito 3.200 años… (Sonia Rubio). Materiales como el cobre están siguiendo el mismo camino que el petróleo, cada vez se extrae menos; y sin cobre no hay cables, circuitos, etc. Lean “Los costes ocultos de la energía solar fotovoltaica” (Troszak) para hacerse una idea de la gran complejidad que tiene el proceso de obtención de silicio en grado metalúrgico. Todas las refinerías de polisilicio dependen de centrales eléctricas convencionales muy fiables y suelen tener dos alimentaciones separadas de alto voltaje (Sonia Rubio). Generalmente también se omite mencionar el gasto energético de la minería (Aretxabala) para obtener el cobre, cromo, manganeso, estaño, níquel, zinc, etc. etc.

Pero los materiales para fabricar placas fotovoltaicas, la minería, el transporte de residuos y purines, y lo necesario para instalar y mantener todo, no llegan por sí solos a las fábricas o los territorios. Todo ello conlleva un gasto energético en forma de transporte, maquinaria de extracción, combustible naval y de aviación, de fabricación de esos vehículos, sus neumáticos y plásticos, acero, aluminio, cableado, etc., que disminuye la Tasa de Retorno Energético (TRE) de la central solar o eólica. O sea, la relación entre la energía que produce y la energía que se consume para fabricarla y mantenerla (muy inferior al TRE usando carbón 1:3 vs 1:10). Tenemos un muy grave problema de dependencia del diésel, entre otras cosas.

Hay limitaciones físicas en la electrificación de sectores como la minería, el transporte pesado por carretera y mar, la aviación, la metalurgia… A día de hoy la energía renovable es muy poca frente al total de energía primaria que consumimos. No hay materias primas ni petróleo/gas para fabricar el equipamiento sustitutivo a nivel mundial.

Con los datos que tenemos a día de hoy, obtenidos progresivamente por el estudio de la problemática a lo largo de las últimas décadas, “las energías renovables eléctricas no pueden sustituir a las energías fósiles” (Sonia Rubio). ¿Qué nos queda? Eso me pregunté hace seis meses, cuando después de 30 años como socio de Greenpeace España y exconsejero, leí los estudios e información mencionados. Es del todo imposible que mantengamos el modo de vida actual con una energía alternativa a las fósiles. Y con las fósiles tampoco, debemos recordar que se están acabando, hace tiempo que anualmente consumimos más petróleo que el que extraemos, de peor calidad, y sin nuevos yacimientos reseñables, idem para materiales como el cobre y muchos otros.

Esta civilización tiene que hacer una transición forzosa, poniendo en el centro las necesidades vitales de todas y todos, usando una muy pequeña parte de la energía primaria actual, consumiendo muchiiiiisimo menos, rescatando el entorno y a la vez técnicas adecuadas y viables, sobre todo en los modos de agricultura, ganadería y del cuidado del agua. 

Casi no tenemos glaciares, pero sí un bonito Cambio Climático para tomar cañitas, porque se ha quedado buena tarde. ¿No les parece que este año se ha adelantado el verano?… Aprovechando el calorcito iré al Cantábrico, que ahora deja que te bañes sin tiritar.

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José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas.

Cada mes de junio, las calles de muchas ciudades se llenan de celebraciones y reivindicaciones por el orgullo LGTBIQA+, aparecen escaparates decorados con los colores arcoíris y campañas publicitarias que celebran la diversidad. Grandes empresas, bancos, multinacionales tecnológicas y marcas de moda compiten por mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQA+. A simple vista, podría parecer una señal clara de progreso social. Sin embargo, detrás de esta aparente celebración de la inclusión surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto este apoyo responde a un compromiso real con los derechos LGTBIQA+ y no simplemente a una estrategia comercial?

El capitalismo cuenta con una enorme capacidad para aprovecharse de movimientos sociales y transformarlos en productos de consumo. Lo que comenzó como una lucha política contra la discriminación, la violencia y la exclusión ha sido, en muchos casos, convertido en una herramienta de marketing. El Orgullo nació de la resistencia y la protesta, especialmente tras los disturbios de Stonewall en 1969, cuando personas queer se enfrentaron a la represión policial. Su esencia era profundamente reivindicativa: exigir derechos, denunciar injusticias y desafiar estructuras de poder. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de la atención mediática durante junio gira en torno a promociones especiales, colecciones temáticas y campañas corporativas.

Existe un fenómeno conocido como rainbow capitalism o "capitalismo arcoíris" que hace referencia precisamente a esta dinámica. Muchas empresas incorporan símbolos LGTBIQA+ a sus productos y estrategias publicitarias durante el mes de junio porque han identificado a la diversidad como un algo rentable. El apoyo a la comunidad se convierte así en una marca de modernidad y responsabilidad social que puede atraer consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La bandera del Orgullo deja de ser solamente un símbolo político para convertirse también en una herramienta comercial.

Pero cuando se examinan las acciones de estas compañías más allá de sus campañas publicitaria aparece la realidad. Existen empresas que celebran el Orgullo en países donde la aceptación social es amplia, mientras mantienen silencio en mercados donde defender los derechos LGTBIQA+ podría afectar a sus beneficios. Otras financian campañas de inclusión a la vez que apoyan, directa o indirectamente, a organizaciones o partidos políticos que promueven políticas discriminatorias. En estos casos, la diversidad se convierte en un recurso estético y comercial y no una concienciación real.

Un problema importante aparece cuando la reivindicación se transforma en un evento patrocinado por corporaciones, porque existe el riesgo de que las demandas más urgentes queden relegadas a un segundo plano. La discriminación laboral, la violencia contra las personas trans, la situación de quienes sufren rechazo familiar o las desigualdades que afectan a personas LGTBIQA+ racializadas o en situación de pobreza reciben mucha menos atención que las campañas de marketing diseñadas para generar una imagen positiva de su marca.

Por ello, el mes de junio debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la diferencia entre apoyo y apropiación. La comunidad LGTBIQA+ no necesita únicamente campañas publicitarias coloreadas de arcoíris, sino políticas concretas, derechos garantizados y una defensa constante de la igualdad durante los doce meses del año. 

Por último, me resulta importante resaltar que la crítica al capitalismo en este aspecto no busca rechazar la visibilidad ni negar los avances alcanzados. Pretende recordar que los derechos no son una mercancía y que las luchas sociales no deberían reducirse a oportunidades para las empresas de hacer negocio con ellas. El Orgullo emergió como una protesta social, no como una campaña de marketing. Mantener viva esa memoria es fundamental para evitar que la reivindicación quede opacada por el consumo y para asegurar que la búsqueda de igualdad siga siendo un objetivo político antes que una estrategia comercial.

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Andrea Mezquida es psicóloga, formadora con perspectiva de género y experta en psicología afirmativa (LGTB).

En junio del 2025 tomamos la decisión de reocupar nuestro territorio en Trujillo, Honduras, porque los canadienses que lo ocupaban, en un resort frente al mar caribe, traficaban con piezas arqueológicas que ya estaban incautadas y nosotros reivindicamos nuestra cultura. Ellos dicen que son millonarios. Pero nosotros somos los millonarios porque no hay cantidad de dinero posible para decir lo que tenemos: la tierra es el número uno y lo más importante de todo. Por eso, defendemos y creemos en la tierra. No nos gusta la explotación. Ahora tenemos un centro de saberes ancestrales que se llama Hachari Wayunagu (solar de nuestros antepasados, en lengua garífuna).

En el ámbito espiritual el mar es muy importante. En los resorts los dueños privatizan el acceso a la playa y al mar. Incluso marcan su territorio dentro del agua donde ponen áreas restringidas en las que no se puede pescar, ni pasar. El mar es una de las partes más importantes en la vida de un garífuna. Desde siempre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre han ido a la pesca. De ahí traen el sustento para la proteína dentro del hogar. El mar cumple en la vida y en la espiritualidad un rol muy importante porque es un Dios que nos sirve para limpieza y para protección.

El territorio que reocupamos en el departamento de Colón es un camino que viene del centro de Trujillo y va hacia las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. Cuando el canadiense Randy Roy Jorgensen, llamado el “rey del porno”, estaba en nuestro territorio, no se podía pasar porque él tenía cercado y puso rompeolas para detener el mar. Una de las problemáticas es que vienen, según ellos, a invertir y, más bien, llegan a hacer daño: hacen su proyecto y dejan más pobre a la comunidad que es la dueña del territorio.

El gobierno siempre quiere atacarnos y minimizarnos y que los garífunas quedemos en el olvido. Por eso, estamos pendientes de la gestión del Presidente Nasry Asfura porque sabemos que las cosas no van a ser fáciles.. Sabemos que la lucha va a ser difícil, pero tampoco vamos a dejar de luchar. Aquí vamos a estar pase lo que pase. Al final de cuentas los territorios son nuestros. Los antepasados nos los dejaron como legado. Los garífunas no somos de armas, somos gente de paz. Queremos salvaguardar y enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos la importancia de la tierra.

Tenemos que defender nuestras tierras porque vivimos del cultivo. Creemos en la siembra. Ahí está la vida. Pedimos que nos respeten porque nosotros no somos gente violenta. Nos ha tocado ir a las calles y nuestra mayor arma es nuestra espiritualidad, nuestro humo, nuestras maracas, nuestro tambor, nuestros instrumentos. Con eso salimos a pelear y a exigir que nos den el derecho de poder vivir dentro de nuestro territorio. La búsqueda es la de un matriarcado. Desde siempre las mujeres son las que han liderado el pueblo garifuna.

Desde la historia nos cuentan que, en 1635, dos barcos españoles naufragaron frente a la costa de San Vicente, una isla del Mar Caribe y las personas que estaban siendo transportadas para esclavizarlas pudieron escapar a nado. Los caliponan (o caribes rojos) les dieron refugio y de la mezcla surgió el pueblo garífuna o caribe negro, una mixtura entre las tradiciones caribeñas y africanas. Los ingleses expulsaron a los garífunas de San Vicente y 2.026 sobrevivientes fueron llevados a Punta Gorda, en la Isla de Roatán, el 12 de abril de 1797 y esa es la fecha en la que se celebra el “día de la llegada”. De ahí se trasladaron a Trujillo. Por eso, las tierras que reocupamos son ancestrales.

Cuando Joseph Chatoyer, Satuyé (el que carga bien), el mayor estratega militar y político del caribe negro, descripto como muy alto, de “porte imponente y dotado de una inteligencia extraordinaria”, por los ingleses a los que combatió en una rebelión que inició y por la que murió luchando el 14 de marzo de 1795, se venía abajo, la que lo inyectaba era Barauda, una guerrera ancestral, una figura femenina legendaria, un símbolo de resistencia y una estratega intelectual de la lucha contra el colonialismo inglés en el Siglo XVIII, en San Vicente. La mujer garífuna cumple un rol muy importante, es la cabeza del hogar y de todos los ámbitos. Siempre lleva la batuta. Es la protagonista.

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Joezeline Martínez Lideresa garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña.

Acabo de leer La república por venir, de José Antonio Pérez Tapias, que me parece llega en un momento oportuno porque la democracia atraviesa una crisis que ya no puede explicarse únicamente por el desgaste de los gobiernos o por la polarización política. Lo que está en cuestión es algo más profundo: la capacidad de los ciudadanos para influir realmente en las decisiones que afectan a sus vidas.

Pérez Tapias ofrece un diagnóstico sólido de esa crisis y recupera una vocación política que merece mayor atención, el republicanismo. Su idea de la libertad como ausencia de dominación resulta especialmente pertinente en una época en la que millones de personas experimentan formas de dependencia económica, laboral y tecnológica que limitan de hecho la libertad.

Sin embargo, al cerrar el libro me quedó una impresión que considero importante compartir. El republicanismo contemporáneo ha desarrollado con notable éxito una teoría de la democracia deseable, pero sigue teniendo dificultades para formular una estrategia de transición que permita alcanzarla.

Sabemos la república que queremos. Pero no cómo construirla.

Durante décadas, una parte significativa del pensamiento progresista ha concentrado sus esfuerzos en la crítica. Ha denunciado la desigualdad, la concentración del poder económico, la degradación de la esfera pública y la insuficiencia de las democracias representativas. Esa crítica era necesaria. Pero hoy resulta insuficiente. Los ciudadanos no sólo necesitan diagnósticos; necesitan propuestas capaces de traducirse en instituciones.

Si hablamos de libertad como no dominación, debemos preguntarnos qué reformas concretas reducen esa dominación. Si hablamos de participación democrática, debemos identificar mecanismos efectivos para ampliarla. Si defendemos una sociedad más igualitaria, debemos explicar mediante qué instrumentos políticos y económicos puede hacerse realidad.

La república por venir necesita una hoja de ruta, y se podría comenzar por fortalecer los espacios de deliberación ciudadana. Garantizar la libertad de conciencia, los procesos participativos vinculantes o nuevas formas de consulta pública no sustituyen a la democracia representativa, pero pueden complementarla y revitalizarla.

También exige abordar la dimensión material de la libertad. Resulta difícil hablar de ciudadanía plena cuando el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio, cuando la precariedad laboral condiciona proyectos vitales enteros o cuando amplias capas sociales perciben que trabajan más para vivir peor. La libertad política necesita condiciones materiales que la hagan posible.

Al mismo tiempo, el ideal cosmopolita defendido por Pérez Tapias requiere una traducción institucional más concreta. La cooperación internacional es indispensable para afrontar desafíos como la crisis climática, la fiscalidad de las grandes corporaciones digitales o los movimientos migratorios. Pero el cosmopolitismo ganará apoyo social si demuestra que puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y no sólo expresar una aspiración moralmente encomiable.

Existe además una cuestión que la izquierda democrática no debería seguir ignorando. El auge de opciones populistas y de extrema derecha no puede entenderse exclusivamente como una anomalía ideológica. En muchos casos expresa frustraciones reales relacionadas con la pérdida de control sobre las condiciones de vida, la inseguridad económica o la percepción de distancia respecto a las élites políticas. Combatir esas opciones exige defender la democracia, pero también escuchar los problemas que las alimentan.

Por eso creo que el debate abierto por Pérez Tapias merece continuar. No para corregir el ideal republicano, sino para completarlo. El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en imaginar una democracia más libre, más igualitaria y más fraterna. Consiste en identificar las reformas, las instituciones y las alianzas sociales capaces de hacerla posible.

La república por venir necesita una teoría de la transición. Necesita puentes entre el horizonte normativo y la realidad política. Porque las democracias no cambian sólo cuando aparecen buenas ideas. Cambian cuando esas ideas encuentran la manera de convertirse en poder ciudadano organizado.

Y quizá esa sea hoy la tarea pendiente más urgente para quienes siguen creyendo que la democracia puede ser algo más que la administración de lo existente.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El nuevo Dedómetro –edición Andalucía 2026 de la Fundación Hay Derecho– analiza los perfiles de 153 máximos responsables de 40 entidades del sector público institucional andaluz (128 entes), el segundo más grande de España después del catalán (271 entes).

La investigación evalúa cinco variables que cualquier persona podría identificar como razonables para asumir la dirección de una organización pública: formación, experiencia profesional, experiencia en gestión, conocimiento específico de la materia e independencia política. Se trata de criterios tan elementales como poco discutidos cuando se habla de calidad institucional y gobernanza empresarial. Precisamente por ello, el estudio busca resaltar una pregunta que rara vez (pre)ocupa en el debate público con la atención que merece: ¿en manos de quién estamos dejando la dirección de empresas y entes públicos?

En promedio, el índice global de mérito y capacidad apenas alcanza un 5,4 sobre 10. Al desglosar los indicadores, se observan realidades muy distintas. La experiencia profesional general obtiene una media de 7,7 puntos, la independencia política 7,5, la formación 7,3 y la experiencia específica sobre la materia 6,1. La experiencia en gestión de organizaciones de complejidad comparable es el peor indicador, con un 3,1 sobre 10 y registra una mediana de cero, lo que significa que una parte muy importante de los responsables analizados ha accedido a la máxima dirección sin experiencia acreditada en el manejo previo de estructuras similares.

Al respecto, uno de los aspectos más llamativos del estudio es la distancia que, en algunos casos, existe entre la misión de determinadas entidades y el perfil de quienes llevan su dirección. No resulta infrecuente encontrar organismos de elevada especialización técnica al frente de trayectorias académicas y profesionales desarrolladas en ámbitos muy distintos. Puede pensarse que esa diversidad puede enriquecer la gestión, aunque también plantea una pregunta legítima sobre el peso que el conocimiento específico del sector ocupa realmente en los procesos de selección.

Asimismo, se observa que la experiencia directiva funciona como un capital institucional transferible entre entidades de naturaleza muy distinta. Existen responsables que pasan de dirigir organismos agrarios a agencias digitales, de entidades de desarrollo empresarial a agencias ambientales o educativas, trasladando consigo una experiencia en gestión que parece valorarse por encima del conocimiento específico del sector.

Este informe también ha medido algo más que los perfiles directivos del sector público instrumental andaluz. Una de las mayores dificultades fue reconstruir la historia de las entidades, identificar a exdirectores, localizar resoluciones de nombramiento, seguir los cambios de adscripción entre consejerías o rastrear modificaciones de denominación. Esta dispersión obligó a un esfuerzo de arqueología digital en boletines oficiales, memorias y portales de transparencia. Un conglomerado que gestiona miles de millones de euros, presta servicios esenciales y cuyos directivos perciben una retribución media de 70.000 euros anuales, debería ofrecer esta información de forma accesible.

Los resultados muestran que estamos frente a una cultura institucional que continúa desarrollándose de forma desigual. De las 40 entidades analizadas, únicamente 10 establecen requisitos formales para acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva, mientras 30 carecen de criterios objetivos suficientemente definidos sobre formación o experiencia. Las entidades que, por su naturaleza, y desde su creación, cuentan con requisitos, como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, obtienen mejores indicadores agregados de mérito y capacidad, una conclusión que difícilmente puede sorprender cuando las reglas delimitan con claridad las trayectorias consideradas adecuadas para dirigir una organización pública. A su vez, entidades que estatutariamente han incorporado requisitos objetivos para acceder a la dirección, como Andalucía Emprende, empiezan a presentar perfiles más consistentes y mejores indicadores.

El análisis por género aporta otra perspectiva relevante. Las mujeres acceden a estos puestos con mejores niveles de formación académica, una experiencia profesional prácticamente equivalente y un conocimiento específico similar sobre las materias que posteriormente gestionarán. La principal diferencia vuelve a localizarse en la experiencia previa en gestión. Una vez alcanzan la máxima responsabilidad permanecen más tiempo en el cargo y no presentan diferencias relevantes respecto de la independencia política, lo que desplaza el foco desde el nombramiento hacia las oportunidades previas para construir una carrera directiva.

La experiencia andaluza otorga a estas cuestiones un significado particular. La trayectoria de la Agencia IDEA permite observar de forma especialmente nítida algunos de los problemas que atraviesan este estudio. Durante años fue uno de los principales instrumentos de política económica de la Junta de Andalucía, gestionando incentivos, préstamos, ayudas empresariales e importantes recursos públicos. Al mismo tiempo, sus estatutos no exigían requisitos específicos para acceder a la Dirección General y la elevada rotación de responsables impidió consolidar una pauta estable de profesionalización. El propio Dedómetro refleja esa alternancia entre perfiles con una sólida experiencia en gestión pública y otros cuya relación con la misión específica de la entidad resulta mucho más discutible. La posterior integración de buena parte de sus funciones en TRADE constituye una oportunidad para comprobar si la reforma institucional ha servido también para reforzar las reglas de acceso y la calidad de la dirección pública.

Ese es, probablemente, el principal interés del Dedómetro Andalucía. Más que ordenar perfiles o repartir puntuaciones, el informe permite observar cómo una administración construye su propia dirección pública. Quién llega, con qué experiencia, bajo qué reglas y con qué continuidad dejan de ser preguntas accesorias para convertirse en indicadores de calidad institucional. Al fin y al cabo, una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas.

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Germán J. Arenas Arias es investigador de la Fundación Hay Derecho. Doctor por la  Universidad de Alcalá, especialista en Políticas Públicas y máster en Derecho  Constitucional por el CEPC-UIMP. Su trabajo académico se centra en el buen gobierno y la  calidad institucional en las democracias contemporáneas.

Una noche, cenando con unos viejos compañeros de facultad, nos pusimos a redactar entre risas y copas una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Si eres juez y la Audiencia te revoca cinco decisiones en un asunto, multa; si te revoca diez, fuera del procedimiento; si te revoca 15, fuera de la profesión; y si te revoca 20, a la cárcel. Recuerdo aquella sobremesa entre carcajadas y frivolidades, pero jugando con cierta seriedad en el fundamento. Porque ser juez era en aquellos años algo serio, algo que comprometía de responsabilidad un cargo ejercido como función, la jurisdiccional. Y tendría que ser así porque, como he dicho otras veces, la independencia judicial cuenta necesariamente con la contrapartida de la responsabilidad, pero no como un elemento de discurso deseable, sino como una realidad imprescindible: un juez independiente que no responde ante nadie es un tirano. Lo dijo Eugenio Montero Ríos hace 150 años, nada menos, así que échenle cuentas: cuando un discurso tan antiguo resulta actual, malo; cuando resulta atrevido, peor. Pero no necesitaríamos ir tan atrás en el ámbito orgánico de nuestra estructura judicial: cualquier padre de adolescente sabe que los hijos, si quieren ser independientes, tienen que ser responsables; si no lo son, convierten la casa en un infierno de tiranía.

La decisión de quitarle el pasaporte a Begoña Gómez me parece honestamente un despropósito. He querido buscarle otra definición, una interpretación alternativa, algún enfoque que lo hiciera comprensible. No la he encontrado, sin duda por mis propias limitaciones; no puedo descender tanto en el abismo de lo irrazonable para rebuscar en el lodo del absurdo los motivos que justificarían según qué decisiones.

Lo mismo me sucedió el otro día con la propuesta de Luzón, a través de fiscales mandatarios, de quitarle el pasaporte a Zapatero. Quiero creer que los fiscales que plantearon a Calama semejante idea sabían de sobra que no hay ningún dato, ningún indicio, ninguna sospecha de que Zapatero vaya a escaparse de España hacia alguna selva ignota. De verdad, seamos serios. La petición de que le quitaran el pasaporte no se formulaba como medida cautelar, porque no había cautela que cubrir, sino como una suerte de castigo anticipado. Pero esta finalidad de represalia adelantada, con el objetivo mal disimulado de desmerecer al encausado en la opinión pública, no está contemplada en nuestra legislación. La Fiscalía Anticorrupción debería saber mantener la ecuanimidad y serenidad de juicio suficiente como para no pedir lo improcedente (y, al mismo tiempo, pedir lo procedente en otros casos, como en relación a ese modelo de nueva ciudadanía que es Víctor Aldama).

Pero si la postura de la Fiscalía en el caso de Zapatero parecía incomprensible, la decisión de Peinado de imponer cautelares a la mujer del presidente ya resulta un triste disparate, por más que fuera esperable: en esta deriva social en la que estamos, nos abotarga la convicción de que cada día nos encontraremos algo peor que la víspera.

En mayo de 2024, Peinado sostuvo que quitarle el pasaporte a Begoña Gómez le parecía una iniciativa “totalmente infundada e incluso descabellada”. Dos años después, sigue siendo igualmente infundada y descabellada; la diferencia ahora es que el juez ha optado por dejarse llevar por lo infundado y descabellado.

La pregunta, formulada en serio, sería: ¿cree Peinado que la mujer del presidente va a huir de España? No sé qué respuesta me resulta menos inquietante pero, más allá de las posibles contestaciones, hacerme la pregunta no califica ni apunta al juez, sino que me interpela a mí mismo: ¿hay alguien que nos está tomando por bobos? La hipótesis de huida es una locura, y la insinuación gratuita de que sus escoltas podrían ayudarla a escapar al extranjero es una inferencia que me resisto a calificar sin recurrir a términos médicos. Una pena. En este ambiente tan polarizado de política e irracionalidad que sufrimos, cualquier decisión, por más indocumentada que parezca, siempre encontrará alguien que la defienda.

Lo más estrambótico y alocado de este escenario es que, muy probablemente, los viajes al extranjero que pudiera realizar Begoña Gómez serían en favor y beneficio de nuestro país; viajes para los cuales Begoña tendría que abandonar sus trabajos, dejar sus clases y ocupaciones habituales y acompañar en visitas, convenciones, paseos y protocolos a su marido. Toda esta labor, y aquí ya estamos bordeando lo insensato, Begoña tendría que asumirla sin cobrar ni un solo euro. Gratis total. Tendría que acompañar, qué se yo, a la mujer de un embajador de Zimbabue o pasear con la esposa del presidente de China en tardes de burocracias y compromisos, no solo sin ganar nada, sino perdiendo tiempo para gestionar sus cosas y sus ocupaciones propias. Pero he aquí que si el Estado pone una asesora a su disposición para que le ayude en sus labores diarias, para que gestione su agenda, para que mande en su nombre los correos que ella no tiene tiempo para enviar en su trabajo particular, entonces los magistrados le dirán que está perjudicando al Estado, malversando caudales públicos, porque habrá de asumirse que su labor como esposa es gratuita y servil. La esclava del señor. No hay ley ni norma que diga que la mujer del presidente no puede tener ayuda pública para sus negocios privados; ni la hay ni sería justo que la hubiera, porque sin esta ayuda se vería en la obligación de dejar su trabajo propio en beneficio de su esposo. Así que le juzgarán por vulnerar una ley que no existe. Todas las esposas de presidentes tuvieron asesores, secretarios y asistentes que le ayudaban en sus ocupaciones y le llevaban las bolsas de la compra; ¡Aznar incluso regaló a la suya la alcaldía de Madrid, que no había candidato mejor! Pero eso no es delito. Sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez, que trabaja gratis para el Estado, no puede tener ni siquiera una asesora que mande correos en su nombre.

Me cuesta asumir más tonterías de las imprescindibles. Es imposible que a Peinado se le haya pasado por la cabeza que la mujer del presidente vaya a irse de España. Verdaderamente imposible. Y lo digo a su favor, porque si realmente se le pasara por la cabeza, sería más preocupante. Me parece más plausible que este juez de caballería y librea haya adoptado esta decisión rocambolesca con la idea de ir consolidando un escenario que reste capacidad de maniobra a la Audiencia Provincial, que todavía tiene pendiente de resolver los recursos contra la incoación de este procedimiento del Tribunal de Jurado que el juez ha dado ya por concluido. Peinado se apresura a tomar decisiones con urgencia una sobre otra, como esos albañiles malos que, conscientes de que han construido unos cimientos deplorables, se apresuran a colocar líneas y líneas de ladrillos sobre ellos, en la esperanza de que a sus jefes, al ver tan avanzada la obra, les dé pereza rectificar a su obrero incompetente. Y un juez con pereza es un juez poco valiente.

En fin, en dos años de instrucción consta que la Audiencia Provincial ha rectificado en torno a 20 decisiones de Peinado en este asunto; tal vez más. Tiene suerte de que la ley que unos amigos perfilamos entre bromas no haya pasado de proyecto imaginario. Este Poder Judicial de togas manifestantes y levantiscas hace tiempo que tomó la decisión de dejar sueltas las riendas de sus elementos más pendencieros y reaccionarios, a quienes nunca pedirá cuentas de sus desmanes, dejándolos tan independientes como irresponsables.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

“Si existe la música es para agitar sentimientos. Punto”, dice Carolina Sarmiento en su nuevo libro Las fronteras, y eso es lo que ocurre siempre que escuchamos música en buenas condiciones: se nos abre o se nos cierra una herida; se despiertan recuerdos que creíamos dormidos para siempre; se olvidan penas que impedían respirar; se libera la garganta de las piedras que no permitían hablar y una suerte de aire cálido envuelve el entorno.

Desgraciadamente el consumo de música en directo ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Los conciertos ya no están diseñados para ti ni para gente que podría considerarse normal —sea eso lo que sea—. Alrededor de los conciertos hay especulación y grandes beneficios para unos cuantos que se constituyen en monopolios.

Detrás de las imágenes de estadios repletos, récords de recaudación y colas virtuales de millones de personas para ver a las superestrellas globales, se está produciendo una transformación silenciosa del negocio de la música en directo. Los conciertos nunca habían sido tan rentables ni tan populares, pero tampoco había sido tan difícil para el público acceder a las entradas en condiciones justas.

La experiencia se repite de manera constante. Las localidades se agotan en cuestión de minutos. Miles de usuarios denuncian errores en las plataformas, posiciones imposibles en las colas virtuales o incrementos inesperados e injustificados del precio durante el proceso de compra. Horas después, las mismas entradas reaparecen en plataformas de reventa a precios que multiplican varias veces su valor original. Y para el asombro general, las entradas se venden.

El responsable de este fenómeno es un ecosistema complejo en el que intervienen bots capaces de realizar compras masivas en segundos, revendedores profesionales que gestionan grandes volúmenes de entradas, intermediarios tecnológicos especializados y plataformas digitales que controlan buena parte de la distribución. La combinación de estos actores ha convertido la venta de entradas en un mercado altamente sofisticado donde la tecnología suele jugar a favor de quienes buscan maximizar beneficios y no necesariamente de los aficionados ni de los músicos que están fuera del circuito terrenal.

Ya, ya. Siempre ha habido reventa, sí, es cierto. Pero no a esta escala. Las herramientas automatizadas permiten monitorizar lanzamientos, saltarse limitaciones impuestas a los usuarios corrientes y adquirir cientos de entradas antes de que la mayoría de los compradores consiga acceder a la plataforma. Posteriormente, esas entradas se redistribuyen en mercados secundarios donde la escasez artificial dispara los precios.

A esta dinámica se suma la creciente concentración empresarial del sector. Un número reducido de compañías controla la organización de conciertos, la gestión de recintos y la venta de entradas en numerosos mercados. Esta integración vertical ha generado críticas por la falta de competencia y por la opacidad de determinados mecanismos de fijación de precios.

Y mientras tanto, las figuras más influyentes de la industria musical baten récords de asistencia y facturación; las plataformas, insaciables, incrementan sus ingresos por comisiones y los revendedores encuentran nuevos nichos de negocio. El gran perjudicado suele ser el aficionado, que se encuentra precios cada vez más elevados, es sometido a procesos de compra frustrantes y a una sensación creciente de que asistir a un concierto se ha convertido en un privilegio más que en una experiencia cultural accesible. Ansiedad incontrolable.

Pero volvamos al principio: a ese aire cálido que envuelve la música en vivo cuando nos alejamos de los gigantes materiales y nos rodeamos de titanes morales. Es el caso de los pequeños festivales, humildes, hechos con el corazón y desde el amor. El amor a la música, a la comunidad y a las personas. Como el LipeRock, que el 27 de junio celebrará la vida en Villaviciosa (Asturias) rindiendo homenaje a las personas queridas que ya no están físicamente pero que seguirán siempre a nuestro lado mientras las recordemos y honremos.

La maliaya Asociación Cultural Dakefalar, de reciente creación, ha sido la generadora de esta iniciativa en honor a Felipe Miravalles, Lipe, y rápidamente se han unido varias personas para ampliar el tributo a otros amigos y amigas que se han ido recientemente: Ñete, Xavi, Rosina, Paxa, Merino, El Tigre, Oscarín, El Leji…

Los organizadores han conseguido reunir a los mejores del rock astur, que emplearán el día entero para que este recuerdo quede engarzado en oro.

La jornada comenzará con una sesión vermú a cargo del rock underground de Jorge Explosión en el Café del Sol; por la tarde podremos disfrutar del genuino rock & roll de Robbie Savoy y sus "Rocking Robins" en el Rice; después, a partir de las siete, en el Parque del Pelambre, Pin Carter ofrecerá su pop eléctrico; le seguirá Pablo Und Destruktion presentando su último disco, Te quiere todo el mundo. Tras él, ROZA, la banda liderada por Kike Suárez y que cuenta además con Ramón G. Morán, Kike Planelles, Kiki Dee y para cerrar la noche el escenario será de Rafa Kas, figura imprescindible del panorama nacional.

Tinta Artificial, Dmasd Soluciones Electrotécnicas, Bypower y el ayuntamiento de Villaviciosa son algunos de los patrocinadores que apoyan este homenaje para el que no hay que comprar entradas, aunque sí se puede colaborar comprando papeletas para una rifa de las de toda la vida, porque, recordemos, se trata de celebrar la vida, algo que nos viene muy bien a todos y a todas.

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Asun Gómez Bueno es periodista y vicepresidenta del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión.

Existe una curiosa asimetría en la percepción pública de Pedro Sánchez.

Pocas figuras políticas españolas han sido sometidas a un escrutinio tan feroz, tan constante y tan emocional. Desde que alcanzó la presidencia, Sánchez no ha conocido tregua. Cada gesto, cada decisión, cada silencio y cada palabra han sido diseccionados con una intensidad que supera ampliamente la aplicada a la mayoría de sus predecesores.

Y basta cruzar las fronteras españolas para encontrarse con una imagen muy distinta.

Mientras dentro del país se le presenta a menudo como un dirigente oportunista, ilegítimo o incluso peligroso, fuera de él suele aparecer retratado como uno de los pocos líderes europeos capaces de exhibir personalidad propia en un escenario internacional cada vez más uniformado. Un político dispuesto a discrepar cuando otros callan. A incomodar cuando otros contemporizan. A defender posiciones impopulares cuando resultan coherentes con sus convicciones.

La diferencia entre ambas miradas resulta tan llamativa que merece una reflexión. Sánchez no es perfecto.

Sus gobiernos no están libres de errores.

No es inmune a los mecanismos de poder que afectan a cualquier dirigente.

La experiencia histórica aconseja prudencia frente a cualquier idealización de la política. Todos los partidos han conocido episodios oscuros. Todas las organizaciones humanas generan estructuras de influencia, intereses particulares y dinámicas de autoprotección. Pretender que existe una formación política moralmente pura equivale a desconocer la naturaleza humana.

Por eso resulta interesante observar qué sucede cuando dejamos de analizar a Sánchez como líder de una sigla y comenzamos a observarlo como fenómeno político.

Primero llama la atención su extraordinaria capacidad de resistencia.

La carrera política española está llena de dirigentes que parecían invencibles y desaparecieron tras una derrota, una campaña adversa o una crisis interna. Sánchez ha sobrevivido a todo ello. Ha sido apartado por los suyos, dado por amortizado innumerables veces, convertido en objeto de burlas y sometido a campañas de desgaste de una intensidad poco habitual en las democracias europeas.

Y continúa ahí.

Esa perseverancia suele interpretarse como ambición. Sin duda lo es. Pero también exige otra cualidad menos frecuente: fortaleza.

Vivimos en una época fascinada por los personajes.

La política se ha convertido en una competición de estímulos. Importan los apodos, las excentricidades, los gestos teatrales y las provocaciones virales. Un dirigente logra notoriedad por su peinado imposible. Otro por blandir una motosierra. Otro por su capacidad para insultar al adversario con mayor creatividad.

La atención se ha convertido en la moneda principal de nuestro tiempo.

Paradójico que el político español que más rechazo despierta sea también uno de los que mejor encajan en el molde clásico del liderazgo institucional.

Alto, elegante, correcto en las formas, disciplinado en el discurso y muy cuidadoso en su imagen pública, Sánchez recuerda más a los dirigentes de otra época que a las celebridades políticas contemporáneas.

La belleza siempre ha provocado sentimientos contradictorios.

La admiramos y la sospechamos.

La deseamos y la castigamos.

La celebramos cuando aparece lejos y la cuestionamos cuando la tenemos cerca.

No me refiero solo a la belleza física, aunque forme parte del fenómeno. Me refiero a esa combinación de presencia, autocontrol, confianza y capacidad comunicativa que históricamente ha acompañado a ciertos liderazgos.

Los españoles solemos considerarnos inmunes a esas influencias. Nos gusta pensar que juzgamos exclusivamente las ideas. Pero la realidad demuestra que la apariencia continúa desempeñando un papel enorme en nuestras valoraciones.

¿Qué ocurriría si parte de la animadversión hacia Sánchez procediera precisamente de las cualidades que más admiramos en otros lugares?

¿Qué ocurriría si el mismo político que suscita recelos en un bar de provincias fuera celebrado como estadista en una cumbre internacional?

No sería la primera vez.

España mantiene una relación compleja con la excelencia individual.

A menudo celebramos a nuestros compatriotas cuando triunfan lejos y los sometemos a un escrutinio despiadado cuando permanecen cerca.

La literatura española está llena de observaciones sobre este fenómeno. Cervantes escribió que “la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. Y Quevedo dedicó páginas memorables a retratar una sociedad donde el resentimiento podía ser más poderoso que la admiración.

Quizá exageraban.

O conocían bien el país.

La reacción que despierta Sánchez rara vez es tibia. Pocos dirigentes generan opiniones moderadas. Se les ama o se les detesta. Se les considera un peligro o una esperanza. Se les atribuyen todos los males o todas las virtudes.

Cuando una figura pública provoca semejante intensidad emocional, suele significar que estamos proyectando sobre ella algo más profundo que un simple juicio político.

En los últimos años Sánchez ha encarnado para muchos europeos una cierta idea de resistencia frente al avance internacional de las derechas radicales, el nacionalismo excluyente y la política entendida como espectáculo permanente. Ha sido una de las voces más visibles en asuntos internacionales. Por encima de poderosos dirigentes de perfil más cauto.

Se puede discrepar de sus posiciones.

Se debe debatir sobre ellas.

Pero es innegable que ha demostrado una disposición poco frecuente a sostener públicamente sus planteamientos, cuando éstos implican costes políticos.

Y esa cualidad, compartida por líderes de cualquier ideología, merece reconocimiento.

Quizá la cuestión interesante no sea si Pedro Sánchez es un gran presidente o un mal presidente. La historia se encargará de responderla.

Sino… ¿por qué un dirigente que proyecta una imagen relativamente sólida, en buena parte del exterior, provoca dentro de España reacciones tan viscerales?

Tal vez la respuesta tenga menos que ver con Pedro Sánchez que con nosotros mismos. Con nuestras expectativas.

Nuestras frustraciones.

Nuestra tendencia a convertir a los políticos en espejos donde contemplamos nuestras propias obsesiones.

La belleza no habla solo de quien la posee.

También revela algo sobre quienes la observan.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) parece estar consolidando una determinada orientación estratégica para el futuro del territorio con el anunciado Plan de Biometanización. Por un lado, impulsa el desarrollo del biometano como pieza clave de la economía circular. Por otro, sigue sin articular una estrategia integral de recuperación de los sistemas hídricos que sostienen buena parte del equilibrio ambiental de la región, cuyo ejemplo más evidente es el conjunto hidrogeológico del Alto Guadiana y su relación con Las Tablas de Daimiel.

Más que una relación de causa y efecto entre ambas dinámicas, lo que se observa es algo más profundo: la coexistencia de dos racionalidades distintas de gobierno del territorio.

La primera racionalidad es la de la optimización económica de los flujos materiales. En ella, los residuos del sistema productivo se convierten en recurso energético bajo el paradigma de la economía circular. El biometano se inserta en esta lógica como tecnología de valorización de subproductos agroganaderos y agroindustriales.

La segunda racionalidad es la de los límites biofísicos y la restauración ecológica. En este marco, el territorio no es solo soporte de actividad económica, sino un sistema hidroecológico complejo cuya estabilidad depende de la recuperación de sus funciones básicas: la recarga de acuíferos, la continuidad de los flujos hídricos, la salud de los humedales y la resiliencia del paisaje agrario.

Durante las últimas décadas, la modernización agraria ha transformado profundamente la Mancha Occidental. La expansión del regadío y la intensificación productiva han ejercido una presión sostenida sobre los acuíferos que alimentan el Guadiana y humedales como Las Tablas de Daimiel.

El resultado es un sistema hidrogeológico tensionado. Esta situación no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como la consecuencia de un modelo de desarrollo territorial que ha priorizado de forma sistemática la productividad económica del suelo frente a la capacidad de regeneración del sistema hídrico.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el Alto Guadiana carece todavía de un gran Marco de Actuaciones Prioritarias (MAP) para la restauración hidrológica comparable al desarrollado en otros espacios de alta sensibilidad ecológica como Doñana o el Mar Menor.

No se trata de afirmar que el biometano y la recuperación hídrica sean incompatibles. La cuestión es otra. Mientras se movilizan recursos, planificación y apoyo institucional para impulsar la biometanización, sigue sin existir una estrategia equivalente para la recuperación integral de los acuíferos, ríos y humedales de la Mancha Húmeda.

En este contexto, el desarrollo del biometano puede interpretarse como una nueva fase de la misma racionalidad económica que durante décadas ha priorizado la maximización productiva frente a la restauración de los sistemas hídricos. Cuanto más intensivo es un sistema agroindustrial, mayor volumen de residuos genera. Y cuanto mayor es ese volumen, mayor es también la disponibilidad de materia prima para su valorización energética. De este modo, la gestión de residuos puede convertirse en un sector en expansión sin que ello implique necesariamente una transformación del modelo territorial que los produce.

Frente a esta lógica centrada en la gestión de flujos económicos y materiales, se han desarrollado en las últimas décadas enfoques basados en la custodia del territorio.

Este modelo introduce una idea distinta de gobernanza ambiental: la conservación y restauración de los ecosistemas no como una externalidad o una política sectorial, sino como un proceso compartido entre administraciones públicas, propietarios, entidades sociales y comunidades locales.

En el caso del Alto Guadiana, la custodia del territorio ofrece una vía especialmente relevante para abordar la recuperación de acuíferos, humedales y riberas mediante compromisos territoriales estables basados en la corresponsabilidad ecológica y no únicamente en la rentabilidad económica inmediata del suelo.

En el fondo, la cuestión es qué tipo de riqueza decide priorizar una sociedad. La rentabilidad económica de corto plazo resulta fácilmente medible en términos de producción, inversión o PIB. Mucho más difícil es contabilizar el valor de unos acuíferos recuperados, de unos ríos con caudal permanente o de unos humedales funcionales. Sin embargo, son precisamente estos sistemas los que sostienen a largo plazo la habitabilidad, la resiliencia y la calidad ambiental del territorio.

En última instancia, lo que se va a definir en los próximos años es el modelo de relación entre sociedad, economía y naturaleza que estructurará el futuro de Castilla-La Mancha.

La Mancha Húmeda puede avanzar hacia un escenario en el que la restauración ecológica, la recuperación de los recursos hídricos y la custodia del territorio constituyan el eje de su transformación.

O puede consolidarse como un espacio donde la política ambiental se limite a gestionar los impactos del modelo productivo existente.

La decisión no es técnica. Es política. Y consiste en determinar si la Mancha Húmeda quiere convertirse en uno de los principales laboratorios europeos de restauración ecológica o resignarse a administrar las consecuencias de la degradación de sus propios recursos hídricos.

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Alberto Celis es historiador y geógrafo.

La cumbre del G7 que se celebra estos días en Évian, Francia, vuelve a poner de manifiesto una contradicción cada vez más evidente en la gobernanza global contemporánea. El grupo reúne a algunas de las economías más desarrolladas del planeta y continúa ejerciendo una influencia notable en ámbitos financieros, tecnológicos y estratégicos. Sin embargo, representa hoy menos del 10% de la población mundial y su peso relativo en la economía global disminuye año tras año.

Hace apenas una década, los miembros del G7 concentraban en torno al 55% del PIB mundial nominal. En la actualidad, esa cuota se sitúa alrededor del 40-45% y sigue descendiendo conforme ganan protagonismo las economías emergentes, especialmente en Asia. Si se toma el PIB en paridad de poder adquisitivo (PPA), la caída es aún más pronunciada: de alrededor del 40% hace una década a menos del 30% en la actualidad. El PIB de China supera ya al de la mayoría de países del G7.

No se trata de un colapso ni de una pérdida súbita de relevancia, sino de una transformación estructural del equilibrio internacional que cuestiona la capacidad de cualquier bloque reducido para presentarse como directorio natural de los asuntos mundiales.

La relación con China constituye probablemente la mejor expresión de esa realidad. Pekín nunca ha formado parte del grupo y sus contactos con este han sido limitados y circunstanciales. La única participación de un líder chino en una cumbre de este formato tuvo lugar en 2009, cuando Hu Jintao asistió a la reunión de L'Aquila, en Italia, y se vio obligado a abandonarla anticipadamente debido a la grave crisis desatada en Xinjiang. Desde entonces, las relaciones han transitado por una senda cada vez más compleja, marcada por la competencia estratégica y la creciente desconfianza mutua.

La videoconferencia prevista durante esta cumbre con dirigentes chinos difícilmente alterará esa dinámica. Las diferencias son demasiado profundas. Para los países del G7, China sigue siendo el principal desafío económico y tecnológico del momento. De ahí que en la agenda vuelvan a ocupar un lugar destacado cuestiones como los denominados desequilibrios comerciales, el exceso de capacidad industrial, la seguridad de las cadenas de suministro, las alianzas sobre minerales críticos o las estrategias de reducción de riesgos.

Visto desde Pekín, sin embargo, esas preocupaciones reflejan la recurrente tendencia a convertir a China en el denominador común de las discrepancias internas del bloque liberal occidental. Cuando las diferencias entre los propios miembros dificultan la elaboración de consensos sólidos, la crítica a China aparece con frecuencia como el terreno más cómodo para proyectar una imagen de unidad política.

La percepción china del G7 es igualmente crítica. Las autoridades y numerosos analistas del país consideran que el grupo padece una creciente desconexión respecto a la realidad internacional. A su juicio, persisten las fricciones entre sus miembros, la confianza europea en el liderazgo estadounidense atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas y las dificultades para alcanzar posiciones comunes son cada vez más visibles. El resultado sería una organización que conserva influencia, pero cuya capacidad para marcar la agenda global se encuentra muy lejos de la que tuvo en otros tiempos.

Desde esta perspectiva, el G7 estaría atrapado en una cierta ilusión de liderazgo. Sigue siendo un actor importante, pero ya no el centro indiscutible del sistema internacional. Sus decisiones continúan siendo observadas, aunque con una capacidad de atracción y de impacto considerablemente menor que en el pasado. El mundo que vio nacer al grupo en la década de 1970 ha desaparecido, sustituido por una realidad mucho más compleja, diversificada y competitiva.

La cuestión de fondo trasciende, en realidad, las relaciones entre China y el G7. Los desafíos contemporáneos —desde el cambio climático hasta la transición energética, desde la gobernanza de la inteligencia artificial hasta la estabilidad financiera internacional— han superado ampliamente la capacidad de cualquier mecanismo de círculo reducido. Ningún grupo que represente una fracción minoritaria de la humanidad puede aspirar por sí solo a proporcionar respuestas eficaces a problemas de naturaleza global.

Por ello, el verdadero debate no gira en torno a la supervivencia del G7, sino a su adaptación. La clave es la insuficiencia de un foro nacido en otro contexto histórico para abarcar la complejidad del mundo actual. En ese nuevo escenario, la influencia dependerá menos de la capacidad para reunir a los países más ricos y más de la habilidad para incorporar a los actores emergentes a mecanismos de gobernanza verdaderamente representativos. La multipolaridad ya no constituye una hipótesis de futuro, sino una realidad en construcción. La pregunta es si el G7 está dispuesto a asumir esa transición o si seguirá actuando como si el mundo continuara siendo el de hace medio siglo.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

En nuestro empeño por llegar bien preparados a la Cima 2030, tomamos nota de los deseos humanitarios, vengan de donde vengan. Resaltan la necesidad de aminorar las desigualdades humanas, alientan una llama que nos alumbrará un mundo mejor. A decir verdad, no garantizan el éxito, expuesto a muchas variables temporales, pero permiten plantearnos preguntas que ayudan a dibujar el deseo de un futuro compartido.

Contemplamos con satisfacción el eco religioso y social que ha tenido la visita del papa León XIV a España. Como pertenecemos al gran grupo de católicos solo bautizados, no nos extenderemos en el análisis de la fe expuesta. Cada cual se mira como puede en su interior; contempla sus idas y venidas hacia el ideario de su Iglesia. Recordamos la atención a la pobreza y el socorro debido que aprendimos en el catecismo: el amor al prójimo como a uno mismo. Valores que hoy serían un argumento para seguir juntos caminos más saludables e ilusionantes hacia las metas 2030. Estoy seguro de que el papa es consciente de las urgencias sociales; por eso ha enarbolado la bandera humanitaria.

En una celebración religiosa a la que asistieron millón y medio de personas, advirtió que "nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano". Puede que sea una interpretación maliciosa la que vamos a exponer aquí; vayan por delante disculpas para quienes se sientan ofendidos. Tengo la impresión, no verificada por investigaciones serias, de que buena parte de los asistentes pudieran ser seguidores de lo tradicional en la cultura religiosa. Estudiarían un catecismo parecido al que yo aprendí mal, y fui reprendido con estrépito por el sacerdote examinador. En ese caso, y por cálculo estadístico borroso, me atrevo a suponer que entre los asistentes habría un alto porcentaje de votantes o simpatizantes de Vox y del PP. El primer partido ha extendido la creencia de que todos los no nacidos en España —serían el prójimo— son casi delincuentes; no merecen vivir entre nosotros. El otro le ha comprado el mensaje y lo ha convertido en acción para gobernar con él en varias comunidades autónomas. ¿Quién sabe lo que harán tras las elecciones generales en España?

Esta distopía entre el pensamiento religioso basado en el amor que predica León XIV y el deseo de desprecio hacia los no nacidos en España, regularizados o no, puede impedirnos llegar en las mejores condiciones al año 2030, cualidades que nunca serán definitivas. Porque esa cita en positivo no solamente nos sirve a nosotros, creyentes o descreídos, católicos o no. Supone una cierta salvaguarda para las generaciones futuras, aunque no sea aseguradora del entendimiento colectivo. Máxime ahora que Europa tiene prisa por poner en marcha deportaciones masivas.

Sigamos con lo dicho por el papa en Madrid, en concentraciones multitudinarias. Me parece que, en una misa, recomendó que la religiosidad no sea "un museo del pasado que visitar". Demandó compromiso al insistir en que los cristianos están "llamados a estar presentes en las situaciones y las competencias de la sociedad". Por lo que nos atañe, esas las identificamos enseguida con el fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar generalizados; educación de calidad y gratuita para todos; reducción paulatina de las desigualdades; igualdad de género; respeto hacia la biodiversidad; justicia equitativa para ricos y pobres, gobernantes o gobernados, etc. Y muchas más metas que se podrían incluir, incluso sin nombrarlos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tan denostados por los partidos políticos. En suma, toda una Agenda 2030 social que no arranca todavía en el Congreso de los Diputados de España; todos los partidos allí representados, también los que se autotitulan progresistas, tienen sus responsabilidades.

Seguro que las entidades y grupos de acción relacionados con la Iglesia católica —Cáritas y muchas parroquias de toda España, en especial de los barrios pobres de las ciudades—, que se dedican a la ayuda al diferente, se habrán sentido gratificados. León XIV les ha traído un empuje ético, valora lo que estas entidades llevan haciendo desde hace mucho tiempo a favor del prójimo. Me permito aventurar que estos grupos creerán también en la necesidad de los ODS para poder compartir futuros, con independencia de la religión, el lugar de nacimiento, la lengua y el género.

Por el debido respeto, nada diré de los, a mi juicio, inmovilismos tradicionales de la fe católica citados por el papa como cualidades inherentes. Alejados, sin duda, de lo que predican instituciones como la ONU sobre la consideración de las mujeres, o UNICEF y su protección de la infancia. Sin duda, los conservatismos siempre están demasiado alejados del cambiante bien humanitario colectivo. Allá cada cual con su fundamento doctrinario. Solamente llamar la atención reflexiva de quienes predican el respeto a los demás.

Nos gustaría saber cómo les han sentado, en su fuero interno, a los diputados y senadores de los dos partidos firmantes del acuerdo de las exclusiones la apelación de León XIV al desarme del lenguaje despreciativo; a que toda decisión de las autoridades públicas toca a personas de carne y hueso; al "trágico drama" de quienes se ven obligados a dejarlo todo "para buscar paz, seguridad y futuro"; a desterrar el rechazo a los diferentes; al reclamo de una acogida respetuosa con posibilidades reales de integración. Suponemos que algunos asistentes al discurso del día 8 en el Congreso habrán considerado una injerencia de un jefe de Estado extranjero en la política nacional; otros le recriminarán su apoyo a algunas tesis del "nefasto" presidente Sánchez, aunque haya criticado políticas del Gobierno socialista con respecto al aborto, la eutanasia o la potencia de la enseñanza privada. Nos tememos que la mayoría de sus señorías se olvidarán pronto de lo dicho. Estaría bien que algunas de las ideas papales quedasen reflejadas en plenos de las cámaras dedicadas a temáticas de bienestar humanitario.

Con todo, hay que agradecer al papa que se haya atrevido a levantar la voz ante las problemáticas ecosociales que amenazan al mundo entero. Esperemos que en Roma y aquí los cristianos, y sus señorías de cualquier partido político, vean algo positivo en la agenda propuesta por los ODS. ¿Por qué han de seguir siendo una quimera, habida cuenta de la alta carga social que tienen?

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Ingenuo de mí.

El texto, que intenté editar al pie de una de las múltiples noticias sobre la cuestión, rezaba lo siguiente:

“Estoy pensando darme de baja en esta suscripción a 'El País'. Para leer solo 25 titulares diarios sobre el 'caso Zapatero' desde hace días, hacerle la pelota a Feijóo y luchar para que este gane las elecciones, pues ya me compro 'El Mundo'. Mejor el original que la copia, y además empezaron antes con esto. Y para pedir comprar armas para que el jefe de Prisa, Oughourlian, se haga rico con sus acciones en Indra, pues la verdad, como que no…”

La verdad, tampoco pretendía que me dieran el Pulitzer. Solo desfogarme un poco, humano soy. A continuación, apareció un mensaje en que se leía que estaba pendiente de aprobación por 'El País'. Lo habitual. Pero pasaron los minutos y las horas, y al volver a la noticia y al hilo de comentarios tiempo después, me di cuenta de que no lo habían publicado. Dejé el tema para ocuparme de otras cosas. Al día siguiente, como el culebrón continuaba, retomé el asunto y lancé de nuevo el comentario al pie de otra noticia, añadiendo las siguientes líneas sobre la cuestión:

“(…) Ay, Prisa, qué prisa tienes. Añadir lo de echar a Barceló del 'Hoy por Hoy', de la Ser, que queda muy roja, que hacen falta más contertulios de orden… Que hay que empezar a adaptarse al futuro gobierno "centrado"... Que ya habrá tiempo de volver a ser progres, cuando el gobierno del PP-VOX empiece con sus tropelías y entonces criticaremos a la extrema derecha para mantener nuestro nicho de mercado de lectores de izquierda, como La Sexta en AtresMedia. Y encima, para pedir comprar armas para el rearme de Europa y la OTAN, y que el jefe de Prisa se haga rico con su Amber y sus acciones en Indra, pues la verdad, como que no me apetece…”.

Como verán, había provechado el impasse para ampliar un poco la argumentación y reforzarla un poco. Sí, lo reconozco. Había mala baba en el texto, pero al fin y al cabo se trata de un comentario periodístico, no de una tesis doctoral. Me di cuenta de que algo debió de traicionarme el subconsciente, porque esta vez, sin darme cuenta, había omitido en la segunda versión el nombre del actual presidente del Grupo Prisa —y, por si quedara alguna duda, también de El País, propiedad de este grupo—: Joseph Oughourlian, fundador del fondo Amber y en la actualidad tercer accionista de Indra, empresa española de seguridad y defensa. O sea, de armamento, vamos. De ahí la referencia —malintencionada, no lo niego— por mi parte.

Parece que no gustó demasiado esto, porque también me quedé el segundo día con tres palmos de narices, a las puertas de ver aparecer mi desdichado texto entre los comentarios. Estos, por otro lado, tampoco se caracterizaban por su calidad intelectual. Más bien se quedaban en gruesas descalificaciones de haters de derecha contra el gobierno de Sánchez o respuestas de personas que defendían la inocencia de Zapatero y atacaban el lawfare y los ardides de los jueces y demás agentes del orden. Lo habitual, vamos. Este tipo de conversaciones se suelen incendiar y alguno de los intervinientes acumulaba 20 o 30 entradas en el hilo. Hay gente, o bots, que no se dedican a otra cosa.

No era mi caso. De nuevo, 0. No editado. Silencio por respuesta.

Mi hermano, experto en comunicación, me advirtió de que tal vez los amigos de El País apliquen un filtro automático, quizás por IA, que rechace el uso de algunos términos. Especulamos con que podía tratarse tal vez de “Amber” o “Indra” (o “Oughourlian” en el mensaje inicial). Así que opté al día siguiente (tercer día) por una versión en la que se sustituyera Amber por “el fondo de inversión que preside el jefe de Prisa”, e Indra  por “la principal empresa de armamento español”. Y claro, sin mención a Oughourlian, por si las moscas.

Pueden reírse de estos intentos desesperados.

Ni por esas. Nuevo fracaso.

Concluimos que una posible explicación era que yo hubiera entrado, desde el primer mensaje, en una lista negra. A estas alturas no se trataba de que apareciera tal o cual término, sino que, ya “blacklisted”, era imposible que pudiera publicar ningún comentario. No sé cuál de las dos opciones resulta más escalofriante. Si ser bloqueado en lo sucesivo por el contenido de una opinión expuesta correctamente y sin insultos, o que se rechace automáticamente el uso de unos términos que puedan hacer referencia a la empresa editorial o a su propietario. Así que, al final del tercer día, probé una frase que, si bien destilaba implícitamente toda la bilis que había acumulado a lo largo de estos tres días, no contenía ningún nombre propio que pudiera herir la sensibilidad del grupo Prisa ni ninguna referencia concreta a sus actividades económicas. El objetivo era, simple y llanamente, comprobar si había sido vetado.

“Escriban, escriban. Que mientras no ataquen el meollo de esta bendita empresa, les publicarán”.

Nada. Bloqueado. Se confirmaba entonces que jamás publicaría en El País. Tal vez por los siglos de los siglos. Una tragedia de descomunales proporciones…

Ser suscriptor para esto.

Resulta curioso que ello coincida con los fastos del 50 aniversario del diario guía y faro de la democracia y las libertades en España, la publicación que sacó a España de las tinieblas del franquismo, la cabecera que ha iluminado a tantas y tantas generaciones de españoles progres, el apóstol del europeísmo, convertido ya a estas alturas en un otanismo descafeinado pero que quiere armarse hasta los dientes. Quedará, como decía, la opción de esperar a tiempos mejores. Aquellos en que tal vez un gobierno de PP-VOX revele a las claras, y ya sin tapujos, las tropelías que nos esperan con ellos. En ese caso, afortunadamente, tendremos a El País para que denuncie entonces los “excesos” de la extrema derecha o la derecha extrema y vuelva a convertirse en la casa común de la izquierda española y en la defensora de las libertades —por supuesto entre ellas la de expresión— de toda la ciudadanía. 

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Javier Navarro es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universitat de València.