Ni una crisis migratoria, ni la actuación de Marruecos, ni la defensa de nuestras fronteras permiten convertir la legalidad en una opción. España puede —y debe— controlar sus fronteras, pero un Estado democrático no puede expulsar colectivamente a menores ni privarles de sus derechos por razón de su nacionalidad.

Hay momentos en los que la responsabilidad de un dirigente político se mide no por la contundencia de sus palabras, sino precisamente por su capacidad para someterlas a los límites de la Constitución.

La grave crisis migratoria sufrida en Ceuta constituye uno de esos momentos.

Alberto Núñez Feijóo ha defendido públicamente que quienes entraron irregularmente deben regresar, incluidos los menores: "Ni mayores ni menores. Han de regresar todos", según las declaraciones publicadas tras su visita a Ceuta.

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha empleado reiteradamente el término "invasión" para describir lo sucedido en Ceuta y ha advertido de que Marruecos podría estar preparando nuevos episodios de presión sobre España.

Es perfectamente legítimo denunciar la actuación de Marruecos. Es legítimo exigir al Gobierno de España una política exterior eficaz. Es legítimo reclamar control fronterizo, cooperación europea y una política migratoria ordenada.

Lo que no es jurídicamente admisible es extraer de esa situación una conclusión según la cual las garantías legales de quienes han llegado a España —y muy especialmente de los menores— puedan quedar suspendidas.

Porque la frontera española no es una zona libre de Constitución.

Gobernar también significa cumplir la ley.

El artículo 9.1 de la Constitución contiene una de las reglas esenciales de nuestro sistema democrático: ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Y el artículo 9.3 garantiza, entre otros principios, la legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La democracia constitucional significa precisamente eso: que existen determinadas reglas que ni siquiera una mayoría política puede ignorar.

Los derechos fundamentales no pertenecen únicamente a los españoles ni pueden distribuirse en función de la prioridad nacional o la situación social de sus titulares.

La dignidad de la persona constituye, conforme al artículo 10.1 de nuestra Constitución, fundamento del orden político y de la paz social. Y el apartado segundo obliga a interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.

La inmigración irregular plantea enormes problemas políticos, sociales, económicos y de seguridad. Negarlo sería absurdo.

Pero una entrada irregular no convierte a un ser humano en una persona sin derechos.

Y mucho menos cuando estamos hablando de niños.

Este es el punto jurídico que determinadas declaraciones políticas de los máximos responsables de la oposición parecen querer difuminar.

Un menor extranjero no acompañado es, antes que extranjero, menor de edad sometido a un sistema jurídico de especial protección.

El artículo 39.4 de la Constitución dispone que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que en todas las decisiones concernientes a los menores deberá atenderse primordialmente a su interés superior. La propia Convención prohíbe además la discriminación de los niños por razones como su origen nacional o étnico.

No existe una excepción que diga: «salvo que hayan cruzado irregularmente una frontera».

España ratificó esa Convención.

Por tanto, España debe cumplirla.

La Ley Orgánica 4/2000 establece un régimen específico para los menores extranjeros no acompañados.

La legislación contempla protección, determinación de edad cuando proceda, intervención del Ministerio Fiscal y un sistema administrativo orientado al interés superior del menor. La normativa actualmente vigente regula además mecanismos específicos de respuesta ante contingencias migratorias extraordinarias y la distribución territorial de menores no acompañados.

Puede existir legalmente una repatriación.

Lo que no existe es una potestad administrativa para meter indiscriminadamente a cientos de niños en autobuses y devolverlos colectivamente al otro lado de la frontera.

Cada situación debe ser examinada conforme al procedimiento establecido y a las circunstancias individuales del menor.

No es una interpretación ideológica.

Es Derecho vigente.

Y aquí desaparece prácticamente cualquier margen para la ambigüedad.

España ya vivió una situación extraordinariamente parecida.

Tras la entrada masiva de aproximadamente 12.000 personas en Ceuta en mayo de 2021 —entre ellas alrededor de 1.500 menores— las autoridades procedieron posteriormente al retorno de menores a Marruecos.

La cuestión terminó ante el Tribunal Supremo.

Y su respuesta fue contundente.

En sus sentencias de 22 de enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que aquellas devoluciones fueron ilegales por la "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley de Extranjería.

El Alto Tribunal exigió procedimiento administrativo individual, conocimiento de la situación de cada menor, audiencia cuando tuviera madurez suficiente e intervención del Ministerio Fiscal.

Además, consideró vulnerado el derecho a la integridad física y moral porque no se había efectuado una verdadera ponderación del interés individual de los menores afectados.

Pero aquella sentencia contiene una afirmación que debería estar hoy encima de la mesa de cualquier dirigente político español: la conformidad de Marruecos no libera a España de cumplir la legalidad española.

El Tribunal Supremo lo expresó con extraordinaria claridad: la aquiescencia de otro Estado no dispensa a nuestras autoridades de actuar con plena sujeción a la Constitución y a las leyes.

Y añadió una consideración institucional formidable: en ello va la respetabilidad de España como Estado de Derecho.

Este criterio doctrinal debe ser jurídicamente respetado.

Podemos sospechar de la actuación marroquí.

Podemos preguntarnos legítimamente por qué las autoridades de Marruecos no impidieron una entrada de semejantes dimensiones. Existen testimonios públicos que han denunciado precisamente la pasividad de las fuerzas marroquíes durante los acontecimientos.

También resulta razonable analizar si Marruecos está utilizando los movimientos migratorios como instrumento de presión diplomática.

España tiene derecho a defender Ceuta y Melilla, a proteger sus fronteras y a exigir responsabilidades internacionales cuando corresponda.

Pero debemos distinguir escrupulosamente los hechos de las hipótesis geopolíticas.

Sostener que lo ocurrido fue un ensayo deliberadamente ordenado por el rey Mohamed VI para preparar una futura operación semejante a una nueva Marcha Verde requeriría pruebas que hoy no constan públicamente. Puede plantearse como hipótesis estratégica; no debe presentarse como un hecho demostrado.

Precisamente porque exigimos responsabilidad a nuestros gobernantes debemos exigir también responsabilidad al análisis político.

La referencia a la Marcha Verde de 1975 es inevitable cuando se analiza la presión marroquí sobre España.

Marruecos ha demostrado históricamente una enorme capacidad para combinar reivindicación territorial, presión diplomática y hechos consumados.

Por eso España necesita una política exterior seria, una estrategia europea respecto del Magreb, unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suficientemente dotadas y una política migratoria coherente.

Pero la respuesta de una democracia europea no puede consistir en rebajar sus propios estándares jurídicos a la carta.

Si Marruecos incumple sus obligaciones, España debe exigir responsabilidades.

Si existen redes de tráfico de personas, deben perseguirse.

Si una persona adulta carece de título para permanecer en España, deberá tramitarse su devolución o expulsión cuando legalmente corresponda.

Si alguien solicita protección internacional, habrá que resolverla conforme a Derecho.

Y si quien está delante de nuestras autoridades es un menor, deberá aplicarse la legislación de protección de menores.

En eso consiste el Estado de Derecho.

Existe además una frontera política que ningún partido democrático debería atravesar alegremente.

El artículo 14 de nuestra Constitución proclama la igualdad y proscribe la discriminación.

Y nuestro Código Penal lleva esa protección hasta su manifestación más grave.

El artículo 510.1 castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra determinados grupos o personas por motivos, entre otros, racistas, étnicos o relacionados con su origen nacional.

Conviene ser jurídicamente rigurosos: no toda declaración política dura, desagradable o incluso irresponsable constituye un delito de odio. El Derecho penal exige una interpretación restrictiva y el artículo 510 no puede utilizarse para criminalizar el debate político.

Pero precisamente por ello la responsabilidad política empieza mucho antes que la responsabilidad penal.

Cuando desde posiciones institucionales se presenta indiscriminadamente a decenas de miles de personas como una "invasión", cuando se pretende negar relevancia a la condición jurídica de los menores, o se proclama que todos deben marcharse sin distinguir situaciones individuales, existe el riesgo de transformar un complejo problema migratorio en una construcción de culpabilidad colectiva.

Y ese lenguaje tiene consecuencias.

Existe además un aspecto especialmente grave.

Una cosa es defender una reforma legislativa.

Un dirigente político puede decir: "esta ley debe cambiarse".

Eso forma parte del debate democrático.

Otra cosa muy distinta sería insinuar a policías, funcionarios, responsables de protección de menores o autoridades administrativas que ejecutasen devoluciones que la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo no permiten realizar colectivamente.

Los funcionarios públicos no están sometidos a la voluntad del líder de la oposición. Están sometidos a la Constitución y a la ley.

Y ninguna orden política puede convertir en lícito aquello que el ordenamiento prohíbe.

Hablar aquí automáticamente de prevaricación sería jurídicamente precipitado: ese delito exige una resolución administrativa arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. Pero después de las sentencias del Tribunal Supremo de 2024 nadie con responsabilidades públicas puede alegar desconocimiento de que una devolución colectiva de menores realizada prescindiendo del procedimiento legal vulneraría el ordenamiento jurídico.

Los derechos humanos son fáciles de defender cuando protegen a quienes piensan como nosotros, tienen nuestra nacionalidad o pertenecen a nuestra comunidad.

Su verdadero valor aparece cuando protegen al débil, al extranjero, al impopular y a quien carece de capacidad política para defenderse.

Una democracia no se mide por cómo trata al poderoso. Se mide también por cómo trata a un niño que acaba de cruzar el mar sin sus padres.

Alberto Núñez Feijóo aspira a presidir el Gobierno de España. Isabel Díaz Ayuso preside una de las comunidades autónomas más importantes del país. Precisamente por ello, sus palabras poseen una responsabilidad institucional que no tiene la conversación privada de cualquier ciudadano.

Pueden exigir fronteras seguras.

Pueden denunciar la política migratoria del Gobierno.

Pueden exigir firmeza frente a Marruecos.

Pueden proponer modificaciones de la legislación.

Lo que no deberían hacer es alimentar la idea de que, ante una emergencia suficientemente grave, cumplir la ley se convierte en opcional.

Porque ese principio no termina nunca en los inmigrantes.

Hoy se relativizan las garantías jurídicas de una minoría porque resulta políticamente rentable.

Mañana podrán relativizarse las de otra.

España debe proteger Ceuta. Debe investigar hasta el final qué responsabilidad tuvo Marruecos en esta crisis. Debe impedir que la inmigración sea utilizada como mecanismo de presión internacional. Debe combatir las mafias. Debe controlar eficazmente sus fronteras. Y debe devolver a quienes legalmente proceda devolver.

Pero tiene que hacerlo con la Constitución en la mano. No contra ella.

El Estado de Derecho significa que incluso durante una crisis el poder continúa sometido a límites y a garantías constitucionales.

Especialmente durante una crisis.

Por eso el Partido Popular debería rectificar cualquier planteamiento que pueda interpretarse como una llamada a realizar devoluciones indiscriminadas de menores y formular su política migratoria dentro del marco constitucional, europeo e internacional.

No se trata de ser de izquierdas o de derechas.

Se trata de algo anterior a cualquier ideología.

Un Estado democrático puede ser firme sin ser arbitrario; puede proteger sus fronteras sin deshumanizar a quienes las cruzan; y puede defender su soberanía sin renunciar al Derecho.

Porque cuando un país comienza a decidir qué personas merecen que se cumpla la ley y cuáles no, lo que empieza a deteriorarse no son solamente los derechos de esas personas.

Empieza a deteriorarse la democracia de todos y de todas.

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Roberto Granizo Palomeque es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

A quién no gusta la colaboración en un ambiente relajado y en confianza? Es estupendo, sobre todo cuando se tratan temas importantes. La Comisión Europea colabora con Meta y TikTok para evitar la difusión de bulos en la posible entrada masiva a Ceuta. Magnífico, loado sea. ¿Pero cómo no se les ocurre obligar a estas plataformas a preservar los datos de ese periodo?

Hay representantes importantes de las instituciones internacionales, como Borrell y el excomisario europeo Thierry Breton, que han señalado la falta de acceso a las métricas, a la trazabilidad y a las evidencias digitales que podrían desvelar cómo sucedió el llamado masivo a Ceuta. Lo curioso es que el instrumento legal existe, y que ya se ha usado cuando hubo elecciones en Rumanía.

El Reglamento (UE) 2022/2065/Digital Services Act (DSA) permite preservar e investigar esos datos. Como advertía en un artículo anterior, sería bueno no sólo pedir un RFI (Request for Information), sino también, y esto es importantísimo, un “Data retention/preservation order”, pues no sólo se trata de que se entregue la información, es decir, de informarnos de qué pasó, sino de que los datos que se produjeron en la pasada “campaña organizada” no han desaparecido y pueden ser verificados y estudiados. Creo que si en los grupos se han creado, aparece y desaparece su actividad, es muy posible que siga en jaque la frontera sur. Y la intención no parece que sea la de sacar dinero a estos jóvenes desesperados. Más bien se trata de desgastar a un país democrático como el nuestro. Sean quienes sean los organizadores, no son jóvenes a su aire. Demasiada organización, demasiada información, demasiado poder y demasiada sincronía con la respuesta de la ultraderecha europea.

En las elecciones presidenciales celebradas en Rumanía en noviembre de 2024, el candidato C. Georgescu, un desconocido para la mayoría de los votantes, obtuvo el primer puesto. Llamó la atención la enorme actividad que había tenido TikTok los días anteriores. Los servicios de inteligencia rumanos desclasificaron posteriormente documentos que describían una campaña coordinada para promocionar a este candidato. El Tribunal Constitucional recibió esa información y anuló los resultados de la primera vuelta el 6 de diciembre teniendo que repetir las elecciones.

Por su parte, la Comisión Europea ya había requerido a TikTok el 29 de noviembre de 2024 una RFI (requerimiento de información) al amparo del DSA, dado el riesgo de manipulación, organización de campañas coordinadas, cuantas automatizadas, contenido político falso y posibles operaciones de influencia sobre la base jurídica del DSA (art.67). Pero no se conformó con esto, el día 5 de diciembre de ese año la Comisión adoptó una decisión que obligó a TikTok a conservar los datos pertinentes. La orden venía a decir “No borres ni alteres los datos relevantes; consérvalos porque pueden ser necesarios para la investigación”. Y esto lo explicó la Comisión también en el Parlamento Europeo.

Entonces, si actualmente, como parece, la Comisión Europea considera que la entrada masiva en Ceuta puede implicar riesgos sistémicos y está en coordinación con Meta y TikTok, ¿por qué no utiliza el mismo mecanismo de preservación que usó en Rumania para impedir que desaparecieran las evidencias digitales en esta “campaña organizada” que precedió a los acontecimientos en Ceuta del 30 al 31 de julio y que posiblemente seguirá existiendo e insistiendo?

Si en buena armonía colaborativa se sientan a la mesa camilla la Comisión, TikTok y Meta a esperar, puede ser que las cuentas se eliminen, se borren las publicaciones, expiren los registros, desaparezcan los grupos, cambien los nombres, se modifiquen las configuraciones, se pierdan determinados datos de propagación, etc., etc. De modo que cuando se levanten de la mesa y decidan investigar de verdad, en el mejor de los casos encontrarán un campo de investigación cercenado y limitado, cuando no alterado.

La frontera sur, a poco que se mire el mapa, se ve como punto estratégico en ese asunto esencial para la ultraderecha global que es el tema migratorio. ¿Cómo no van a aprovechar la oportunidad de poner en jaque a Europa y a las instituciones que tratan de destruir para abrir esa libertad que tanto gusta a Trump y a Ayuso? ¿No hay alguien en el Parlamento Europeo que exija la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA)?

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

La inteligencia artificial no es una simple innovación tecnológica comparable a las anteriores revoluciones industriales. Es una transformación transversal, que modificará la forma en que producimos, trabajamos, aprendemos, nos relacionamos y gobernamos.

Durante los últimos dos siglos, las grandes corrientes políticas han respondido a cambios tecnológicos profundos: el socialismo nació como respuesta a la industrialización y a la nueva cuestión social surgida del capitalismo fabril; la socialdemocracia del siglo XX construyó el Estado del bienestar en la era industrial avanzada. El gran desafío del siglo XXI será erigir una política democrática en concomitancia con sistemas inteligentes capaces de analizar millones de datos, anticipar tendencias y ayudar en la toma de decisiones.

El PSOE, como partido histórico de la socialdemocracia europea, tiene ante sí una oportunidad: ser el primer gran partido europeo que integre la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la democracia, optimizar la gestión pública y reforzar su misión fundacional, es decir, reducir desigualdades y ampliar oportunidades.

La cuestión no es sustituir la política por algoritmos. Es crear una política optimizada por la IA.

El PSOE optimizado no será un partido dirigido por máquinas, sino una organización humana que utiliza inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, anticipar problemas y gobernar con mayor eficiencia, equiparándose a una sociedad cada vez más articulada por aplicaciones de IA.

Los partidos políticos actuales fueron diseñados para una sociedad analógica. Sus estructuras internas, sus procesos de decisión y sus formas de comunicación apenas han cambiado desde el siglo XX.

Sin embargo, la sociedad actual funciona en tiempo real. Un partido moderno necesita herramientas capaces de analizar continuamente la evolución social: preocupaciones ciudadanas, cambios económicos, nuevas demandas generacionales y problemas emergentes.

La inteligencia artificial permitirá un nuevo modelo de organización:

El PSOE optimizado será un partido más abierto, más participativo y menos dependiente de estructuras burocráticas. La inteligencia artificial no sustituirá la deliberación democrática; la enriquecerá.

La gran transformación de la inteligencia artificial aplicada a la política será pasar de una administración que responde a los problemas cuando aparecen a una administración capaz de anticiparlos.

El Gobierno optimizado identificará tendencias sociales, económicas y ambientales con años de antelación. Por ejemplo:

La política, en vez de trabajar con fotografías del presente, empleará modelos predictivos del futuro.

El PSOE optimizado impulsará un sistema sanitario inteligente basado en prevención, eficiencia y personalización.

Aplicaciones concretas:

La inteligencia artificial no sustituye al médico. Le permite tener más tiempo para aquello que ninguna máquina puede hacer: cuidar. La sanidad del futuro no será más tecnológica, sino más humana gracias a la tecnología.

La educación tradicional se ha basado durante siglos en un modelo uniforme: mismos contenidos, mismo ritmo y mismos métodos para todos. La inteligencia artificial permite avanzar hacia una educación personalizada.

El sistema educativo optimizado podrá:

El objetivo no será sustituir a los docentes, sino liberarles de tareas repetitivas para que puedan concentrarse en la dimensión humana de la enseñanza. La igualdad educativa del siglo XXI dependerá del acceso universal a las mejores herramientas de inteligencia.

La inteligencia artificial cambiará millones de empleos. La respuesta socialista no es detener la innovación, sino garantizar que sus beneficios lleguen a todos.

El Ministerio de Trabajo optimizado utilizará IA para:

La nueva política laboral pasa de proteger los puestos de trabajo existentes a promover trayectorias profesionales completas.

El derecho laboral del siglo XXI será el derecho a poder adaptarse.

La lentitud judicial es uno de los grandes problemas del Estado democrático.

La IA realizará:

Siempre bajo supervisión humana, garantías constitucionales y transparencia. Una justicia más rápida, no automática. Eficiente.

La agricultura española afronta grandes desafíos: cambio climático, escasez de agua, competitividad internacional y relevo generacional. La inteligencia artificial transformará el sector:

En regiones donde el agua es un bien estratégico, la gobernanza optimizada implica utilizar mejor cada recurso disponible.

Para luchar contra el cambio climático no basta la voluntad política. Se requieren herramientas de gestión IA con amplias capacidades.

Un Ministerio de Transición Ecológica optimizado podrá:

La sostenibilidad del futuro será un desafío tecnológico.

España necesita una revolución industrial.

La inteligencia artificial impulsará:

El socialismo futuro debe superar la falsa contradicción entre tecnología y derechos sociales. La tecnología es progresista si democratiza las oportunidades.

La IA aplicada al poder político plantea riesgos enormes.

Un partido socialista debe promover una inteligencia artificial democrática basada en:

No se trata de dilucidar si utilizaremos inteligencia artificial como herramienta de gobernanza: eso será inevitable. La cuestión es quién decidirá sus objetivos y bajo qué valores funcionará. Establecer el marco ético y jurídico de su arbitrio. Ahí radica la gran responsabilidad de la política venidera.

El PSOE del siglo XX construyó buena parte del Estado del bienestar español. El PSOE del siglo XXI debe instaurar una democracia optimizada. Un partido optimizado no será aquel que sustituya a las personas por máquinas, sino el que utilice las máquinas para liberar todo el potencial humano.

La IA, ya herramienta de excelencia del sistema financiero global, está llamada a ponerse al servicio del interés general en las próximas décadas.

La gran misión histórica de la socialdemocracia en la era de la IA es garantizar que esa revolución tecnológica multiplique las oportunidades en vez de aumentar las desigualdades.

El futuro no pertenecerá a quienes rechacen la inteligencia artificial, tampoco a quienes se entreguen ciegamente a ella, sino a quienes sepan controlarla. La gran oportunidad del PSOE optimizado será demostrar que la inteligencia más poderosa del futuro es la colectiva, de una sociedad democrática.

En los ya muy lejanos tiempos de mi infancia fue muy popular una serie televisiva llamada Los Invasores, en la que unos extraterrestres aterrizaban en nuestro planeta dispuestos a dominarlo. Para ello, cobraban la apariencia de personas corrientes con las que podías cruzarte cada día. Pero los protagonistas de la serie sabían distinguirlos para combatir la invasión: no tenían ningún tipo de sentimientos, ni latido cardiaco y, además, les delataba la rigidez de su dedo meñique.

Eran tiempos de televisión única y dogma político único, en los que a un golpe de Estado llamaban Glorioso Alzamiento Nacional y España estaba amenazada por una conspiración judeo-masónica. Paradójicamente, los herederos de aquel régimen y quienes tratan de retrotraernos a aquel país en blanco y negro, ahora simpatizan con el sionismo y, en cambio, invocan reiteradamente la amenaza del islamismo. Avisan, en general, del peligro de la inmigración pero, sobre todo, la de los musulmanes. Utilizan sistemáticamente el término invasión y alertan contra las oscuras intenciones de islamización del continente europeo, seguramente para justificar una nueva Reconquista bajo la advocación de Santiago Matamoros.

Por supuesto, están señalando a los migrantes pobres, a quienes huyen de las hambrunas, las guerras y las persecuciones. No están aludiendo a quienes frecuentan con sus harenes los establecimientos exclusivos del Barrio de Salamanca, ni a quienes atracan sus lujosos yates en Puerto Banús, ni a quienes van adquiriendo cada vez más clubes deportivos, palacetes o fincas rústicas para convertirlas en cotos privados de caza. Estos no son invasores, sino inversores.

Por eso, en estas últimas semanas, no han dudado en aprovechar la grave situación de Ceuta para intensificar los mensajes xenófobos, racistas e islamófobos. Evidentemente la población ceutí está sufriendo una extraordinaria crisis que ha perturbado enormemente la vida de la ciudad y ha desbordado la capacidad de sus servicios e instalaciones. Es muy lógica y entendible la indignación e incluso el miedo de sus habitantes, porque ni el Gobierno español ni la Unión Europea han estado a la altura de las circunstancias.

Entendible también, desde luego, la frustración y desesperación de quienes han sido engañados y manipulados para generar esa avalancha humana, aprovechando su desarraigo y su miseria. Más aún, el dolor de las familias de las víctimas de esta enorme tragedia. Pero el calificativo de invasores les añade un estigma absolutamente inapropiado. Por las imágenes y noticias que nos llegan de esas mujeres y hombres, de esas niñas y niños, tienen más pinta de desear un bocadillo de tortilla y un vaso de agua que de conquistar Ceuta o de expandir el islam por Europa.

Invasión, lo que se dice invasión, fue la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, que obligó al pueblo saharaui a abandonar sus tierras y exiliarse en el desierto argelino, donde permanecen 50 años después. Una invasión consentida por el régimen franquista en sus últimos coletazos y tolerada durante todo este tiempo por los sucesivos gobiernos españoles y organismos internacionales. Invasión es la ocupación de Palestina y de territorios sirios y libaneses perpetrada por el Estado genocida de Israel. También lo es la incursión rusa en Ucrania, en una guerra que dura más de cuatro años y está causando tantas víctimas y destrucción sin que se le vea fin. Invasión ha sido la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela para controlar su gobierno y su petróleo. Invasores podríamos considerar a los fondos de capital extranjero que van quedándose con edificios y barrios del centro de las ciudades para especular con ellos, mientras el vecindario tradicional tiene que irse a vivir a las periferias. Invasores, incluso, podríamos llamar a quienes expolian los bienes comunes en provecho propio, dejando sin agua los Baños de Popea para llenar sus piscinas privadas, por poner un ejemplo cercano. Y, ya puestos, sin temor a equivocarnos, también podemos acusar de invasores al avispón asiático o al mejillón cebra.

Anden, por tanto, con cuidado por si se tropiezan con algún invasor. No es difícil distinguirlos, ya saben: carecen de sentimientos. Incluso aunque hayan aprendido a doblar el meñique.

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Salustiano Luque es médico y activista cordobés.

No me refiero a la Catedral de la Asunción, que desde el siglo XVIII está en el centro de la urbe. Me refiero a la institución: a la Iglesia Católica española. Ceuta está desbordada por la llegada masiva de inmigrantes. Entre ellos miles de menores no acompañados que por ley han de ser protegidos y que han llegado a la ciudad autónoma en oleadas que el sistema de acogida público no puede absorber. Niños y adolescentes duermen en la calle. La administración local pide ayuda al Estado y la sociedad civil hace lo que puede.

En medio de este desastre humanitario hay una ausencia clamorosa: la Iglesia Católica española no está acogiendo a esos menores. Cuando menos, no de forma significativa, no a la escala que su infraestructura permitiría, no, que sepamos, con la urgencia que la situación exige. ¿Por qué?

La Iglesia Católica en España no es una asociación voluntaria de fieles con medios modestos. Es una institución con un ingente patrimonio inmobiliario, sin inventario público completo, con miles de centros educativos, residencias, conventos, casas de retiro y edificios en uso parcial o nulo repartidos por todo el territorio. Recibe, además, financiación pública directa e indirecta de magnitud considerable. La casilla del 0,7% del IRPF —la que los contribuyentes pueden marcar voluntariamente— genera para la Iglesia entre 300 y 400 millones de euros anuales que gestiona la Conferencia Episcopal española. A eso se suman las exenciones fiscales sobre bienes inmuebles, las subvenciones a centros concertados, los convenios con administraciones autonómicas y locales, los donativos y donaciones de particulares y un régimen de financiación estatal que tiene su origen en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y que no ha sido sustancialmente revisado desde entonces. Súmenle la dotación de las prelaturas como el Opus Dei y otras organizaciones satelitales y el monto no es desdeñable. Con ese nivel de recursos y esa extensión de infraestructura, la Iglesia Católica española podría acoger, sin esfuerzo estructural significativo, a miles de menores en situación de emergencia. No lo está haciendo, que sepamos. ¿Por qué?

El mecanismo del IRPF tiene una lógica redistributiva: el contribuyente destina una fracción de su impuesto a fines de interés social, ya sea a la Iglesia o a ONG de acción social. La Iglesia recibe esa asignación, en buena medida, porque presenta ante la opinión pública y ante el Estado una identidad de institución con vocación caritativa y de atención a los más vulnerables. Esa identidad tiene consecuencias. No jurídicas en sentido estricto —el dinero del 0,7% no está vinculado por ley a ningún uso concreto en acogida de emergencia—, pero sí morales e institucionales. Una institución que se financia en parte con el argumento implícito de que cuida de los pobres tiene una deuda de coherencia cuando los pobres están en la puerta y la institución mira hacia otro lado.

Los obispos españoles han hecho declaraciones sobre la migración. Han pedido humanidad, han invocado el deber cristiano de acoger al extranjero. El Evangelio de Mateo es claro: "Fui forastero y me acogisteis." Esas palabras no son un adorno retórico. Son una instrucción. Mientras Ceuta improvisa soluciones de emergencia para menores no acompañados, hay conventos con alas enteras vacías. Hay residencias religiosas con capacidad ociosa. Hay órdenes con vocación explícita de atención a la infancia en riesgo que no han activado sus recursos.

Cruz Roja está en Ceuta. Médicos Sin Fronteras está en Ceuta. Save the Children está en Ceuta. Organizaciones laicas, con recursos infinitamente menores que los de la Iglesia Católica española, han movilizado equipos y medios de forma inmediata. Cáritas, la red asistencial de la Iglesia, trabaja. Lo hace con seriedad y con medios limitados, y merece reconocimiento. Pero Cáritas no es la Iglesia institucional a la que me refiero. Cáritas es la parte de la Iglesia que, singularmente, sí se implica. La pregunta es qué hacen las diócesis, los obispados, las órdenes religiosas con patrimonio e infraestructura disponibles. La Iglesia, como institución, no aparece, que sepamos, en el mapa de la respuesta.

Esta ausencia institucional no delata falta de recursos ni de valores declarados. Delata un problema de diseño institucional. La Iglesia Católica española ha construido a lo largo de décadas, de siglos, una arquitectura organizativa que la protege de las exigencias que implica su propio discurso. Tiene una estructura de toma de decisiones opaca, sin rendición de cuentas externa, sin obligación de informar sobre el uso de los recursos públicos que recibe, sin mecanismos de evaluación de su impacto social real. En ese diseño, es perfectamente posible recibir cientos de millones del erario público, proclamar la prioridad de los pobres y los excluidos, y no abrir una sola plaza de acogida en una emergencia humanitaria como la de Ceuta. No hay sanción. No hay consecuencia. No hay mecanismo que conecte los recursos recibidos con las obligaciones que esos recursos implican.

No propongo moralizar sobre la fe de nadie ni sobre la vocación genuina de miles de religiosas y religiosos que trabajan en condiciones duras al servicio de los más vulnerables. Propongo algo muy modesto y concreto: transparencia y coherencia institucional. Algo que los papas Francisco y Leon XIV han promovido, cuando menos, verbalmente. Si la Iglesia Católica recibe financiación pública directa e indirecta con el argumento de su función social, esa función social tiene que ser verificable, evaluable y exigible. No como persecución ideológica, sino como estándar básico de cualquier institución que recibe dinero público. Esta verificación no se puede limitar a una campaña publicitaria dando cuenta de algunas acciones.

Si esta evaluación independiente revelara que la institución no cumple con lo que predica cuando más se la necesita, entonces el debate sobre la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede y sobre los términos de la asignación tributaria dejaría de ser una posición aparentemente anticlerical y se convertiría en una exigencia elemental de coherencia democrática.

Puesto que desconocemos los datos justo es terminar con una pregunta directa a la Conferencia Episcopal Española: ¿Cuántas plazas de acogida ha puesto a disposición la Iglesia Católica española para los menores no acompañados de Ceuta? ¿En qué diócesis, en qué instalaciones, con qué capacidad, desde cuándo? Si la respuesta existe, publíquenla. Si no existe, expliquen por qué. El silencio, en este caso, también sería una respuesta.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya.

La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.

La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.

La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.

España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.

Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.

La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

En bastantes personas que contemplamos la lucha política “por un puñado de niñas” nos sobrevuela por el pensamiento la ansiedad preventiva o anticipatoria. Se nos paraliza cualquier reflexión sobre el futuro de esas niñas que son ahora tizón de odio político. Por ahora todo son especulaciones sobre esa distribución por España, imaginamos que con carácter temporal hasta que se culminen los dilatados trámites de regreso con sus familias. Las ONG de ayuda a esas niñas claman por su protección.

El duelo anticipatorio nos acongoja. Se trata de proteger a 500 niñas en un país de casi 50 millones de habitantes. No entro en lo que se podría haber hecho mejor por parte del Gobierno, tiempo habrá de analizarlo.

Nos encontramos en un momento crítico de provisionalidad permanente. Nos preguntamos si la preocupación es una limitación a la hora de demostrar solidaridades. En el asunto Ceuta la mente se ve obligada a cargar con tantos deberes o débitos, o ambas cosas a la vez, que tiende a encogerse.

La solidaridad personal tiene un alcance limitado si no consigue impregnar a la sociedad. Si el tiempo pasa demasiado deprisa, más que nada por la no solución, se adelanta a los débitos, diríamos que los olvida, y oscurece los deberes. El Gobierno de la ciudad autónoma, acaso sin desearlo, se aleja de sus deberes, al menos con estas niñas. No queremos pensar que perdió su humanitaria gobernanza por la presión de fuerzas políticas foráneas, qué bien fuerte es.

Estamos hablando de 500 niñas, ahora expuestas a muchos peligros que nos harían temblar si fuesen nuestras hijas. Sin duda, antes el tiempo de la solidaridad era más profundo, o tenía menos sucesos adheridos por oscuras intenciones. Escuchamos a dirigentes políticos de la oposición condenar a esas niñas por un supuesto delito del que no son conscientes. No es extraño que la ciudadanía no implicada sienta ganas de dejar vagabundear su pensamiento entre débitos y deberes. No comentaré si es conforme a ley o no, no me considero capacitado.

Decía la filósofa Hannah Arendt que “el juicio moral depende de la capacidad de pensar desde la perspectiva del otro”. Suponemos que esos dirigentes a los que aludíamos antes tendrán hijas. Pensemos en la seguridad mental y física de esas 500 niñas. ¿Acaso no merecen ser acogidas temporalmente en lugares seguros? ¿O reza para ellas aquello tan cristiano de que “en el castigo (por entrar) llevarás la penitencia (por estar)"? Actualmente recorren un laberinto que ellas difícilmente pueden asimilar. Entraron en un país rico que se dice que respeta los derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño-a (1989). Que está obligado por haberse adherido a mandatos de la ONU y UNICEF, que piden la salvaguarda de la infancia como sujeto de derecho.

No entro en las otras dimensiones de la tragedia de Ceuta, ya se aclarará lo que se debe y puede hacer con el resto de las personas que malviven por la ciudad autónoma. ¡Pero todo este precipicio humanitario por 500 niñas!

Las ONG allí desplazadas las socorren por ahora, mientras se articulan otros sistemas de protección. Me cuesta creer la noticia publicada por un periódico de Ceuta que comentaba la llamada de vecinos de esa ciudad a expulsar a la Cruz Roja —un ejemplo de dedicación a los desfavorecidos en todo el mundo— por dedicar a las niñas extranjeras excesiva atención, que no prestan a las nativas.

En la película de Sergio Leone Por un puñado de dólares (1964) parece que no destacaba la moralidad del protagonista. ¿Podemos ver si es así en quienes deciden en el caso de estas niñas?

En fin, que la cara más vulnerable del entramado social dejó de tener rostro. Debemos quitarnos las caretas y proteger a esas 500 niñas.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

La decisión de la Junta de Extremadura de iniciar el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres —cuatro meses después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la incluyera en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada— plantea una cuestión que va mucho más allá de la conservación de un monumento. Obliga a preguntarnos qué ocurre cuando una administración pública decide proteger como patrimonio un elemento cuya propia historia lo vincula directamente con la cultura política y memorial del franquismo. El propio expediente lo reconoce: la cruz nació en plena guerra, con inscripciones de saludo a Franco, en un entorno urbano "preconcebido para ensalzar al régimen". Y acto seguido sostiene que su valoración debe entenderse "desvinculada de su sentido conmemorativo originario". Se pretende proteger la cruz a condición de amputarle su historia.

El debate suele presentarse en términos aparentemente sencillos: derribo o conservación; memoria democrática o patrimonio histórico; símbolo franquista o símbolo religioso. Pero esta simplificación oculta una cuestión fundamental. Para saber qué hacer con una Cruz de los Caídos no basta con observar cómo se presenta hoy. Es necesario conocer por qué, para qué y en qué contexto fue construida.

Y ahí reside el principal problema del caso cacereño.

La discusión parte con frecuencia de una confusión histórica: considerar que estamos ante una cruz religiosa a la que, durante el franquismo, se añadieron unas inscripciones, unos nombres o unos emblemas que podían retirarse sin afectar a la naturaleza esencial del monumento. La documentación histórica conservada conduce a una conclusión diferente. Las Cruces de los Caídos constituyeron una tipología monumental propia de la cultura política y memorial del franquismo. Aunque su forma cruciforme coincidiera con una iconografía religiosa tradicional, su incorporación a estos conjuntos no fue accidental ni secundaria: la cruz fue concebida como el elemento central sobre el que se articulaba la composición conmemorativa. Los expedientes de construcción conservados en el Archivo General de la Administración permiten comprobar que, en numerosos proyectos, la cruz aparecía como la idea rectora del monumento —"el tema central", "la idea eje de la composición", escriben los propios arquitectos— y no como un simple soporte destinado a albergar unas placas posteriormente separables. La forma del monumento y su función política formaban parte de un mismo lenguaje memorial.

La construcción franquista adoptaba deliberadamente una forma religiosa porque el nacionalcatolicismo había convertido la unión entre política y religión en uno de sus principales instrumentos de legitimación. La cruz permitía sacralizar la victoria de los vencedores, presentar la Guerra Civil como una empresa providencial y transformar la muerte de los combatientes del bando franquista en sacrificio, martirio y redención. Por eso resulta históricamente incorrecto invertir el proceso y afirmar que el franquismo se limitó a añadir política a una cruz religiosa previamente neutral. Ocurrió justamente lo contrario: el régimen construyó monumentos políticos cuya forma principal era una cruz.

Esta distinción es decisiva. Cuando, décadas después, se eliminan unas placas o unos emblemas, puede modificarse una parte visible del monumento; pero no desaparece la historia de su construcción. Si bastara con eliminar unas placas para transformar la naturaleza histórica de un monumento, cualquier construcción franquista podría desvincularse de su origen mediante una simple operación estética. Pero la historia no desaparece cuando se borra una inscripción ni se modifica por el mero hecho de sustituir unas placas por otras que incluyan a todas las víctimas, como se ha hecho en múltiples lugares. Eso no es resignificar, es blanquear: porque equipara bajo un mismo mármol a víctimas y verdugos.

Precisamente por ello, la naturalización de estos elementos no debe confundirse con su neutralidad. Que los cacereños hayan incorporado durante décadas la cruz a su paisaje cotidiano no significa que el objeto haya perdido su historia política, ni mucho menos la función por la que fue erigida: la de exaltar, legitimar, conmemorar al franquismo y humillar a los vencidos. Significa que esa historia ha dejado de ser visible o, sencillamente, conocida. El problema no es únicamente la supervivencia física del monumento, sino la pérdida progresiva de conocimiento sobre las circunstancias que explican su existencia: la ciudadanía termina viendo únicamente una cruz, y se olvida de que aquella cruz fue concebida como la pieza central de un programa político de memoria construido por una dictadura. Esa pérdida no convierte el monumento en inocente; simplemente hace más difícil comprenderlo. Y desactiva de paso el argumento estrella del Ayuntamiento —que la cruz es hoy "un sitio de reencuentro y concordia"—, porque esa percepción no es la refutación de su origen: es la prueba del éxito de la operación. El propio expediente ofrece, sin advertirlo, el contraargumento: recoge que en los años setenta se propuso trasladar la cruz porque los bloques de viviendas la habían dejado "rebasada" y la prensa del régimen le daba perdido su "bagaje emocional". El "hito urbano" que hoy se blinda era un estorbo para la Cáceres de 1970. Lo que ha cambiado desde entonces no es el monumento: es su utilidad política.

La declaración BIC debe analizarse desde esta perspectiva. Declarar Bien de Interés Cultural un elemento no supone únicamente reconocer sus características materiales: implica seleccionar aquello que una sociedad considera digno de protección, conservación y transmisión a las generaciones futuras. Por eso la cuestión no es si la cruz tiene valor histórico —lo tiene, como testimonio de una determinada política memorial—, sino qué se pretende proteger exactamente y bajo qué relato. No es lo mismo conservar un elemento para explicar críticamente cómo funcionó la cultura política de una dictadura que protegerlo como un objeto descontextualizado, separado de las razones que explican su construcción. El patrimonio no debería convertirse en una forma de amnesia. Y los detalles del expediente apuntan en esa dirección: la resolución estatal constató en abril que el monumento "no presenta ningún elemento artístico singular"; en julio y agosto la Junta encargó dos informes y sobre ellos incoó el BIC; y el bien incoado ni siquiera se denomina "Cruz de los Caídos", sino, literalmente, "la Cruz" de la plaza de América. Hasta el nombre ha tenido que maquillarse.

Existe aquí una contradicción difícil de ignorar. Si un monumento construido para la exaltación de una dictadura puede ser protegido jurídicamente después de eliminar algunos de sus elementos más explícitos, se abre una vía extraordinariamente eficaz para garantizar la supervivencia de la propia estructura monumental. La patrimonialización se convierte así en una nueva forma de pervivencia. No hace falta defender abiertamente el franquismo: basta con desplazar el debate desde la historia política hacia la estética, la antigüedad o la forma religiosa. Es exactamente lo que ensaya la derecha española, en Cáceres y en la campaña de mociones BIC que promueve por todo el país: no defiende que la cruz se quede; defiende que no se explique. Lleva medio siglo administrando el capital político de la naturalización —primero blanqueó las placas, luego naturalizó los monumentos— y ahora pretende blindar jurídicamente el resultado. Pero una democracia no debería construir su relación con el pasado sobre la ocultación de la historia de los objetos.

¿Qué hacer, entonces? La cuestión no es patrimonio o memoria, sino qué tipo de política patrimonial y memorial se adopta. Una política de tratamiento será tanto más eficaz cuanto mayor sea su capacidad para explicar el origen del elemento, modificar la jerarquía simbólica heredada, reconocer a quienes fueron excluidos de la conmemoración y proporcionar instrumentos para interpretar críticamente el pasado. Una Cruz de los Caídos puede conservarse como documento histórico, trasladarse a un espacio museístico, integrarse en un recorrido pedagógico sobre la dictadura. Pero allí donde el monumento conserva intacta su estructura de exaltación, donde no se prevé contextualización alguna y donde la protección se utiliza precisamente para impedir el cumplimiento de la ley, la retirada constituye la respuesta coherente: una medida de higiene democrática del espacio público. Es lo que ordena la resolución estatal, y lo que el expediente extremeño pretende bloquear. Retirar no es borrar la historia —la historia está en los archivos, en la prensa de 1937, en el propio expediente de la Junta—; es dejar de exhibirla como exaltación en el lugar que la dictadura eligió para ello.

Y aun así no basta. Si las generaciones posteriores desconocen por qué fueron construidos estos monumentos, qué función desempeñaron y a quiénes conmemoraban, la desaparición física del objeto no garantiza la desaparición de las interpretaciones que permitieron su naturalización. La retirada debe acompañarse de aquello que la naturalización destruyó: conocimiento. Contextualización, educación histórica, explicación pública de lo que ese monumento fue y de lo que todavía significa. La finalidad última no es borrar el pasado, sino impedir que la dictadura continúe determinando silenciosamente la jerarquía de las memorias presentes.

Porque retirar una inscripción puede modificar un monumento. Pero no puede modificar el pasado.

Y porque proteger la piedra mientras se oculta por qué fue levantada no es conservar la historia.

Es perderla.

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Francisco Navarro López es doctor en Patrimonio y Profesor de la UC3M y URJC.

España puede y debe defender sus intereses frente al Estado marroquí. Lo que no necesita es convertir cada desacuerdo con Rabat en una confirmación de que al otro lado del Estrecho aguarda un enemigo histórico, ni proyectar esa sospecha sobre la inmigración y los marroquíes que viven en el país. Al-Ándalus, el Rif y el Protectorado ayudan a explicar de dónde procede ese imaginario y por qué la extrema derecha todavía puede activarlo.

He pasado la mitad de mi vida estudiando la historia de un país que no es el mío y, con los años, he aprendido también a quererlo en sus contradicciones. Es desde esa cercanía —no desde la voluntad de dar lecciones— desde donde escribo estas líneas.

España ha aprendido a mirar hacia el norte para reconocerse y hacia el sur para diferenciarse. Se identifica con Europa como si esa pertenencia exigiera levantar una frontera cultural frente al Magreb. Marruecos, pese a su proximidad, aparece así como un país lejano: vecino en el mapa, pero extraño en el imaginario. Quienes conocemos las dos orillas sabemos hasta qué punto resulta paradójica esa distancia: catorce kilómetros pueden ser apenas un breve trayecto marítimo y, al mismo tiempo, un abismo lleno de prejuicios.

No siempre fue así. La historia de la península ibérica está atravesada por influencias cristianas, musulmanas y judías. Ninguna permaneció intacta ni existió aislada de las demás. Se enfrentaron, convivieron, comerciaron, se tradujeron y se transformaron mutuamente. España no surgió de una sola raíz, sino de una historia plural que después fue reorganizada para atribuir el protagonismo a los vencedores.

En España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Américo Castro defendió que lo hispánico no puede explicarse sin la interacción entre las tres comunidades. Su tesis fue discutida, especialmente por Claudio Sánchez-Albornoz, y no debe convertirse en otro dogma. Pero conserva una intuición fundamental: lo musulmán y lo judío no fueron episodios exteriores a España, sino componentes activos de su formación.

El problema no es que España haya olvidado completamente Al-Ándalus o Sefarad. Sus monumentos se restauran, sus barrios históricos atraen visitantes y su legado se exhibe en museos y campañas turísticas. Lo que persiste es una apropiación selectiva: se celebra la belleza de lo heredado, pero se mantiene a distancia a quienes lo crearon. Se admira la obra mientras se procura que sus autores permanezcan discretamente encerrados en el pasado.

La Alhambra es un símbolo español, mientras la dimensión musulmana de la historia nacional continúa tratándose a menudo como una presencia extranjera. La mezquita de Córdoba es motivo de orgullo patrimonial, pero una mezquita contemporánea puede despertar sospechas. Se valora la huella sefardí, aunque la expulsión de los judíos quede relegada dentro del relato triunfal de 1492. Hay algo muy humano, aunque poco confesable, en esa contradicción: nos encanta recibir una herencia siempre que no tengamos que reconocer plenamente a quienes nos la dejaron.

Reconocer esas herencias no significa afirmar que los españoles actuales sean andalusíes, musulmanes o sefardíes. Las identidades colectivas no son sustancias puras transmitidas durante siglos, sino construcciones cambiantes, hechas de contactos, conflictos y apropiaciones. Tampoco se trata de idealizar Al-Ándalus como un paraíso de convivencia. Hubo intercambios fecundos, pero también desigualdades, persecuciones y guerras. Sustituir el mito de una España eternamente cristiana por el de una armonía perfecta entre las tres culturas sería cambiar una simplificación por otra.

La dificultad se vuelve políticamente más visible cuando una parte del debate público español mira a Marruecos. Ambos países están separados por una frontera y mantienen desacuerdos sobre migración, aguas territoriales, comercio, seguridad y soberanía. Nada obliga a idealizar la relación ni a ocultar sus conflictos. Una cosa, sin embargo, es analizar las decisiones del Estado marroquí y otra convertir a Marruecos en el enemigo histórico de España.

Como marroquí, no espero una mirada complaciente hacia mi país. Marruecos tiene problemas internos, decisiones discutibles y políticas que deben ser criticadas. Lo difícil de aceptar es que determinados desacuerdos despierten al mismo personaje adormecido en la memoria española: el “moro” amenazante que aguarda al otro lado del Estrecho.

Esa imagen también procede de una memoria colonial incompleta. Las guerras del Rif, el desastre de Annual, el Protectorado y la resistencia encabezada por Abd el-Krim el Jatabi ocupan un lugar secundario en el conocimiento histórico de buena parte de la sociedad. Marruecos aparece asociado a derrotas, traumas militares y amenazas, pero rara vez se estudia la experiencia de las poblaciones colonizadas.

María Rosa de Madariaga dedicó buena parte de su obra a reconstruir esa historia silenciada. En libros como España y el Rif, En el Barranco del Lobo y Marruecos, ese gran desconocido, mostró hasta qué punto el norte de Marruecos estuvo ligado a la evolución política y militar de la España contemporánea. Sin el Rif resulta difícil comprender la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, el protagonismo del Ejército de África, el ascenso de determinados militares —entre ellos un tal Francisco Franco, que después tendría cierta relevancia en la historia de España— y, finalmente, la Guerra Civil.

Los mandos franquistas utilizaron soldados reclutados en el territorio colonial y, al mismo tiempo, se beneficiaron del temor histórico que inspiraba la figura del “moro”. La propaganda republicana tampoco escapó por completo a ese marco: el combatiente marroquí fue presentado como cruel, violento y ajeno, mientras quedaban en segundo plano el dominio colonial, la pobreza, las condiciones de reclutamiento y la responsabilidad de quienes lo trasladaron a la península y lo enviaron al frente.

El “moro” podía ser aliado militar, súbdito colonial, enemigo ancestral o figura exótica, pero rara vez aparecía como sujeto con voz e historia propias. Esa representación no desapareció con el Protectorado. Sobrevivió en el lenguaje, en ciertos relatos escolares y en productos culturales, y en la manera de interpretar algunas crisis entre España y Marruecos. Todavía hoy, una noticia protagonizada por un ciudadano marroquí puede convertirse con demasiada facilidad en un juicio contra toda una comunidad.

El “moro” contemporáneo ya no lleva alfanje ni monta a caballo, pero reaparece en las redes, en determinados programas y en las consignas de quienes necesitan un enemigo al sur. La extrema derecha no creó ese imaginario: descubrió su utilidad política. Presenta la inmigración como una “invasión”, el islam como una amenaza y Marruecos como el poder que dirige o aprovecha ese avance. El vocabulario se moderniza, pero la estructura permanece: España vuelve a estar sitiada y necesita otra Reconquista, ahora con vídeos breves, consignas virales y algoritmos en lugar de caballos y armaduras.

En ese discurso se confunden deliberadamente cuatro realidades distintas: el Gobierno marroquí, el Estado de Marruecos, los inmigrantes en situación irregular y los ciudadanos de origen marroquí que viven legalmente en España. Una discrepancia diplomática termina proyectándose sobre el trabajador, el menor migrante, el comerciante o el español musulmán. La nacionalidad deja de ser una condición jurídica y se convierte en una sospecha.

Detrás de esas categorías hay personas concretas: el jornalero que recoge la fruta, la mujer que cuida a un anciano, el joven nacido en España que todavía debe demostrar que pertenece al país y el comerciante que lleva décadas levantando cada mañana la persiana. Cuando se habla de ellos como una masa amenazante, se les arrebata primero el rostro y después la historia.

Conviene insistir en una distinción esencial. Criticar a Marruecos no es racismo. Sus políticas públicas, sus decisiones diplomáticas y sus problemas internos deben examinarse con el rigor aplicado a cualquier otro Estado. Tampoco todo temor relacionado con la inmigración es imaginario: existen dificultades de integración, presión sobre algunos servicios y problemas de seguridad que no deben negarse. Reconocerlos, sin embargo, no autoriza a atribuir una conducta a millones de personas ni a convertir el origen marroquí en explicación automática de la delincuencia.

La extrema derecha prospera cuando problemas reales son absorbidos por una explicación identitaria. El desempleo, la precariedad, la vivienda o el deterioro de los servicios dejan de relacionarse con decisiones económicas e institucionales y pasan a atribuirse al extranjero. Marruecos se convierte en la pantalla sobre la que se proyectan frustraciones de causas mucho más complejas.

Tampoco todos los sectores progresistas han construido una mirada madura. Algunos evitan cualquier crítica a Marruecos por miedo a alimentar el racismo; otros contemplan el país mediante idealizaciones que poco tienen que ver con su realidad. La condescendencia, aunque nazca de buenas intenciones, tampoco permite conocer al vecino ni relacionarse con él en condiciones de igualdad.

La paradoja es evidente. España necesita la cooperación de Marruecos en seguridad, comercio, energía, lucha antiterrorista y gestión migratoria. Centenares de miles de personas de origen marroquí trabajan en sectores esenciales de la economía española. Las relaciones familiares, culturales y económicas entre ambas orillas son cada vez más densas. Sin embargo, una parte del debate continúa comportándose como si el Estrecho fuera una muralla entre dos civilizaciones incompatibles. La vida cotidiana desmiente esa muralla cada día, aunque algunos discursos se empeñen en reconstruirla cada noche.

Lo necesario es una memoria adulta: capaz de reconocer el conflicto y la mezcla, las expulsiones y las herencias, las disputas actuales y la profundidad de los vínculos. Una memoria que no exija amar al vecino ni estar siempre de acuerdo con él, sino algo más elemental: conocerlo antes de juzgarlo.

España puede defender sus intereses frente a Marruecos sin fabricar un enemigo marroquí. Puede discutir sobre fronteras, inmigración o soberanía sin recuperar el lenguaje de las guerras religiosas. Y puede reconocerse como nación europea sin expulsar de su identidad aquello que la vincula con el sur.

Al otro lado del Estrecho comienza otro Estado, pero no una historia completamente ajena. Marruecos no es una prolongación de España ni España una prolongación de Marruecos. Son sociedades diferentes, soberanas y a menudo enfrentadas por intereses concretos. Pero forman parte de un espacio histórico compartido que la política puede administrar, aunque no borrar. Quienes hemos cruzado ese Estrecho más de una vez sabemos que, visto desde el barco, ninguna orilla parece tan extraña como se cuenta desde tierra.

Hace más de tres décadas, Alfonso de la Serna cerraba su artículo Marruecos, publicado en ABC el 24 de septiembre de 1989, con una pregunta que sigue esperando respuesta: "¿Borraremos las viejas imágenes equívocas —la imagen del “otro”— para mirar lúcida y cordialmente la realidad de nuestro vecino marroquí?".

Treinta y siete años después, aquellas imágenes no han sido borradas. Algunas han cambiado de vocabulario, se han adaptado a las redes y han encontrado representación parlamentaria. Pero el “otro” sigue siendo útil para quienes necesitan un enemigo al sur. Quizá haya llegado el momento de ver a Marruecos en su complejidad: como vecino, socio, competidor y país soberano con el que España comparte intereses, desencuentros y una historia que ninguna consigna de Reconquista conseguirá borrar.

España y Marruecos no están obligados a ser amigos ni condenados a ser enemigos. Necesitan comportarse como vecinos adultos: discrepar sin demonizarse y colaborar sin confundirse. No se trata de pedir a España simpatía o indulgencia hacia Marruecos, sino de recordar que la historia no se elige, pero la memoria sí; y de conocer el pasado sin concederle el derecho de decidir eternamente nuestra manera de mirarnos.

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Fikri Soussan es profesor de Estudios Hispánicos en la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez y responsable de la edición en francés de Alyaoum24.

A Carmelo Gómez, que, como artista grande, hace de Federico García Lorca en el teatro

Es que no paran de decir que al poeta Federico García Lorca lo mataron el 18 de agosto de 1936. O que lo fusilaron. Y no me lo puedo explicar. Las palabras que utilizamos para decir algo son importantes. Ya ven ustedes la que armó Díaz Ayuso con lo de la fruta y lo del hijo de puta. O cuando para ella la palabra libertad significaba dejar sin toneles de cerveza las bodegas del Titanic o de las tres carabelas juntas de Colón. El franquismo no sólo nos robó las palabras sino que las corrompió. Lo escribe el historiador Francisco Espinosa Maestre. Y si lo dice uno de los mejores historiadores sobre la represión franquista por algo será. Lo malo es que ahí seguimos, usando el lenguaje del franquismo cuando hablamos de memoria democrática.

Que no hubo un golpe de Estado sino un acto de salvación contra el Estado criminal de la República. Y eso que la República no es que fuera la revolución de las guillotinas o la de Octubre del 17, pero les tocaba las narices a los curas, a los terratenientes y otros potentados, a los militares facciosos… En resumen: a quienes vivían como dios a costa de los demás antes del 14 de abril de 1931.

Que fue la nuestra una guerra entre hermanos o abuelos (di que sí, Feijóo) para ocultar que fue una guerra política, ideológica, cultural, de género y de clase. Ojo con lo de género, que casi nadie lo tiene en cuenta: fueron las mujeres las que en la represión generalizada, llevada a cabo por los fascistas antes, durante y después de la guerra, sufrieron el añadido de la humillación: la cabeza rapada, el ricino en las tripas para que se vaciaran por las calles, limpiarles la mierda a los curas y a los ricos.

Que digan ustedes que sí, que quieren que nos traguemos el cuento chino de la paz que llegó en 1939. ¡Qué bien lo dice el personaje de Agustín González en Las bicicletas son para el verano! Pasea con su hijo —Gabino Diego en la ficción— por las calles de un Madrid en ruinas. El chico dice tan feliz que ahora su madre estará contenta porque al fin ha llegado la paz. Y el padre le contesta, con una tristeza que no cabe en la pantalla: "es que lo que ha llegado, Luisito, no es la paz. Es la victoria". Pues eso.

Que todos perdieron la guerra: otra cantinela más falsa que Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en las versiones que han ido soltando de su cuchipanda en el Ventorro mientras a 231 personas se las llevaba la corriente. O sea que los fascistas también la perdieron y nosotros sin enterarnos. Me viene a la cabeza que, en el 50 aniversario del Congreso de Intelectuales Antifascistas celebrado en València en 1987, Octavio Paz nos lanzó una buena lista de los verdaderos según él ganadores de la guerra: sobre todo, compartiendo trofeo con otras federaciones de extraterrestres, los vencedores fueron la democracia así en general, la monarquía y una Constitución que era como el ser o no ser de Shakespeare pero sin las dudas hamletianas aplicadas a la reconciliación. O sea que al final lo que ganó la guerra fue que se chocaran las manos Fraga, Carrillo, Felipe González y la cabra de la Legión.

Pero va y unos días después, aún dentro de aquel aniversario, Vázquez Montalbán le recordó a Octavio Paz su larga lista de ganadores, que no hubiera cabido en Spotify, y con una ironía que levantó al auditorio de sus asientos (yo estaba allí) remató: "El primer día, en el brillantísimo discurso de inauguración, Octavio Paz aportó una espléndida licencia poética —yo temo que el destino de muchas licencias poéticas sea el de convertirse en licencias históricas— y esa licencia poética fue que, finalmente, el vencedor de la guerra civil o los vencedores habían sido la Monarquía y la Democracia. Sin embargo yo, recuperando de pronto mi memoria sacudida por el impacto y la belleza de las palabras, recordé que durante treinta y seis años tuve la sospecha de que quien había ganado la guerra era Franco". Yo también tengo esa sospecha, de verdad que la tengo. Lo que ya no es una sospecha sino verdad de la buena es que mi padre no ganó la guerra. Lo pone en su expediente la sentencia carcelaria de 1940 porque el golpe de Estado contra la República lo cogió de subidón libertario cuando apenas había cumplido diecinueve años. Pero bueno, ya me quedo más tranquilo si pienso -según las teorías igualitarias que usan los tahúres de la historia- que el abuelo de Abascal —como el nieto, fascista hasta las cachas— también fue de los que perdieron la guerra. Así salimos a menos en el reparto de la derrota. En fin….

En fin sí, y sigo con lo del rollo del lenguaje y las palabras trucadas. Un ejemplo interesante de esas palabras trucadas, como las Derby de los sesenta para fardar con las chicas: alguien dice "a mi tío lo metieron en la cárcel y no había hecho nada", o "a la mejor amiga de mi abuela la fusilaron y no había hecho nada". ¿Cómo que no habían hecho nada? Defender la legitimidad republicana, ser de la UGT, de la CNT, concejal de izquierdas en su pueblo, ser socialista o comunista… Entonces llega la confusa aclaración: "Bueno, lo que quiero decir es que no había matado a nadie…". Ah, vale, ahora lo entiendo: Federico García Lorca tenía en su pistolón más muescas que Arias Navarro en su particular carnicería malagueña y por eso anda desaparecido desde hace noventa años. ¿No les parece que ya va siendo hora de que dejemos de tragarnos las trolas que nos sigue endilgando el franquismo con sus trucos de lenguaje? Yo creo que sí, que ya va siendo hora. Y ya que estamos con Federico, voy, para terminarlo, al título de este artículo.

A Federico García Lorca lo mataron. A Federico García Lorca lo fusilaron. Eso ha salido estos días en un millón de sitios. Y no siempre de derechas, ¿vale? No siempre de derechas. ¡Qué perra con lo de que lo fusilaron! Pues va a ser que no. Todos los fusilamientos que llevaron a cabo los fascistas —insisto: antes, durante y después de la guerra— fueron sencilla y llanamente asesinatos. ¿Tuvieron un juicio justo Federico y sus compañeros de fosa común Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas? Pues no. Ni justo ni injusto. En el caso de que los hubiera, todos los juicios de los golpistas fueron ilegales. Sin defensa posible. Condenas firmadas desde el mismo instante de las detenciones. Ahora ya el Estado —gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022— reconoce esa ilegalidad y la nulidad de sus sentencias. Una noche detienen a Lorca, a Galindo, a Galadí y a Arcollas, les pegan cuatro tiros y al pozo que cavaron los verdugos en Víznar o donde fuera. ¿Y eso se llama fusilamiento? Por favor: llamémosle de una puñetera vez asesinato y dejémonos de licencias poéticas como la de Octavio Paz cuando hablaba de los vencedores de la guerra. Por cierto, la última pregunta en el párrafo que viene:

¿De verdad es imposible encontrar la fosa donde está enterrado García Lorca? Hay muchas versiones sobre qué pasó con su cadáver después de aquella madrugada. Y testigos que vieron caer los cuerpos como perros muertos en las fosas. Y demasiados silencios en los alrededores del poeta. Yo no lo sé. Pero es que todo, noventa años después de su asesinato, suena a película de suspense. Pero de las baratas, de la serie Z por lo menos. A Federico lo asesinaron el 18 de agosto de 1936. Y ya es hora de que sepamos dónde está desde aquella trágica noche de verano. Y desde luego, digan lo que digan los chascarrillos de la historia: Federico tampoco ganó la guerra. Fue de los que la perdieron. De los hombres y mujeres que lucharon en defensa de la República contra el fascismo y acabaron en el exilio, en el silencio y el miedo de las casas, en las cunetas, en las tapias de los cementerios o, como Miguel Hernández, podridos de tuberculosis y otras miserias en las cárceles franquistas. Ojo pues con las licencias poéticas, ¿vale? Mucho ojo.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

Pronto se cumplirán 40 años desde que en la editorial Ruedo Ibérico publicamos Extremadura Saqueada y ya entonces tratábamos a fondo el problema de la energía nuclear y de las centrales nucleares, y de la de Almaraz en concreto. Toda la historia de corrupción y chapuzas tecnológicas la contamos en dicho libro, desde los primeros fallos hasta el más grave, que se produjo en el circuito primario de refrigeración y que nos hizo traer a un equipo de expertos de EEUU, contratado por la Junta de Extremadura, para analizarlo a fondo (este tema lo explicamos en su día en El País en una entrevista de Félix Monteira).

Los incidentes no han dejado de producirse a lo largo de estos 40 años, y algunos han trascendido, a pesar de las presiones de las eléctricas y de los inversores, los cuales han ido frenando las informaciones que se producían con la opacidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Tras algunas paradas no programadas, cuando fue llegando la hora de cancelar esa instalación, diversas estrategias de las compañías propietarias —aliadas con una Administración absolutamente partidaria y gracias a los informes favorables del CSN— se las ingeniaron para prolongar la vida de la central de forma temeraria hasta llevarla a una duración casi del doble de la prevista inicialmente. Ni siquiera han respetado las fechas que se pactaron al principio.

Ahora, después del reciente suceso —también relacionado, al parecer, con el circuito primario de refrigeración— y por el que han tenido que llevar a cabo una parada no programada —del que tampoco han informado debidamente a la opinión pública—, se toma la decisión de prolongar tres años más la vida de Almaraz con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear, pese a haber algún miembro crítico con dicha decisión.

La historia de sucesos en torno a esta central es tan tenebrosa que invitamos a los ciudadanos a que se informen acerca de lo que estamos diciendo o lean el informe Amanecer sin Almaraz, publicado por ADENEX, en el que se puede encontrar la cronología de todos los hechos que se han ido sucediendo. Así entenderán con detalle las razones por las que esta prórroga no debería concederse.

En el Cuaderno Extremeño fuimos críticos con Guillermo Fernández Vara por el tema de Almaraz, y lo somos ahora con Pedro Sánchez, a pesar del apoyo que le hemos prestado en muchas otras ocasiones por ser el presidente más perseguido por toda la ola reaccionaria. Prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz es una irresponsabilidad absoluta.

Si se produjera algún accidente en ella, los que ahora exigen la prórroga serían los primeros en hacer recaer la responsabilidad en el Gobierno, y no habría un lugar en el mundo donde sus miembros pudieran esconderse. Pregunten o lean las declaraciones del ex primer ministro de Japón tras el accidente de Fukushima para saber cómo mintieron a la población y cómo, hasta hoy mismo, han de seguir luchando contra el agua radiactiva.

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Juan Serna Martín es director de la revista 'Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción' y exconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

La importancia y extensión que han adquirido las tecnologías en nuestra época han logrado que nos dotemos, casi sin pretenderlo, de un manual de instrucciones para solucionar muchos problemas cotidianos que antes almacenábamos con más esfuerzo en nuestra memoria. Programar soluciones a problemas complejos se ha vuelto simple, incluso para mentes poco dotadas, como es el caso de Abascal. Las instrucciones algorítmicas del opúsculo, que caben en la cabeza de Abascal, son muy sencillas y fáciles de entender.

Abascal maneja un algoritmo diseñado en un papel tamaño cuartilla que utiliza en todas las crisis por muy complicadas que se adviertan, ya se trate de catástrofes naturales, como la dana; del número y extensión de los incendios; del asesinato de las mujeres por violencia machista; o, en el último caso, de la guerra híbrida provocada por la entrada a Ceuta de 72.000 personas, la mayoría marroquíes, entre adultos y menores. El algoritmo programado por Abascal es el siguiente: España ha tenido muchos enemigos a lo largo de su historia, pero actualmente solo hay uno identificable en el país: Pedro Sánchez.

Sánchez definió la entrada masiva de migrantes a Ceuta como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible [...], pues recuerda a la situación vivida también en el año 2021 [...] Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”.

En general, estas declaraciones han parecido a analistas, medios de comunicación y articulistas parcas, demasiado concisas y sin profundizar en las causas que provocaron una avalancha de 72.000 marroquíes y otras nacionalidades, entre adultos y menores. Nada más lejos de la realidad. Los flujos migratorios en la UE son y han sido en estos últimos años el campo de batalla entre los Gobiernos porque traspasan muchas fronteras. A mi juicio, Pedro Sánchez ha asumido, después de ocho años en la Presidencia del Gobierno, que las relaciones internacionales y entre Estados son muy complejas; y ha aprendido a decir lo que tiene que decir y a callar lo que debe callar. De todo lo dicho y escrito sobre Pedro Sánchez, me interesa recalcar el mensaje que nos aporta el proverbio latino: intelligenti, pauca.

Este mensaje no se ha captado por analistas y dirigentes políticos. Pero el Gobierno, a través de sus ministros, no se saldrán del guion. Marlaska, al que le tocan todas las crisis, ya ha dado muchas explicaciones, ha sentido la solidaridad de Europa y mantendrá sus tesis de apaciguamiento con Meloni y la danesa Mette Frederiksen, a pesar de que en su carta vinculan la inmigración irregular con la delincuencia, que los datos desmienten. Por su parte, Margarita Robles continuará elogiando al CNI. Y José Manuel Albares reafirmará la cooperación leal y amistosa que España tiene con Marruecos. Otras cosas son las consecuencias a medio plazo de los errores que hayan analizado y advertido tanto el Gobierno español como el marroquí y que puede traducirse posteriormente en alguna dimisión o cese de funciones por motivos personales. Porque ambos Gobiernos sí harán autocrítica interna.

La gran amenaza para los demócratas y progresistas españoles, europeos y mundiales viene de las ultraderechas y el fascismo. ¿Qué pintaba Trump en la crisis migratoria ceutí? Nada, salvo defender sus intereses geopolíticos en la zona desde su posición imperialista y advertir a los norteamericanos del riesgo del gobierno de los demócratas. En España, Abascal ha emprendido una carrera a tumba abierta contra Pedro Sánchez que no tiene comparación con el descarado lenguaje anterior. En lo personal, ha traspasado la barrera de lo soez, del insulto, para convertirse en delictivo; y en el ámbito político, en fascista.

Ante el público que le escuchaba en Ceuta, Abascal declaró que “por la regularización de los residentes irregulares, emprendida por el Gobierno, se ha producido la invasión de Ceuta, un acto de guerra, y por la invasión vienen las puñaladas y las violaciones; todo es culpa del traidor y mafioso Pedro Sánchez”, por lo que la solución para España pasa por acusarlo, llevarlo al banquillo y juzgarlo. “Pedro Sánchez está sometido a Marruecos, porque tiene informaciones de corrupción y mafias que nosotros todavía no conocemos”. El algoritmo con el que sueña Abascal para Pedro Sánchez no es solo la verborrea imprecisa de un dirigente ultraderechista y fascista. Con sus palabras pretende que algún juez o fiscal se haga eco de las mismas para abrir diligencias contra Pedro Sánchez acusándole de traidor al Estado. Esta es mi advertencia.

Con el camino de vuelta a Marruecos de la mayoría de los que entraron, quedan las graves secuelas de la permanencia de los mil quinientos menores. Y los que se proclaman refugiados. En 2021 escribí que Marruecos no era un Estado fallido y, por tanto, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de sus hijos. Son el fruto, todavía no maduro, que las familias ofrecen al Estado marroquí para su permanencia. Los que heredarán y labrarán sus tierras, fabricarán su industria, los que se formarán y regirán sus universidades. De los que saldrán los grandes atletas y deportistas. Antes, el Estado tiene que proporcionar a las familias, como todos los Estados, trabajo para vivir con suficiencia, escuelas para todos y la mejor sanidad para sus hijos sin que los mayores puedan renunciar a su patria potestad. Exige, pues, la máxima y rápida colaboración entre los Estados para su retorno, sin poner trabas a la supresión de las leyes administrativas y judiciales españolas.

Finalizado este artículo, pensando que la política de apaciguamiento y cooperación entre los Gobiernos de España y Marruecos sería la que predominaría en estos próximos meses, Marruecos ha elevado la tensión por las declaraciones del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, el más beligerante con la pertenencia de Ceuta y Melilla a Marruecos. El Gobierno español ya ha respondido defendiendo la integridad territorial española.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Todavía hoy, más de dos semanas después del inicio de la llamada “crisis de Ceuta”, siguen siendo más los interrogantes que las respuestas verificadas en muchos aspectos.

Sin embargo, una de las principales certezas es que la situación del Sáhara Occidental no puede servir como telón tras el que ocultar los desafíos reales, evidenciados e históricos de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.

De este modo, con frecuencia, el debate sobre los vínculos entre España y Marruecos pivota en torno al Sáhara Occidental, como si esta cuestión explicara por sí sola todas las tensiones existentes entre ambos países.

No obstante, reducir la complejidad de una relación bilateral caracterizada por intereses estratégicos, diferencias políticas y disputas territoriales al asunto saharaui supone ignorar problemas de fondo que siguen y seguirán condicionando el entendimiento entre Madrid y Rabat.

Escudarse en el Sáhara Occidental con el objetivo de justificar cada crisis diplomática o cada desacuerdo bilateral no disipa la preocupación generalizada entre la ciudadanía del Estado español respecto de las históricas y manifiestas aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Y es que, más allá de los gestos de acercamiento político o de los períodos de una fluida colaboración institucional, la percepción del mantenimiento de una visión expansionista sobre los mencionados territorios por parte de Marruecos continúa siendo uno de los principales factores de desconfianza en la relación entre ambos Estados.

En este contexto, resulta especialmente significativo el uso generalizado de conceptos como el de “prosperidad compartida”, una expresión que suele emplearse para referirse a una fórmula de cooperación beneficiosa para ambas partes.

Sin embargo, para un numeroso grupo de analistas, la normalización de este tipo de discursos corre el riesgo de contribuir a diluir la singularidad política y jurídica de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, integrándolas progresivamente en una lógica regional definida desde los intereses estratégicos de Marruecos.

De este modo, dicha cesión dialéctica se justifica con base en la cooperación económica y el desarrollo conjunto —objetivos, a su vez, totalmente legítimos y deseables—. No obstante, no deberían servir para enmascarar debates de mayor calado sobre soberanía nacional e integridad territorial.

Asimismo, procede traer a colación el debate suscitado en lo que respecta a las aguas adyacentes al Sáhara Occidental. Un debate zanjado, entre otros, por la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por cuanto son indisociables del estatus jurídico del propio territorio.

Dichas aguas son territorio del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo, según Naciones Unidas, por lo que mientras no se resuelva la situación global del mismo, estamos ante un debate estéril cuyos únicos argumentos posibles son el respeto y la aplicación del derecho internacional.

Por lo anterior, ni España ni la Unión Europea deberían actuar como si el pueblo del Sáhara Occidental no fuese soberano sobre su territorio. Ello implica —obviamente— que cualquier actuación emprendida más allá del paralelo 27.40 deba contar con el consentimiento del pueblo saharaui, otorgado a través de su legítimo representante: el Frente Polisario.

Por todo ello, no es osado afirmar que la estabilidad de las relaciones entre España y Marruecos requiere afrontar los desafíos reales sin recurrir a atajos políticos ni a narrativas simplificadas.

Así, el Sáhara Occidental, tal y como se ha puesto de manifiesto, deviene una cuestión esencial en el cálculo geopolítico de ambos reinos, pero no puede convertirse en un argumento que eclipse otros asuntos igualmente relevantes, como las reclamaciones territoriales, la gestión de las fronteras o las asimetrías estratégicas existentes entre ambos países.

Una relación sólida y equilibrada, por tanto, solo puede erguirse sobre la base del respeto al derecho internacional, la lealtad política y el reconocimiento de los intereses legítimos de cada una de las partes.

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Abdulah Arabi es representante del Frente Polisario en España.

Debo reconocer una cosa. Cada año entro en Monegros Desert Festival preguntándome de qué voy a escribir cuando todo termine. Mientras miles de personas empiezan a bailar, una pequeña parte de mi cabeza intenta encontrar esa historia que merezca ser contada. Pero pensando que, como el techo se ha superado demasiadas veces, ya no queda nada nuevo que decir. Que después de tantos amaneceres imposibles, de tantas emociones compartidas y de tantas ediciones memorables, lo lógico sería que llegara la primera edición continuista. Esa que simplemente mantiene el nivel. Esa en la que todos salgamos satisfechos, pero sin esa sensación infantil de haber descubierto algo que no esperábamos.

Pero entonces aparece la familia Arnau. Con Joaquín Cabós poniendo orden. Y vuelve a dejarte completamente descolocado. No se conforman. No viven del prestigio de haber construido uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. No exprimen una fórmula que lleva años funcionando. Les da igual. Tienen un hambre insaciable. Una necesidad permanente de demostrar que todavía es posible sorprendernos. Y lo consiguen.

Cada rincón parece pensado para recordarte que siempre hay margen para imaginar algo nuevo. Cuando crees que ya has visto todo lo que el desierto podía ofrecer, aparece un escenario, una producción, un detalle o una idea que vuelve a hacerte sonreír como la primera vez. Creo que Joaquín, cuando se jubile, lo cual suena tan utópico como que el festival tienda a la ordinariez, se irá a vivir allí. Dudo que haya una persona que estime y respete más este árido paisaje. Y, si la hay, no es humana. Qué amor-odio le tengo a esta gente. Hacen que la dureza te enganche, como el que disfruta con una aventura extrema. Qué cabrones.

Una contradicción maravillosa. Reconoces el polvo antes incluso de que empiece a levantarse. Sabes que el calor terminará formando parte de la experiencia. Esperas ese amanecer que parece detener el tiempo. Todo resulta familiar. Todo pertenece a tu memoria. Y, sin embargo, nunca es igual. Ahí reside, probablemente, el mayor secreto de Monegros. Es el único lugar que conozco donde uno siente que vuelve a casa mientras descubre algo completamente nuevo.

Quizá por eso este año no me impresionó tanto el récord de asistencia. Me impresionó lo que significa. Porque reunir a decenas de miles de personas en mitad de un desierto ya es una hazaña organizativa. Pero conseguir que todas parezcan hablar el mismo idioma es algo mucho más difícil.

Cada año, nuestro paisano Andrés Campo me recuerda una frase que resume mejor que ninguna otra lo que simboliza este evento: “Joder, y todo esto pasa en Huesca”. Y tiene razón. Mientras demasiadas veces nuestra tierra abre informativos por incendios, por la despoblación o por cualquier otra desgracia, durante un día el mundo entero mira hacia aquí para celebrar exactamente lo contrario. Ojalá el polvo del desierto siga ocupando más titulares que el humo de nuestros montes.

Él siempre tiene parte de culpa. Volvió a conseguir que el corazón de la música electrónica latiera durante unas horas desde aquí. Especialmente su set face to face (cara a cara) con nuestro vecino catalán Buenri que, junto con el debut de este, trajo por primera vez a gran escala el estilo makinero al festival. “Le quitas el audio a los vídeos de esa sesión, y ves que es fiesta pura y dura, sin aditivos ni colorantes. Todo el mundo a la misma saltando. Muy contagioso y sano”, recuerda Andrés. El idioma del desierto. Orgullo patrio a todos los efectos.

Entretanto, el mundo se empeña en preguntarnos constantemente quiénes somos antes incluso de preguntarnos cómo estamos. Colocarnos una etiqueta para cada conversación, un bando para cada debate, una trinchera para cada opinión. Monegros es la antítesis. Allí nadie pregunta de dónde vienes antes de ofrecerte agua. Nadie necesita saber a quién votas para bailar contigo. Nadie te pide explicaciones antes de regalarte una sonrisa.

Porque, como dice Joaquín, “cuando juntas culturas diferentes lo que les une es la música”.

Puede parecer ingenuo. Ojalá lo fuera. Porque significaría que existen muchos lugares como este. Y la realidad es justamente la contraria. Cada vez quedan menos espacios capaces de unir a tanta gente sin pedirle nada a cambio. Menos lugares donde la identidad colectiva pese más que las diferencias individuales.

Quizá ese sea el verdadero legado de la familia Arnau. No haber creado únicamente un festival. Haber construido un lugar al que miles de personas regresan cada verano para recordar que todavía es posible convivir sin preguntarnos primero en qué nos diferenciamos.

Cuando abandoné el desierto volví a pensar lo mismo que llevo pensando desde hace años. Ahora sí. Ahora ya no queda nada más por contar. Y sé que dentro de un año volveré a equivocarme.

Hay lugares donde el polvo ensucia. En Monegros, el polvo nos iguala. El desierto tiene esa extraña costumbre de borrar con polvo las etiquetas que el resto del año escribimos con tinta. Quizá por eso seguimos regresando. No solo por la música. O porque siempre encuentra la manera de sorprendernos cuando creemos haberlo visto todo. Ni siquiera solo por el festival. Volvemos porque, durante un día al año, el desierto habla un idioma que el resto del mundo parece haber olvidado.

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

La definición que en el diccionario de la RAE se puede leer respecto al término crueldad solo ofrece, como parece obvio, connotaciones negativas. No deja un solo resquicio para una intencionalidad diferente: “Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad”. Es decir, alude a un comportamiento radicalmente confrontado con los valores que, en las sociedades modernas, desde la Ilustración, han sido guía y referente en las relaciones entre los seres humanos. Incluso en el ámbito de la política. En la España nacida tras la dictadura, desde los años de la Transición, un período en el que los principales partidos (y las organizaciones sociales, comenzando por los sindicatos) desarrollaron una relación comprensiva, propicia a la negociación y al acuerdo, transigente y orientada al entendimiento entre contrarios, hasta hoy, se han producido inquietantes cambios.

De aquella disposición se derivaron resultados como la Constitución, o los Pactos de la Moncloa, o el cierre del mapa autonómico, o el consenso sobre los usos y la oficialidad de las lenguas que habían sido marginadas, cuando no prohibidas, bajo la dictadura. Ese clima, en el que nunca quedó excluida la confrontación sobre proyectos o el ejercicio de cuantas vías de respuesta, desacuerdo y oposición contempla el texto constitucional (desde la huelga hasta las manifestaciones o concentraciones), se mantuvo, con más o menos altibajos, hasta la entrada de España en la guerra de Irak y, de un modo muy especial, tras los atentados del 11-M en Madrid y, sobre todo, a partir del debate político acerca de su autoría, un debate cuyo eje fue el intento de adjudicar a la banda terrorista ETA la identidad política e ideológica de sus autores.

Desde entonces el debate y parte de las actuaciones de algunas figuras relevantes de la política, esencialmente de la oposición conservadora y de la extrema derecha, se ha ido cargando de tonos y contenidos que desbordan todo asomo de civilidad, incluida la obsesión por hacer desaparecer de los currículos docentes de secundaria una materia tan básica como Educación para la ciudadanía. Desde 2018 y tras la moción de censura esa tendencia se ha agravado hasta límites inimaginables una década antes.

No sería descabellado afirmar que el tremendismo en los calificativos y las hipérboles verbales en el debate parlamentario, con un lenguaje cargado de odio, de inhumanidad, de gravísimos insultos, de deshumanización del adversario, han pasado a estructurar, de modo premeditado, el lenguaje de la oposición. En paralelo, no es difícil comprobar cómo esa deriva se asoma al ámbito de la Justicia: asistimos a procedimientos más que discutibles — incluso desde la interpretación literal de las leyes—, con comportamientos de ciertos magistrados en las antípodas de la protección de los derechos de los investigados y, en no pocos casos, de cuestionamiento, culpable, de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, algo que se acompaña de una peligrosa tendencia a propiciar la humillación, incluso el escarnio ante la opinión pública de imputados con nombre y apellidos. Es decir: un comportamiento cruel en el que el ensañamiento se corresponde con la carencia de pruebas, sustituyendo la certeza por la probabilidad, por el “quizá” o por el acompañamiento del “entorno” para sentenciar culpables.

Es una evolución que funciona en paralelo en el territorio de la política y en el ámbito judicial. Y no de manera espontánea, sino planificada, abrupta y grosera. Daré un ejemplo contundente: hay un “comodín” llamado ETA cuyo uso, por el PP y por Vox, lo demuestra. En el Reino Unido, el fin del terrorismo del IRA, con la firma del Acuerdo de Belfast, se produjo en 1998: hace 28 años. La violencia del IRA dejó una estela de más de 3.000 muertos, cifra que multiplica por tres los provocados por el terrorismo etarra en nuestro país. ¿Es posible imaginar que, en las décadas posteriores al final de esa lacra en Reino Unido, con el Sinn Fein —la formación política “heredera” del IRA— trabajando en las instituciones administrativas y representativas, y tras una larga trayectoria de su líder, Gerry Adams (cuyo paralelismo con Arnaldo Otegui es evidente), ese partido y ese líder hubieran sido calificados de modo sistemático, tanto en los debates parlamentarios como en los procesos electorales, por conservadores y liberales, de banda de asesinos o de terroristas, y que quienes acordaran con ellos la gobernabilidad de pueblos o ciudades, de la propia Irlanda del Norte, fueran tachados de “amigos o cómplices del terrorismo”? Inimaginable.

Pues a eso asistimos en España 15 años después del fin de ETA, con Bildu desenvolviéndose dentro del marco constitucional. No solo se le adjudica el calificativo de banda de asesinos, sino que a quienes pactan con la formación dentro de ese mismo marco constitucional se los tacha de cómplices o amigos del terrorismo. Lo que en Reino Unido resulta inimaginable aquí es el pan nuestro de cada día. No se trata de un error político ni de un exceso inconsciente de algunos líderes: el lema electoral “Que te vote Txapote”, la ignorancia del papel fundamental que desempeña hoy en ese partido gente procedente de Gesto por la Paz o la ceguera deliberada ante la práctica cotidiana de Bildu y su compromiso con las instituciones estatales y del País Vasco no pueden sino calificarse de actitudes premeditadas, aun a sabiendas de que son erráticas. Es decir, de una actuación marcada por la crueldad.

Directamente relacionada con todo ello es preciso entender la negativa a aplicar la Ley de Memoria Democrática, negando a las víctimas cualquier mínima reparación, o un acto tan inconcebible como oponerse a la colocación de una placa resignificando la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid con una inscripción que recuerde que allí la policía política del franquismo torturó y asesinó a demócratas y opositores de toda condición. Por no hablar de Cuelgamuros y la resistencia a fijar para la historia su condición de símbolo de la represión de un régimen abyecto y del sufrimiento de miles de condenados a trabajos forzosos, algo que debiera comprometer a derecha e izquierda, tal y como ocurre en cualquier país que ha salido de un régimen dictatorial.

Y, en el ámbito judicial, en demasiadas ocasiones algunos magistrados nos llevan a recordar tiempos de los que no pocos ciudadanos guardamos memoria y que evocan las prácticas del Tribunal de Orden Público. Penas que un buen número de expertos califican de desmedidas como las aplicadas a Ábalos o a Koldo, negativas a aplicar la Ley de Amnistía por parte del Supremo, incluso después de pronunciarse favorablemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una clara actitud de rebelión ante el Parlamento, gestos como el del juez Peinado exigiendo un estrado para situarse por encima del ministro Bolaños, o firmando argumentos inverosímiles sobre la posible fuga de la esposa del presidente, regateando la devolución del pasaporte y planteando su sometimiento a un jurado popular. Todo ello tiene más de práctica inquisitorial y de búsqueda de la humillación pública, en un clima de tensión política que impregna gravemente al conjunto de la sociedad, que de ejercicio sereno de la justicia. Por no hablar del desprecio hacia la opinión coincidente de diversos testigos —periodistas, funcionarios, opositores— que, por puro sentido común, exoneraría de toda responsabilidad penal a David Sánchez o, en otro plano, al que fuera fiscal general del Estado.

En todos esos casos se dan similares o parecidas circunstancias. El in dubio pro reo se convierte justo en lo contrario de lo que significa: en caso de duda, culpable; la presunción de inocencia se pulveriza: siempre la presunción es de culpabilidad; los informes de la UCO se filtran indiscriminadamente, incluso antes de que los pueda examinar el juez y contienen inferencias y posicionamientos policiales que se apartan de la mera aportación de datos objetivos. No resulta difícil recordar los informes policiales de otros tiempos, siempre asumidos por los jueces sin pestañear, incluso cuando habían sido obtenidos mediante tortura. Es llamativo que sólo la supuesta filtración atribuida al anterior Fiscal General se ha investigado hasta descubrir que había un cómplice llamado “entorno”, o que la investigación que el juez Calama anunció a bombo y platillo hace una o dos semanas sobre la gravísima exposición pública de dos años de contenidos privados protegidos del presidente Zapatero parece haber entrado en el hondón del olvido (al menos, del “no se sabe”). Esto es una pequeña muestra. 

La crueldad requiere una voluntad previa de proceder para producir daño, para generar dolor emocional o dolor físico, para deshumanizar y despojar de derechos a aquel sobre quien se va a actuar. Es decir, premeditación que se traduce en voluntad de humillar por razones de índole ideológica y política que se agregan al supuesto delito o a la supuesta falta. Nada de compasión, nada de velar por los derechos del inculpado o investigado: es decir, inquisición pura y dura, todo lo contrario del equilibrio, el rigor y la mesura que dignifican la palabra juez.

A mi juicio, ese factor, que despoja al magistrado de su condición última y lo convierte en puro acusador que parte de una culpabilidad de origen (a veces sustentada en prejuicios políticos) tiene una presencia abrumadora en parte de los procedimientos a los que he hecho referencia. El principio de que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, es enterrado conscientemente. No por cautela, sino por voluntad, explícita o implícita, de dañar la imagen del “reo”, de sacarlo a la plaza pública con filtraciones que no se investigan (ya he señalado que solo una ha sido merecedora de esa práctica), y alimentar tertulias, prensa amarilla y bulos. ¿Alguien podría reconocer en esos procesos la definición que el Diccionario panhispánico de términos jurídicos da al concepto In dubio pro reo: “Es un principio jurídico básico en el derecho penal que expresa la obligatoriedad de favorecer al acusado de un delito cuando las pruebas no sean suficientes para demostrar la culpabilidad”? Una definición a la que se añade que “este principio de in dubio pro reo implica que el juez o tribunal tiene la obligación de absolver al acusado en caso de albergar alguna duda sobre su culpabilidad”. Es decir, todo lo contrario de lo que estamos constatando.

Vivimos, lo queramos o no, a la sombra de una dialéctica de la crueldad más que inquietante, radicalmente contraria a la sana confrontación democrática y al respeto al ciudadano. Una dialéctica que se aplica en la política y que asoma demasiadas veces en la práctica judicial. Y que a algunos nos trae recuerdos, como poco, desapacibles pese a parecernos remotos.

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Manuel Rico Rego es escritor y crítico literario. Su último libro publicado, 'Qué es la poesía' (Silex, 2025), ha obtenido el Premio Estado Crítico de Ensayo.

Un médico de 41 años, hijo de un inmigrante egipcio, acaba de dar una lección de política que conviene explicar bien, porque tiene mucho más que ver con España de lo que parece a primera vista. Se llama Abdul El-Sayed, ha ganado las primarias demócratas al Senado en Míchigan y lo ha hecho a pesar de que el lobby proisraelí más poderoso de Estados Unidos se gastó una fortuna para impedirlo. Vayamos por partes.

Antes de ser candidato, El-Sayed fue médico epidemiólogo. Nació el 31 de octubre de 1984 en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, hijo de un ingeniero egipcio inmigrante. Estudió en la Universidad de Míchigan, se doctoró en Oxford como becario Rhodes y se sacó la carrera de Medicina en Columbia, donde llegó a dar clases de epidemiología.

Pero lo suyo no ha sido la consulta médica, sino la gestión pública. En 2015 se puso al frente del Departamento de Salud de Detroit, una ciudad que salía de la quiebra y necesitaba reconstruir sus servicios básicos desde cero. Después dirigió la sanidad y los servicios sociales del condado de Wayne, el más poblado de Míchigan, con 1,8 millones de habitantes. En ese cargo hizo cosas muy concretas: quitó el plomo de las tuberías de las escuelas, generalizó el acceso a la naloxona para revertir las sobredosis y puso en marcha un plan que cancelará hasta 700 millones de dólares de deuda médica a 300.000 personas.

Es decir: no es un influencer reconvertido en político. Es un gestor público con resultados medibles, algo que conviene subrayar en tiempos de perfiles políticos hechos solo de titulares.

Tampoco es la primera vez que se presenta a unas elecciones. En 2018 fue a por la gubernatura de Míchigan con el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y perdió por más de 20 puntos. No tiró la toalla: fundó un comité de acción política progresista y se hizo un hueco en los medios con su pódcast America Dissected. Siete años después, ha ganado.

Aquí está la parte que de verdad importa. El pasado 4 de agosto, El-Sayed derrotó a la congresista Haley Stevens —la candidata oficialista, la que tenía detrás al aparato del Partido Demócrata— por un margen mínimo: 48,5% frente a 47,5%, poco más de 14.000 votos de diferencia.

Y lo hizo pese a esto: el AIPAC (el American Israel Public Affairs Committee, el lobby proisraelí más influyente de Estados Unidos) se gastó más de 30,6 millones de dólares para apoyar a Stevens o atacar directamente a El-Sayed. Es la mayor inversión que esa organización ha hecho jamás en una sola elección. Si sumamos otros grupos afines —incluida una entidad de dinero opaco que no ha revelado quién la financia, llamada A Stronger Michigan—, el total movilizado contra El-Sayed rozó los 75 millones de dólares. Su propia campaña gastó menos de cinco millones.

Hagamos la cuenta fácil, porque vale la pena verla escrita: por cada voto que consiguió El-Sayed se gastaron nueve dólares. Por cada voto que le quitaron, 95. 11 veces más.

¿Cómo se compensa eso? No con más dinero, porque no lo había. Se compensa con gente: más de 10.000 personas voluntarias tocando puertas, pequeñas donaciones ciudadanas y un mensaje que cabía en una frase, repetido sin descanso: “sacar el dinero de la política, meter dinero en el bolsillo de la gente y sanidad universal”.

Y aquí viene la jugada maestra: en lugar de esconder el ataque de AIPAC, El-Sayed lo convirtió en su mejor argumento. Lo dijo así de claro: “no están gastando para mantener nuestro dinero aquí, están gastando para enviarlo allá”. Y en el debate final, mirando a Stevens: “la diferencia entre nosotros son 46 millones de dólares de gasto del AIPAC”. No se defendió del ataque: lo señaló, lo puso en el centro del debate y lo capitalizó.

Sí. Es prácticamente el mismo guion que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York: joven, musulmán, crítico con la política de Israel, ignorado por su propio partido, superado en gasto por un aparato corporativo, y ganador a base de campaña de calle. No es casualidad: El-Sayed lo ha reconocido abiertamente como referencia.

Pero conviene no venirse arriba. El-Sayed ganó por menos de 15.000 votos, sin llegar al 50% de apoyo, en un estado que Donald Trump se llevó en 2024. No es una ola imparable. Es una grieta real en el muro del establishment, pero una grieta estrecha. El propio candidato tendrá que reconstruir puentes con el ala moderada del partido antes de medirse en noviembre al republicano Mike Rogers.

Más de lo que parece. Cuatro ideas para llevarse puestas:

1º) El dinero opaco en política no es invencible si lo señalas con nombre y apellidos. El-Sayed no ganó escondiéndose del gasto de AIPAC: ganó explicando, con cifras concretas, quién pagaba y por qué. En un país como España, donde la financiación de partidos y las puertas giratorias siguen siendo un punto ciego para buena parte del electorado, esta es la lección más exportable: nombrar al donante desactiva más que denunciar en abstracto la desigualdad.

2º) La estructura de base todavía gana elecciones. Diez mil voluntarios pisando la calle compensaron una diferencia de gasto de 11 a uno. No es un eslogan de manual de campaña: son datos. La militancia y el contacto directo con el votante siguen pesando más de lo que el márketing político moderno quiere reconocer.

3º) Un mensaje simple y económico conecta más que la confrontación identitaria por sí sola. Sanidad, deuda, poder corporativo: esos fueron los ejes. Israel llegó después, enganchado a esa misma narrativa sobre quién controla el dinero de la política. El orden de los factores, aquí, sí altera el producto.

4º) Ganar unas primarias no es ganar unas elecciones generales. Conviene recordarlo antes de sacar demasiadas conclusiones: lo de El-Sayed es una victoria interna, ajustadísima, en un terreno hostil. La verdadera prueba llega en noviembre.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Hemos utilizado el indefinido “lo” porque no nos atrevíamos con un calificativo preciso, dada la profusión de características que se le han añadido a la actual crisis de Ceuta: invasión, pérdida de la integridad territorial, maniobra de las mafias, acoso del vecino del sur que siente que las ciudades autónomas son suyas, efecto llamada por las políticas migratorias del izquierdista Sánchez que pone en peligro a toda la UE, caos, despiste judicial, desprotección de fronteras, muertes sin retorno y muchas más polémicas.

Primero, hemos de subrayar que el Gobierno no estuvo muy agudo; esperemos que aprenda. Que no se fie demasiado del “aliado del sur”, que puede incomodar por voluntad propia y porque quizás le ha llegado un susurro de su valedor norteamericano. Y puestos a pensar mal también Israel nos desea lo peor, más que nada porque el Gobierno de España criticó el genocidio de Gaza. Segundo, que los nuevos detentadores del poder en la UE esperan “orillar” al Gobierno de España. La señora Meloni ya ha atacado para exigir devoluciones inmediatas, imaginamos que visto el “éxito” de sus deportaciones a Albania. La primera ministra danesa le ha dado la mano y ha añadido leña al fuego migratorio. Que no se preocupe, las personas que han entrado en la ciudad autónoma tardarán en invadir Groenlandia; se les adelantará el mandatario americano, antes amigo de la señora Meloni. Sorprende la justificación de su comunicado conjunto: la necesidad de preservar los valores europeos y proteger el patrimonio cultural cristiano de Europa. Solamente faltaba el amén.

Si lo de Ceuta hubiera sido un eclipse —al menos lo es de la ética humanitaria— se habrían levantado enormes carpas para ubicar a las personas, con protocolos sanitarios como han hecho los gobiernos autónomos por el eclipse solar; qué decir del número de efectivos de seguridad previstos. Si lo uno se pareciera a lo otro, los gobiernos central y autónomo movilizarían recursos para identificar a toda la gente, menores principalmente a los que sus familias reclaman. Después de tantos días, las autoridades españolas y marroquíes ya tendrían localizadas a todas las familias y casi solucionada la humanitaria agrupación.

Si lo de Ceuta hubiera sido como el eclipse veríamos emplazadas en la playa del Trampolín suficientes WC portátiles, fuentes de agua potable y lugares de sombra permanente, como sí las hay en bastantes lugares oficiales para observar el efecto del movimiento de la Luna que se sitúa entre el Sol y la Tierra.

Dicen que en el eclipse ha sobrevolado el efecto FOMO (fear of missing out, en la interpretación socarrona de mi tierra se traduce por “Yo esto no me lo pierdo”). Me apetece contraponerlo con el efecto JOMO (Joy of Missing Out, el placer o la desidia de perderse algo), sin querer criminalizar la inacción, pues quizás no se sabe bien cómo ayudar, o queda muy lejos para sensibilizarse con el tema. ¿Y si empezásemos dándole alguna vuelta a la conciencia ética y humanitaria dentro del pensamiento individual y colectivo?

Si lo de Ceuta fuese un eclipse astronómico —lo es ético—, las CCAA de España fletarían aviones cargados de ayuda humanitaria en donde viajarían especialistas de Cáritas, Cruz Roja y las ONG de ayuda a los refugiados. Se desplegarían en los múltiples y espaciosos centros de acogida (pabellones deportivos, colegios ahora vacíos, estancias municipales, etc.). Todo lo que haga falta para poder decir FOMO (nosotros estuvimos allí ayudando, aportando nuestra acción humanitaria para reducir calamidades y ausencias).

Si así fuese, funcionaría desde el primer día el Comité Coordinador de Emergencias Humanitarias, donde todas las administraciones y las ONG como observadoras (así lo hacen los científicos en el caso del eclipse) trazan y ejecutan planes. Ese comité se implicaría en dar celeridad, eficacia y transparencia a todas las cuestiones humanitarias sobrevenidas. Imagino que allí estarían representantes de los gobiernos PP-Vox de Castilla y León, Extremadura y Aragón.

Si lo de Ceuta fuese lo otro, los medios de comunicación —también extranjeros— se volcarían todos los días recogiendo artículos y entrevistas, asesorados por las ONG humanitarias, para hacer llegar a las opiniones públicas la situación bien dimensionada, sin adherencias políticas.

Si lo de Ceuta fuera algo momentáneo, como el eclipse, ya se nos hubiera olvidado desde el día 30 de julio. Pero no, todo el problema sigue palpitando. Unos días más tarde se organizó en la ciudad una manifestación en el lema “Ceuta no se rinde”. Nos gustaría añadir desde aquí que la solidaridad tampoco; siempre con los llegados, con toda esa gente que les ayuda y con los que intentan evitar que la crisis actual sea una confrontación de razas, colores de piel o religiones.

Al final un deseo humanitario que debe prevalecer siempre. Preparémonos para entender y gestionar éticamente tiempos convulsos. Además de una petición a las autoridades: sean más diligentes, nos tememos que esto (migraciones masivas en todo el mundo) no ha hecho nada más que empezar.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

España no se entiende sin el Partido Socialista Obrero Español. Durante casi siglo y medio de historia, con sus luces y sus sombras, el PSOE ha sido mucho más que una organización política: ha funcionado como uno de los grandes arquitectos de la España contemporánea.

La democracia española, la construcción del Estado del bienestar, la ampliación de derechos civiles y la modernización económica del país llevan una profunda huella socialista. Pero precisamente porque su papel histórico es tan relevante, su crisis actual no puede analizarse con nostalgia ni con indulgencia. El PSOE solo podrá seguir siendo el caballo ganador de la izquierda si es capaz de mirar de frente sus errores, asumir sus responsabilidades y reinventarse para una nueva época.

La historia reciente de España tiene un punto de inflexión en 1982. La llegada de Felipe González al Gobierno representó la culminación de un largo proceso de reconstrucción democrática y la incorporación definitiva del país al proyecto europeo. Aquel PSOE transformó una nación todavía marcada por las desigualdades heredadas del franquismo en una democracia homologable a las grandes sociedades occidentales. La universalización de la sanidad pública, la expansión de la educación, la modernización de las infraestructuras, la entrada en Europa y la consolidación de una cultura de derechos forman parte de ese legado.

España no sería la misma sin aquella generación socialista que entendió que la democracia no consistía solo en votar cada cuatro años, sino en construir una sociedad donde la ciudadanía tuviera oportunidades reales. La sanidad universal, hoy uno de los mayores consensos nacionales, es una de las grandes obras colectivas de la izquierda española. También lo son avances como la ley del divorcio, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la ampliación de derechos sociales o la defensa de un Estado capaz de proteger a los ciudadanos frente a las incertidumbres del mercado.

Más tarde, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero impulsaron otra transformación profunda en el terreno de las libertades individuales. La aprobación del matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ampliación de derechos de las mujeres o la retirada de las tropas españolas de Irak formaron parte de una agenda política que situó a España en la vanguardia europea de determinadas conquistas sociales.

Y en los últimos años, pese a las dificultades y la polarización extrema, los gobiernos socialistas han participado en reformas relevantes: la respuesta económica durante la pandemia, la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios, el incremento del salario mínimo o la apuesta por la transición energética y la digitalización. Con aciertos y errores, el PSOE ha mantenido una vocación reformista que lo diferencia de una izquierda puramente testimonial.

Pero ningún legado histórico inmuniza contra la decadencia. El principal problema del PSOE actual no procede de sus adversarios políticos; nace de sus propias contradicciones. La corrupción ha sido la gran herida moral que ha atravesado su historia reciente. Desde los escándalos de los años 90 vinculados a los fondos reservados y al caso Filesa hasta episodios posteriores como los ERE de Andalucía, pasando por otros casos que han afectado a dirigentes y administraciones socialistas, el partido ha sufrido una erosión profunda de su credibilidad.

La corrupción no puede explicarse como una anomalía inevitable de la política. Es una enfermedad que destruye la confianza ciudadana y alimenta el discurso de quienes presentan todo el sistema democrático como un mecanismo corrupto. Cuando un partido que nació con una fuerte identidad ética aparece asociado a redes clientelares, financiación irregular o abusos de poder, el daño es especialmente grave porque no afecta solo a una organización: mina la propia política como herramienta de transformación social.

El PSOE también ha cometido errores políticos. En ocasiones ha confundido pragmatismo con falta de rumbo, gestión con proyecto y supervivencia parlamentaria con horizonte ideológico. Ha tenido dificultades para conectar con sectores jóvenes, con las nuevas clases trabajadoras urbanas, con los autónomos, con quienes viven la precariedad de la vivienda o con una generación que observa el futuro con incertidumbre climática, tecnológica y laboral.

La izquierda española atraviesa una creciente fragmentación. Las nuevas fuerzas progresistas demandan renovación, pero su división y rivalidad interna entrega a la derecha una ventaja estratégica. Y la historia europea demuestra que los grandes cambios sociales requieren partidos amplios capaces de combinar ideales y capacidad de gobierno.

El PSOE sigue siendo, probablemente, el único partido progresista español con capacidad estructural para liderar una mayoría social. No porque sea perfecto, sino porque posee algo que ninguna otra fuerza ha conseguido reunir: historia, implantación territorial, experiencia de Estado y capacidad de representar a sectores sociales diversos.

Pero para seguir siendo ese caballo ganador necesita una transformación profunda. La fórmula del futuro no consiste en regresar al pasado, sino en recuperar su mejor tradición adaptándola al siglo XXI.

El nuevo PSOE debería construirse sobre cinco pilares. Primero, una regeneración democrática radical: tolerancia cero con la corrupción, más transparencia, controles internos independientes y una cultura ética que no dependa de la presión judicial o mediática. Segundo, un nuevo contrato social que responda a los grandes problemas actuales: vivienda, inteligencia artificial, envejecimiento, desigualdad territorial y cambio climático. Tercero, recuperar una relación emocional con las clases medias y trabajadoras que durante décadas fueron su base electoral y que hoy se sienten abandonadas o tentadas por discursos populistas. Cuarto, defender un patriotismo democrático e inclusivo que no deje la idea de España en manos de la derecha. Y quinto, abandonar viejas trincheras identitarias para recuperar una política basada en resultados, derechos y oportunidades.

El PSOE no necesita negar su pasado, sino reconciliarse con él. Sus mejores hitos históricos demuestran que la política puede cambiar la vida de millones de personas. Sus peores capítulos recuerdan que ningún partido está por encima de la sociedad a la que pretende servir.

En un momento en que las democracias occidentales viven una oleada de desconfianza y las fuerzas iliberales avanzan prometiendo soluciones simples a problemas complejos, España necesita una izquierda fuerte, moderna y fiable. La pregunta no es si el PSOE tiene pasado. Lo tiene y muy relevante. La cuestión de fondo es si tiene futuro.

La respuesta dependerá de su capacidad para repetir algo que ha sabido hacer en sus momentos álgidos: cambiar para seguir siendo reconocible.

El caballo ganador de la izquierda española no conservará intacta su vieja montura.

Correrá con la velocidad de los nuevos tiempos.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

La ventaja competitiva entre modelos de IA para atraer inversiones no depende solo de tener el mejor algoritmo, sino de disponer de un ecosistema completo capaz de entrenar, desplegar, actualizar y servir dicho algoritmo a cuantos más millones de usuarios mejor. Dentro de un ecosistema de IA, quizá el capítulo más importante sea el de la infraestructura de la computación, que incluye: centros de datos, decenas de miles de GPU, redes de altísima velocidad y baja latencia —es decir, datos disponibles en tiempo real con acceso a memoria remota (RDMA)— como InfiBand o Ethernet de última generación, almacenamiento masivo y sistemas de refrigeración y de suministro eléctrico.

Un gran modelo puede requerir decenas de miles de GPUs funcionando durante semanas o meses. Pero aquí no se trata de cualquier modelo de IA. Hay que distinguir entre modelos específicos, creados con fines determinados, por ejemplo, para gestionar datos médicos de un hospital o estrategias de venta de una empresa, etc., de otros modelos, mucho más potentes —son los que aquí interesan—, los denominados “modelos fundacionales” (foundation models) o “modelos frontera” (frontier models), que persiguen objetivos mucho más amplios, manejan todo tipo de datos, imágenes, texto y, cada vez más, vídeos y audios, y sirven de soporte de otros muchos modelos que se generen a su amparo. Estos grandes modelos de IA actualmente aparecen bajo marcas como Open-AI, Google DeepMind (Gemini), Anthropic (Claude), Meta (Llama) o xAI (Grok). Todos ellos —incluidos los de empresas chinas—, además de manejar todo tipo de datos y orientarse a propósitos más generales, contienen cientos de miles de millones de parámetros (según arquitectura y versión) y se entrenan con enormes volúmenes de datos procedentes de internet (libros, código, imágenes y otras fuentes).

La segunda característica que condiciona las ingentes inversiones en IA es la gran cantidad de información que estos modelos exigen (libros, artículos, código, imágenes, vídeos, bases de datos, datos sintéticos), que requiere invertir en recopilación, limpieza de datos, clasificación, etiquetado y licencias. Todas estas capacidades difieren en cada modelo y son más o menos eficientes. Pues un algoritmo, por bueno que sea, sin datos fiables, produce malos resultados.

Por otra parte, la IA requiere también de software de infraestructura, es decir, no basta disponer de máquinas, de GPUs, hay que desarrollar software capaces de repartir entrenamiento, sincronizar miles de procesadores, gestionar memoria, detectar fallos, recuperar procesos, distribuir tareas u optimizar comunicaciones. Curiosamente, gran parte de la innovación en IA se encuentra aquí, en el software que hace posible la infraestructura para que ruede el modelo.

Sin duda, el elemento más famoso es el algoritmo y, aunque menos lucida, es importante la arquitectura del modelo. La IA, siempre en evolución, requiere de puesta a punto y renovación de nuevas arquitecturas, de mecanismos de atención, de optimización, de razonamiento, de memoria, de aprendizaje por refuerzo, de comprensión. Podríamos decir que el algoritmo es la esencia de la IA, aunque no es la parte que mayor inversión requiere. Por ejemplo, una mejora algorítmica puede realizarse por un pequeño equipo de investigadores y entrenar el modelo cuesta cientos de millones de dólares, pero construir la infraestructura que lo soporta una cantidad mucho mayor, astronómica.

Una vez entrenado el modelo, aún hay que construirlo, es decir, introducir la ingeniería en el producto con miles de ingenieros trabajando. Pues un modelo IA entrenado no constituye por sí mismo un servicio. Para que pueda ser utilizado por personas o por aplicaciones, es necesario integrarlo en una plataforma tecnológica que proporcione interfaces de usuario, APIs de comunicación entre programas, mecanismos de autentificación y seguridad, monitorización, control de versiones e integración con otros sistemas de información. La plataforma es la arquitectura que hace operativa y socialmente accesible la IA.

Por último, si cara es la infraestructura y caro es el entrenamiento, aún más caro puede resultar el coste diario de mantener la respuesta y la satisfacción de la demanda de cientos de millones de usuarios. Pues nada más que en el uso simple, cada conversación consume: GPU (Graphics Processing Unit), memoria, ancho de banda y electricidad. Por eso las empresas invierten enormes cantidades en optimizar lo que se denomina “inferencia”, esto es, la fase en la que un modelo ya entrenado utiliza el conocimiento aprendido para producir una respuesta ante una nueva entrada. El modelo ya existe, recibe una nueva cuestión o demanda, debe responder, según el modelo entrenado, infiere y aporta el resultado. En esta secuencia, cada respuesta supone un gasto alto de recursos.

Así, en los grandes modelos de IA, aunque constituyen el núcleo cognitivo del sistema, la competencia económica no depende solo del algoritmo, sino que más bien se desplaza hacia quién ofrece un control integrado de toda la arquitectura: chips, centros de datos, cloud, plataformas, datos, APIs y aplicaciones. Se trata, por tanto, de quién ofrece una mayor capacidad de convertir esa infraestructura cognitiva en un ecosistema tecnológico capaz de atraer usuarios, desarrolladores y empresas. Lo que buscan los inversores es identificar qué empresa tiene más probabilidades de convertirse en la infraestructura cognitiva de la economía digital, al igual que hace años se buscaba la infraestructura de internet o el comercio electrónico.

En lo que concierne a lo público, vemos aquí la ingente tarea que se presenta a los Estados ante el reto tecnológico (administraciones, servicios, educación, sanidad, etc.), y las capas de profundización que deben atravesar para conseguir que la norma y la ley se ajusten a todos esos niveles, desde los cuales pueden producirse filtraciones, ilegalidades, atentados contra la intimidad, etc. Las ingentes inversiones en IA no son estatales, proceden de capitales privados y, por tanto, llegado a un montante crítico, pueden subvertir la norma que afecta a todos para favorecer a unos pocos.

La regulación europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), pretende regular estos procesos, mientras que las Big Tech USA reclaman libertad. Europa tiene la iniciativa normativa y eso es importante, ética y políticamente. Pero no se basa en un sistema de licencias para toda la IA, su complejidad sería inoperante. Esta ley protege frente a riesgos derivados del funcionamiento y uso de la IA como sistema de decisión. Así, hay sistemas de “riesgo inaceptable” que están prohibidos, de “alto riesgo”, fuertemente regulados, de “riesgo limitado”, con obligaciones de transparencia, y de “riesgo mínimo”, sin prácticamente intervención.

Tampoco el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) se basa en licencias, protege frente a los riesgos derivados del funcionamiento de las plataformas digitales y sus algoritmos de recomendación y moderación de contenidos. Así, se orienta a detectar riesgos sistémicos, evaluar cómo los algoritmos pueden amplificar contenidos ilegales o dañinos y adoptar medidas para mitigarlos, cooperar con las autoridades y actuar con diligencia frente a contenidos ilícitos. Por tanto, lo que se hace es clasificar los sistemas según su nivel de riesgo. Pero, si uno revisa las sanciones efectivas, observa que apenas existen sobre los grandes proveedores y las grandes plataformas.

Históricamente y hasta ahora, los Estados regulaban objetos o actividades (actividades industriales, carreteras, escuelas, hospitales, bancos, instalaciones productoras de energía, etc.). La IA está modificando esto, pues ha introducido un nuevo “objeto” mucho más complejo de regular: el “proceso de decisión”. Una máquina no basta para supervisar una máquina. Hay que supervisar cómo aprende, cómo razona, qué datos utiliza, cómo llega a una conclusión o cuándo se le puede permitir actuar automáticamente. Son horizontes ético-normativos lastrados enormemente por la evolución vertiginosa de la tecnología. Y los poderes públicos se enfrentan en desigualdad de condiciones.

Naturalmente, debieran estar dotados de medios humanos y materiales eficaces para tales tareas, pues se requiere, según los especialistas, una arquitectura regulatoria que abarque todo el ciclo de la vida del sistema: desde la infraestructura y los datos utilizados para su entrenamiento, pasando por el desarrollo y la comercialización, hasta la supervisión continua de su funcionamiento y la responsabilidad de sus decisiones y efectos.

Si atendemos a las distintas capas de internet, cuanto más se asciende en la arquitectura digital desde la infraestructura física hacia las plataformas y la IA, menos eficaz resulta el control basado en autorizaciones administrativas y más necesario se hace un sistema de auditoría, trazabilidad, transparencia y supervisión algorítmica. Ya no se trata de regular un objeto, sino de poner límites a un sistema capaz de generar decisiones autónomas o semiautónomas. Y esto exige mecanismos de control continuado, además de los controles previos al acceso al mercado.

Los Estados no pueden imponer directamente una “auditoría permanente” dentro del algoritmo, pero sí obligar legalmente a que los sistemas IA incorporen mecanismos que hagan posible esa auditoría externa y esa supervisión. Tal como recomienda Moody’s, la eficiencia futura de la regulación de la IA dependerá menos de la capacidad de los Estados para autorizar previamente los sistemas y más de su capacidad para imponer estándares comunes de diseño, documentación, interoperabilidad, auditoría y supervisión continua (Norma ISO 5 también va en este sentido), verificables por autoridades independientes y coordinadas internacionalmente. Esperemos que los gobiernos europeos estén a la altura. La rapidez en el desarrollo y la competencia en la IA es de vértigo.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) ha anunciado que su quinto pleno, previsto para octubre de 2026, se dedicará al estudio de los principales asuntos relacionados con el avance interno de la “autogobernanza plena y rigurosa”. La formulación oficial insiste en elevar los estándares de disciplina, fortalecer la capacidad de liderazgo y perfeccionar los mecanismos que garanticen su autotransformación y su vínculo con la sociedad. Más que una agenda estrictamente disciplinaria, el pleno parece orientarse a la institucionalización de una nueva etapa en la que la construcción del Partido pasa a constituir el principal instrumento estratégico de la modernización china.

La decisión resulta especialmente significativa porque rompe una pauta consolidada durante las últimas décadas. Desde la reforma y apertura, los quintos plenos habían estado dedicados casi sistemáticamente a preparar el siguiente Plan Quinquenal. Sin embargo, el XV Plan (2026-2030) fue aprobado ya en 2025 y se integra, además, en una planificación estratégica de más largo alcance que proyecta los objetivos nacionales hasta 2035 y 2049. Ello ha desacoplado el calendario de planificación del ciclo tradicional de los plenos, abriendo espacio para que el V Pleno se concentre en cuestiones de naturaleza política e institucional.

Este cambio responde a una evolución observable durante la etapa de Xi Jinping. La “construcción del Partido” ha dejado de concebirse como una cuestión meramente organizativa para convertirse en un elemento central de la seguridad política y de la capacidad de gobernanza del sistema. La premisa es que la realización de los objetivos de la modernización depende, en última instancia, de la fortaleza institucional del PCCh y de su capacidad para ejercer un liderazgo eficaz en un entorno nacional e internacional cada vez más complejo.

La orientación del pleno también resulta coherente con las profundas reformas institucionales emprendidas desde el XX Congreso (2022). La reorganización del aparato partidario, el fortalecimiento de las comisiones centrales y la ampliación de la dirección política sobre ámbitos estratégicos como la ciencia y la tecnología, las finanzas, el trabajo social o los asuntos de Hong Kong y Macao o Taiwán configuran un proceso que ahora podría adquirir una formulación doctrinal más sistemática. En este contexto, el inicio de la ejecución del XV Plan desplaza el énfasis desde la definición de los objetivos hacia la cuestión de quién y cómo debe hacerlos realidad, una pregunta que remite directamente a la capacidad organizativa del Partido.

La propia noción de autogobernanza refleja esta evolución. Aunque durante la primera década del liderazgo de Xi estuvo estrechamente vinculada a la lucha contra la corrupción y al reforzamiento disciplinario, su significado se ha ampliado progresivamente hasta abarcar la selección y formación de cuadros, la educación ideológica, la supervisión interna, la prevención de riesgos y el perfeccionamiento de los mecanismos de dirección política. La autogobernanza deja así de ser un instrumento correctivo para convertirse en un principio estructural del funcionamiento del Partido.

Desde esta perspectiva, el V Pleno puede interpretarse como un nuevo desplazamiento del centro de gravedad del ciclo político inaugurado por Xi Jinping. Si en las décadas precedentes la cuestión fundamental era qué reformas económicas debían emprenderse, ahora el interrogante parece ser qué tipo de Partido necesita China para dirigir la siguiente fase de la modernización socialista. El sujeto prioritario de la modernización ya no es tanto el Estado como el propio Partido, concebido como la principal ventaja política del sistema y garante último de la continuidad del proyecto modernizador.

No puede descartarse, por ello, que el pleno apruebe un documento de referencia destinado a sistematizar la teoría de la construcción del Partido en la nueva etapa, de forma comparable, en su ámbito específico, a otros textos doctrinales que marcaron hitos recientes, como la decisión sobre la modernización del sistema y de la capacidad de gobernanza (2019) o la resolución histórica de 2021 con motivo del centenario de la fundación del PCCh. Más que introducir nuevas medidas disciplinarias, su principal aportación podría consistir en definir el marco organizativo e institucional con el que pretende afrontar los objetivos fijados para 2035 y 2049.

Si esta interpretación se confirma, el V Pleno de 2026 marcaría un cambio de énfasis dentro del desarrollo del xiísmo, evolucionando de una lógica centrada en la modernización mediante las reformas a otra basada en la modernización mediante la capacidad organizativa del Partido. La cuestión decisiva dejaría de ser únicamente qué políticas adoptar para pasar a ser cómo garantizar que un Partido de más de cien millones de militantes conserve la cohesión, la disciplina, la capacidad de innovación y la eficacia necesarias para sostener el proyecto de modernización durante las próximas décadas.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.