El próximo 27 de septiembre se cumplen cuatro décadas desde que el régimen franquista asestara sus últimos tiros de gracia. Al alba, como les cantó Luis Eduardo Aute, eran asesinados tres militantes del FRAP, Ramón García Sanz (27 años), José Luis Sánchez-Bravo (21 años) y Xosé Humberto Baena (24 años); y dos de la rama político-militar de ETA, Juan Paredes, alias Txiki (22 años) y Ángel Otaegui (33 años). “Es el hecho más grave del final del franquismo”, afirma rotundo el periodista y escritor Carlos Fonseca, “tanto por la situación política como por la gravedad de las penas impuestas”. Fonseca (Madrid, 1959), autor del libro Trece rosas rojas, llevado al cine por Emilio Martínez Lázaro en 2007, publica ahora Mañana cuando me maten (La esfera de los libros), donde reconstruye valiéndose de las herramientas del periodismo narrativo uno de los casos más sangrantes de los estertores del régimen.

Durante año y medio, Fonseca revisó los más de 2.000 folios del proceso, habló con los familiares y amigos de los fusilados, e investigó en todo el material historiográfico de la época. No sin obstáculos. En primer lugar, las trabas para acceder a documentación de la historia española más reciente. En concreto, el escritor se queja de la legislación relativa a Patrimonio Histórico, donde se establece que los documentos sobre cuestiones judiciales no pueden ser consultados sin consentimiento previo de la persona aludida en los mismos o hasta que hayan pasado 25 años de su muerte (en caso de que no se tenga una prueba fehaciente de su fallecimiento, el plazo se amplía a 50 años). De este modo, y a pesar de tener autorización expresa de las familias de los fusilados, Fonseca no pudo acceder a los sumarios íntegros, sino que el archivo histórico-militar le proporcionó una copia censurada en la que se ocultaban datos como la identidad de los abogados defensores.

Once condenas de muerte

Durante el verano de 1975 se llevaron a cabo varios consejos de guerra a miembros de ETA y del FRAP acusados de delitos de terrorismo. Once de ellos fueron condenados a muerte, pero debido a la intercesión de numerosos países y organismos como la ONU, además del candente clima social (con varias huelgas generales y un Estado de excepción decretado en Bizkaia y Gipuzkoa), el régimen optó por indultar a seis de ellos y se dio por “enterado” (sic) de que las otras cinco serían ajusticiadas. “No hay una explicación de por qué a unos se les indultó y a otros no. Había el presentimiento de que con toda la presión internacional, al igual que en el Proceso de Burgos, Franco iba a recular”, explica Fonseca, quien concluye que la decisión fue absolutamente arbitraria. Incluso, preguntado por la prensa, el ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, desmintió que hubiesen tenido en consideración que dos de las chicas condenadas estaban embarazadas en el momento de otorgarles el indulto.

El FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) había surgido como el brazo armado del PCE marxista-leninista, una escisión del PCE que, bajo la batuta de Santiago Carrillo, defendía en ese momento “un pacto con las estructuras del régimen para una transición tranquila”. “Lo que pretendía el PCE (m-l) era crear un instrumento armado para hacer frente a la dictadura. Su objetivo era que no hubiese un franquismo sin Franco y pensaban que sólo se podía conseguir a través de la violencia”, explica el escritor para justificar que el FRAP comenzase a atentar en 1975, cuando ya se veía inminente el final del dictador.

Una farsa de juicio

Los consejos de guerra se celebraron entre los meses de agosto y septiembre de 1975 en Burgos, Barcelona y en las dependencias militares de El Goloso, en Madrid. Los acusados se enfrentaron a unos juicios plagados de irregularidades, como en el caso de Juan Paredes, Txiki, vinculado a ETA y condenado por un atraco en la sucursal del Banco Santander en la calle Caspe de Barcelona en unas fechas en las que aseguraba haber estado en Perpignan. Todas las pruebas del abogado defensor fueron rechazadas por el juez. "El sumario es una caricatura", afirma Fonseca, que considera que todo el despliegue pretendía dotar las condenas de muerte de un marchamo de legalidad cuando las sentencias "ya estaban decididas de antemano".

Los encausados estuvieron defendidos por abogados independientes y otros vinculados a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), letrados jóvenes y con poca experiencia en juicios sumarísimos, según cuenta Fonseca. Ni PCE ni PSOE quisieron involucrarse en su defensa, ya que rechazaban la lucha armada, pero sí hubo quien a título personal se implicó de una manera u otra en el proceso. Es el caso de Gregorio Peces-Barba quien escribió una carta a uno de los abogados defensores donde "argumenta por qué no está dispuesto a defender a los acusados", a pesar de lo cuál, le ofrece varias recomendaciones. Un documento inédito que llamó especialmente la atención de Fonseca.

Justicia a través de la querella argentina

No faltan en el libro los nombres de dos miembors ya emblemáticos de la Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, y Roberto Conesa (cuya vida fue parcialmente novelada en Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes). "Hay testimonios de algunos de los detenidos que declararon haber sido torturados para hacer declaraciones inculpatorias", relata Fonseca.

La extradición de Billy el Niño fue solicitada por la jueza María Servini que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo y rechazada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que arguyó que los crímenes de torturas supuestamente cometidos por el exinspector de policía ya habían prescrito y que, en todo caso, tendrían que ser juzgados por un tribunal español. En dicha querella también se incluyen varios de los casos de los cinco últimos fusilados por el franquismo, en concreto, el de José Luis Sánchez-Bravo, Pablo Mayoral y Xosé Humberto Baena, cuya familia ha agotado todos los recursos, desde el Tribunal Constitucional hasta la ONU, para que el caso se reabra. Sin embargo, Carlos Fonseca es bastante pesimista respecto a la evolución de la querella: "Está muerta por la negativa del Gobierno español a colaborar".

No hubo clemencia

Apenas media hora antes de ser fusilado, Baena escribió una carta a su familia en la que les pedía que cuando sus sobrinos fuesen mayores, les contasen la verdad para que nunca se avergonzasen de él. Un mes después, su padre, Fernando Baena, escribía una especie de diario en la que relataba con profusión de detalles la vida de Xosé Humberto. La primera vez que le habían detenido, por una protesta estudiantil en la Universidad de Santiago de Compostela, Fernando consiguió reunir, gracias a amigos y familiares, las 15.000 pesetas que le pedían como fianza. Tras el juicio, Xosé Humberto quedó absuelto y libre de toda culpa. "Hice gestiones para que me devolvieran la fianza -cuenta el padre en la carta a sus nietos que recoge Fonseca en su libro- y me contestaron que ese dinero fue aportado por el comunismo y no tenía derecho a él".

Tras el indulto de seis de los condenados, la prensa abrió con grandes titulares sobre la indulgencia del Gobierno. "Hubo clemencia", decían. Pero no para sus otros cinco compañeros, los últimos fusilados por el régimen. La condena fue un golpe en la mesa de una dictadura decrépita y sola tras el cierre de embajadas y el profundo rechazo internacional a las penas de muerte dictadas. El 1 de octubre un agonizante Franco se asomó al balcón del Palacio Real para gritar ante una manifestación (que se intentó colar como espontánea) un discurso que sonaba ya añejo: "Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece". Mes y medio después de aquel bizarro intento de demostrar su fuerza, Franco moría.

La Fundación Nacional Francisco Franco es una entidad que tiene entre sus objetivos la "proyección del ideario" del dictador "sobre el futuro de la vida española", así como organizar actividades "que conduzcan a enaltecer la figura de Franco y a preservar su legado". Según sus estatutos, que desveló infoLibre, la fundación también se propone "exaltar" la vida de Franco "como modelo de virtudes" y "difundir el conocimiento" sobre su figura.

Desde 2009 la Fundación Franco también incumple la Ley de Fundaciones al no publicar sus cuentas. En esos cinco años, la organización no ha comunicado cuáles son sus ingresos ni sus gastos. En los cuatro últimos ejercicios en los que sí registró sus balances, obtuvo unos ingresos medios de 118.000 euros al año. Además, recibió casi 150.000 euros de dinero público en la segunda legislatura de Aznar, subvenciones que sirvieron para pagar una mejora del archivo de la fundación franquista.

Varios partidos consideran que la organización debería ilegalizarse. El PSOE, por ejemplo, cree que la fundación tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". La Izquierda Plural sostiene que "las instituciones que promueven el odio, como la Fundación Franco, deberían ser ilegales". En esa misma línea, UPyD opina que "la dignidad de las víctimas de la dictadura debe estar por encima" y que "no tiene sentido que la fundación sea legal". Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai coinciden en su rechazo a la Fundación Franco.

Las víctimas de la dictadura comparten esa demanda. Consideran que la existencia de la fundación es "incompatible con la Constitución" y que, en países como Alemania o Italia, sería inimaginable una "Fundación Hitler" o una "Fundación Mussolini" que homenajeara a los respectivos regímenes fascistas y a sus generales. 

Sin embargo, las asociaciones de jueces creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito hoy por hoy, pues la Ley de Memoria Histórica es insuficiente para actuar contra la fundación y en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".

Por eso te pedimos que apoyes esta petición: una reforma de la Ley de Memoria Histórica para que las organizaciones que hacen apología de la dictadura franquista y sus crímenes sean declaradas ilegales en España.

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Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.

El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.

El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.

Una anomalía en Europa

Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".

El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente que claramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.

Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de un síntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.

"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".

En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".

Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.

Las víctimas se sienten despreciadas

Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".

"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.

Los jueces ven insuficiente la ley

Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.

Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".

Según los documentos que ha tenido acceso infoLibre, Fernando Paz se incorporó a la organización franquista en calidad de vocal el 27 de mayo de 2010. Casi cuatro años después entró en Vox. Lo hizo de la mano de su actual presidente, Santiago Abascal, y juntos concurrieron a las primarias a la presidencia del partido. La lista que compartían se impuso en la asamblea celebrada el 20 de septiembre de 2014. Fernando Paz se convirtió entonces en el vicesecretario de organización y formación del partido.

En las pasadas elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid, celebradas en mayo de 2015, Santiago Abascal y Fernando Paz aparecieron nuevamente unidos en una lista de Vox. Abascal, presidente del partido, fue de número uno. Paz ocupó el tercer puesto en la candidatura de la formación derechista, pero Vox se quedó fuera de la Cámara regional (obtuvo el 1,1% de los sufragios) y Paz abandonó sus cargos orgánicos en la asamblea extraordinaria del pasado 27 de junio, cuando se elegió a Abascal como presidente a la Presidencia del Gobierno y él quedó fuera del equipo del líder de la formación.

Fuentes de Vox indicaron a infoLibre que Fernando Paz es aún militante de la formación –"uno de los más activos", precisaron–, pero no quisieron valorar su pertenencia a la Fundación Francisco Franco. Paz mantuvo la afiliación a esta entidad durante los diez meses en los que formó parte de la dirección de Vox. A preguntas de este periódico, Paz aseguró que ahora está "desvinculado" de Vox, aunque manifestó no tener la certeza de que la baja, "pedida en julio", conste ya "oficialmente" para el partido.

Paz –historiador, profesor y colaborador habitual de programas de la cadena Intereconomía– agregó que "por cuestiones personales" también solicitó la baja de la Fundación Franco "hace meses". Sin embargo, sigue figurando como miembro del patronato de la FNFF, tal como muestran los documentos que obran en poder de infoLibre. El que fuera número tres en las listas de Vox a la Asamblea de Madrid indicó que su pertenencia a la entidad franquista "no hacía gracia" en el partido.

Un ex abogado de Manos Limpias

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Franco, Jaime Francisco Alonso García, fue letrado de Manos Limpias en el caso Atutxa. Sus acciones judiciales motivaron la inhabilitación del presidente del Parlamento Vasco, Juan Mari Atutxa, por incumplir un auto del Tribunal Supremo que le obligaba a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, considerados herederos políticos de Herri Batasuna. Alonso también fue autor de algunas de las múltiples demandas que interpuso Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón.

En declaraciones a infoLibre, Alonso proclamó sentirse "muy orgulloso" de ser "hijo de participantes en la Guerra Civil" y de la "victoria" en "el terreno de las armas pero, sobre todo, en el terreno de la política" de sus antepasados, así como de "la labor de Estado de Franco", de la que dijo considerarse "heredero y beneficiario, al igual que el resto de españoles". También agregó que la organización dispone en la actualidad de "25.000 o 30.000 afiliados en toda España", si bien matizó que se trata de una cifra "aproximada".

En esa línea, Alonso precisó que no existe una "cuota mínima" para convertirse en miembro de la fundación franquista y que esta se financia "sin subvenciones" del Estado. El vicepresidente de la FNFF reiteró que "es cada afiliado el que decide su cuota" y explicó así que, en los últimos ejercicios en los que la fundación hizo públicas sus cuentas, tal como le obliga la ley, recaudara apenas 115.000 euros en cuotas de esas decenas de miles de socios que afirmó tener.

Herederos de la dictadura franquista

Al margen de estos patronos, a la cabeza de la Fundación Franco también figuran el ex secretario general de Fuerza Nueva Ricardo Alba Benayas, que ejerce de secretario de la organización franquista, acompañado de tres vicepresidentes: Blas Piñar Gutiérrez, hijo de Blas Piñar López, fundador de Fuerza Nueva; Luis Felipe Utrera Molina Gómez, abogado miembro de la Corte de Arbitraje de Madrid e hijo de José Utrera Molina –suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y también patrono de la fundación–; e Iñigo Susaeta Córdoba, director gerente de una firma de asesoría financiera.

Susaeta Córdoba fue además número dos a las elecciones generales de 2008 por la lista de Comunión Tradicionalista Carlista en la provincia de Ciudad Real. No es el único patrono de la fundación que ha probado suerte en diversas citas con las urnas, aunque sin demasiado éxito: el vocal Arturo Marcos Armada, por ejemplo, fue número 11 por Alternativa Española en las europeas de 2009 y candidato al Senado por Lugo en 2008 por esa misma formación.

La relación de nombres conocidos en los órganos de dirección de la Fundación Franco se completa con varios familiares directos del dictador y con descendientes de otros cargos de su régimen. Además de la hija de Franco, están en el patronato dos nietos –Francisco Franco Martínez Bordiú y José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco– y un bisnieto –Francisco Franco Suelves–.

Pertenecen igualmente al patronato de la fundación Gonzalo Fernández de la Mora y Varela, hijo del ministro de Obras Públicas durante la dictadura Gonzalo Fernández de la Mora y Mon; Pedro González-Bueno Benítez, hijo del también ministro del régimen Pedro González-Bueno; y Marie Aline Griffith Dexter, la condesa viuda de Romanones. La organización falangista alberga incluso a miembros del Ejército retirados, como Carlos de Meer de Ribera, coronel retirado; o José González de la Puerta, quien llegó a ser capitán médico del Ejército del Aire durante la dictadura y también gobernador civil de Málaga.

Una polémica fundación

La Fundación Franco se constituyó el 8 de octubre de 1976 y se inscribió en el registro de fundaciones casi un año más tarde, el 11 de junio de 1977. Aunque la ley obliga a este tipo de entidades a defender "fines de interés general" tales como "los valores democráticos", la organización franquista admite en sus estatutos que su propósito no es otro que "proyectar" el ideario de Franco sobre "el futuro de la vida española". En ese texto también se marca otras metas, como "exaltar su vida como modelo de virtudes" y "enaltecer" su figura.

Tal como desveló infoLibre, la entidad funciona al margen de la ley desde 2009, cuando dejó de publicar sus cuentas anuales, una obligación que impone la Ley 50/2002 de Fundaciones. En los años previos, sus ingresos medios anuales rondaban los 118.000 euros. Además, durante la segunda legislatura de gobierno de José María Aznar (2000-2003), la entidad se embolsó más de 140.000 euros en subvenciones a uno de sus proyectos. Pese a las protestas de la oposición, el PP defendió en el Congreso las entregas de dinero público a la organización.

Entre sus últimas actividades figuran las amenazas a alcaldes que retiren símbolos de la dictadura en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la denuncia al artista Eugenio Merino por una obra en la que presentó al dictador convertido en un guiñol dentro de una nevera de refrescos en la feria ARCO y otra iniciativa legal, cursada en 2005, para recurrir la retirada de una estatua ecuestre del dictador de una plaza de Madrid. Además, ha organizado homenajes al dictador y conserva un archivo con miles de documentos provenientes del despacho de Franco y de otros cargos del régimen.

De acuerdo con sus estatutos, a los que ha tenido acceso infoLibre, la organización mantiene esos objetivos pese a que la ley obliga a las fundaciones a defender fines "de interés general". La entidad presidida por Carmen Franco Polo se define como una "fundación cultural privada, de naturaleza benéfico-docente y dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco". En sus estatutos se marca como fines "promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Francisco Franco" y realizar "toda actividad que conduzca a enaltecer la figura de Franco y a preservar su legado".

La fundación declara que se dedica igualmente al "fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica" y a otras "actividades culturales". Ese último apartado se completa en el artículo 6.2 de sus estatutos, donde se expone un posible catálogo de actividades de la organización, tales como "establecer becas para estudiantes económicamente necesitados", "instituir premios e incentivos a la cultura", "proporcionar material de investigación y enseñanza" e "intensificar las relaciones culturales entre España y los demás países dentro de las líneas en que se ha inspirado la civilización católica española".

Al borde de la legalidad

La organización concebida para homenajear al dictador se sitúa, de este modo, al borde de los límites que marca la Ley 50/2002 de Fundaciones. El texto legal obliga a las fundaciones a "perseguir fines de interés general" y cita una serie de ejemplos. Entre otros, son fines legítimos de una fundación la "promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos", la "defensa de los derechos humanos", la de "las víctimas del terrorismo y actos violentos", el "fortalecimiento institucional" y el "fomento de la tolerancia".

La citada norma data de 2002 y es más específica en lo que respecta a los fines que deben tener las fundaciones que la ley previa, que había entrado en vigor en 1994. Aquel texto legal contemplaba como posibles fines de interés general de las fundaciones los vinculados a la "asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía o la investigación o de promoción del voluntariado", y evitaba las referencias a los valores democráticos o a las víctimas de actos violentos.

Lo que se ha mantenido invariable, tanto en la norma de 1994 como en la vigente de 2002, es la obligación de que cada una de las fundaciones "se ajuste a las prescripciones de la ley" si no quiere ver denegada su inscripción en el Registro de Fundaciones, un paso obligatorio para dotar de personalidad jurídica a este tipo de organizaciones. El mencionado registro, en el caso de las fundaciones de ámbito estatal como la Francisco Franco, depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La agrupación franquista lleva inscrita ininterrumpidamente desde el 11 de junio de 1977.

Preguntado por este particular, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Franco, Jaime Francisco Alonso García, afirmó a infoLibre: "No creo que incumplamos ninguna norma. Los estatutos fueron aprobados hace 35 años (...) y son tan democráticos como pueden ser los estatutos de cualquier otra fundación". Alonso agregó que no tiene constancia de que el Registro de Fundaciones o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –del que depende– se hayan dirigido nunca a la FNFF para instar la modificación de ese documento o adaptarlo a la ley.

Actuaciones polémicas

Al margen de los fines que declara, la organización franquista se ha caracterizado por una serie de actuaciones polémicas. La última de ellas el pasado julio, cuando amenazó con demandar por daños al patrimonio español a los alcaldes y concejales que aprobaran, en cumplimiento de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, la retirada de símbolos de la dictadura. La FNFF tachó la norma de "revanchista" y exigió su derogación, así como "respeto" a los nombres de calles y monumentos que homenajean a cargos del régimen.

En 2012, la fundación presentó una denuncia contra el artista Eugenio Merino, al que acusó de "intromisión ilegítima en el honor" del dictador. El origen de la acción judicial tuvo origen en la escultura Always Franco, exhibida en la feria barcelonesa ARCO y en la que Francisco Franco aparecía en forma de guiñol en el interior de una máquina de refrescos. La demanda fue finalmente desestimada al entender la jueza que no implicaba daño alguno en la reputación de la fundación.

Ese mismo año causó revuelo el homenaje al dictador convocado por la organización bajo el lema "Francisco Franco: presente 120 años después". Inicialmente iba a tener lugar en el Palacio de Congresos de Madrid, lo que motivó protestas de partidos y otros colectivos al tratarse de un recinto propiedad de un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Entonces fue convocado en un hotel, aunque finalmente el establecimiento canceló la reserva y el acto no llegó a celebrarse.

La fundación también denunció sin éxito, en 2005, la retirada de una estatua ecuestre de Franco situada en la Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid. En la actualidad, según consta en su página web, la FNFF tiene tres proyectos en marcha: la mejora en la digitalización de su archivo, la ampliación de los fondos de su biblioteca y la edición de una colección de libros sobre "los diferentes campos que se crearon y mejoraron en los años de gobierno de Francisco Franco".

Además, tal y como publicó infoLibre, la FNFF lleva cinco años incumpliendo la ley al no publicar sus cuentas anuales. En la época en la que dejó de presentar esos datos, sus ingresos medios anuales rondaban los 118.000 euros. La organización recibió subvenciones públicas para uno de sus proyectos durante la segunda legislatura de José María Aznar. Durante el periodo 2000-2003 se embolsó casi 150.000 euros provenientes de las arcas del Estado. 

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), creada tras la muerte del dictador con el expreso propósito de "exaltar" y "enaltecer" su figura, incumple la ley desde hace cinco años. La organización que preside la hija del propio Francisco Franco, Carmen Franco Polo, publicó por última vez sus resultados económicos del año 2009. Desde entonces mantiene ocultos esos datos, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, pese a la obligación de depositar sus cuentas cada año ante el Registro de Fundaciones.

Las fundaciones están reguladas en España por la Ley 50/2002. Esa norma establece en su artículo 25 que las fundaciones "deberán llevar una contabilidad ordenada" mediante "un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales" y que el Protectorado de la fundación, "una vez examinadas [las cuentas] y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones". Ese registro, en el caso de las organizaciones de ámbito estatal como la Fundación Franco, depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Este periódico se puso en contacto con la fundación franquista para preguntar por qué motivo lleva cinco años sin cumplir la ley. Su vicepresidente ejecutivo, Jaime Francisco Alonso García, manifestó que "no es cierto" que existan retrasos en la presentación de cuentas y que "si ha habido algún retraso sería involuntario y debido al contable". "Estamos al día, está todo diáfano. Con anterioridad sí sé que hubo algún problema, pero nos pusimos al día", agregó. El certificado del Registro de Fundaciones que publica infoLibre demuestra que estas afirmaciones no se ajustan a la realidad, ya que la entidad franquista no presenta sus cuentas desde 2009.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por su parte, explicó que su labor no consiste en imponer sanciones, sino que se limita a comprobar si las fundaciones inscritas cumplen o no con el requisito de presentar sus cuentas. Al término de cada ejercicio, precisó un portavoz, remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un listado que detalla qué fundaciones han registrado sus balances, cuáles no lo han hecho y en qué casos se han detectado errores de forma.

Hacienda, por su parte, manifestó a preguntas de este diario que se puede abrir "un procedimiento inspector a una fundación si, además de no haber presentado las cuentas, no hubiera liquidado el correspondiente Impuesto de Sociedades".

Sin embargo, al desconocer las cuentas actuales de la Fundación Franco es imposible saber si tiene la obligación de liquidar ese impuesto. Con los datos del año 2009 y anteriores no la tendría. El motivo, regulado en la Ley 49/2002 y citado por Hacienda a preguntas de este medio, es que sus ingresos anuales en los últimos ejercicios de los que hay información disponible no superaron los 50.000 euros excluidos los donativos, donaciones y las cuotas de los socios.

Más de 470.000 euros ingresados en cuatro años

En el periodo 2006-2009, que comprende los últimos cuatro ejercicios en los que la fundación cumplió el requerimiento legal de presentar sus cuentas –tal como certificó a este medio el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte–, la fundación franquista ingresó 455.081 euros en concepto de "cuotas de usuarios y afiliados" y otros 18.727 euros gracias a "subvenciones, donaciones y legados". Sumados otros conceptos menores, los balances muestran unos ingresos totales que rozan el medio millón de euros (474.604,28 euros), de acuerdo a las cuentas que entregó al Registro de Fundaciones y a las que ha accedido este periódico. Es decir, una media anual de 118.651 euros.

Pese a esa cuantía, la organización incurrió en pérdidas en tres de los cuatro citados ejercicios. En 2006 los números rojos ascendieron a 2.428 euros, en 2008 se multiplicaron hasta los 10.952 euros y en 2009 se moderaron: la fundación perdió 2.082 euros. En el periodo analizado los ingresos superaron a los gastos únicamente en 2007, cuando la FNFF ganó 490 euros. Las fundaciones tienen la obligación legal de destinar al menos un 70% de sus ingresos a la realización de sus fines fundacionales.

Según reflejan las cuentas de la organización, dos son las partidas de gasto más importantes. La primera de ellas se consigna en el balance bajo el título "otros gastos" y alcanzó los 318.434 euros entre 2006 y 2009. La memoria abreviada que acompaña a las cuentas señala que, entre otras actividades, la fundación "organiza conferencias, edita obras de carácter histórico y publica un boletín informativo trimestral", además de mantener un archivo para investigadores. La segunda es la referida a los gastos de personal y cargas sociales, que ascendió a 134.282 euros en los cuatro años referidos.

Dinero público en la época de Aznar

Al margen de los ingresos obtenidos gracias a las cuotas de sus asociados, la Fundación Nacional Francisco Franco recibió miles de euros en subvenciones entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar (PP). Fueron en total 146.811 euros distribuidos de la siguiente manera: 41.080 euros en el año 2000; 42.070 en 2001; 41.000 euros en 2002 y 26.690 euros en 2003. Esos fondos se entregaron en el marco de un programa de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para "proyectos archivísticos".

El Gobierno conservador, que gozaba de una cómoda mayoría absoluta –183 escaños en el Congreso de los Diputados–, argumentó que no se entregaban subvenciones "a la Fundación Francisco Franco" como tal, sino a "un proyecto archivístico que consiste en describir, informatizar y reproducir el archivo de la Fundación Francisco Franco". Sin embargo, admitió que la beneficiaria de la ayuda era "la entidad propietaria del archivo en cuestión", esto es: la Fundación Franco. El Ejecutivó quiso matizar que "el dinero se destina íntegramente al proyecto archivístico, no a sufragar gastos corrientes".

Las ayudas causaron polémica en la Cámara baja, donde varios partidos se interesaron por ellas. "¿Por qué subvenciona el Gobierno español una Fundación que hace apología de un régimen fascista?", cuestionó el entonces diputado de ERC Joan Puigcercós. "La Secretaría de Estado de Cultura ni puede ni debe valorar las opiniones, ideas, juicios o valoraciones de la entidad beneficiaria", respondió el Gobierno. Frente a los intentos de la oposición por frenar las entregas de dinero público, el PP hizo valer su mayoría absoluta para mantener el caudal de fondos a la fundación franquista.

Subvenciones ventajosas con los votos del PP

Grupos como el PSOE e Izquierda Unida consideraron que esas ayudas implicaban una "apología de la dictadura" y denunciaron, además, que la fundación no permitía el acceso de todos los investigadores a sus archivos. El libre acceso a los fondos es, precisamente, una de las condiciones que se incluyó en el convenio suscrito el 4 de octubre de 2001 entre Cultura y la Fundación Franco, y la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones admitió ya en 2003 que no se cumplía adecuadamente. Pese a ello, los conservadores votaron en contra de retirar las ayudas.

También en agosto de 2003, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, exigió a la oposición no hacer "demagogia" con las ayudas entregadas a la fundación franquista. Piqué defendió esas entregas de fondos porque, a su juicio, "a los investigadores e historiadores les interesa mucho poder acceder a los archivos de esta fundación, que aporta información sobre un periodo tan importante de la historia de España". Ese archivo contiene unos 30.000 documentos procedentes del despacho del dictador Franco y de los fondos privados de otros cargos de su régimen.

Las ayudas concedidas se extendieron a lo largo de los citados cuatro años, el plazo máximo previsto por la ley para este tipo de convenios. El acuerdo suscrito entre el Gobierno y la fundación franquista permitió a la segunda conservar todos los documentos en su poder y mantener el archivo como privado, aunque abierto al público. Además, los fondos públicos cubrieron el 90% de los gastos del proceso de digitalización. Nuevamente, esta es la posibilidad más ventajosa de las que contempla la ley. El 10% restante lo pagó la propia fundación.

¿Qué pasó?

“Voy a morir con la cabeza alta. Sólo por ser buena: tú mejor que nadie lo sabes, Quique mío. (…) No guardes rencor nunca a los que dieron muerte a tus padres, eso nunca. (…) Recibe después de una infinidad de besos el beso eterno de tu madre”. Con estas palabras recogidas en una emotiva carta, Blanca Brisac se despedía de su hijo Quique unas horas antes de que un pelotón de fusilamiento la asesinara, junto a otras doce mujeres, aquel mes de agosto de 1939 en una tapia del cementerio de La Almudena. El sonido de los fusiles franquistas puso punto y final a la vida de trece jóvenes, conocidas posteriormente como las trece rosas, que no llegaban ni tan siquiera a la treintena de edad.

¿Cuándo pasó?

Las muchachas, ocho de ellas todavía no alcanzaban la mayoría de edad –21 años por aquel entonces–, fueron detenidas entre los meses de abril y mayo por su vinculación a la organización política juvenil Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) o al PCE, permaneciendo hasta el día de su asesinato encerradas en la prisión de Ventas junto a otras 4.000 reclusas y torturadas sin descanso para que revelasen el nombre de otros compañeros “enemigos de España”, tal y como fueron definidos hasta la saciedad por el régimen dictatorial franquista.

El asesinato del comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, encargado por aquel entonces del Archivo de Masonería y Comunismo, fue el detonante de una terrible venganza contra más de medio centenar de personas, entre ellas las trece rosas. Fueron acusadas de ser “miembros de la JSU y del Partido Comunista con enlace para ejecutar en nuestra patria órdenes emanadas del extranjero” con la “misión de hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro Estado Nacional”, según quedó recogido en la sentencia de la causa 30.426 dictada por el Consejo de Guerra Permanente número 9. “Adhesión a la rebelión”, concretamente, fue el delito por el que aquellos disparos segaron sus vidas un 5 de agosto de 1939 a primera hora de la mañana.

¿Quiénes fueron sus protagonistas?

Carmen Barrero, una modista de 20 años que militaba en el PCE y que después de la guerra fue la responsable de la sección femenina del partido en Madrid; Luisa Rodríguez, sastra de 18 años que militaba desde 1937 en las JSU; Victoria Muñoz, que tenía 18 años en el momento de su asesinato y llevaba desde los 15 militando en JSU; Dionisia Manzanero, 20 años y afiliada al PCE desde 1938; Blanca Brisac, fue fusilada con 29 años junto a su marido Enrique García Mazas, quedando huérfano el pequeño Quique de 11 años; Julia Conesa, modista de 19 años afiliada a las JSU; Ana López, modista de 21 años militante de JSU; Adelina García, asesinada a los 19 años; Martina Barroso, modista de 24 años afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas y que había colaborado como costurera durante la guerra confeccionando ropa para los soldados; Pilar Bueno, modista de 27 años afiliada al PCE desde los primeros instantes de la Guerra Civil; Elena Gil, ingresó en las JSU en 1937 y tenía 20 años en el momento de su ejecución; Virtudes González, modista de 18 años afiliada a las Juventudes Unificadas al poco tiempo de empezar la guerra; y Joaquina López, una joven de 23 años que al finalizar la contienda fue nombrada secretaria femenina del Comité Provincial clandestino de la organización política juvenil.

¿Qué fue de sus protagonistas?

Las trece rosas pasaron a engrosar la inmensa lista de personas represaliadas, asesinadas y enterradas en fosas comunes —cuyos cuerpos todavía no han sido localizados— durante la dictadura encabezada por Francisco Franco. Hasta el momento, y según denunció Rights International Spain (RIS) en agosto de 2014, todavía hay casi 115.000 personas desaparecidas en España. “Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados”, denunció la organización de forma tajante.

Sin embargo, las trece rosas, quizá por sus corta edad en el momento del asesinato, se convirtieron, junto a otros personajes como el anarquista Puig Antich, en una de las imágenes de esta represión. Sobre sus vidas se han escrito libros y se han filmado documentales y películas. El deseo de la joven Julia Conesa se ha cumplido: “Que mi nombre no se borre de la historia”, pidió a su familia en una carta de despedida.

¿Por qué fue importante?

La trágica historia de las trece jóvenes es probablemente una de las más conmovedoras de toda la posguerra española. Franco había jurado “aplastar y hundir” a todos aquellos que se interpusiesen en su camino, tal y como apuntó en alguno de sus discursos, sin importar si eran hombres o mujeres, mayores o menores de edad. La ejecución de las muchachas, junto a otros 43 presos más aquel 5 de agosto, fue un ejemplo más de la intolerancia política contra cualquier ideología que se alejase del nacionalcatolicismo promulgado desde el régimen golpista.

Por eso, su fusilamiento no fue más que un acto de feroz represión contra unas juventudes comunistas y socialistas, afincadas en España en la clandestinidad tras el derrocamiento de la II República durante la Guerra Civil, delatadas por sus propios compañeros bajo insoportables y terribles interrogatorios. Fue, en definitiva, uno más de los procesos multitudinarios que servían a la dictadura franquista para deshacerse de todas aquellas personas que, por sus ideales, resultaban incomodas para el régimen. Un régimen que duraría casi cuarenta años y que seguiría ejecutando hasta sus últimos coletazos.

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) recordaron este viernes al Gobierno español que "está obligado" a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas".

La declaración de los expertos internacionales se produce a raíz de la decisión del Consejo de Ministros de no extraditar a 19 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. La magistrada argentina que instruye el caso, la jueza María Servini, llegó a requerir la extraditación de varios exministros del dictador Franco, como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina. 

El juez Velasco, sin embargo, archivó el pasado mes de febrero la petición de las víctimas para que se detenga a Martín Villa y a otros exministros franquistas al considerar que las asociaciones demandantes no tienen legitimación para solicitar la extradición de los acusados de crímenes durante la dictadura, ya que esa competencia corresponde al Estado.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas"

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicaron los expertos de la ONU.

La justicia argentina estableció que los delitos que investiga la jueza Servini en la llamada querella argentina -sobre fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos- constituyen "crímenes de lesa humanidad" y pide poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.

Si bien es cierto que entre las competencias del Gobierno español cabe la posibilidad de denegar la solicitud de extrdaitación, la organización señaló que "si no extradira, tiene la obligación de garantizar el acceso a la justica para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad ante las jurisdicciones españolas”.

Asimismo, los expertos de la ONU recalcaron que los argumentos del Consejo de Ministros “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos”.

A su entender, "el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar, o juzgar, a los responsables”, ya que "los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir, que no 'vence' la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”.

En esta línea, los expertos de la organización señalaron que "la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos" y que "la obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”.

La ONU, que asegura haber mantenido mantenido comunicación con el Gobierno español sobre este asunto, detalló que el Ejecutivo de Rajoy también recurrió a los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación para justificar la no extradición de los acusados por la magistrada argentina. Sin embargo, los expertos de la organización explicaron que estos principios no se aplican en estos casos, ya que a la fecha –más de 40 años después de los hechos– no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo.

Además de las denuncias del ámbito penal, el abogado también ha presentado escritos en estos 35 ayuntamientos. En ellos se pide la retirada de un total de 86 símbolos franquistas, entre los que destacan los existentes en Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Salamanca o Zaragoza, entra otras. Asimismo, Ranz también tiene previsto presentar un escrito a la Defensora del Pueblo, al Consulado de Marruecos y a las embajadas de Bolivia y Panamá, donde también hay vestigios de la dictadura.

"Se trata de la primera vez que se presenta un conjunto de escritos denunciando penalmente a los máximos responsables municipales", apunta el letrado, que subraya que "las penas por este tipo de delitos alcanzan hasta los dos años de inhabilitación especial para cargo público".

Los objetivos de este abogado son tres: la "reparación de las víctimas del franquismo", "aportarnos dignidad como país" y "normalizar el cumplimiento de leyes", cuenta Ranz a infoLibre. El abogado subraya que los ayuntamientos denunciados están incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que establece en su primer apartado que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Asimismo, en el tercer apartado de este artículo, se insta a elaborar un mapa con todos los vestigios, algo que tampoco se ha hecho, apunta.

En su argumentación jurídica, también se incluye la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en junio de 2012 avaló la retirada de la estatua de Franco en Nuevos Ministerios (Madrid), el informe del Consejo de Europa firmado en París, en el que se condena el franquismo y se denuncian "graves violaciones" de los Derechos Humanos, y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pidió a España que cumpliera con la reparación de las víctimas del franquismo.

No es el primer caso de este tipo en el que este abogado se implica, ya denunció al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por sus ataques a los familiares de las víctimas del franquismo, y actualmente representa al Tren de la Libertad en su denuncia al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, que comparó la marcha feminista  a favor del derecho al aborto con los trenes de Auschwitz. Ranz espera que "cese la impunidad de quienes se niegan a cumplir la ley y se haga reparación a las víctimas del franquismo, dejando de humillarles diariamente con la presencia de estos elementos en sus ciudades". "Hay alcaldes de prácticamente todo los partidos. No es más que una cuestión de dignidad. Nadie se imagina que en un edificio de Berlín quede una sola esvástica o en Roma un busto de Musolini", añade.

Preguntado por si estos son los únicos municipios en los que sigue habiendo símbolos de la dictadura, Ranz cree que "seguramente haya muchos más", por lo que apunta que esta es solo una primera etapa. Este miércoles, cuando se cumplen 142 años de la proclamación de la I República, presentará una primera tanda. Asegura que ya está recabando más información para la segunda etapa, que hará especial hincapié en las propiedades de la Iglesia, y que espera presentar en una fecha muy especial: 14 de abril, día de proclamación de la II República.

Un total de 86 vestigios de la dictadura

La denuncia presentada por Eduardo Ranz señala a 38 municipios a lo largo de toda la geografía española en los que hay un total de 86 símbolos franquistas que no han sido retirados.

Según la información del abogado, a la que ha tenido acceso infoLibre, Madrid es la ciudad con mayor número de vestigios de la dictadura. En concreto, la capital suma doce símbolos sin retirar. El más relevante es el Arco de la Victoria, situado en de Moncloa, en una de las principales entradas de Madrid, construido en la década de 1950 a petición del régimen franquista para conmemorar el triunfo de las tropas sublevadas en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Otros de los edificios señalados en la capital es la parte moderna del Palacio de Santa Cruz, sede actual del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que a día de hoy sigue luciendo dos escudos franquistas en su fachada. Además, en la entrada a esta parte del edificio permanece la placa conmemorativa de inauguración, que reza: "Fue erigido por gracia extraordinaria iniciado siendo supremo gobernador español Francisco Franco Bahamonde".

Entre los vestigios franquistas de Madrid también sorprende el medallón con el perfil de Franco que permanece en una de las paredes exteriores de la sede del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral.

En San Lorenzo de El Escorial, la fachada principal del paseo Juan de Borbón mantiene una lápida de piedra con la que conmemora al dictador: "Francisco Franco Caudillo de España habiéndolo restaurado mandó colocar esta lápida conmemorativa. 23 de abril de 1963". En este municipio también se encuentra el mausoleo dedicado a Franco, el Valle de los Caídos.

Utrera (Sevilla) es una de las ciudades con mayor número de simbología franquista. En la localidad sevillana se pueden observar placas con el escudo franquista y las flechas de Falange acompañando la inscripción del INVIFAS, entonces Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas. Estas placas se pueden encontrar en seis localizaciones distintas de Utrera: calles Alfonso de Orelans, Tablada, Joaquín García Morato, Armilla, Carlos Haya y en la plaza de Los Llanos.

Por otro lado, Zaragoza también tiene el dudoso honor de ser una de las ciudades que más aparece en la lista. En la capital aragonesa, según apunta la denuncia, sigue habiendo, al menos, cinco vestigios de la dictadura. Por ejemplo, en la vidriera de la iglesia de San Pedro Nolasco se exhibe un escudo franquista. Otro de los símbolos que más llama la atención es la presencia de este escudo sobre el arco de la puerta de entrada principal el Centro Militar de Cría Caballar.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen una gran presencia de simbología franquista en sus calles. Así, en Melilla existen dos monumentos que exaltan el franquismo. En la plaza Héroes de España, una estatua representa a un legionario y un león junto a un escudo franquista y los símbolos de Falange, acompañados de la inscripción: "Una, grande y libre". Y, en la avenida del General Macías, un monumento se dedica al dictador, acompañado de una placa en la que se puede leer: "Melilla al comandante de la legión D. Francisco Franco Bahamonde, 1921-1975". Mientras, en la entrada del edificio de dirección del Hospital Militar O'Donell, en Ceuta, hay una placa conmemorativa de jefes, oficiales y soldados médicos fallecidos durante la Guerra Civil. Otro de los símbolos destacados en esta ciudad se encuentra en el interior del edificio de Acuartelamiento Teniente Ruiz, donde hay grabado en escayola un escudo franquista acompañado del lema: "Una, grande y libre".

En Palencia, se puede observar una placa en el Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial con la siguiente inscripción: "Esta casa de Justicia fue inaugurada por Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi y Bañales, Ministro de Justicia durante el Gobierno del Jefe del Estado Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde (XVIII-VI-MCMLVII)”. En esta misma ciudad, en la fachada de una fábrica cedida a General Dynamics se mantiene una placa comemorativa de la participación del regimiento de Villarobledo en el golpe de Estado de 1936. En Oviedo, otra de las fábricas cedidas a esta empresa también muestra una placa conmemorativa en la que consta que el General Aranda dirigió toda la defensa de la ciudad.

La sede del Banco de España en Almería mantiene a día de hoy un escudo franquista en su vidriera. No es la única institución pública con vestigios franquistas en la ciudad, en la fachada la sede de Economía y Hacienda y Aduana en Alicante se puede ver el símbolo de la dictadura tallado sobre piedra caliza, con un tamaño de unos 50 centímetros de diámetro, colocado sobre el acceso y balcón principal.

Asimismo, en Vigo sigue en pie una cruz falangista de 12 metros, inaugurada por el propio Franco, que PP y PSOE se han negado a retirar.

6“Me parece una vergüenza”. Así de tajante se mostró este domingo el periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, al ser preguntado por la participación y colaboración del Ministerio de Defensa en las repatriaciones de los restos de españoles que, durante la Segunda Guerra Mundial, lucharon en la División Azul, una unidad de voluntarios incorporada dentro del Ejército del Tercer Reich alemán. “Mientras se hace eso con dinero público, otros muchos españoles que fueron asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista siguen enterrados en las cunetas sin que el Estado ayude a sus familiares a recuperar los restos mortales para darles una sepultura digna”, aseguró Silva en declaraciones a infoLibre.

La respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy [léela aquí en PDF], recogida el 16 de diciembre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, fue remitida al diputado de Amaiur Sabino Cuadra, quien registró el pasado 7 de octubre una pregunta [léela aquí en PDF] en la que interrogó al Gobierno sobre las repatriaciones de los restos de todos estos voluntarios españoles que lucharon en el frente soviético junto a las tropas alemanas. Además, el diputado pidió “las razones” por las que se suprimió, durante los dos últimos años, “la partida correspondiente a las exhumaciones de las más de cien mil víctimas asesinadas y desaparecidas por el franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura”; sin embargo, “se mantiene esta colaboración” para recuperar los restos de “los españoles que fueron a combatir bajo las órdenes de Hitler contra el pueblo ruso”.

Colaborar con "todas" las víctimas

“Hay un claro ejercicio de doble moral en todo esto”, apuntó Silva. Además, el presidente de la ARMH añadió que “no se puede permitir que haya una división de las víctimas en dos categorías: de primera y de segunda”. En la misma línea se posicionó el portavoz del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, que apuntó también en declaraciones a este diario que “noticias como estas evidencian la existencia de una doble vara de medir en España”. “El Gobierno debería dejar de poner trabas y colaborar con todas las víctimas. Cualquier persona tiene derecho a reclamar a sus familiares”, remachó el parlamentario, que también recordó que “el Ejecutivo todavía no ha reparado a las víctimas del franquismo” porque “mientras el dictador está en un mausoleo”, en el Valle de los Caídos, miles de personas permanecen “enterradas en las cunetas”.

El socialista Odón Elorza también aprecia ese "doble rasero". "Es llamativa la actitud de este Gobierno y demuestra cómo entiende la memoria histórica: desde una posición inmovilista y neofranquista. La mentalidad del Ejecutivo está más cerca de los que eran suyos y de los que lucharon del lado de Hitler", sostuvo. 

“Esto no es nada nuevo, sólo hay que ver cómo entre 2008 y 2011 España destinó más de 670.000 euros para las exhumaciones en Bosnia, o prestar atención al convenio firmado por el Ministerio de Defensa con la asociación alemana Volksbund”, señaló Silva. En verano de 1995, con el socialista Felipe González en la presidencia del Gobierno, el Ministerio de Defensa español firmó un convenio con la Organización Alemana para la Conservación de Cementerios de los Caídos de Guerra –Volksbund Für Dregsgräber Fürboge, en alemán–, una asociación encargada del cuidado de las tumbas de guerra de los caídos alemanes. Este acuerdo permitió el entierro en el cementerio militar de Novogorod (Rusia) de los restos de soldados españoles pertenecientes a la División Azul. Además, el Ministerio de Defensa manifestaba en este convenio “su apoyo tanto a nivel económico para contribuir al coste de los trabajos a realizar, como en todo lo relativo a la identificación de los restos exhumados”.

El PSOE, como el resto de grupos, no critica el traslado de los restos de aquellos que se unieron a la División Azul, sí el hecho de que no se ayude a los familiares de los represaliados por Franco. Elorza, no obstante, reconoce que los Ejecutivos socialistas han andado durante años "muy lentos y a veces con dudas inexplicables" a la hora de reparar el recuerdo de las víctimas de la dictadura. "Esa labor de recuperación de la memoria ha sido pilotada en muchos casos por los ayuntamientos, muchos liderados por el PSOE, que fueron más activos que el propio Gobierno socialista", señaló este diputado, exalcalde de San Sebastián.

"Más atención para la ideología próxima al PP"

Fuentes de Amaiur consultadas por infoLibre no dudaron en afirmar que “el PP está prestando más atención a todo aquello que se encuentra más cercano ideológicamente” y exigieron “la reparación y destino de fondos para las víctimas de la dictadura franquista”. “Nos parece escandaloso que, una vez más, se ocupe de unas víctimas pero se olvide de otras”, subrayaron.

Estas mismas fuentes también señalaron a este diario que han repreguntado en diferentes ocasiones al Gobierno pidiendo el detalle de estos gastos. “Consideramos que la labor que presta el Ministerio de Defensa en la recepción de los restos en el aeropuerto de Barajas, el traslado por vía aérea y la elaboración del mapa de cementerios extranjeros en los que se encuentran enterrados militares españoles tiene que tener un coste”, apuntaron. Elorza también quiere que se aplique una "transparencia absoluta", y por tanto su grupo presentará iniciativas para saber el importe de las repatriaciones y exigir que se rescate la partida destinada a ayudar a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. "Si se ayuda a unas víctimas y no a otras, el Gobierno merecería un gran reproche social y político", indicó.

“Numerosos tirones de orejas”

En su pregunta, el diputado de Amaiur expresaba su respeto por “el legítimo esfuerzo realizado por los familiares” para recuperar los restos de todos aquellos españoles que combatieron en la extinta URSS, pero recordaba al Gobierno la falta de financiación para las víctimas del franquismo, que desde 2012 no reciben ningún tipo de subvenciones.

En este contexto, el Ejecutivo replicó en la respuesta parlamentaria que entre 2006 y 2011, durante la legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se destinaron más de 25 millones a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, de los que 8,2 millones, casi el 40% del total, se destinaron a la localización de fosas.

“Eso es mentira, a la localización de fosas se destinó un 21%. Parece que han maquillado un poco las cifras”, aseguró Silva. Preguntado por el argumento de la crisis económica utilizado por el Gobierno para justificar la paralización de las subvenciones, el presidente de la ARMH aseguró que “eso sólo es una coartada, una excusa”. “Nos mantenemos vivos gracias a las ayudas de particulares. Las últimas exhumaciones las estamos realizando gracias a la colaboración de un sindicato”, apuntó el periodista.

En este sentido, el presidente de la ARMH quiso recordar al Gobierno “los numerosos tirones de orejas que le han dado a España este año desde la ONU en materia de memoria histórica”. Silva se refiere al informe [léelo aquí en PDF] emitido por el relator de la ONU para la Justicia, la Verdad, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff, en el que aseguraba que, durante su visita a España, había percibido “una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y, por otro, las víctimas y asociaciones con las que estuvo en contacto”. El relator de la ONU también recomendó a España que mostrase un compromiso decidido para “dar vigencia plena, con carácter prioritario” a las víctimas de la dictadura franquista.

“Siguen contactando con nosotros”

En otra respuesta remitida a Elorza, diputado del PSOE por Gipuzkoa, el Ejecutivo aseguró que ahora hay una menor “demanda ciudadana” sobre estas cuestiones que la que había tras la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica. Así, detalló que si en los primeros años de vigencia de la norma las llamadas recibidas en el Ministerio de Justicia ascendían a 10.000, en 2013 sólo se recibieron 1.316.

El presidente de la ARMH aseguró que la asociación sigue “recibiendo permanentemente correos electrónicos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Siguen contactando con nosotros con la misma intensidad que lo hacían antes”. Silva también calificó de “insultante” decir que “el interés ha bajado”. “Han bajado los contactos con una Administración que no hace nada”, sentenció.

En la misma línea se posicionó Centella. “La respuesta a esta bajada en el número de llamadas se debe a dos factores fundamentales: la lógica de la biología y el desánimo de la ciudadanía”, aseguró el diputado, que añadió que “en los últimos tiempos la gente percibe la falta de interés por parte del Gobierno y por eso desiste”. “En esas 10.000 llamadas, cuando entró en vigor la Ley de Memoria Histórica, había una ilusión y confianza que ahora apenas existe”, concluyó Centella.