LaLiga ha respondido a la información publicada este viernes por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, sobre los pagos que recibió de una empresa iraní asegurando que su relación con MTN Irancell era “real, lícita y se encuentra perfectamente documentada”. La investigación Dominica: Pasaportes del Caribe, que ha destapado el lucrativo negocio que mantiene esa isla del Caribe vendiendo visas oro a cambio de inversiones, desveló también que LaLiga cobró el acuerdo de patrocinio firmado con la empresa MTN Irancell utilizando al menos dos métodos poco ortodoxos: una sociedad fantasma de Hong Kong creada por dos iraníes que habían comprado pasaportes oro de Dominica y múltiples ingresos en efectivo desde un mismo cajero automático de Dubái, lo que se conoce como “pitufeo”.

Según la investigación de OCCRP, cuando la institución que preside Javier Tebas firmó ese acuerdo de patrocinio con MTN Irancell, en 2017, la empresa iraní era en su mayor parte propiedad de otra sociedad de ese país que, a su vez, se hallaba en manos de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa de los ayatolás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), los pasdarán, un brazo del ejército iraní que ha sido objeto de sanciones internacionales. 

En concreto, MTN Irancell es en un 49% propiedad de MTN Group, una compañía sudafricana de telecomunicaciones, mientras que el 51% restante pertenece a Iran Electronic Development Company. Esta última empresa es una joint-venture de Iran Electronic Industries, controlada por el Ministerio de Defensa iraní, y la Fundación Mostazafan, que preside un exoficial de la Guardia Revolucionaria iraní. En abril de 2019 Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de grupos terroristas. El acuerdo con LaLiga de 2017 se renovó en dos ocasiones más, la última en agosto de 2019, pocos meses después de la calificación de los pasdarán como terroristas.

En su nota, LaLiga se ocupa de subrayar que ninguna de las entidades “directamente” relacionadas con el contrato de patrocinio eran ni han sido “directamente” objeto de sanciones, ni sobre ellas “se han identificado alertas de cualquier actividad ilícita”. Elude, por tanto, el hecho de que sí lo ha sido la sociedad propietaria de MTN Irancell, aunque no lo haya sido esta última. Es básicamente la misma explicación que dio un portavoz de la institución española cuando OCCRP le preguntó sobre este asunto y que fue publicada este viernes con el resto de la información.

En su nota, la patronal del fútbol español tampoco hace mención alguna a los peculiares mecanismos de pago utilizados para cobrar ese acuerdo “real y lícito”, excepto que son “elementos que nada tienen que ver con el contrato de patrocinio”, además de “totalmente ajenos a esta institución”. LaLiga niega tener “conocimiento alguno” sobre ellos.

Sin embargo, OCCRP e infoLibre han publicado el comprobante de la transferencia entre una cuenta en el banco chino Hua Xia, perteneciente a la empresa de Hong Kong Lonking Industrial, y una cuenta de LaLiga en el Banco Santander, realizada el 18 de marzo de 2019 y por importe de 65.000 euros. Lonking Industrial fue creada por un iraní, Hossein Mohamedrezael, utilizando un pasaporte comprado en Dominica en 2017. El sello del resguardo está escrito en farsi, la principal lengua de Irán, no en chino.

El consorcio de medios que ha investigado este asunto también ha conseguido cinco recibos de los envíos de efectivo realizados desde un cajero automático de Dubái en dos días diferentes de noviembre de 2019. Se transfirió un total de 76.000 dólares en dírhams emiratíes en operaciones realizadas con apenas minutos de diferencia. A juicio de LaLiga, esta información está “manifiestamente tergiversada” y es fruto de una “perversa interpretación forzada de los acontecimientos”.

La patronal del fútbol reitera en su nota que el acuerdo de patrocinio con MTN Irancell –un 10% de los beneficios obtenidos de los suscriptores de su canal online más 900.000 dólares en tres años– finalizó “hace años” y que el contrato “surgió de la colaboración” con su matriz, la sudafricana MTN Group, también patrocinador de LaLiga.

Diciembre de 2017. Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid, lanza un balón autografiado al público que le aplaude en un salón de actos abarrotado de Teherán (Irán). Al fondo, un retrato del ayatolá Jameni, líder supremo del país. LaLiga acababa de asociarse públicamente con MTN Irancell, el gigante estatal iraní de las telecomunicaciones. Y Morientes, embajador de la LaLiga, está encantado de aportar su toque de estrella al acto.

Morientes no ha querido hablar con OCCRP, red de la que forma parte infoLibre, sobre su visita a Teherán, que se produjo cuando ya se había publicado abundante información que exponía que MTN Irancell era en su mayor parte propiedad de una empresa iraní que, a su vez, se hallaba en manos de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), los pasdarán, un brazo del ejército iraní que han sido objeto de sanciones internacionales. Entre los dignatarios que asistieron a la ceremonia de Teherán se encontraba Mustafá Ajorlu, comandante de la Guardia Revolucionaria que ha tomado represalias contra jugadores iraníes que apoyaron las recientes protestas contra el Gobierno.

La alianza con MTN Irancell ofreció a LaLiga acceso al lucrativo mercado iraní. Los contratos a los que ha tenido acceso OCCRP muestran que MTN Irancell se comprometió a pagar a LaLiga el 10% de los beneficios que obtuviera de los abonados que vieran el fútbol español en su canal online, además de unos 900.000 dólares en unos tres años.

El problema es que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la banca iraní, sacar dinero del país podía ser problemático: el grupo sudafricano MTN, accionista minoritario de MTN Irancell, señaló en su informe anual de 2021 que tenía problemas para “repatriar efectivo” de sus socios iraníes.

Así que LaLiga encontró al menos dos maneras de eludir esas dificultades. La primera, utilizar en al menos una de las transferencias de MTN Irancell una empresa fantasma de Hong Kong creada por un ciudadano iraní con pasaporte de la isla caribeña de Dominica. La segunda, enviar dinero, en pequeñas cantidades, desde cajeros automáticos de Dubái.

Según muestran los documentos filtrados a los que ha tenido acceso OCCRP, LaLiga recibió al menos un pago de MTN Irancell de una empresa fantasma propiedad de un intermediario iraní. Este intermediario había comprado un pasaporte oro de Dominica, un pequeño país caribeño con un floreciente programa que concede la ciudadanía a cambio de realizar una inversión. El pasaporte se utilizó para crear la empresa tapadera con sede en Hong Kong que dirigió el pago iraní a LaLiga, una asociación privada que aúna a los clubes de primera y segunda división para rentabilizar un espectáculo que, según la propia entidad, llega a 2.800 millones de personas en el mundo.

El Gobierno de EEUU sancionó más tarde a una empresa similar propiedad del intermediario –y también creada con un pasaporte de Dominica– por vender decenas de millones de dólares de productos petroquímicos iraníes en nombre de entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Estos métodos para transferir dinero ilustran bien cómo los pasaportes adquiridos en lugares como Dominica pueden utilizarse para burlar las sanciones y realizar pagos secretos. Y no se trata sólo de iraníes. Como parte del proyecto Dominica: Pasaportes del Caribe, OCCRP también ha descubierto que oligarcas rusos sancionados, taiwaneses prófugos dedicados a esquemas ponzi, un yemení presuntamente implicado en piratería e incluso el científico jefe de armas nucleares de Sadam Husein obtuvieron pasaportes de Dominica.

En su respuesta a las preguntas que al respecto le ha formulado OCCRP, un abogado que representa a LaLiga asegura que el organismo presidido desde 2013 por Javier Tebas es “ajeno a cualquier vínculo entre la relación contractual que mantuvo en el pasado con MTN Irancell y la creación de cualquier empresa por titulares de pasaportes de Dominica”.

El portavoz de LaLiga describe su relación con MTN Irancell como un “contrato de patrocinio” que permitió “realizar numerosas promociones del fútbol español en Irán, donde existe una gran afición por el fútbol entre su población joven”. También indica que el acuerdo se enmarcaba en una relación preexistente con MTN Group en África, la empresa matriz de MTN Irancell, que terminó hace años, y que “actualmente, no hay ninguna relación con MTN o MTN Irancell”. Añade que la Liga española “cumplió con la normativa sobre sanciones de la UE en relación con el contrato” iraní, tras resaltar que MTN Irancell “no era, ni ha sido nunca, una entidad sancionada” por la comunidad internacional.

Según explica, en el momento en que comenzó la relación, en 2017, “el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 estaba en pleno vigor, lo que provocó el levantamiento de las sanciones económicas internacionales. Además, no existían sanciones sobre el deporte profesional, sobre los contratos de patrocinio vinculados a la promoción del deporte profesional”.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, tachó de “fake news” las informaciones que en su día publicó Okdiario sobre el acuerdo con los iraníes.

MTN Irancell es una empresa conjunta del grupo sudafricano MTN, una importante compañía de telecomunicaciones con un 49% del capital, y una firma iraní propiedad de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y a la Guardia Revolucionaria iraní. Los iraníes tienen una participación mayoritaria del 51%. Aunque no se dispone de registros de propiedad de las empresas iraníes para verificar estos acuerdos societarios, están acreditados en informaciones publicadas por medios de comunicación occidentales e iraníes, informes de expertos, notificaciones de las sanciones del Tesoro de Estados Unidos y registros legales que se extienden a lo largo de los últimos años.

Según el Tesoro de Estados Unidos y tal y como consta en varias demandas judiciales presentadas por ciudadanos estadounidenses, el accionista iraní de MTN Irancell es Iran Electronic Development Company. Las mismas fuentes describen esta compañía como una empresa conjunta entre Iran Electronic Industries –también conocida como Sairan–, una sociedad controlada por el Ministerio de Defensa iraní, y la Fundación Mostazafan –también conocida como Bonyad Mostazafan–. Estas participaciones están confirmadas por un informe de 2015 del departamento de investigación del Banco Central de Irán, que menciona a la Fundación Mostazafan como propietaria del 23,25% de MTN Irancell y al Ministerio de Defensa como dueño del 27,75%, lo que suma una participación iraní total del 51%.

En una notificación de sanciones a la Fundación Mostazafan en 2020, el Tesoro estadounidense la describe como “un inmenso conglomerado de cerca de 160 holdings en sectores clave de la economía iraní, como las finanzas, la energía, la construcción y la minería”, presidido por “el exoficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Parviz Fattah”.

“Mientras que Bonyad Mostazafan es aparentemente una organización benéfica encargada de proporcionar ayuda a los pobres y oprimidos”, añade la nota, “sus activos son arrebatados al pueblo iraní y utilizados por el líder supremo Ali Jamenei para enriquecer a su gabinete, recompensar a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen”.

En abril de 2019, aproximadamente un año y medio después de ese primer acto en Teherán de MTN Irancell, Estados Unidos calificó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, poniéndolo en compañía del ISIS y Boko Haram. Lo que no fue óbice para que el acuerdo entre la Liga española y los iraníes se renovara varios meses después, en agosto de ese mismo año.

OCCRP ha preguntado a la Liga española por qué renovó el acuerdo incluso después de que la Guardia Revolucionaria fuera considerada un grupo terrorista por Estados Unidos. LaLiga contesta que lo hizo “teniendo en cuenta que en ese momento la Unión Europea, donde se encuentra LaLiga, junto con el resto de los países firmantes del acuerdo nuclear de 2015 (excepto la nueva administración Trump en Estados Unidos), defendió la validez del mencionado acuerdo nuclear, afirmando que Irán estaba cumpliendo plenamente con sus compromisos”.

Según advierten los expertos, las sanciones estadounidenses dificultan a las instituciones iraníes el movimiento de dinero a través de gran parte del sistema financiero internacional. “Sencillamente, no se puede realizar ninguna transacción internacional normal si la contraparte es iraní”, subraya Mahdi Ghodsi, economista especializado en Irán y en sanciones internacionales del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena. “Todo lo que es ilegal en Estados Unidos es ilegal de facto para el resto del sistema bancario internacional, porque Estados Unidos es el principal gobernador de ese sistema”.

Así que, en lugar de recurrir a las rutas financieras controladas por Estados Unidos, MTN Irancell utilizó intermediarios con pasaportes oro comprados en Dominica para transferir al menos un pago desde Irán hasta España, tal y como muestran los documentos a los que ha tenido acceso OCCRP.

Dos iraníes, Hossein Mohamedrezaei y Pedram Pirouzan, dirigían un negocio de cambio de dinero llamado Pedram Pirouzan and Partners en Damavand, una pequeña ciudad cerca de Teherán. Ambos se habían acogido al programa de ciudadanía a cambio de inversiones de Dominica, lo que permitió al primero obtener un pasaporte de la isla caribeña en 2017 y al segundo, otro en una fecha desconocida. Utilizando estos documentos, crearon luego empresas fantasma en todo el mundo.

Una de ellas facilitó la transferencia ilegal de decenas de millones de dólares procedentes de las ventas de productos petroquímicos iraníes a China y fue sancionada por Estados Unidos en 2022. Otra se utilizó para realizar un pago de 65.000 euros de MTN Irancell a LaLiga.

Un recibo emitido por MTN Irancell y obtenido por OCCRP muestra que Pedram Pirouzan and Partners transfirió los fondos en la primavera de 2019, casi al mismo tiempo que la Guardia Revolucionaria fue etiquetada como grupo terrorista. Pero, aunque el pago fue organizado por la casa de cambio iraní, un comprobante de transferencia bancaria obtenido por OCCRP revela que fue enviado desde otro rincón del planeta.

El 18 de marzo, LaLiga recibió un pago por el mismo importe de 65.000 euros de una empresa de Hong Kong, Lonking Industrial, que había sido creada por Mohamedrezaei utilizando su pasaporte de Dominica. La empresa –que, como muchas compañías de Hong Kong asociadas con Irán, tenía una dirección en la ciudad de Yiwu, en la China continental– envió el dinero a la cuenta de LaLiga en el Banco Santander desde otra cuenta en el banco Hua Xia de China. En la parte inferior del resguardo de la transferencia figura un sello informativo escrito, no en chino, sino en farsi, la principal lengua hablada en Irán.

LaLiga asegura a OCCRP que no ha oído hablar nunca de Mohamedrezaei y Pirouzan, ni de su empresa de transferencias de dinero. Por su parte, el Banco Santander se ha negado a hacer comentario alguno al respecto. Mohamedrezaei y Pirouzan no han respondido a las preguntas de OCCRP, que no ha podido contactar con Hua Xia bank para que hiciera sus comentarios sobre este asunto.

En realidad, la operativa con la Liga desde Yiwu no es excepcional. Informaciones anteriores publicadas por OCCRP revelaron cómo empresas fantasma de Hong Kong, controladas por individuos que operan desde la ciudad oriental china de Yiwu, han movido cientos de millones para una amplia gama de intereses criminales; por ejemplo, para un blanqueador de dinero iraní llamado Reza Zarrab. Yiwu está geográficamente unida a Irán: alberga el inicio del ferrocarril que conecta Irán y China, y es un importante centro de comercio iraní.

Así, sociedades fantasma y otras operativas movieron 130 millones de dólares para HMEA Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong dedicada a neutralizar las sanciones iraníes y que tenía múltiples cuentas en algunos de los mayores bancos del mundo. Aunque HMEA Co Ltd estaba controlada por un sueco buscado por fraude, el verdadero propietario de la empresa era Ehsan Azarnekou, un iraní con pasaporte dominiqués cuyo nombre aparece en la investigación de OCCRP Dominica: Pasaportes del Caribe.

Según las informaciones de OCCRP, Azrnekou tenía importantes conexiones con intereses petroleros iraníes y también dirigía varios negocios de cambio de divisas en Irán. OCCRP intentó, sin éxito, contactar con Azarnekou.

El segundo sistema utilizado por LaLiga y MTN Irancell para sortear las sanciones internacionales fue, según desvela la investigación de OCCRP, el envío de dinero desde Dubái. Aunque no puede establecerse el origen de los fondos, tres exempleados de LaLiga conocedores del acuerdo con MTN Irancell explican que estas transacciones formaban parte del acuerdo de patrocinio firmado por LaLiga.

Una de las formas de pago consistió en ingresar dinero en efectivo en una cuenta de LaLiga desde un cajero automático de Dubái. Cinco recibos obtenidos por OCCRP revelan que un mismo cajero se utilizó en dos días diferentes de noviembre de 2019 para depositar un total de alrededor de 76.000 dólares en dírhams emiratíes, en múltiples transacciones con apenas minutos de diferencia.

Los expertos en lavado de dinero consultados por OCCRP indican que los depósitos se asemejan a una práctica común de lavado llamada “pitufeo”, empleada para evitar llamar la atención de los reguladores bancarios. “Pitufar significa dividir un gran volumen de dinero en cantidades pequeñas para mantenerse por debajo de los límites que obligan a las instituciones financieras, como bancos o fideicomisos, a informar [a las autoridades]”, explica Brendan Newitt, abogado defensor criminalista de la firma Roos & Pen.

LaLiga replica que no ha hecho nunca transferencias en cajeros automáticos “ni directa ni indirectamente” relacionadas con ese acuerdo.

Pero no se trata de los únicos pagos a LaLiga que encienden las alarmas.

Durante los años anteriores, según muestran los documentos obtenidos por OCCRP, la institución presidida por Javier Tebas recibió el equivalente a cientos de miles de dólares de empresas fantasma con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Varias de estas empresas fueron liquidadas poco después de efectuar los pagos. Algunas no tenían conexión aparente con el fútbol, sino que parecían ser empresas de joyería y electrónica.

El abogado Brendan Newitt destaca que este tipo de actividad es muy poco habitual en una gran liga de fútbol. “Se podría pensar que cuando una parte utiliza una entidad offshore, el préstamo o el pago se realiza en una sola transacción o en unas pocas. ¿Por qué utilizar sociedades offshore, dinero en efectivo y cheques para hacer depósitos más pequeños?”, se pregunta Newitt. “Podría tener razones económicas completamente legales, pero sigue siendo muy poco habitual”, concluye.

Preguntado por estas transacciones, el representante de LaLiga no explicó el uso de las empresas citadas, pero aseguró que la institución había llevado a cabo “la debida diligencia comercial, incluida una exploración de posibles sanciones utilizando bases de datos especializadas, que no arrojó ninguna alerta de sanciones en relación con MTN Irancell o cualquier otro tercero relacionado”.

Una carta obtenida por OCCRP revela que, en octubre de 2019, aproximadamente medio año después de que la Guardia Revolucionaria hubiera sido calificada de grupo terrorista por EEUU, los directivos de LaLiga informaron a MTN Irancell de que habían “transferido en su totalidad todos sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo de patrocinio” a una filial con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Todos los pagos posteriores, decía la carta, deberían hacerse allí. El representante de LaLiga precisa que la operación se hizo “por razones comerciales”.

Jens Sejer Andersen es director internacional de Play the Game, una iniciativa que promueve la democracia, la transparencia y la libertad de expresión en el mundo del deporte y ha revisado los hechos revelados por OCCRP. “Creo que todo este asunto demuestra lo desesperadamente que el fútbol europeo necesita supervisión y regulación financiera. Parece que LaLiga no puede haber sido del todo inconsciente de lo problemático que es trabajar con dictaduras lejos de Europa, pero ha dejado de lado todas las consideraciones en su insaciable apetito de dinero”.

“Esta historia debería ser una de las muchas que convenzan a los políticos europeos para que den un paso al frente y empiecen a regular una industria que, bajo el escudo de la autonomía deportiva permite que florezcan todo tipo de malas prácticas financieras y políticas”, concluye.

Los patrocinios siguen siendo una fuente de ingresos primordial para los clubes y las ligas de fútbol profesional europeas, pese a la preeminencia de los derechos televisivos. Según el Informe anual de las finanzas del fútbol, elaborado por la consultora Deloitte, los acuerdos de patrocinio representan el 37% de los ingresos comerciales generados por los clubes en las cinco mayores ligas europeas. Han crecido un 6,5% desde 2012. En la temporada 2021/2022 los ingresos por patrocinio de la Liga española sumaron 950 millones de euros, un poco por encima de la alemana, pero muy por debajo de los 2.053 millones de la británica.

Según las cifras de LaLiga, sus ingresos por patrocinios crecieron un 17% en la última temporada, la 2022/23, hasta alcanzar los 177,6 millones de euros. Y el 60% de esa cantidad procedía de acuerdos con entidades extranjeras. Su objetivo es llegar a los 200 millones en 2024/25. No le queda otra, tras la firma del acuerdo con el fondo de inversión CVC, por el que le cede el 11% del negocio del fútbol español durante 50 años a cambio de una inyección de 2.667,5 millones de euros.

La operación, una cuenta en participación similar a la que firmó antes el Real Madrid con el fondo Providence, obliga a ambas entidades a aumentar de forma considerable su volumen de ingresos para pagar a los fondos de inversión cada año. “Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

“Si quieres seguir siendo competitivo, o cambias los criterios para elegir patrocinadores o cambias la filosofía del club o te ves abocado a tener como interlocutores a Arabia Saudí, Irán o Catar”, critica Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015. Es más, cree que el mundo del fútbol está “subastando el sponsoring”: “Les da igual el quién, sólo les importa el qué. Son incapaces de tener estrategias que les permitan ir más allá de los ingresos de siempre: los patrocinios, los derechos de televisión y el matchday [los ingresos por la venta de entradas]. Si no sales de esos tres, vendiendo en todo el mundo y profesionalizando los ingresos, recurres al que más te da en lo de siempre”.

Pero más que a la desesperación por los ingresos, Marc Ciria atribuye los acuerdos con socios internacionales cuestionables a la falta de visión estratégica y de profesionalización en el fútbol español. “Los patrocinios son un tema de compliance, de respeto a unos valores a la hora de escoger compañeros de viaje y de qué alternativas hay: quién vale y quién no. Porque también podemos hablar de cómo fabrica Apple o Nike sus productos en Asia”, apunta. Aunque tampoco duda en afirmar que “el Barça perdió el alma cuando cambió Unicef por Catar, por tener un ingreso inmediato”.

Con alma o sin ella, LaLiga anunció el pasado agosto la firma de un acuerdo de patrocinio con Arabia Saudí: promocionará el turismo en esa autocracia nada respetuosa con los derechos humanos –“su interés cultural y sus sorprendentes paisajes”, precisó el embajador de LaLiga Iker Casillas– a cambio de expandir la presencia del fútbol español en el mundo árabe.

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Este reportaje forma parte de Dominica: Pasaportes del Caribe, una investigación internacional sobre el programa de ciudadanía a cambio de inversiones de Dominica. El proyecto es un esfuerzo conjunto de OCCRP, la organización sin ánimo de lucro Government Accountability Project, con sede en Washington DC, y más de una docena de medios de comunicación asociados, entre ellos infoLibre.

La isla caribeña de Dominica puede haber vendido miles de pasaportes a extranjeros más de lo que ha dado a conocer públicamente su gobierno, según revela el análisis de los presupuestos del Estado que ha llevado a cabo el consorcio OCCRP y sus socios, entre los que se encuentra infoLibre, como parte del proyecto Dominica: Pasaportes del Caribe.

La investigación ha revelado cómo decenas de personajes de currículo cuestionable, desde oligarcas hasta funcionarios de regímenes represores e individuos que después fueron acusados de delitos y huyeron de la justicia, han conseguido el pasaporte de Dominica en los últimos años. Por un precio mínimo de 100.000 dólares, los compradores obtienen acceso sin visado a 130 países, incluidos los de la Unión Europea.

El de Dominica es uno de los mayores programas que otorgan la ciudadanía a cambio de inversiones: permitió a la isla ingresar 1.200 millones de dólares sólo entre 2017 y 2020, según los datos del propio Gobierno de la isla. Una bendición para el pequeño país desde que se creara a principios de la década de los 90, porque constituye una parte significativa de los ingresos del Estado.

Pero cuando OCCRP comparó los nombres de los nuevos dominiqueses publicados en la gaceta oficial del país con los nombres destapados por diferentes filtraciones de documentos, así como con las cifras presupuestarias publicadas, encontraron serias discrepancias que no han sido explicadas por el Gobierno.

Esas diferencias demuestran que, en el mejor de los casos, el sistema de información de la isla puede estar ofreciendo una imagen incompleta de quién ha adquirido la nacionalidad dominiquesa. En el peor de los casos, los hallazgos ponen en entredicho la transparencia financiera del programa y sugieren que los isleños podrían no estar beneficiándose de sus ingresos en la medida en que deberían.

Los boletines oficiales de Dominica, que abarcan los años 2007 a 2022, incluyen los nombres de unos 7.700 nuevos ciudadanos. Pero la partida destinada a los procesos de naturalización tal y como figura en los presupuestos nacionales de Dominica entre mediados de 2016 y mediados de 2022 indica que el Gobierno recaudó tasas de naturalización equivalentes a más de 19.000 nuevos ciudadanos sólo en esos años.

Para los ejercicios fiscales que terminaron en 2017 y 2018, por ejemplo, la tasa de naturalización de Dominica, que era de 750 dólares antes de ser rebajada a 250 dólares en octubre de 2017, recaudó casi tres millones de dólares para la isla. Según cálculos conservadores, la cifra se traduciría en 4.000 naturalizaciones en esos dos años –aunque es probable que también incluya a algunas personas que se naturalizaron por métodos tradicionales como el matrimonio o la inmigración–.

Sin embargo, en las gacetas correspondientes a estos dos ejercicios presupuestarios sólo se incluyeron los nombres de 1.664 personas, a pesar de que el boletín debe servir como registro oficial de los compradores de pasaportes del país.

La oposición política de Dominica lleva tiempo denunciando que el Gobierno no facilita datos completos sobre el número de pasaportes expedidos ni sobre los ingresos exactos recaudados. Thomson Fontaine, líder del opositor Partido de los Trabajadores Unidos de Dominica y antiguo economista del FMI, explica a Heidi.news, socio de OCCRP, que el programa “se ha disparado en los últimos 10 años”, pero criticó su “absoluta falta de transparencia”.

Sarah Kunz, profesora de sociología de la Universidad de Essex que investiga los programas de ciudadanía en vigor en todo el mundo y que revisó las conclusiones de OCCRP, asegura que la venta de pasaportes se basa en el secretismo. “Los programas que otorgan la ciudadanía a cambio de realizar inversiones en el país suelen quedar fuera de las estructuras democráticas de gobierno, como los mecanismos presupuestarios”, advierte. “Como ocurre con cualquier recurso valioso, la ausencia de supervisión democrática y de transparencia sobre cuántas ciudadanías se venden y a quién permite el abuso por parte de gobiernos, intermediarios del sector privado y clientes”, critica Kunz.

El Gobierno de Dominica no ha respondido a las preguntas que OCCRP le ha enviado sobre el número de las ciudadanías que ha concedido, y no aclara si publicará los nombres de las personas que no aparecen en los boletines.

En cambio, durante una rueda de prensa en la que se refirió a este reportaje antes de su publicación, el primer ministro, Roosevelt Skerrit, arremetió, sin pruebas, contra lo que calificó de ataque financiado por la oposición y lanzado por periodistas internacionales empeñados en destruir el programa. El sistema de visas oro “sufraga una parte significativa del desarrollo económico y social [de Dominica] y el coste total del programa nacional de empleo, cerca de cinco millones de dólares cada mes”, dijo Skerrit en su defensa. “Se ha utilizado”, continuó, “para construir miles de viviendas, mejorar la atención sanitaria, ayudar a la seguridad nacional”.

Gran parte de la documentación disponible en relación con los compradores de pasaportes se encuentra en los Archivos Nacionales de Dominica, en la capital, Roseau, una ciudad de unos 15.000 habitantes formada por una docena de manzanas con edificios de la época colonial de colores aguamarina, lima y rosa.

En los archivos, que fueron visitados por los periodistas de OCCRP, se pueden ver ejemplares de los boletines semanales del gobierno atados con cuerdas, revistas de pocas páginas en las que se nombra a miles de compradores de pasaportes.

El año pasado, el Government Accountability Project (Proyecto para la Rendición de Cuentas del Gobierno), un grupo estadounidense sin ánimo de lucro que denuncia irregularidades y defiende los derechos humanos, consiguió docenas de estos boletines de diversas fuentes, tanto de dentro como de fuera de Dominica. Además de bibliotecas y colecciones privadas, muchos se obtuvieron de la Universidad de las Indias Occidentales Mona en Kingston (Jamaica). Esos ejemplares fueron facilitados a OCCRP y a sus socios.

Los registros de los boletines oficiales pretenden ofrecer una visión global de los nuevos dominiqueses. “La CBIU [Unidad de Ciudadanía por Inversión] de Dominica [...] publica los nombres de sus ciudadanos económicos [los que obtienen la ciudadanía a cambio de dinero] en el boletín oficial trimestral y ofrece un presupuesto detallado de dónde se invierten los fondos de la CBI”, señala un informe de CS Global Partners, la empresa encargada de la promoción comercial del Gobierno dominicano.

Pero, además de las discrepancias entre las gacetas y las cifras publicadas sobre tasas de naturalización de Dominica, una revisión de diferentes filtraciones sobre los pasaportes de Dominica confirma que faltan algunos nombres. Estas filtraciones contienen más de 100 personas que obtuvieron la ciudadanía de Dominica, pero que no figuraban en las gacetas.

Por razones desconocidas, los boletines de Dominica dejaron de publicar los nombres de los nuevos ciudadanos en marzo de 2019. Desde entonces hasta diciembre de 2022 –la última gaceta que pudo ver OCCRP– los boletines no incluyeron el nombre de un solo nuevo titular de pasaporte. No está claro si se han publicado nuevas listas desde entonces.

Las discrepancias descubiertas en las relativamente modestas tasas de naturalización recaudadas por el Gobierno sugieren que más personas pueden haber adquirido la ciudadanía de Dominica de lo que se reconoce de forma oficial.

Pero una partida presupuestaria diferente, mucho mayor, que suma la inversión mínima de 100.000 dólares pagada por cada nuevo ciudadano, va en dirección contraria: esas cifras de ingresos son considerablemente inferiores a lo previsto.

Por ejemplo, hay boletines que muestran que 382 personas adquirieron la ciudadanía en 2010 y 2011. A un precio de referencia de 100.000 dólares por inversor, el resultado sería unos 38 millones de dólares en ingresos. En realidad, la cifra real sería algo inferior, porque los familiares de los solicitantes principales disfrutan de un descuento al obtener la nacionalidad.

Pero los ingresos por ciudadanía que figuran en los presupuestos del país para ese periodo son muy inferiores a esa cifra. Para el periodo comprendido entre julio de 2009 y julio de 2012 –es decir, incluyendo seis meses adicionales a esos dos años–, ascienden a sólo 15,6 millones de dólares.

Hay otras razones para cuestionar estas cifras. En 2011 y 2012, el presupuesto nacional reportó exactamente la misma cantidad de ingresos del programa de pasaportes, poco más de seis millones de dólares.

Jessica Tillipman, decana de Estudios Jurídicos sobre Contratación Pública de la Universidad George Washington (EEUU), califica este hecho de coincidencia improbable. “Cada vez que te encuentras con una anomalía en una cuenta como esta, tienes que parar e investigar más a fondo”, apunta Tillipman, que considera como una “bandera roja” las cifras repetidas.

Más recientemente, el Gobierno de Dominica también se ha contradicho públicamente sobre los ingresos de su programa de ciudadanía. En el Parlamento, el primer ministro Skerrit dijo que entre junio de 2018 y julio de 2019, Dominica vendió poco menos de 2.000 pasaportes y había recibido alrededor de 170 millones de dólares. Pero el presupuesto nacional registra sólo 80 millones de dólares de ingresos por pasaportes para el mismo periodo de tiempo. Los boletines, mientras tanto, muestran que casi 4.000 personas obtuvieron la ciudadanía entre agosto y diciembre de 2018, aproximadamente el doble de lo que Skerrit admitió en el Parlamento.

Kristin Surak, autora del nuevo libro The Golden Passport (El pasaporte dorado), afirma que varios gobiernos tienen problemas con la forma en que declaran los ingresos de sus programas de visas oro. Además de países más pequeños, como Dominica, los críticos deberían cuestionar otros países más grandes que también venden pasaportes o visados, como Estados Unidos o Turquía.

“En muchos países, los datos no se comunican con la claridad que deberían”, advierte: “Puede ser complicado obtener cifras básicas y a veces no siempre cuadran”. “Varía de un país a otro, y también varía con el tiempo”, precisa, citando las mejoras aprobadas en Malta, Granada y Santa Lucía. “En comparación con otros países, Vanuatu y Dominica se inclinan hacia el lado problemático del espectro”.

Cuando fue nombrado jefe de la principal agencia de inteligencia de Afganistán en 2012, Asadulá Jalid ya había sido acusado públicamente de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En 2009, un diplomático canadiense que trabajó con él declaró ante una comisión parlamentaria que, durante su etapa como gobernador provincial, Jalid supuestamente dirigía un calabozo en el que era “conocido por torturar personalmente a los reclusos”. Jalid rechazó las acusaciones, que tachó de “propaganda”, pero posteriormente apareció en múltiples informes de periodistas y grupos de derechos humanos que denunciaban su implicación en detenciones arbitrarias, violaciones y torturas.

Sin embargo, nada de ello le impidió adquirir la ciudadanía de Dominica, una pequeña nación insular del Caribe cuyo pasaporte permite viajar sin visado a más de 130 países y territorios, incluidos los de la Unión Europea. Lo hizo en 2017, mucho después de que las acusaciones en su contra hubieran sido ampliamente difundidas.

Y Jalid, que más tarde se convirtió en ministro de Defensa de Afganistán, no era el único dominiqués reciente con un pasado oscuro. El principal científico nuclear de Sadam Husein, Jafar Dhia Jafar, conocido como el padre del programa nuclear iraquí, compró un pasaporte de Dominica en 2014. Sasi Milud Sasi Grada, coronel libio que sirvió a las órdenes de Muamar Gadafi, lo hizo al año siguiente. Son algunas de las miles de personas que han aprovechado el programa de “ciudadanía a cambio de inversión” de Dominica, que permite a los extranjeros comprar un pasaporte desde sólo 100.000 dólares.

Hasta ahora no había sido posible dibujar un mapa con sus nombres. Pero, con la colaboración de más de una docena de medios de comunicación, incluido infoLibre, el consorcio OCCRP y el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC, han obtenido los nombres de unas 7.700 personas que han comprado pasaportes de Dominica en los últimos años.

Entre los grupos más numerosos de compradores hay rusos, chinos e iraníes, incluidas personas de considerable fortuna. Por ejemplo, dos multimillonarios rusos de origen azerbaiyano que posteriormente fueron sancionados tras la invasión de Ucrania: God Nisanov y Zaraj Iliev.

La lista también incluye a funcionarios gubernamentales –entre ellos el ex primer ministro de Jordania Samir Zaid Samir al-Rifai y el exgobernador del Banco Central de Irak Mustafá Jalib Mujif Alktab– que no están acusados de ningún delito, pero cuya condición de “personas políticamente expuestas” suele merecer un escrutinio adicional cuando crean empresas o abren cuentas bancarias.

A partir de la información obtenida en los registros mercantiles, se comprueba, además, que docenas de estos compradores de pasaportes de Dominica han utilizado sus nuevos documentos para crear empresas en todo el mundo.

La investigación de OCCRP también ha identificado a 48 personas que obtuvieron pasaportes de Dominica y luego fueron investigadas por las autoridades, acusadas de delitos o condenadas. En casi otra docena de ocasiones, terminaron como prófugos de la ley, huyendo de investigaciones o procesos penales en sus países de origen. En estos casos, no se puede acusar a Dominica de vender a sabiendas pasaportes a delincuentes. Pero los funcionarios del país caribeño no han respondido a las preguntas de OCCRP sobre si se ha revocado alguna de estas ciudadanías. En una entrevista de 2016, el entonces representante del país en la ONU presumió de que la isla lleva a cabo procedimientos de diligencia debida en profundidad sobre la vida de los posibles solicitantes. “Los que tienen algo que ocultar no se presentan”, aseguró. Sin embargo, en la misma entrevista, el responsable del programa de ciudadanía a cambio de inversión de Dominica reconoció que sólo el 2% de los solicitantes eran rechazados.

“Los pasaportes oro y las golden visas se diseñaron para los delincuentes”, explica Sophie In 't Veld, diputada del Parlamento Europeo y una de las políticas cada vez más críticas con este tipo de programas de ciudadanía: “Son una alfombra roja para entrar en la Unión Europea”.

Los expertos también afirman que el programa de Dominica responde a una larga historia de explotación. Más de 100 años de esclavitud, colonización francesa y británica, sumados a la la globalización, han dejado al país con pocas opciones de desarrollo. El país depende de la venta de las ciudadanías para financiar sus servicios públicos.

Nada de lo que hace Dominica es ilegal según el derecho internacional. “Los Estados tienen capacidad para establecer sus propias políticas de naturalización”, señala Madeleine Sumption, directora del Observatorio de la Migración de Oxford. Pero proporcionar pasaportes a figuras cuestionables entraña un riesgo para la reputación que puede acabar pasando factura a la isla, según advierte Kristin Surak, experta en golden visas.

“Las grandes potencias, como la UE, podrían revocar la exención de visado para entrar en su territorio, como ya ha ocurrido con Vanuatu”, indica Surak, refiriéndose a una sentencia de 2022 contra el archipiélago del Pacífico sobre su programa de pasaportes oro.

De hecho, Reino Unido, que antes permitía el libre acceso a los ciudadanos dominiqueses porque la isla es su antigua colonia, impuso recientemente la obligación de visado a los viajeros procedentes de la isla, alegando que se había producido un “abuso claro y evidente” del plan de compra de la ciudadanía. Según la ministra británica del Interior, Suella Braverman, Dominica había estado concediendo la ciudadanía a “individuos conocidos por suponer un riesgo para el Reino Unido”.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, calificó entonces la medida de “desafortunada” e insistió en que su gobierno estaba tomando “medidas adicionales para reforzar el programa”. Añadió que el Ejecutivo aplicaba un sistema de controles y equilibrios “de múltiples capas”, gestionado por “agencias de primera línea especializadas en procedimientos de diligencia debida”.

Sin embargo, un solicitante de pasaporte de Dominica que tenía motivos para preocuparse por la verificación de antecedentes confesó a OCCRP que su propio proceso de diligencia debida no le supuso ningún problema grave ni incluyó preguntas. Ni el Gobierno dominiqués ni el primer ministro han querido contestar a la solicitud de OCCRP para que comentara estos hechos.

Pero en una reciente rueda de prensa se refirió a la investigación de OCCRP en los siguientes términos: “Sigue habiendo un intento por parte de algunos en este país de destruir el [programa de ciudadanía] y por eso están confabulados con periodistas internacionales y algunos periodistas regionales para propagar un montón de maldades y desinformación sobre nuestro programa, todo en un esfuerzo por destruirlo. Y algunas personas son parte de esto en Dominica sólo porque quieren sacar al Partido Laborista del Gobierno”.

El programa de ciudadanía a cambio de inversión, continuó Skerrit, “financia una parte significativa de nuestro desarrollo económico y social y el coste total del programa nacional de empleo, cerca de cinco millones de dólares cada mes. Se ha utilizado para construir miles de viviendas, mejorar la atención sanitaria y ayudar a la seguridad nacional”. “Hemos profesado tener un sistema robusto que atravesamos en diferentes capas de diligencia debida”, continuó Skerrit. “Si alguien se convierte en ciudadano de Dominica hoy”, “justificó, y mañana por la mañana hace algo y se encuentra en un problema con la ley, no se puede culpar al programa por ello”.

A tenor de sus propias palabras, el mago de las matemáticas Rakesh Wadhwa había descubierto cómo “reinventar el negocio del juego” cambiando las reglas de los casinos a favor de la casa. Este ciudadano indio se convirtió así en un magnate de los juegos de azar en Nepal, donde gestionó varios casinos y terminó envuelto en una grave disputa fiscal con el gobierno.

En 2010, huyó de ese país para evitar ser detenido por impago, según publicó la prensa local. Posteriormente, el Gobierno le retiró sus licencias de casino. Actualmente no tiene causas penales ni civiles pendientes en el país, aunque el Gobierno nepalí sigue incluyéndolo en la lista de morosos, por una deuda fiscal de 6,5 millones de dólares.

Wadhwa, que culpa de sus problemas al entonces recién formado gobierno comunista de Nepal, explica a OCCRP que la ciudadanía de Dominica fue literalmente un pasaporte para huir de sus problemas. Durante un tiempo, dijo, no pudo viajar a Singapur o Londres “a causa de las complicaciones legales y el lío en Nepal”. Fue entonces cuando se dio cuenta de que obtener la ciudadanía dominicana sería “una forma de sobrevivir”.

“Todos los que tenían condenas en Oriente Próximo querían comprar este pasaporte”, resalta Wadhwa. “Era otra oportunidad de vida y de negocio para ellos. Así que decidí comprar uno para mí”. Wadhwa obtuvo su pasaporte de Dominica en 2016. Dice que el proceso de solicitud, realizado a través de una empresa con sede en Dubái llamada Citizenship Invest, sólo tardó unas semanas. “Nombraron a una empresa estadounidense para llevar a cabo la diligencia debida sobre mis antecedentes y mis casos en Nepal”, detalla. “Cuando pregunté [a Citizenship Invest] si mis problemas legales serían un obstáculo... me dijeron que no me preocupara por ello, y que la empresa [estadounidense] encargada del compliance [cumplimiento] no examinaría los casos en curso por muy complicados que fueran”.

También indica que Citizenship Invest le prometió que la empresa encargada del cumplimiento daría el visto bueno rápidamente, y eso fue lo que ocurrió: “No me hicieron ninguna pregunta y me pidieron que me limitara a rellenar un formulario”. La luz verde llegó a los pocos días. “Me sorprendió”, añade. “Pero les quedé agradecido por darme esa segunda oportunidad de volver a vivir”. Citizenship Invest no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Al imponer sus nuevas restricciones a los ciudadanos de Dominica, las autoridades británicas no explicaron con detalle a quién querían dejar fuera. Sin embargo, tras recopilar la lista de aproximadamente 7.700 nuevos titulares de pasaportes dominiqueses –que no está completa– OCCRP descubrió varios casos inquietantes.

En algunos de ellos, los pasaportes de Dominica fueron utilizados para crear empresas por personas sospechosas mucho después de haber sido acusadas de delitos en otros países.

Por ejemplo, el empresario jordano Mutasem Fauri y su padre Fayez adquirieron sus pasaportes de Dominica en 2010. Dos años después fueron detenidos, acusados de estafar decenas de millones de dólares a inversores y condenados a penas de prisión. Sus condenas están aún en fase de recurso.

Pero mientras el mayor de los Fauri cumple condena por un caso relacionado, Mutasem, que también fue condenado, consiguió eludir la cárcel. Desde entonces ha creado empresas en el Reino Unido, en las que figura Dominica como su nacionalidad y Emiratos Árabes Unidos como su país de residencia. Ni Fayez ni Mutasem ha contestado a las preguntas de OCCRP al respecto.

En otro caso, el ciudadano español Pedro Fort Berbel, que compró la nacionalidad dominicana en 2015, fue acusado dos años después por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de dirigir un esquema Ponzi y de fraude piramidal en ese momento valorado en decenas de millones de dólares. La SEC ganó una sentencia de 26 millones de dólares contra Fort Berbel y su empresa, Fort Marketing Group LLC, en 2019. Según el organismo, Pedro Fort y su empresa recaudaron unos 38 millones de dólares de más de 150.000 inversores en Estados Unidos y otros países entre 2014 y 2016, en un esquema Ponzi típico donde casi todos los ingresos procedían de fondos de otros inversores. Otros ingresos se destinaron a gastos personales de Fort Berbel, incluidos 1,25 millones de dólares utilizados para comprar su casa particular en el sur de Florida. Además, la SEC descubrió que el español había transferido millones de dólares a abogados con cuentas bancarias en Dominica abiertas en The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank y Royal Bank of Canada.

La SEC ha declinado comentar su caso y si se había devuelto parte del dinero. Font Berbel y su equipo jurídico tampoco han respondido a las peticiones de comentarios de OCCRP.

Hassan Nasser Jaffar al-Lami es un empresario iraquí que adquirió la nacionalidad de Dominica en 2017 y la mantuvo al menos hasta 2022, cuando la utilizó para registrar una empresa en el Reino Unido.

Mientras tanto, él y el banco islámico iraquí Noor, del que era accionista, habían sido objeto de escrutinio en varios medios de comunicación árabes e internacionales por su supuesto papel canalizando dólares de subastas celebradas por el Banco Central de Irak hacia grupos armados o bajo sanción.

En enero de 2020, una fuente anónima, identificada como una empleada del Banco Central de Irak, apareció en un canal de televisión libanés y se refirió a Lami como el “Qasem Soleimani financiero”, el general iraní asesinado con un dron en Bagdad por orden de Donald Trump en 2020. Según ella, Al-Lami usaba en facturas falsas de sus empresas para blanquear dinero de grupos armados.

La emisión también incluyó una carta filtrada que había enviado la Reserva Federal de Nueva York en octubre de 2019, donde pedía al Banco Central de Irak que dejara de proporcionar dólares al Iraqi Noor Islamic Bank y a varias entidades más ante la sospecha de que pudieran ser suministrados “directa o indirectamente” a personas y entidades bajo sanción internacional. Ese mismo año, The New York Times informó de que Al-Lami era “conocido en los círculos financieros iraquíes” como “el rey de las facturas falsas”.

En febrero, varios medios iraquíes informaron de que Al-Lami y su hijo habían sido detenidos por presunto contrabando de dólares. Según se publicó, Al-Lami fue puesto en libertad después. Las autoridades iraquíes no han respondido a las preguntas de OCCRP sobre el motivo de la detención de Al-Lami ni sobre si se enfrentaba a alguna acusación. Al-Lami tampoco ha contestado a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.

La investigación de OCCRP también revela que un ciudadano iraní utilizó un pasaporte de Dominica para crear una empresa que fue sancionada por Estados Unidos el año pasado por facilitar la venta de decenas de millones de dólares de productos petroquímicos iraníes.

El camino de Dominica hasta convertirse en una potencia mundial en pasaportes vino dado, al menos en parte, por la necesidad económica. En la década de 2000, la crucial industria bananera de la isla se había visto sacudida por una resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que eliminaba el trato de favor que recibía de varios países europeos. Esa decisión, así como un par de huracanes devastadores, sumieron a la isla en una profunda crisis.

La ayuda exterior del Fondo Monetario Internacional (FMI) “venía con condiciones”, explica Peter Clegg, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bristol, al oeste de Inglaterra: “Dominica tuvo que recortar programas sociales”.

Así que la isla necesitaba una fuente alternativa de ingresos, y Dominica recurrió a los pasaportes. La decisión fue “de supervivencia”, apunta Clegg. “La cuestión moral no era importante”, continúa. “Dominica no tenía una estrategia de desarrollo coherente fuera del plátano”.

Debido a su accidentada topografía, Dominica nunca pudo convertirse en una potencia azucarera como muchas colonias británicas y francesas del Caribe. Pero el fértil suelo del país sí permitía otros cultivos como el café y, sobre todo, el plátano.

Conocido como el oro verde, el plátano representaba casi la mitad de las exportaciones del país en la década de 1980, aportando unos ingresos muy necesarios. Pero la dependencia de Dominica del monocultivo tuvo consecuencias devastadoras en la década siguiente. Sus exportaciones de plátanos no podían competir con las de sus rivales latinoamericanos en un mercado libre, pese a que el país recibía un trato preferencial en Europa a través de las cuotas concedidas a las antiguas colonias británicas, a las que se permitía eludir los aranceles.

Ese trato de favor terminó en 1997, cuando la OMC falló a favor de una denuncia de Estados Unidos y varios países latinoamericanos –presentada en nombre de multinacionales de la fruta como Chiquita y Dole– para poner fin al apoyo europeo a los productores de plátanos del Caribe.

Dominica ni siquiera era parte en el litigio, que enfrentaba a esos países con la UE. Pero, junto a otras naciones caribeñas productoras de plátanos, fue excluida del caso que decidía su futuro económico. “A la OMC no le interesaban los argumentos de Dominica”, precisa Clegg: “Sólo les interesaba el derecho internacional”.

La isla aprobó en 1993 la concesión de la ciudadanía a cambio de inversiones, pero no fue hasta el mandato de Skerrit como primer ministro cuando los pasaportes del país se hicieron populares entre grandes inversores de todo el mundo.

El entonces joven primer ministro de Dominica –tenía 32 años cuando fue nombrado– no sólo había heredado una crisis bananera, sino también una crisis política. Fue llamado para completar el mandato de su predecesor, fallecido en 2004, y se enfrentaba a unas elecciones casi inmediatas, por lo que necesitaba obtener resultados para su pueblo y recaudar fondos.

Una fuente de dinero era China. A principios de la década de los 90, la mayoría de los compradores de pasaportes dominiqueses procedían de Taiwán. Pero cuando Skerrit llegó al poder, se dedicó a vender el programa entre los ciudadanos chinos, como parte de una reorientación más amplia de la diplomacia del país hacia Pekín.

Pero Skerritt tenía planes más allá de Asia: su administración empezó a promocionar los pasaportes dominiqueses por todo el mundo, buscando inversores en lugares como Rusia y Oriente Próximo.

Aún al frente del Gobierno, Skerrit se ha convertido en el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo, mientras el FMI informa de que Dominica se está recuperando, al menos parcialmente, desde el punto de vista financiero. Y, según las cifras del Gobierno, el programa de pasaportes de Skerrit ha sido un éxito rotundo.

Entre 2009 y 2021, según el propio presupuesto estatal de Dominica, el programa de ciudadanía a cambio de inversión ha recaudado unos 775 millones de dólares para la isla. En los últimos años, la venta de pasaportes ha supuesto en ocasiones más de la mitad de los 300 millones de dólares de ingresos anuales de Dominica, ayudando a financiar programas gubernamentales y a mantener al partido de Skerrit en el poder.

El programa ha atraído a más de 70 empresas, que han sido autorizadas a facilitar el negocio de pasaportes privados del país. Varias de ellas también se han dedicado a la promoción inmobiliaria en la isla.

Una de las más destacadas es Montreal Management Consultants Est (MMCE), registrada en los Emiratos Árabes Unidos y dirigida por un hombre llamado Anthony Haiden. Además de facilitar la venta de pasaportes, la MMCE de Haiden también tiene una rama dedicada a la promoción inmobiliaria en Dominica, MMC Development, que se describe en su sitio web como la “principal empresa promotora del país”. Entre sus principales proyectos se encuentra la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, valorado en 370 millones de dólares.

En otro proyecto de construcción de viviendas sociales en Dominica, MMCE consiguió entrelazar a la perfección sus negocios de pasaportes y de construcción. Después de que la tormenta tropical Erika azotara la isla en 2015, MMCE llegó a varios acuerdos con el Gobierno para construir viviendas resistentes a los huracanes. El proyecto contaba con un mecanismo de financiación que benefició a Haiden y a su empresa de dos maneras. Según una entrevista que Haiden concedió en 2018 a una publicación especializada en visas oro, el Gobierno reembolsó a MMCE los costes de construcción con las ventas de pasaportes gestionadas por MMCE que, según dijo, también se llevó una comisión de esas ventas. El dinero se pagaba a través de una cuenta en la que se depositaban las tasas cobradas por los pasaportes: una parte iba al Gobierno y otra parte se reembolsaba a la empresa de Haiden por las viviendas construidas.

“MMCE se beneficia tanto de las comisiones que cobraba a sus clientes como del margen asociado a su papel como promotor”, explicaba Haiden en la entrevista.

En respuesta a las preguntas de OCCRP, un correo electrónico enviado en nombre de Haiden sostiene que el esquema implica riesgos, pero también ofrece beneficios. “El ritmo de venta de las concesiones de ciudadanía no influye en el avance del proyecto, ya que MMCE compromete los fondos por adelantado para garantizar y asegurar la finalización y entrega a tiempo [de las viviendas]”, explica el correo electrónico. “Esta garantía tiene ciertos costes, tanto financieros como morales. La mayoría de los inversores rehúye esta operativa por considerarla una empresa de alto riesgo. Nosotros nos enorgullecemos de asumir los riesgos y tener éxito en la entrega de proyectos de gran envergadura”.

La unidad del gobierno que se dedica a tramitar las concesiones de ciudadanía se encarga también de llevar a cabo los procedimientos de diligencia debida de los solicitantes antes de su aprobación, añade el correo electrónico. “Y como agente autorizado, MMCE contribuye adoptando un sistema de investigación de antecedentes muy estricto, antes de presentar las solicitudes de los posibles interesados”.

La empresa, continúa el correo electrónico, “no ha ayudado ni ayudará nunca a ninguna persona o entidad con antecedentes penales a obtener un estatus de inmigración o una segunda ciudadanía”.

Pero Haiden también ha hecho negocios directamente con el primer ministro Skerrit. En 2018, los documentos obtenidos por OCCRP revelan que una empresa de Haiden compró a Skerrit propiedades en Dominica por valor de más de más de 270.000 dólares. A partir de 2020, el Gobierno de la isla también estaba pagando a esa misma compañía alrededor de 140.000 euros al año por el alquiler de una mansión para el primer ministro en las montañas con vistas a Roseau, la capital del país. Tras ser criticado por el acuerdo, Skerrit prometió que no renovaría el contrato de alquiler, de dos años de duración.

Jessica Tillipman, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington (EEUU) considera que la relación entre Haiden y Skerrit parece plantear un conflicto de interés. En su respuesta a las preguntas de OCCRP, el portavoz de Haiden afirmó que éstee mantiene una relación “puramente profesional” con el primer ministro Skerrit, por quien siente un gran respeto. 

Además de pagar por adelantado, una forma alternativa de adquirir la ciudadanía dominiquesa implica una inversión de 200.000 dólares en promociones inmobiliarias aprobadas por el Gobierno, proyectos que teóricamente crean puestos de trabajo para los habitantes de la isla.

Una empresa especializada en la tramitación de pasaportes y en la promoción inmobiliaria que se aprovecha de este sistema es Range Developments, también con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Entre los proyectos que financió gracias a las inversiones de los compradores de pasaportes de Dominica figura la construcción de un hotel cerca del parque nacional de Cabrits, en el norte de la isla.

Una lista de “terceros clientes” de Range obtenida por OCCRP incluye a Asadulá Jalid, el ex jefe de inteligencia afgano acusado de violaciones de los derechos humanos. En respuesta a las peticiones de comentarios de OCCRP, Range señala que “los solicitantes interesados sólo pudieron invertir en el proyecto una vez que fueron aprobados por el Gobierno, lo que significa que pasaron los procesos de diligencia debida del Gobierno y fueron evaluados por el Gobierno como aptos para que se les concediera la ciudadanía”.

“Además, la inmensa mayoría de las solicitudes fueron tramitadas por promotores y agentes locales, no por Range Developments, por lo que realmente se trata de asuntos que escapan a nuestra comprensión o información”, argumenta la empresa.

Mientras empresas como MMCE y Range compran sus pedacitos de paraíso, los cambios en la fortuna personal del primer ministro Skerrit no han pasado inadvertidos en la isla. “Creo que debería ser la persona mejor pagada del país”, bromeó Skerrit en un vídeo publicado en internet en 2021. “La mayoría de la gente gana más dinero que yo”, decía. Pero políticos de la oposición y otros observadores, incluidos diplomáticos estadounidenses, han planteado preguntas sobre su fortuna personal y si el dinero procedente del programa de pasaportes oro ha desempeñado un papel en su repentino enriquecimiento.

“La declaración pública de Skerrit enumeraba activos mínimos cuando se unió al Gobierno en 2000”, se lee en un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2009 publicado por WikiLeaks. “Skerrit no ha tenido ningún otro trabajo legal ni ha hecho ninguna inversión que le proporcione ingresos fuera de su salario oficial en el Gobierno de menos de 2.000 dólares al mes. Sin embargo, con este salario, Skerrit ha comprado sobre el papel múltiples terrenos en Dominica por importe de más de 400.000 dólares, pero con un valor de mercado muy superior, y está construyéndose una residencia palaciega en Vielle Casse, su ciudad natal”.

Al año siguiente, la Comisión de Integridad de Dominica se hizo cargo de una denuncia contra Skerrit presentada por Lennox Linton, destacado líder de la oposición. Linton alegó que el primer ministro había adquirido ocho villas frente al mar por valor de millones de dólares que no podían explicarse por sus ingresos legales. “Para financiar su participación en estas villas”, escribió a la comisión, “el primer ministro aceptó regalos, beneficios o ventajas”, contraviniendo el código de conducta adoptado para los funcionarios públicos.

A petición de la comisión, Linton aportó un paquete de pruebas en apoyo de sus afirmaciones, incluidos correos electrónicos filtrados y una conversación telefónica grabada en secreto que supuestamente demostraban que Skerrit era el propietario de esas viviendas.

Tras invitar a Linton a una audiencia y examinar su denuncia, la comisión consideró que no contenía pruebas suficientes de regalos indebidos y dictaminó que cualquier irregularidad relacionada con la titularidad de las propiedades por parte de Skerrit tendría que ser examinada por la fiscalía. Consideraba necesaria una investigación más a fondo para determinar si Skerrit abusó de su cargo oficial. Se desconoce si se ha llevado a cabo.

Según el perfil de Skerrit en LinkedIn, su hijo asistió a una costosa escuela preparatoria de Nueva York. La esposa del primer ministro, Melissa, y varios familiares fueron relacionados por los medios de comunicación con un apartamento de 2,2 millones de dólares en Nueva York. Skerrit reconoció a Al Yazira que su familia vivía en el apartamento, pero lo justificó diciendo que se debía al “gesto amable” de un amigo de su esposa y negó haber hecho nada malo. La esposa del primer ministro y el propio Skerrit han declinado responder a las preguntas de OCCRP sobre este asunto.